Colombia

“La defensa del territorio en Colombia se paga con la vida”

De poseedora de un territorio ancestral a ser considerada objetivo militar. La activista afrocolombiana Francia Márquez (Suárez, Colombia, 1981) nunca imaginó que defender el río en el que pescaba de pequeña le obligaría a huir de su casa para no volver nunca más. “En Colombia defender el territorio se paga con la vida”, señala a su paso por Bilbao dentro de una gira por toda Europa como referente internacional. En abril, recibió el Premio Goldman 2018, considerado el Nobel ambiental, por plantar cara a la minería ilegal y a la construcción de represas en su país. “Mi voz ya se oye por todo el mundo. Pero mi vida y la de mi comunidad siguen en peligro: presionen a sus empresas para que no saqueen más Colombia”.

Eran tan ingenuos los recuerdos de infancia en ese río que no comprendía por qué se los querían quitar. El Gobierno colombiano había proyectado desplazar el río hacia una presa. Márquez tenía 15 años y decidió unirse a las protestas. “Hasta ese momento sentía vergüenza por ser negra, por vivir en un entorno rural y descender de esclavos”. Comenzó a participar en las primeras charlas de una organización de comunidades negras en defensa de su cultura y territorios. Y cayó en la cuenta de que el color de su piel no era motivo de complejos. “Procedía de personas libres que fueron esclavizadas, que es muy distinto de lo que me habían contado en la escuela”. Y el río Ovejas pertenecía a esos mismos antepasados. Las protestas mantuvieron vivo el río.

El Gobierno entregó después en 2009 una licencia de explotación minera a una empresa trasnacional que obligaba a desplazar a las 6.000 personas que conformaban su comunidad. A sus recuerdos de pesca en el río Ovejas, ahora se le unían los de todos sus ancestros, familiares y vecinos. “Comenzamos a estudiar las leyes, a contactar con abogados, a recorrer Estados Unidos en busca de aliados”, relata Márquez con un acento cantarín, dos grandes ojos negros y el pelo lleno de trenzas. “En nombre del desarrollo nos esclavizaron y ahora en nombre del desarrollo nos expulsaban de nuestras tierras», dice.

Y consiguieron plantar cara a la multinacional: documentaron que la primera presencia de la comunidad databa de 1636 y que la Constitución reconocía el derecho de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes sobre sus territorios. Presentaron así una demanda contra el Gobierno “por violar sus derechos fundamentales”.

Al año, les daban la razón. Ordenaron que se respetaran los títulos de tierra, se paralizaran los desplazamientos y se realizara una consulta previa para otorgar nuevas licencias de explotación minera. Sus recuerdos quedaban salvados, la comunidad fortalecida y ella fue nombrada máxima autoridad local.

El río Ovejas seguía atravesando La Toma, en el departamento de Cauca. Sin embargo, la minería ilegal comenzaba a sitiar la región con maquinaria pesada. “En 2010 llegaron las primeras retroexcavadoras y con ellas las primeras enfermedades por el aumento de los niveles de mercurio en el agua”. Estima que los mineros de oro ilegales vierten más de 30 toneladas de mercurio en los ríos y lagos de la región al año, envenenando a los peces y la gente que habita sus orillas.

En los siguientes cuatro años más de 2.000 máquinas perforarían el río en busca de oro. La guerrilla y los paramilitares también se habían fijado en el valor de los recursos que bañaba el río Ovejas. “Tocaba actuar antes de que nos mataran las balas o el mercurio”.

Márquez volvió a repasar las leyes y a consultar a organizaciones internacionales. Hasta que de nuevo, decidió actuar. En 2014 inició junto a otras 18 mujeres la “Movilización de Mujeres Negras por el cuidado de la vida y de los territorios ancestrales”, rebautizada después como la “Marcha de los Turbantes”. Caminaron desde su territorio hasta la capital y visitaron por el camino a otras comunidades amenazadas. En 10 días recorrieron 350 kilómetros y llegaron a Bogotá con el apoyo total de 150 mujeres. “Nos recibían las instituciones pero nadie mostraba un compromiso real por cambiar nuestra situación”. Así que decidieron acampar en “asamblea permanente” frente al Ministerio de Interior y la Presidencia del Estado.

El Gobierno les acusó de “amenaza contra la seguridad nacional”. Pero ya nadie se atrevía a tocarlas. Los medios nacionales e internacionales seguían al detalle su marcha y sus protestas. Al Gobierno no le quedó otra que sentarse y dialogar. “Así mandaron destruir toda la maquinaría que perforaba la región y hacerlo de manera pública”. En 2015 recibió el Premio Nacional como Defensora del Año de Colombia y fue invitada a participar en el proceso de paz que se desarrollaba en La Habana.

A pesar de toda su trayectoria de lucha, la voz de Márquez no transmite euforia. Desde que su nombre apareciera en la firma de la denuncia contra el Gobierno en 2010, no ha dejado de recibir amenazas. “Al principio, lo ignoras. Después, te incomodas. Hasta que un día te avisan de que tienes que salir corriendo porque hay hombres con armas preguntando por tu casa”. Y así vive ahora: luchando por la defensa de un territorio al que no puede regresar.

El pasado mes de abril recibió en París el Nobel del medioambiente, el Goldman Environmental Prize 2018. Pero conoce el desenlace de otras mujeres que recibieron el mismo premio en reconocimiento a los mismos méritos. “Berta Cáceres también lo recibió. Ahora está muerta. Aquí no hay premio que te ponga a salvo”. Durante los días que ha visitado Bilbao ha participado en el Curso Internacional sobre Economía Popular que imparte la ONGD Paz con Dignidad. “Los privilegios de Europa se sostienen en los saqueos a otros países. Os pedimos que pongáis vuestro desarrollo al servicio de la vida de nuestras comunidades. Nos están matando, es un genocidio”, denunció.

En breve saldrá hacia Barcelona y después continuará de gira por Europa hasta regresar a su nueva casa donde seguirá luchando por la defensa del río Ovejas, el mismo en el que pescaba de pequeña junto a su madre y al que nunca más podrá regresar.

