Perú

Las Bambas, un conflicto consecuencia de paquetazos ambientales y presiones empresariales

Autor: Jorge Paucar
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

 Como señalamos anteriormente en otra publicación, hasta el momento las empresas que han estado a cargo de la mina Las Bambas (Xstrata Copper, Glencore-Xstrata y MMG Limited) han presentado nueve solicitudes para cambiar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que fue aprobado en marzo del 2011, cuando Alan García era presidente y Pedro Sánchez ministro de Energía y Minas.

Las solicitudes para cambiar el proyecto se presentaron a través de tres Modificatorias (MEIA) y seis Instrumentos Técnicos Sustentatorios (ITS). Hasta antes del 28 de diciembre del 2015, las empresas realizaban sus pedidos ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Después de esa fecha, se hace ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace). Este organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), fue creado en diciembre del 2012 con la ley de su creación, promulgada por Ollanta Humala.

En ese contexto, en el que se pretendía fortalecer la fiscalización ambiental, el gremio empresarial minero ejerció presiones con el argumento de que habían muchos «trámites» que cumplir y que se debían «destrabar las inversiones«. Finalmente, entre otras medidas, Humala creó el ITS como un «instrumento de gestión ambiental» que tenía el objetivo de «acelerar las inversiones«. Con los ITS, el plazo para realizar cambios a un EIA se reducían a solo quince días. En el caso de Las Bambas, se han presentado seis ITS, que juntos pueden ser considerados un cambio importante al proyecto.

En un evento organizado por LaMula.pe, especialistas en temas mineros pusieron énfasis en este tema. El economista José de Echave afirmó que el conflicto Las Bambas es consecuencia de los ITS.»La Sociedad Nacional de Minería y la Confiep son buenos narradores. En principio, un ITS no produce cambios significativos, pero aquí van seis. Hay que pensar si estos instrumentos le convienen a la industria minera«, señaló.

En este sentido, coincidió el economista Manuel Glave:»La novela de las modificatorias, los ITS y el triunfo de la permisología fue una narrativa ridícula, sin ningún sentido y que deja muy mal parado al sector privado por promover eso. Haría bien el sector privado en reconocer que fue un error«.Glave señaló la necesidad de un ordenamiento territorial para evitar conflictos como el de Las Bambas.

«¿Cuál es la frontera entre lo público y lo privado? ¿Cuál es la responsabilidad pública y hasta dónde debe llegar? El bien público que no está siendo bien provisto desde la dimensión territorial. Nadie está hablando de planes de ordenamiento territorial al pie de la letra, pero al menos deberíamos tener información básica y un protocolo que permita tomar decisiones a partir de una visión multisectorial. No hay recetas, pero hay que comenzar a ver territorios», señaló.

El economista también cuestionó la aceleración que se aplicó para que Xstrata-Copper prepare su EIA entre 2009 y 201 y lamentó que García y Sánchez no consideren que faltan estudios sobre otros dos yacimientos mineros.

«¿Cómo el proyecto recibió esta aceleración durante el gobierno de Alan García? Lo aceleraron, Xstrata-Copper trasladó a Sánchez, él trabajo en el origen, cuando se les habló de un mineroducto».

«En esa aceleración, García y Sánchez obviaron el EIA de los otros yacimientos mineros. Solo se ha aprobado el EIA de Ferrobamba. ¿Mañana más tarde qué van a hacer? Me parece una vergüenza que no se haya planificado el territorio para los tres yacimientos mineros».

¿Qué hacer ante esta situación? El abogado y politólogo Iván Lanegra señaló que hay un enorme vacío con la falta de mirada sobre el territorio que deberían tener los proyectos de inversión.

«El principal problema es que hay un gigantesco hueco en el que el Estado no ha desarrollado mecanismos para fijar qué es el interés público sobre los territorios, como no hay eso se parcha con acuerdos parciales, pero que no atienden los problemas estructurales, puesto el parche la gente se olvida durante un tiempo. Hay que pensar por qué los actores claves no toman decisiones para producir cambios«, afirmó.

Y ensayó una estrategia para esta política pública:

«¿Cuáles serían los instrumentos para ordenar el territorio? Una primera etapa puede ser piloto en la que se harían pruebas en cierta área y luego dar un proceso político mínimo para que esos instrumentos se validen con leyes y eso arrastra también cambios a nivel del Estado, a nivel nacional, regional y local».

«Lo que está en el fondo es cómo hacemos una mejor regulación, cómo invertimos para que eso no sea solo papeles, sino capacidad real de hacer supervisión, la pregunta es qué permisos están funcionando. Esto le conviene a todos».

A continuación, compartimos nuestra infografía con la línea de tiempo de todos los cambios que se han hecho a la mina Las Bambas. El principal cambio, y motivo principal del conflicto social, es el descarte del mineroducto y el uso de una carretera que pasa por un territorio de la comunidad campesina de Fuerabamba.

Fuente: https://redaccion.lamula.pe/2019/05/02/las-bambas-eia-its-cambios-modificaciones-destrabar-inversiones-permisologia-tramitologia-opiniones/jorgepaucar/

Honduras

Presentan recurso de inconstitucional contra decreto que permitió explotación minera en Parque Carlos Escaleras

Autor: Radio Progreso y Movimientom4.org

Un grupo de abogado que ha estado litigando a favor de los 12 defensores y defensora del río Guapinol y el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalera, en el departamento de Colón presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 252-2013 que permite la explotación minera.

El abogado Rodolfo Zamora explicó que no se ocupa saber de derecho para entender que hay un parque nacional y el Congreso Nacional aprobó otorgar a una familia la explotación minera en una zona donde el recurso natural es vital para sus habitantes.

