Internacional

Minería y «cambio climático»

Hablar de “cambio climático” es una operación discursiva para naturalizar los efectos  producidos por determinadas actividades de explotación intensiva del planeta como las extractivas. Se utiliza la idea de “clima”  con la intención de asociar procesos que derivan   de la agresiva intervención de las multinacionales extractivas sobre los territorios a fenómenos naturales. El uso masivo del concepto apunta a desresponsabilizar a quienes alteran las condiciones del planeta con total desprecio por la vida como  la industria minera. La aceleración del calentamiento de la tierra por la producción de gases invernaderos y evaporación de aguas no tiene nada de natural.

Si bien es conocido que los cambios climáticos a través de los milenios siempre han existido y se suceden en forma natural y cíclica, ahora está confirmado que el cambio climático y sus efectos ambientales como resultado de las actividades humanas aceleró desde los inicios de la revolución industrial.

La mayoría de los científicos aseveran que la producción de gases invernaderos como resultados de la industrialización se agudizó en los últimos 60 años. Los agentes más notables que afectan el equilibrio climático son los aumentos en las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero  y de aerosoles (partículas microscópicas en suspensión en el aire)   y las variaciones en la actividad solar. Ambos fenómenos pueden alterar el balance de radiación de la Tierra y por lo tanto el clima. Los más abundantes GEI son el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y los gases raros clorofluorocarbonos e hidrofluorocarbonos (CFCs y HFCs).

Las industrias que masifican el uso de combustibles de origen fósil, intensifican la tala de bosques, adoptan los cambios de uso de la tierra, y degradación de suelos (e.g. la minería, agricultura y la ganadería) son contribuyentes primarios en la producción de gases como el dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Las industrias medianas y/o pequeñas como aquellas relacionadas con mecánica automotriz, refrigeración, industria petroquímica, etc., son contribuyentes secundarios en la producción de gases incluyendo los clorofluorocarbonos, ozonos y otros (Ej. polvos, sales). En ciertos casos, estos últimos generan contaminación en forma localizada pero en relación al movimiento de los vientos, la extensión, la frecuencia y el tiempo de vida de contaminantes transportados la contaminación ambiental puede ser regional y/o nacional y/o intercontinental. Es obvio, que de acuerdo al índice de desarrollo industrial y económico, los países tercermundistas   no producen la misma cantidad de gases, partículas y sales como aquellos países que están en proceso acelerado de industrialización (ej. China, India) y/o los países industrializados (ej. Estados Unidos de América, Japón, países europeos, Australia y Nueva Zelanda).

El aire

La industria minera y las industrias relacionadas a ésta,  emiten los principales gases, partículas sólidas y liquidas retenedores de calor a la atmósfera. Mientras que los contaminantes sólidos incluyen polvos originados por acción de las voladuras y/o disposición de residuos sólidos en escombreras y/o relaveras, los contaminantes gaseosos con trazas químicas orgánicas e inorgánicas derivan especialmente de procesos termoquímicos (explosivos), transformación y procesamiento de minerales, oxidación y/o descomposición de los desmontes sólidos y desechos líquidos, escapes de vehículos y aquellos liberados durante procesos como la quema de escorias y/o residuos tóxicos y/o residuos no tóxicos.

La minería, las industrias siderúrgicas y refinerías no han tomado objetividad en lo que respecta a estos problemas que afectan a la humanidad en conjunto. Por ejemplo,  el daño ambiental de las ciudades de la Oroya e Ilo como producto de la emanación de gases y la contaminación urbana por polvo de plomo a partir de los depósitos de concentrados de minerales en el Callao han sido clasificados como críticos y los programas de remediación son solo reactivos a las consecuencias.

Muchos investigadores indican que la contaminación del aire por trazas de minerales como el plomo ocurren desde hace más de dos mil años y ellos mayormente están relacionados con las primeras fundiciones de plomo y su utilización en otros servicios como la imprentas, fabricación y reparación de baterías y su empleo en gasolinas. No obstante, en el caso de la Oroya, el cual ha sido declarada como una de las diez ciudades más contaminadas del mundo por el Instituto Blacksmith, y otros poblados como Ilo y Cerro de Pasco el contenido de trazas de plomo y azufre en el aire se relacionan directamente con emanaciones en los complejos metalúrgicos y la actividad minera. Otros estudios  indican que trazas de otros metales de carácter toxico y cancerígeno como el cadmio, arsénico y antimonio también tienen presencia substancial en la atmósfera que cubren a la Oroya, Ilo y Pasco y estas igualmente derivan en los complejos metalúrgicos y mineros.

El agua

El manejo y la disponibilidad sostenida de las aguas también es otro problema que deriva como consecuencias del calentamiento global. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en base a sus observaciones y predicciones ha detectado que globalmente hay substancial fluctuación en la distribución de masas acuáticas (IPCC 2007). Por ejemplo, se ha observado que hay un incremento en la concentración atmosférica de vapor de agua, cambios en los ciclos de precipitación, reducción de áreas cubiertos por nieve y acelerado deshielo, y cambios en el contenido de agua de suelos y escorrentía. Los cambios en las precipitaciones son substancialmente variables en espacio y en el tiempo. Debido a la variabilidad de precipitación se ha notado que las aguas en las latitudes elevadas y en ciertas zonas tropicales húmedas han aumentado mientras que en latitudes bajas y medias y las zonas tropicales secas han escarceado (IPCC 2008).

Las predicciones también infieren que las sequías y los episodios de precipitaciones intensas serán más numerosos y frecuentes. Dentro de este contexto y debido a la demanda de agua que la industria minera tiene, en ciertos países, las políticas de consumo y manejo de aguas también han sido últimamente revisados y mejor legislados.

El desarrollo minero y las industrias relacionadas impactan principalmente en el comportamiento y calidad de aguas superficiales y subterráneas.

