Pobladores de Chumbivilcas tomaron puente Sayhua en Ccapacmarca, interrupciones se extienden hasta Velille. Policía aumentó contingente para resguardo en la zona.

Desde las primeras horas de ayer, cientos de comuneros de Chumbivilcas iniciaron una huelga indefinida convocada por el Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia. La población cuestiona a la empresa minera MMG Las Bambas. La acusan de contaminar el Corredor Minero del Sur, que pasa por las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa. Hasta ayer, se reportaron ocho puntos de bloqueo.

De acuerdo a los reportes de la Policía, las manifestaciones se iniciaron en el puente Sayhua, en el distrito de Ccapacmarca. Allí la protesta se acata al 100%. La medida se extiende hasta la comunidad de Ccollana, en el distrito de Velille.

La huelga indefinida inició en la comunidad campesina de Ccancahuani, en el sector de Muyorcco, donde la población abrió dos zanjas para evitar el paso de los vehículos encapsulados de la minera. Durante la semana, se sumaron otros sectores como Yavi Yavi, Wincho, Wininquiri, Choccoyo y el anexo de Loccocco, donde tienen tomados varios tramos de la vía. Vigilias y ollas comunes también forman parte de las protestas.

Según Luciano Ataucuri, secretario general de la Federación Departamental de Defensa Territorial y Ambiental de Espinar, Chumbivilcas, Paruro, Cotabambas y Grau, en los próximos días, se plegarían a las protestas pobladores de las provincias de Espinar y Paruro.

Resguardo policial

A su turno, el jefe de la Región Policial Cusco, coronel Manuel Mar, confirmó que se aumentó el personal en la zona de protesta. Se busca evitar atentados contra el patrimonio público y privado. “Esperamos que se termine el diálogo para liberar la vía, invocamos a la calma a la población, tenemos entendido que en Ccapacmarca se está coaccionando a quienes no acatan la huelga, en ese aspecto tenemos que tener mucho cuidado”, dijo.

El alto mando policial confirmó que no se reportaron enfrentamientos y que las protestas y bloqueos se llevan con una relativa calma.

Los quejosos esperan el arribo de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros. También esperan sostener reuniones directas con representantes de la empresa minera.

Quieren que se deje sin efecto el decreto que declara como vía nacional el corredor minero y demandan a Las Bambas ser responsable de la contaminación ambiental que se vive a lo largo de la ruta, confirmada por el informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Gobernador regional se pronuncia

El gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente García, manifestó que la incertidumbre política que se vive, entre el Legislativo y Ejecutivo nacional, impide una pronta solución al problema generado en el corredor minero. “Por lo ocurrido, no sabemos con qué ministro conversar, esto es muy grave y requiere que la población sea atendida”, dijo.

Fuente:https://larepublica.pe/politica/2019/10/01/cusco-bloquean-en-8-puntos-corredor-minero/?fbclid=IwAR24BqTgS6–fVjwGsL5j-tMKrgr1CMwWlK06mOcOHAdetgFAf5oodtRU3Q

En el marco del II Encuentro Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos se llevará acabo la mesa redonda «Metales tóxicos en el Perú: Una realidad que contamina».

Esta actividad tiene como objetivo evaluar los avances y propuestas que tiene el Estado ante las graves afectaciones causadas por las malas operaciones legales mineras y petroleras y hacer públicas las estrategias nacionales que desarrollará la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas en los próximos meses.

Panelistas:

– Milagros Salazar Herrera, periodista de investigación y directora de Convoca presenta la investigación
– Tania López, Jefa de la Unidad de Atención a personas expuestas a metales pesados y otras sustancias. Ministerio de Salud (MINSA)
– Wilbert Rozas, excongresista y expresidente de la Comisión de Pueblos Indígenas durante el periodo legislativo 2018-2019.
– Teresa Cuñachi, Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxico. Base: Chiriaco.
– Yolanda Zurita , Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos. Base: La Oroya.
– Abel Gilvonio, Coordinador de la Mesa de Salud Ambiental y Humana.

