Perú

Mujeres, Minería y Salud Mental en Espinar

Autor: Derechos sin Frontera.pe
Conflicto Relacionado: Tintaya - Antapaccay - Espinar

Derechos Humanos sin Fronteras ha publicado en el 2019 el libro ‘Mujeres, Minería y Salud Mental. Afectaciones psicoemocionales en las mujeres en comunidades del entorno minero Tintaya-Antapaccay en Espinar, Perú’, que es el producto de una investigación que inició en el 2017. En las siguientes lineas compartimos con ustedes el contexto social en la provincia cusqueña de Espinar,  principales hallazgos, metodología que se usó para la investigación y recomendaciones.

Puede bajar el libro completo AQUÍ

Contexto

Es reconocido a nivel mundial que proyectos mineros de gran escala generan una afectación mayor y diferenciada en las mujeres que en los varones, por su condición de desventaja social. Esta situación es preocupante para las mujeres de la provincia de Espinar, quienes por más de 35 años, son afectadas por los cambios sociales, ambientales y económicos generados por la actividad extractiva.

Objetivos

Se realizó este estudio para identificar las afectaciones psicoemocionales que genera el actual proyecto minero Tintaya-Antapaccay en las mujeres, como consecuencia de los impactos que genera en el tejido social, la economía y en la salud fisiológica de los pobladores de comunidades aleñadas al proyecto y en la ciudad de Yauri. Específicamente, se evaluó la presencia de estados emotivos negativos como la depresión y ansiedad y sus principales causantes.

Metodología

Durante 2017 y 2018 se realizaron entrevistas semi-estructuradas y grupos focales con 56 participantes: mujeres directamente afectadas, representantes de organismos del Estado y miembros de organizaciones sociales en Espinar, y se aplicó test psicológicos a 40 mujeres de 8 comunidades del entorno del proyecto minero.

Resultados

Se identificaron las siguientes emociones y principales factores causantes, directamente relacionados a los impactos diferenciados que el proyecto minero genera en las mujeres:

· Preocupación por sobrevivir

· Miedo a padecer enfermedades

· Frustración por ingresos económicos restringidos

· Tristeza y soledad por la venta de terrenos

· Indignación por el no cumplimiento de acuerdos

· Angustia por omisión a la asistencia familiar

· Desconfianza de todos

· Menosprecio de la mujer por “dejar valores”

La aplicación de los tests y entrevistas psicologicas revelaron que 26 de las 40 mujeres tamizadas sufren de algun tipo de depresion clinica (por comunidad minimo un caso) y que de esta cifra, 16 mujeres presentan un nivel de depresion leve; 9 moderado y 1 grave.

Puede bajar el libro completo AQUÍ

Principales Hallazgos

El enfoque en las afectaciones psicoemocionales identifico casos de depresión clínica en casi dos tercios de las mujeres tamizadas que junto con la expresión del conjunto de emociones negativas, relacionadas con la depresión y ansiedad clínica, por la mayoría de las mujeres entrevistas y que surgen y son directamente relacionadas por los impactos diferenciados del proyecto minero, revelan un estado frágil y preocupante en su salud mental.

Problemas a nivel personal, familiar y comunal, centrados en dificultades económicas, la soledad física e incertidumbre sobre el estado de su salud y supervivencia, más las consecuencias de los problemas sociales que se dieron en la zona durante el conflicto social de 2012, fueron factores y eventos más resaltados por mujeres diagnosticadas con depresión clínica.

La contaminación ambiental, la desolación y las consecuencias socioeconómicas negativas que el proyecto minero genera en la mujer, se vuelven factores agraviantes y causantes de estados de emotivos negativos.

El contexto de conflicto significa ruptura de lazos sociales, desintegración de espacios organizativos e incremento de enfrentamientos y situaciones sociales negativas, que altera el estado psicoemocional de las mujeres, lo cual es preocupante ya que esta situación también destruye el soporte emocional que ellas necesitan para manejar y sobrellevar las situaciones negativas.