“Modificaron los límites y las colindancias del parque del Cerro de Botaderos para que esa familia se beneficie de dicha explotación minera en perjuicio de todas las comunidades. Sabemos que explotación minera perjudica el agua, el medio ambiente, la salud, en definitiva, perjudica la vida de todos los habitantes de la zona”, expresó Rodolfo Zamora.

También se refirió a los abusos de autoridad, las negociaciones incompatibles que se han hecho desde el ejercicio de funciones pública. Además de otros tipos de delitos que se pueden dar en el departamento de Colón, debido a la creación de una mina que perjudica a toda la comunidad y solo beneficia a una minoría.

El cuerpo de abogados espera que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional revise los requisitos de admisibilidad del recurso y luego estudie los argumentos manejado con respecto a la violación de preceptos constitucionales y de tratados internacionales y resuelva conforme a derecho.

“Esperamos que lo hagan a la mayor brevedad posible porque esta situación de esta mina ha generado incluso violencia en la zona, confrontando a unos pobladores con otros. Porque la empresa tiene una especie de campaña que termina generando violencia y división entre los pobladores”, finalizó Zamora.

 

Guapinol y sus voces

Por otra parte, don Reinaldo Domínguez, uno de los criminalizados por la defensa del río Guapinol, detalló que “hay una ganancia, demuestra que la población ha despertado, las comunidades de Tocoa y la población en general se pusieron en acción, y eso no va a permitir que ninguna empresa extractivista se apropie de los recursos”.

El campamento de Guapinol libró una defensa digna y legítima del territorio frente a las actividades de la empresa minera Inversiones Pinares, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, que ya ha provocado graves daños ambientales, así lo manifestaron defensores y analistas ambientales.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/presentan-recurso-de-inconstitucional-contra-decreto-que-permitio-explotacion-minera-en-parque-carlos-escaleras/

Mexico

Pueblos organizados de Chiapas nos oponemos a las falsas soluciones para mitigar el cambio climático

Autor: Movimientom4.org

A los tres niveles de gobierno,
A las organizaciones sociales civiles nacionales e internacionales,
A los medios de comunicación,
A la opinión pública,

Los pueblos y organizaciones de Chiapas que conformamos el Grupo Chiapaneco contra el Modelo Extractivo este 25 y 26 de abril, reunidos en el Centro Ecológico de Alter Natos nos declaramos en oposición a las falsas soluciones para mitigar el cambio climático que ofrecen las empresas, las bancas internacionales y los gobiernos a través de planes y proyectos de economía verde, es decir una economía basada en la explotación, extracción, mercantilización, privatización de la naturaleza y evasión de responsabilidad de las empresas, para continuar contaminando, con planes y proyectos como las Iniciativas de Reducción de Emisiones (IRES), la de Reducción de Deforestación y Degradación Evitadas (REDD+), las Inversiones en Proyectos de Energía Renovable como hidroeléctricas, minihidroeléctricas, eólicas y fotovoltaica.

Estos proyectos solo benefician a las empresas que invierten en ellos a través de bonos de carbono y mecanismos de “energía limpia” para prolongar el modelo de producción y consumo capitalista, que ahora pretende pintarse de verde y avanzar en la privatización de los bienes naturales y conocimientos comunes.

No queremos las “soluciones” del modelo extractivo que solo utiliza maquillaje verde para privatizar el agua, el aire, los árboles y demás bienes naturales comunes, sabemos que en Chiapas se aprovecha este discurso “verde” para acaparar nuestra tierra, bosques y agua a través de las Áreas Naturales Protegidas, Pagos por Servicios Ambientales, las Zonas de Salvaguarda, Plantaciones de Palma Aceitera, Hidroeléctricas, la Biopiratería, además de criminalizar nuestras formas de agricultura campesina. Reafirmamos nuestro compromiso de resistencia a las represas (grandes y pequeñas), al Protocolo de Nagoya, Gobernanza de la Biodiversidad, los Pagos por Servicios Ambientales, proyectos REDD+, proyectos IRES.

Exigimos al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador el respeto y reconocimiento al derecho de los pueblos originarios a mantener nuestros sistemas de producción local que están siendo exterminado por el impulso del modelo del agronegocio, como los que mañosamente se pretenden instaurar con el Proyecto de Sembrando Vida y el mismo impulso de políticas neoliberales que están destruyendo las estructuras organizativas de los pueblos.

El cambio climático afecta nuestra milpa, nuestros bosques, ríos, y alimentación, nos trae enfermedades, sequías e inundaciones, nos obliga a desplazarnos de nuestros territorios, queremos claramente que se impulsen soluciones reales que respeten los derechos colectivos de los pueblos y comunidades, que respeten nuestra cultura, cosmovisión, conocimientos tradicionales y formas de ejercer nuestra espiritualidad.

Mientras continúe la minería, las represas, presas, parques eólicos, monocultivos, biocombustibles, transgénicos, proyectos REDD+,IRES “reservas de la biósfera”, extracción depredadora de gas y petróleo, o cualquier otro proyecto de control y muerte que intenten imponernos no habrá solución al cambio climático.

Refrendamos el compromiso de lucha del Grupo Chiapaneco que no es más que la continuidad de largas historias de resistencia de los pueblos que durante décadas han construido comunidad y formas muy propias de organización y producción, y que estos modelos de explotación capitalista están atentando en contra de todas las formas logradas de organización y cínicamente culpan al campesino de lastimar a la tierra. Cuando es la propia forma de explotación irracional capitalista la que está aniquilando la madre tierra. Pues las empresas amparadas bajo el cobijo de las políticas federales avalan la desarticulación de las resistencias, criminalización y violencia que golpetea bajo un falso discurso de prosperidad y desarrollo económico.

