Argentina

El gobierno de Jujuy lanzó la licitación de áreas potencialmente productoras de litio

El gobierno de Jujuy abrió una licitación para la prospección geológica, exploración y factibilización de áreas exclusivas ubicadas en Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama, con el fin de «incrementar la producción de litio en la provincia», informaron desde Jujuy Energía y Minería S.E. (Jemse).

«Se busca incrementar la producción de litio en la provincia», aseguró hoy a Télam el titular de Jemse, Carlos Oehler, tras lanzar la convocatoria a concurso realizado a través de esa empresa estatal.

«Tener hecha una evaluación sobre los yacimientos permitirá saber efectivamente si pueden transformarse en áreas productoras. De concretarse, posicionaría a esta provincia en un lugar privilegiado a nivel nacional», afirmó.

Se trata de un proyecto minero que abarca zonas exclusivas de interés de Jemse, ubicadas en Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama, de «35.000 hectáreas en total», destacó el directivo.

«Necesitamos empresas que estén interesadas en hacer las inversiones», indicó y agregó que «hay indicios de que son yacimientos que tienen una alta potencialidad para la producción, en cambio no hay estudios técnicos que le den sustento a una factibilización».

Añadió que hasta el momento tres empresas han realizado las consultas sobre el proyecto pero «hay otras más también están interesadas».

En los pliegos -que se van a licitar a partir del 14 de enero hasta el 25- Jemse estableció una serie de condicionantes entre los que figura que «Jujuy exige una relación altamente respetuosa con las comunidades originarias, y las empresas deben tener la predisposición de integrarlos en el proyecto desde el inicio».

Otro es que cumplan «con toda la normativa ambiental exigible para las actividades mineras».

Por otro lado, le pidió a los oferentes que «propongan la participación del gobierno a través de Jemse en el negocio de la explotación de litio que puede ser a través de una participación societaria, mediante regalías móviles».

«Cuando realicen la oferta, las empresas deberán proponer la forma de mejorar la participación del gobierno de Jujuy en un eventual proceso de explotación de carbonato de litio», explicó.

En Jujuy se viene desarrollando el proyecto de Olaróz (con la empresa Sales de Jujuy), donde se plantea la ampliación de la planta para llevar en su última etapa una producción de 80.000 toneladas anuales de carbonato de litio, actualmente se produce allí, alrededor de 15.000 toneladas.

También en el salar Cauchari, EXAR procura instalar una planta de 25.000 toneladas una vez finalizada la inversión en la planta productora de carbonato de litio; y el proyecto de South American Salars S.A. también en Cauchari, donde se estima que la potencialidad de dicho yacimiento, puede producir unas 20.000 toneladas de carbonato de litio, según informó Jemse.

 

Fuente:https://www.grupolaprovincia.com/economia/el-gobierno-de-jujuy-lanzo-la-licitacion-de-areas-potencialmente-productoras-de-litio-206563

Costa Rica

PLN difunde estudio que propone revivir la minería a cielo abierto

La diputada María José Corrales señaló que es un asunto en estudio a lo interno de la bancada; sin embargo, el jefe Carlos Ricardo Benavides se apartó de la materia y afirmó que no existe una posición oficial al respecto.

a fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) difundió la tarde de este lunes —a través de su equipo de asesores— un estudio realizado por seis profesores, consultores y estudiantes en el que se propone como una recomendación “urgente” que se derogue la Ley 8.904 “para declarar a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto”, y reemplazarla por “una nueva ley con una estructura altamente técnica que permita desarrollar una industria mineral responsable”.

El estudio —titulado Contaminación con mercurio y drenaje ácido causada por la minería ilegal en Crucitas— es firmado por varios especialistas y recoge varios hallazgos del reciente estudio realizado por el Minae sobre la dispersión de mercurio que amenaza los ecosistemas de la zona; sin embargo, añade la polémica recomendación en su última página.

Consultada sobre este tema, la diputada sancarleña del PLN, María José Corrales, una de las más interesadas en el tema de la minería ilegal en su cantón, comentó que se trata de un estudio que van a revisar “con más claridad y más pausadamente”; sin embargo, sí aceptó que una idea que analizan posible es abrir las puertas para “explotar” los recursos naturales que tiene el país, si es “ambientalmente viable”.

“Somos conscientes de que nuestro país tiene recursos naturales que se pueden explotar siempre y cuando sea de una manera ambientalmente viable. Tenemos que buscar ese equilibrio y justamente eso es lo que estamos empezando a investigar y redactar, buscando la manera más confiable para que nuestro medio ambiente no se vea socavado de una manera ambiental como se está viendo actualmente por la actividad minera”, apuntó, no sin antes añadir que podrían potenciarse concesiones, dominios estatales y actividades cooperativas en la materia.

Además, Corrales agregó que —desde su punto de vista— “es latente y evidente, según la información que hemos estado recabando, que existe la necesidad de realizar una modificación al Código de Minería, que es sumamente importante para garantizar que sea el Estado costarricense quien dé un control oportuno a nuestros recursos naturales, ya que la ley 8.904 lo que hizo fue inhabilitar el artículo 1 de esa ley”.

Sobre la conveniencia de revivir la minería —en lugar de presentar otra ley para regular el uso de sustancias como el mercurio, que es una de las preocupaciones esbozadas por la congresista—, Corrales aseguró que ciertamente ese “es un panorama que habría que analizar”, pues “apenas están iniciando a recabar toda la información” necesaria.

De cualquier manera, según la diputada, el tema de los minerales debe analizarse en el país, pues “incluso se habla de gas natural o petróleo” y podría ser conveniente reglamentarlo, tomando en cuenta que existen diferentes sitios nacionales donde ya se desarrollan actividades similares o existe el potencial para hacerlo, como Abangares o Corcovado.

No hay posición oficial

Consultado sobre este estudio, el jefe de fracción liberacionista, Carlos Ricardo Benavides, comentó que es un texto que le pasaron de último momento, pero afirmó “no conocerlo”. “Como vi que era un tema atractivo, creí que era importante compartirlo, pero no lo conozco”, señaló.

