PRONUNCIAMIENTO

El 8 de julio del presente año la ciudadanía de la provincia de Islay en Arequipa tomó conocimiento por la prensa que tres días antes, el 5 de julio, la empresa Southern Peru Copper Corporation remitió una carta al Ministro de Energía y Minas (MINEM) solicitando le otorgue “la licencia de construcción de la Concesión de Beneficio del Proyecto Minero Tía María”.

El 9 de julio fue la propia empresa minera la que informó que el MINEM le había otorgado ya la licencia de construcción. Posteriormente, el MINEM informó a la ciudadanía sobre el otorgamiento de dicha licencia de construcción.

Cabe resaltar que, pese la campaña mediática millonaria de la empresa Southern, la ciudadanía de Islay ha manifestado desde el año 2009 que su proyecto de vida y de desarrollo se basa en la agricultura y que este proyecto de vida se contradice con la imposición de minas de explotación de cobre en su territorio.

Así, en abril de 2011 a finales del gobierno aprista, se intentó imponer este proyecto minero generando un grave conflicto social que tuvo como consecuencia la muerte de 4 ciudadanos. Esta situación se repitió durante el gobierno de Ollanta Humala en el año 2015 (un año antes de finalizar dicho gobierno) y la policía ocasionó la muerte de 3 ciudadanos. Todas estas muertes fueron generadas por la represión policial frente a las legítimas protestas ciudadanas, y a la fecha no han sido investigadas y menos se han establecido las responsabilidades y sanciones correspondientes para evitar impunidad.

Por ello, expresamos con suma preocupación como el gobierno frente a la situación de protesta social generada por el otorgamiento de la esta ha priorizado una solución de fuerza, enviado un contingente de más de 600 efectivos policiales y autorizando inconstitucionalmente la participación de las fuerzas armadas en el control del orden interno. En ese sentido señalamos:

1. Condenamos la represión de la legítima protesta social en el departamento de Arequipa, cuya violencia se acentúa con el uso de armas letales de parte de Policía Nacional del Perú;

2. Expresamos nuestra preocupación por la remisión del oficio de una Fiscalía Provincial Penal de Islay en el que solicita a los profesionales de la salud entregar la vestimenta, restos de armas de fuego, etc. de las personas heridas que atiendan en el contexto de la protesta social a la policía que intervino en los operativos, abdicando así de cumplir con su función constitucional de investigar el delito y custodiar las pruebas. Esta exhortación origina un conflicto de intereses y puede generar la adulteración o destrucción de la prueba por personal policial vinculado a agresiones a la integridad personal de la ciudadanía;

3. Rechazamos el Memorandum de 31 de julio del Jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la MacroRegión SUR PNP en el cual se asume un supuesto peligro a la paz social y pública que representan las organizaciones sociales: “gremiales, sindicales, estudiantes universitarios, comerciantes, amas de casa, ONGs, transportistas, taxistas, frentes de defensa, sindicatos de trabajadores de construcción civil, pobladores y/o agricultores” cuando participan o apoyan las legítimas protestas sociales, y ordena poner en ejecución el Plan de Defensa y Seguridad LINCE 2019;

4. Denunciamos la inconstitucionalidad de la resolución ministerial de 4 de agosto, la cual sin previa declaratoria de estado de emergencia autoriza la intervención de las fuerzas armadas en el control del orden interno en el puerto de Matarani, Arequipa, desnaturalizando así la función de las fuerzas armadas para garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República.

Por esto, desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exigimos al gobierno central que frente al conflicto social que ha generado en la provincia de Islay no priorice la utilización de la fuerza y que, por el contrario, escuche y dialogue con la ciudadanía en dicha provincia para que a través de este diálogo garantice y proteja el derecho a la vida, a la libertad e integridad personal, a decidir su propio modelo de desarrollo, así como el ejercicio del derecho a la protesta de la ciudadanía.