La violencia continua que viven las mujeres es como una falla central, situando su salud mental en un estado de fragilidad. Junto con la suma de afectaciones diferenciadas que ellas viven por el proyecto minero, las mujeres son más vulnerables a desarrollar estados psicoemocionales negativos y trastornos psicológicos.

Recomendaciones

Soporte y atención psicológica: Mujeres viviendo en este contexto minero requieren de soporte emocional de profesionales y la creación de espacios no profesionales, para revertir el desarrollo de estados depresivos leves y moderados ya presentes, al igual que fortalecer su capacidad de manejar emociones negativas y traumas, limitando el desenlace de trastornos psicológicos. Esta atención y espacios para las mujeres deben de ser continuos, con enfoque de interculturalidad, de derechos y de género, ya que la salud mental y estados emotivos no se pueden remediar con una sola intervención.

Entidades del estado (a nivel local, regional y nacional), como garantes de derechos frente a los impactos diferenciados y en su responsabilidad de proveedor de servicios básicos como salud y

acceso a la justicia, deben tomar todas las medidas necesarias para atender y prevenir la afectación negativa en la salud mental de poblaciones impactadas por el proyecto minero, lo que abarca las dimensiones económica, social y ambiental, asegurando que el plan integral de salud incluya atención de salud integral –psicológica y física- especialmente para pobladores que viven en el entorno del proyecto minero, con enfoque especial en las mujeres que viven en asilamiento.

 

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/5289-2/?fbclid=IwAR3Yn3kF2O2yfXj9GKXdGrtRepAK-F82VgncbxWQK_1t8hkvAj0kgDz7OFQ

Perú

Minería, modelo para armar

Autor: Juana Gallegos, La República.pe
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

En noviembre, la Defensoría del Pueblo reportó 81 focos de convulsión social en territorios concesionados a mineras. Canadá es un país minero como el Perú y se configura como panacea de buenas prácticas comunales. ¿En verdad existe una receta para evitar los conflictos sociales?

Los protagonistas de los conflictos sociales provocados por la minería pueden haber cambiado pero el guion sigue siendo el mismo: comunidades indígenas que rechazan a las empresas que quieren explotar los minerales que hay bajo su territorio. Aquellas no confían, temen las mala prácticas de esta actividad extractiva -que da empleo a más de 250 mil trabajadores en el país, y que representa el 59% de nuestras exportaciones, según el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)- contaminen sus lagunas, sus suelos y sus cuerpos, o que el canon minero (50% del impuesto a la renta que pagan las mineras) no llegue a beneficiarlos.

En su último Reporte de Conflictos Sociales (noviembre de 2019), la Defensoría del Pueblo registró 81 focos de protestas vinculados a la minería, sobre todo en Áncash, y en la macro región sur. En el primer semestre vimos cómo las poblaciones aledañas al Corredor Minero del Sur, en Cusco, bloquearon la carretera por el daño a la salud que ocasionaba el tránsito de camiones con desechos mineros. La pugna aún está latente, los enfrentamientos entre la policía y la población han dejado varios heridos.

Aunque este año primaron las noticias sobre los desencuentros entre el Ejecutivo y el Congreso, los conflictos mineros no han dejado de estar presentes en la coyuntura. “Así como somos uno de los principales países productores de cobre, oro, plata, plomo y zinc en el mundo, también somos los principales productores de conflictos mineros a nivel mundial”, advierte, en su último informe, el Observatorio de Conflictos Mineros de la oenegé CooperAcción.

¿Llegaremos a revertir este escenario? ¿Es posible una minería en la que primen las buenas prácticas? Miremos las experiencias del primer mundo.

Una minería ejemplar

Canadá es un país minero como Perú. Su enorme potencial geológico lo ubica en la lista de los diez países productores de minerales y metales del mundo. Explota uranio, níquel, aluminio, y cobalto, pero su éxito no radica solo en la exportación de materia prima. Alrededor de esta actividad extractiva se ha formado una industria consolidada. Algunas de sus mineras son transnacionales y tienen proyectos en varias partes del mundo. La minería es, por lo tanto, la fuente esencial del PBI del país, y la que da más trabajo a sus poblaciones indígenas.