No obstante, sobre la recomendación en cuestión, aseguró que “una propuesta como esa no es un tema que se haya debatido a lo interno de la fracción, pues es un tema muy álgido y muy complejo que requiere de tiempo”, aunque aceptó que “hay compañeros que han venido trabajando en alguna propuesta para mejorar las condiciones en las que el país desarrolló las actividades mineras”.

“Desconozco si irían por el lado ese que usted me está contando que concluye el estudio (…) no es una posición de fracción, para nada, lo que nos importa del estudio es corroborar lo que hemos venido denunciando en cuanto a los gravísimos efectos de la minería ilegal, que dejan en evidencia que el país ha asumido un cuido irresponsable de sus recursos naturales en esa zona del país”, subrayó.

Sin embargo, según Benavides, no existe una iniciativa formal en la fracción al respecto, sino que el estudio simplemente “era un documento que, para los efectos de lo que ha venido investigando la fracción liberacionista, era importante en el sentido de seguir ahondando en el conocimiento del daño inmenso que se le ha hecho a la Zona Norte, particularmente en Crucitas”.

El estudio lo firmaron seis personas: el profesor de Ciencias de la Tierra de Cornell, Esteban Gazel; el estudiante de Postgrado en Ciencias Geológicas de Cornell, Aristides Alfaro; el consultor de ALARCA Geoquímica EIRL, Alejandro Arauz; el profesor de Hidrología Química de la UNA, Ricardo Sánchez; el consultor asociado de ALARCA Geoquímica EIRL, Aristides Alfaro; y la profesora de Geología de la UCR, Stephanie Murillo.

Fuente:https://semanariouniversidad.com/pais/pln-difunde-estudio-que-propone-revivir-la-mineria-a-cielo-abiertol

Perú

En el 2019, Red Muqui plantea lucha contra la corrupción a fondo, pero también exige garantizar los derechos de todas y todos los peruanos, no sólo de las empresas

RED MUQUI, en su pronunciamiento de balance al final del año 2018, planteó su apoyo a la lucha frontal contra la corrupción, ratificando nuestra adhesión a la voluntad de miles de peruanos y peruanas que, indignados por presenciar la corrupción al más alto nivel que implican a ex presidentes, grandes empresarios y funcionarios públicos, se han movilizado para exigir una reforma total en el país, respaldando a fiscales probos como José Domingo Pérez y Rafael Vela, y exigiendo la renuncia de Chavarry como Fiscal de la Nación, en el inicio de una larga lucha por cambiar nuestro país en crisis, visibilizando las responsabilidades de los corruptos y el sistema que lo genera.

 

En ese sentido, queremos hacer énfasis en lo señalado en nuestro pronunciamiento (ver aquí: https://goo.gl/wh2kge ), en que la corrupción también se reproduce en “el mantenimiento de las puertas giratorias que permiten que funcionarios de empresas mineras ingresen como funcionarios del Estado para facilitar autorizaciones y normativas para dichas empresas”,  fundamentalmente en el campo del sector minero, donde se ha visibilizado un claro conflicto de ntereses y negociaciones ocultas para que puedan darse estas facilidades (ver aquí:  http://puertagiratoria.convoca.pe/).

Asimismo, señalamos en el Pronunciamiento, que para una reforma total que haga justicia también en las personas y en las comunidades campesinas e indígenas que han sido afectadas por la minería, debe cambiarse la política económica que es la misma impulsada por el gobierno de Kuczynski, que sigue aplicando el actual gobierno en su segunda etapa con el presidente Martín Vizcarra; quién sigue “impulsando las inversiones orientadas a la extracción compulsiva de recursos naturales facilitando especialmente nuevos proyectos de exploración y explotación minera. Estos proyectos mineros se impulsan en base a los marcos normativos y políticas que dictó el gobierno de Kuczynski, que eliminan garantías para las tierras de comunidades en favor de los proyectos de inversión prioritarios (como el D. Leg 1333 que sigue vigente), el acaparamiento de tierras con intereses económicos, la flexibilización de estándares ambientales (como el D.S 003-2017/MINAM y D. Leg. 1285) y, ahora, planteando incluso, flexibilizar los derechos laborales; medidas con las que no estamos de acuerdo, pues con ello el Estado sigue dejando de lado su rol garante de derechos, y sigue priorizando un rol promotor de la actividad minera, poniendo a las personas al servicio de la economía”.

También señalamos que debe erradicarse la criminalización de la protesta social, los Estados de Emergencia preventivos y la privatización del rol de nuestras fuerzas policiales como estrategia para “proteger” la actividad minera mediante convenios.

Queremos incidir en que el diálogo es vital para el logro de la paz social, por ello invocamos a que el gobierno impulse procesos de diálogo y no los elimine, como acaba de ocurrir hace unas semanas a través de un Decreto Supremo. Es vital que para la discusión de agendas sobre el desarrollo del país en minería participen las y los afectados por la actividad minera. Por ello, “nos oponemos a cambiar la lógica del diálogo por la negociación o la fuerza; las personas no pueden renunciar a sus derechos fundamentales por privilegiar una actividad económica”, como señalamos en el pronunciamiento.

 

En esa perspectiva, exigimos desde Red Muqui que se abra un diálogo nacional público para abordar los temas de los impactos sociales y ambientales que genera la minería y los límites de su crecimiento a nivel nacional; la reforma laboral que afecta los derechos fundamentales de las personas; la reforma del sistema de justicia y la eliminación de “puertas giratorias” en el sector minero para evitar se afiance la corrupción; y la necesaria diversificación económica que nos es tan necesaria para la seguridad alimentaria y no depender sólo de una actividad económica.

 

Finalmente, invitamos al gobierno y a la sociedad civil en general, a revisar nuestra Agenda Muqui: https://es.scribd.com/document/396106674/Agenda-Muqui-2018-2021, que en sus 8 ejes sintetiza los temas que ponemos en agenda para la discusión pública en el año que inicia, que visibiliza los temas que no fueron parte del referéndum, pero que son fundamentales para discutir y poner la economía al servicio de las personas, recuperando el respeto por sus derechos; ese es el rol que esperamos del gobierno y la sociedad civil.