8 de Agosto, 2019

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/valle-de-tambo-estado-tiene-la-obligacion-de-respetar-el-modelo-de-desarrollo-y-garantizar-el-derecho-a-la-vida/?fbclid=IwAR0RtBIla_vSTcZXMT3wTIS_aKBZY9mHr_17YLspfggpAEiMtksdWFAlaAQ

Corani (Puno), Mina Justa (Marcona/Nazca en Ica), Quellaveco (Moquegua), Michiquillay (Cajamarca). El mensaje del Presidente Kuczynski nos trajo el anuncio de nuevos proyectos mineros confirmando que seguimos dependiendo sólo de una actividad económica como eje de nuestra economía, ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no podemos enlazar un verdadero programa de diversificación económica en el país, que impulse verdaderamente -y no sólo con paliativos- actividades económicas como la agricultura? especialmente la agricultura familiar a cargo de nuestras comunidades campesinas, de las que depende nuestra canasta familiar a nivel nacional.

Sólo el 7% de nuestro territorio nacional está dedicado a la agricultura de consumo que aporta a la canasta familiar, y ese territorio, que es fundamentalmente de las comunidades campesinas, no está protegido de actividades como la minería, así como de su crecimiento, impactos ambientales y afectaciones a la salud humana.

Otra actividad importante que debe priorizarse es el turismo sostenible, en un país de riqueza cultural e histórica inmejorable como el nuestro. Debiera aprovecharse con mayor apoyo, pero ahora se eliminan los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) para pririzar los proyectos mineros, gracias a los decretos legislativos emitidos en el gobierno del señor Kuczynski.

En su mensaje, usted ha hablado de formalización, señor Kuczynski. De hecho, hay toda una campaña del gobierno para impulsarla. Estamos de acuerdo, sin embargo, no podemos formalizar todo de la misma manera. No podemos formalizar la actividad minera informal actual como está. Los decretos legislativos que su gobierno dictó a fines del año pasado, permiten que solo con “declaraciones juradas” los mineros informales presenten un instrumento de gestión ambiental para la formalización minera (IGAFOM): un papel en el que se limitan a indicar sus acciones, y aseguran que cuentan con los supuestos permisos que el propietario del suelo les habría dado para realizar actividad minera.

Saltan varias preguntas: ¿quién da ese permiso?, ¿quién revisa su formalidad? ¿quién da seguimiento al cumplimiento posterior de presentarlo? Es decir, basta con “formalizar” y no interesan los impactos ambientales, ni sociales y mucho menos los que se generan en la salud de las personas. ¿Así se formaliza en minería para recibir más ingresos?

Sobre medio ambiente, Kuczynski mencionó que “el lago más grande del Perú está contaminado por relaves mineros”. Es bueno que lo reconozca señor Kuczynski, pues la minería formal e informal ha afectado fuentes fundamentales como el Lago Titicaca (Puno) y el Lago Chinchaycocha o Junin (Junin), y otros tantos ríos y recursos hídricos a nivel nacional. Precisamente la minería ilegal ha arrojado históricamente sus relaves sin procesamiento.

Y usted, señor presidente, sabe que una de las protestas que se siguen sumando en Puno, se deben al incumplimiento de promesa electoral que incluía la construcción de pozas de oxidación para procesar el agua residual que llega al lago. Entonces, nos preguntamos, ¿dónde están los movimientos «políticos» o «terroristas» que supuestamente promueven estas protestas sociales, si es su incumplimiento el que las genera?

Usted menciona que “entonces hay que reducir los impactos ambientales” y nos preguntamos, ¿cómo?, si su propio gobierno promulga decretos legislativos que han reducido los estándares de calidad ambiental (ECA) para aire en doce veces más, ¿para qué?, para hacer posible la venta del Complejo Metalúrgico de La Oroya, que el miércoles 26 de julio nuevamente declaró desierta la tercera subasta para su compra. Ninguna empresa nacional ni extranjera -ni siquiera los chinos- quieren ser responsables de reactivar un complejo que afecta la vida y salud de las personas.

En todo caso, busquemos alternativas de desarrollo sostenibles para quienes necesitan un puesto de trabajo en La Oroya, pero no atentemos contra de la salud y vida de las personas de esa localidad, que es una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo.

Esa misma norma de los ECAs de aire, hace posible también el funcionamiento de la refinería de Ilo de la empresa Southern. Se emiten normas que no son para el beneficio de todas y todos los peruanos.

Un interesante mensaje dentro del discurso del presidente ha sido “dignificar a las rondas campesinas”. Justamente, nacieron para asumir la seguridad y para dictar justicia sobre los temas de su competencia, en aquellas zonas donde el Estado no podía –y aún no puede- llegar.

