Perú

Fuerza Popular impide la aprobación de Ley que ayudaría a proteger el Río Rímac de pasivos mineros

Autor: Red Muqui.org

Hace unos días el Pleno del Congreso discutió el proyecto de Ley que propone declarar de Interés Nacional la identificación, y remediación de pasivos ambientales mineras en la cuenca del río Rímac. A pesar de que la mayoría de congresistas reconoció la urgencia de políticas en pasivos ambientales, la propuesta fue regresada a comisión. Mayoría fujimorista se impuso en contra.

Cabe resaltar, que la cuenca alta del Río Rímac tiene más de 200 pasivos ambientales registrados en la zona, entre los más peligrosos, se encuentra Tamboraque, un cúmulo de deshecho minero a la orilla del río. La Plataforma por la defensa de la cuenca alta del Río Rímac, integrada por pobladores de San Mateo y sus distritos aledaños, han denunciado en reiteras ocasiones la inacción del Estado frente a la cantidad de pasivos en la zona que contaminan el agua, suelo y aire.

El proyecto de Ley fue presentado por el Congresista Marco Arana y se debatió el jueves 12 en el Pleno. La congresista de la Bancada Nuevo Perú, Marisa Glave afirmó que era necesario atender esta problemática por el evidente riesgo para la población y sustentó que la problemática se extiende a todo el territorio peruano. Por ejemplo, » Seguimos esperando respuestas para el tamizaje que se prometió hacer en Hualgayoc, esa zona se declaró emergencia ambiental, queremos pedirle a la señora Ministra que responda a eso.» También opinó el congresista Roy Ventura de Fuerza Popular quien afirmó que «El problema son las empresas que dejan pasivos ambientales y los funcionarios no están haciendo su trabajo»

Varios congresistas de Fuerza Popular afirmaron que existía un problema grave de pasivos ambientales. Angel Neyra de dicha bancado aseveró que «Existen pasivos ambientales en la cuenca del Río Rímac y eso es responsabilidad del Estado y de los gobiernos de turno. Tenían que hacer en su momento la fiscalización». Sin embargo, la votación no reflejó lo dicho por los congresistas, con 61 votos el Proyecto de Ley fue regresado a comisión bajo el argumento de que es una ley muy específica.

En la zona alta del Río Rímac no solo se encuentra el depósito de relaves mineros Tamboraque, conocido por ubicarse al lado del río Rímac y amenazar con contaminar la principal fuente de agua de la ciudad de Lima. Aparte de los cuatro relaves que agrupa este depósito, de la minera canadiense Great Panther Silver, se pueden contar hasta 20 relaves. En el distrito de Chicla, por ejemplo, se encuentra el depósito de relaves Chinchán, donde se supone deben ser trasladados los relaves de Tamboraque, en cumplimiento de una ordenanza ante el peligro de contaminación. Pero hasta el momento, solo se ha trasladado el 15% de estos desechos mineros.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/803-fuerza-popular-impide-la-aprobacion-de-ley-que-ayudaria-a-proteger-el-rio-rimac-de-pasivos-mineros

Venezuela

Venezuela ratifica prohibición de operaciones mineras en Canaima

Autor: Correo del Orinoco.ve
Conflicto Relacionado: Arco Minero- Las Brisas

Autoridades nacionales recalcaron la semana pasada a voceros indígenas que el Gobierno Bolivariano, asumió la responsabilidad de controlar la actividad minera al sur del Orinoco, y con un despliegue cívico militar frenar y erradicar operaciones de minería ilegal dentro del Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1994.

Un grupo de ministros en representación del Ejecutivo Nacional se reunieron con líderes y voceros del pueblo Pemòn de Kanaimo, con el objetivo de establecer una agenda de trabajo conjunto en protección y defensa del parque, reseñó el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico en un boletín de prensa.

Durante el encuentro, el ministro Víctor Cano enfatizó que el Gobierno Bolivariano mantiene su compromiso para cumplir cabalmente con los lineamientos del quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, de preservar la vida en el planeta.

“La prioridad del Motor Minero es proteger el Parque Nacional Canaima. Estamos evaluando con líderes del pueblo pemón diversas estrategias para frenar la minería en las áreas protegidas. No puede ni debe existir minería en Canaima”, expresó citado por el ministerio.

