Informe balance concluye en que la consulta previa en el Perú ha sido desnaturalizada y vaciada de contenido. En su implementación se le quitaron los dientes. Se ha convertido en un mero trámite. En un requisito burocrático, en parte de la tramitología que debe observarse para impulsar proyectos extractivos o de infraestructura pública. En definitiva, la consulta se ha convertido en una cascara vacía, sin capacidad de cumplir con los objetivos que impulsaron su reconocimiento y aprobación.
Contundente. La consulta previa en el Perú se ha convertido en una cáscara vacía, en un mero trámite burocrático que deben cumplir los proyectos extractivos o de infraestructura pública para su implementación.
A tales conclusiones arribaron dos abogados expertos en derechos indígenas luego de analizar las actas de los 24 procesos de consulta en materia de minería e hidrocarburos, los cuales han contado con el aval del Viceministerio de Interculturalidad.
Juan Carlos Ruiz Molleda del Instituto de Defensa Legal (IDL) y Julio César Mejía Tapia de IDECA-Perú son los autores del estudio que desmenuza la naturaleza de los procesos de consulta implementados en el país.
Entre los hallazgos concluyentes del estudio destaca que la consulta en el Perú ha rebajado los estándares internacionales de este derecho y el Estado peruano no tiene una real voluntad de recoger la opinión y las preocupaciones de los pueblos indígenas.
A ello se agrega que predomina el afán por cumplir con un requisito burocrático, por lo que no se percibe interés de efectuar un diálogo legítimo, «sino la imposición del lado más fuerte, que es el Estado frente a comunidades pequeñas».
Por ese motivo las consultas han sido «culturalmente inadecuadas» y se desarrollaron de forma asimétrica, sin información idónea, con poco tiempo para la discusión interna y sin acuerdos sobre las necesidades básicas.
De esta manera resulta que los acuerdos no respetan los derechos de los pueblos indígenas. De los 24 procesos finalizados analizados, sólo en un proceso se llega a un verdadero acuerdo sobre el derecho a compartir beneficios de las actividades que se consultaron.
A continuación el balance elaborado por Ruiz Molleda y Mejía Tapia:
Balance de los procesos de consulta en minería y petróleo en el Perú: De un mecanismo para armonizar y compatibilizar intereses a un “mero trámite” burocrático(1).
Por Juan Carlos Ruiz Molleda de IDL y Julio César Mejía Tapia de IDECA – Perú*
7 de noviembre, 2018.- La consulta previa es un derecho que tiene como finalidad promover el diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado, con el objetivo no solo de generar espacios de participación de los pueblos indígenas en las decisiones del Estado, sino, sobre todo, un diálogo fructífero que permita armonizar y compatibilizar, de un lado los derechos de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente, y de otro lado, las políticas energéticas o de infraestructura impulsadas por el Estado y las actividades extractivas de empresas privadas.
No obstante, en la realidad, esto no ha ocurrido. La consulta se ha convertido en el Perú en un trámite burocrático formal, donde los pueblos indígenas se ven compelidos a dialogar, sin asesoría y apoyo técnico, sin información sustancial, veraz y objetiva sobre los impactos de las medidas que se proponen, en plazos muy cortos de tiempo. Es evidente que esta ausencia de condiciones de diálogo convierte a estos procesos en monólogos del Estado, que esconden la imposición del Estado de proyectos extractivos o de infraestructura sobre pueblos indígenas, en contextos de evidente e inocultable asimetría(4).
La conclusión a la que hemos arribado es que la consulta previa ha sido desnaturalizada, ha sido vaciada de contenido. En su implementación se le quitaron los dientes. Se ha convertido en un mero trámite. En un requisito burocrático, en parte de la tramitología que debe observarse para impulsar proyectos extractivos o de infraestructura pública. En definitiva, la consulta se ha convertido en una cascara vacía, sin capacidad de cumplir con los objetivos que impulsaron su reconocimiento y aprobación.