En ese sentido, ha sido importante el avance del actual presidente del Poder Judicial, Duberli Martínez. Pues, como huancabambino (Huancabamba, Piura), conoce cómo es que en su tierra natal funcionan las rondas. Para el gobierno -y los últimos gobiernos- aquellas personas y organizaciones incluidas las rondas, que defienden sus derechos y sus territorios de la imposición de la actividad minera sin consulta previa, por ejemplo, sí son ‘antimineros’, ‘antidesarrollo’, ‘perros del hortelano’.

Ojalá cambiara su perspectiva de las cosas, pero con viceministros como el señor Fernández-Concha como encargado de la Gobernanza Territorial en la PCM, y su vinculación directa con empresas mineras, solo queda la perspectiva de que los conflictos socioambientales responden a ‘conspiración’ e ‘intereses políticos’. No se quieren ver los problemas de fondo como: el olvido, la marginación histórica, la falta de consulta para las decisiones, la imposición, la falta de apoyo para las actividades económicas sostenibles.

“Fortalecer el rol del Ministerio de Salud (MINSA) es fundamental. No funciona como debe funcionar…” reconoció en su mensaje, señor Kuczynscki. Usted prioriza la minería, pero no se interesa por los impactos en la salud de las personas que ésta genera, ¿Quién asume el pago de los tratamientos? ¿No deberían ser las propias empresas mineras las que asuman esta la responsabilidad? ¿No deberían ser los países de origen de estas empresas mineras, los que deben exigirles que cumplan los mismos estándares y normas de sus países?

Somos los(as) peruanos(as) quienes asumimos los costos de la minería, ¿Cuál es el verdadero aporte de la minería? ¿Existiría alguno si finalmente asumiera sus responsabilidades de atención a la salud de las personas afectadas, la remediación de todos los pasivos ambientales, los impactos en las actividades económicas de las poblaciones y comunidades locales donde opera?

Hace unas semanas los pobladores de Simón Bolívar (Cerro de Pasco, Pasco) tuvieron que llegar a Lima a encadenarse en la puerta del MINSA, después de muchas reuniones infructuosas y compromisos no asumidos. Solo así pudieron exigir la atención en salud de sus hijos(as) afectados por metales pesados, producto de la contaminación minera y su falta de remediación de sus pasivos ambientales. ¿Acaso se deben seguir tomando esas iniciativas para poder obtener respuesta de su gobierno, señor mandatario?

«El agua será legado de este gobierno». Usted ha ofrecido que el 84% de las zonas rurales tendrán agua y desagüe. Habría que recordarle, ¿De dónde va a venir el agua que ofrece si nuestras cabeceras de cuenca y ecosistemas que captan los recursos hídricos están en serio riesgo y, en gran medida, ya contaminados por la minería?

Los empresarios mineros suelen decir que sólo utilizan el 1% del agua disponible. Entonces, ¿por qué siguen buscando y priorizando la operación de proyectos mineros en cabeceras de cuenca donde están las nacientes de los ríos y se depositan nuestras reservas de agua? Es porque es un elemento fundamental para el proceso minero, para la explotación, beneficio (procesamiento), y transporte (mineroductos).

La minería asegura que reutiliza el agua, pero este ciclo no se puede repetir indefinidamente, deben renovarla, y la producción exige también grandes dimensiones de agua, lo cual afecta su cantidad (acceso al agua) y calidad (el agua usada en minería está contaminada). Nos gustaría saber si el señor Kuczynki utilizaría agua procesada de la actividad minera para llenar sus bidones de consumo directo en palacio de gobierno, ¿Por qué poblaciones que habitan en zonas mineras sí deben hacerlo?

Se hace necesario proteger nuestras cabeceras de cuenca y los ecosistemas frágiles que generan y captan recursos hídricos. No es suficiente que solo sean intangibles nuestros Parques Nacionales y Santuarios Naturales. Deben limitarse las concesiones mineras y los proyectos a zonas que no afecten el acceso al agua y su captación. La ley del derecho humano al agua sólo exige que las personas tengan agua en casa, mas no protege las fuentes de donde viene. Y requerimos protección para los páramos, bosques de neblina, bofedales y otras fuentes hídricas, sino no se puede asegurar el derecho humano al agua.