Cano explicó que el Estado venezolano va a tomar las acciones necesarias para neutralizar cualquier actividad minera fuera de las zonas autorizadas y delimitadas en la zona del Arco Minero del Orinoco (AMO).

“Este tema debemos mirarlo con mucho cuidado, con cautela; tenemos que esforzarnos para realizar las mejores prácticas con el objeto de preservar nuestros recursos naturales; pero, fuera de las zonas autorizadas, no está permitida la minería, y vamos a actuar para aplicar la ley. El Arco Minero se creó, precisamente, para cuidar las cuencas y la biodiversidad”, manifestó.

El ministro destacó que esta es la séptima reunión que sostiene con el pueblo Pemòn en el transcurso de este año. Desde el 2016 se han realizado 121 encuentros con las comunidades indígenas del Arco Minero.

El titular de Cultura, Ernesto Villegas, también ofreció unas palabras sobre el cuidado los espacios naturales de Canaima.

“El paisaje de Canaima es una bendición; pero, más que el lugar, el verdadero milagro está en su gente, que ha nacido y ha crecido por generaciones. Sin ustedes, los indígenas, no estamos completos, no estaría completa Venezuela: los pemones son parte fundamental e insustituible del pueblo venezolano. Son las comunidades ancestrales, con su idioma, costumbres y tradiciones que forman parte imprescindible de nuestra cultura”, destacó.

Por su parte, el ministro para Ecosocialismo, Heryck Rangel, invitó a toda la comunidad del parque a redoblar su participación en el plan nacional de preservación de las riquezas naturales del lugar, como la flora y fauna catalogadas como únicas y excepcionales por la Unesco.

“Venimos a hacer planteamientos sinceros con participación. Esto es un parque nacional, y hay actividades que no son permitidas. Debo decirle al pueblo pemón que están en una realidad geográfica bien compleja; no queremos hipotecar el futuro de Venezuela”, declaró.

La ministra para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, explicó que la comunidad de Kanaimö tendrá apoyo para reactivar áreas productivas de bajo impacto ambiental, como la agricultura, ganadería y, por supuesto, el turismo con participación activa de la comunidad.

“Hay opciones en la mesa, pero definitivamente lo que no es opción es que Canaima sea una zona minera. Necesitamos proteger nuestro territorio, nuestra tierra y a todas las familias dentro del parque nacional. Debemos escucharnos y tomar en cuenta cada planteamiento”, reiteró Núñez.

Fuente:http://www.correodelorinoco.gob.ve/venezuela-ratifica-prohibicion-de-operaciones-mineras-en-canaima/

Chile

Minería en Jeinimeni: ¿Una nueva zona de sacrificio?

Autor: Patricio Segura Ortiz, El Divisadero.cl

Lo vienen diciendo los investigadores desde hace décadas ya.  Se han sumado políticos, líderes intelectuales, sociales, filósofos e incluso empresarios. El modelo de desarrollo global nos ha hecho avanzar hacia el antropoceno, era geológica de la Tierra donde los cambios globales ya no son producidos por agentes naturales sino por la acción humana.

Un modelo donde la naturaleza es vista principalmente como una despensa, en el proceso de extracción, y un vertedero, luego de la transformación.  Y así se mide el éxito y fracaso de continentes, naciones, regiones, territorios, mientras mayor es la producción, mejor para la sociedad.  Si es bueno para la economía (una economía de corto plazo, claro está) es bueno para la gente, es el mantra.

Así lo hemos visto últimamente con la crisis de Quintero-Puchuncaví, los contaminados por el plomo en Arica, la salmonicultura en la zona sur-austral del país.  Productividad que mata y que atenta día a día contra la fábrica más importante del mundo: la naturaleza, que lleva años fabricando vida.  La nuestra y la de las demás especies.

Las zonas de sacrificio desperdigadas por doquier son el mejor ejemplo de aquello.  Realidad que ciertos medios, empresarios y políticos pretenden revertir señalando que quienes se quejan y ahí viven responden a la clasificación nimby (del inglés “not in my backyard”, es decir, “no en mi patio trasero”): personas que quieren las soluciones a los problemas sociales y materiales pero no asumir los costos de éstas.  Insensatez, plantean los adalides del modelo, porque para que todos vivan bien alguien debe pagar la factura.