Sí, al igual que en Perú, allá también hay pueblos originarios (representan el 4% de su población), y según afirma en un artículo la socióloga María Sol Delgado: “La actividad minera canadiense ha logrado compatibilizar el desarrollo económico con los derechos de la población […] se caracteriza por ser uno de los casos más conocidos de buenas prácticas en la actividad minera a nivel mundial” ¿Podríamos sacar lecciones de su experiencia?

El subdirector de CooperAcción, José De Echave, reconoce los pasos innovadores que ha dado Canadá: A) El concepto de licencia social (la aceptación de la población para que se inicie un proyecto minero) fue acuñado por sus líderes empresariales; B) Allá se implementaron los primeros acuerdos de impacto y beneficios entre las mineras y las poblaciones originarias, incluso, algunas tuvieron participación como accionistas en algunas empresa; C) Una reforma que generó espectativa fue la creación de la Defensoría del Pueblo Canadiense para la Empresa Responsable, que canalizaría las quejas contra las mineras canadienses dentro y fuera del país, sin embargo aún no termina de ser implementada.

“Idealizar el modelo canadiense sería un error -advierte el economista-, allá también persisten los desastres ambientales y los conflictos sociales. Lo que tienen a favor, con seguridad, es la existencia de instituciones más fuertes para enfrentar esos problemas en comparación al Perú”.

Para el profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Omar Narrea, el gran fuerte de Canadá es que las comunidades indígenas pueden negociar de igual a igual con las mineras en comparación a sus pares peruanos: “El Estado ha invertido en su educación y desde hace décadas los ha dotado de un nivel superior de información, negociación y empoderamiento. Hay que sacar una lección de esto, pues si el Estado invierte en infraestructura y desarrollo social habrá un mejor escenario para que el proyecto minero se desarrolle sin sobresaltos”.

Maldición y bendición

Para saber a ciencia cierta cómo se configura el modelo minero del país norteamericano, nos comunicamos con Kirsten Francescone, activista de MiningWatch Canada, una asociación sin fines de lucro que tiene 20 años monitoreando la actuación de las mineras. Enfática, dice que en Canadá no todo es color de rosa: “En 2014 la minera Imperial Metals protagonizó el peor desastre medioambiental de la historia canadiense. El dique de relaves de Mount Polley colapsó y más de 25 millones de metros cúbicos de desechos (equivalente a 10,000 piscinas olímpicas) fueron descargados en un lago en el que varios pueblos de la zona pescaban salmones. Hasta hoy no ha habido ninguna multa ni sanción”.

La también magister en Antropología y Economía Política menciona, además, que actualmente hay más de 10 mil minas abandonadas en su país que no tienen empresa ni dueño que se encargue de la remediación ambiental. ¿En realidad Canadá es la panacea de la buena minería?

En el Perú hay más de 90 mineras provenientes de ese país, y algunas se han visto envueltas en conflictos con las poblaciones de su zona de influencia. La relación entre la comunidad de Tacraca en Cusco y la minera Hudbay Minerals, propietaria del proyecto Constancia, por ejemplo, aún es tensa.Según, Francescone, esta se caracteriza por criminalizar la protesta. Su compañera, la reconocida defensora de derechos humanos, Jennifer Moore, fue detenida por la policía y deportada a su país, en 2017, por proyectar un documental sobre los excesos de la minera Hudbay en los territorios donde opera.

Otro caso es el de Bear Creek Mining que demandó al Estado Peruano cuando este anuló la concesión minera del proyecto Santa Ana por el gran rechazo que causó en la población. A la fecha, tenemos que pagarle millones de dólares a la empresa como indemnización. Como se ve, las mineras canadienses han cometido excesos tanto en su país de origen como en el exterior.

