Honduras

“No queremos mineros en Honduras”, gritan pobladores en Tegucigalpa

Autor: Redacción Criterio.hn

Firmes en sus propósitos de defender sus territorios de la explotación minera a cielo abierto, se movilizaron por las calles de Tegucigalpa este miércoles, decenas de pobladores de varias comunidades de Honduras.

“Venimos a decirle a la prensa, al gobierno, a Inhgeomin, que no queremos mineros en Honduras”, dijo a través de un altoparlante, Donald Hernández, uno de los coordinadores de Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras (Conroa), que organizó la protesta.

La manifestación se originó en horas de la mañana, iniciando en la Plaza Benito Juárez de la colonia Palmira y concluyó en frente de un hotel donde por cuarto año consecutivo se desarrolla un congreso de minería organizado por la Universidad Politécnica de Ingeniería (UPI) y auspiciado por el gobierno, a través del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin)  y varias empresas nacionales e internacionales dedicadas a la explotación de los recursos minerales.

Mientras se dirigían al hotel, los manifestantes, entre ellos representantes de organizaciones sociales, ambientalistas, indígenas, campesinas, mujeres, jóvenes, garífunas y pobladores en general, coreaban varias consignas como: “con mercurio o con cianuro, el infierno está seguro”, “toda mina contamina”, “ni plata ni oro, la vida es el tesoro”, entre otras.

 

Como parte de sus enunciados, los manifestantes acusaron a las autoridades de la UPI  de ser correligionarios del gobernante, Juan Hernández, y  de darle un tinte académico a la explotación minera. Durante la actividad, la UPI da charlas sobre minería a estudiantes de universidades y de educación básica de varios centros educativos de la capital.

La marcha se realizó por cuarto año consecutivo, bajo la coordinación de la Conroa y en ella se denunció que para finales del año 2017, el número de concesiones mineras en Honduras sumaban 302 y el número de solicitudes alcanzaban 193. Asimismo, que del total de las concesiones 115 son de minería metálica y 187 no metálicas.

El gobierno ha otorgado concesiones de minería metálica en 57 municipios, donde se busca oro, plata, cobre, zinc, plomo, hierro y antimonio para surtir los mercados internacionales.

Mientras caminaba en medio de la marcha, el miembro de la Conroa Octavio Sánchez dijo que, las cifras que maneja el gobierno sobre la inversión minera, así como los ingresos que esta actividad deja para el país y los empleados, son falsas.

Sánchez manifestó que el Congreso Internacional de Minería y Geología de Honduras, es una vitrina para el despojo de los recursos naturales en las comunidades, donde lo único que queda es daños al medio ambiente y enfermedades.

Para la operación de una mina a cielo abierto como la de La Unión Copán, se gasta el equivalente a lo que a diario necesitan 120 personas, establece la Conroa en un comunicado distribuido esta mañana durante la movilización.

“Esto parece cuento pero durante ocho años de operación de la empresa Entremares en el Valle de Siria, Francisco Morazán, se secaron entre 17 y 19 riachuelos”, reza la misiva, que más adelante establece que los ingresos y los empleos, que atribuye el gobierno a la actividad minera son falsos.

“Ambos ofrecimientos han demostrado ser falsos, tanto así que la Corte Suprema de Justicia ha derogado los artículos 76 y 77 de la Ley General de Minería concerniente a los impuestos municipales, porque estos necesitan ser sustancialmente incrementados. En lo referente a los empleos, el mismo Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) ha declarado que los empleos directos en todo el país apenas rondan los dos mil, una actividad que es contraria a la caficultura, por ejemplo, que da trabajo a unas 250 mil personas”: Conroa.

Así lucía este miércoles el IV Congreso Internacional de Minería y Geología de Honduras.

La protesta se apostó al frente del hotel donde se lleva a cabo el IV Congreso Internacional de Minería y Geología de Honduras, donde se encontraban funcionarios de gobierno e inversionistas, nacionales e internacionales de la minería.

El Congreso es patrocinado por 40 empresas, y en él participan siete empresas, cinco de las cuales realizan explotaciones metálicas y dos no metálicas. Este año la empresa Minerales de Occidente, S.A. (Aura Minerals Inc.) de capital canadiense está ausente. Sus ejecutivos instalaron un cubículo con una leyenda que dice: “Aura Minerals Inc. participará activamente en estos eventos, hasta que exista seguridad jurídica en Honduras y volvamos a operar”. Actualmente la empresa ha dejado de operar ante la presión de los pobladores del municipio de La Unión, en el occidental departamento de Copán, que denuncian daños al medio ambiente.