Para ver nuestro pronunciamiento completo, hacer click aquí: https://goo.gl/wh2kge

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/826-en-el-2019-red-muqui-plantea-lucha-contra-la-corrupcion-a-fondo-pero-tambien-exige-garantizar-los-derechos-de-todas-y-todos-los-peruanos-no-solo-de-las-empresas

Argentina

Litio en San Luís: peligrosa lógica extractivista en nombre de la transición energética

Si bien en la actualidad la minería del litio ha tomado visibilidad mediática por la gran cantidad de litio en salmueras debajo de los salares en la puna argentina, y los aproximadamente 56 proyectos que se encuentran en diferentes etapas de exploración o explotación, actualmente una empresa australiana pretende extraer el mineral a partir de rocas en la Provincia San Luís (como se hace en Australia). Este tipo de explotación es a cielo abierto, causando explosiones y afectando cursos de agua, por lo cual lógicamente crece la oposición al proyecto en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, ubicada a 8 Km de la mina Géminis.

Algunas generalidades poco discutidas sobre la forma en la que se extrae litio en Argentina

El hecho de que casi la totalidad de productos vinculados con la industria microelectrónica (como las notebooks), la telefonía celular y crecientemente automóviles eléctricos o híbridos-eléctricos empleen baterías de Ion-Litio para el almacenamiento de energía viene generando hace alrededor de una década en la Argentina un discurso mágico en el cual el país estaría “condenado al éxito”, por su gran cantidad de reservas de este mineral.

Si bien el litio es abundante en la naturaleza (hay litio en el mar, e incluso pequeñas cantidades en la sangre de los seres humanos), el mismo está desigualmente distribuido. Hasta los años 90’, el litio se extraía mayoritariamente de rocas pegmatíticas como el espodumeno, cuyos principales yacimientos se encuentran en Australia. En esa década comienza a emplearse una técnica de extracción del litio de las salmueras de los salares. Esta última resultaba más económica para la faena extractiva que aquella realizada a partir de rocas. Esto último pone en el centro de atención de las compañías extractivas globales al área comprendida entre el Norte de Chile, el Noroeste Argentino y Bolivia, que empresarialmente aparece nominada como “el triángulo del litio”, o incluso una “Arabia Saudita del litio”, y al elemento químico como “oro blanco” o “petróleo del siglo XXI”.

El hecho de que los precios de la tonelada de carbonato se hayan casi triplicado entre 2015 y 2018 (evolucionando de unos USD 6000 a USD 16500 por tonelada), ha despertado los más disparatados imaginarios sobre un sendero a un éxito inequívoco hacia el desarrollo económico y social a partir de la explotación primaria del mineral. Existe una importante cantidad de expresiones legitimadoras o mitos sobre las bondades de la actividad extractiva en el Noroeste Argentino que van desde el “desarrollo local”, la necesidad de recaudación fiscal y generación de empleos y el supuesto “derrame” que generan los proyectos de “Responsabilidad Social” o “Valor Compartido” que despliegan las transnacionales.

Lo cierto es que además de que gran parte de estas retóricas pueden ser fácilmente desmentidas verificando que la generación de empleos directos generados por los dos proyectos de extracción litífera que se encuentran en operación a gran escala en estos momentos en las Provincias de Jujuy y Catamarca resultan exiguos, e incluso cuentan con una cantidad exagerada de subsidios y exenciones impositivas de mucha mayor cuantía que las flacas regalías que pagan como tributo provincial. Al mismo tiempo esta actividad rivaliza y actúa en detrimento de otras actividades económicas.

La problemática fundamental igualmente no resulta el rédito económico que deja o no dejan estas actividades, sino más bien el impacto socio-ambiental de la forma en que se extrae. Básicamente la técnica de extracción empleada consiste en perforar la costra salina de los salares y bombear la salmuera que se encuentra a diferentes profundidades y trasladarla sucesivamente a inmensos piletones ubicados a la vera de los salares, en los cuales entre la evaporación del agua, varios procesos químicos y el uso de importantes volúmenes de agua dulce para la lixivia se logra separar el carbonato de litio de otros componentes que contiene la salmuera.

El bombeo de la salmuera que se encuentra debajo de los salares implica una ruptura del equilibrio hídrico, y por tratarse de volúmenes mayores a los que reponen las escasas lluvias, produce sequias en las napas y vegas de las cercanías. Esta región es habitada por comunidades originarias o indígenas, y esta forma de avance de los proyectos (inconsulta a pesar de la generación de artilugios jurídicos para llevar los proyectos extractivos adelante), atenta contra su forma de vida y viola sus derechos más elementales, consagrados incluso por la Constitución Nacional, que supuestamente le otorga este carácter al Convenio 169 de la OIT, sobre la Consulta Libre, Previa e Informada a las Comunidades.

Con tan solo dos proyectos en operación las denuncias de las comunidades son invisibilizadas por la mayoría de la prensa y la academia. Si los estragos ambientales para el modo de vida de las comunidades ya son relevantes para dos proyectos extractivos, la concreción de los 56 que se encuentran en diferentes grados de avance y estudio podrían ser catastróficos.

Ahora San Luís

En este contexto en el cual se desarrollan estos imaginarios alrededor del litio, en septiembre de 2017 la empresa canadiense Latin Resources, con concesiones mineras de rocas pegmatíticas en San Luís, difundió en los resultados de un mapeo geológico y muestreo de la Mina Géminis, haber encontrado altas concentraciones de litio en roca.

Sobre la localización del yacimiento que la empresa pretende explotar es importante mencionar que esta mina (Géminis) de 12 Ha, se encuentra dentro del área de Concesiones Don Gregorio que posee Latin Resources en la Sierra Grande de San Luís, a tan solo 8 Km de la localidad de San Francisco del Monte de Oro, en dónde números/as vecinos/as ya han expresado su oposición al proyecto. De hecho, es importante visibilizar que el propio Consejo deliberante de San Francisco ya expresó su rechazo a este tipo de explotación minera. Sin embargo bajo el artilugio legal de que la Mina Géminis (a tan solo a 8 Km de distancia de la localidad) se encuentra fuera del ejido, la explotación podría llevarse adelante a pesar de que la voluntad popular expresa lo contrario.

