El martes 13 se llevó a cabo el Foro Público sobre Empresas y Derechos Humanos en la ciudad del Cusco. El espacio sirvió para presentar el reporte sobre los impactos de las actividades de las empresas mineras en el corredor minero del sur andino. Así mismo, se abrió la discusión sobre los mecanismos de incidencia a seguir para proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas que operan en el corredor.
El evento contó con la participación de Leonidas Wiener, abogado de CooperAcción, Katherine Paucar, abogada de Earth Rights International, Jaime Borda, director de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), y Federico Chunga, coordinador del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (MINJUS). Los expositores señalaron la importancia de visibilizar las afectaciones a los derechos al agua, a la vida, a la libertad y a la protesta que vienen causando las empresas Glencore Antapaccay en la provincia de Espinar (Cusco), y MMG Las Bambas en las provincias de Cotabambas (Apurímac); y Chumbivilcas (Cusco).
El reporte presentado por CooperAcción comparte resultados que no son alentadores, ya que las empresas MMG Las Bambas y Glencore Antapaccay operan en un contexto de vulneración constante de derechos humanos y derechos de pueblos indígenas. En el caso de Glencore, existe una situación de vulneración de derechos que viene desde hace más de 30 años, y que ha generado severos impactos ambientales y sociales y cuya afectación principal tiene que ver con el derecho al agua. Los proyectos mineros Tintaya y Antapaccay han ido reduciendo las fuentes de agua, y el proyecto Coroccohuayco, que es la ampliación de esta mina, también prevé la afectación de otras quebradas y fuentes de agua.
En el caso de MMG Las Bambas, el transporte diario de concentrados de minerales por la carretera genera impactos en el aire, en el agua, además de temblores y rajaduras en las viviendas que se ubican en los contornos de esta vía. Esta carretera se aprobó sin un proceso de consulta y tiene como exclusiva beneficiaria a MMG Las Bambas y otras empresas mineras que operan en la zona y también hacen uso de este corredor minero. Así mismo, debido a las modificaciones de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), MMG Las Bambas ha realizado diversas modificaciones y ampliaciones en el diseño original del proyecto minero, y no se han previsto una serie de impactos ambientales y sociales en el proceso de certificación ambiental gracias a este mecanismo simplificado que fue aprobado en el marco de los “paquetazos ambientales” durante el gobierno de Ollanta Humala. Todos estos impactos afectan los derechos y la vida de los pueblos indígenas en el corredor minero sur andino.
En el evento se discutió acerca de la necesidad de establecer marcos regulatorios efectivos a las empresas que se oponen a ser reguladas y que se ven favorecidas por leyes en el país con vacíos y omisiones que les dan ventajas. Al respecto, los expositores presentaron a los Principios Rectores (PR) como una herramienta que puede ser efectiva para lograr el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas mineras que operan en el corredor, la protección de los derechos humanos por parte del Estado y el acceso a mecanismos de remediación para las víctimas. Sin embargo, también se hizo énfasis en que los PR no son suficientes si es que no tienen un carácter vinculante, es decir, obligatorio ya que solo así las empresas podrían ser monitoreadas y sancionadas frente a las afectaciones y vulneraciones a los derechos humanos que cometen como consecuencia de sus operaciones.
Finalmente el coordinador del Plan Nacional de Acción (PNA) sobre Empresas y Derechos Humanos, Federico Chunga, hizo un llamado a los y las integrantes de la sociedad civil ubicados en el corredor minero del sur andino a sumarse a los espacios de diálogo destinados a la construcción del PNA. Chunga destacó que la importancia de este instrumento de gestión pública radica en que sería de carácter obligatorio (a través de un decreto supremo) para las empresas transnacionales y que por ello es una oportunidad para enfrentar las afectaciones a los derechos humanos por parte de las empresas mineras que operan en el corredor.