Tenemos claro que la única manera de mantener los bienes naturales comunes es con la inclusión de las voces de todos y todas, sin subordinar los intereses de los pueblos ante los intereses económicos de los empresarios nacionales y transnacionales . Como los que de igual manera vemos en los proyectos del Tren Maya, la autopista San Cristóbal-Palenque o el Corredor Trans-istmico.

Queremos seguir con fuerza y para ello, seguir viviendo en nuestras comunidades, con nuestras formas de vida, con respeto y cuidado de nuestras tierras y territorios. Queremos que se respeten y reconozcan nuestros derechos colectivos de los pueblos y comunidades.

Denunciamos las campañas de desprestigio, estigmatización, criminalización y violencia en contra de las personas que nos organizamos por la defensa de la tierra y el territorio. Así mismo todo el proceso de militarización que se lleva en nuestras comunidades, y que se pretenden impulsar con la creación de la Guardia Nacional.

El día de hoy, ante este ambiente de incertidumbre que se respira en todo el país hacemos un llamado a mantener viva la llama de esperanza y fe en la lucha, la esperanza en la fuerza de la comunidad en movimiento y resistencia, que nuestros ánimos no decaigan, pues aunque las situaciones puedan verse adveras es justo en estos momentos cuando debemos sacar a flote toda la fortaleza heredada de las luchas pasadas y sobre todo siguiendo el ejemplo de hombres y mujeres que han entregado la vida por la continuidad en la construcción de un mundo mejor.

¡LA ECONOMÍA VERDE NO ES LA SOLUCIÓN!

¡LA NATURALEZA NO ES MERCANCÍA!

¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE!

¡FUERA LOS MEGAPROYECTOS DE LOS TERRITORIOS CHIAPANECOS!

¡AGUA NATURALEZA Y ENERGÍA NO SON MERCANCÍA!

¡NO A LA GUARDIA NACIONAL!

FIRMAMOS:

Grupo Chiapaneco contra el Modelo Extractivo:

Las Abejas de Acteal ZODEVITE – Movimiento Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio MODEVITE – Movimiento en defensa de la Vida y el Territorio Parroquia de Cancuc Movimiento Reddeldía de Los Montes Azules Consejo Autónomo Regional de La Costa de Chiapas Centro de Derechos Humanos «Digna Ochoa» A.C. Frente Cívico Tonalteco Comité de Derechos Humanos de la Parroquia de Santo Niño de Atocha de Frontera Comalapa FPDS – Frente Popular en defensa del Soconusco «20 de Junio» Red de Mujeres Zoques Construyendo Esperanza Parteras Nichim Dios MOCRI CNPMN La Voz del Pueblo Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A.C. REMA – Red Mexicana de Afectadas y Afectados Por la Minería Otros Mundos A.C.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/05/pueblos-organizados-de-chiapas-nos-oponemos-a-las-falsas-soluciones-para-mitigar-el-cambio-climatico/

Mexico

Pasta de Conchos y la “verdad histórica”

Autor: Arturo Rodriguez García para Remamx.org
Conflicto Relacionado: Pasta de Conchos-Coahuila-IMMSA
– El martes 30 de abril, la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde Luján, llegó a uno de los barrios de la comunidad minera de Barroterán, al norte de Coahuila. Un encuentro sencillo, sin la cobertura que los secretarios del Trabajo en sexenios pasados solían desplegar para publicitar sus aventuras en provincia.

En una vivienda, se reunió con la Organización Familia de Pasta de Conchos, integrada por los deudos y sobrevivientes de la tragedia ocurrida en 2006 así como de los accidentes carboneros posteriores que sumarían en estos años alrededor de 200 fallecidos, quienes encausaron sus reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Una primera señal de buena voluntad se había dado el pasado 19 de febrero, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no litigar.

Después de horas de reunión, el encuentro del 30 de abril tuvo una conclusión: que el Estado tutele la recuperación de los 63 cuerpos que permanecen sepultados en la mina Pasta de Conchos, porque Grupo México –que originalmente debía hacerlo– cooptó en estos años al Estado (tanto que los deudos tuvieron que acudir a la CIDH) y el sindicato minero que dirige Napoleón Gómez Urrutia, tuvo prácticas desleales y es parte interesada.

Ese fue el origen del anuncio que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó la mañana de este 1 de mayo y que, por primera vez desde el siniestro de 2006, colocó el asunto al máximo nivel al aceptar las condiciones de los deudos –aun a costa de dejar fuera de la ecuación a su aliado, Gómez Urrutia– como lo hizo al declarar sobre Germán Larrea: “si ayuda bienvenido, si no, de todas maneras lo vamos a hacer”.

 

El asunto tiene una relevancia enorme, pues no se trata sólo del interés de un grupo de familias: es uno de los casos del maridaje gobierno-gran capital, que se expresó de manera terrible, con vidas humanas de por medio, garantizando la impunidad a uno de los hombres más ricos de México, un asunto al que López Obrador se ha referido como objeto histórico de su gobierno: separar al poder político del económico, origen de la gran corrupción.

Durante 13 años, una “verdad histórica” fue construida con base en un perito sin credenciales contratado por Grupo México. Su dictamen sirvió para evitar que continuaran los trabajos de recuperación de cuerpos en Pasta de Conchos pues, durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, los funcionarios aceptaron y promovieron la versión empresarial.