“NO NOS INTERESA LA COOPERACIÓN QUE BUSCA LIMPIAR LA CARA A LAS EMPRESAS QUE NOS MATAN”

La coordinadora de ONGD de Euskadi cumple 30 años y el pasado 27 de septiembre, más de 400 personas aprovecharon para celebrar su aniversario. Durante la gala, premiaron a Francia Márquez en “representación de la lucha de los pueblos del Sur” a los que han acompañado durante todos estos años.

Márquez aprovechó su turno de micrófono para denunciar la muerte de los defensores de derechos humanos en su país. “No nos interesan las ONG que limpian la cara a las empresas que nos están matando. La cooperación no es dar limosna. Recordad que los privilegios de Europa proceden del saqueo de nuestros territorios. Seguid impulsando un desarrollo que garantice la vida y no la muerte”, enfatizó la activista colombiana y ya de ruta por Europa.

Fuente:https://elpais.com/elpais/2018/10/25/planeta_futuro/1540468269_209574.html?id_externo_rsoc=whatsapp&fbclid=IwAR1hsl8rvmKXEv8emJoMWtCrxd3mnaXz7SIuhVUjpKEdnLqLSYBnOIFQu_Y

 

Chile

Mineras podrían transformar a Aysén en la primera “Zona de Sacrificio” en La Patagonia

Muchas son las empresas interesadas en los minerales de Aysén. Especialmente son compañía de origen canadienses y Australianas las que se allegan a la región, porque en nuestro territorio pueden hacer todo lo que no pueden hacer en sus países, sin las respectivas y adecuadas fiscalizaciones que Sernageomin hace caso omiso de hacer ante la presión de La Moneda.

Según las estadísticas del Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) indican que existen 635.802 hectáreas entregadas a la minería en la actualidad y que son miles las concesiones mineras que están entregadas a un grupo reducido de particulares, que no buscan explotar esos derechos, sino que transarlos a otros interesados.

El tema de las concesiones mineras ha entrado al escenario regional y se transformo en un par de semanas en la gran problemática ambiental del momento, como lo fue en su momento HidroAysén y Energía Austral, que pretendían represar los ríos más emblemáticos de la región, como el Baker y el Pascua en el sur y el Cuervo y el Blanco en el centro costero y destruir la calidad escénica y ambiental de la región como un todo.

Estas mismas transnacionales energéticas, fueron las que solicitaron concesiones mineras en el tendido eléctrico para transportar la energía al norte del país como parte del proyecto y lo solicitaron bajo cuerda como medida de defensa y inversión futura y que sabían les otorgaría grandes dividendos económicos estas concesiones mineras del subsuelo, que abarca todo el tendido eléctrico que pasaría por Aysén si se hubieran concretado los proyectos energéticos. Tema que en su momento tuvo muy preocupados a los habitantes de la superficie y que era un tema que entendian sobre la problemática minera que se venía a la región y se estudiaba como llegado el momento se podría enfrentar de manera profesional a estas grandes empresas transnacionales mineras, por el posible uso indiscriminado del subsuelo, que le provocaría en un futuro no tan distante, un daño invaluable al patrimonio ambiental y social y de paso afectando la proyección de las comunidades involucradas, que se sustentan en la calidad ambiental y escénica que se desarrolla en la superficie, en las actividades agrícolas, ganaderas y turísticas.

Las explicaciones entregadas por las transnacionales a los pobladores en algunas reuniones que se han realizado no han sido satisfactorias y más que nada todo se ha posicionado al lobby descarado y descarado que ha realizado el senador UDI por Aysén, David Sandoval Plaza, que esta vez se ha sacado la careta totalmente y se ha transformado en el representante de las transnacionales mineras y salmoneras en la región y por lógica a futuro de las forestales no tengo duda alguna. Segun fuentes de Sernageomin, han prometido liberar algunas concesiones que rigen el subsuelo regional en la actualidad, pero los dichos no han sido confirmados en forma oficial y sin ningún documento que avale la intención y dado el escenario actual lo dudo mucho.

La situación es complicada para la región porque se entiende -y en esto estamos claros-, que existen una gran cantidad de empresas transnacionales mineras que tienen como objetivo intervenir el subsuelo de la región a como dé lugar para extraer sus recursos naturales, sin tomar en cuenta a los pobladores, las comunidades y sus emprendimientos y que además cuentan con un poderoso aliado como lo es el gobierno y un senador UDI para ir por el subsuelo regional.

Esta realidad significa en la práctica, que si algún emprendedor turístico, agrícola o ganadero que está hace décadas estaba trabajando y sustentándose en sus respectivas actividades, pretendiera emprender un nuevo proyecto o aumentar el que tiene, tendría que amoldarse a las concesiones mineras y no a la inversa, simplemente porque la ley no lo permitirá, al poner los intereses del subsuelo antes que el de las actividades que se realizan en la superficie.

De acuerdo con las prioridades actuales bajo el marco jurídico que nos rige, las comunidades y los emprendedores tienen todas las de perder ante el poder de las mineras y se transforma en una tremenda injusticia en una región como Aysén, que vive y se proyecta históricamente de lo que se realiza en la superficie y que depende de la calidad escénica y ambiental del territorio regional.

La ley de concesiones mineras es abusiva en todo sentido, dando prioridad a sus procesos en una fase previa de exploración de muy alto rango, para después utilizar los recursos. Amparadas en la ley minera, estas empresas transnacionales tienen la facultad de congelar un sin número de proyectos que puedan tener los dueños del terreno en la superficie en cuestión y por consiguiente y dado el espíritu regional que no se entrega ante las arbitrariedades que tengan que ver con el territorio; el choque de intereses es de relevancia, si consideramos que la minería destruye y contamina todo lo que toca, en una región como Aysén, habitados por pobladores que aman su región por sobre todas las cosas.

Hace unos años hablábamos de desarrollar la capacidad de anticipar el movimiento de las transnacionales mineras para proteger la superficie regional de los innumerables emprendimientos que se desarrollarían las mineras y que obstaculizarian a los habitantes del mundo rural; pero como sucede siempre en estos casos, fue solo una conversación luego de la gran batalla ganada en contra de HidroAysén y todo pasó al olvido y de sopetón nos encontramos con la triste realidad, que este gobierno quiere transformar la región y la cuenca del lago General Carrera, en una Zona de Sacrificio minero y eso en si mismo es una aberración.

