Ecuador

Cañaverales dice NO a otra explotación de carbón a cielo abierto en La Guajira

Autor: Notiwayuu

Comunicado a la opinión pública: Decimos NO a otra explotación de carbón a cielo abierto en La Guajira

La comunidad de Cañaverales, ubicada en San Juan del Cesar (sur de La Guajira), quiere expresar ante la opinión pública, nacional e internacional, el inminente riesgo de desplazamiento y transformación del uso y vocación del suelo por la ejecución de un megaproyecto minero sobre nuestro territorio, el cual seguirá profundizando la grave crisis social, económica, cultural y ambiental en la región, especialmente para las comunidades étnicas y campesinas que se encuentran en el área de influencia de este denominado “corredor minero” del sur de La Guajira y norte del Cesar.

Estamos aportas de que, en los próximos 30 años, “El Proyecto Minero Integrado Minas Cañaverales” pueda explotar, transportar y exportar carbón térmico extraídos del subsuelo de nuestros territorios ubicados en los municipios de San Juan del Cesar, Fonseca y Dibulla, además de transformar 150 km del departamento con la construcción de un ferrocarril de carga y contaminar nuestros mares con un puerto de cargue directo en el municipio de Dibulla.

Tal Proyecto que cuenta con el aval del Estado, fue planeado y concesionado a las empresas brasileñas MPX y CCX y, actualmente es ejecutado por la Empresa Best Coal Company SAS (BCC), filial de la multinacional turca Yildrim Holdings, la cual ha venido realizando diversas reuniones en nuestras comunidades de los municipios de San Juan del Cesar y Fonseca para presentar el proyecto minero, los respectivos estudios de impacto y manejo ambiental, así como los supuestos beneficios para las comunidades.

No obstante, la información ha sido poco transparente y ha generado confusión entre la población local, pues, por ejemplo, desconocemos cual va a ser el destino de nuestras fuentes de agua como el Manantial de Cañaverales que, a pesar de ser declarado Reserva Forestal Protectora, su exposición a la explotación minera pone en riesgo su existencia y así, nuestra pervivencia en el territorio.

En este sentido, teniendo en cuenta que el Manantial de Cañaverales es fuente de agua para el consumo humano y para el desarrollo de actividades productivas de los habitantes urbanos y rurales del municipio, y reconociendo la vocación agropecuaria de Cañaverales y de las zonas aledañas, manifestamos a viva voz: NO estar de acuerdo con la minería y consideramos que el proyecto minero de la empresa BCC no garantiza la protección de la vida y la preservación de los ecosistemas naturales de la región.

Decimos NO al Proyecto Minero Cañaverales porque con el inicio de la explotación se pone en grave riesgo nuestro:

• Derecho a la vida, la libertad y la integridad: es sabido que en el país los líderes y lideresas en procesos de defensa del territorio han sido atacados, amenazados y estigmatizados.

• Derecho humano al agua: con la explotación minera se dificulta el acceso al agua, aumenta la contaminación de cuerpos de agua, se genera la pérdida de fuentes hídricas y las limitaciones en el abastecimiento de agua para el consumo humano.

• Derecho a la salud: con la contaminación del agua, aire y suelo, el uso de químicos y la exposición al carbón se genera riesgos y daños crónicos a la salud, así como muertes prematuras.

• Derecho a la alimentación: el cambio o sustitución de la actividad agropecuaria por la actividad minera implica riesgos en la soberanía alimentaria de las poblaciones locales.

• Derecho al trabajo: las empresas mineras brindan escasas y precarias oportunidades laborales a los pobladores locales y crean economías de dependencia a la industria extractiva haciendo que perdamos nuestra vocación agropecuaria.

• Derecho a la participación: no se permite que las comunidades decidan conforme a los derechos consagrados en la constitución y las comunidades se ven sometidas a las imposiciones de las empresas.

Por las razones expuestas, nosotros los pobladores de Cañaverales reiteramos no estar de acuerdo con la minería proyectada en nuestro territorio, siendo nuestra decisión proteger el territorio, el agua y la vida frente a los megaproyectos mineros.

Comunidad de Cañaverales, San Juan del Cesar, La Guajira.

 

Fuente:Fuente: http://notiwayuu.blogspot.com/2019/03/no-queremos-que-extraigan-el-carbon-de.html?m=1*

Argentina

Protesta por Mina de Uranio en Río Negro.