La historia es la siguiente: un “experto” estadunidense, presentado en 2007 como D.G. Wooton, integró un dictamen en el que aseguraba que continuar con los trabajos, provocaría una epidemia de salmonela, tuberculosis y VIH en la región, algo que carecía de un soporte científico básico, pero asustaba a los habitantes de la zona, en un contexto de indignación social que, por otra parte, se atemperaba con una campaña de desprestigio sobre los deudos.

En los últimos días de febrero de 2006, autoridades federales, estatales y empresa, dijeron que la explosión provocó una elevación de temperatura a más de 900 grados, por lo que “ya no había sustento de vida” pues estaban calcinados (como se dijo en los mismos términos con la “verdad histórica” de Ayotzinapa, no habría ni cenizas). Grupo México justificó así terminar el esfuerzo de recuperar a los mineros con vida –que, entre una serie de compromisos posteriormente también incumplidos– prometiendo recuperar sus cuerpos.

El 23 de junio de 2006 se recuperó un primer cuerpo y el 1 de enero de 2007 el segundo. En ambos casos, la causa de muerte fue asfixia y no calcinamiento, lo que en los hechos echaba por tierra la primera “verdad histórica” que se quiso imponer. Así que al emitirse el Informe Wooton, lo que se evitaba era avanzar en aquello que podía evidenciar las responsabilidades de la empresa pues en 13 años nadie ha podido explicar qué fue lo que ocurrió el 19 de febrero de 2006 cuando, antes de emitir la alerta de accidente, desaparecieron misteriosamente de las oficinas de la mina, las bitácoras y otros documentos que podían acreditar en qué condiciones operaba.

Las condiciones previas eran relevantes: bitácora sobre presencia de gas; calidad de inhibición del polvo de carbón y, reportes sobre desperfectos eléctricos (factores clave para una explosión en mina de carbón), por ejemplo, que habían sido reportados desde el 7 de febrero, 12 días antes del estallido, en un acta de verificación que firmaron empresa, sindicato minero e inspectores de la secretaría del Trabajo.

El reporte del 7 de febrero era el seguimiento a las inspecciones que documentaban desde dos años antes las anomalías de la operación sin que jamás se hubieran suspendido sus actividades. Demasiadas responsabilidades que, de continuar con la recuperación de cuerpos, quedarían al descubierto.

Javier Lozano Alarcón, como secretario de Trabajo, no sólo aceptó el informe de Grupo México, sino que dijo que los deudos y los defensores de derechos humanos que los acompañaban, lucraban con la tragedia; interpretó a modo los informes de la Organización Internacional del Trabajo para declarar cerrado el caso, así como el dictamen del Foro Consultivo Científico y Tecnológico para mantener su posición que era la misma de Grupo México: no continuar con la recuperación.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto, el asunto fue tomado por el subprocurador Ricardo García Sáenz quien, al avanzar en la reapertura del caso procurando la recuperación de cuerpos por la vía penal, terminó forzado a abandonar el cargo, más o menos en las mismas fechas en que la secretaría de Economía, a través de su Dirección General de Minas, fraccionó en varios lotes la concesión Pasta de Conchos, haciendo aprovechable el yacimiento y eludiendo la suspensión impuesta por el siniestro.

De esa historia se desprende la exigencia de tutela del Estado que se hizo a Luisa Alcalde el 30 de abril, en una vivienda de Barroterán, donde se reunió con Trinidad Cantú, madre del minero fallecido Raúl Villasana, Elvira Martínez, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz, un representante del Centro Pro, y Cristina Auerbach Benavides, defensora de derechos humanos y anfitriona del encuentro.

A más de 13 años de los hechos, hay un avance que se actualiza en una región cuya actividad productiva principal, padece una cultura patronal mortífera y que, paradójicamente sirve al Estado, pues la mayoría de las minas son proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad.

Pero las responsabilidades son muchas y, por lo pronto, el gobierno de López Obrador deberá para resistir las presiones del magnate Larrea y sus asociados en la vida pública, por su anuncio de este 1 de mayo y cuando en estos días, el Estado Mexicano responda a los requerimientos de la CIDH, luego del compromiso asumido por el mandatario de no litigar contra las víctimas.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/05/pasta-de-conchos-y-la-verdad-historica/

Mexico

La corrupción institucionalizada ha contribuido en la crisis del agua en región centro de Zacatecas

Autor: Martín Catalán Lerma, La Jornada y Remamx.org

■ Hay tolerancia a la transmisión parcial de los derechos de extracción como una manera de evadir las vedas formales: Cindy McCulligh, posdoctorante en la UAZ

La corrupción institucionalizada, como conjunto de prácticas gubernamentales, ha contribuido a la persistencia y profundización de la crisis del agua en la región centro de Zacatecas, tales como la tolerancia a la transmisión parcial de los derechos de extracción como una manera de evadir las vedas formales, los bajos niveles de inspección y vigilancia de las extracciones, y los cambios “en el papel” de los volúmenes disponibles de agua para poder otorgar nuevas concesiones.

Así lo afirmó Cindy McCulligh, posdoctorante en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quien manifestó que en el estado se subordinan las consideraciones de sustentabilidad ecológica y social a la prioridad del Estado neoliberal de atraer y retener la inversión privada y extranjera, en particular en la industria, la agricultura y la minería.

Precisó que el concepto de “corrupción institucionalizada” no se refiere a los actos individuales de corrupción por parte de autoridades del agua o medio ambiente, sino más bien a un patrón continuo de “sesgos en la generación y aplicación de las normas ambientales que favorecen el interés privado sobre el bien común”, lo que implica eludir las regulaciones ambientales para proveer a los capitales extractivos el acceso a los recursos escasos, incluyendo el agua.