Dependiendo del tipo de extracción y los procesos hidrogeológicos que controlan el área donde las industrias se ubican, los efectos negativos en las aguas subterráneas se pueden expresar especialmente en la variación de recargo y descarga, cambio de flujos y cambios con el nivel freático. Por ejemplo si el descenso de los niveles freáticos durante la extracción de recursos acuáticos no es adecuadamente monitoreado y controlado, este puede afectar en la estabilidad geotécnica del lugar y los caudales de ríos, humedales y manantiales que están interconectados a los acuíferos o acuitares. Al igual, dependiendo de la cantidad de agua extraída, la estructura hidrogeológica del área de influencia y la división de acuíferos pueden ser comprometidas generando cambios de posición de acuíferos o generar interconexión innecesaria entre acuíferos superficiales y profundos derivando contaminación innecesaria de estos cuerpos de agua. La contaminación de estas aguas son a veces acelerados debido a la falta de programas para la prevención y control de infiltraciones que transportan contaminantes y derivan en las canchas de desmontes, relaveras y pilas de lixiviación. La circulación de aguas a través de cuerpos sulfuro-mineralizados también genera serios problemas ambientales como el drenaje ácido de mina (DAM). El DAM se origina debido a la interacción entre el oxígeno, agua, bacteria y mineral sulfuroso y es un problema común en la minería de metales bases y carbón. En el Perú, por ejemplo, se han informado ampliamente sobre la contaminación de ríos, (ej. Río Mantaro), riachuelos, lagos (ej. Lago de Junín) y otras fuentes de agua dulce como manantiales debido a contaminantes provenientes de los centros mineros y/o metalúrgicos. Otro problema, igualmente importante, es que muchas de las industrias mineras, de refinería y metalúrgicas están normalmente localizadas en zonas densa o medianamente pobladas. La necesidad de agua y uso de energía para desarrollar sus operaciones se incrementa de acuerdo a la capacidad productiva que tienen los centros y esto hace que ejerzan una presión importante sobre las necesidades de agua y energía de las poblaciones adyacentes.

Flora y fauna

En los sistemas ecológicos, la flora y fauna, también tienen ciclos determinados por las condiciones climáticas, terrestres, acuáticas y las condiciones físico-químicos de estos. Cuando estas condiciones se alteran, la flora y fauna comienzan a cambiar, migrar y se rompe el equilibrio ecológico con consecuencias impredecibles. Un ejemplo es la degradación del suelo que se origina debido al movimiento de suelos para desarrollar la minería de tajo abierto y la construcción de canchas de residuos sólidos, escombreras y relaveras. Este proceso es totalmente negativo ya que el equilibrio ecológico agua-suelo-planta-biota es alterado en perjuicio de la supervivencia de cada uno de los elementos vivos que comparten el sistema. Al igual, debido a la extracción de aguas y al desarrollo de efluentes líquidos ácidos y alcalinos, los suelos, la vegetación y biota son afectadas en gran extensión trayendo consigo la migración, muerte y/o pérdida de especies.

En suma, estos últimos decenios la industria minera ha contribuido negativamente con los cambios climáticos. La relación entre la explotación de recursos mineros y las implicaciones ambientales y su relación con los cambios climáticos son complejos y no adecuadamente considerados.

 

Fuente:https://noalamina.org/mundo/item/43119-mineria-y-cambio-climatico-2

Argentina

San Juan: el dinero del Estado es para las mineras

El Gobierno de la provincia de San Juan decidió que a la mina jachallera Gualcamayo, de la firma Minas Argentinas SA; se le cobrará a partir de ahora la mitad de lo que venía pagando en concepto del aporte para el Fideicomiso Minero: eso significa que va a aportar un 0,75% de la producción facturada, en lugar del 1,5% establecido.

El gobernador Uñac ya firmó el proyecto de ley que modifica el monto del aporte de Minas Argentinas y hoy será tratado en la Cámara de Diputados, donde se descuenta su aprobación dado que el Ejecutivo cuenta con mayoría. Allí se indica que la decisión tendrá vigencia mientras dure el Decreto 793 de la Nación, «»y sus eventuales prorrogas».

La ayuda a la minera consiste en eximirla de pagar la totalidad que exige el acta compromiso que data del 15 de agosto de 2007, por la cual Minas Argentinas comenzó a aportar al Fideicomiso Minero.  A cambio del auxilio, la minera se compromete a intensificar la exploración, con el objetivo de descubrir nuevos yacimientos, poder incrementar la vida útil de la mina y de esa forma poder mantener las fuentes de trabajo.

La minera acuerda realizar esas inversiones en un plan de exploración destinado a realizar «»los mejores esfuerzos» para incrementar la cantidad de reservas extraíbles que permitan al continuidad de la explotación del proyecto. Dicho plan se renovará anualmente conforme los resultados arrojados por las actividades de exploración del año anterior» y será informado al Ministerio de Minería previo al inicio de la campaña exploratoria que se realiza durante los meses de primavera y verano.

En el segundo trimestre de 2018 se agotó el recurso de extracción a cielo abierto en mina Gualcamayo y actualmente solo se sostiene con la reserva subterránea pero el gobierno provincial asegura la ganancia de la empresa.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/43104-san-juan-el-dinero-del-estado-es-para-las-mineras?fbclid=IwAR16OGlJhx_WdWizQA2u7Be-YEy8jsNHiHzO_QRuPVjFTBhVA-wS3sCNT7E

Perú

Cusco: Gobernador regional, alcaldes y dirigentes de Chumbivilcas exigen derogatoria de Estado de Emergencia

En la sede del gobierno regional de Cusco se acaba de realizar la conferencia de prensa, en horas de la mañana, en la que el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente; los alcaldes de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca, y Velille; y los dirigentes de las comunidades de Cancahuani, Huniquiri, Idiopa Ñaupa,Japu y Tincurca, junto al presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia de Chumbivilcas (FUDICH), Carlos Quispe; exigen al presidente Vizcarra la derogatoria del Decreto Supremo Nº 169-2019-PCM que faculta el Estado de Emergencia que se viene aplicando desde ayer, 16 de octubre, en las comunidades mencionadas, adyacentes a la vía convertida en corredor minero por el Estado para que puedan pasar los más de 600 camiones que transportan los minerales de la empresa MMG Las Bambas desde Apurímac, pasando por Chumbivilcas, Espinar -provincias de Cusco-, hacia el puerto de Matarani en Arequipa.