Como decíamos con anterioridad, la minería de litio a partir de rocas se practica fundamentalmente en Australia. Esta técnica de extracción podría catalogarse como “a cielo abierto”, ya que implica la realización de excavaciones de gran profundidad. La obtención de litio a partir de pegmatitas requiere del chancad, la molienda y la flotación. En el proceso se emplea agua y además diferentes reactivos químicos. Siguiendo a Tochi Moreno (véanse los artículos recomendados consignados en las fuentes), lo preocupante del modo de explotación en el caso de la mina Géminis, serían las mencionadas explosiones causadas por la explotación a cielo abierto, y la afectación de cursos de agua que abastecen a varias localidades.

En relación a la empresa, en su página de Internet, la canadiense Latin Resources, informa que además de la Mina Géminis, tan solo en la Provincia de San Luís posee unas 120.000 hectáreas de concesiones para la explotación minera de rocas pegmatíticas, y que también reclama nuevas solicitudes de este tipo para 98.086 Ha. Resulta relevante remarcar que el muestreo que presentó en septiembre de 2017 se realizó sin permiso del propio gobierno de San Luís. Recientemente se observan nuevos movimientos de camiones, a partir de que la firma habría recibido la aprobación del informe de impacto ambiental, que según la legislación provincial la propia empresa elabora. Latin Resources también opera en Perú y acusa tener concesiones de 70.000 Ha. en la Provincia de Catamarca, también para este tipo de explotaciones de litio a partir de rocas.

Lo curiosamente llamativo es que la mayor parte de los medios de comunicación titulan esperanzados sobre esta situación que “San Luís se suma al boom del litio”, pero no difunden la resistencia que existe entre vecinos y vecinas y que las autoridades provinciales no dan respuesta a sus numerosos reclamos sobre la exigencia de mayor información (al momento de escritura de esta nota, un grupo de vecinos/as autoconvocados/as realizaba una reunión en la Plaza Pringles para informarse sobre la situación).

El debate sobre la transición energética

El hecho de que en el denominado “triángulo del litio” abunde el mineral, ha traído aparejado otros dos debates que a nuestro juicio, como grupo de estudios, no resultaría responsable dejar de lado.

En primer lugar, las baterías y grandes acumuladores de Ion-Litio, podrían permitir una transición energética basada en una matriz post-fósil. Prescindiendo de hidrocarburos en la industria automotriz (para lo cual es relevante tener en cuenta el origen de la energía con la cual se cargarán eventuales autos eléctricos), y por otra parte permitiendo un mayor peso de la energía eólica y solar en el consumo eléctrico, ya que su energía podría ser más fácilmente almacenada.

El segundo debate es sobre la posibilidad para países sudamericanos de producir baterías de Ion-Litio con tecnología y saberes propios, generando empleos altamente remunerados en la región.

Sin entrar en detalles sobre estos últimos dos puntos, es importante remarcar que en realidad, el dominio de las tecnologías vinculadas con la transición energética o con la producción de baterías, bajo ningún punto de vista se asocia a la posesión del recurso. Precisando, encontramos en ciertos sectores de la prensa, empresariales, académicos y gubernamentales la asociación de estas discusiones (la producción de baterías y una matriz energética post-fósil), a la expansión de proyectos extractivos. Es decir, las firmas y gobiernos favorables al extractivismo se enmascaran detrás de un supuesto “discurso verde” para justificar los graves efectos de las formas en las que hoy se explota (por bombeo de las salmueras en los salares) y se explotaría el litio en la Argentina, escondiendo el saqueo de los recursos, pero fundamentalmente los efectos nocivos sobre el agua y las formas de vida de pobladores locales y comunidades originares, tanto puntanos/as como del Noroeste Argentino. Lo paradójico es que todo esto se hace “en nombre de la transición energética”.

¿Qué hacer? Algunas reflexiones desde el ámbito académico

En primer lugar, una de las principales conclusiones a las que llegamos luego de años de estudio sobre la cuestión del litio es la relevancia de dar visibilidad a los conflictos eco-territoriales que suceden en las áreas de extracción del mineral, qué sucede con el agua, qué sucede con los suelos y fundamentalmente qué sucede con los estilos de vida de quienes habitan los territorios.

En segundo lugar, más allá de la denuncia de estas situaciones, resulta necesario que los sectores populares nos apropiemos de la discusión sobre la transición energética. Esto es desde lo más básico, el pensar cómo se pueden (des)fosilizar las matrices energéticas, a algo mucho más complejo e interesante, que es reflexionar sobre el acceso a la energía como un derecho humano y la democratización de las decisiones sobre estos tópicos. La agenda popular requiere no solo la denuncia de la expansión de las actividades extractivas, sino la elaboración, construcción y difusión de un conocimiento alternativo al tecnocrático, que se pueda contraponer a este último a la hora del debate político.

En concreto, sobre el litio, esta agenda podría ser el explorar técnicas de extracción que no implique su recuperación a partir del bombeo de las salmueras de los salares y construcción de monstruosos parques de piletones con geo-membranas en la puna, o la forma en que se explota actualmente el litio del espodumeno. Para ejemplificar a qué nos referimos, existen estudios sobre la explotación del litio a partir del agua del mar, o su recuperación a partir del “reciclado” de viejas baterías, o técnicas que no implican el bombeo de las salmueras. Ahora bien, en la medida en la cual estos estudios y técnicas se hagan en el marco de laboratorios privados, o un sector de ciencia y técnica de reducido presupuesto, cooptado por el sector privado y sin acceso al mismo por parte de las comunidades afectadas, difícilmente las empresas privadas abocadas a la extracción empleen otras técnicas. Se requiere, entonces, a nuestro juicio, no solo resistir los proyectos como los del Noroeste Argentino, o el del San Luís, sino también que los propios sectores populares nos apropiemos del debate sobre la transición energética y elaboremos una postura sobre ello, para incluso así mejor resistir en el territorio.

*Grupo de Estudios de Geopolítica y Bienes Naturales del IEALC-UBA

Integrantes: Bruno Fornillo, Melisa Argento, Martina Gamba, Martín Kazimierski, Florencia Puente, Gustavo Romeo, Elaine Santos, Ariel Slipak, Santiago Urrutia Reveco y Julián Zicari

 

Fuente:http://www.marcha.org.ar/litio-en-san-luis-peligrosa-logica-extractivista-en-nombre-de-la-transicion-energetica/?fbclid=IwAR280fJGTkTiMP7a6VzLVddZnnsdpDwOojyJvrm4tSFkBqxeeQ2i6A99-Lg

Mexico

Fondo Minero en Zacatecas; cientos de millones de pesos para obras liliputienses

La industria minera del país ha aportado más de 12 mil millones de pesos a obras de infraestructura social en los 25 estados del país en los que existe industria extractiva, recursos que fueron entregados al sector público vía el impuesto minero, constituido a partir del año 2014.