El código minero actual tiene un peso legal muy fuerte y le entrega mucha prioridad, que no duda en utilizar todo su poder para aplastar a las comunidades que se interponen en sus intereses y utiliza a senadores como Sandoval Plaza que son afines a sus intereses para lograr sus objetivos a como de lugar. Basta con ver el tema del agua y el desarrollo minero en el norte del país y sus nefastas implicancias para esas comunidades y lo que realizan estas empresas mineras para asegurar determinados emprendimientos y que cuentan con la capacidad de frenar proyectos que no se relacionen con sus intereses.

El ex-senador por Aysén Antonio Horvath Kiss (RN) al final de su mandato, estaba muy consciente y preocupado por el choque que se desataría en Aysén ante los intereses de las comunidades por la llegada de las transnacionales mineras y ni corto ni perezoso, presentó en el Congreso nacional una reforma a la ley del código minero, para proteger las zonas turísticas, ganaderas y agrícolas que caracterizan a Aysén de norte a sur y de cordillera a mar. Entendiendo que las zonas mineras no solo abarcan el norte del país como lo fue en el pasado histórico de Chile y que en la actualidad esos intereses han llegado a los territorios australes como Aysén y Magallanes ante la destrucción y la contaminación del norte de Chile por esta industria y se hacía urgente mejorar la ley, para hacerla armónica y sustentable con la realidad regional y su proceso de desarrollo.

Muchas son las empresas interesadas en los minerales de Aysén. Especialmente son empresas de origen canadienses y Australianas las que se allegan a la región, porque en nuestro territorio pueden hacer todo lo que no pueden hacer en sus países, sin las respectivas y adecuadas fiscalizaciones que Sernageomin hace caso omiso de hacer ante la presión de La Moneda. En la actualidad tenemos a la empresa Gold Corporation, que tiene una concesión de 21 mil hectáreas en las comunas del sur de Aysén, Chile-Chico y Cochrane. La Anglo-Canadiense Patagonia Gold, que explora desde el año 2006 20.500 hectáreas cerca de la capital regional Coyhaique, en el sector del lago Pólux, Castor y Thompson; tenemos a la empresa Red Hill que compró la Mina El Toqui y que explora 5 mil hectáreas en el río Ibáñez en la cuenca del lago Carrera, sumándose a la Compañía de aceros del Pacifico (CAP), que cuenta en la actualidad con más de 60 mil hectáreas para explotar hierro en sectores cercanos al litoral aysenino.

Fuente:http://www.radiodelmar.cl/2018/10/mineras-podrian-transformar-a-aysen-en-la-primera-zona-de-sacrificio-en-la-patagonia/?fbclid=IwAR1rzcs0QL6VxikB6-XCi6a5Q9ZZ1yklpj16-f4gYlbkR74UmDJ7KzC_kQI

Ecuador

Unidad Popular piden consulta sobre minería en Azuay

Miembros del movimiento Unidad Popular (UP), antes Movimiento Popular Democrático (MPD), ayer entregaron en la Gobernación del Azuay un pedido de consulta popular sobre la minería en la provincia de Azuay.

Daniel Carbo, director de esta agrupación política en la provincia de Azuay, propone que en las elecciones seccionales del 24 de marzo de 2019 se incluya una papeleta para Azuay con una pregunta.

Esta es: ¿Está de acuerdo con prohibir la minería metálica en el territorio de la provincia de Azuay, sus páramos, ecosistemas, áreas de protección, conservación ambiental y fuentes hídricas?.

De acuerdo con Carbo, Lenín Moreno, presidente del Ecuador, puede hacer el llamado para consultar a la población dado que se trata de un tema de interés general.

Citó el artículo 61 de la Constitución del Ecuador que en cuanto a los derechos de participación garantiza que la ciudadanía pueda presentar proyectos de iniciativa popular normativa.

Actualmente en Cuenca hay tres proyectos de minería metálica, y uno de estos es Río Blanco, que está en fase de explotación. Está ubicado en territorio de las parroquias Molleturo y Chaucha. (CSM)-(I)

Fuente:https://ww2.elmercurio.com.ec/2018/11/07/unidad-popular-piden-consulta-sobre-mineria-en-azuay/

Internacional

Presentadas alegaciones a la explotación minera El Rodeo en Sierra de Gata

Ecologistas en Acción, junto a la recién creada Plataforma Sierra de Gata Viva, ha presentado alegaciones al proyecto de explotación minera a cielo abierto “El Rodeo” que la empresa OSTROM ASC 21 S.A pretende implantar en las localidades de Perales del Puerto, Villasbuenas de Gata y Gata (Cáceres).

Este es un proyecto más dentro del actual boom minero que se extiende por todo el Estado y que está obligando a la sociedad civil a organizarse para hacer frente a la creciente amenaza de las multinacionales mineras (y a la connivencia de las administraciones públicas con estas) en su intento de abrir explotaciones a cielo abierto en todo el territorio.

El proyecto de explotación minera “El Rodeo” pretende ocupar una superficie de 2194,5 hectáreas, que afectará de manera irreversible a varios hábitats y especies protegidas por figuras de conservación a nivel regional, estatal y comunitario. Además afectará de manera indirecta a dos Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) cercanas.

En este aspecto, el proyecto carece de la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental exigible por la afección tanto de las especies y hábitats como de las dos ZEPA, así como también carece de plan de restauración.

A nivel administrativo, se han detectado numerosas irregularidades en la tramitación que la Junta de Extremadura ha hecho de la solicitud, incumpliendo las normas de difusión de la documentación sometida a consulta, las relativas al alcance de información pública y las relativas a la notificación personal a las personas interesadas.

Ecologistas en Acción de Extremadura advierte de las graves consecuencias que de la implantación de esta minería se derivarían para el futuro económico de las localidades de la zona y de la comarca en general. Teniendo en cuenta la fuerte importancia del sector turístico en la zona, la apertura de un proyecto minero haría peligrar el atractivo de la zona, además de las implicaciones ambientales que afectarían al sector agroganadero, muy importante también en la región.

Así todo, si la Junta de Extremadura aprobara este proyecto, entraría en contradicción con su propia Estrategia 2030 de Economía Verde y Circular que tanto se esfuerza en promocionar.