“De manera unida estamos acá autoridades gubernamentales, comunales y dirigentes de Frente de Defensa de todo Chumbivilcas para manifestar nuestro total desacuerdo con el Estado de Emergencia. El gobierno tiene que resolver un problema que no lo hemos generado nosotros las autoridades, sino que viene desde años atrás. (..)Hemos visto en carne propia los impactos ambientales y sociales que hay producto de la minería”, señaló el gobernador regional de Cusco, iniciando la conferencia de prensa.

Los comuneros se encuentran en protesta desde hace 26 días debido a la contaminación ambiental que genera el paso de los camiones con minerales, que según ha confirmado la OEFA, está produciendo contaminación del aire y suelo con material particulado. Entre los planteamientos señalados, los dirigentes exigen la recategorización de la vía usada ahora como corredor minero, debido a que es propiedad comunal y nunca se les consultó el cambio de uso de la vía que ellos utilizaban. Decreto Supremo N° 011- MTC-2016 reclasificó los tramos del corredor minero como vía nacional. Exigen, también, que los camiones ya no pasen por sus comunidades.

La palabra de los alcaldes

“En las calles principales transitan nuestros hijos, los colegiales, y ahora ahí se encuentran tanques de guerra. Nos sentimos limitados en nuestros derechos frente a este Estado de Emergencia”, señaló el alcalde del distrito de Ccapacmarca, Richard Leon Vega; lugar donde ayer la policía, resguardada por los militares, reprimió a los manifestantes que bloqueaban la carretera.

A su turno, el alcalde Colquemarca, Henry Romero Palma, señaló que jamás imaginaron la magnitud de los niveles de contaminación que sufren los que viven en el corredor minero. “Son 4 años que hemos vivido esto. Gracias a la movilización de las comunidades, alcaldes y dirigentes se ha logrado la actuación del OEFA que ha demostrado la contaminación existente. Estamos hablando con pruebas”. Finalizó señalando, “hoy tenemos este Decreto Supremo que enfrenta a los peruanos. Exigimos diálogo”.

El Alcalde de Velille, Antonio Toledo, señaló que han sostenido un diálogo por un año con la empresa MMG Las Bambas y hasta ahora no asume ninguna responsabilidad por la contaminación ambiental que genera. “Hemos tomado esta medida de lucha porque nos hemos visto vulnerados a vivir en un ambiente sano”. Agregó, aludiendo al presidente Vizcarra: “¿con este decreto, sr presidente, estamos avalando entonces que la empresa minera siga contaminando; siga matando en vida a nuestros hermanos de Chumbivilcas?. No me parece correcto; yo también soy autoridad, y espero que no nos criminalice”, finalizó.

El alcalde provincial de Chumbivilcas cuestionó el discurso del presidente y los ministros respecto a que la minería trae progreso. “Nuestras comunidades no tienen servicios básicos, no tiene carretera asfaltada; de cada 10 niños, 6 están con anemia. ¿Cómo pueden decir que la minería trae progreso?”, cuestionó.

Cese a la represión

El presidente de la comunidad de Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya, Walter Molina, exigió el cese a la represión del Estado y mencionó diversos artículos de la Constitución que respaldan la lucha emprendida por las comunidades de Chumbivilcas para defender sus derechos: “La Constitución dice que la propiedad privada es inviolable, sin embargo, nuestras tierras no han sido respetadas y son usadas para la minería.No se ha cumplido la ley de consulta previa tampoco y se prioriza la minería, cuando en la Constitución también se dice que el Estado peruano apoya preferentemente al sector agropecuario. La ley de comunidades campesinas también respalda nuestras denuncias”.

Agregó que, durante la visita del ministro de Transportes, Edmer Trujillo, y el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, el 10 de octubre, señalaron a las comunidades que no había criminalización de la protesta y el Estado no reprimía, pero en Paruro ha habido represión. “Una mujer humilde ha perdido su ojo recientemente producto de la represión y tenemos dirigentes enjuiciados; entonces el Estado nos está mintiendo”. Además, culminó el dirigente, “visitaron Ccapacmarca para tener diálogo y acordamos realizarlo para el lunes 21 de octubre, pero nos han mentido. Piden dialogo y luego dan Estado de Emergencia”.

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/949-cusco-gobernador-regional-alcaldes-y-dirigentes-de-chumbivilcas-exigen-derogatoria-de-estado-de-emergencia?fbclid=IwAR1cQ1dPCoF3e0dj0MGYcislbRNFhkiM720Adpx3vLC7qjCkwANe-9hmEDE

Perú

Gobierno Regional de Cusco se pronuncia ante situación de Corredor Minero

El Gobierno Regional de Cusco emitió el siguiente pronunciamiento en el que exige al Gobierno Nacional derogar el Decreto supremo Nº 169-2019-PCM que declara en estado de emergencia parte del corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa, incluyendo los 500 metros adyacentes a ambos lados de la vía, en los tramos comprendidos por los distritos de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca y Velille, provincia de Chumbivilcas, Cusco.

Así mismo recalcan que este tipo de medidas solo generan provocación en la población. Por lo que se solicita prestar atención a las demandas presentadas que ponen énfasis en la necesidad del asfaltado de la vía del corredor minero y la implementación de proyectos de desarrollo.

