La manera en que una minera propiedad del magnate Carlos Slim arrasó con un pueblo ubicado en el municipio de Mazapil, Zacatecas, al norte de México, es tan sólo un ejemplo de los daños ocasionados por la industria minera en complicidad con el gobierno.
Una historia de gente dispuesta a defender su hogar frente a la voracidad del capital trasnacional. Una historia que evidencia los conflictos sociales y ambientales provocados por la minería, actividad que sigue siendo prioritaria para el Estado mexicano pese a los pocos beneficios que genera. Una historia donde las grandes empresas mineras del país ni siquiera pagan impuestos.
Roberto de la Rosa es el último guerrero de Salaverna, un pueblo derrumbado por una minera propiedad de quien fuera el hombre más rico del mundo.
La historia que relata don Roberto, es la historia de un pueblo que lucha contra la extinción, provocada por la voracidad de las grandes empresas mineras que operan en México desde hace décadas con apoyo del gobierno. Una historia que se repite con insistencia desde la instauración del modelo económico neoliberal a finales de la década de 1980, mismo que fomentó el despojo de comunidades enteras para beneficio de unos cuantos.
El campesino vivió en su niñez un desalojo forzado por la instalación de una empresa minera. Hoy lucha para que la historia no se repita. Foto: Manuel Hernández Borbolla, RT
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Fuente:http://www.sinembargo.mx/01-08-2018/3450895
Como en 2003, dirigentes del gremio que nuclea a los trabajadores de la construcción vuelven a vincularse con las empresas mineras que insisten con desembarcar en distintos puntos de la provincia de Chubut. La UOCRA Esquel se sumó en las últimas semanas a la movida impulsada por la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) en varias localidades, solicitando curriculum para una actividad prohibida por la Ley 5001 y sin licencia social.
Una histórica Marcha por la Vida de Putaendo reunió a más de dos mil personas el pasado sábado 28 de julio en el centro de la Capital Patrimonial de Aconcagua. Masiva caravana familiar que manifestó el rechazo de todo un pueblo al megaproyecto Vizcachitas de la compañía minera Los Andes Copper.
El señor Vizcarra dice que dictará las normas que los peruanos reclaman y no le temblará la mano para hacerlo. También que se requiere de ciudadanos comprometidos con la Republica y dispuesto a actuar cuando sea necesario. Habla de los avances a nivel regional y local de la descentralización, pero sigue tomando decisiones centralizadas en la actividad minera, pasando por encima de los procesos de ordenamiento (ya no vinculante) y de los planes de desarrollo a nivel regional y local, como priorizar inversiones descentralizadas desde los propios gobiernos regionales y locales o más bien se busca hacer depender las decisiones y centralizarlas, ojalá que los avances en la descentralización no sigan ese camino. Hay mucho aún por evaluar del discurso presidencial, pero está clara la perspectiva en materia económica, en lo relativo a la minería, y las implicancias que ello va a seguir generando en nuestro país, en la labor de nuestras instituciones, y en el acompañamiento a las comunidades y poblaciones que realizamos.
Se declaró en Estado de Emergencia los Centros Poblados de Shorey Chico y Shorey Grande del distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, del departamento de La Libertad, por peligro de ruptura de los diques de las relaveras de la Unidad Minera de Quiruvilca. Así se señala en el Decreto Supremo N° 077-2018-PCM emitido el sábado 28 de julio.
Desde el Centro de Promoción en Salud y Asistencia Familiar (CEPROSAF) con el apoyo del Fondo de Acción Urgente para América Latina y El Caribe FAU- AL se llevó a cabo un proceso de investigación social participativa con el objetivo de gestionar conocimientos sobre la situación de las mujeres defensoras en el Bajo Aguán y en el departamento de Atlántida, Honduras para fortalecer las capacidades en defensa de sus derechos e incidencia política.
El Fideicomiso Río Sonora (FRS), creado como único medio de pago para resarcir los daños ocasionados por el derrame de químicos a los ríos Sonora y Bacánuchi en agosto de 2014, gastó más de 184 millones de pesos en la compra de tinacos, y uno de los tres beneficiarios fue la empresa Rotoplas, propiedad de Carlos Rojas Mota Velasco, primo hermano de Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, denunciaron los comités de cuenca del río.
Pocos días antes del 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra anunció el inicio del proyecto Quellaveco en la región Moquegua.
La tercera cuenca de América del Sur, la del río Orinoco, históricamente degradada por actividades agropecuarias y extractivas, es ahora devastada por la búsqueda informal pero masiva de oro, según denunciaron científicos de Venezuela durante una reunión regional en Trinidad y Tobago.