Este evento se desarrolló en el marco del primer taller sobre empresas y derechos humanos que CooperAcción viene desarrollando con dirigentes de las comunidades de las provincias de Cotabambas, Espinar, Chumbivilcas y Paruro con el objetivo de fortalecer sus capacidades y capacidad de movilización para exigir los tres pilares de los principios rectores: proteger, respetar y remediar los derechos humanos por parte del Estado y las empresas.
Fuente:http://cooperaccion.org.pe/cooperaccion-presenta-reporte-sobre-los-impactos-de-las-empresas-mineras-en-los-ddhh-en-el-corredor-minero-del-sur-andino/




Durante una entrevista que trató sobre la presentación del ministro de Energía y Minas ante el Congreso de la República para explicar la suspensión de la licencia de construcción del proyecto Tía María, el congresista Hernando Cevallos comentó que la minería en el país está muy vinculada a diversas afectaciones al medioambiente, y como ejemplo de ello, dio el siguiente dato: “Tenemos más de 8.500 pasivos ambientales en nuestra patria”. Tras revisar información oficial sobre el tema, 
Durante las últimas semanas y con diversas actividades de divulgación y de reflexión colectiva, organizaciones socioambientales del Gran Concepción han manifestado su rotundo rechazo al proyecto minero de tierras raras RRE UNO Spa en Penco, también conocido como BioLantánidos. El proyecto ingresó su Estudio de Impacto Ambiental a fines de 2018, por lo que en estos momentos el Servicio de Evaluación Ambiental lo estaría analizando para su eventual aprobación. Esto ha generado gran preocupación y alarma en parte de la población de la ciudad de Penco y el Gran Concepción. Como respuesta se han organizado caminatas a la zona en donde pretende emplazarse la minera y asambleas intercomunales en donde decenas de participantes han analizado las nocivas consecuencias de este proyecto.
Mariano Abarca Roblero fue precursor en la defensa del medio ambiente en Chiapas. Él y habitantes del ejido Grecia, municipio Chicomuselo ubicado en la Sierra Madre, se opusieron a que la empresa canadiense Black Fire, siguiera vertiendo sus desechos en los ríos de la zona. Por sus protestas, recibieron amenazas y agresiones directas.
Neste domingo (25), dia em que a tragédia em Brumadinho completa sete meses, moradores da cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte fizeram um ato em homenagem aos 248 mortos e 22 desaparecidos.
No solo significaba una inversión de US$ 1.400 millones, sino que también aumentaría el PIB de Perú en 0,4% y consolidaría a ese país como el segundo mayor productor de cobre del mundo. Semanas atrás, el Ministerio de Energía y Minas decidió suspender la licencia de construcción del proyecto minero Tía María por 120 días, luego de que el gobernador regional de Arequipa y algunas organizaciones sociales presentaran recursos de revisión. La misma secretaría de Estado había otorgado el permiso en julio, tras la aprobación del segundo estudio de impacto ambiental.
Desde tempranas horas el día , lunes 19 de agosto, se informó del bloqueo de carreteras de Puno – Desaguadero y Puno – Juliaca, como medida de solidaridad con el gobernador regional que actualmente se encuentra en la clandestinidad frente a la condena del Juzgado Penal Colegiado de Puno, que ordenó 6 años de prisión y 2 millones de soles de reparación civil por el delito contra la tranquilidad pública en el desarrollo de las protestas contra el proyecto minero Santa Ana de la empresa canadiense Bear Creek.
Dos oficiales y siete suboficiales de la Policía, que fueron parte del contingente desplazado a garantizar la seguridad y el orden en el paro realizado en la localidad de Tumilaca – Moquegua, fueron denunciados por un grupo de pobladores. La protesta se acataba en contra del proyecto minero
Cristina Auerbach Benavides, directora de la Organización Familia Pasta de Conchos, dijo ayer que para la conformación del comité que participa en las mesas de diálogo para el rescate de los restos de los mineros, no se corrieron invitaciones a otros niveles de gobierno y este órgano forma parte del Plan Integral para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos.
Extractivismo, destrucción de la tierra, profundización del sistema patriarcal, ocultamiento de las culturas originarias, son las políticas enquistadas en el Estado mexicano.