Fuente:https://criterio.hn/2018/07/18/no-queremos-mineros-en-honduras-gritan-pobladores-en-tegucigalpa/

Perú

EL LITIO DE PUNO

Autor: José de Echave para Cooperacción.org

Hasta ahora, Puno destacaba como la única región productora de estaño en el país y ocupaba el quinto lugar en la producción de oro. En lo que va del año ha recibido casi US$ 33 millones de inversión minera, lo que representa menos del 4% del total invertido a nivel nacional. El área concesionada en la región suma 1’471,771 hectáreas, lo que representa el 21.68% del territorio regional y coincidente con la tendencia nacional, se observa un repunte en las concesiones otorgadas, luego de un descenso en los últimos 3 años.

A nivel nacional, Puno ocupa el segundo lugar entre las regiones con más conflictos sociales (18 en total). De estos, 12 conflictos son de tipo socio-ambiental (66% del total) y, de ellos 9 están relacionados a la gran y mediana minería (50% del total), así como a la pequeña minería informal. La mayoría de conflictos sociales en Puno están vinculados a la afectación de los recursos hídricos, sea por actividades mineras o por la ausencia de tratamiento de los gobiernos locales.

La cartera de proyectos mineros de esta región suma US$ 1,281 millones distribuidos en los proyectos Corani, Ollachea y Minsur-San Rafael (en fase de ingeniería de detalle), Macusani (en fase de exploración) y 4 proyectos adicionales.

En este contexto se ha conocido el descubrimiento de un yacimiento de litio de talla mundial, en la meseta de Macusani, distrito del mismo nombre en la provincia de Carabaya. Desde hace una década y media se venía explorando en la zona, aunque la pista seguida por varias empresas era la del uranio. Si uno revisa la cartera de proyectos de inversión que publica regularmente el Ministerio de Energía y Minas, el proyecto de la empresa Macusani Yellowcake, filial de la canadiense Plateau Energy, sigue apareciendo como de uranio.

Sin embargo, el descubrimiento de 2.5 millones de litio de altísima ley (muy superior a los yacimientos de países vecinos como Chile y Bolivia), le ha dado un giro inesperado a este proyecto de propiedad de la junior canadiense Plateau Energy, que debido al hallazgo ha visto cómo sus acciones han aumentado su valor en la Bolsa de Toronto. Como se sabe, el litio es un metal liviano, excelente conductor de calor y electricidad, que desde mediados de la década del 90 del siglo pasado comenzó a ser utilizado en las baterías que aportan autonomía energética a artículos tecnológicos y a los autos eléctricos.

En la actualidad, el 40% de la demanda mundial de litio se utiliza para la fabricación de baterías y además el 90% de las refinerías se ubican en China. En la última década la cotización del litio prácticamente se ha triplicado.

 

Los temas que deberán ser abordados

Una pregunta que cae por su propio peso es si Plateau Energy será la empresa que lleve adelante el proyecto de Macusani. Como se sabe, el perfil de las empresas junior es sobre todo el de explorar y cuando encuentran un yacimiento importante buscan un socio estratégico o terminan transfiriendo el proyecto. Por lo general empresas como Plateau Energy no tienen las suficientes espaldas financieras para llevar un emprendimiento de envergadura y si bien en este caso se habla de una inversión de US$ 800 millones (que no representa una inversión significativa si la comparamos con proyectos de inversión de cobre y otros minerales[1]), habrá que ver cómo se define la estrategia financiera del proyecto.

Pero quizás los temas más preocupantes van por el lado del tipo de explotación y los riesgos que representa el propio yacimiento. Como hemos señalado, el yacimiento también contiene uranio (en realidad varios millones de libras de uranio) y lo que la propia empresa ha  reconocido es que en nuestro país no existe normativa específica para la explotación de minerales radiactivos.

Si bien, el nuevo giro de explotación prioriza el litio, al procesar este mineral, el uranio también estará expuesto con todo lo que eso significa en materia de radiactividad. Una tarea pendiente que deberá ser abordada por nuestras autoridades y por la propia empresa, es cómo se piensa enfrentar el riesgo que implica el tema de la radioactividad y cómo se piensa controlar los impactos de una operación de este tipo.

Finalmente, la corresponsal de El País en el Perú, Jacqueline Fowks, nos recuerda otro tema importante que no puede ser dejado de lado: el año 2008, “las autoridades locales y el World Monuments Fund rechazaron los proyectos de mineral radioactivo porque la concesión se superpone a más de 100 sitios de pinturas rupestres y petroglifos de unos 5.000 años de antigüedad”. Cabe señalar que el año  2011, el Ministerio de Cultura reconoció al monumento arqueológico prehispánico, en los distritos de Macusani y Corani, como patrimonio cultural en la categoría “paisaje cultural arqueológico””. El área de la concesión minera se superpone con este monumento arqueológico.