Autor: Río Negro/ No a la Mina.org

Con trajes blancos y carteles con la leyenda “Agua es vida” y “No a la mina”, los integrantes de la organización ambientalisa Piuké protestaron frente al Centro Administrativo Provincial contra el proyecto minero “Amarillo Grande” de la empresa canadiense Blue Sky Uranium Corporation en una zona cercana a Valcheta. Hubo una representación artística frente a la delegación de la Secretaría de Minería y el megáfono llamó la atención de los transeúntes que circulaban por la calle Onelli.

“En el momento en que Weretilneck anunció la central nuclear, la firma advirtió sobre el inicio del proyecto para buscar uranio y vanadio para exportar. Pero en ese contexto pasó totalmente desapercibido. Ya avanzaron con cateos y exploración y llegaron a la conclusión de que el proyecto es factible económicaente, según detalló Sergio Vázquez, de Piuké.

El proyecto Amarillo Grande

La empresa canadiense Blue Sky Uranium Corp confirmó desde Vancouver el potencial de producción de uranio en la provincia de Río Negro en el proyecto Amarillo Grande en 2018 y  concluyó recientemente una evaluación económica preliminar (PEA, por su sigla en inglés) “muy positiva” para su depósito de uranio-vanadio Ivana, ubicado en el proyecto de Amarillo Grande, al norte de Valcheta, en Río Negro, informó hoy un medio especializado de Toronto.  “Durante los últimos tres meses hemos estado ocupados finalizando nuestra PEA“, según la cual el depósito de Ivana “es económico en el entorno actual”, afirmó el presidente y CEO de Blue Sky, Niko Cacos, en una entrevista concedida a la publicación canadiense The Northern Miner.

De acuerdo con el estudio, el proyecto produciría 1,35 millones de libras por óxido de uranio por año durante una vida útil de la mina de 13 años.  Requeriría invertir US$ 128 millones en capital de pre producción y otros US$ 35,4 millones en capital de mantenimiento en el transcurso de vida de la mina, precisó el ejecutivo.

La PEA propone un tajo abierto que se extenderá a una profundidad máxima de 30 metros bajo la superficie, de 3 km de largo, con anchos que van desde 400 metros hasta un kilómetro.  La compañía extraería 13.000 toneladas por día con dos excavadoras, un cargador frontal y seis camiones articulados de 31 toneladas.  Según informa la compañía los materiales -uranio y vanadio- están contenidos en gravas y arena sin consolidar, por lo que la empresa no necesitará operaciones de perforación o voladura.

Ivana es el depósito más austral de las tres áreas objetivo en Amarillo Grande, y tiene un potencial muy superior al ya comprobado, sostuvo Cacos.

Tras obtener el modelo geológico y su viabilidad económica la empresa prevé reexaminar las áreas de la propiedad que antes se pasaban por alto.  El estudio utiliza una estimación de recursos que actualiza el presentado en la primavera pasada, y describe un aumento del 17% en el total de toneladas, así como del 19% en el contenido de óxido de uranio y del 13% en el contenido de óxido de vanadio.

La compañía anticipó que en los próximos seis meses se concentrará en la perforación y expansión de su área de recursos con una inversión de entre US$ 2 y 3 millones y hacia fines de año comenzará a trabajar en un estudio de pre factibilidad para el proyecto.

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/rio-negro/item/42626-protesta-por-mina-de-uranio-en-rio-negro

Perú

Foro en el Congreso alertó de amenazas contra el agua de Lima

Autor: Cooperacción.org

Como lanzamiento de la campaña ciudadana “El agua es tu vida”, promovida por instituciones como CooperAcción y las parlamentarias Marisa Glave y Katia Gilvonio, se realizó el foro “El Agua es tu vida: efectos de la minería sobre las fuentes naturales de agua” el día lunes primero de abril, para hablar de las amenazas actuales de relaves mineros y nuevos proyectos mineros al agua que consume la ciudad de Lima.

En el foro expusieron los dirigentes sociales Saturnino Ríos de la Cuenca alta del río Rímac, Genaro Aguilar de la misma plataforma, Elias Barreto del Frente de defensa de la comunidad de Chicla y Paula Meza, del colectivo Mantaro Revive. Todos ellos coincidieron en denunciar la indiferencia del Estado frente a las diversas empresas mineras, así como el serio peligro en las cuencas del Rímac, Mantaro y la Oroya por la presencia de metales como el plomo, cadmio, que son cancerígenos y nocivos para la salud humana.