En ese sentido, subrayó “la discrepancia existente entre la idea de un Estado democrático que vela por el bien común al tratar de procurar un equilibrio entre objetivos económicos y ambientales contrapuestos y la de un Estado neoliberal depredador que tiende a operar a favor de los intereses de corto plazo de corporaciones y empresas individuales que emplean grandes cantidades de agua en sus actividades extractivas, industriales y agrícolas”.

Explicó que la transmisión parcial de las concesiones de agua, una de las prácticas de corrupción institucionalizada, tiene que ver con la multiplicación de las concesiones de agua existentes mediante la práctica de las transmisiones parciales de títulos (Ley de Aguas Nacionales).

McCulligh expuso que desde los 1960 se han emitido diferentes decretos que instituyen zonas de veda para restringir los derechos de perforación de nuevos pozos en Zacatecas, y existe algún tipo de restricción para todos los municipios del estado. En los hechos, sin embargo, esto ha llevado al fraccionamiento y, por lo tanto, a la multiplicación de las concesiones de agua existentes.

La primera práctica de corrupción institucional, dijo, es el bajo nivel de inspección y vigilancia. Debido a que los cálculos de la extracción se basan en datos de las concesiones, la falta de supervisión e inspección implica que las verdaderas tasas de sobreexplotación con probabilidad exceden lo que se estima.

En ese sentido, “la Conagua carece de capacidad de inspección en el nivel nacional, hecho que se evidencia en el número de inspectores y de las inspecciones realizadas comparado con el número de usuarios con una concesión para extraer aguas superficiales o subterráneas, o bien con un permiso para descargar a aguas nacionales o para ocupar una zona federal. El número total de concesiones y permisos registrados a escala nacional es cercano a medio millón (491 mil 362 en febrero de 2016), y Conagua cuenta con alrededor de 180 inspectores. Con base en el promedio anual de inspecciones realizadas por la Conagua entre 2011 y 2015 (8 mil 337), se puede estimar que requeriría de 59 años para poder inspeccionar a cada usuario. Esto pone en perspectiva el tipo de vigilancia que puede movilizar la comisión”.

En consecuencia, señaló que hay una depredación del agua por parte de industriales y agricultores en los que destaca “la incapacidad, o la franca complicidad del Estado, para someter a esos grupos a alguna lógica de racionalidad no empresarial, buscando una cierta equidad o algún criterio de conservación a largo plazo”.

Asimismo, McCulligh refirió que otra práctica importante que funge para asegurar el agua para satisfacer intereses económicos involucra la manipulación o tergiversación de los datos acerca del estado y la cantidad del recurso hídrico. Un caso bastante claro proviene del norte de Zacatecas, donde las cifras oficiales de la recarga natural del acuífero Cedros se multiplicaron durante la etapa antes de la instalación de la mina Peñasquito, una enorme mina a cielo abierto de la compañía canadiense, Goldcorp, en el municipio de Mazapil.

En 2007, comentó que la Conagua dio a conocer un estudio de la disponibilidad del agua en el acuífero Cedros, en el que se afirma que la tasa de recarga natural es de 10.1 Mm3 /año, y que el volumen comprometido en concesiones es de 4.45 Mm3/año. Dos años después, la Conagua publicó información en el Diario Oficial de la Federación indicando que la recarga para el acuífero Cedros era de 54.4 Mm3 /año, ¡un aumento de 435 por ciento.

Actualmente, la mina Peñasquito, considerada la mina de oro más grande del país, cuenta con concesiones para 38 Mm3 / año de 60 pozos en el acuífero Cedros, así como otros 6 Mm3 /año del sobreexplotado acuífero Guadalupe Garzarón, según detalló en un artículo publicado en la revista Water Alternatives y Observatorio del Desarrollo.

Consideró entonces que es un caso de reciprocidad negativa entre la corporación y las comunidades locales, quienes han perdido su acceso a los recursos hídricos. En este caso, las autoridades del agua han incurrido tanto en “falsificar los estudios técnicos” como en realizar actos de omisión al permitir la continua extracción no sustentable del agua del acuífero.

McCulligh manifestó que la apuesta actual de las autoridades del estado es aumentar el abastecimiento a través de la construcción de la presa Milpillas, sobre el río del mismo nombre, al extremo occidente del estado en la cuenca del río Santiago, pero un trasvase de cuenca y una gran obra de infraestructura hidráulica no sólo no solucionarán los problemas que son de una magnitud importante, sino que no trastocan los patrones actuales de uso del agua en la región centro del estado.

“Minar agua subterránea para emprendimientos privados, sean agrícolas o industriales, se realiza actualmente con la anuencia de las autoridades, cuya aplicación de la regulación se inscribe en las prácticas de la corrupción institucionalizada. Mientras la corrupción institucionalizada permite que persistan los patrones no sustentables de explotación del agua en la región centro del estado, la crisis del agua se profundiza y se cristaliza en el conflicto naciente en torno a la presa Milpillas. Sin duda, la participación y la vigilancia ciudadanas serán clave para poder develar y romper las prácticas oficiales que solapan la sobreexplotación de los acuíferos en aras de garantizar actividades y ganancias privadas”, concluyó.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/05/la-corrupcion-institucionalizada-ha-contribuido-en-la-crisis-del-agua-en-region-centro-de-zacatecas/

 

Colombia

Colombia será demandada por multinacionales por impedir minería en Páramos

Autor: Libertad y Pensamiento.com
Conflicto Relacionado: Santurbán

Luego que la corte constitucional fallara a favor de una demanda interpuesta por el polo democrático, en la que se impedía la minería y la extracción de hidrocarburosen las zonas protegidas, una empresas canadiense ha interpuesto una multimillonaria demanda en contra del estado colombiano, se trata de Eco Oro Mineral Corp con sede en Canadá,  haciendo uso de sus derechos legales, entregados por el gobierno en los marcos puntuales del tratado de libre comercio firmado por Colombia.