 

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/10/17/gobierno-regional-de-cusco-se-pronuncia-ante-situacion-de-corredor-minero/

Perú, Sin categoría

Estado de Emergencia interrumpe proceso de Dialogo en el Corredor Minero

Hoy, miércoles 16 de octubre, desde tempranas horas se reportaron violentos enfrentamientos en la provincia cusqueña de Chumbivilcas entre las comunidades campesinas de Canccahuani, Huininquiri, Idiopa, Tincurca y efectivos de la Policía Nacional de Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FFAA), tras la declaratoria de Estado de Emergencia en parte del Corredor Minero del Sur.

En el distrito de Ccapacmarca (Chumbivilcas), lugar de los enfrentamientos, se reportó la presencia de decenas de militares con armas de fuego y tanquetas invadiendo las viviendas contiguas a la vía. Hasta el momento las comunidades campesinas llevan 22 días de huelga indefinida luego de haberse frustrado la instancia de diálogo con el Estado y la minera Las Bambas el pasado 10 de octubre.

Durante la mañana el contingente de 900 efectivos de policías y militares ingresó por el distrito de Velille, Chumbivilcas. Este despliegue de la fuerza pública se da al amparo del Decreto Supremo 169-2019-PCM, emitido este martes 15 de octubre. La medida se impone sobre los 500 metros adyacentes a ambos lados de la vía, en los tramos comprendidos por los distritos de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca y Velille, provincia de Chumbivilcas, Cusco e implica la suspensión de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libre reunión. El Decreto Supremo, tiene una vigencia de 30 días aunque no habría que descartar la posibilidad de prórrogas como se ha dado repetidas veces entorno al Corredor Minero del Sur.

Ante estos hechos, el Gobernador Regional del Cusco y el Pleno del Consejo acordaron por unanimidad emitir un pronunciamiento pidiendo se derogue el Decreto Supremo 169-2019-PCM, retomar el diálogo y, lo más importante, llegar a soluciones concretas.

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/10/16/estado-de-emergencia-interrumpe-proceso-de-dialogo-en-el-corredor-minero/?fbclid=IwAR0us3_u_DXFo_D-QLNUCoYjg1Zfy3idaN2-2yOk_1huBIQ-14QKc8qPxNo

Perú

Cusco: Solicitan que la Fiscalía investigue la intervención de la PNP en el conflicto del corredor minero del Sur

La Asociación Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco ha presentado ante la Junta de Fiscales Superiores de Cusco el pedido para realizar investigaciones sobre los hechos acontecidos en la provincia de Chumbivilcas y Paruro por el inadecuado uso de la fuerza en la intervención y desbloqueo de la vía del corredor minero.

Tanto en el caso de Capacmarca de Chumbivilcas, donde se produjeron enfrentamientos la semana pasada entre la PNP y comuneros locales y la intervención en el desbloqueo de la vía de Paruro esta semana, los pobladores han denunciado la intervención violenta de la PNP, en el caso de Paruro la comunera Higidia Humpire Ataucuri perdió el ojo izquierdo, así mismo las comuneras Bernadina Zegarra y Eusebia Arruela Arellano tienen impacto con perdigones y se encuentran en proceso de recuperación de su salud.

El pedido de DHSF está sustentado en la Directiva General N° 003-2018-MP-FN sobre el “Ejercicio de la Función Fiscal en Caso de Uso de la Fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú”, aprobada con Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 001907-2018-MP-FN instrumento legal que tiene la finalidad que actos desmedidos de esta naturaleza queden impunes.

Mientras tanto la PNP ha emitido un Comunicado¹, publicado en su portal web www.policia.gob.pe, precisando que la PNP rechaza acusaciones de agresión contra manifestantes en Paruro – Cusco tomando como referencia informes médicos. Más allá de este pronunciamiento será la investigación fiscal la que establecerá las responsabilidades de los hechos sucedidos en las protestas de Chumbivilcas y Paruro, sobre todo de la PNP.

 

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/cusco-solicitan-que-la-fiscalia-investigue-la-intervencion-de-la-pnp-en-el-conflicto-del-corredor-minero-del-sur/

Chile

Minera Los Bronces podría generar más de 3% de todas las emisiones de carbono de Chile

El impacto de la mina subterránea podría ser catastrófico para Chile, país anfitrión de la COP 25 en diciembre. Según una investigación realizada por el medio de investigación británico DeSmog -y que INTERFERENCIA reproduce en exclusiva para Chile- la multinacional ha evadido el escrutinio público al financiar a grupos medioambientales locales y a la municipalidad de Lo Barnechea.

“Este proyecto representa un riesgo para el suministro de agua potable de Santiago y sus áreas silvestres”, comenta Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG de justicia ambiental FIMA, sobre el proyecto de expansión subterránea de Los Bronces. De llevarse a cabo, asegura, “ellos no estarían considerando el impacto sobre el sistema climático global, arriesgando los compromisos de Chile en este tema”.

La minera británica Anglo American presentó en julio de este año el estudio de impacto ambiental para este proyecto de US$ 3.000 millones, ubicado a sólo 52 km de donde Chile recibirá al mundo para la próxima reunión anual sobre la crisis climática organizada por la ONU, conocida como COP25, a celebrarse en diciembre en Santiago.

 

Continuar esta noticia en el siguente link:https://interferencia.cl/articulos/minera-los-bronces-podria-generar-mas-de-3-de-todas-las-emisiones-de-carbono-de-chile?fbclid=IwAR1htBjFZqenRdWT8WgNNtLw6AjZDbfZU1ZDxWzgJe93vcGVNoe8sQlJtKI
Perú

El camino condenatorio de Aduviri

La Crisis Política que vive nuestro país esta logrando que olvidemos o posterguemos algunos temas importantes, como los procesos judiciales que enfrentan líderes sociales y defensores del territorio. Hace unas semanas Walter Aduviri fue condenado a prisión, en las siguientes líneas recordaremos el proceso y como podría marcar un precedente para dirigentes criminalizados en protestas sociales.