Luego expusieron José de Echave, subdirector de CooperAcción, y Luis Lazo representante del Foro Salud. De Echave destacó que existe un relato que señala que el Perú tiene agua de sobra, cuando somos el cuarto país en la región con estrés hídrico. Por su parte Luis Lazo señaló que el Estado peruano tiene una lógica privatizadora y donde no se preocupa de la salud preventiva de sus ciudadanos frente a los ejemplos de contaminación por minería.

Por otro lado, por parte del Estado expusieron representantes del MINAM, SEDAPAL, OEFA. El representante de SEDAPAL Josué Céspedes reconoció que es un tema serio que están estudiando, mientras José Carlos Farfán de la OEFA señaló que están haciendo un seguimiento en la ejecución del proyecto Ariana para evitar que este sea un riesgo a las fuentes de agua de la ciudad.

Por su parte el congresista Oracio Pacori denunció la nociva influencia de la minería informal y de la minería formal que afecta seriamente los ríos que son afluentes del Lago Titicaca, y que su despacho está trabajando para monitorear la situación y que las autoridades cumplan con su papel de fiscalización de estas actividades.

Asimismo las congresistas Katia Gilvonio y Marisa Glave destacaron que desde sus despachos vienen trabajando intensamente por dialogar con las comunidades afectadas por la minería en la cuenta del Mantaro y del Rímac y que seguirán monitoreando la situación de riesgo que representan los relaves de Tamboraque y el proyecto minero Ariana.

Uno de los casos más mencionados en el foro fue el de la construcción de la relavera y otros componentes mineros de El Proyecto Ariana en una cabecera de cuenca, tendría impactos negativos sobre el túnel trasandino que sirve para trasvasar agua al rio Santa Eulalia, principal colector hídrico de Lima. Así lo precisaron especialistas de SEDAPAL, sobre el funcionamiento de esta infraestructura y su importancia para el abastecimiento de agua a la ciudad, de la misma forma sobre las 19 lagunas y 3 represas que administran en esta zona y que almacenan más de 300 millones de metros cúbicos de agua que mediante el túnel Trasandino llevan el líquido elemento al rio Santa Eulalia y al Rímac respectivamente.

El foro que se realizó en el auditorio Alberto Andrade del Edificio Juan Santos Atahualpa, del Congreso de la República, es el inicio de una campaña ciudadana que tendrá diversos momentos para analizar la amenazas a las fuentes de agua en Lima y otras regiones del país, para sensibilizar a las autoridades y sobre todo a la ciudadanía.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/foro-en-el-congreso-alerto-de-amenazas-contra-el-agua-de-lima/

Mexico

¿Cuáles son los estados que más sobreexplotan y contaminan el agua?

Autor: Nancy Flores , Contralínea.com

Chihuahua encabeza la lista de las entidades federativas que registra más sobreexplotación de sus mantos acuíferos: son 15 reservorios en los que la extracción del agua subterránea supera al volumen de recarga media anual, revela el estudio Los ríos revueltos, radiografía de la contaminación.

De hecho, el Norte y el centro del país son las regiones que más padecen el uso irracional del líquido, lo que, en breve, podría generar una crisis terrible. Los datos han sido actualizados a 2018 por la Comisión Nacional del Agua e indican que en el segundo lugar se encuentra Guanajuato, con 12 acuíferos en esta condición.

Le siguen Baja California, Sonora y Zacatecas, con 11 acuíferos sobreexplotados, respectivamente. Y luego están: Durango, con 8; San Luis Potosí y Coahuila, con siete cada una; Querétaro y Baja California Sur, con seis; Aguascalientes, Jalisco y estado de México, con cinco; Michoacán, con dos; y la Ciudad de México, con uno.

El análisis –elaborado por los investigadores Felipe de Alba y Juana Martín Cerón– detalla que el agua que se extrae de los acuíferos tiene diferentes destinos: riego, abasto urbano, consumo en desarrollos industriales y abasto de la población rural.

Agrega que la Conagua ha identificado 653 acuíferos correspondientes a 37 regiones hidrológicas que, a su vez, están agrupadas en 13 regiones hidrológico-administrativas.