El problema es la doble trampa de esta visión.

Primero, porque ningún modelo de sociedad debiera permitir, mediante su institucionalidad, la vulneración de los derechos más básicos de las personas. Ninguna termoeléctrica debiera poder contaminar el aire a niveles de intoxicación, ninguna salmonera vaciar sus desechos en las costas usadas por la pesca artesanal afectando su sustento, ninguna minera destruir glaciares y afectar las reservas de agua que permiten la vida de las comunidades.

Y segundo, porque cuando nos hablan de que alguien debe sacrificarse por el modelo de sociedad normalmente los que asumen los costos son los mismos.  Poblaciones carenciadas, que por necesidad de trabajo están dispuestas a sacrificar su presente y futuro porque los mismos que esto argumentan no están disponibles para apoyar el que sea la sociedad en su conjunto, el Estado por ejemplo, la que garantice los mínimos básicos en educación, salud, vivienda, previsión social y todo lo que definamos como fundamental para vivir con dignidad.

Por ello el concepto de “compartir beneficios” que se utiliza para justificar que industrias alta y negativamente impactantes se instalen en los territorios tiene un déficit.  Sus controladores no debieran solo compartir beneficios.  Tendrían, en justicia, que compartir los perjuicios de sus actividades.

¿Quiere instalar una termoeléctrica en un pueblo?  Pues bien, que sus hijos vayan a sus escuelas.  ¿Quiere verter desechos de salmón en las costas del sur? Pues bien, que sus hijos se bañen en esas aguas. ¿Quiere contaminar el agua con la extracción de oro? Pues bien, que sus hijos beban de esas fuentes.

Hace pocos días el gobierno anunció su decisión de dejar fuera del futuro Parque Patagonia el área fiscal donde la australiana Equus Mining, a través de la sociedad Southern Gold, busca instalar su mega proyecto minero de oro y plata “Los Domos”.  Sociedad constituida por Sergio Romero Guzmán, cuyo padre fue presidente del Senado por Renovación Nacional -partido matriz del Presidente Sebastián Piñera- y la cual ha hecho un intenso lobby para avanzar en sus pretensiones.

“Los Domos” ya fue priorizado por el gobierno (es la única iniciativa en Aysén consignada en la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables), adyacente a la nueva área silvestre protegida, en el área de un rico patrimonio arqueológico, paleontológico y geológico como el caso del circuito Cueva de las Manos/Piedra Clavada/Valle Lunar.

Una nueva zona de sacrificio es lo que proyectan.  En la cuenca del lago General Carrera, la principal reserva de agua dulce del país.

Pero la historia, incluso de Aysén, nos ha demostrado que no necesariamente anhelos hoy serán realidades mañana.  Más aún cuando se despejaron las intenciones del Ejecutivo, señal fundamental para enfrentar los procesos sociales que vendrán.  Procesos que, definitivamente, están anclados en el sentido de responsabilidad territorial local y, también, global.

Fuente:http://www.eldivisadero.cl/redac-49790

Colombia

La minería y las consultas populares

Autor: El Espectador.com

La semana pasada, la Corte Constitucional anunció una sentencia que busca solucionar uno de los principales problemas que ha enfrentado el Estado colombiano en los últimos años. Se trata de las consultas populares como mecanismo para prohibir proyectos de extracción en los territorios.

A la fecha, en el país se han realizado nueve consultas en municipios del Tolima, Casanare, Cundinamarca, Meta, Santander y Sucre. En todas, la pregunta a los pobladores era sencilla: ¿quieren que se realice un determinado proyecto extractivo? En todas, la respuesta contundente fue clara: no. En varias, además, esa decisión de los ciudadanos iba en contravía de contratos firmados entre el Gobierno nacional y multinacionales, que además contaban con autorizaciones por parte de las autoridades ambientales competentes. El resultado de todas, entonces, fue un choque de trenes sin solución aparente.

La Corte Constitucional acaba de entrar en ese debate; curiosamente, es una situación que el mismo tribunal ayudó a crear. En decisión con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, la Corte estableció que las consultas populares no podrán usarse para frenar actividades mineras.