I. ¿Cómo diferenciar una consulta en serio de una consulta bamba?
A continuación, analizamos 24 procesos de consulta previa finalizados para actividades extractivas petroleras y mineras, a partir de ocho criterios, los cuales, consideramos recogen los principales estándares establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos. Son, en definitiva, requisitos mínimos que deberían tener las consultas previas en serio.
Solo analizamos la consulta de actividades extractivas petroleras y mineras, pues consideramos que son las que más impacto generan sobre los territorios de los pueblos indígenas, afectando sus derechos y muchas veces poniendo en peligro su subsistencia, cuando se afectan los recursos naturales de estos.
1. Asesoría técnica independiente. ¿Los pueblos consultados contaron con asesoría técnica independiente?
2. Participación de organizaciones indígenas representativas. ¿Participaron las instituciones representativas y/o alguna organización indígena?
3. Acompañamiento por organizaciones de la sociedad civil. ¿Contaron con la participación y el apoyo de organizaciones de la sociedad civil?
4. Acceso a información suficiente sobre impactos. ¿Contaron con información suficiente, accesible y oportuna durante el proceso de consulta? ¿Qué información se les entregó? ¿Cuántos talleres informativos se realizaron con las comunidades directamente afectadas con las medidas consultadas?
5. Evaluación interna. ¿Tuvieron la oportunidad los afectados de realizar una evaluación interna, sin la intervención del Estado y de la empresa involucrada?
6. Espacio de dialogo. ¿Se llegó a la etapa de diálogo o se aplicó el artículo 19.3 del reglamento de la Ley de consulta? ¿Cuánto tiempo duró el proceso de diálogo?
7. Beneficios para los pueblos indígenas afectados. ¿Se acordó en el acta de consulta previa el derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de las actividades extractivas en sus territorios?
8. Contenido mínimo de las actas de consulta. ¿Las actas de consulta previa cumplen con los requisitos mínimos para adoptar acuerdos entre el Estado y los pueblos consultados?
II. Evaluación de los procesos de consulta previa
A continuación, desarrollaremos este examen con el apoyo de cuadros sobre la base de las actas que están en la página web del Viceministerio de Interculturalidad. En el cuadro N° 1 respondemos las interrogantes del 1 al 5 y en el cuadro N° 2, las interrogantes 6,7 y 8.
III. Hallazgos encontrados
1. Asesoría técnica independiente
De los 24 procesos en análisis, nueve (9) de estos procesos contaron con asesores, especialmente en el caso de lotes petroleros. Sin embargo, solo algunas comunidades involucradas accedieron a la asesoría.
2. Participación de organizaciones indígenas
Muchas de estas organizaciones “representativas” se crearon ocasionalmente, como el caso de la consulta para el Lote 192. Estas organizaciones, sin embargo, no participaron en todas las etapas del proceso de consulta previa.
3. Participación de organizaciones de la sociedad civil
En la mayoría de los casos de consultas para lotes participó la Defensoría del Pueblo, en calidad de observador. Solo en tres (3) consultas participó la cooperación alemana GIZ, como observadora. Para la consulta en minería, ningún proceso contó con asesores, organizaciones indígenas y mucho menos con organizaciones de derechos humanos. En suma, en todos los procesos, las comunidades se encontraron frente a todo el aparato estatal, verificándose así la asimetría entre las partes en perjuicio para los pueblos indígenas.
4. Acceso a información oportuna y suficiente
De los 24 procesos de consulta previa que analizamos, ningún pueblo indígena obtuvo la información conforme a los estándares, lo que ha ocasionado que los pueblos consultados arriben a decisiones apresuradas y por desconocimiento, lo que convierte en los hechos a la consulta en un “mero trámite”. Señalamos en la mayoría de casos la falta de información idónea. En definitiva, en estos procesos se incumple con la garantía de otorgar información plena, puesto que la información no tuvo como objetivo dar a conocer la naturaleza y envergadura de cada proyecto, la delimitación de las zonas afectadas conforme a los territorios indígenas donde estarán ubicados estos proyectos y la duración de los mismos. Sin información adecuada, se obliga a las comunidades a decidir, prescindiendo de la etapa de diálogo, como sucede en la mayoría de las consultas para actividades mineras. En las consultas para actividades extractivas, se puede constatar la falta de voluntad estatal de poner en conocimiento de los pueblos los efectos que traen consigo estas actividades.