Aunque el problema de la sobreexplotación de los mantos acuíferos se concentra en el centro y el Norte de México, eso no significa que el Sur esté a salvo de problemas relacionados con el vital líquido. Y es que resulta que esta región sufre pero por la alta contaminación de sus reservas.

Según el análisis Los ríos revueltos, es en el centro y el Sur donde se localizan las fuentes con peores niveles de contaminación. Pero el problema es más amplio: en el país, más del 70 por ciento de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación, lo que ocasiona graves problemas de disponibilidad y acceso al agua.

“La disponibilidad anual de agua por habitante en el país ha tenido una dramática reducción en los últimos 55 años, al pasar de 11 mil 500 metros cúbicos en 1955 a 4 mil 263 metros cúbicos en 2011. Peor aún, se prevé que para 2025 esta cantidad se reducirá a menos de 4 mil m3”, refiere el análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de la Cámara de Diputados.

Respecto de la contaminación, indica que en los ríos de México se encuentran algunos metales pesados altamente tóxicos, como el mercurio, plomo, cromo, cadmio y otros compuestos dañinos, como el tolueno o el benceno.

Sin embargo, detalla, se desconoce con precisión la mayoría de los compuestos tóxicos (según fuente contaminante o cantidades diarias) que están en nuestros ríos.

Otro tema es el de la contaminacio?n de las aguas que procede de fuentes no localizadas, y que antes se conocía como contaminacio?n “difusa”. Al respecto, indica el análisis, ésta es resultado de un amplio grupo de actividades humanas en las que los contaminantes no tienen un punto claro de ingreso en los cursos de agua que los reciben.

Se trata de la contaminación asociada a las actividades en que el agua residual se descarga directamente a las masas de agua receptoras, como las cañerías. De hecho, las fuentes más contaminantes son las aguas residuales municipales, que se generan en casas, oficinas y en los lugares pu?blicos y se descargan a los sistemas municipales de alcantarillado.

Respecto de éstas, el análisis señala que si no son tratadas pueden generar contaminantes biolo?gicos e infecciosos, además de contener sustancias to?xicas como solventes que se encuentran en algunos productos de limpieza, o disruptores hormonales (alteraciones en las funciones hormonales de los seres vivos) que se liberan al lavar la ropa,.

Aunado a lo anterior, indica que cada vez ma?s empresas descargan sus aguas residuales en el alcantarillado municipal, lo que resulta en un grave problema porque esas aguas tienen un alto contenido de metales pesados y sustancias qui?micas, mientras los sistemas de tratamiento de aguas municipales no esta?n hechos para procesar aguas industriales.

Es momento de que, tanto la sociedad asuma su responsabilidad y empiece a cuidar el agua; que las autoridades frenen la sobre explotación de los mantos, y que las empresas por primera vez sean de verdad socialmente responsables y dejen de contaminar las pocas reservas que nos quedan, antes de que sea demasiado tarde.

 

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/04/07/cuales-son-los-estados-que-mas-sobreexplotan-y-contaminan-el-agua/

Chile

Los Domos: El polémico proyecto minero que divide a la Patagonia

Autor: Ahora Noticias.cl

Si antes fue HidroAysén, ahora la nueva batalla medioambiental que se libra en el extremo sur del país está relacionada con un proyecto minero que amenaza con intervenir una de las zonas más hermosas de la Patagonia.

Este proyecto es Los Domos, una mina de oro que tiene enfrentados a los vecinos respecto a los beneficios y perjuicios que implica la implementación de esta faena de gran magnitud.

Pero los puntos de vista contrarios también enfrentan al anterior gobierno con la actual administración, a la que acusan de favorecer a la empresa de capitales australianos que pretende instalarse en la zona.

Fuente:https://www.ahoranoticias.cl/programas/reportajes/256875-patagonia-los-domos-aysen-proyecto-mina-de-oro-polemico.html

Chile

Putaendo Primer Pueblo Libre de Chile, Putaendo no se rinde

Autor: Agrupación Ambiental Social y Cultural Putaendo Resiste./ OLCA.org
Conflicto Relacionado: Vizcachita-Putaendo-Andes copper

Ante la resolución del proyecto «Regularización de sondajes mineros, sector Las Tejas» para el proyecto Vizcachitas de la Minera Andes Copper, la organización socioambiental Putaendo Resiste y su comunidad extendida en el Valle de Aconcagua, manifiesta que:

1. Lamentamos y condenamos profundamente la aprobación unánime del proyecto por la Comisión Evaluadora de la Región de Valparaíso. Pero era lo que esperábamos. La votación sólo demuestra que la institucionalidad ambiental y sus debiluchas autoridades no están al servicio y protección de la vida, sino que se prefiere legitimar un proyecto económico que históricamente ha actuado de mala fe, pasando a llevar los mínimos establecidos por nuestra legislación.