Para el tribunal, los recursos del suelo y el subsuelo pertenecen a la nación, por lo que el Gobierno nacional es el llamado a permitir ese tipo de proyectos extractivos. Este argumento, que fue empleado por la administración de Juan Manuel Santos en respuesta a las consultas y que es compartido por las empresas interesadas en los proyectos, es razonable pues está acorde con la Constitución.

Queda, no obstante, el sinsabor de que las autoridades locales sí están autorizadas para definir el uso del suelo. ¿Cómo, si no es con la consulta, pueden hacer valer ese derecho?

La Corte reconoció ese vacío y por eso señaló que no existen mecanismos de participación ciudadana para manifestar su oposición a este tipo de proyectos. Por eso, exhortó al Congreso para que defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio. ¿Estará el Legislativo a la altura o, como en tantas otras ocasiones, preferirá la inacción?

Aunque la sentencia soluciona una causa de tensión, la realidad es que persiste la frustración en la población. Por ejemplo, las consultas populares en el Sumapaz quedaron en vilo y no debe ignorarse la preocupación de los pobladores. Como dijo Patricia Rodríguez, líder social del Sumapaz: “Nosotros hemos apelado a todos los mecanismos de participación comunitaria, regidos por la Constitución; ya hemos hecho dos consultas populares en la región. Eso es un hecho histórico, porque es la primera vez que dos municipios de una misma región hacen consultas simultáneas. Por ello estamos a la espera de lo que pueda pasar con la decisión de la Corte”.

¿Qué hará el Gobierno nacional para tomar decisiones coordinadas con estas comunidades locales? La solución no puede ser imponer la voluntad a la fuerza, creando sólo más tensiones y quitándoles a las regiones la posibilidad de tomar decisiones sobre su territorio.

Fuente:https://www.elespectador.com/opinion/editorial/la-mineria-y-las-consultas-populares-articulo-818101.

 

Chile

Tribunal Ambiental de Antofagasta aprobó el cierre de Pascua Lama

Autor: ADN Radio.cl
Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

Finalmente, el monitoreo al daño a los glaciares de la zona fue uno de los detonantes de la determinación.

El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta aprobó el cierre definitivo de Pascua Lama, tras la solicitud realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), debido a varias faltas en las que incurrió la empresa, cuyas faenas se ubican en Alto del Carmen y que habrían afectado la condición de los glaciares de la zona, provocando un daño irreparable para el lugar.

Al respecto, el ministro Mauricio Oviedo comentó que «finalmente lo que hace el tribunal en esta sentencia es aprobar la sanción de clausura definitiva, decretada por la SMA».

«La resolución dictada no es impugnable, pero lo que en rigor podría ocurrir es que una vez notificada la determinación se interpongan un recurso de reclamación por parte de la empresa afectada o por las comunidades que no se sostienen, conforme a lo decretado por la SMA», detalló.

Vale decir que la solicitud fue hecha en enero de 2018 por la SMA, la que decretaba 33 sanciones, donde cinco de ellas solicitaban el cierre definitivo, siendo el monitoreo de glaciares la que motivó el cierre de la faena Pascualama.

Fuente:http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/tribunal-ambiental-de-antofagasta-aprobo-el-cierre-de-pascua-lama/20181012/nota/3811438.aspx

 

Mexico

Comunicado REMA. LA MINERÍA CONTAMINA, CORROMPE Y MATA

Autor: Remamx.org

El pasado 7 de octubre, nuevamente ocurrió un derrame minero, esta vez de la presa de jales del proyecto minero “San José”, perteneciente a la empresa minera Cuzcatlán S.A. de C.V, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Este derrame contamina el río del Coyote, principal fuente de recarga del pozo, en el cual se abastece de agua la población del municipio de San José del Progreso, que colinda con el territorio de Magdalena Ocotlán, estado de Oaxaca, además de poner en riesgo a otras 5 comunidades usuarias del mismo río.

Se trata de la misma empresa minera en donde recurrentemente provoca violaciones, trasgresiones y afectaciones a la población de San José del Progreso, mismas que han sido denunciadas desde sus inicios y que, desde entonces, continua operando en total impunidad y acrecentando graves daños ambientales y sociales, corrompiendo a diversas autoridades e incluso imponiendo grupos de paramilitares, que por supuesto han contribuido en los asesinatos de Bernardo Vásquez Sánchez y Bernardo Méndez Vásquez (2012).