Lo anterior fue dado a conocer antes de que concluyera el 2018 por la Cámara Minera de México (Camimex), organismo que informó además que sólo en el año previo, la industria minera pagó además 28 mil millones de pesos en impuestos.

En un recuento general, la Camimex recuerda que derivado de la aplicación de los Impuestos Especial, Adicional y Extraordinario, constituidos por el Congreso de la Unión en el denominado Fondo Minero para el Desarrollo Sustentable, a partir del año 2014, en el primer año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recaudó 2 mil 589 millones de pesos, que se distribuyeron entre 199 municipios de 25 estados donde hay operaciones mineras.

Para el año 2015 el monto para el Fondo Minero ascendió a 2 mil 662 millones pesos; en 2016 la contribución del sector minero fue de 2 mil 700 millones de pesos y el año 2017, las mineras aportaron 4 mil 206 millones de pesos para obras sociales e infraestructura productiva para los estados y municipios mineros. Aún no se publica el monto total correspondiente al 2018.

La administración de los recursos del Fondo Minero “así como la selección y seguimiento a los proyectos y obras de beneficio social”, advierte la Camimex “son responsabilidad de las autoridades”. Aclaración muy oportuna, por cierto, a propósito de las múltiples obras y proyectos inconclusos por parte de gobiernos estatales y municipales, incluidos los de Zacatecas.

Al respecto, es oportuno recordar que aquel lejano 24 de Septiembre del año 2015, se instaló en Zacatecas el primer Comité Regional que decidiría qué proyectos públicos se construirán con los recursos el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de los Estados y Municipios Mineros del país (Fondo Minero).

Dicho comité quedó integrado, entre otros, por representantes de los consorcios mineros que operan en México, quienes exigieron desde entonces a los gobiernos local y federal, garantías para que sus impuestos sean aplicados con transparencia, en obras realizadas a costos razonables, que se fiscalicen y además, se reconozca públicamente a las empresas mineras que aportaron el dinero, vía impuestos.

Visitó en aquella fecha la entidad, la nada célebre Rosario Robles Berlanga, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), -instancia que por ley administra el Fondo Minero en coordinación con la Secretaría de Economía y el BANCEFI-, quien atestiguó junto con –el tampoco nada célebre-, Miguel Alonso Reyes, en su carácter de gobernador de Zacatecas, la instalación de ese primer Comité Regional del programa.

El Fondo Minero se constituye económicamente con los recursos que provienen del impuesto especial a la minería, aprobado en octubre de 2013 por la cámara de diputados (vigente a partir del año 2014), que equivale al 7.5 por ciento de las ganancias que obtengan las empresas mineras del país en general, y un 0.5 por ciento adicional para las compañías del sector que extraigan oro, plata y platino.

Durante aquel acto protocolario de instalación del primer Comité Regional del país, Octavio Alvidrez Ortega, director ejecutivo de la compañía “Fresnillo PLC” (propiedad al igual que Peñoles del magnate Alberto Bailleres)  -la primer productora de plata primaria del mundo, que cotiza en la Bolsa de Londres-, encabezó la exigencia de las empresas mineras del país, para que los gobiernos local y federal hicieran un uso transparente y eficiente de los recursos del Fondo Minero.

Solicitó además la aplicación prudente de los recursos del Fondo Minero en la inversión física, “para lograr el mayor impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, solicitando que se eviten obras que conlleven un gasto operativo para su mantenimiento, o contratación de deuda”.

En aquella sesión de constitución del Comité Regional del Fondo Minero, intervino además en representación de las Comunidades Agrarias donde existe actividad minera en Zacatecas, el campesino José Pérez Martínez, quien recordó que “las necesidades de los pueblos mineros, nunca se han cubierto en su totalidad, y cada día, a pesar de la generación de empleos y minas, estas necesidades crecen”

Leyendo con problemas el discurso que -fue evidente él no elaboró-, el campesino José Pérez Martínez, pidió a la titular de la SEDATU, Rosario Robles Berlanga, “que además del beneficio del impuesto minero creado con la reforma hacendaria, los ejidatarios contemos con la orientación y apoyo de la SEDU (sic), en la negociación de terrenos que puedan ser de utilidad para la extracción de gas, petróleo, o para la generación de energías limpias, como la solar y la elótica (sic)”.

En aquella reunión Alfonso Cantú, entonces coordinador general de minería en la Secretaría de Economía, dijo que se buscaría que los recursos del Fondo Minero “beneficien a las localidades y regiones donde se desarrolla la minería”, esto es particularmente en los 600 municipios de todo el país que tienen actividad minera.

“Este Fondo evidentemente va a ayudar de una manera importante, a la reducción de los conflictos (sociales) que hemos estado viviendo en el país en estos últimos años, que alcanzó a llegar a 60 conflictos en el territorio nacional. Y ello ¿por qué? Porque no todas las empresas eran responsables socialmente. Algunas sí compartían parte del beneficio a las comunidades, pero otras no. Con esta nueva regalía, eso cambiará, pues solo México y China eran los dos países que no cobraban este impuesto en el mundo”.

Han  transcurrido desde aquella fecha más de tres años, y miles de millones de pesos que han sido recaudados por el impuesto del Fondo Minero, fueron distribuidos y “ejercidos”, por los gobiernos estatal y federal del PRI, en los estados del país con actividad minera.

Entre mayor actividad minera y riqueza se genere con esa actividad económica, mayores serán los recursos que se le asignen a esa demarcación. Y Zacatecas, hay que recordar, está entre los primeros tres estados de la república mexicana con más producción minera.

Pero al finalizar el año 2018, las obras que se debieron realizar con bolsas multimillonarias al final del sexenio de Miguel Alonso Reyes y en los dos primeros años de gobierno de Alejandro Tello Cristerna, son obras realmente miserables, pequeñas en comparación con los cientos de millones de pesos asignados a Zacatecas. En algún lugar se están quedando los recursos que aporta la industria minera, y no llegan a las comunidades.