El “Aymarazo”, un breve recuento

El 28 de noviembre del 2007, se emitió el Decreto Supremo 083-2007-EM que declara de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras, a fin de que la empresa canadiense Brear Creek Mining Company pueda adquirir y poseer concesiones y derechos sobre minas y recursos complementarios para el desarrollo de sus actividades productivas, dentro de los cincuenta kilómetros de la zona de frontera con Bolivia. El proyecto minero de Brear Creek conocido como ‘Santa Ana”, ubicado en los distritos de Huacullani y Kelluyo de la provincia de Chucuito, región Puno, se sobreponía a los territorios comunales aymaras. La emisión de este decreto fue el punto inicial para que se desatara el conflicto socioambiental conocido como ‘El Aymarazo’.

Para la entrega de las siete concesiones que conformaban el Proyecto Santa Ana, se tuvo que recurrir a una excepción. Tal como la norma constitucional al respecto lo indica, los extranjeros no pueden adquirir derechos reales de ningún tipo dentro de los cincuenta kilómetros de frontera. Al suscribirse el decreto supremo en mención, este artículo de la Constitución fue inaplicado alegando “necesidad pública” para el desarrollo del proyecto minero en el lugar, siguiendo con las condiciones exigidas por el Reglamento de la Ley Nº 26505, donde se predispone que la solicitud presentada para la disposición de tierras tenga el visto bueno del Ministerio de Agricultura, de Defensa y del Interior, para que finalmente sea el Consejo de Ministros quien dicte el decreto requerido.

Con la dación de este decreto, el Estado se esfuerza en fundamentar que el interés de establecer la titularidad del derecho minero de Bear Creek trasciende al interés privado, y que por el contrario va a incidir de manera importante al bienestar de la comunidad; además, sienta por hecho que con la aprobación de esta excepción se logrará el desarrollo de esta zona de frontera y asegura el crecimiento del nivel de vida de los pobladores de la zona de incidencia de las actividades mineras, lo que no ocurre, lamentablemente. Sin embargo, el concepto de “necesidad pública” tiene que ver con obras de necesidad realmente colectivas, que beneficien a todos los peruanos, al conjunto de la población. En este caso, la pregunta de los aymaras era que qué tiene que ver la actividad empresarial con el interés público. Necesidad pública es, por ejemplo, las obras de infraestructura que realmente sean necesarias para el desarrollo de la población: carreteras, hospitales, centros educativos y demás servicios básicos.

El primer juzgamiento

En el 2017, Walter Aduviri, junto a otros nueve de los voceros aymaras, después de varios años de proceso judicial por haber liderado ‘el aymarazo’ pasaron a la parte última del juicio oral para esperar sentencia. En dicha sentencia, el Colegiado Penal de entonces hizo una diferenciación entre los delitos que se les imputaba a los aymaras procesados y el ejercicio del derecho a la protesta social, desde la visión que se debería tener y desde la visión de las entidades del Gobierno. Indicó que la persecución de la protesta social “genera una discusión respecto a la naturaleza justa de todas las protestas sociales, siendo que todos los reclamos sociales, a mérito de los protestantes, son debidos y por tanto legítimos; en tanto que para los representantes del gobierno o de las instituciones públicas, las exigencias de los protestantes serán indebidas y por tanto ilegítimas”. Al respecto, refuerza lo dicho citando al reconocido penalista Ramiro Salinas Siccha, quien sostiene que “este supuesto delictivo sólo responde a una política criminal del Derecho Penal del Enemigo, por tanto, coyuntural, esto debe suprimirse por ser, a todas luces, inconstitucional”.

El Derecho Penal, no puede reprimir conductas lícitas o manifestaciones sociales que tengan una finalidad lícita o legítima, orientado a reivindicar la vulneración de derechos fundamentales, en tales casos estas manifestaciones sociales constituyen ejercicio regular del derecho de protesta, que deriva del derecho de reunión, libertad de expresión y de asociación.
Pese a estos argumentos, Aduviri fue el único hallado culpable del delito de disturbios en calidad de autor mediato. Tras su impugnación, la Sala Penal de Apelaciones confirmó la sentencia.

Un nuevo juzgamiento

Luego de que la Corte Suprema declarara nulo todo lo actuado, ordenó que volviera todo a juicio oral y se dictara nueva sentencia. El ciclo de audiencias de este nuevo juicio oral dio su inicio en abril de 2019, dándose la sentencia de primera instancia a fines de agosto del año en curso.
La Primera Fiscalía Corporativa Penal de Puno ha desplegado esfuerzos para Aduviri sea declarado culpable del delito de disturbios. Y así lo ha conseguido. Pero ahora toca ver si los medios probatorios en los que versa la sentencia dictada son suficientes para que ordenara la prisión efectiva por seis años y el pago de la reparación civil de dos millones de soles por parte del Gobernador Regional de Puno.

Para empezar, el Colegiado reconoce que el denominado Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno nunca existió legalmente puesto que no existe medio probatorio que la reconozca como tal; sin embargo, indica que sí “existió de hecho” ya que sus miembros directivos se presentaban como tales en las distintas reuniones y cada que suscribían y remitían documentos a las distintas instancias. Y por su lado, Walter Aduviri se autoidentificaba como presidente de este Frente en todos los espacios en el contexto de la protesta.
Las declaraciones de los medios de comunicación escrita y televisiva que cubrieron “el Aymarazo” y que actuaron como testigos en este proceso penal, dieron cuenta que el frente era mencionado reiteradamente y que Aduviri se presentaba como presidente en las entrevistas y declaraciones públicas.

Ambos elementos dieron certeza al colegiado que Aduviri fue quien convocó la “huelga antiminera” y era líder del dicho movimiento social.
Pese a que la Policía Nacional y el Ministerio Público son instituciones destinadas a la investigación del delito y a su persecución, la Fiscalía ha tenido que recurrir en gran medida a la recolección de información periodística para fundar su acusación y atribuir responsabilidad de los desmanes ocurridos durante el desarrollo de la protesta aymara.
Resulta cuestionable la labor probatoria de la fiscalía, pero más que el colegiado haya valorado y tomado una decisión condenatoria a partir del trabajo de periódicos y vídeos de programas televisivos de noticias.