Desde la Red Mexicana de Afectad@s por la Minería, nos solidarizamos con la población de las comunidades de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán y el resto de las comunidades afectadas por este siniestro, el cual sin duda, pone en riesgo la vida, destruye los ecosistemás y atenta contra el territorio, mostrando una vez más, la total responsabilidad que tienen las empresas extractivas, así como desnuda y evidencia la complicidad de las autoridades estatales y federales que claramente operan encontra de las comunidades y los ecosistemas, tal como lo muestra la nota de prensa en donde PROFEPA ya ha salido a minimizar o desviar la atención de los daños.

Hacemos nuestras, cada una de las demandas y denuncias que emiten las y los habitantes de Magdalena Ocotlán. Invitamos a toda la población de Oaxaca y de México a visibilizar esta nueva afrenta contra la vida y llevar hasta las ultimas consecuencias la investigacion de este caso para que no quede impune como tantos otros que se han producido en el país, mismos que han sido solapados por la PROFEPA y la SEMARNAT, entre otras instituciones gubernamentales.

Nos sumamos a las exigencias para la cancelacion inmediata del proyecto minero “San José”. A la vez que pronunciamos nuestro repudio para los gobiernos actuales participes de la destrucción del territorio nacional. Al mismo tiempo que al próximo gobierno, le manifestamos que noticias como está, agregadas a la larguisima lista de otros desastres humanos y ambientales generados por las empresas mineras, son las que nos ratifican que los megaproyectos mineros son una terrible amenaza para la vida de los pueblos, además de atentar contra lo más presiado de los territorios de nuestro país y de ninguna manera son progreso y desarrollo.

En consecuencia, reafirmamos nuestra convicción de continuar luchando con todo lo que esté a nuestro alcance en las leyes, haciendo uso de nuestros derechos, ratificando la libre determinación que como pueblos tenemos para definir nuestro destino y no el que quieren ustedes. Todo junto sólo significa una cosa:

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

A t e n t a m e n t e,

 Red Mexicana de Afectad@s por la Minería

Fuente:http://www.remamx.org/2018/10/comunicado-rema-la-mineria-contamina-corrompe-y-mata/

Venezuela

Valentina Quintero reveló los estragos de la minería en el Parque Canaima

Autor: Acukat, Venezuela al día.com

Una de las muchas bondades de Venezuela son sus místicos paisajes naturales, varios de ellos declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por su inigualable belleza y exótica fauna y flora, hoy en día amenazadas por prácticas ilegales y la inacción del gobierno.

Redacción Venezuela al Día

La comunicadora social Valentina Quintero, quien se ha dedicado a mostrar los paisajes de Venezuela por largo tiempo, denunció este lunes los trabajos de minería ilegal que realizan dentro del Parque Nacional Canaima, patrimonio de la humanidad, en un recorrido que efectuó desde un helicóptero.

Quintero levantó su voz a través de su cuenta en instagram, haciendo un llamado al ministro del Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, y el ministro para Ecosocialismo y Aguas, Heryck Rangel, sobre la situación en la que se encuentra el parque y la minería ilegal.

“Ustedes son ministros, son gobierno y les toca hacer cumplir las leyes. Ambos saben que es ilegal la minería dentro del Parque Nacional Canaima. Sacar la minería del Parque Nacional Canaima es su deber, se los exigimos los venezolanos y la humanidad entera”, escribió la periodista.

Además, agregó que esta práctica no se realiza si no hay gasolina y aseguró que el control del combustible lo tienen los militares lo que indica que están implicados en los trabajos de minería.

“Todos sabemos que no hay minería sin combustible. Ustedes saben, igual o mejor que nosotros, que el control de la gasolina lo tienen los militares. No se mueve un litro de gasolina en la frontera sin que un militar lo autorice”, sentenció.

Fuente:http://www.venezuelaaldia.com/2018/10/15/valentina-quintero-revelo-los-estragos-la-mineria-parque-canaima/

Colombia

Ambientalistas señalan que decisión de la Corte es regresiva

Autor: Ibagué El tiempo.com

El ‘No’ a la minería ha ganado en nueve municipios colombianos a través de consultas.