2. En efecto, la aprobación de esta Declaración de Impacto Ambiental, viene a blanquear y validar un proyecto que desacató sistemáticamente le ley, al eludir presentarse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en su debido momento, esto es, previo al comienzo de sus sondajes. Por el contrario, Vizcachitas Holding omitió su ingreso y actuó bajo la lógica de hechos consumados. Fue sólo la denuncia activa de los ciudadanos a la Superintendencia de Medioambiente y el riesgo de infracción lo que derivó en la presentación de esta DIA. Así, la aprobación no es sino la validación de un proyecto realizado en la ilegalidad, transformando al
Intendente de Valparaíso y sus Seremis en cómplices del actuar de una empresa que ha actuado
sistemáticamente fuera de la ley.

3. La aprobación de la regularización del proyecto, implica que se ha validado el actuar pasado de Andes Copper, pero en ningún caso ello implica que tienen la autorización para comenzar a construir u operar la mina. Se trata de un proyecto futuro que aún debe dar una serie de pasos -entre ellos, el Estudio de Impacto Ambiental- antes de su aprobación final. Estamos atentos organizados y movilizados.

Instamos a todos los habitantes del Aconcagua a seguir trabajando por asegurar el agua en el Valle y evitar que la Gran Minería se instale en Putaendo. Todavía estamos a tiempo de evitar su instalación e impedir una nueva Zona de Sacrificio.

La lucha que hemos venido dando organizadamente desde el año 2015, da sus frutos porque:

− Las denuncias que hicimos el 2016, han impedido que la minera Andes Copper haya seguido operando y haciendo sondajes desde el año 2017 a la fecha y los obligamos a gastar millones de pesos en abogados y consultorías,
− Está en proceso la ejecución de la orden de demolición del campamento minero resuelto por el
Juzgado de Policía Local, (atentos)
− Ha crecido el conocimiento y la conciencia ambiental de nuestra gente, también el cariño por nuestra tierra y patrimonio.
− Son muchos los jóvenes, adultos, trabajadores, profesionales, mujeres y artistas que se unen a esta resistencia y que aportan su amor por la Vida.


Hoy iniciamos una nueva etapa en esta lucha y hacemos un llamado a estar alertas y atentos y con más fuerza que nunca.

¡¡Por Tierra, Agua y Vida Digna, Fuera la Gran Minería de Putaendo!!

Agrupación Ambiental Social y Cultural Putaendo Resiste.

#PutaendoSinMineras #PutaendoResiste #FueraVizcachitas #VizcachitasHolding #AndesCopper
#AndesCopperGoHome #dontinvestinAndesCopper #CanadaDestruyePutaendo

Ecuador

El Cantón Girón elige agua frente a explotación minera

Autor: Gloria Chicaiza, Ivonne Yáñez y Eva Vázquez forman parte de Acción Ecológica de Ecuador.

El 24 de marzo de 2019, en el marco de las elecciones municipales y provinciales de Ecuador, ocurrió un hecho histórico: se llevó a cabo la primera Consulta Popular vinculante que permitió a la población del Cantón Girón decidir el futuro de sus territorios. Las comunidades fueron consultadas sobre su posición respecto al proyecto minero Loma Larga, operado por la empresa canadiense INV Metals, dentro de sus territorios que se ubican en el páramo de Kimsacocha. El páramo es un ecosistema que se da únicamente en ambientes montañosos elevados en los Andes tropicales y se caracteriza por ser extremadamente frágil, con alta biodiversidad y con enorme capacidad de regulación hídrica. El complejo hidrológico Kimsacocha pertenece a la Reserva de la Biósfera Macizo del Cajas y posee una importante diversidad biológica, infinidad de lagunas y nacimientos de ríos que abastecen de agua a Cuenca, la tercera ciudad del Ecuador, y en buena parte a la provincia del Azuay. Los pueblos indígenas y campesinos andinos conocen de la importancia del páramo, por lo que lo han cuidado y protegido durante años de los proyectos mineros.