Tan pronto la minería se volvió un factor de crecimiento acelerado, el estado colombiano entregó títulos minerosa diestra y siniestra desconociendo que algunos predios para la extracción de recursos, se encontraban en zonas de reserva protegidas. Nueve mil títulos en todo el país se otorgaron para extraer recursos sin importar que se trataran de zonas de paramos, reservas productoras de agua, parques naturales y resguardos indígenas, muchos de estos títulos fueron otorgados en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y por consiguiente fue implementado por Juan Manuel santos mediante el Plan Nacional de Desarrollo.

La multinacional Eco Oro Mineral Corp entabló una  millonaria demanda,  por tratarse de una falla en los contratos establecidos en los tratados de libre comercio, la multinacional pretendía explotar a cielo abierto 7,7 millones de onzas de oro durante el transcurso de 15 años, sin embargo hace cinco años el estado los obligo a ejercer minería subterránea debido a las fuertes criticas ambientalistas que recibieron por estas practicas irresponsables en terreno colombiano, y con la probación del PND su funcionamiento siguió vigente.

Para el año 2016, debido a la intervención del polo democrático y sus ponentes, Alberto castilla y Jorge robledo y otras bancadas del partido en compañía de sectores ambientalistas, cumbre agraria, y la corte constitucional se logro fallar a favor de los paramos y las zonas de reserva protegidas. Con este fallo los multinacionales con títulos mineros en zonas de paramos y áreas protegidas debían sin reprocho alguno abandonar el país.

Luego de fuertes criticas presentadas por el sector agrario y campesino en contra de los tratados de libre comercio y que el estado hizo caso omiso a estas denuncias, será el pueblo quien de su bolsillo pague las indemnizaciones a multinacionales por los descuidos de la clase política a los intereses reales de Colombia.

«Esta medida a favor de los paramos no solo beneficia a unos cuantos campesinos de a pie, mas de tres millones de personas se benefician del agua que emana Santurban, paramo que se encuentra en disputa con la compañía demandante, no hay otra salida que defender la soberanía interponiendo las demandas necesarias para lograr una vida digna y un desarrollo sostenible en un país lleno de recursos naturales»; fueron las palabras de miguel ramos, integrante del Equipo Jurídico de Pueblos en Santander.

Fuente:http://www.libertadypensamiento.com/2016/04/colombia-sera-demandada-por-multinacionales-por-impedir-mineria-en-paramos.html?fbclid=IwAR18VeBxLepiLHJIRSqpeVQC7CoBXeb0IiIJhftdxd0OtjFDrFpR6jdLTmU

Chile

Las 8 mentiras de la minería en Putaendo

Autor: Puatendo Libre.com
Conflicto Relacionado: Vizcachita-Putaendo-Andes copper

Especial mentiras de la Asociación Minera de Putaendo y de los Andes Copper.

  • La Minera argumenta que las juventudes migran a la Región Metropolitana o a Valparaíso a buscar mejores condiciones de trabajo. Si esto es cierto, claramente las juventudes no van a buscar trabajo en la minería porque en esas ciudades no hay. Sin embargo, sabemos que cada vez más jóvenes que se han ido a estudiar a otras ciudades, ahora regresan a sus pueblos, Putaendo entre ellos, para hacer su vida en un entorno apacible, con condiciones geográficas y atmosféricas envidiables.
  • La Minera dice que trae el desarrollo que la región necesita. ¿Existe desarrollo en el norte de Chile? ¿Migra la gente hacia esos lados por la buena calidad de vida? No y no. Solo van trabajadores por turnos a cumplir su relevo en las minas, gente que ha estudiado minería, pero que luego se enferman jóvenes de cáncer y tantas otras enfermedades relacionadas con la actividad minera. Nadie va a vivir al norte de Chile buscando calidad de vida porque lo han desertificado, pelado todo.
  • La Minera dice que es limpia y sustentable, que para eso se siguen los procedimientos adecuados en cumplimiento con las legislaciones vigentes. Sin embargo, en Chile tenemos un sistema legal obsoleto: desde la misma Constitución Nacional que necesita su buena reforma ya que data de la última dictadura militar; hasta el Código de Agua, también de la última dictadura, que permiten tener más derechos de agua a aquellos que las puedan pagar. La minería pretende utilizar ese sistema de leyes a su favor, sistema que desde su génesis es corrupto y que necesita una revisión y cambios urgentes en épocas de democracia.
  • La Minera dice que trae el desarrollo sustentable, entonces ¿por qué no se ha desarrollado África? ¿Por qué mueren niños de hambre allí? Por la fiebre extractivista, que ha saqueado los recursos naturales del continente africano durante siglos. Nada de lo que sea extractivista, esto es: sacar desmedidamente los recursos de la tierra por beneficio económico, ha producido jamás riqueza alguna para la región donde se encuentra la mina. El dinero siempre es transferido a sus casas matrices, a los centros de poder, donde residen sus dueños y accionistas. Solo quedan migajas y contaminación en las zonas de explotación minera.
  • La Minera dice que trae desarrollo económico. Sin embargo, el desarrollo por definición tiene que ser sostenible en el tiempo, a nivel social y ambiental. Las mineras tienen una proyección de explotar las minas durante un período de 30 años (para el caso de Vizcachitas Holding, según su plan de negocios). Una actividad económica que dura solo 30 años y luego deja daños ambientales tremendos no puede ser nunca desarrollo. A lo sumo será crecimiento económico en términos de aumento del PIB durante algunos años, nada más. Crecimiento NO es sinónimo de desarrollo, éste último es sostenible y sustentable en el tiempo.
  • La Minera dice que puede convivir con la agricultura, el turismo y otras actividades económicas. Sin embargo, nadie se va de vacaciones a un lugar de explotación minera, a nadie le gusta enfermarse. Todos buscan la calidad de vida y la salud, son los bienes más preciados. Además, la minería no puede convivir con la agricultura, por algo en Chile el norte es minero y el sur es agropecuario. No coexisten en las mismas regiones por obvias razones: el agua. La minera sí o sí contamina las napas subterráneas o los ríos cuando hay derrames, entonces es imposible que con aguas contaminadas se puedan regar los cultivos. La huella del agua en el mundo mide eso, la trazabilidad y el seguimiento de los recursos utilizados en la producción.
  • La minera dice que es mentira que la gente se enferma en ciudades mineras. Sostienen que se vive en abundancia y que ellos instalan nuevos hospitales y centros de atención. Sin embargo, numerosos estudios sostienen claramente cómo la minería causa decenas de enfermedades por el polvo y material particulado que genera en el aire y en el agua. Además de las numerosas muertes por “accidentes” que se dan en las minas. Es una actividad de alto riesgo que se paga con la vida misma solo para llenar el bolsillo de unos pocos.
  • La minería no contempla los costos ambientales, sino no sería rentable. Sólo consideran costos económicos y técnicos, pero si sumaran los costos ambientales y sociales de los impactos negativos (externalidades negativas) que generan, deberían cerrar sus puertas y dejar de funcionar. Se gastan millones de dólares en multas, reparaciones de daños, etc.