Los ambientalistas del departamento del Tolima se mostraron sorprendidos y hasta ‘preocupados’ luego que la Corte Constitucional resolviera una tutela a favor de la multinacional Mansarovar Energy, la cual pedía se tumbara una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, que permitió que siguiera adelante una consulta popular que terminó frenando la extracción de petróleo en Cumaral.

Robinson Mejía, integrante del Comité Ambiental del municipio de Cajamarca, donde los ciudadanos en marzo de 2017 dijeron no a la minería a través del mecanismo de la consulta popular, afirmó que “la Corte Constitucional ha hecho un proceso de regresión al derecho a la participación de las comunidades en temas minero energéticos ya que quiere restringir las consultas, y eso viola tratados internacionales en materia de derechos”.

Aseguró que la sentencia de la Corte “desconoció sus propias jurisprudencias” y agudiza el conflicto en los territorios con proyectos mineros como el Cajamarca, “porque al quitar la posibilidad de resolver los conflictos de manera democrática, lleva a que los ciudadanos acudan a las vías de hecho”.

Aclaró que la sentencia no tiene incidencia en la consulta de Cajamarca, “pero sí nos pone en alerta porque tras esta decisión van a querer invalidar las demás consultas”.

También considera que la magistrada ponente, Cristina Pardo, “está impedida para tratar el tema” por haber hecho parte del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y “haber promovido decretos que limitaban la consulta popular”.

Luis Carlos Hernández, integrante de la ONG Ecotierra, en Tolima, señaló que “respetamos la sentencia de la Corte Constitucional, pero no la compartimos porque desconoce la soberanía constitucional del pueblo a decidir en las urnas el futuro de su territorio”.

Acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, para buscar que les garanticen el derecho constitucional a gozar de un ambiente sano consagrado en el artículo 79 de la Constitución de 1991.

“Pediremos se dicten medidas cautelares inmediatas en cuanto a la protección de la consultas popular para minería en Colombia”, dijo.

El ambientalista considera que «el país pasó de una Corte liberal, en el sentido del reconocimiento de los derechos fundamentales, a ser una Corte conservadora, pues restringe derechos fundamentales, como pasa ahora con la sentencia de Cumaral, en Meta”.

Aseguró que el Estado es dueño del suelo, y la Nación del subsuelo, “pero los ciudadanos que vivimos en los municipios también somos dueños del subsuelo y, además, tenemos el derecho a decidir sobre el uso de los recursos naturales no renovables, a través del mecanismo de la consulta popular”.

Considera que las consultas en Cajamarca y Piedras no se verán afectadas por esta sentencia pues no es retroactiva y, según él, fueron realizadas ajustadas a la Constitución y las leyes 134 de 1994 y 1757 del 2015 que reglamentaron los mecanismos de participación ciudadana.

Recordó que el No a la minería ha ganado en 9 consultas realizadas en Piedras y Cajamarca (Tolima), Tauramena (Casanare), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Pijao (Quindío), además de Sucre y Jesús María (Santander).

También señaló que el domingo 21 están programadas consultas mineras en Fusagasugá y San Bernardo, en Cundinamarca.

Fuente:https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/ambientalistas-hablan-sobre-decision-de-la-corte-sobre-consultas-mineras-280184

Mexico

“No queremos impuestos de las mineras, queremos que se vayan de Morelos”

Autor: Remamx.org

Un grupo de representantes de varias comunidades del Estado de Morelos se pronunciaron este jueves porque el Gobierno Federal, que encabezará Andrés Manuel López Obrador, cancele todo los proyectos de minería en la entidad.

Roberto Solís Pineda, uno de los líderes civiles aseguró que estos proyectos generan un grave daño al medio ambiente y a las comunidades, por lo que el Pueblo no quiere el dinero de los impuestos de las mineras, como lo propuso el presidente electo durante su última visita a Morelos.