La Constitución del Ecuador reconoce la Consulta Popular como una iniciativa ciudadana legalmente vinculante. En el caso del Cantón Girón, se realizó esta consulta con la pregunta: “¿Está usted de acuerdo con que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsacocha?”. Esta pregunta determinó la posición de las comunidades de la zona, dirimiendo dos formas de vida incompatibles: la explotación minera para el lucro de las empresas transnacionales o el derecho al agua y la protección del patrimonio hídrico para las presentes y futuras generaciones.

Los resultados fueron contundentes: el 87% de los votantes dio su apoyo al agua frente a la minería de oro. Y se sentó así un precedente decisivo en la historia del país, de los pueblos del Abya Yala y de este mecanismo de participación instituido en acto democrático.

Llegar a este momento ha sido un largo caminar de años de las comunidades organizadas en torno a la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de Girón (UNAGUA) para su gestión social. Estas comunidades han enfrentado constantes violencias en sus territorios, desde la criminalización de la protesta hasta la judicialización de sus dirigentes por parte del Estado ecuatoriano. De la misma forma la empresa ha generado constantes acciones de intimidación, persecución y hostigamiento contra las comunidades de la zona que se oponen al proyecto minero.

Tanto el Estado como la empresa minera han tratado de instaurar un discurso agresivo que cuestiona y deslegitima las voces opuestas al extractivismo, favoreciendo dispositivos de control social para acallar las asimétricas disputas socioambientales y ocultar, mediante su aparato de propaganda, las luchas de resistencia comunitarias y de la sociedad civil.

Decenas de estudios hidrológicos, periciales y ambientales, elaborados incluso por instancias públicas, como la Contraloría General del Estado, dan cuenta de las graves afectaciones ambientales y la falta de cumplimento de la normativa legal de este proyecto minero cuyas actividades se iniciaron sin disponer de estudios y permisos ambientales completos.

Ante esto, la UNAGUA  –con apoyo de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), el colectivo Yasunidos y diferentes organizaciones ecologistas y de derechos humanos– inició una petición de Consulta Popular en 2012 que quedó estancada hasta que en 2018 un nuevo Consejo Nacional Electoral dio paso a la votación por haber cumplido con todos los criterios legales necesarios.

En todos estos años, las presiones por parte del Ministerio de Minería, de la Cámara de Minería y de la transnacional canadiense INV Metals para que no se lleve a cabo la Consulta Popular han sido constantes. De hecho, unos días antes de las elecciones, un juez de la Unidad Judicial de Quito ordenó al Consejo Nacional Electoral suspender la consulta tras aceptar una acción de protección interpuesta por sectores empresariales promineros, petición que fue desechada y se dio paso al proceso electoral.

Con el triunfo de la Consulta popular, Girón al fin ha visto cómo se hacía justicia tras una historia de violencia y vulneración de derechos de sus comunidades y pueblos a decidir sobre su futuro, y las continuas violaciones de derechos por parte de esta transnacional minera en connivencia con el Estado ecuatoriano.

La Consulta Popular marca un precedente en las luchas de los pueblos por los derechos colectivos, y supone la concreción de un ejercicio político en donde las comunidades han podido decidir sobre su territorio y su proyecto de vida, continuamente vulnerado. Además, este momento implica una reversión del orden colonial y pone en cuestión las lógicas de acumulación capitalista que se dan por imposición en los territorios del sur global, territorios que pueden ser despojados y son sacrificables. De ahí la importancia de la Consulta, que ha significado legitimar lo local frente a la destrucción global, poniendo en valor los territorios rurales frente a la producción para las megaurbes, ubicando la relacionalidad con la naturaleza por encima del beneficio económico de una transnacional minera y primando el modelo de vida comunitario frente al modelo empresarial.

Un acto más de resistencia centenaria desde los pueblos indígenas y campesinos del Sur, quienes proponen otras formas de relacionarse, ser y estar en el mundo, quienes a través de la defensa del agua ponen en el centro la reproducción de la vida. El resultado de la consulta es un haz de luz en donde se da voz a las decisiones de los pueblos sobre sus territorios, algo poco habitual en la sociedad contemporánea que se rige por el interés nacional que establece el poder estatal y corporativo.