En medio de las críticas a las malas prácticas del sector minero, Carlos Diez Canseco, ex gerente general de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SMMPE), se presenta como una voz disidente. Tras la experiencia de Las Bambas, que terminó con un acuerdo entre el Estado, la minera y las comunidades indígenas, el economista cree que estas han desarrollado la capacidad para negociar. Además, cita al último reporte del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas: “De las cinco provincias con mejor índice de desarrollo en Perú, tres están vinculadas a la minería”.

¿Una maldición o una bendición? Parece que la minería representa las dos opciones. “Lo que debe haber es un Estado fuerte que regule, fiscalice y que ponga altos estándares sociales y ambientales a las mineras, no creo en su autorregulación”, finaliza José De Echave.

 

Fuente:https://larepublica.pe/domingo/2019/12/15/mineria-modelo-para-armar/?fbclid=IwAR15uX55hW7eRvjLy7ZTBuEeTRGA27vNlLjf2zO8i5qowjtwqKstp5MsSxA#.XftZMTGEuQI.facebook

Perú

Corredor minero de Las Bambas: entre la torpeza y la improvisación

Autor: Leonidas Wiener R. / Cooperacción.org
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

En un hecho sin precedentes, el Gobierno de Vizcarra emitió una norma y esta fue modificada dos veces en un lapso de 48 horas. El 12 de diciembre publicó el Decreto de Urgencia 026-2019[1], que resolvió declarar de necesidad pública e interés nacional la ejecución de la obra de infraestructura denominada “Corredor Vial Apurímac-Cusco”, y que autorizaba al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a expropiar “las áreas que resulten necesarias para tales fines”, dejando a este sector en libertad de precisar quiénes serían los afectados.

 

 

Como lo advirtió CooperAccion[2] el mismo día que se publicó esta norma, esta contenía graves vicios de inconstitucionalidad. Lo más resaltante era que el procedimiento de expropiación contenido en esta norma no cumplía con dos condiciones necesarias: 1) La reserva de ley (solo puede ser aprobada por el Congreso), y 2) Que sea determinable en cuanto al sujeto y el bien a expropiar.

 

Quizás por tales motivos, en horas de la tarde del mismo 12 de diciembre, el Gobierno publicó una Fe de Erratas de este primer Decreto. En esta se retiró el término “expropiación” del título y del objeto de la norma. Luego, dos días después, el 14 de diciembre, se publicó un segundo Decreto de Urgencia (027-2019) que modificaba varios contenidos del primero. En esta última norma se retira la palabra “expropiación” en todo el articulado. También se cambia la palabra “afectados” por “beneficiarios”. Tal vez el Gobierno consideró que el impacto de esta medida sobre las comunidades sería menor si se les nominaba como beneficiarios y no afectados (o perjudicados).

 

Sin embargo, los vicios de inconstitucionalidad persisten. Si bien se ha excluido el término “expropiación”, los procedimientos de adquisición de las propiedades en el corredor minero dejan abierta la posibilidad de cometer arbitrariedades e incurrir en prácticas confiscatorias por parte del Gobierno, afectando la propiedad y el territorio de las comunidades ubicadas a lo largo del corredor minero. Por ejemplo, el primer Decreto de Urgencia estableció que, en caso el “afectado” se negara a aceptar la compensación o entregar su propiedad, se procedía automáticamente a aplicar la expropiación y ejecución coactiva del bien. Sin embargo, en la última modificación se señala que en ese mismo supuesto “se aplicará la ley que corresponda”; es decir, no precisa de ninguna manera qué pasaría en esas circunstancias.

La “ley que corresponda” a la que se hace referencia, no puede ser otra que el Decreto Legislativo 1192[3], que regula el proceso de adquisición y expropiación de bienes inmuebles para la ejecución de obras de infraestructura. Esta norma señala explícitamente, que la expropiación solo puede ser aprobada por ley expresa del Congreso. Imaginemos entonces un escenario en el cual un comunero de Cotabambas se niega a entregar su propiedad. ¿El Gobierno se animaría a expropiarlo vía decreto de urgencia u otra norma de menor rango? ¿Cómo se procedería en ese caso si aún no hay un Congreso instalado? Preguntas que quedan sueltas, pero que no deben dejar de ser aclaradas si nos atenemos a los antecedentes de Las Bambas, y las distintas arbitrariedades cometidas por el Estado y la empresa contra la población de Apurímac y Cusco a lo largo de la existencia de esta mina.