Ecologistas en Acción alerta del ‘boom’ especulativo de la minería en España, diseñado para lograr un crecimiento financiarizado y ficticio del sector, sustentado por gobiernos de todo tipo y por la creación de deuda. El proyecto de la Sierra de Gata es uno de los muchos proyectos de minería a cielo abierto que han sido solicitados en el territorio español por multinacionales mineras.

Con ello denuncia que la causa de esta concesión sistémica de licencias mineras es la confluencia de una ley de minas pre-democrática que incentiva la compra-venta de derechos, proyectos y autorizaciones con el servilismo administrativo de los gobiernos autonómicos y el activismo especulador de especialistas internacionales, mientras que, al final, son las comunidades locales, la economía rural y el entorno natural los grandes damnificados de esta nueva minería.

Fuente:https://www.ecologistasenaccion.org/?p=108981

 

Argentina

Chubut: se movilizan contra el intento del Gobierno de entregar el 70 % del territorio a la megaminería

La Asamblea en Defensa del Territorio convocó para hoy a una marcha a la Legislatura Provincial contra la iniciativa del gobernador Mariano Arcioni. El jueves concentrarán en la Casa de Chubut (CABA).

La Asamblea en Defensa del Territorio convocó para hoy desde las 18 horas a una marcha a la Legislatura Provincial en Rawson contra la iniciativa del gobernador Mariano Arcioni de entregar el 70 % de la superficie a la minería a cielo abierto. La acción incluirá una vigilia hasta la sesión de la Legislatura de este jueves. Ese mismo día concentrarán en la Casa de Chubut (CABA) desde las 12 horas.

“Convocamos a defender nuestro territorio el agua, el aire y sobre todo los derechos humanos, esencialmente el derecho a la salud, la vida, el sistema ecológico y medioambiental, porque así lo expresa como un deber constitucional de cada ciudadano la propia Constitución Provincial, reformada en el 94”, señaló Lucas Fossati, integrante de la Asamblea Rawson Playa, en diálogo con Radio 3.

En Chubut se quiere avanzar en rezonificar más del 70 % de la provincia para destinarlo a la minería a cielo abierto, con el consiguiente uso de sustancias tóxicas y dejando a más de 140 mil personas expuestas a la escasez de agua y a la contaminación de las cuencas subterráneas que hoy abastecen y permiten la producción agrícola y ganadera, entre otras actividades económicas.

“Marcharemos en contra de la minería a cielo abierto que las corporaciones y gobiernos pretenden imponer en toda la provincia en desmedro de la salud y el derecho a decidir de las comunidades que habitan el territorio”, señaló la Asamblea en Defensa del Territorio, quien desde hace casi 20 años viene denunciando la contaminación que esta actividad genera.

“Desde el año 2002 afirmamos con argumentos No es No. Contamos con evidencias latinoamericanas y argentinas que constatan que la minería a cielo abierto contamina naturaleza, cuerpos y sociedades. Por ello exigimos a nuestros legisladores que no traicionen al pueblo. Decimos NO a la actividad minera en Chubut y decimos NO a la zonificación que consideran imponer mediante escabrosas maniobras legislativas”.

Por el contrario, adhieren y respaldan el desarrollo de una economía regional agrícola-ganadera de pequeña escala, al desarrollo turístico rural, arqueológico y paleontológico.

Gobiernos mineros

Desde su asunción Macri está profundizando la apertura iniciada por el kirchnerismo hacia el extractivismo minero, intentando barrer con las distintas leyes provinciales que impiden su avance a lo largo del país. El Gobernador Mariano Arcioni sigue dando su aval político.

La marcha pasará junto a Casa de Gobierno, al Concejo Deliberante, la zona de Oficinas Judiciales, al Ministerio de Educación y finalmente a la Legislatura, para concluir entre la sede legislativa y la plaza central de Rawson, en donde habrá números artísticos y una vigilia hasta la sesión de este jueves.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esta acción será acompañada por otra en la Casa del Chubut, Sarmiento al 1100, a realizarse este jueves 08 desde las 12 horas, para luego a las 15 horas sumarse a la tradicional Ronda de las Madres de Plaza de Mayo en la emblemática plaza.

Fuente:http://www.laizquierdadiario.com/Chubut-se-movilizan-contra-el-intento-del-Gobierno-de-entregar-el-70-del-territorio-a-la-megamineria

Guatemala

Encuentro M4: La manipulación de la consulta y consentimiento a favor del extractivismo. Retos y desafíos de los pueblos

El origen del encuentro a realizar en Ciudad Guatemala del 15 al 17 de noviembre de este año, se gesta a partir de una añeja discusión que en toda la región Latinoamérica, así como en el Norte del continente, los pueblos originarios, tribales, afrodescendientes, campesinos y los pueblos equiparables han estado realizando para defender y reclamar el derecho a participar en todas aquellas leyes, proyectos, estrategias u obras que “afecten” sus territorios y sus vidas, misma que ha tomado dimensiones no previstas, a partir de que el modelo extractivo entró en una fase de expansión por todo el mundo.

Son varios los años en que esta discusión ha sido refrendada por los pueblos, sobre todo a partir de las definiciones establecidas tanto en El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dos de los documentos de referencia para las luchas de los pueblos, que han sido validados/firmados por la gran mayoría de las naciones en las que se desenvuelve el M4.

Una síntesis al respecto, pero que de alguna manera nos permite mirar parte de la problemática que enfrentamos actualmente, se observa en la cita –hoy ambigua y por ende inacabada-, realizada por el ex-relator especial de los pueblos indígenas de la organización de las naciones unidas, el Sr. James Anaya, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2011).

“Los pueblos indígenas deben poder determinar sus propios destinos en pie de igualdad con los demás, participar en la toma de las decisiones que les afectan, y estar seguros en sus derechos individuales y colectivos. Todo esto implica la necesidad de mecanismos efectivos de consulta a los pueblos indígenas en los procesos de decisión que puedan afectarles en el goce de sus derechos.”