Reproductor del video:

VIDEO EN: HTTPS://WWW.24MORELOS.COM/NO-QUEREMOS-IMPUESTOS-DE-LAS-MINERAS-QUEREMOS-QUE-SE-VAYAN-DE-MORELOS/

Fuente:http://www.remamx.org/2018/10/no-queremos-impuestos-de-las-mineras-queremos-que-se-vayan-de-morelos/

Latinoamerica

China: Informe revela patrón de violaciones de los derechos humanos y ambientales de empresas chinas en América Latina

Autor: Red Muqui.org

Ginebra, En un nuevo informe publicado hoy, por la Federación Internacional de Derechos Humanos FIDH sus organizaciones miembro y el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente- CICDHA, revelan un patrón de violaciones de derechos humanos y ambientales cometidas por empresas chinas en Latinoamérica.

El informe presenta estudios de casos de 18 proyectos, implementados por 15 consorcios chinos, formados por empresas privadas y/o estatales y por lo menos 6 bancos chinos, en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú. El informe concluye que las violaciones de los derechos humanos y ambientales no son incidentes aislados, y revelan un patrón recurrente de comportamiento marcado por una falta de respeto por los derechos fundamentales y los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos internacionalmente, así como por la impunidad de estas violaciones. En particular muestra que las empresas chinas se han involucrado de manera continua y deliberada en comportamientos que violan el derecho a la tierra, al territorio y a una vivienda adecuada; el derecho a vivir en un entorno saludable; el derecho a la libertad y la seguridad y los derechos de consulta y participación y que las autoridades chinas no han examinado con la debida diligencia los impactos de estos proyectos en derechos humanos. Finalmente, el informe también recuerda que el gobierno chino no ha adoptado e implementado medidas efectivas para cumplir con las obligaciones extraterritoriales de China en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Además, China ha reconocido internamente las obligaciones extraterritoriales de sus empresas, de respetar las leyes de los países anfitriones y las recomendaciones de las Naciones Unidas (ONU) en un documento de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China (CNDR) y del Ministerio de Comercio en las Opiniones Guía para el Fortalecimiento de la Construcción de un Sistema de Crédito en el Campo de la Cooperación Económica en el Extranjero en donde señala que las entidades y personas chinas que participan en cooperación económica en el extranjero deben respetar las leyes del país anfitrión, las resoluciones de la ONU, y proteger la buena imagen de China.

A la luz de los hallazgos del informe, la FIDH, sus ligas y el CICDHA instan al gobierno chino a trabajar en cooperación con los organismos de derechos humanos e integrar los instrumentos de derechos humanos en sus políticas y proyectos de inversión en la región de ALC. La FIDH y el CICDHA también le piden al gobierno chino que ratifique el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y que respete sus obligaciones extraterritoriales relacionadas con los derechos humanos y ambientales. También la FIDH y el CICDHA le urge a China que renuncie a proyectos existentes en territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y se comprometa a no participar en ninguno otro proyecto en esos territorios.

Las autoridades chinas también deben realizar una evaluación comprehensiva y participativa de los proyectos donde intervienen bancos y empresas chinas en Argentina, Brazil, Bolivia, Ecuador y Perú en cuanto al cumplimiento de instrumentos internacionales de derechos humanos y de normas ambientales y suspender los proyectos que no cumplan con estas normas internacionales.

El 13 de junio de 2014, en sus Observaciones finales sobre la revisión del segundo informe periódico nacional de China en el marco del PIDESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) instó al gobierno chino a: adoptar un enfoque basado en los derechos humanos en el ámbito internacional de sus políticas de cooperación; implementar evaluaciones de impacto y mecanismos de monitoreo; establecer vías para informar y remediar las violaciones; y adoptar medidas legislativas y administrativas para garantizar la responsabilidad legal de las empresas y sus filiales que violan los derechos humanos de forma extraterritorial. 

La FIDH y CICDHA piden a los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) que realicen un evaluación completa, detallada y profunda acerca de las obligaciones extraterritoriales de China durante el tercer Examen Periódico Universal (EPU) del próximo 6 de noviembre. En particular, los Estados miembros de la ONU deberían preguntar si China ha tomado medidas específicas para implementar las recomendaciones del CESCR, ya que el patrón de violaciones documentado por el informe FIDH / CICDHA presenta evidencia de que las violaciones persisten.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/800-china-informe-revela-patron-de-violaciones-de-los-derechos-humanos-y-ambientales-de-empresas-chinas-en-america-latina