La actividad se realizará este día jueves 3 de octubre a las 9 a.m. en el Hotel José Antonio Executive (Calle Colón 325, Miraflores).

INGRESO LIBRE

01 de octubre de 2019

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

Fuente: www.cooperacción.org.pe

A fin de identificar el rol que la minería debería cumplir en la construcción del futuro en el Perú, la oenegé CooperAcción publicó el informe “Aristas del debate de la Ley Minera”.

El documento que propone una serie de puntos en torno al debate de la Ley Minera, toma en cuenta la propia Ley General de Minería plasmada en la Constitución del 1993 y recoge las referencias de tres legislaciones mineras de los países vecinos de Chile, Ecuador y Colombia.

En adelante, se presentan tres de los puntos más importantes que resumen el objetivo del informe:

1. La soberanía del Estado sobre los recursos mineros

La Ley General de Minería que rige en el Perú, establece que la concesión minera —el derecho real para explorar y explotar un yacimiento— es irrevocable, lo que significa que cuando el Estado otorga un título de concesión, no tiene opción a revertirlo.

Solo en el caso de que el titular incumpla con su obligación de realizar la actividad o efectuar los pagos correspondientes al Estado, el derecho podría ser extinguido.

CooperAcción presenta el caso de Chile, donde la concesión no es ajena a una expropiación bajo razones de utilidad pública o interés nacional. «[…] cabría preguntarse si el Estado debe mantener el candado que se pone a sí mismo en el ejercicio de su soberanía sobre los recursos […]», señala la oenegé.

2. Sobre la actividad empresarial del Estado en la minería

Con la Constitución de 1993, el Estado limitó su intervención en la actividad minera. De contar con el “derecho a ejercer, sin excepción, todas las actividades en la industria minera”, pasó a poder realizar actividad empresarial “subsidiariamente” y “sólo autorizado por ley expresa”.

En otras palabras, el Estado solo podría participar de las actividades en las que el sector privado haya decidido no intervenir o hacerlo de manera limitada.

Además, la nueva disposición le restaba y recortaba dos facultades importantes al Estado: ya no sería posible establecer reservas sobre ciertos minerales de interés nacional y la declaración de zonas reservadas por el Estado solo sería efectiva con carácter temporal de dos años. Luego, si algún privado la solicitara, no habría forma de negarse.

«Los casos exitosos de empresas públicas, como CODELCO en Chile o ECOPETROL en Ecuador, y sus aportes importantes a los ingresos de sus países, nos permite sugerir que cualquier debate sobre la Ley General de Minería no puede descartar la posibilidad de un Estado con un rol más activo sobre la actividad minera […]», se lee en el informe.

3. Derechos y obligaciones del concesionario

Según refiere CooperAcción, el titular minero ingresa a los territorios de los pueblos indígenas como lo hace con cualquier otro propietario de tierras sin considerar «[…] la importancia que la tierra tiene para garantizar la existencia física y cultural de estos pueblos».

De tal forma, como el accionar de los concesionarios no se vendría ajustando a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, se considera indispensable que la Ley de General de Minería incluya los principios y lineamientos que presenta el convenio; además del derecho a la consulta previa y la implementación del Estudio de Impacto Ambiental como acto consultable.

Conclusiones

La situación actual de la minería en el Perú, viene generando problemas graves de gobernabilidad que, de alguna forma, terminan afectado a pueblos enteros e impactan sobre los propios proyectos mineros.

Los constantes conflictos sociales surgidos en la zona de influencia de los proyectos, revelan que las cosas no marchan bien, lo que se traduce en las enormes dificultades que tienen las poblaciones para ejercer plenamente sus derechos.