Un análisis rápido sobre esta declaratoria realizada en el contexto del sistema capitalista que hoy, y bajo el “patrocinio” de la globalización, ha modificado totalmente el anterior rol del estado/nación, hasta posicionarlo como la nación/corporativa que opera en todo el mundo, hace impensable siquiera tener esperanzas, ilusiones o acciones con alguna perspectiva de participación en igualdad y equidad de condiciones, debido a la gran asimetría que existe entre la población, los gobernantes y las políticas empresariales. Es decir, bajo la fuerza que muestra el sistema capitalista, la creación de mecanismos efectivos de o para la consulta con los pueblos, aún sin que ello haya sucedido en la mayoría de las naciones, estos mecanismos ya se encuentran cuestionados, diezmados y otros, incluso en algunos países a pesar de estar agotados, se han impuesto como norma.

En este encuentro, se propone una revisión profunda de los efectos, ventajas y desventajas que hemos tenido en cada nación, tomando en cuenta la “diversidad” de formas en la implementación de procesos de consulta o de consentimiento que, de una u otra manera, hemos asumido en cada lucha dentro del contexto de quienes integramos el M4.

Objetivos

  •  Intercambiar experiencias e identificar los retos y desafíos que se presentan en el ejercicio del derecho a la consulta, el consentimiento libre, previo e informado por parte de los pueblos que luchan en contra del Modelo Extractivo Minero en la región
  • Construir estrategias colectivas en función al ejercicio y respeto a los derechos fundamentales de los pueblos que luchan por la defensa de la vida y el territorio.

 

Fuente:http://movimientom4.org/2018/11/encuentro-m4-la-manipulacion-de-la-consulta-y-consentimiento-a-favor-del-extractivismo-retos-y-desafios-de-los-pueblos/

Argentina

Imputan al ministro Bergman por la acumulación de mercurio en Veladero

El abogado ambientalista Enrique Viale informó en su cuenta de Twitter que la fiscal Alejandra Mángano solicitó la instrucción del Secretario de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, en la causa iniciada por la acumulación de 400 toneladas de mercurio en la mina Veladero, explotada por la multinacional Barrick Gold. El juez hizo lugar a la solicitud.

En el programa de ADN Federal emitido el 23 de septiembre pasado, se informó que la Barrick Gold “ha generado y almacena” 400 toneladas de mercurio cerca de ríos de donde toman agua potable varias personas.

El informe recordó las gravísimas consecuencias de un derrame de mercurio en la localidad de Choropampa, Perú. El hecho ocurrió el 2 de junio de 2000, cuando un camión que transportaba ese material volcó, derramando 150 kilos de mercurio.

En el sitio del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), recuerdan que la empresa responsable de la explotación minera, Yanachocha, pagó a los pobladores de Choropampa entre 100 y 300 nuevos soles a los pobladores por cada Kg. de mineral recuperado; una semana después, cientos de pobladores asistieron a los centros de salud exhibiendo síntomas similares: ronchas en la piel, malestar del cuerpo, náuseas, vómitos, diarreas. El Ministerio de Salud peruano consignó en un informe que fueron 1.600 personas las que se expusieron al derrame de mercurio. Entre los habitantes que sufrieron los efectos de la interacción con el metal, algunos han sufrido lesiones cerebrales irreversibles, daños renales, pérdida de la visión, entre otras consecuencias graves.

Viale explicó que el mercurio surge del proceso de separación de minerales propio de la actividad extractiva, quedando como residuo. Luego exhibió documentación de la propia empresa en la que constan las cantidades de ese elemento que se generaban en las operaciones diarias.

El abogado señaló que la acumulación de una sustancia contaminante en zona periglaciar está prohibida por la Ley de Glaciares (Ley 26.639), por lo que consideró que la situación no sólo es peligrosa para el ambiente, sino que también es ilegal.

Viale advirtió que la ubicación donde se encuentra almacenado el mercurio es cercana a la naciente de ríos que van hacia la cuenca Desaguadero-Salado-Chedileuvú-Curacó, que desemboca en el Atlántico; el lugar, además, está en una zona altamente sísmica, lo que constituye otro factor de riesgo.

Veladero dejó de vender el mercurio desde el año 2014, debido a su escaso valor internacional. Este año, el Subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría que conduce Bergman, Juan Andrés Trebino, había prometido para el segundo semestre el inicio de la operación de traslado del material.

Ese proceso acarreará riesgos en todo el trayecto, por la cantidad de Mercurio en juego y la alta peligrosidad del material.

Fuente:http://www.eldedoenlallaga.com.ar/notas/imputan-al-ministro-bergman-por-la-acumulacion-de-mercurio-en-veladero_4310/?fbclid=IwAR0xXM1wwg4rXGJlkEtTY5GVIsrLn7imsSQBs4pSlIsUgLGfEvELWUdDbXQ

Latinoamerica

Indígenas de los países amazónicos en alerta por el futuro de las consultas previas

  • La inconformidad por la forma como se realizan las consultas previas, los cuestionamientos sobre la veracidad de la información que les presentan y las excusas de los gobiernos para no consultarlos son las principales preocupaciones de los indígenas de la Amazonía en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.
  • Los pueblos denuncian trampas en las legislaciones y propuestas para disminuir la participación indígena en los grandes proyectos mineros, petroleros y de infraestructura.

En los últimos años los proyectos mineros y petroleros han aumentado en la Amazonía de los países suramericanos y una larga lista de obras y bloques están a la espera de autorización para empezar exploración y explotación. Los indígenas esperan las consultas previas.

Junto con el auge de intereses minero-energéticos en las selvas amazónicas también se han incrementado las mencionadas consultas y muchos indígenas se sienten vulnerados. El temor por la tergiversación en la consultas previas y por posibles engaños cuando las compañías exponen y socializan la información, se ha convertido en una constante y en una amenaza compartida en territorios colombianos, ecuatorianos, peruanos y bolivianos.

El caso más reciente ─que tuvo un final feliz para la comunidad indígena─ se dio en el norte de Ecuador. Los Cofán de Sinangoe ganaron una batalla judicial, pues según habían denunciado, empezaron actividades mineras en su territorio sin su consentimiento y más de 30 proyectos esperaban concesión.

El 22 de octubre se realizó, en la Corte Provincial de Sucumbíos, la audiencia de sentencia en la acción de protección solicitada por la Defensoría del Pueblo de Ecuador y la comunidad Cofán de Sinangoe, en la cual se ordenó revertir todas las concesiones que estaban operando y cancelar el otorgamiento de las que estaban en trámite.