Estos son algunos de los problemas que deberán ser abordados por la empresa que finalmente asuma el desarrollo del proyecto y sobre todo por nuestras autoridades. Además deberán ser tomadas en cuenta las voces de la población de la zona y de las autoridades locales.

[1] Por ejemplo, el proyecto Las Bambas significó una inversión de US$ 10 mil millones.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-litio-de-puno/

Mexico

Marcharán en el estado para pedir la cancelación de minas

Autor: Susana Paredes , El Sol de Cuernavaca.

Buscan crear conciencia en la población sobre las afectaciones que puede provocar la minera Álamos Gold en la sierra de Huautla.

El Movimiento Morelense contra las Concesiones Mineras por Metales invitó a la sociedad civil a participar en la Segunda Caravana por la vida y en defensa del territorio, el domingo 22 de julio, en el Marco del día mundial contra la minería a cielo abierto, con el objetivo de concientizar a los morelenses sobre las afectaciones que puede ocasionar la minera canadiense Alamos Gold, antes Esperanza Silver, en la sierra de Huautla y en los municipios de:

 

  • Axochiapan
  • Jantetelco
  • Villa de Ayala
  • Tlaquiltenango
  • Temixco
  • Xochitepec
  • Miacatlán

  • De acuerdo con Juan Jiménez Escobar, integrante del movimiento, esperan que la caravana logre la cancelación de las concesiones en la región Poniente y Oriente del estado; “luchemos todos, un millón, 25 mil habitantes en el estado en la cancelación de la minera. Le solicitamos a los morelenses que pongan atención y hagamos algo en la cancelación de las concesiones”, exhortó.

    Señaló que es necesaria la acción, ya que ocasiona grandes afectaciones en los montes con socavones de 300 metros de profundidad, lo cual pulveriza y daña la salud de todos los seres vivos, además de contaminar el agua y generar conflictos sociales en las comunidades.

    Asimismo, informó que en la concesión número 1, en 2002, a la fecha ubicada en el Cerro del Jumil, existen perforaciones de 180 metros sólo para estudios de exploración, donde inyectan contaminantes de cianuro y de arsénico para separar los lodos de las muestras, pero el agua estancada puede dirigirse a los pozos para consumo humano.

    El Movimiento destacó que en Morelos se han entregado 39 concesiones, mientras en el país se han registrado 27 mil, además resaltó que la minería a cielo abierto es una actividad industrial impuesta que busca la exploración y explotación de los recursos hasta su agotamiento.

    Por ello, hicieron un llamado especial a los actuales y a los nuevos servidores públicos electos para que se acerquen a conocer la grave problemática que se ha suscitado, y se involucren a salvaguardar la vida y el medio ambiente.

    La concentración será a las 8:00 horas en el Zócalo de Cuernavaca, la cual viajará a Temixco, Xochitepec, Alpuyeca, Coatetelco, Mazatepec, Miacatlán, El Rodeo, Xochicalco y terminará en Cuentepec a las 18:00 horas, en cada localidad se recorrerán las principales calles y habrá mítines en los diferentes zócalos.

    Fuente:https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/marcharan-en-el-estado-para-pedir-la-cancelacion-de-minas-1851535.html

Colombia

Reserva nacional se debate entre la minería, la población y la conservación del agua

Autor: Carolay Morales, RCN Radio

El Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali está en una encrucijada por la minería ilegal de oro en pleno corazón de la reserva, el asentamiento de unas dos mil personas y la protección del agua que fabrica.

Aunque fue catalogado como parque nacional en 1968 y se delimitó cerca de 200 mil hectáreas para la conservación especialmente del agua, este lugar se encuentra en un momento histórico por que las decisiones que se tomen ahora, redundarán en la escasez o no del líquido en un futuro.

La mayoría de los habitantes dicen ser campesinos. En el recorrido por el corregimiento Los Andes (parte del parque), nos encontramos a don Víctor Manuel Victoria de unos 70 años, quien montado en su caballo nos contó sobre la vida ‘en ese paraíso’.

«Vivo acá hace unos 40 años, me dedico a la agricultura pero antes vivía también de la agricultura. Luego, con el apogeo de la mina trabajé allá«, afirmó.

Don Víctor asegura que recibió hasta dos millones de pesos quincenales por los trabajos en la mina de oro en el parque y agregó que cuando cerraron la mina de oro hace unos años, no pudo seguir trabajando allá.

«...Para nadie es un secreto que eso sigue abierto todavía. Lo que pasa es que ya no nos dan trabajo a los de aquí; pero de noche vemos como los carros salen y entran del parque», dijo.

Este abuelo de mediana estatura y con las arrugas propias de su edad, manifestó que con lo que ganó en la mina ahorró y ahora vive de sembrar tomate de árbol y mora entre otros y agregó que «ya no se sabe qué hacer con tantas prohibiciones en Los Farrallones».