 

Como es de público conocimiento, Las Bambas y su corredor minero viven continuas crisis de gobernabilidad desde hace ya varios años. Se han creado numerosos espacios de diálogo, se han establecido varios acuerdos con la población, e incluso recientemente se ha creado la figura de Alta Comisionada para el Diálogo y el Desarrollo en el Corredor Vial del Sur, cargo que recae en la ex ministra de Desarrollo Social e Inclusión, Paola Bustamante. Nos preguntamos: ¿para qué tanta burocracia y recursos públicos comprometidos si se siguen adoptando medidas inconsultas? Una norma inconstitucional aprobada de espaldas a la población, y de una forma tan desacertada que ha obligado al Gobierno a hacer dos rectificaciones en menos de dos días ¿Existe alguna estrategia o idea de lo que se quiere hacer con Las Bambas y el corredor minero? Consideramos que en las reuniones de la mesa de dialogo que se reanudan esta semana, debería ser un momento para aclarar estos temas.

 

[1] Como se tiene conocimiento, el 30 de octubre pasado se disolvió el Congreso, y hasta el período de instalación del nuevo Parlamento, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de legislar mediante decretos de urgencia, que tienen rango de ley.
[2] Ver: http://cooperaccion.org.pe/expropiacion-en-el-corredor-minero-del-sur-andino/.
[3] Que se desarrolla mediante el Decreto Supremo 011-2019-VIVIENDA.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/corredor-minero-de-las-bambas-entre-la-torpeza-y-la-improvisacion/?fbclid=IwAR3moLP195kAFQteb24C-ZD7oFUeTIBMpZrP_RwS6DDhwCqbnVEBERq4-dE

Perú

Gobierno ancashino suspendió actividades de minera Aurillac

Autor: Tiempo Minero / Camiper.com

Decisión fue tomada a causa de supuestas actividades ilegales de extracción por parte Aurillac.

El gobernador regional de Áncash, Luis Gamarra, entregó la Resolución Regional N° 007-2018-GRA/DREM que dispone la “suspensión de las labores de exploración del Proyecto Minero César Jesús”, perteneciente a la empresa minera Corporación Minera Aurillac.

 

Una medida que tiene como origen la inspección realizada el 26 de enero en la que se detectaron labores de perforación en zonas no autorizadas y riesgos en la calidad del suelo y la cobertura vegetal.

En la sesión de la entrega del documento estuvieron presentes, asimismo, dirigentes de Picup, Cochac Alto, Pacuash, Huamarín, José Carlos Mariátegui y Ucro, que abarca 52 comités de la Cordillera Negra. Para Jhon Santos, del centro poblado de Quenuayoc, el “logro no es de los dirigentes, es de toda la población”.

“Agradecemos la decisión asumida por el gobernador. Estamos firmes en nuestra posición y haremos valer nuestros derechos en otras instancias”, concluyó Santos.

La autorización concedida a la minera Aurillac fue emitida el año 2014. Sin embargo, el rechazo de la población de la Cordillera Negra se hizo sentir desde el primer momento. Los habitantes de dicha localidad argumentan que la presencia de la minera hace peligrar los 84 ojos de aguas y bofedales del lugar.

 

Fuente:https://camiper.com/tiempominero/gobierno-ancashino-suspendio-actividades-de-minera-aurillac/

Chile

Tarapacá: SMA fiscaliza Faena Minera Teck Quebrada Blanca

Autor: Sma.gob.cl

En el contexto de un incidente reportado en la construcción de la Fase II del proyecto.