Sin embargo, este desenlace no siempre es el mismo en los demás países amazónicos.

 

Reclamos y quejas en Perú y Bolivia

 

Mongabay Latam habló con varios líderes indígenas de Perú, Colombia y Bolivia para conocer su percepción sobre el desarrollo de consultas previas en sus países. Todos manifestaron inconformidad en la forma como se realizan, cuestionamientos a la información que les presentan y aseguran que hay una fuerte tendencia de sus gobiernos en buscar excusas para no consultarlos.

Adolfo Moye Rosendy, expresidente del territorio de la subcentral Tipnis, en el departamento de Beni en Bolivia, asegura que el gobierno ha hecho mucha propaganda sobre el respeto de la consulta previa en el país pero en realidad “los que quieren realizar algún proyecto o actividad hacen las consultas de manera tergiversada, es más, yo diría engañosa y mentirosa”. Según dice, uno de los casos que comprueba lo que afirma fue la consulta para la construcción de la carretera que pasaría por el Tipnis, uniendo las poblaciones de Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, pues el proyecto no beneficiará para nada a las comunidades. Aunque se decía que era para mejorar la educación y la salud, la carretera pasaría a cientos de kilómetros de distancia de las poblaciones.

Pero quizás, lo que él considera más grave es que en esa consulta le preguntaban a los indígenas si querían desarrollo, a lo que ellos respondían que sí, “eso luego era tomado en cuenta como un sí a la construcción de la carretera, cuando ni siquiera nos suministraron información. La consulta se ha utilizado para engañar a las comunidades”.

Moye Rosendy dice que el pueblo indígena del Tipnis ya tiene clara la “verdadera intención” de la construcción de esta carretera. Para ellos se resume en intereses petroleros y mineros, pues en los núcleos por donde pasaría la vía no hay comunidades pero sí lugares donde se ha comprobado la presencia de hidrocarburos y de minerales como el oro.

Perú, por su parte, cuenta con una ley de consulta previa que establece tiempos y tiene vigilancia de organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, lo que la convierte en una de las mejor planificadas de la región. Sin embargo, Jorge Pérez Rubio , presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) y Zoila Ochoa Garay, líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) manifiestan su preocupación por lo que pasa actualmente con los proyectos mineros y petroleros en trámite.

Pérez asegura que en los últimos tres años el Estado peruano está buscando la forma de no consultar a los pueblos indígenas cuando se trata de grandes infraestructuras que van a prestar servicios a la comunidad como las carreteras o las hidrovías. El caso que más le preocupa en este momento es el de la Hidrovía Amazónica, que en un principio se estaba planeando sin consulta de los pueblos indígenas. Luego, la justicia peruana ordenó vincular a las comunidades y desde entonces el líder asegura que se han realizado reuniones pero están a la espera de que el consorcio formado por la empresa peruana CASA y el gigante chino Sinohydro terminen el estudio de impacto ambiental. Insisten en que este documento final también debe ser consultado con ellos.

“Insistimos en eso porque es uno de los proyectos más sensibles pues a través de un sistema de dragado remueve los fondos de los ríos y la mayoría de los pueblos indígenas que viven a orillas de estas fuentes hídricas se alimentan de los peces. Muchos especialistas dicen que se puede perjudicar el ciclo de reproducción de los peces y a lo largo puede disminuir la seguridad alimentaria”, dice Pérez.

Además, los documentos de un proyecto como este son muy voluminosos y técnicos. La comunidad se queja porque las empresas quieren pasarlo simplemente por talleres informativos que no son vinculantes y ellos necesitan tiempo para revisar, junto con especialistas, cada uno de los componentes del estudio de impacto ambiental pues se trata del futuro de los pueblos TIkuna, Uitoto, Yagua, Quichua y Kukama.

A pesar de la existencia de la ley de consulta previa en Perú hay inconformidades con algunos puntos, como aquel donde se dice que los proyectos de inversión que beneficien directamente a los pueblos indígenas no tienen que ser consultados. “Ese es el argumento que agarra siempre el Estado para sacar adelante los proyectos, pero eso sería válido si se tratara, por ejemplo, de la construcción de una escuela o un centro médico, no una hidrovía o una mina”, cuenta Pérez.

Zoila Ochoa dice que las consultas previas siempre han sido vulneradas por el Estado. “Ahora hay una nueva ley de hidrocarburos que quieren sacar sin consulta previa, cuando los lotes petroleros están dentro del territorio de los pueblos”.

De acuerdo con la lideresa, se propone ampliar las concesiones de explotación de 40 a 80 años y “esto quiere decir que los pueblos indígenas van a vivir desde que nacen hasta el último de sus días en contaminación”. Otra de las propuestas de Aidesep es que las regalías de las empresas lleguen directamente a las comunidades.

 

Un momento decisivo en Colombia

 

La situación para el sector ambiental en Colombia pasa por un momento crítico. Como lo reportó Mongabay Latam, la decisión de la Corte Constitucional de prohibir las consultas populares para rechazar la actividad minero-energética en los territorios prendió las alarmas. Se limitó un mecanismo de participación ciudadana consagrado en la Constitución. Esto se sumó a un proyecto de ley del partido político Cambio Radical donde se proponían diversas modificaciones a los procedimientos para obtener licencias ambientales.

Además de proponer la eliminación de los diagnósticos ambientales de alternativas, también se pretende limitar los tiempos de las consultas previas a los indígenas y “agilizar los procesos”. Para Robinson López, líder de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) y director internacional de Cambio Climático de la Coordinadora de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), eso significaría un atentado contra los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas porque no se consultó ese proyecto con las comunidades y se busca recortar los tiempos para disminuir la participación de los pueblos indígenas. “Es un gran retroceso y ataque frontal contra nuestros derechos”.

A López también le preocupa el Plan Nacional de Desarrollo ─la base de las políticas gubernamentales de los presidentes de Colombia─ pues en los últimos gobiernos la consulta y participación de los indígenas se ha hecho de afán. “El Ministerio del interior no es garante de este derecho ni el Departamento Nacional de Planeación (DNP) tiene voluntad política para garantizar que este proyecto sea amplio y participativo, donde las iniciativas de los pueblos amazónicos sean tenidas en cuenta”.