5. Evaluación interna
En la etapa de evaluación interna, la consulta del Lote 169 duró 14 días, las demás duraron dos (2), y en el caso de minería solo un (1) día. La consulta se realiza en plazos muy ajustados, desconociendo el principio de flexibilidad. El TC señala en la sentencia N° 0022-2009-PI/TC (FJ 31, 32) que, debido a la diversidad de los pueblos indígenas existentes y la diversidad de sus costumbres, inclusive entre unos y otros, es importante que en el proceso de consulta sean tomadas en cuenta estas diferencias. De igual forma, y como ya se ha indicado, las medidas a consultar tienen diversos alcances, siendo por ello pertinente ajustar a cada proceso de consulta el tipo de medida, sea administrativa o legislativa, que se pretende consultar. Es por ello que en el artículo 6 del Convenio se establece que las consultas deben ser llevadas a cabo de una “manera apropiada a las circunstancias”. No puede ser posible que todas las consultas tengan la misma intensidad de afectación y que todos los pueblos consultados sean homogéneos.
6. Etapa del diálogo
En la mayoría de las consultas en el caso de hidrocarburos se realizó la etapa de diálogo. La consulta del Lote 169 duró ocho (8) días, y las demás fluctúan entre 2 a 3 días, lo que significa que para hidrocarburos sí hubo diálogo, aunque por escaso tiempo. En minería hubo un retroceso notable, pues solo en dos (2) procesos dialogaron. En otros casos, como la consulta del proyecto Anama y Apumayo I, los pueblos originarios rechazaron la medida administrativa consultada. En otras, como por ejemplo en Llactín, no asistieron, y el resto de los procesos finalizaron en la evaluación interna, en aplicación del artículo 19 del Decreto Supremo N° 001-2012-MC, Reglamento de la Ley de Consulta Previa. Lo que significa que para la minería no hubo diálogo. En los procesos de consulta previa que examinamos, prescinde de temas fundamentales para los pueblos consultados, como lo son sus necesidades básicas, denominándolos como puntos de diálogo que no tienen nada que ver con la medida consultada, es decir los intereses de los pueblos no es materia de la consulta.
7. Sobre el derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de las actividades en su territorio(32)
De los 24 procesos finalizados analizados, sólo en un proceso se llega a un verdadero acuerdo sobre este derecho – nos referimos al proceso de consulta del lote 192. Fuera de este caso donde se logra un beneficio porque lo exigieron las comunidades, en ningún proceso de consulta previa se ha respetado este derecho. En el caso del Lote 195, si bien se hace mención expresa del derecho a compartir los beneficios, se acordó que dicho pedio se trasladaría a la PCM y al Ministerio de Economía. Para las consultas de los Lotes 164, 175, 191 y 165, el acuerdo fue recibir directamente el “canon petrolero”. Dicho pedido se trasladaría al ejecutivo. Finalmente, en el caso de las consultas para minería, no se registró ningún acuerdo sobre el derecho a compartir beneficios. Lo que nos permite concluir que las comunidades consultadas no reciben beneficios de las actividades extractivas en sus territorios.
IV. Algunas preguntas
1. ¿Puede haber consulta previa sin información objetiva, suficiente y veraz?
Este es uno de los principales hallazgos del análisis de los procesos de consulta previa en materia de minería y petróleo. Se obliga a los pueblos indígenas a decidir y a pronunciarse sobre proyectos extractivos que nunca conocen. En otras palabras, estas siendo obligados a decidir ciegamente, en clara violación del principio de buena fe, principio sustantivo de los procesos de consulta previa, como lo ha señalado el TC en el fundamento 27 de la STC No 00022-2009-PI.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha señalado que el Estado debe asegurarse de que los pueblos “tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluido los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con conocimiento y de forma voluntaria”[33]. Según el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas(34), la información que debe entregárseles a las comunidades consultadas debe versar sobre:
“a. La naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o actividad propuesto; b. Las razones o el objeto del proyecto y/o actividad; c. La duración del proyecto y/o actividad; d. Los lugares de las zonas que se verán afectados; e. Una evaluación preliminar del probable impacto económico, social, cultural y ambiental, incluido los posibles riesgos y una distribución de beneficios justa y equitativa en un contexto que respete el principio de precaución; f. El personal que probablemente intervenga en la ejecución del proyecto propuesto (incluidos los pueblos indígenas, el personal del sector privado, instituciones de investigación, empleados gubernamentales y demás personas); y g. Procedimientos que puede entrañar el proyecto”(35).