Lo preocupante de este hecho es que legalmente podría marcar un precedente para procesos contra hombres y mujeres que han sido denunciados en contextos de protestas por defender derechos humanos fundamentales y colectivos. La criminalización de la protesta ha sido una estrategia de varios gobiernos, debemos estar alertas para que ningún procesado por ejecer su derecho a protesta termine en prisión.

 

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/el-camino-condenatorio-de-aduviri/?fbclid=IwAR3WrNQwyHCFh8ZGU_s9ZbImBYscmDjAZcWdQGQK6XSSAo7o_rMhj6xrVzA

Internacional

Desenmascarando BHP: presentando a los defensores …

Cuatro defensores ambientales de los derechos humanos viajan desde América Latina al Reino Unido para desenmascarar a BHP , una semana de arte, protesta y discusión para movilizarse en torno a la reunión anual de accionistas de la compañía minera que cotiza en Londres.

Entre el 14 y el 22 de octubre, desafiaremos a la compañía minera más grande del mundo, BHP, por sus prácticas neocoloniales de extracción de metales y combustibles fósiles en el Sur Global para maximizar sus ganancias, mientras devasta las vidas y la tierra de los afectados.

Los defensores son de tres de los 13 países en los que opera la multinacional que cotiza en Londres: Brasil , Chile y Colombia .

BRASIL

TCHENNA FERNANDES MASO (derecha) es una abogada comunitaria de Mariana y miembro de la coordinación del Movimiento de Personas Afectadas por Presas (MAB) . MAB se organiza con comunidades afectadas por represas en Brasil, incluyendo fallas en relaves (desechos mineros) y desplazamiento causado por represas hidroeléctricas. MAB es un movimiento social activo y representativo en Brasil para las víctimas de dos desastres catastróficos de represas de relaves: Brumadinho (un desastre de represa de relaves que mató a 300 personas en enero de este año) y Samarco. Tchenna trabaja con poblaciones afectadas, especialmente mujeres, para el reconocimiento de sus derechos en casos como Belo Monte , Samarco y Brumadinho .

Mina de mineral de hierro Samarco, Minas Gerais

Samarco es una compañía minera de propiedad conjunta de BHP y el gigante minero brasileño Vale. La compañía opera una operación minera con el mismo nombre en Mariana, una ciudad en el estado brasileño de Minas Gerais. Un colapso catastrófico de la presa de relaves (desechos mineros) de Samarco en 2015 mató a 19 personas y contaminó 600 km del río Doce, afectando los medios de vida, hogares y comunidades de más de un millón de personas y causando el peor desastre ambiental de Brasil hasta la fecha.

MAB llama a lo que sucedió como el ‘crimen de Samarco’ y brinda capacitación crítica a las comunidades en la cuenca del río Doce sobre sus derechos y cómo lograr justicia.

Tras el crimen de Brumadinho, Vale ha pasado la responsabilidad de supervisar el proceso de reparación de las víctimas de Samarco a BHP debido a la falta de capacidad. Por lo tanto, los abogados de BHP han asumido este papel, pero se dice que son agresivos en su postura hacia las evaluaciones técnicas que determinarán el impacto general del desastre. BHP argumenta que esto no es necesario. Debido a la presencia relativamente pequeña de BHP en Brasil en comparación con Vale, una empresa conocida, ha sido difícil lograr que BHP escuche las demandas de las comunidades.

Tchenna dice: “Las acciones de BHP en los territorios afectados por el colapso de la presa de relaves de Samarco, de la cual es copropietario, han transformado las violaciones de derechos humanos en un negocio importante con la creación de la Fundación Renova [una organización creada por las compañías mandato para implementar y administrar programas de reparación después del colapso de la presa Fundão que ha distorsionado el proceso, dividiendo las comunidades al cuantificar los daños y mercantilizar el sufrimiento de las comunidades]. Por lo tanto, lo que debería ser una reparación integral ejemplar en vista de la gravedad de la contaminación y la destrucción del medio ambiente, está impregnado por los intereses económicos de la corporación y sus accionistas en detrimento de la aplicación de los derechos de las personas afectadas «.

Contexto político de Brasil

MAB ha estado en el extremo receptor de los ataques del presidente brasileño Bolsonaro contra los movimientos sociales. Como un movimiento de base compuesto por comunidades afectadas, incluidas comunidades indígenas, comunidades afrobrasileñas y trabajadores agrícolas, los comentarios incendiarios de Bolsonaro se dirigen a estas mismas comunidades, lo que aumenta el riesgo a través de amenazas, ataques, intimidación e incluso asesinatos. El objetivo de Bolsanaro de « abrir el Amazonas » en una expansión violenta de los agronegocios y la minería no solo está conduciendo a la deforestación, sino que también está teniendo un impacto masivo en los ríos del Amazonas que están siendo condenados para proporcionar energía para megaproyectos.

Tchenna dice: La situación en Brasil es deplorable por los ataques de un gobierno fascista sobre los derechos sociales. Esto ha impactado a las comunidades afectadas por las represas al intensificar los conflictos sociales y ambientales, la precariedad de los derechos sociales, la violación de los derechos humanos y el aumento de la violencia y la criminalización contra los movimientos populares. En este sentido, la cuestión de Amazon es emblemática de la falacia de la gestión de un gobierno «.