Antes de que concluyera el año 2018, en una gira de trabajo por Mazapil, Alejandro Tello Cristerna inauguró obras por un monto de apenas 13.4 millones de pesos, “de los cuales una parte corresponde al Fondo Minero”, aclaró.

Ente las obras se informó, están la inauguración del entronque carretero Mazapil-Estación Camacho; un aula construida en el kínder Frida Kahlo en la comunidad Palmas Grandes, así como un domo de 20 por 40 metros de superficie, para la cancha deportiva de la escuela primaria de la misma comunidad. ¿Cómo está trabajando el Comité Regional del Fondo Minero en Zacatecas? ¿Quién lo fiscaliza? ¿Saldría limpio de una auditoría al Fondo Minero, el delegado federal de SEDATU, Arnoldo Rodríguez Reyes, quien coordinó y operó dicho programa?… La respuesta, quizá, nunca la sabremos.

 

Fuente:http://periometro.mx/2019/01/03/fondo-minero-en-zacatecas-cientos-de-millones-de-pesos-para-obras-liliputienses/

Internacional

Congo: preocupa a las mineras el resultado electoral

Es claro que las empresas mineras no están dispuestas a resignar ni un centavo de sus abultadas ganancias. Las leyes de un país pueden responder a esta desmedida ambición o limitarla. Esto último preocupa a las empresas mineras. Un ejemplo de ello es lo que sucede en la República de Congo donde, a cinco días de las elecciones presidenciales,  se desconocen los resultados.  La Iglesia afirma que ya se sabe cuál es el resultado y  pide que  se haga público. Reclama además a la Comisión Electoral que proclame los resultados de “verdad y justicia”. Mientras, el sector minero manifiesta su preocupación…

La República Democrática del Congo, que celebró elecciones presidenciales el 30 de diciembre, es una de las jurisdicciones mineras más importantes pero difíciles del mundo. Empresas como Glencore Plc, Barrick Gold Corp. y China Molybdenum Co. tienen operaciones importantes en ese país, que es el mayor productor de cobalto –un material clave para las baterías–, y una importante fuente de minerales como tungsteno y estaño.

Una de las mayores preocupaciones del sector minero es un nuevo código minero introducido por el gobierno del presidente saliente, Joseph Kabila, que aumentó las regalías, agregó impuestos y canceló una cláusula que la protegía contra cambios fiscales durante 10 años.

El concurso presidencial es una carrera a tres bandas entre el protegido de Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary y los dos principales candidatos de la oposición: Martin Fayulu y Felix Tshisekedi. Si bien se espera que Shadary se adhiera al nuevo código de minería, el tema no ha sobresalido durante la campaña, por lo que los inversionistas no tienen claro su posible impacto. Ejercicio inútil “Ninguno ha hecho una aseveración específica sobre lo que va a hacer con la industria minera después de las elecciones”, explica Ben Davis, analista en Liberum Capital Markets. “Hay demasiadas incógnitas. Implorar por cualquier candidato es un ejercicio inútil”.

Congo, hogar de depósitos de oro, diamantes, estaño y coltán, es famoso por su industria de cobre y cobalto, con más de la mitad de la producción mundial de este último. Glencore, el mayor operador de productos básicos, tiene minas de cobalto y cobre en el país y extrajo casi 300.000 toneladas métricas de cobre y 26.000 toneladas de cobalto en los primeros nueve meses de 2018. Planea producir significativamente más este año, con el aumento de la producción en su mina de Katanga. Barrick Gold, que completó la adquisición de Randgold Resources Ltd. por US$5.400 millones esta semana, heredó un interés en el país como parte del acuerdo. La compañía ahora opera la mina de oro Kibali en el noreste del Congo, una de las mejores del mundo. La operación producirá más de 700.000 onzas de oro este año. AngloGold Ashanti Ltd. también posee el 45 por ciento de la mina.

“Creemos que es un paso importante para el país. Esperamos el resultado final y sus consecuencias”, dijo el nuevo director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, a principios de esta semana. “Continuaremos trabajando con la nueva autoridad en la República Democrática del Congo para asegurarnos de poder cumplir con nuestra visión de que existe una gran oportunidad, especialmente en la región nororiental, para descubrir depósitos de oro de clase mundial”.

 

Fuente:https://noalamina.org/mundo/africa/item/42315-congo-preocupa-a-las-mineras-el-resultado-electoral

Internacional

Ciudad Real: Alegaciones contra un proyecto minero “muy pernicioso” para Arroba y Puebla de Don Rodrigo

Miembros de Ecologistas en Acción y de la Plataforma No a la Mina han presentado esta mañana, en la Delegación de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, un escrito con una veintena de alegaciones contra el proyecto de la mina de titanio en Arroba de los Montes y Puebla de Don Rodrigo.

Al igual que en los casos de Fontanajero y Abenójar, estos colectivos se oponen a proyectos “muy perniciosos” para unas de las zonas mejor conservadas de monte mediterráneo de la Península Ibérica. Además, apuntaba Rafael Gosálvez, portavoz de Ecologistas en Acción, las afecciones a la salud serán “bastante importantes”, perjudicando especialmente a la localidad de Arroba de los Montes.

Este proyecto de minería, recalcaba Gosálvez, pasa por su tercer proceso de impacto ambiental. “Por dos veces se ha dicho ya que no por parte de la Junta de Comunidades a la mina, y con dos gobiernos distintos: el de Barreda (PSOE) y el de Cospedal (PP)”. No entienden, por tanto, por qué se afronta una nueva DIA, máxime cuando la legislación contempla que “cuando un proyecto ha tenido declaraciones de impacto ambiental negativas, ni siquiera se debería haber dado acceso a un nuevo procedimiento”. Con los antecedentes, la presión social en los municipios afectados y a las puertas de unas elecciones municipales autonómicas, confían en que el Gobierno regional no desee “asumir el coste político de una mina que tiene a los pueblos de la zona en contra”.