2. ¿Puede haber consulta previa si el EIA, donde se debe identificar los impactos ambientales, es realizado por empresas que carecen de independencia?
Pero, además, ¿puede haber consulta previa, si la única información de que disponen los pueblos originarios está contenida en un EIA, elaborado por una consultora ambiental que carece de independencia e imparcialidad en relación con la empresa minera o petrolera? Es decir, estamos ante un EIA pagado por la misma empresa extractiva. Todo esto no hace otra cosa que poner en cuestión la veracidad y la objetividad de la información que contienen ellas.
Esta realidad resulta incompatible con la regla de la Corte IDH que exige que la consultora que elaborará el EIA sea independiente y técnicamente capaz. La consultora que elaborará los EIA de los proyectos extractivos debe ser independiente, como lo exige la Corte IDH. Esto no ocurre en el Perú, pues los EIA son elaborados por consultoras pagadas por las empresas extractivas. Esto se aprecia si se revisa el artículo 10.2 de la Ley 27446.
“Artículo 10º.- Contenido de los Estudios de Impacto Ambiental
(…)
10.2 El estudio de impacto ambiental deberá ser elaborado por entidades autorizadas que cuenten con equipos de profesionales de diferentes especialidades con experiencia en aspectos de manejo ambiental, cuya elección es de exclusiva responsabilidad del titular o proponente de la acción, quien asumirá el costo de su elaboración y tramitación”.
No puede haber una independencia si la elaboración de los EIA lo hacen consultoras pagadas por las mismas empresas extractivas. Según la Corte IDH, el Estado debe “garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio de una comunidad indígena a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental”. (Corte IDH, Caso Sarayacu, párr. 205). En relación con la independencia de la consultora que elabora el EIA, la Corte IDH cuestiona que el EIA “fue realizado por una entidad privada subcontratada por la empresa petrolera, sin que conste que el mismo fue sometido a un control estricto posterior por parte de órganos estatales de fiscalización”. (Corte IDH, Caso Sarayacu, párr. 207). En nuestro país, quien paga el EIA es la empresa minera o petrolera interesada. Con esas condiciones no podemos contar con EIA que contengan información objetiva independiente e imparcial(36).
3. ¿Cuál es el contenido básico que deben tener los acuerdos en los procesos de consulta?
Si se revisa el párrafo 54 y el 72 del informe “La situación de los derechos de los pueblos indígenas en Perú, en relación con las industrias extractivas”, elaborado por el ex Relator de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, se podrá encontrar cuál debería ser el contenido de los acuerdos en los procesos de consulta, a propósito del proceso de consulta previa del Lote 169 realizado por el Gobierno(37).