 Durante el día 10 de diciembre de 2019, la Oficina Regional de Tarapacá de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), realizó una fiscalización a las instalaciones de la Faena Minera Quebrada Blanca de la empresa Teck, a raíz del incidente reportado el día 09 de diciembre del presente período, el cual correspondió a un rebalse del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas, perteneciente a la construcción de la Fase II del proyecto.

La actividad de fiscalización se centró en verificar el manejo de efluente de la Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS), impacto ambiental a la flora y fauna del lugar, afectación de recursos hídricos y el plan de contingencia con que cuenta la operación minera. Además, durante la inspección se realizó un recorrido por la piscina de efluentes, punto de descarga efluente y la trayectoria seguida por el derrame.

“Una vez finalizada la actividad de fiscalización se le solicitó a la empresa reportar diariamente a esta Superintendencia al comienzo de cada jornada laboral por vía correo electrónico, informando sobre el estado de avance de las medidas de limpieza planificadas por Teck, como también los parámetros in situ monitoreados en el cauce Quebrada Agua del Mote. Reporte que hemos recepcionado satisfactoriamente”, señaló Tamara González, Jefa de la Oficina Regional SMA de Tarapacá.

Detalles del recorrido:

  1. Piscina de efluentes: la cual se encontraba en funcionamiento con agua en su interior, sin sobrepasar la línea de rebose y con la descarga desde la PTAS operativa.
  2. Punto de descarga efluente: se observó canalización por donde el caudal del efluente siguió su curso en dirección hasta la Quebrada Agua del Mote.
  3. Trayectoria seguida por el derrame: se recorrió la línea de descarga, hasta al menos 200 metros más aguas abajo del punto indicado como de máximo alcance.

Fuente:https://portal.sma.gob.cl/index.php/2019/12/16/tarapaca-sma-fiscaliza-faena-minera-teck-quebrada-blanca/

Chile

Agricultores de Quilapilún interponen denuncia ante Superintendencia de Medio Ambiente contra minera de Angloamerican y Codelco

Autor: El Mostrador.cl

La Comunidad de Agricultores del Valle de Quilapilún, de Colina, interpuso una denuncia ante la Superintendencia del Medioambiente en contra de Minera los Bronces de Angloamerican, por elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y haber dado inicio a la construcción de obras al margen de la legalidad ambiental.

En el libelo, los denunciantes señalan que a través de distintas “Consultas de Pertinencia” al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), ambas compañías mineras pretenden eludir la obligación de realizar Declaraciones de Impacto Ambiental o Estudios de Impacto Ambiental, en un proyecto que permitirá a Angloamerican construir un acueducto de 8,0 kms. que captará aguas claras de relave desde el Tranque Ovejería de Codelco hasta hasta el sector de la Planta “Las Tórtolas” de Angloamerican.

Se trata de “consultas de pertinencia” ingresadas al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), con fecha 11 de noviembre de 2019 por parte de Anglomerican Sur S.A.y 19 de noviembre de 2019 en el caso de Codelco ,División Andina. En ellas ambas compañías solicitan a la autoridad medioambiental su visto bueno para realizar estos proyectos sin la necesidad de que tengan que ingresar al Sistema de Avaluación Ambiental.

En el escrito, los agricultores denuncian además que Minera Los Bronces ya ha iniciado faenas de construcción de dicho acueducto sin la respectiva autorización administrativa o ambiental que permita la realización de esas obras.

Por lo anterior los denunciantes solicitaron a la Superintendencia del medio Ambiente, el ingreso al SEIA de ambos proyectos para que se evalúen los potenciales impactos a la comunidad. La paralización de faenas de construcción del ducto; que se acredite la relación societaria que existiría entre Angloamerican y Codelco Chile y finalmente que se suspenda la tramitación en el Servicio de Evaluación Ambiental de las consultas de pertinencia ingresadas por ambas compañías mineras.