Las demandas que MAB hace de BHP son:

  • El derecho de las comunidades a evaluaciones técnicas, ambientales y socioeconómicas independientes de los impactos del desastre de Samarco en sus medios de vida y territorios.
  • Garantías para que los equipos técnicos puedan acceder a las áreas designadas y desarrollar los mecanismos relevantes para la participación de las comunidades afectadas en las evaluaciones técnicas. Los estudios de impacto técnico son críticos porque se construyen con las comunidades afectadas.
  • Las empresas no deben interponerse en el camino de los equipos de evaluación técnica y la implementación de los estudios.
  • Se debe permitir que las comunidades afectadas participen plenamente en los mecanismos establecidos para el proceso de reparación dirigido por la Fundación Renova. A pesar del derecho legal de participar en los mecanismos, a las comunidades se les niega sistemáticamente la participación en estos espacios, a menudo por medios burocráticos y justificaciones.
  • Las oficinas de la alcaldía relevantes que representan las áreas afectadas por Samarco se encargaron de desarrollar planes municipales para la salud pública, que las compañías acordaron financiar. Los planes deben construirse a través de mecanismos participativos e implementarse plenamente.
  • No se ha hecho lo suficiente para prevenir y mitigar el riesgo de otros posibles desastres. A la luz de Samarco y Brumadinho, así como otros riesgos de fallas de presas de relaves documentados en la región, se han identificado las siguientes áreas para la acción:
    • Transparencia de las compañías mineras sobre sus presas de relaves: una lista completa de las presas de relaves de una compañía con información sobre cómo se evalúa su estabilidad (con la posibilidad de una verificación independiente de las evaluaciones de estabilidad)
    • Un programa totalmente financiado para la reducción de riesgos y la eventual eliminación de presas de relaves existentes.

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COLOMBIA

CATALINA CARO GALVIS (derecha) es de Bogotá, Colombia y trabaja para CENSAT , una organización que apoya a las comunidades en La Guajira, norte de Colombia, afectadas por la mina de carbón a cielo abierto Cerrejón. CENSAT también trabaja con SINTRACARBON, el sindicato de mineros en Cerrejón. Catalina tiene el mandato de representar a las comunidades afectadas por esta mina.

ALVARO IPUANA (abajo) es la máxima autoridad indígena en su comunidad de Nuevo Espinal . En La Guajira, Nuevo Espinal es una de las muchas comunidades desplazadas por la mina de carbón Cerrejón a cielo abierto .

Álvaro dice: “Quiero llevar la voz de las comunidades Wayuu, que han sufrido daños por el desarrollo minero, a BHP AGM. Estas comunidades han sufrido efectos ambientales, en nuestra agua y en la seguridad alimentaria. Nosotros están en riesgo nuestras propias vidas y la salud de esta población. Y queremos darlo a conocer a las organizaciones internacionales para que sepan que estos minerales dejan nuestro territorio manchado con nuestra sangre «.

Mina de carbón a cielo abierto Cerrejón

Cerrejón es una empresa de propiedad conjunta de los gigantes mineros de Londres BHP, Anglo American y Glencore. La compañía opera una mina con el mismo nombre en La Guajira, una ciudad en el norte de Colombia, en territorio indígena y afrodescendiente Wayúu. Cerrejón es la mayor operación de carbón a cielo abierto de América Latina. Las comunidades han sido desalojadas para dar paso a la mina y la fuente vital de agua, el Arroyo Bruno, se ha desviado para dar paso a la expansión de la mina.

Contexto político de colombia

El frágil proceso de paz de Colombia está siendo atacado por el gobierno de derecha de Ivan Duque. La crisis que enfrentan los defensores de los derechos humanos después de la firma del acuerdo de paz es solo uno de los impactos relacionados con la forma en que los diferentes poderes económicos y políticos intentan obtener el control de los territorios ricos en recursos. Mientras tanto, el gobierno colombiano no ha podido compensar adecuadamente a ninguna de las comunidades afectadas, y muchos líderes comunitarios enfrentan amenazas y violencia por el trabajo que realizan para defender y proteger sus derechos, el acceso al agua potable, el aire y la tierra.

Demandas que las comunidades afectadas por Cerrejón hacen a BHP como copropietario de la mina de carbón Cerrejón :

  • Poner fin a la desviación de la fuente vital de agua de la región, el Arroyo Bruno , y cumplir con el fallo de un reciente fallo de la Corte Constitucional colombiana que ordenó a la compañía redirigirlo a su curso natural.
  • El derecho de las comunidades indígenas locales al consentimiento libre, previo e informado.
  • Desarrollo de un plan adecuado de cierre de minas en consulta con aquellos que se verán más directamente afectados por él, incluidos los trabajadores.
  • Reducción de los efectos de las operaciones de la mina en la salud humana y el medio ambiente local.
  • Mejora del estándar de reasentamientos.
  • El desarrollo de planes de medios de vida alternativos ahora para aquellos que ya no pueden vivir de la agricultura debido a la expansión de la mina, y en el futuro para toda la región una vez que la mina haya cerrado.
  • Proteger a varios líderes comunitarios y activistas locales que critican las operaciones de la mina y han recibido numerosas amenazas de muerte.

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CHILE

LUCIO CUENCA (izquierda) representa al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y OCMAL, una red de más de 40 organizaciones comunitarias y ONG, donde asesora a las comunidades afectadas por la minería en América Latina sobre las mejores formas de mitigar los impactos. de la industria minera global. Lucio hablará sobre el comportamiento y los impactos de BHP en toda la región y en Chile. OLCA apoya a las comunidades directamente afectadas en el desierto de Atacama en Escondida, en el norte de Chile, y también tiene el mandato de expresar sus preocupaciones y demandas.

Lucio dice: “[A] está surgiendo una tendencia preocupante a medida que aumenta el interés británico en los depósitos de cobre en América Latina: el lavado ecológico de nuevos proyectos de cobre. Empresas como BHP y Anglo American afirman que sus minas serán contribuyentes clave a la transición de las energías renovables al suministrar cobre para vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares.

“Estas afirmaciones son engañosamente simplistas, la realidad es que se proyecta que la infraestructura y los materiales de construcción seguirán siendo los principales impulsores de la demanda de cobre durante todo este siglo, no las tecnologías de energía renovable. Esta narrativa de lavado verde también plantea una nueva amenaza para las comunidades afectadas por la minería, ya que las compañías mineras introducen una falsa sensación de conflicto entre la defensa de los territorios locales y las demandas materiales de la transición lejos de los combustibles fósiles «.