Desde la Opiac creen que la estrategia del gobierno colombiano en este momento es limitar los derechos de los grupos étnicos y se sienten sin garantías. Son tantos los proyectos que se vienen para la Amazonía colombiana que los indígenas, literalmente, se la pasarían siendo consultados todos los días del año, dejando de lado su forma tradicional de vida.

Cuando los pueblos deciden no atender las consultas previas, el Estado tiene diseñado en el decreto 1320 de 1998 ─que según Robinson López es ilegal ya que no fue consultado con los indígenas─ un mecanismo llamado test de proporcionalidad. “Se declara a los indígenas en renuencia y tanto la empresa como las entidades del Estado se reúnen en Bogotá y en un acta deciden qué se hace en los territorios, “sin tener en cuenta a las comunidades”, resalta el líder de la Opiac.

Luz Mery Panche, lideresa del pueblo Nasa y de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán está preocupada además por la falta de apoyo de las organizaciones indígenas nacionales. “No hay un acompañamiento de las estructuras organizativas indígenas nacionales para que las comunidades en sus territorios tengan la capacidad de entender y defender el derecho fundamental a la consulta previa, que es visto por muchos como el supuesto ‘palo en la rueda’ para el desarrollo del país”.

La vulneración del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Colombia es tan grande que Luz Mery cita un caso emblemático. Según dice, se deben cumplir las órdenes de la Corte Suprema de Justicia cuando declaró a la Amazonía como sujeto de derechos y “tanto el Ministerio de Ambiente como Corpoamazonía y otras entidades vienen trabajándolo sin propiciar la consulta previa con los 64 pueblos indígenas que habitamos la Amazonía”, reclama.

Finalmente, Vanessa Torres, coordinadora de Infraestructura y desarrollo de la Asociación Ambiente y Sociedad, reconoce que en Colombia hay muchas normas dispersas pero no se ha articulado una sola que contemple el procedimiento completo. “La consulta no es una etapa de consolidación de un proyecto para adjudicación de una licencia ambiental, es un derecho fundamental que está consolidado en nuestra jurisprudencia”.

La abogada Torres asegura que en los dos gobiernos anteriores se impulsó principalmente el fortalecimiento de la cartera de infraestructura ─y esto ocurrió también en otros países de la región─ y por eso es común encontrarse con tres o cuatro grandes megaproyectos que se componen de hidrovías, hidroeléctricas o carreteras terrestres que buscan desarrollarse en territorio amazónico. Para ella, esto es muy preocupante porque son intervenciones muy agresivas y directas sobre el territorio. En medio de todo eso, y con las dudas y temores que rondan a las consultas previas, Torres se pregunta lo mismo que se preguntan los indígenas colombianos y al final, los indígenas de las selvas de la Amazonía: ¿con todo lo que se viene, cómo van a participar finalmente las comunidades en estos proyectos?

 

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/11/consultas-previas-indigenas-amazonia-en-alerta/

Venezuela

La Minería acaba con los ecosistemas

Despojar un terreno de sus bosques por esta actividad genera desertificación

La Guayana venezolana, esta conformada principalmente por los estados Amazonas y Bolívar e integra lo que es conocido como el Macizo Guayanés.

Una combinación única de maravillas geológicas y de selva tropical, es considerada como una de las regiones más extensas del planeta; los tepuyes y el área que abarca la cuenca del río Orinoco, es compartida con otros ocho países de América del Sur, y esta se ha constituido en fuente de riqueza y belleza para quienes escudriñan sus entrañas.
Día a día el ecosistema del Macizo (catalogada como la zona minera más importante del país y el resto de la región latinoamericana) se presenta en franco proceso de deterioro debido a la explotación furtiva de minerales, según lo denuncian grupos ambientalistas y representantes parlamentarios del estado Bolívar como el diputado Américo De Grazia.
El desconocimiento que tienen las personas referente al tema, pueden ser indicio de alarma para los estudiados; y es que se está hablando de la migración de comunidades indígenas, animales y pérdida descontrolada de flora en la zona, que trae una serie de problemas denunciados por las comunidades aborígenes que la pueblan.
En el estado Bolívar la determinación de las áreas afectadas se establece en una extensión de 111.000 Km2, equivalente al 46% de la entidad, abarcando 10 de los 11 municipios, de acuerdo con la denuncia de organizaciones ambientalistas y de investigación científica de la región, entre las que se incluyó el núcleo de la Universidad Católica Andrés Bello del Estado Bolívar y la Universidad Experimental de Guayana.
Y es que los expertos estiman que, uno de los daños ambientales que conllevaría la explotación minera sería la deforestación masiva necesaria para poder realizar las excavaciones que en su defecto podía incidir en el cambio climático.
«Al despojar el terreno de bosques esto puede llevar a un proceso de desertificación el sur del país.» afirma la ex ministra de ambiente Ana Elisa Osorio.
Esto trae por consecuencia que, la capa vegetal de las zonas afectadas no puedan ser recuperable.
«Lo que va a dejar abajo es caliza. quiere decir que ahí no va a crecerá nada más al menos por unos siglos.» agrego la ex titular del despacho.
Bosques en extinción
El Global Fores Watch ha determinado que al menos cinco de las áreas más protegidas en Venezuela están siendo víctimas de la deforestación por la consecutiva actividad minera.
En esta reserva habita el águila Arpía, especie que se vería amenazada.
Uno de esas áreas es el Parque Nacional Canaima que fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en el años 1994.
Ciertas organizaciones no gubernamentales manifiestan su preocupación de que, en el futuro, se vea en peligro la cuenca del río Orinoco y el ecosistema que lo rodea.
«Las aguas lixiviadas, es mezcla de agua con cianuro, que en teoría se colocan en lagunas impermeabilizadas, pero las condiciones del suelo Guayanés no cumple todos los requerimiento para realizar dichos procedimientos, lo que trae por consecuencia puede existir ruptura del suelo y comprometer el agua de uno de los ríos más importantes de América» explica Osorio.
«Al no contar con una vegetación suficiente el ciclo de lluvias en el país se podría ver afectado» afirmó José Infante a medios de comunicación.
Los vientos que provienen del sur llevan la humedad de las selvas de Bolívar a los estados llaneros para ser depositadas y ser zonas aptas.
Al dejar de existir estas zonas no se desarrollará humedad y las lluvias pueden ser atípicas.
Se debe tener en cuenta que al no generarse las precipitaciones estas pueden afectar la producción de alimentos en el país.
Eso sin dejar de mencionar posibles problemas eléctricos, debido a que las represas pueden disminuir sus caudales y sus niveles óptimos para su funcionamiento.
Comunidades afectadas
Las comunidades indígenas se han visto perjudicadas de diferentes formas, actualmente han aumentado los casos de personas con enfermedades como la difteria, el paludismo y el sarampión.
Y es que también el empleo que requiere la minería, ha aumentado los indices de cianuro y mercurio, estos poco a poco han ocasionado la degradación de los suelos, las contaminación de las aguas y el aumento de los indices de muertes por intoxicación o envenenamiento, según opinan expertos.
Fuente:http://www.eluniversal.com/estilo-de-vida/25169/la-mineria-acaba-con-los-ecosistemas
Colombia