David Ojeda Behrens, representante de Comunidad de Agricultores del Valle de Quilapilún señaló que es “imperativo que la Superintendencia del Medio Ambiente, requiera el ingreso de estos proyectos a evaluación ambiental y solicite a la brevedad la autorización al Tribunal Ambiental para paralizar las obras que Angloamerican comenzó a construir. Vemos con mucha preocupación cómo la gran minería de este país busca subterfugios legales para obtener agua. Además que nos exponen al riesgo de contingencias graves de contaminación por rotura de ducto, como ya han ocurrido, lo que sepultaría definitivamente la agricultura de la zona”.

El representante expresó también que “para nosotros es bastante evidente la colusión entre Codelco y Angloamerican, tanto para evadir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, como para generar un negocio de compraventa de aguas entre ellos. Con todo lo que pasa en Chile, pensamos que la cultura de la evasión había quedado atrás.

“Nuestra comunidad –declaro David Ojeda- presentó el 6 de noviembre pasado sus observaciones en el proceso de Participación Ciudadana del proyecto “Los Bronces Integrado” y ocuparemos todos los instrumentos legales que nos franquea la ley para que se transparente esta situación y no se perjudique más la agricultura del sector.

 

Fuente:https://www.elmostrador.cl/dia/2019/12/13/agricultores-de-quilapilun-interponen-denuncia-ante-superintendencia-de-medio-ambiente-contra-minera-de-angloamerican-y-codelco/

Perú

Moquegua: En enero de 2020 acaban mesas por Quellaveco

Autor: Redacción La República.pe
Conflicto Relacionado: Moquegua-Rosa Roja

En esa fecha recién se conocerá si la ejecución del proyecto Quellaveco impactará en el agua de la cuenca. El análisis de las muestras se hará en un laboratorio neutral.

 El informe del Grupo de Trabajo de Tumilaca, creado por el Gobierno para despejar las dudas de los agricultores, concluirá la quincena de enero de 2020.

Según el coordinador Guido Herrera, en esa fecha recién se conocerá si la ejecución del proyecto Quellaveco impactará en el agua de la cuenca.

Los técnicos de los organismos del Estado, así como de los agricultores, realizaron la semana pasada un trabajo de georreferenciación en el campamento. Herrera dijo que regresarán nuevamente a realizar el monitoreo. El análisis de las muestras se hará en un laboratorio neutral.

Mencionó que cabe la posibilidad de que se amplíe el trabajo unos 15 días. En Tumilaca, los agricultores protestaron hasta en dos oportunidades en contra del proyecto cuprífero. Temen que con la construcción se contamine el agua de la cuenca.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/12/moquegua-en-enero-de-2020-acaban-mesas-por-quellaveco-lrsd/

Perú

Exigen que el gobierno y minera Gold Fields respondan por derrame producido hace un año en Hualgayoc

Autor: Edgard Villaseca para Cajamarca Opina , Noticias Ser.pe

Hace un año, exactamente el 16 de diciembre, se produjo un derrame desde las operaciones de la empresa minera Gold Fields en la provincia de Hualgayoc, que ocasionó la muerte de unas 7 mil truchas según las informaciones locales. A raíz de este suceso, las organizaciones sociales emprendieron una serie de acciones de protesta para exigir la atención a la contaminación y que no se otorguen mayores permisos para actividades mineras, además, se instaló una mesa de trabajo liderada por el gobierno nacional.

Al cumplirse un año de este hecho, los dirigentes que encabezaron las protestas continúan exigiendo que la empresa se haga responsable de los daños producidos y una de las principales acciones que vienen realizando, tiene que ver con el seguimiento a la denuncia que interpusieron en la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Cajamarca en contra de Gold Fields.

El dirigente Víctor Hugo Cruzado publicó la Cédula de Notificación 2424-2019 incluyendo la Disposición N° 07-2019-FEMA, en la que se informa que Gold Fields solicitó al Ministerio Público la acumulación de la investigación de dos hechos. El primero por “la presunta infiltración permanente y continua del relave contenido en la relavera de la Unidad Minera Cerro Corona, de la Empresa Minera Gold Fields La Cima S.A. hacia aguas subterráneas – manantial Las Tomas”, de acuerdo a un informe de la Administración Local del Agua Chotano Llaucano de febrero del 2019. El segundo hecho, se refiere al derrame producido el 16 de diciembre del 2018 y que ya es de conocimiento público. No obstante, la conclusión de la Fiscal Gricelda Ysla fue que no procede la acumulación solicitada por la empresa, debido a que los hechos no son los mismos y, por lo tanto, las investigaciones preliminares tampoco investigan el mismo presunto hecho.