El mandatario no olvidó “Fortalecer a las empresas de agua potable. Seguirán siendo públicas”. Le recordamos que uno de los decretos dictados en su gobierno, ha establecido que estas Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), ahora tendrán un régimen de sociedades con acciones que se pueden vender a otros ‘intereses económicos’.

Con ello, se estaría permitiendo la privatización del recurso hídrico, lo que constituye un grave riesgo para los(as) peruanos(as), porque más allá de que las EPS no estén funcionando bien, su rol es brindar un servicio, no lucrar con ello en beneficio propio o de terceros. Usted presidente dice una cosa en su mensaje, pero las normas que su gobierno ha emitido, y que el Congreso ha bendecido, dicen lo contrario.

Finalmente ha presentado ya cinco proyectos de ley señor presidente que han surgido de su reunión con Keiko Fujimori (¿a cambio de que…?). Uno de ellos, es sobre el tratamiento de aguas residuales. Se plantea mayor participación de las Asociaciones Público Privadas (APP) para ello. Recordemos que en los decretos que su gobierno dictó a fines del 2016, usted plantea que se simplifiquen los procedimientos para los vertimientos de aguas residuales. Ya no intervienen las autoridades responsables, ahora sólo se aplican los ECAs y LMP de agua, que justamente acaban de ser flexibilizados también por su gobierno, apenas el 7 de junio.

¿Y quiénes son los beneficiados? las empresas que se dedicarán al negocio, sin embargo, aquellas personas que utilizan las aguas afectadas para sus actividades económicas o para consumo humano, ¿Cómo quedan? ¿Usted va a facilitar el consumo humano de esas aguas contaminadas? ¿Así va a favorecer el acceso a agua para más peruanos(as) en esas condiciones? Acaso, ¿Las inversiones no son para mejorar la calidad de vida de las personas?

Otro de los proyectos que usted mencionó haber presentado este 28 de julio, busca destrabar el ‘acceso a inmuebles’ para la ejecución de obras de infraestructura. Eso suena volver a presentar el derogado Decreto Legislativo N° 1333 que, mediante el APIP, buscaba facilitar aún más el acceso a predios; en especial a los territorios de comunidades campesinas, en relación con la Ley N°30230.

Después de su reunión con Keiko Fujimori, ¿Seguirá la velada idea de desaparecer las comunidades campesinas? ¿Es así que se pretende mejorar la calidad de vida de las personas en el Péru?

Fuente:http://www.muqui.org/details/itemlist/tag/Sim%C3%B3n%20Bolivar

Se trata de la comunidad de Pumallacta, ubicada en el distrito de Quiñota, Chumbivilcas en Cusco, que denunció que la minera Anabi S.A.C. ha contaminado al menos cuatro ríos y dos lagunas. Para comprobarlo, un grupo de afectados llegó a Arequipa, donde costeó con su propio dinero un estudio para que revise las aguas presuntamente contaminadas.

Así lo dio a conocer un reportaje publicado por el portal periodístico El Búho de Arequipa. En su publicación menciona que los afluentes Chacchani, Ywarmayo, Mistyoscomayo, Asnayoucco, y las lagunas Ankas Cocha y Pistoro Cocha, esta última ubicada bajo el campamento minero, están expuestas al polvo y los relaves mineros que se filtran, generando una contaminación en cadena.

El estudio de las aguas

En junio se recogieron seis muestras de un litro de los ríos y lagunas contaminadasy los resultados generan preocupación.

En el caso del aluminio, este oscila entre 8 y 50 veces más que los valores recomendados.

La muestra de hierro representa entre 9 y 112 veces más de lo normal.

En el caso del arsénico, la muestra recogida oscila entre 0,0261 y 0,7256 mg/l cuando lo normal es de 0,15 mg/l.

No es la primera vez

La comunidad denunciará a la empresa con las pruebas obtenidas por el laboratorio, sin embargo ya existirían antecedentes por parte de la empresa.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a Anabi S.A.C. detener sus actividades en mayo de 2017, porque la ubicación de la planta había puesto en riesgo la quebrada Huayllani.