“Existen elementos positivos dentro del procedimiento de consulta relacionado con el Lote 169, incluyendo el desarrollo conjunto de un plan y metodología de consulta. Sin embargo, en juicio del Relator Especial, los acuerdos alcanzados son inadecuados por varias razones. No contienen los elementos esenciales para ser considerados como acuerdos equitativos centrados en los derechos de los pueblos indígenas, tales como la mitigación de los impactos y la participación efectiva de los pueblos indígenas en el desarrollo del proyecto y en los beneficios que eventualmente genere (…). Tampoco queda garantizado que las comunidades afectadas puedan revisar o participar en la negociación del acuerdo a firmarse entre el Gobierno y la contratista para la explotación y exploración de petróleo o gas, aunque fue una preocupación identificada por los representantes indígenas. En este sentido, sólo se acordó que ‘Perupetro brindará información periódica (cada 4 meses) sobre las actividades que se realicen como parte de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos’. Además, los acuerdos logrados no parecen ofrecer una protección adecuada a los derechos sustantivos de las comunidades indígenas afectadas, especialmente durante la futura explotación de hidrocarburos en el lote”. (Párrafo 51) (Subrayado y resaltado nuestro)
Añadiendo el Relator que se debe: “asegurar que los acuerdos derivados de la consulta sean justos y encaminados a promover el goce de los pueblos indígenas de sus derechos fundamentales. Los acuerdos deberían incluir, entre otras, disposiciones sobre medidas de salvaguarda y mitigación, compensaciones, la participación en beneficios y mecanismos para la resolución de disputas”. (Párrafo 72) (Resaltado nuestro)
De la lectura de ambos textos podemos concluir que los temas que no pueden faltar en un acuerdo de un proceso de consulta previa a organizaciones indígenas es:
1. Mitigación de los impactos de la actividad extractiva;
2. Participación efectiva de los pueblos indígenas en el desarrollo del proyecto;
3. Participación efectiva en los beneficios que eventualmente genere;
4. Garantizar que las comunidades afectadas puedan revisar o participar en la negociación del acuerdo a firmarse entre el Gobierno y la contratista para la explotación y exploración de petróleo o gas;
5. Garantizar una protección adecuada a los derechos sustantivos de las comunidades indígenas afectadas, especialmente durante la futura explotación de hidrocarburos en el lote;
6. Mecanismos para la resolución de las disputas;
7. Compensación de los daños.
Salvo en el caso de beneficios para el lote 192, y más allá de algún ofrecimiento retorico, las actas de consulta no contienen el mínimo de información que deben tener las actas de consulta, a juicio del ex Relator de las Naciones Unidas.
V. Conclusión general
Luego de analizar las actas de los 24 procesos de consulta en materia de minería e hidrocarburos, los cuales han contado con el aval del Viceministerio de Interculturalidad, podemos concluir que:
- En 9 de los 24 procesos de consulta, los pueblos indígenas contaron con asesores.
- En la mayoría de las consultas no participaron las organizaciones indígenas.
- Las organizaciones de la sociedad civil -organizaciones de derechos humanos- no han participado en estos procesos.
- Las comunidades fueron obligadas a decidir sin contar con información suficiente, objetiva y veraz sobre el impacto de los proyectos en sus territorios.
- En la gran mayoría de los casos, las comunidades contaron con plazos muy ajustados, a pesar de la diversidad de los pueblos y de las medidas a consultarse. En minería hubo un retroceso notable, pues de 12 procesos solo en 2 hubo diálogo, la mayoría de consultas en minería concluyeron en la etapa de la evaluación interna.
- Las consultas llevadas para minería e hidrocarburos no son culturalmente adecuadas. Esto se puede visualizar en la información entregada (se entregó mucha información en castellano, sin ser procesada, altamente técnica y varios casos se suministró presentaciones de powerpoint). Asimismo, en la mayoría de consultas, la etapa de dialogo se realizaron fueron de las comunidades, en hoteles.
- De los 24 procesos finalizados analizados, sólo en un proceso se llega a un verdadero acuerdo sobre el derecho a compartir beneficios de las actividades que se consultaron.
A partir de esta información podemos deducir lo siguiente:
- En los hechos, los procesos de consulta se han convertido en “un mero trámite”.
- Se han rebajado los estándares internacionales.
- No hay voluntad de parte del Estado de realmente recoger la opinión y las preocupaciones de los pueblos indígenas, sino de cumplir con un requisito burocrático.
- Se han realizado consultas culturalmente inadecuadas.
- No se constata un diálogo legítimo, sino la imposición del lado más fuerte, que es el Estado frente a comunidades pequeñas.
- Las consultas fueron desarrolladas en asimetría, sin información idónea, con poco tiempo para discusión interna y sin llegar a acuerdos sobre las necesidades básicas que los pueblos indígenas históricamente han reclamado, por ello las consultas fueron un” mero trámite”.
- Los acuerdos no respetan los derechos de los pueblos indígenas.
- Al momento de la implementación de la consulta previa, se ha vaciado de contenido este derecho.