 

Fuente:https://putaendolibre.com/las-8-mentiras-de-la-mineria-en-putaendo/

Chile

100 toneladas de mercurio llegarán en camiones al puerto de San Antonio

Autor: Soy Chile.cl
Conflicto Relacionado: Veladero-Jachal

Se estima que la caravana con el mercurio líquido dará una vuelta de más de 2.400 kilómetros para llegar al puerto local, que está a unos 775 kilómetros de distancia de la mina.

Cien toneladas de mercurio fueron despachadas desde una mina argentina con rumbo al puerto de San Antonio. Los residuos de este químico son trasladados en camiones desde la mina Veladero, en San Juan, y serán llevados al puerto chileno para ser embarcados a Alemania, según informó Mdz.El trayecto que seguirá el cargamento se hará por el norte argentino en lugar de cruzar por el trayecto más corto que es el paso fronterizo de Mendoza.»Los residuos del químico, que es altamente contaminante, estaban depositados desde el año 2012 y ahora las operadoras de la mina resolvieron enviarlo a Alemania para su depósito final.

Una empresa suiza especializada en este tipo de operaciones es la encargada de llevar adelante el operativo, que implicará un recorrido por seis provincias argentinas hasta el paso de Jama, por donde los camiones cruzarán la cordillera hacia Chile», señaló dicho medio.»Es la primera vez que vamos a exportar mercurio para la disposición final», declaró al diario Clarín el director ejecutivo de la Minera Andina del Sol, Marcelo Álvarez, sobre la alianza comercial de la canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold, que opera la mina Veladero.

El operativo para enviar los tanques con mercurio a Alemania costará 1,5 millón de dólares. «Serán varios camiones (se calcula que entre tres y cuatro) para transportar las 100 toneladas de mercurio, de un total de 440 toneladas que tenemos almacenadas», detalló Álvarez.

Se estima que la caravana con el mercurio líquido dará una vuelta de más de 2.400 kilómetros para llegar al puerto de San Antonio, que está a unos 775 kilómetros de distancia de la mina.Según los medios trasandinos, la carga partió en la madrugada del miércoles desde San Juan para atravesar La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Debiera cruzar a Chile por el paso de Jama (4.200 metros sobre el nivel del mar), hasta el puerto chileno que se encuentra a solo 108 kilómetros de la capital, Santiago. «La empresa nos ha comunicado que han optado por esa ruta porque es la más segura y menos riesgosa», dijo el director general de la mina Veladero.Desde Chile el barco zarpará rumbo a Perú, Panamá, Bahamas, Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Francia y Suiza, donde el mercurio será sometido a un proceso de estabilización y pasará de líquido a sólido. Finalmente será trasladado a una mina de sal en Alemania, donde lo sepultarán

Fuente: – https://www.soychile.cl/San-Antonio/Nuestro-Mar/2019/04/25/592557/100-toneladas-de-mercurio-llegaran-en-camiones-al-puerto-de-San-Antonio.aspx?utm_source=Interna+Arriba&utm_medium=Facebook&utm_campaign=Botones+Sociales&fbclid=IwAR3BviwkaiSou2I0xSIzGS-Tp6NJyp41QF3m-NopsoLZ8MosQx2VV3y1HG8

Perú

Empezó juicio por huelga contra minera Anabi en Cusco

Autor: La República.pe

Manifestaciones ocurrieron entre diciembre del 2011 y febrero del 2012. Comuneros impulsaron las protestas contra una supuesta contaminación ambiental producida por la empresa minera Anabi S.A.C en el distrito de Quiñota

Cusco. Después de varias postergaciones, el viernes empezó el juicio oral en contra de 10 exdirigentes que entre diciembre del 2011 y febrero del 2012 impulsaron las protestas contra una supuesta contaminación ambiental producida por la empresa minera Anabi S.A.C en el distrito de Quiñota, de la provincia cusqueña de Chumbivilcas. La audiencia se desarrolló en las instalaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco y se presentaron los alegatos de apertura.