En agosto de 2018, el OEFA, mediante una medida administrativa, ordenó a Anabi S.A.C. la evacuación inmediata del agua cianurada de sus pozas de operaciones en Quiñota y Haquira, debido a unas grietas encontradas en el sistema de impermeabilización de la lixiviación, cuya rotura filtraría relaves a las aguas subterráneas.

Exigen que se vayan

El conflicto inició en el 2011, y la comunidad fue acusada de incendiar el campamento minero en ese año. En el 2016, se produjo otro incendio que destruyó cinco pabellones de la planta.

En el 2019, alrededor de 300 comuneros tomaron las instalaciones de Anabi S.A.C. por lo que 120 policías intervinieron para recuperar la minera.

El 26 de abril inició el juicio oral contra 10 dirigentes por las primeras protestas. El Ministerio Público los acusa de secuestro, robo agravado, disturbios, daños a la propiedad y otros delitos.

“Tenemos oveja, vaca, llama. Sembramos papa, maíz, quinua, olluco, trigo, cebada. De eso vivimos. Este año ya no ha dado, por gusto se llama la tierra de papas nativas. Las papas salen chiquitas. Los animales preñados abortan porque comen de la polvareda. Enfermedades hay para niños, granos medios raros nos salen en los brazos, como sarna. El cuerpo escuece”, cuenta Mercedes Cahuana Huamaní.

Según el portal periodístico, los comuneros de Pumallacta llegaron hasta Arequipa debido al conflicto minero por Tía María. Ellos piden unidad con los agricultores del Valle de Tambo para que los ayuden a detener la actividad minera en su comunidad.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/cusco-comunidad-denuncia-contaminacion-con-metales-de-cuatro-rios-y-dos-lagunas/?fbclid=IwAR3BjHN0sV6nM_h7ZJ1pey_PLjjvq9T8ueHdOKw1ZG9TyVmTnEB71Q7VwvA

El conflicto por el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú y la poca efectividad de la estrategia del gobierno nacional ha provocado un escalamiento de mayores dimensiones, como el paro regional indefinido en contra del proyecto minero que acata Arequipa. El gremio minero ha criticado al gobierno por inadecuado manejo del conflicto y hay sectores que piden que se restablezca el orden. De otro lado, el anuncio de una nueva Ley General de Minería ha abierto la discusión porque hay sectores que ven amenazadas sus intereses. Para analizar esta coyuntura que vive el país, Noticias SER conversó con José De Echave, investigador de CooperAcción.

¿Cómo calificaría la situación que se vive en Valle de Tambo y el paro regional que acata en Arequipa en contra del proyecto minero Tía María?

Es compleja y se va agravando. Me da la impresión que en las primeras versiones en los grandes medios de comunicación de Lima, se desestimaba la capacidad de movilización inicial del paro, pero éste ha ido en aumento. En primer lugar tuvo como ámbito principal la provincia de Islay y los distritos que eran el centro neurálgico del proyecto minero. Ahora ha saltado a un nivel regional y está teniendo un impacto muy fuerte en la ciudad de Arequipa. Yo no descartaría que si no se encuentran soluciones pronto éste podría tener un salto a nivel de la macro región sur, porque ya se registraron algunas manifestaciones de solidaridad en Moquegua y en algunas otras zonas.

¿Por qué cree que el gobierno no ha buscado salidas institucionales y políticas al conflicto y está reprimiendo la protesta?

Lo primero es que la estrategia y los mensajes que definió el gobierno no han tenido resultados. Me da la impresión que en un primer momento con la decisión de otorgar la licencia de construcción pensaron que con el discurso de decir que el proyecto no comenzaría  hasta que no haya la aceptación social, la gente de la zona de influencia directa de Tía María se iba a tranquilizar, pero eso no ha funcionado. Por otro lado, la estrategia del presidente Vizcarra de conversar con el gobernador regional de Arequipa y otros gobernadores, supuso que Cáceres Llica iba a ser una suerte de interlocutor, y eso tampoco ha funcionado

Entonces, ¿no se distinguió adecuadamente sobre con quienes se debió entablar le diálogo?