«Usted me pregunta si la minería es buena o mala. Yo le digo que es buena para la gente pobre. Acá tenemos mucha necesidades. Acá vive gente humilde. La minería para nosotros es una oportunidad», sostuvo.

También habló de las prohibiciones del Gobierno en cuanto a las reservas naturales (en este caso en el parque), ya que no se puede sembrar, talar árboles, construir casas. En general, no puede habitar ningún ser humano en este ecosistema, según la ley.

Aunque no siempre las leyes se ajustan a la realidad de un país; los habitantes de varios corregimientos y municipios que pertenecen al parque natural, manifiestan su preocupación por las limitaciones que tienen para realizar actividades de desarrollo.

Gerardo Martínez es uno de ellos. Afirma que ha vivido todo el tiempo en el parque. Su papá fue ‘inquilino’, incluso desde antes que lo declararan reserva.

«Ya no podemos hacer nada; cada vez la cuerda es más delgada y no vemos otras oportunidades. No podemos sembrar, hacer arreglos en las casas, no tenemos acueducto, ni alcantarillado», indicó.

Juliana Cerón, profesional de Parques Nacionales, explicó que cuando hay actividades de alto impacto como la minería, «se daña la infiltración  de agua e impide todo ese ciclo hidrológico a través del suelo, interrumpiendo los acuíferos y finalmente interrumpiendo la función de retención de agua». 

La minería, la tala de bosques para la siembra o la construcción de casas pone en riesgo la fabricación de agua y encontrarla en Los Farallones de Cali es muy común. Está en cascadas, ríos con una fuerza enorme, quebradas o simplemente se ve brotar desde las montañas.

No en vano este parque es catalogado como ‘el pulmón del Pacífico’ , porque abastece de agua a varios municipios y ciudades como Cali. 

-El parque con centro poblado-

Muy cerca de donde hablamos con Don Gerardo, queda un centro poblado con iglesia, colegio y hasta un cementerio en el parque nacional. 

Andrea Campo también habita Los Farallones desde hace unos 30 años. Es casada, tiene un hijo y ahora trabaja desde hace ochos años de guardabosques gracias a un programa de la autoridad ambiental local.

Ella cuenta que antes de ese trabajo, vendía musgo en época de navidad, saqueando literalmante al parque para vivir.

«Antes de este trabajo no dimensionaba el daño que yo hacía arrancando el musgo para venderlo. Ahora entiendo que todo hace parte de todo; si ocasiono un daño, rompo con un ciclo natural. Es una bendición tener este trabajo», precisó.

Como Andrea, hay 20 guardabosques más que trabajan en el Parque Farallones de Cali. Ella  dice ser afortunada porque  la mayoría de quienes viven allí, no tienen las mismas oportunidades de trabajo.

Según  el Gobierno la ocupación de los parques nacionales es uno de los principales problemas de la mayoría de los 59 parques Nacionales que tiene Colombia. 

Aunque la ley permite el asentamiento de comunidades indígenas y afro, deja de lado a los campesinos, población que en su mayoría habita en los parques y  genera una carga ambiental, poniendo en riesgo finalmente la conservación del agua, en este caso, del Parque Nacional Farallones de Cali. 

Parques Nacionales aseguró que se están realizando mesas campesinas con el objetivo de concertar con la comunidad las actividades que se pueden desarrollar dentro del parque de forma sostenible.

Sin embargo, todo es un reto ya que cada año llegan más y más personas que después de la firma de la paz con la guerrilla de las Farc, presente en esta área durante décadas, quieren volver.

Fuente:https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/medio-ambiente/reserva-nacional-se-debate-entre-la-

Colombia

AngloGold Ashanti pide intervenir una reserva forestal en Cajamarca para hacer minería

Autor: María Paula Rubiano, EL Espectador.
Conflicto Relacionado: La Colosa

Un documento que llegó al Ministerio de Ambiente reveló que la compañía minera insiste en explotar minerales en ese municipio, a pesar del contundente resultado que prohibió ese tipo de actividades en ese lugar.

El 26 de marzo de 2017 Cajamarca se convirtió en un hito: con un 97,9% de la gente que votó en su consulta popular, dijo No a la explotación minera en el territorio. A regañadientes, el Ministerio de Minas y Anglo Gold Ashanti, la compañía minera que quería cavar allí la mina llamada La Colosa, admitieron los resultados. El 27 de abril, un mes después de la consulta, la empresa ordenó detener el proyecto, uno de los más grandes del país.

Sin embargo, el medio de comunicación regional El Olfato, reveló que el pasado 5 de marzo, la empresa le envió una carta a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos del Ministerio de Ambiente. El asunto: sustraer una parte de una reserva forestal en Cajamarca para hacer allí explotación minera.

