El día 24 de julio de 2019, autoridades del Consejo Regional Wixarika (CRW), representantes del pueblo wixarika, junto con la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales A. C. (UWCC), emitieron una respuesta a la convocatoria procedente de una asociación civil que se hace llamar Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano norte, donde convocaban a los representantes de los wixaritari a una reunión con el objeto de, entre otros motivos, negociar el amparo judicial que el pueblo wixarika interpuso en el año 2011 a la instalación de megaproyectos mineros en al Altiplano norte-Wirikuta, que suspende cautelarmente cualquier actividad minera en el desierto.
La Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, como se llaman a sí mismos, intentan presentar el conflicto al que mire de lejos como un conflicto interétnico que enfrenta a chichimecas y wixarikas.
No son chichimecas, ni representan a las comunidades. Se trata de un grupo de gentes captadas y engañadas por la transnacional minera en la práctica de estrategias dirigidas a dividir y a entrar en las comunidades, como nos muestran las actuaciones de estas transnacionales en otros casos similares como Salaverna, Mazapil, el Cerro Gordo de San Pedro o el Basurero tóxico de Palula, por citar solo algunos casos cercanos al Altiplano, de los más de 130 conflictos mineros documentados en México por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).
La Unión de Ejidos A. C. se erige como representante de los intereses de las comunidades, cuando en realidad representan a algunas secciones de ciertos ejidos, pero -sobre todo- representan los intereses mineros de la First Majestic, circunstancias que hacen que la Unión de Ejidos A. C. no tenga poder de representación de las comunidades del desierto ante los representantes y autoridades de todo un pueblo originario.
No obstante, el pueblo wixarika a través del CRW (organismo oficial de los wixaritari conformados por autoridades legalmente establecidas como representantes del pueblo wixarika, con poder efectivo para tomar decisiones vinculantes en lo referente a las posiciones de este pueblo originario y la UWCC A.C.) en respuesta emitieron un comunicado público donde constataban la posición de total oposición del pueblo wixarika respecto a las concesiones mineras a los tres niveles de gobierno mexicano y a la sociedad civil, lanzando un mensaje en el que manifiestan su firmeza en la resistencia junto con las comunidades mestizas del Altiplano, en contra de las actividades mineras. (El comunicado original del pueblo Wixarika está disponible aquí).
Presentar el contenido de la respuesta institucional del pueblo wixarika, que habla claramente por sí misma, no es el objetivo de este comentario a los últimos acontecimientos. Más bien queremos señalar que la situación creada por la Unión de Ejidos A. C. saca a la luz, por un lado, la intensificación de las actividades y las estrategias de la transnacional minera en este preciso momento del conflicto, con la proximidad del fin del amparo judicial, algo de lo que nos sirve de ejemplo esta última acción de este grupo de choque comunitario, que puede ser definido sin ningún pudor como un grupo de acción comunitaria que defiende los intereses de la First Majestic.
Esta intensificación de las relaciones entre actores polarizados reactiva las matrices wixarika y comunitarias de un conflicto que está relacionado con diferentes construcciones territoriales del desierto, habitantes de las comunidades con modos de vida agricultores y ganaderos, y una visión profunda del desierto de los wixaritari, con Wirikuta como el lugar donde nació el Sol y donde permanecen vivos los antepasados formadores de nuestro mundo, cuyo recuerdo es mantenido y la vitalidad es reactivada a través de practicas culturales de reconocimiento y reciprocidad con la naturaleza.
Por otro lado, la introducción del modelo extractivo de matriz capitalista no necesita a las comunidades, como argumenta el investigador Claudio Garibay, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, porque reproduce el modelo de campamentos mineros separados de las comunidades, extraen los recursos que son convertidos en divisas y evadidos a los mercados internacionales sin apenas mediaciones económicas para los países y para las comunidades que reciben solo despojos.
Aparece el Altiplano norte-Wirikuta por un lado, como un lugar cuya territorialidad ha sido construida desde un modelo basado -como afirma la socióloga Maristella Svampa- en una memoria corta como un territorio heredado por parte de las comunidades mestizas que ha convivido con el modelo territorial de las personas wixaritari basado en una memoria larga como territorio originario y, por otro, las empresas mineras introducen en Wirikuta un modelo de matriz capitalista con una concepción de territorialidad a gran escala, que convierte el desierto en un territorio sacrificable que produce conflictos de dimensiones ecosociales.
Finalmente los wixaritari, con sus prácticas, fertilizan y rejuvenecen la matriz de vida que activa Wirikuta y, al mismo tiempo, Wirikuta activa la cultura de los wixaritari. Desde esta perspectiva, Wirikuta aparece como el elemento territorial que da sentido espiritual y material, como el lugar donde la cultura wixarika toma tierra.
En este sentido el final de Wirikuta, puesto en peligro por las tecnologías y la envergadura de los megaproyectos mineros, pone en serio peligro la supervivencia de las sociedades del desierto y la supervivencia de la cultura wixarika tal como la conocemos, y esto tiene un nombre, se llama etnocidio. ¿Quién se va a hacer responsable?
*David Avilés es investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (España), en el área de Antropología de orientación pública.
Fuente:https://movimientom4.org/2019/08/megaproyectos-mineros-en-wirikuta-desarrollo-o-etnocidio/
Con más de 6000 votantes en contra de la destrucción territorial y de las aguas por parte del modelo extractivo en el municipio colombiano de Mercaderes, departamento de Cauca, cerró el 3 de agosto la Consulta Popular Legítima.
El alcalde provincial de 
La empresa Andes Iron, la comunidad de La Higuera, los opositores de la iniciativa y el Gobierno esperan que en estos días el máximo tribunal se pronuncie respecto al futuro de la mina a rajo abierto.
Los países en donde vive un cuarto de la población del planeta enfrentan un riesgo cada vez más urgente: la posibilidad de quedarse sin agua.
Desde el 8 de agosto , la comunidad originaria de Alto Huarca (Espinar-Cusco) realizó protestas en contra de la empresa minera Glencore Antapaccay, debido a que la compañía no estaría cumplimiento con los compromisos de responsabilidad social y respeto al medio ambiente.
Suspensión se hará efectiva durante un plazo máximo de 120 días, tiempo en el que el Consejo de Minería tendrá que resolver el recurso de revisión presentado por el Gobierno Regional de Arequipa
Entre las frescas montañas indígenas tolupanes del municipio de Yorito, Yoro, resurge el grito y la rebeldía de “Cicumba” (líder de la resistencia tolupan en la época colonial). En esta ocasión, “como población nos hemos levantado a una sola voz contra una empresa minera que amenaza las fuentes de agua, el bosque y la vida misma”, dijo Luís Navas, del Comité Pro Defensa del Medio Ambiente, de dicho municipio.
El 8 de julio del presente año la ciudadanía de la provincia de Islay en Arequipa tomó conocimiento por la prensa que tres días antes, el 5 de julio, la empresa Southern Peru Copper Corporation remitió una carta al Ministro de Energía y Minas (MINEM) solicitando le otorgue “la licencia de construcción de la Concesión de Beneficio del Proyecto Minero Tía María”.