En tanto, CooperAcción considera que el reto que debería ser abordado cuando se plantean cambios y se abre el debate sobre una nueva Ley General de Minería en el Perú, debe responder si es momento de que estos conflictos sociales impulsen cambios institucionales que, finalmente, permitan que las actividades extractivas contribuyan de manera más efectiva y equitativa con el desarrollo de un país.

fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/25/09/2019/ley-minera-3-puntos-que-se-deben-considerar-para-su-debate?fbclid=IwAR0_8EYrlpHGBhEvEcVDVlQ9hoMwV0u93mUy7w7boDGm1gBeq24WW1W3LYA

En nuestro artículo de la semana pasada sosteníamos que la “licencia social” no se obtenía en los espacios de participación ciudadana organizados por SENACE, donde las empresas mineras presentaban sus Estudios de Impactos Ambientales-EIA, para recoger las preocupaciones sociales y ambientales de la población a modo de observaciones y que -en un plazo determinado- tiene la obligación imperativa de absolverlas a satisfacción de la persona, organización e institución que la realizó.

Decíamos que la “licencia social” por el contrario es la aprobación continua de la comunidad local y otros grupos de interés, aprobación continua o amplia aceptación social. Decimos que es continua porque en cualquier momento se puede perder y que no es otorgada a la empresa minera, sino a un proyecto específico. Es decir, una empresa minera puede tener licencia social para un proyecto y para otros no.

Un ejemplo de perdida de “licencia social” es el proyecto Quellveco de Anglo American que en un momento la tuvo y la perdió por una percepción de incumplimiento de sus compromisos relacionados con el empleo y compras locales.

Los elementos claves de la “licencia social” son legitimidad, credibilidad y confianza. No son concurrentes y por lo general son secuenciales. La legitimidad te lleva a la aceptación de un proyecto y permite generar credibilidad. De la misma forma, la credibilidad te lleva a la aprobación de un proyecto porque genera confianza, y es allí donde la comunidad otorga la “licencia social”. Ahora bien, obtener y mantener la “licencia social” es un proceso complejo que exige compromiso y voluntad política.

La experiencia del Proyecto Pucamarca de Minsur en el distrito de Palca en Tacna, que desarrollaremos en un próximo artículo nos ha dejado varias lecciones. Obtener la “licencia social” exige comprender la organización de las comunidades, sus preocupaciones sociales y ambientales, los conflictos intercomunales y sus cosmovisiones. La transparencia y la socialización de la información relacionada con el proyecto minero, son condiciones necesarias, pero no suficientes. Se requieren construir mecanismos de vigilancia y control ambiental con participación ciudadana, una rendición de cuentas permanentes de los avances del proyecto y un trato horizontal con las autoridades políticas y representantes de las organizaciones sociales. Requiere también involucrarse en los procesos de desarrollo local y orientar la inversión social de la empresa en función a las necesidades más sentidas de la población.

¿La licencia social se puede medir? Efectivamente, se puede medir, definiendo un cuerpo de indicadores en torno al nivel de aceptación de la “licencia social” que existe en la comunidad, que puede ser de rechazo, aceptación, aprobación y de co-propiedad.

Sin embargo, según “SociaLicence”: “la calidad de una “licencia social” es dinámica y responde a los cambios en la percepción de la compañía y del proyecto, y que también es susceptible a influencias externas; por lo tanto, debe ser mantenida. Para tener confianza en el status de la “licencia social”, la misma debe ser medida periódicamente y los resultados relevantes deben ser utilizados para modificar las prácticas con la intención de mejorar la calidad de las relaciones entre el proyecto y la comunidad (y otros grupos de interés presentes en su ámbito).

Fuente:http://www.noticiasser.pe/opinion/licencia-social-no-es-lo-mismo-obtenerla-que-mantenerla?fbclid=IwAR0Mq1uH2Erl34rEpF8YB_mFCHQeRCWcJEy_zan78CGfnvlJOlZp8V3F7rg