La misiva es firmada por Andrea Gonzalez Cely, directora ambiental de la empresa. “En mi calidad de apoderada de AngloGold Ashanti Colombia S.A de conformidad con lo establecido en la Resolución 1526 de 2012, en cumplimiento del contrato de concesión minera EIG-163, cuya área se ubica en la Zona de Reserva Forestal Central, por medio del presente escrito, de manera respetuosa presento ante su despacho solicitud de SUSTRACCIÓN TEMPORAL DE UN ÁREA DE RESERVA FORESTAL CENTRAL (…)”, se lee en el documento.

Al revisar el contrato de concesión minera EIG-163, se comprueba que se trata del bloque minero de La Colosa (aquí el contrato de concesión minera). Asimismo, al cruzar esa información con los municipios que cobija la Reserva Forestal Central, de nuevo aparece el nombre de Cajamarca.

Esto, a pesar de que el pasado 12 de julio la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) dejó claro que en cumplimiento de los resultados de esa consulta popular, “no se otorgarán más licencias ambientales, concesiones de agua, traspasos, permisos y demás autorizaciones para el uso de recursos naturales que tengan como finalidad el desarrollo de proyectos y actividades mineras en la jurisdicción del municipio de Cajamarca”.

Además, el director de Cortolima, Jorge Cardoso, señaló que se revisarán las licencias otorgadas con anterioridad a la consulta popular y, si es el caso, se revocarán. 

La Consulta Popular, en la cuerda floja

Ante la información de la carta, AngloGold Ashanti emitió un comunicado en el que asegura que hay instituciones públicas «resolviendo el alcance e idoneidad de las decisiones tomadas por el mecanismo de la Consulta Popular»,  y que mientras esa decisión no esté tomada, ellos seguirán haciendo las actividades económicas naturales de la empresa.

Con esto, la empresa se refiere a la acción de tutela que puso el gigante indochino Mansarovar Energy, que buscaba explotar petróleo en el municipio de Cumaral (Meta), donde tras una consulta popular, el 98% de los votantes rechazó la explotación de hidrocarburos en el municipio.

Mansarovar argumenta en su tutela que se está violando el derecho al trabajo, y que por ello, hay que ponerle freno a la consultas populares tal y como están consignadas en la Constitución de 1991.

Abogados y ambientalistas están preocupados por el destino que pueda tener esa tutela en la Corte, pues varios de los actuales magistrados del alto tribunal tiene estrechos lazos con el sector minero y energético.  La magistrada ponente, Cristina Pardo, era secretaria jurídica de la Presidencia cuando se emitieron decretos como el 2691 de 2014, en el que los municipios debían demostrar, en el lapso de tres meses, porqué no querían minería, y, de no hacerlo, se asumía como una aceptación de ese tipo de actividades en el territorio. Poco después, el Consejo de Estado tumbó el decreto.

Además, el actual presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, fue vicepresidente jurídico de Ecopetrol hasta 2015, cuando hizo el salto a la Corte. Apenas en octubre del año pasado, en una intervención en el Congreso Nacional de Minería, Linares dijo que desde la Corte ya le están poniendo freno a esos fallos “creo que con la nueva corte este (los derechos ambientales vs. temas mineros) va a ser un tema que vuelva a su cauce natural, en la medida en que la mayoría de los nuevos elegidos son copartidarios de Luis Emilio Sierra (ex senador conservador, promotor de un nuevo código de Minas). Son gente más sensata y menos progresista”.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/anglogold-ashanti-pide-intervenir-una-reserva-forestal-en-cajamarca-para-hacer-mineria-articulo-801180

Guatemala

Asesinaron a Ángel Estuardo Quevedo opositor a la minera San Rafael

Autor: Nelton Rivera, Prensa Comunitaria.org
Conflicto Relacionado: Escobal

La violencia volvió a golpear a otro defensor del territorio, el día 12 julio a la una de la tarde aproximadamente, Ángel Estuardo Quevedo, fue asesinado en Santa Rosa de Lima, era opositor a la empresa Minera San Rafael y dirigente comunitario en el municipio de Casillas, Santa Rosa. El hecho ocurrió cuando viajaba en su moto, al llegar a la aldea El Salitre, recibió seis disparos[1], viajaba en dirección al municipio de Santa Rosa de Lima. Por la gravedad de las heridas perdió la vida en ese lugar.

Ángel era responsable de los turnos en el plantón pacífico frente a la Corte de Constitucionalidad (CC) y formó parte de la resistencia pacífica en Casillas exigiendo el cierre del proyecto minero “El Escobal” de la empresa minera San Rafael y la transnacional canadiense Tahoe Resources Inc.

Tenía 50 años de edad, es originario de Casillas, y era muy activo en la defensa de los bienes naturales desde la resistencia pacífica en ese municipio de Santa Rosa.