Consulta popular legítima en San Lorenzo, Nariño

Tras un prologando y participativo proceso comunitario, el próximo 25 de noviembre quienes habitan el municipio de San Lorenzo en el departamento de Nariño de la República de Colombia se pronunciarían, por Sí o No, a la explotación minera en su territorio. La consulta se realiza, pese a lo decidido por la Corte Constitucional sobre este tipo de consultas, y al bloqueo que desde el Ministerio de Hacienda y el órgano electoral le han interpuesto a esta iniciativa colectiva, expresión del constituyente primario.

 

San Lorenzo es un municipio con una inmensa riqueza ambiental, se encuentra ubicado en el norte de Nariño, con numerosos nacimientos de arroyos y quebradas que alimentan los ríos Mayo y Juanambú. El agua que brota de las montañas provee a acueductos y distritos de riego no solo dentro de San Lorenzo, sino también beneficia a los municipios vecinos de la Unión, Taminango, Arboleda y Cartago. La producción del municipio históricamente ha sido agropecuaria, donde se destaca el cultivo de café de alta calidad, frutales, diversos alimentos y desarrollo de pequeña ganadería.

En el año 2008, sin consultar a las comunidades, se entregaron títulos mineros a grandes empresas multinacionales y en el 2010, inicia la exploración de los proyectos mineros la multinacional Mazamorras Gold en los corregimientos de San Rafael y Santa Marta en el municipio de San Lorenzo, y las Veredas Olaya y El Volador en el municipio de Arboleda. Al poco tiempo, los campesinos de la zona vieron los efectos ambientales y sociales, como la violencia, que ocasiona la gran minería; las comunidades alarmadas por los estragos que se venían desencadenando deciden tomar acciones de hecho para liberar el territorio y expulsan a esta multinacional. Este fue el inicio de una lucha constante para proteger el agua y el territorio, y continuar creando conciencia en todos los otros corregimientos, esto, gracias al incansable trabajo de organizaciones campesinas locales. A pesar de que se hizo respetar la decisión de las comunidades, los conflictos con las empresas multinacionales siguieron, generando incluso hechos de violencia.

Las organizaciones campesinas comenzaron a buscar alternativas para hacerle frente a la amenaza inminente de la megaminería, e incluso fueron más allá del mismo municipio; acciones como la Construcción del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y sur del Cauca –Tcam– que es una estrategia de protección del territorio y el ejercicio de los derechos campesinos, la realización de foros para tratar sobre la implicancia de la minería en ámbitos locales, regionales y departamentales. Es precisamente en el foro de “Agua y minería”, realizado el 2 de julio de 2017 en Berruecos (Nariño), que se decide adelantar procesos de consulta popular para refrendar la voluntad de las comunidades y sus instituciones locales de proteger el territorio, sus bienes naturales y la vocación agropecuaria y cafetera de estos municipios.

De inmediato, se inicia el proceso de consulta popular minera en cinco municipios del Tcam; en San Lorenzo, la comunidad y las organizaciones campesinas con el apoyo de la alcaldía logran que el Concejo Municipal dé el concepto de conveniencia, y que el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño emita un concepto de constitucionalidad para su realización. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, la Registraduría Nacional y últimamente la Corte Constitucional, han puesto obstáculos para la realización de la consulta con los argumentos que no hay recursos para su financiación y la existencia de un conflicto de competencias entre el estado nacional y los entes territoriales. La decisión de la Corte Constitucional fue que las comunidades no pueden decidir sobre el uso del subsuelo a través de mecanismos de participación, en especial las consultas populares, así como el Consejo Nacional Electoral exige acatar la determinación de la Corte y ordena suspender todos los proceso de consulta para frenar proyectos megamineros hasta que el poder legislativo se pronuncie frente al tema.

En la actualidad, según la Agencia Nacional de Minas, no se tiene títulos vigentes ya que en el 2017 y en el mes de septiembre de 2018 se presentaron renuncias por parte de las multinacionales a los títulos otorgados. Sin embargo, en los datos publicados por la misma agencia aparecen 20 solicitudes para realizar exploración y explotación minera a gran escala en el municipio; por lo cual, la comunidad no baja la guardia y se ve en la obligación de tomar acciones para proteger el legado a las futuras generaciones.

Las organizaciones sociales y comunitarias, con el apoyo de la institucionalidad local articuladas en el “Comité por la protección de agua, la vida y el territorio” que es promotor de la consulta, decidieron continuar el proceso democrático de la consulta popular de manera legítima y convocaron para realizarla el 25 de noviembre de 2018. El objetivo es que jóvenes y adultos participen activamente y se cuantifique, tanto la oposición a la realización de proyectos megamineros como la promoción de la protección del agua y la vida, en el Municipio de San Lorenzo.

Serán los lorenceños quienes se encargarán de hacer respetar el mandato que emane de la consulta; pero además, organismos internacionales, universidades, instituciones de orden regional y nacional han expresado su apoyo y servirán como garantes de transparencia de la acción a realizarse en el mes de noviembre. Finalmente, cabe destacar que la financiación y logística, tanto del día de votación como del proceso de campaña, fue asumido por parte de las mismas comunidades integrantes del comité.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/colombia/item/42196-consulta-popular-legitima-en-san-lorenzo-narino