El Ministerio Público sustentó la acusación contra los exdirigentes acusados por los delitos de secuestro, robo agravado, disturbios, daños a la propiedad, entre otros. Entre ellos están Jaime Mantilla, Julian Ataucuri, Victoria Quispesivana, Luciano Atucuri, Samuel Acero, Urbano Cjulca, Esteban Alvis, Wilber García, Grimaldo Asto y Edgardo Aguirre.

La fiscalía solicitó como pena de cárcel hasta 30 años y una reparación civil a favor de la minera de más de US$ 2.5 millones. Este caso, según el abogado Ramiro Llatas, «se encuentra en trámite desde hace más de 7 años sin que existan elementos probatorios que incriminen a los exdirigentes».

Los dirigentes son defendidos por Derechos Humanos Sin Fronteras, Red Muqui Sur y Earth Rights Internacional. La siguiente audiencia será el próximo 09 de mayo.

 

Fuente:https://larepublica.pe/politica/1458250-empezo-juicio-huelga-minera-anabi?fbclid=IwAR3_xAaYTJM9lQHTu6M74_z-J2vEbCWWOPL2kqV5pO_mW0XEWmYIPbyWGAI

Mexico

MINERÍA EN EL NAIM ¿PROYECTO DE VIDA O MUERTE?

Autor: Violeta R. Núñez Rodríguez , Aridamérica.

En el país tenemos al menos 45 conflictos (OCMAL, 2018) serios y muy complejos derivado de las más de 20 millones de hectáreas vigentes concesionadas a las empresas mineras. A ellos, se sumarán los conflictos socioambientales generados por las mineras que se están explotando para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

En la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIAMR) del NAIM, se indica que: “se calcula un volumen aproximado de 35,448,000 m3 de material requerido para la nivelación del terreno, la fuente de suministro serán los bancos localizados en los municipios de Ecatepec, Chimalhuacan, San Vicente Chicoloapan, Ixtapaluca y Texcoco” (GACM, II-83). Es decir, el material requerido tan sólo para nivelar el terreno corresponde al volumen de 6,394 albercas olímpicas o 381 veces más del material que se utilizó para la construcción del Estadio Azteca. Pero ¿de qué material esta hablando la MIAMR?

De manera particular se señala que durante la Fase 1, una vez que se retiren 7 millones de m3 (por las excavaciones del terreno), “el volumen para relleno será de 15,986,000 m3, el tipo de material que se empleará será tepetate y tezontle” (GACM, II-83). Este relleno se obtendrá de “bancos de préstamo” que “son las excavaciones a cielo abierto destinadas a extraer material útil para la construcción” (GACM, II-148). Es decir, los casi 16 millones de m3 de material, corresponden a dos minerales, tepetate y tezontle, que por supuesto necesitan ser extraídos de minas. Ante esto, la pregunta es de dónde se propuso sacar este mineral.

La explotación de bancos señalados en la MIAMR (en ella se incluye un mapa sólo con 13), que cuentan con “autorizaciones en materia ambiental”, y que podrían ser usados, son: Netzahualcóyotl, San Miguel, La Esperanza y La Providencia, todos con Aglomerado; Ixtlahuaca con Andesita; Santa Catarina, Tlahuilco, Tepexpan y Totolcingo todos con Tezontle; y los Municipio de Ixtapaluca y Chimalhucán, ambos con arena, grava, tepetate y tezontle (GACM, II-149).

En otro documento, Proyecto de Apoyo Ferroviario. Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” (AMF-SCT, sf), se indica que producto de las obras de las tres primeras pistas, se necesitarán “36.56 millones de toneladas de material pétreo para pre carga de suelo de cimentación”. Ante la necesidad de este material, el Proyecto muestra con mapas, la localización de las minas cercanas. Sobre las minas de basalto (para la cimentación), indica que hay 547 en un radio de 250 kilómetros del nuevo aeropuerto; 488 en un radio de 150 kilómetros; y 156 en un radio de 50 kilómetros. De minas de tezontle, apunta, hay 50 minas en un radio de 250 kilómetros, 41 en un radio de 150 kilómetros y 1 en un radio de 50 kilómetros (AMF-SCT, sf). Así, una gran cantidad de minas se presentan como “disponibles” para el NAIM. Aunado a esto, el Proyecto señala que “las minas contarán con grúas de cucharon de 25 toneladas cada una que permitan cargar un camión en rango de 3 minutos” (AMF-SCT, sf). De acuerdo con algunos de los trabajadores del NAIM, fueron destinados 5 mil camiones para transportar estos materiales.

En suma, en la MIAMR y el Proyecto, se muestra la gran cantidad de minerales requeridos para el relleno y la precarga del terreno, y también las minas disponibles para los requerimientos de la construcción, entre ellas 590 minas, en un radio de 250 km. La gran interrogante es, quérepercusiones socioambientales traería la explotación de tantas minas, muchas de las cuales necesitan explosivos para su extracción, lo que conlleva la destrucción de ecosistemas, del hábitat de los pueblos, de viviendas, entre otros. Hasta el momento, denuncian los pobladores cercanos, hay alrededor de 160 minas que en su inmensa mayoría han sido abiertas para el NAIM, muchas de las cuales indican, iniciaron de forma clandestina. Entonces, ¿es un proyecto de vida o es un proyecto de muerte?

 

Fuente:https:https://desinformemonos.org/la-mineria-que-empobrece-y-no-respeta-la-vida-en-mexico/?fbclid=IwAR0ZQTtRJ1IrTR49TWFFGGallMkzxnc1AXHdtkD-JaxQnTD77UlUrQq9za0