Fue amenazado

Desde el mes de febrero Ángel Quevedo había recibido amenazas, en uno de los perfiles creados en Facebook llamado “Suprema déjennos trabajar”, un perfil creado para presionar a la CC para resolver a favor de la minera, publicaron un video en el que se buscó deslegitimar la movilización de la gente en Casillas, en ese video, a Ángel Quevedo se le señaló como uno de los dirigentes de la oposición minera.

La minera lo criminalizó

El abogado Kelvin Jiménez, nos explicó que Ángel Quevedo fue acusado penalmente por la empresa Minera San Rafael por el delito de coacción y amenazas, la empresa buscó criminalizar su lucha por participar en el plantón pacífico que se instaló en Casillas, también otros comunitarios fueron señalados por la minera.  Ángel Quevedo se puso a disposición del Ministerio Público (MP), para aportar en la investigación y resolver su situación jurídica, y revertir la acusación hecha por la empresa minera.

Las reacciones

Una de las personas entrevistadas, lo recuerda como una persona muy activa en la organización comunitaria, también una persona respetuosa y alejada de cualquier tipo de problema. Era padre de familia, casado, con dos hijas y un hijo.

Para quienes forman parte de la resistencia pacífica en Santa Rosa, es un golpe fuerte, este asesinato se suma a una lista de comunitarios que fueron asesinados en los últimos años, todos opositores a la minería y todos estos casos quedaron en la impunidad.

“Es triste y lamentable el vil asesinato de Ángel Quevedo, él estaba muy entregado en la lucha, desde que se incorporó a la resistencia, él estaba presente en la organización, incluso cuando a él no le tocaba turno en la resistencia pacífica, se le veía acompañándonos ahí. Como compañeros y compañeras de él nos sentimos mal, imaginen como se puede encontrar ahora mismo su familia.”

“Son varios los compañeros asesinados, se quedaron en la impunidad, no fueron esclarecidos, por eso pedimos a los medios de comunicación, que nos acompañen en la defensa del territorio, de los cuerpos y la tierra, para esclarecer este asesinato.”

Rafael Maldonado, abogado del Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), también condenó el asesinato de Ángel Quevedo.

Este crimen contra otro opositor a la minería en Santa Rosa, ocurre a dos meses de la visita a Guatemala de Victoria Tauli Corpuz, relatora especial para pueblos indígenas de las Naciones Unidas, en el mes de mayo de este año, la relatora visitó Casillas Santa Rosa, reuniéndose con miles de personas del pueblo Xinka y mestizo.

Fuente:http://www.prensacomunitaria.org/asesinaron-a-angel-estuardo-quevedo-opositor-a-la-minera-san-rafael1/

 

Colombia

Ponencia en la Corte Constitucional pide que consultas mineras sean la última opción

Autor: Redacción Judicial, El Espectador.

El futuro de las consultas populares para que la gente se pueda pronunciar sobre la explotación minera y de hidrocarburos en sus territorios se debate en el alto tribunal.

La Corte Constitucional está a punto de tomar una decisión trascendental sobre el futuro de las consultas mineras en el país. Se trata del mecanismo que permite a los ciudadanos de un determinado municipio dar su aval o vetar los proyectos extractivos mineros y de hidrocarburos. El debate es álgido y tiene dos posturas enfrentadas. Por un lado, el Gobierno afirma que la prohibición popular de la minería en algunos municipios ha puesto en jaque las finanzas del Estado. Por otro lado, para organizaciones sociales, es la única forma de tener voz en proyectos de esta naturaleza.

La discusión en la Corte está relacionada con la tutela que presentó la empresa Mansarovar Energy Colombia en contra de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que dio su visto bueno a una consulta en Cumaral y en la que ganó el ‘no’ a la extracción de hidrocarburos. El caso está en manos de la magistrada Cristina Pardo quien presentó un proyecto de fallo que le da la razón a la multinacional y que, de ser acogida por sus compañeros de la Sala Plena, representará un precedente judicial.

 

La ponencia afirma que es necesario concertar con las comunidades sobre la realización de los proyectos extractivos y dejar la consulta popular con la última opción. Esta posición remite a la sentencia C-123 de 2014 que estableció que, en el proceso de autorización de las actividades de exploración y explotación minera, debía haber espacios que permitieran la participación activa y eficaz de las entidades municipales o distritales.

Precisamente, en la audiencia pública que la Corte Constitucional realizó sobre este caso en abril pasado, el Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, consideraron que debía llegarse a un punto medio entre los intereses nacionales y la autonomía de los territorios. El problema, de acuerdo con el director de esa entidad, Luis Guillermo Vélez, es que la tutela T-445 de 2016, conocida como el fallo de Pijao, supuestamente rompió con esa armonía al permitir que los ciudadanos de un territorio definir cómo y de qué manera se van a utilizar los recursos del subsuelo.