Por parte de la Plataforma No a la Mina, Francisco José Sarrión, abogaba por “otro tipo” de desarrollo para la zona. “Venden” el proyecto minero como una alternativa para la despoblación, explicaba, “pero creemos que tenemos recursos, valores y riqueza suficiente para que la comarca se desarrolle de forma sostenible, tenga un futuro sin contaminación y conserve su patrimonio natural y cultural; que es lo que vamos a perder a cambio de diez o quince años de minería”.

 

Fuente:https://www.miciudadreal.es/2019/01/04/ciudad-real-alegaciones-contra-un-proyecto-minero-muy-pernicioso-para-arroba-y-puebla-de-don-rodrigo/

Internacional

Bolsonaro y Maduro, un peligro para la Amazonía y el planeta

Ese enorme trecho de tierra y selva que se extiende a lo largo de 7.4 millones de kilómetros cuadrados por Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam, concentra el 60% de la biodiversidad del mundo, incluyendo especies animales y vegetales que aún no han sido catalogadas y estudiadas por la ciencia, es el hogar de 34 millones de personas, incluidas 385 comunidades indígenas. Una buena parte de ese territorio, en los últimos años viene soportando un crecimiento alarmante de la minería ilegal, estimulada por el precio del oro y otros minerales preciosos que alberga e sus entrañas. Ahora se cierne sobre él la plaga Bolsonaro, auspiciada por los intereses de la agroindustria que lo catapultaron al poder del país que controla la mayor parte de la tarta amazónica.

Un reciente informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), con datos de seis países de la región -Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela-,  recogidos por ocho grupos de ambientalistas apartidistas que elaboraron un mapa a partir de imágenes de satélite, evidencia que Venezuela tiene más minas ilegales que cualquier otro de los países estudiados, seguido por Brasil y Ecuador. Un informe de The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, titulado «El crimen organizado y la minería ilegal del oro en América Latina» publicado en 2016, ya revelaba que entre 80 y el 90 % del mineral producido en Venezuela es ilegal.

El mapa publicado por RAISG muestra que hay minería ilegal en 37 territorios indígenas, dieciocho de ellos en Brasil, y que hay sitios cerca o alrededor de otros 78 territorios. Según Alicia Rolla, una de las coordinadoras de la RAISG, «la situación actual es peor que nunca».

Pero el efecto Bolsonaro sobre la Amazonía brasileña no se limita a la minería ilegal. Con su llegada a la presidencia de Brasil empieza una época dorada para los agronegocios. Según el Observatorio del Clima, los datos del Deter B, un sistema del Instituto Nacional de Estudios Espaciales que controla la Amazonia en tiempo casi real, muestran que la tasa de deforestación ha subido un 36% entre junio y septiembre, período de la precampaña y campaña electoral.

Brasil es el principal exportador de soja en el mundo. El ex ministro de agricultura, Blairo Maggi, ha anunciado que duplicará su producción durante los siguientes 10 años. Con la tasa actual, Brasil ya utiliza dos millones de kilómetros cuadrados (24% del territorio), pero para alcanzar el nivel de producción proyectado se necesitan entre 70 y 75 hectáreas más. La poderosa bancada parlamentaria que representa los intereses del sector de la agroindustria fue la gran impulsora de la candidatura de Bolsonaro.

Con la fusión  de los ministerios de agricultura y medioambiente, una de las primeras promesas de campaña el nuevo presidente dejó claro que la política ambiental quedará relegada a la agresiva explotación de la tierra. En una entrevista el pasado abril en The Guardian, Bolsonaro afirmó que la causa de la deforestación en la Amazonia no es la tala excesiva, sino el aumento de la población. En sus palabras: «no vas a cultivar soja en la terraza de tu edificio o criar ganado en el jardín. Así que debemos tener una política de planificación familiar. Así comenzarás a reducir la presión sobre esos problemas que llevan, sí, en mi opinión, al calentamiento global, que podría ser el fin de la especie humana».

Cuando aún era precandidato a la presidencia, ya anunció que no demarcaría las tierras indígenas, una exigencia histórica que garantizaría la conservación de sus modos de vida.  En tono despectivo dijo que «el indio es nuestro hermano, quiere ser reintegrado a la sociedad. El indio ya tiene demasiada tierra, vamos a tratarlos como seres humanos».

Su promesa de campaña se convirtió en su primer decreto presidencial según el cual la demarcación de las tierras indígenas deja de ser responsabilidad de la Fundación Nacional del Indio (Funai), para pasar al control del Ministerio de Agricultura.

«Más del 15 % del territorio nacional es demarcado como tierra indígena y quilombola (poblados por exesclavos fugitivos). Menos de un millón de personas viven en esos lugares aislados de Brasil, explotadas y manipuladas por las ONG. Juntos vamos a integrar a esos ciudadanos y a valorar a todos los brasileños», tuiteó Bolsonaro, tras firmar el decreto.

De acuerdo con la disposición, el Ministerio de Agricultura tendrá a cargo todo lo relacionado con «la reforma agraria, la regularización de la propiedad en áreas rurales en la Amazonia legal (no sólo el estado Amazonas), las tierras indígenas y los quilombola».

Agricultura abraza en la nueva administración los intereses de la agroindustria, que entran en frecuentes conflictos con organizaciones de trabajadores rurales, con los grupos indígenas y de protección al medio ambiente. Al frente de este ministerio colocó a Tereza Cristina da Costa, una partidaria de los agrotoxicos y la producción de alimentos a gran escala.

Según numerosos científicos, la función de la Amazonía es vital para mantener la temperatura del planeta y evitar el calentamiento. Sin embargo, de acuerdo con el reporte del Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund por sus siglas en inglés) publicado en octubre del año pasado, una quinta parte de la selva ha desaparecido en los últimos 50 años como parte de la explotación de los recursos, y solamente el año 2017 se perdieron 4.921 kilómetros cuadrados. Bajo el mando de Bolsonaro, esta situación solamente va a empeorar, si lleva a cabo su ambicioso proyecto de abrir una carretera a través del Amazonas y concesionar nuevos proyectos de explotación. La ganadería y la agricultura fueron responsables de una cuarta parte de la deforestación en el mundo y entre 2015 y 2016, la deforestación en Brasil alcanzó la escalofriante cifra récord de 7,800 kilómetros cuadrados. Según Greenpeace, la deforestación de la Amazonia en los años 70 alcanzaba un 1% del territorio, mientras hoy llega al 18%.