Mina de cobre Minera Escondida

Los tres proyectos mineros de BHP en Chile representan el 5,9 por ciento del cobre en el mundo, pero la importancia de estas operaciones contrasta con las consecuencias sociales, culturales y ambientales negativas.

El Salar de Atacama y Punta Negra (humedales y humedales altoandinos) son dos ecosistemas ubicados en medio del desierto más seco del mundo. La sobreexplotación del agua y la contaminación causada por Minera Escondida, el mayor proyecto minero de BHP en el país y la mina de cobre de mayor producción en el mundo, ha destruido seriamente estos ecosistemas. La mina también tiene un impacto negativo en los medios de vida de las comunidades indígenas Atacameñas y Licanantay, especialmente en la comunidad de Peine, el lugar más cercano al lugar donde la empresa extrae agua.

BHP viola los derechos humanos de las comunidades indígenas y afecta el derecho a determinar sus estilos de vida, al destruir sus tierras y fuentes de agua. Viola el derecho de las comunidades a acceder a la información, en cambio oculta datos relevantes sobre el impacto de los ecosistemas y el agua. La corporación tampoco respeta los derechos de los trabajadores debido a sus prácticas antisindicales.

Contexto político de Chile

El gobierno chileno tiene una deuda histórica en torno a la protección de los derechos y la justicia ambiental. Las desigualdades solo se han profundizado desde entonces, los recursos se están explotando con una regulación débil o nula, contaminando territorios y violando los derechos de las comunidades. Esto ahora se traduce en las llamadas «zonas de sacrificio» donde el aire está contaminado por las industrias extractivas implantadas en las regiones, causando un peligro para la salud.

En la Cumbre de Acción Climática de la ONU en Nueva York el 23 de septiembre, el presidente chileno Sebastián Piñera recibió el «Premio Ciudadano Global» por «su liderazgo innovador para abordar el cambio climático». La realidad en Chile es diferente. Todos los días, el gobierno continúa enviando al Congreso del país iniciativas legales que favorecen el interés económico de estas empresas extractivas.

Si bien Piñera se niega a firmar el Acuerdo de Escazú, que podría brindar garantías al pueblo chileno y un compromiso con el desarrollo sostenible y la justicia ambiental, está presionando para que se apruebe el Acuerdo de Cooperación Económica Transpacífico (TPP), que otorga a las empresas el derecho a atacar a los tribunales nacionales políticos internacionales que van en contra de sus intereses económicos.

Antes de la COP25 de diciembre, que se llevará a cabo en Chile, los movimientos sociales, las comunidades y las organizaciones han estado protestando, denunciando la violencia y exigiendo un desarrollo justo y sostenible.

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Fuente:https://londonminingnetwork.org/2019/09/unmasking-bhp-introducing-the-defenders/?fbclid=IwAR2De9E6vrza3Y4zQ11V35B6RxPzg6e7bv9oZNdc73Gz88x65TzMx2bOWX8

Perú

Juzgado no contó con intérprete quechua y suspende juicio oral a comuneros de Cotabambas

Tras 4 años en Juicio y suspendido por 6ta vez.

Compartimos la nota de prensa elaborada por FEDEPAZ, institución que es parte de la RED MUQUI.

Para el día de hoy 15 de octubre, el Juzgado Mixto de Cotabambas de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, programó la instalación e inicio de la Audiencia de juicio oral contra 19 campesinos, dirigentes y miembros de comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas, quienes han sido criminalizados por la defensa de los derechos fundamentales de sus comunidades.

Los hechos, materia de este proceso, corresponden al 25 de septiembre del 2015, fecha en la que las comunidades de las provincias Grau y Cotabambas de la Región Apurímac, iniciaron un paro indefinido, al no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero las Bambas, exigiendo, además, que la empresa minera cumpla con los compromisos asumidos con sus comunidades. Llegando esta situación a su punto más álgido el 28 de septiembre, cuando la represión policial produjo la muerte de 3 comuneros.

Los referidos campesinos fueron denunciados por el Estado peruano y la empresa minera Minerals and Metals Group (MMG), con el objetivo de inmovilizarlos y acabar con las protestas, desconociendo de esta manera que de acuerdo con los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas; son defensores de derechos humanos. Después de más de 3 años de iniciado el proceso penal y de varias reprogramaciones imputables especialmente al Ministerio Público; la referida audiencia fue programada para el 15 de octubre.

En efecto, el día de hoy se procedió a instalar la audiencia: se declararon reos contumaces a tres procesados defendidos por la defensa pública de oficio por no haber asistido al juicio oral, ordenándose su ubicación y captura. El Fiscal procedió a formular su requisitoria, es decir su acusación oral, sin embargo al ser los patrocinados quechua hablantes, el abogado de la defensa, David Velazco Rondón de FEDEPAZ, hizo la observación al juez en el sentido que anteriormente se había solicitado contar con un intérprete oficial del idioma quecha, lo cual se sustenta en la constitución del Estado y tratados internacionales que forman parte de nuestra ordenamiento jurídico nacional, a fin de no violentar el derecho del procesado de conocer con exactitud de qué se le acusa para asimismo conocer bien de que defenderse. El Juzgador trato de justificarse señalando que no tenían recursos, frente a lo cual el abogado Velazco le señaló que ese argumento no puede de ninguna manera justificar la violación de un derecho fundamental. Frente a esta situación el Juzgado Mixto de Cotabambas, encargado del juicio, procedió a suspender la audiencia. Al respecto debemos precisar como abogados de la defensa, que esta nueva suspensión de la audiencia es de responsabilidad exclusiva del juzgado. Con el ruego de su difusión.

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/946-juzgado-no-conto-con-interprete-quechua-y-suspende-juicio-oral-a-comuneros-de-cotabambas