 

Aunque ese fallo ha sido considerado un triunfo ambiental y democrático, para Vélez «es necesario que la Corte restablezca los mecanismos para lograr dicha armonía. Se debe desarrollar un proceso de concurrencia y concertación entre el gobierno nacional, autoridades, compañías y comunidades que retome los elementos contenidos en la sentencia C-123 de 2014 de la misma Corte».

La posición contraria la han defendido las organizaciones sociales. Su argumento es que las consultas mineras terminan siendo la única opción, ante la falta de participación real de los municipios y de la ciudadanía en la planeación de los proyectos. Diana Rodríguez, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), dijo en la audiencia de abril pasado: “El aumento de consultas populares no es un problema sino un síntoma del verdadero problema: la ausencia de espacios de participación efectivos para las entidades territoriales y los ciudadanos en las decisiones sobre minería e hidrocarburos”.

 

Cifras del Gobierno, con corte al mes de abril, señalan que hasta el momento se han hecho nueve consultas sobre minería e hidrocarburos en Piedras y Cajamarca (Tolima), Tauramena (Casanare), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Pijao (Santander), Sucre y Jesús María (Sucre). Actualmente, hay seis suspendidas y 54 en marcha. En Antioquia, que tiene 120 municipios mineros, se ha hecho una consulta y otra está en trámite. Y en Casanare, donde hay 12 municipios con explotación de hidrocarburos, se ha hecho una consulta y hay siete en marcha.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/judicial/ponencia-en-la-corte-constitucional-pide-que-consultas-mineras-sean-la-ultima-opcion-articulo-801020

Perú

Hallazgo de litio en Puno genera expectativas en la población local

Autor: Soledad Pinto Gamarra, Noticias Ser.pe

Tras el descubrimiento de 2.5 millones de toneladas de Litio y 124 millones de Uranio en el depósito de Falchani, provincia de Carabaya región Puno por la compañía Macusani Yellowcake subsidiaria de la canadiense Plateu Energy, el Perú tendría la mina más grande de Litio a nivel mundial.

En este contexto Noticias SER conversó con personalidades políticas y especialistas en el tema de la región Puno, para conocer su opinión sobre los impactos ambientales y económicos que se generaría en beneficio para la población.

Para el especialista en minería, Jesús Choquepata, el descubrimiento de gran cantidad de Litio de “alta ley” en nuestra región, no necesariamente generaría una ganancia local, debido a que, según su opinión, las leyes están orientadas a los intereses privados.

Considero que es un recurso valioso y en el caso de que el país decida extraer los 2.5 millones de toneladas, podría ganar hasta 45 mil millones de dólares, “lamentablemente según nuestra normatividad, la empresa solo pagaría el impuesto a la renta que es 5%. Es una gran oportunidad que no debemos desaprovechar. Esto podría impulsar el desarrollo de la región y el país aliviando, pues el litio es considerado como el futuro petróleo”, dijo.

En ese sentido, Choquepata planteó la conformación de un colectivo conformado por instituciones especializadas en el tema, que soliciten al Estado peruano la declaratoria de interés público, manejo y transformación de la materia únicamente por el Perú.

Impacto económico

Por otro lado, el decano de la facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional del Altiplano, Carlos Ramírez Cayro, señaló que el litio, es un recurso estratégico que no puede ser exportado como materia prima. Los supuestos beneficios que la región podría obtener, se darían a través del canon minero, por ello señaló que “Si Puno quiere mayor beneficio, las autoridades regionales tienen que plantear estrategias donde se explique para qué y cómo utilizar el recurso”.  

Recordó también experiencias pasadas, por ejemplo: el proyecto de fluido eléctrico en San Gabán, “los puneños pensábamos que íbamos a tener energía barata, pero esto se convirtió en beneficio a nivel nacional. Incluso, el mismo pueblo de San Gabán al inicio ni siquiera tenía fluido eléctrico”, enfatizó.

Opinión política

El líder del partido político de Acción Popular, Orlando Arapa, indicó que el descubrimiento de este mineral no es novedad, pues siempre se supo de su existencia en la zona de Macusani. Por otro lado, resaltó que el próximo gobernador regional tendría que tomar una posición para que este yacimiento no sea concesionado o negociado con empresas extranjeras, “tiene que trabajarse sobre un concepto de minería responsable, responsabilidad ambiental, social y laboral”.

En otro momento, indicó que Corani siendo cabecera de cuenca, desde donde discurren las aguas hacia el lago Titicaca no debe ser contaminada como es el caso de Llallimayo, “se debe de definir una política conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas, pues hasta ahora eso se ha dejado en manos del gobierno central para que haga lo que quiera y donde quiera”, señaló.