Notas:
(1) Ver: Problemas Jurídicos en la Implementación de la Consulta Previa en el Perú: o los «Pretextos Jurídicos» del Gobierno para Incumplirla. Disponible en http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/… y, La implementación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Una mirada constitucional, disponible en: https://www.idl.org.pe/sites/default/files/publicaciones/pdfs/JC_Implement%20consulta_mirada%20constituc_IDL2011.pdf
(2) Abogado por la PUCP, coordinador del área de litigo constitucional y pueblos indígenas del IDL.
(3) Investigador en derechos fundamentales, integrante del área legal de IDECA-Perú. (Instituto de Estudios de las Culturas Andinas).
(4) Ver más en: https://consultape.com/2018/02/26/detras-de-una-consulta-no-hay-un-dialogo-legitimo-sino-la-imposicion-del-lado-mas-fuerte/
(5) Ver acta de consulta previa en: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2014/09/ACTA-DE-…
(6) Ver acta de consulta previa en: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2014/11/ACTA-DE-…
(7) Ver acta de consulta previa en: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2014/10/ACTA-DE-…
(8) Ver acta de consulta previa en: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2014/10/ACTA-DE-….
(9) Ver acta de consulta previa en: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2014/09/Acta-Di-….
(10) Ver acta de consulta previa en: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2015/07/Acta-de-….
(11) Lote 192: La desnaturalización de la finalidad de la consulta previa, Juan Carlos Ruiz Molleda, disponible en: https://www.servindi.org/actualidad/138753
(12) Ver acta de consulta previa en: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2015/02/Acta-de-…
(13) Ver acta de consulta previa en: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2015/02/ACTA-DE-….
(14) Ver acta de consulta previa en: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2015/02/Acta-de-….
(15) Ver acta de consulta previa en: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2015/02/Acta-de-…
(16) Ver acta de consulta previa en: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2015/02/Acta-de-….
(17) Ver acta de consulta previa en: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2015/09/Acta-de-….
(18) Ver acta de consulta previa en: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2015/11/Acta-de-… .
(19) Ver acta de consulta previa en: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2016/01/Acta-de-….
(20) Ver acta de consulta previa en: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2016/05/Acta-de-….
(21) No se llevó a cabo ni la etapa de evaluación interna ni la de diálogo. El MINEM como entidad promotora del proyecto minero “Anama” ha dado por concluido el proceso de consulta previa. Aún a la espera de la decisión final.
(22) La comunidad campesina de Llacllín no participó. La comunidad campesina de Huacyon señaló en la etapa de evaluación interna, a través del acta del 25 de setiembre de 2016, estar de acuerdo con la medida propuesta por la entidad promotora. El acta de evaluación interna debe considerarse como acta de consulta, disponible en: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2016/09/2-Acta-d…
(23) No llegaron a acuerdos con las comunidades. La comunidad campesina de Paras decidió no continuar el proceso de consulta previa y la comunidad de Chaviñas señalo que no está de acuerdo con la actividad minera. Acta de consulta disponible en: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2016/09/Acta-de-…
(24) La comunidad campesina de Para desistió de participar en el proceso de consulta previa, la comunidad campesina de Sancos decidió en la etapa de evaluación interna estar de acuerdo con la medida propuesta por la entidad promotora y, de esa manera, con el inicio de actividades del proyecto de explotación Apumayo. Ver Acta en: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2016/09/Evaluaci…
(25) La comunidad campesina de Sauricay señaló que el Acta de Asamblea General Extraordinaria (celebrada el 20 de diciembre de 2016) sea considerada como Acta de Consulta Previa. Disponible en: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2016/11/Puquiopa…
(26) Ver acta de consulta previa en: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2016/11/Acta-de-…
(27) La comunidad campesina de Cajamarca señaló que el Acta de Asamblea General Extraordinaria (celebrada el 10 de junio de 2017) sea considerada como Acta de Consulta Previa. Disponible en: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2017/06/Panter–…
(28) La comunidad campesina de Orcopampa manifestó encontrarse informada sobre la medida administrativa consultada. Con ello, el Ministerio de Energía y Minas da por concluido este proceso de consulta previa, según lo establecido en el artículo 19.4 del Decreto Supremo N° 001-2012-MC, Reglamento de la Ley de Consulta Previa. Ver acta de evaluación interna en:
http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2018/04/Acta-de-…
(29)Las comunidades campesinas de Chacaconiza y Quelcaya señalaron, que el Acta de Asamblea General Extraordinaria (celebrada el 10 de junio de 2017) sea considerada como Acta de Consulta Previa. Con ello, el Ministerio de Energía y Minas da por concluido este proceso de consulta previa. Ver Actas en:
http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2018/04/1ACTA-DE…
http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2018/04/1ACTA-DE…
(30) Ver: http://unsr.jamesanaya.org/special-reports/la-situacion-de-los-derechos-….