El contundente NO a la minería que ha pronunciado el Cantón de Girón en Ecuador abre horizontes de esperanza para dejar de mirar a la naturaleza como mercancía, detener el proyecto minero, desincentivar nuevas inversiones extractivistas, realizar un ejercicio de responsabilidad con las futuras generaciones y, lo más importante, para reconstruir la importancia del sentido de la comunidad. El triunfo de Girón, tras un largo camino, es un destello de justicia para empezar un proceso de verdad, justicia y reparación con la naturaleza, los territorios y los pueblos.

Fuente:http://www.ctxt.es/es/20190403/Politica/25355/Gloria-Chicaiza-Ivonne-Yanez-Eva-Vazquez-Ecuador-canton-giron-consulta-popular-uso-de-territorios.htm?fbclid=IwAR0Io8Db32I1HW0ZWAYAvFpWJmxZQ7flHrD7SU4JNjR-EPy8zIXdMzqSUdo

Latinoamerica

Mineras canadienses violan derechos en más de 100 países: Rema

Autor: Jordana González, Contralínea.com

Las mineras canadienses violan derechos humanos y medioambientales en más 100 países alrededor. Esto, como consecuencia de su operar totalmente voluntario y laxo promovido por Canadá, denuncia en un comunicado la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

 

Canadá permite al sector minero imponer leyes a modo para que éste “crezca” a costa del saqueo y despojo de recursos en los países donde poseen concesiones. Y es que las empresas se resguardan bajo el término de la “libre entrada”, pues les permite “explorar” y asentarse en cualquier zona para la explotación de minerales.

Según la organización, hay zonas como en la provincia de Ontario en las que es permitida la explotación de minerales o la construcción de una mina sin haber hecho un estudio ambiental previo.

En un comunicado, Rema explica que Canadá ha promovido la creación de tratados internacionales que protegen a inversionistas extranjeros en caso de que políticas nacionales atenten contra sus intereses. Como defensa de la merma económica, los empresarios pueden demandar a los Estados por afectar su crecimiento.

En cuanto a los daños ocasionados al medioambiente, refiere que no remueven residuos contaminantes explotados a pesar de que las mineras tienen la obligación legal de hacerlo con el propósito de proteger la salud humana y las zonas naturales. Para la Red, el hecho de remediar las zonas explotadas es un acto “cosmético”, porque “no hay forma de creerlo científicamente posible”.

La Red de Afectados por la Mineria recuerda que el mayor incidente ambiental ocurrido en la historia fue provocado por la empresa Imperial Metals, en el que fue destruida la quebrada Hazeltine y en el que fue contaminado por desechos minerales el lago Quesnel el 4 de agosto de 2014.

Con estos ejemplos respondió Rema al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que las mineras canadienses respetan la legislación en su país y que deberían hacer lo mismo en México.

 

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/04/04/mineras-canadienses-violan-derechos-en-mas-de-100-paises-rema/

Perú

Pronunciamiento: Elementos para una salida dialogada, pacífica y duradera

Autor: Red Muqui.org
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

Conjuntamente con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); CooperAcción; el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP); Estudios para la Defensa de los Derechos para la Mujer (DEMUS); Derechos Humanos sin Fronteras (DHFS), el Insituto de Defensa Legal (IDL); la Asociación Nacional de Centros de Investigación Promoción Social y Desarollo (ANC); la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), hemos publicado el siguiente pronunciamiento sobre el conflicto en Las Bambas, emitido hoy, 1 de abril, en el diario la Républica.

Las peruanas y peruanos hemos visto en las últimas semanas la situación de tensión y conflicto producida por el impacto de las actividades de la empresa MMG Las Bambas, en las regiones de#Apurímac y #Cusco, en particular en las provincias de #Cotabambas, #Espinar y #Chumbivilcas. La problemática que afecta a la comunidad de#Fuerabamba también es compartida por otras comunidades de la zona, razón por la que se requiere sentar las bases para una salida dialogada, pacífica y duradera al conflicto. Con ese propósito, las organizaciones abajo firmantes planteamos:

1. A lo largo de la carretera por donde se transportan los minerales de la empresa MMG Las Bambas, existen 149 centros poblados y 72 comunidades, varias de ellas han visto afectada su propiedad y sufren los impactos ambientales del transporte minero. Esto ha sido motivo de conflictos en el año 2016, con las protestas de las comunidades de Choqueca, Pumamarca, Ayahua y Quehuira, en el 2017 con las comunidades de Mara, y en el 2018 con las de Pisacassa, Pitic y Fuerabamba. Esta situación revela la urgencia de una solución para todas las comunidades afectadas, pues de lo contrario los conflictos volverán a repetirse.