Por su parte el consejero del Gobierno Regional de Puno, Walter Paz, dijo que estos yacimientos pueden ser explotados respetando la licencia social de las comunidades campesinas para evitar conflictos socio ambientales y aumentar los aportes del canon minero para el desarrollo de la región.

“Aún no tenemos capacidad económica para implementar y procesar este recurso estratégico, no obstante, el Ministerio de Energías y Minas tiene que asumir su función y explicar sobre cómo se puede hacer uso de este mineral. Los beneficios para Puno dependerán del peso político de las autoridades”, culminó.

El pueblo

Vale precisar que el proyecto Macusani Yellowcake se encuentra a 10 kilómetros de la carretera Interoceánica, teniendo relación con las localidades de Tantamaco, Isivilca, Chacaconiza, Corani, entre otras comunidades quechua hablantes que aún mantienen sus costumbres y tradiciones arraigadas. Noticias SER conversó con algunos comuneros de la zona y del distrito de Macusani. Ellos coincidieron en la satisfacción por este hallazgo que les genera expectativas en la generación de fuentes de trabajo.

Fuente:http://www.noticiasser.pe/hallazgo-de-litio-en-puno-genera-expectativas-en-la-poblacion-local

Colombia

Aparece documento oficial en el que AngloGold pide autorización para seguir interviniendo en reserva forestal de Cajamarca

Autor: Redacción El Olfato.com
Conflicto Relacionado: La Colosa

Pese a que AngloGold aseguró 15 meses atrás que respetaría la decisión de los cajamarcunos sobre prohibir la minería en su territorio después de una consulta popular, EL OLFATO conoció que la compañía solicitó a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente el permiso de “sustracción temporal de un área de reserva forestal central”.

Para el director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, esta solicitud muestra claramente el interés de la multinacional de continuar adelante con el polémico proyecto La Colosa, por encima de la decisión 6.165 cajamarcunos que votaron no a la extracción minera en su territorio.

Aunque en el documento radicado con fecha del 5 de marzo de 2018 no especifican la zona en la que desean llevar a cabo la sustracción, las autoridades ambientales del Tolima aseguran que se trata de La Colosa en Cajamarca. (Ver documento)

“En mi calidad de apoderada de AngloGold Asshanti Colombia S.A de conformidad con lo establecido en la Resolución 1526 de 2012, en cumplimiento del contrato de concesión minera EIG-163, cuya área se ubica en la Zona de Reserva Forestal Central, por medio del presente escrito, de manera respetuosa presento ante su despacho solicitud de SUSTRACCIÓN TEMPORAL DE UN ÁREA DE RESERVA FORESTAL CENTRAL (…)”, explica la compañía en su misiva.

A través de este escrito AngloGold le recalca varios puntos a MinAmbiente por los que deben permitirles la exploración minera en este territorio. En pocas palabras ellos aseguran que, a pesar de que este territorio fue declarado mediante la Ley 2 de 1959, como una de las siete zonas de reserva forestal de Colombia, su concesión se superpone a ella.

La solicitud, la cual aparece firmada por Andrea González Cely, directora ambiental de la compañía, para un experto en el tema, es la muestra de que aprovecharán el cambio del Gobierno Nacional para retornar con su proyecto de sustracción a La Colosa, teniendo en cuenta que fue bajo el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez que les concedieron los permisos.

Fuente:http://www.elolfato.com/aparece-documento-oficial-en-el-que-anglogold-pide-autorizacion-para-seguir-interviniendo-en-reserva-forestal-de-cajamarca/

Colombia

De donde sea sacaremos dinero para consulta popular minera: Alcalde Salento

Autor: Redacción Caracol.com

El alcalde del municipio de Salento, Quindío Juan Miguel Galvis dijo que su administración está dispuesta a sacar los recursos para realizar la consulta popular minera, ante la negativa del ministerio de hacienda y la registraduría de adelantar este mecanismo de participación ciudadana por falta de dinero.

El mandatario señaló “nosotros habíamos programado la consulta popular para el pasado 15 de julio, pero fuimos notificados por parte de la registraduría que no tenían los recursos y que el ministerio de hacienda tampoco, entonces suspendidos la consulta, pero estoy dispuesto a sacrificar dineros de inversión para sacar adelante la consulta y esperamos que el gobierno entrante de Iván Duque permita este mecanismo”

Cabe recordar que en iguales circunstancias está el municipio de Córdoba que ha intentado realizar la consulta popular minera desde noviembre del 2017 en dos oportunidades y tampoco han podido por falta de recursos.

En el Quindío, el único municipio que ha podido adelantar consulta popular fue Pijao que le dijo NO a la megaminería el 9 de julio del 2017.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2018/07/19/armenia/1531964979_420726.html