Sí, hay que distinguir muy claramente el rol que puede jugar el gobernador de Arequipa, que no representa a la población de Islay, que tienen sus propias autoridades y alcaldes así como sus dirigentes sociales y voceros, y es con ellos con quienes se tienen que entablar un proceso de diálogo. Y enviar a las fuerzas armadas al puerto de Matarani va en el sentido contrario de posibilitar un escenario de entendimiento para salir de esta situación.

¿Consideras que el gobierno con el anuncio de una nueva ley general de minería esperaba que los pobladores de Valle de Tambo depongan su medida de fuerza? 

Yo creo que son dimensiones distintas. Y nuevamente, creo que en el conflicto de Tía María la estrategia del gobierno no está funcionando. A mí me parece correcto que el país, intentando sacar lecciones de la conflictividad empiece a debatir sobre la vigencia de la ley de minería que viene desde 1992, y que se discuta si los supuestos de esa ley siguen vigentes. Sería importante que el país se discuta en serio y a fondo un nuevo marco legal para la minería, pero que esa discusión va lograr que el conflicto de Tía María se solucione. Pensar que ese anuncio iba a bajar la tensión en Valle de Tambo es un poco iluso.

¿Se puede decir que hay una relación directa entre la ley de minería y la cantidad de conflictos? y su posible cambio ¿ayudaría a reducir los conflictos?

Yo he insistido que el Perú creo un marco normativo de la minería para atraer inversiones, pero el país nunca se preparó para enfrentar los conflictos sociales que generaron las inversiones. El marco general vigente para la minería fue construido y diseñado como parte de los ajustes sectoriales de los años 90, auspiciados por el Banco Mundial. Ese marco legal, al mismo tiempo que otorga beneficios a las empresas, fue reduciendo derechos económicos sociales, ambientales y culturales de las poblaciones que están en la zona de influencia directa de las actividades mineras y eso se explica la creciente conflictividad social. Tenemos que reconocer que el Perú se ha convertido en uno de los principales productores de conflictos sociales vinculados a la minería a nivel mundial.  Y esto se vincula a una política ambiental que no ha logrado conseguir los equilibrios suficientes, construir institucionalidad y generar confianza en la población.

¿Es posible incorporar las visiones de las poblaciones rurales y la de otros actores sociales en esta nueva ley de minería?

En un proceso de elaboración de una nueva ley general de minería deberían participar todos los actores interesados y, como parte de estos, las poblaciones que están en las zonas de influencia directa de las inversiones mineras, así como sus organizaciones sociales, sus autoridades locales, la academia y todos lo que estamos interesados en que las cosas se hagan de forma diferente en el país.

¿Qué elementos debería contener esta nueva ley general de minería que nos coadyuve a aspirar a una verdadera gobernanza en torno a las actividades extractivas?

La palabra clave es gobernanza, efectivamente. A mí me da la impresión que cada grupo de interés ha estado tratando de plantear sus propias agendas y ha habido poca capacidad de buscar puntos de encuentro. Las empresas, en función de sus expectativas de inversiones, han estado insistiendo con el tema de la competitividad, que no hay que perderlo. Y desde la sociedad civil, varios actores han impulsado una agenda de derechos. Pero, el reto es cubrir las brechas de gobernabilidad que todavía persisten en el país y construir gobernanza.

¿Y cómo se resuelven esas brechas?

Una brecha de gobernabilidad se produce cuando los inversionistas, los agentes económicos, ya sean empresas mineras o el propio estado interesados en que la inversión crezca, pierden el objetivo del bien común. Entonces, cuando un proyecto minero sólo responde a los intereses del inversionista privado, surge esa brecha, el asunto se polariza y se critica a los que están en contra de la minería. La minería es una actividad importante y seguirá siéndolo, pero el reto que tenemos, en un país como el nuestro, donde hay recursos geológicos significativos, es precisamente que esas inversiones mineras respondan al bien común y para eso se necesita una política pública, y un estado que regule, controle y fiscalice, que no pierda la perspectiva estratégica del bien común. Eso es lo que está haciendo falta.

07 de agosto de 2019

Entrevista realizada por Omar Rosel para Noticias SER

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/jose-de-echave-en-el-conflicto-de-tia-maria-la-estrategia-del-gobierno-no-esta-funcionando/?fbclid=IwAR2g7D8JkudGv98QhiisRy7OUtQXysMl_gbGaVx-uLv3KW0PPC0j4gKnxMI