2. Las comunidades afectadas por las actividades de la empresa MMG Las Bambas, en las regiones de Apurímac y Cusco, se han visto limitadas en el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos por el establecimiento de los Estados de Emergencia impuestos indebidamente por el Ejecutivo. El Estado debe derogarlos para contribuir a un clima de confianza y diálogo, sin presiones ni mecanismos coercitivos que afecten las libertades de las partes.

3. En el caso particular de la comunidad de Fuerabamba, además del pago por el uso de sus tierras para la carretera, es importante saldar de una vez por todas la entrega de las tierras pendientes, según el convenio celebrado el 2009 entre la empresa Glencore Xstrata y la Comunidad de Fuerabamba. Consideramos que los acuerdos alcanzados deben cumplirse y se deben manejar con total transparencia.

4. Además de Fuerabamba, otras comunidades han planteado diversas quejas por acuerdos incumplidos. A fin de restituir la confianza entre las partes, estos acuerdos, y la situación de los mismos deben transparentarse. La participación de la Defensoría del Pueblo, como instancia externa y neutral a las partes, resulta necesaria para realizar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos suscritos.

5. Según el BCR el 1% del PBI corresponde a la producción de Las Bambas. Una operación tan importante no puede desarrollarse en condiciones de clara afectación a los derechos de las comunidades y a los estándares ambientales, así como de infraestructura precaria (carreteras afirmadas).

6. Es necesario un reconocimiento de los errores y malas decisiones cometidas por los sucesivos gobiernos y la empresa MMG Las Bambas en el trámite de los permisos ambientales. En la segunda modificatoria del EIA se incorporó el cambio de mineroducto por transporte terrestre, a través de un mecanismo de consulta irregular (ITS). Esto originó que el transporte del mineral tenga un tratamiento inadecuado de prevención y reducción de daños. Pese a las quejas de las comunidades afectadas por los daños, nadie fiscalizó ni se responsabilizó de estos hechos, pues no había obligaciones establecidas para fiscalizar.

7. Urge que el Estado recupere la confianza de las comunidades en estas zonas con presencia importante de inversiones y actividades extractivas. Es la única vía para que las comunidades puedan canalizar sus demandas a través de mecanismos institucionales y no recurran a estrategias desesperadas. Los convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional deben ser eliminados. La Policía Nacional no puede convertirse en policía privada de las empresas, debe recuperar su rol de servicio público.

8. Datos oficiales muestran que en las regiones de impacto del proyecto minero Las Bambas se evidencia la persistencia de graves problemas de discriminación y violencia de género, hechos que se traducen en nuevas modalidades de explotación sexual, tráfico de mujeres y trata, así como casos de feminicidios y mortalidad materna. Estos casos deben ser investigados y denunciados por el Ministerio del Interior, y deben visibilizarse en el diálogo entre las partes en conflicto.

9. La detención irregular del Presidente de la Comunidad de Fuerabamba Gregorio Rojas ha evidenciado la situación límite de la relación entre las comunidades afectadas, la empresa y el Estado peruano. La fragilidad de las condiciones para el diálogo se hizo evidente en tanto se criminaliza a las y los representantes legítimos: que diversos personajes ajenos a los intereses de la comunidad ganaran protagonismo y pretendieran instrumentalizar el conflicto para sus propios fines. El Estado, y en particular el Ministerio Público, deben cesar de criminalizar a las y los representantes de las comunidades afectadas y encauzar debidamente la solución a los conflictos.

A partir de lo señalado, exhortamos al Gobierno y a las distintas instancias involucradas del Estado, a tratar los temas y problemas de fondo que plantean conflictos como el de Las Bambas. Del mismo modo, a que se revisen las políticas públicas, los marcos normativos ambientales y sociales, y los mecanismos de participación ciudadana y consulta previa que están a la base de los cuestionamientos de las comunidades impactadas por los megaproyectos, para garantizar así la convivencia pacífica y duradera, el reconocimiento y respeto entre las partes, y la legitimidad y sostenibilidad de los proyectos.

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/867-elementos-para-una-salida-dialogada-pacifica-y-duradera