(31) Ver más aquí: https://www.servindi.org/actualidad/139591
(32) Minem y Mincu violan sistemáticamente el derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de las actividades extractivas en sus territorios. Disponible en: https://www.servindi.org/actualidad-opinion/28/07/2018/comunidades-no-se…
(33) Ibídem, Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007, párr. 133.
(34) “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo, párrafo 199.
(35) Véase: Extracto del Informe del Seminario Internacional sobre metodologías relativas al consentimiento
libre, previo e informado y los pueblos indígenas (E/C.19/2005/3), aprobado por el UNPFFII (Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas) en su Cuarta Sesión en
2005. Citado en: Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Directrices sobre los asuntos de los pueblos indígenas. Febrero 2008, p. 32.
(36) Ver nuestro artículo “Razones para declarar inconstitucional la forma de aprobación de los EIA en el Perú” disponible en http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=710.
(37) Ver: La situación de los derechos de los pueblos indígenas en Perú, en relación con las industrias extractivas. Disponible: http://unsr.jamesanaya.org/special-reports/la-situacion-de-los-derechos-…
El 5 de noviembre de 2018 se cumplieron 3 años de la rotura del dique de la mina brasileña Samarco, propiedad de las empresas mineras Vale y australiana BHP Billinton, una de las más grandes catástrofes ambientales de todo nuestro continente en donde una avalancha de 650 kilómetros de barro y residuos tóxicos dejaron a su paso 20 personas muertas y la destrucción de más de 400 familias que 3 años más tarde siguen enfermos y desalojados en la más absoluta impunidad.
En el marco del debate instalado a nivel provincial hubo un cruce de posturas a favor y en contra de la minería en las barras ubicadas a los costados del recinto legislativo. El hecho fue antes de la sesión prevista para este jueves. Mientras que desde un lado reclamaban por “trabajo”, desde el otro llegaban críticas hacia la actividad.
Faltando muy poco para que la discusión por la reforma de la Ley 7.722 llegue al recinto -se estima que será a mediados de este mes- las Asambleas por el Agua Pura de toda la provincia refutaron los proyectos de los senadores Alejandro Abraham y Juan Agulles para habilitar la minería metalífera.
A pesar de ser rechazada por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), por la comunidad local y organizaciones sociales, el proyecto minero Pascua Lama que intenta extraer oro debajo de los glaciares andinos, sigue presionando para poder operar en Chile.
De poseedora de un territorio ancestral a ser considerada objetivo militar. La activista afrocolombiana Francia Márquez (Suárez, Colombia, 1981) nunca imaginó que defender el río en el que pescaba de pequeña le obligaría a huir de su casa para no volver nunca más. “En Colombia defender el territorio se paga con la vida”, señala a su paso por Bilbao dentro de una gira por toda Europa como referente internacional. En abril, recibió el 
Según las estadísticas del Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) indican que existen 635.802 hectáreas entregadas a la minería en la actualidad y que son miles las concesiones mineras que están entregadas a un grupo reducido de particulares, que no buscan explotar esos derechos, sino que transarlos a otros interesados.
Miembros del movimiento Unidad Popular (UP), antes Movimiento Popular Democrático (MPD), ayer entregaron en la Gobernación del Azuay un pedido de consulta popular sobre la minería en la provincia de Azuay.