 

Fuente:https://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2019/01/06/bolsonaro-maduro-peligro-amazonia-planeta/00031546795084785808768.htm

Mexico

Mineras contaminan zona norte del estado

Las minas que operan en el municipio de Asientos, tanto bajo tierra como a cielo abierto, han causado fuerte contaminación en esa zona del estado, misma que ha comenzado a reflejar afectaciones en la salud de quienes ahí habitan.

El diputado representante del distrito 02 local, José Manuel González Mota, exigió se lleve a cabo una profunda investigación sobre el particular, con objeto de buscar soluciones inmediatas, antes de que sea demasiado tarde.

Nadie puede negar que la minería en Asientos se ha convertido en una importante fuente de empleos, de trabajo para mucha gente. Aunque la enorme mayoría de los trabajadores vienen de otros estados, algo dejan

Calificó como impostergable que se realice un análisis científico y metodológico, mediante el cual se conozcan el grado real del daño provocado al medio ambiente, al equilibrio ecológico y, sobre todo, las enfermedades derivadas, a efecto que se impongan las sanciones correspondientes y se creen los mecanismos de solución correspondientes.

González Mota recordó que las dos minas que operan actualmente en el municipio que él representa, son propiedad del grupo Frisco, una de ellas lo hace a cielo abierto, en tanto que en el caso de la conocida como Santa Francisca, extrae del subsuelo los metales sobre los cuales tiene el usufructo.

Ante ello, lanzó un exhorto al Poder Ejecutivo del estado para que, sin tardanza ni dilación, genere una estrategia efectiva de acción, mediante la cual tanto el Instituto de Servicios de Salud del estado de Aguascalientes (ISSEA), como la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del estado, así como a la Procuraduría del Protección al Ambiente, verifiquen el impacto a la salud, social y ambientan que dejan las actividades industriales de dichas minas.

Es urgente que se regulen los niveles de contaminación y el fuerte impacto al medio ambiente que se produce en el municipio de Asientos y especialmente el grado de afectación que ha dejado en la salud de sus habitantes.

Fuente:https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/mineras-contaminan-zona-norte-del-estado-2885127.html

Argentina

Para el Gobernador de Chubut, la minería no representa una «salvación»

‘Tenemos que potenciar la matriz productiva, el turismo y no pensar en la minería como una salvación’, indicó el gobernador de Chubut en relación a los recursos que tiene la provincia y la industrialización de los mismos.

El gobernador Mariano Arcioni mantuvo este sábado actividad en la comuna rural de Carrenleufú y remarcó que “la gente de la provincia tiene que entender y ver el esfuerzo que estamos haciendo junto a todos los intendentes y jefes comunales, independientemente del partido político que sea, para sacar la provincia adelante”.

“Nosotros estamos codo a codo trabajando, eso es lo que necesitamos y lo estamos haciendo y logrando”, manifestó Arcioni y aclaró que “tenemos que ser cuidadosos cuando nos vienen con las propuestas mágicas porque no existen; las propuestas mágicas de campaña de hace 3 años no se cumplieron ninguna”.

En ese contexto, el gobernador sostuvo que “ellos (Gobierno Nacional) entienden que con la minería la provincia va a tener desarrollo, y Chubut no se va a desarrollar con lo extractivo, ya quedó demostrado que Chubut es de matriz productiva primaria, nosotros tenemos que industrializar los recursos para después poder hablar de otra cuestión”. A su vez, Arcioni señaló que “hay recursos maravillosos, vamos a seguir potenciando el turismo, las fiestas populares hermosas que tiene la provincia con sus vecinos, y eso tenemos que potenciar antes de la minería”.

Y añadió: “el Gobierno Nacional viene con sus políticas a querer avallar la soberanía de nuestra provincia, entonces primero acá en nuestra provincia se habla con la verdad, vamos a decir las cosas dónde se tienen que decir y cómo se deben decir, con el respeto que se merece la institucionalidad, pero nosotros nos tenemos que hacernos valer como lo hicimos a lo largo de todo el año pasado; cuando nos han querido quitar las asignaciones familiares, nos han querido quitar las zona de jubilaciones y pensiones, cuando nos han querido quitar la tarifa de gas, y fuimos los primeros en presentar el amparo legal, los impuestos a la ganancias, y todo eso lo hemos revertido, porque fuimos a discutirlo en donde lo teníamos que hacer”.

“Nuevos aumentos”

Al respecto, el mandatario provincial detalló que “este año habrá nuevos aumentos, para que tengan un parámetro en la tarifa eléctrica se aumentó 1500%, a eso súmale la tarifa de gas, la quita del subsidio del transporte, es decir que es muy grave cuando tenemos una devaluación de los salarios del 40%, entonces que sigan recargando al ciudadano y al trabajador la verdad que no es un Gobierno sensible, y no es lo que la provincia del Chubut quiere y necesita”.

“Nosotros queremos un Gobierno que trabaje para la gente, que sea sensible, que diga la verdad, y entienda a todos los Intendentes por igual, independientemente de las fuerzas políticas, y de esa forma reactivar y buscar el desarrollo de nuestra querida provincia”.

Por último, el gobernador recordó que “cuando vienen los funcionarios de Nación a querer decirnos soluciones mágicas, sabemos que no lo van hacer, porque cuando uno analiza y observa estos 3 años de gestión la pobreza infantil es casi del 50%, tenemos una inflación que a lo largo de estos años ya acumuló más del 170%, tenemos el 30% de desocupación, cuando las pymes cierran día a día, todas esas cuestiones están a la vista, entonces no me vengan a decir que con soluciones mágicas van hacer algo”.

“Nosotros a pesar de la crisis seguimos trabajando, hemos dejado la precarización laboral, con 587 trabajadores en educación, casi 200 en familia, y muchos más trabajadores que nos dejamos afuera, entonces esas cosas tenemos que buscar y apostar al desarrollo productivo de la provincia”, cerró Arcioni.

Fuente: El Patagónico (Comodoro Rivadavia)

Fuente:https://www.eldiarionuevodia.com.ar/regional/politica/2019/1/6/para-el-gobernador-de-chubut-la-mineria-no-representa-una-salvacion-75688.html