Asimismo, Víctor Hugo Cruzado junto al también dirigente Niño Benavides Marín, difundieron una carta abierta dirigida al alcalde provincial de Hualgayoc, Marco Aguilar, en la que le exigen que haga presión ante el gobierno nacional para que se cumplan los acuerdos firmados por los ministros de Energía y Minas y de Salud, durante una reunión a principios de febrero de este año y entre los que destacan la atención médica por dos años a personas y niños contaminadas con metales tóxicos como plomo y arsénico; construcción del hospital de Bambamarca y culminación del expediente técnico, financiamiento y construcción de la planta de tratamiento de agua potable para Bambamarca; igualmente, le solicitan que se continúe respaldando las acciones de protesta para que la empresa Gold Fields a modo de indemnización, construya una planta de tratamiento de aguas ácidas y realice la limpieza y descolmatación del río Tingo – Maygasbamba.

“Seguimos firmes en la defensa de la salud de nuestros hijos y población en general. Ahora se recuerda un año de la contaminación de la minera Gold Fields que derramó sus relaves matando todo ecosistema, hábitat y las aguas superficiales y subterráneas. Nuestra lucha contra los relaves de Gold Fields tiene que fortalecerse y todos retomar el paro suspendido hasta lograr justicia”, posteó Víctor Hugo Cruzado.

 

Fuente:http://www.noticiasser.pe/exigen-que-el-gobierno-y-minera-gold-fields-respondan-por-derrame-producido-hace-un-ano-en?fbclid=IwAR2aExbVX2YC7DB6pVnf9xwaFp5bqaQrNyTkZtntjhET-61rWzRXscByZ7g

Perú

Ariana y Quiruvilca: Dos caras de una misma empresa beneficiada en perjuicio del Perú

Autor: Red Muqui.org

Artículo de opinión de asesor de Red Muqui, Ing Juan Aste Daffós.

Cabe preguntarle al Director General de Minería, Oscar Alfredo Rodríguez Muñoz: ¿cómo así el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de la Dirección General de Minería (DGM), no se percató que Southern Peaks Mining (SPM), a través de su subsidiaria Minera Quiruvilca Limited, compró primero en junio 2012 la totalidad de la unidad minera Quiruvilca a la canadiense Panamerican Silver, propietaria de Cía Minera Quiruvilca, y luego SPM se la venda a ella misma a través de otras de sus subsidiarias, primero a Sociedad Minera Quiruvilca Inversiones SAC, en julio 2015, y luego a Cía Minera Quiruvilca, regresando al punto inicial; para en diciembre 2017 declararse en quiebra, dejando de operar desde enero 2018 en que abandonó la mina, con lo cual dejaba de cumplir con el plan de cierre?

La ejecución inmediata de la garantía vigente que mandata la Resolución de la Dirección General de Minería N° 0066 del 05 de marzo del 2018 al declarar el incumplimiento del plan de cierre de minas de la unidad minera Quiruvilca de la Cia Minera Quiruvilca SA, significaba el cobro del monto de la carta fianza y que la DGM se encargue de ejecutar el plan de cierre, sin embargo, este monto al ser insuficiente para cumplir con el plan, implicó un beneficio para la empresa SPM y un perjuicio para el Estado Peruano. ¿Quién calculó el monto de este plan y el de la carta fianza?: La Dirección General de Minería.

Para la empresa era mejor que le ejecuten la carta fianza porque se ahorraba dinero y la responsabilidad de asumir la remediación del pasivo ambiental, que, por lo que ocurrió, era de gran dimensión y riesgo ambiental, comprobado con el impacto ambiental del ingreso de mineros informales y con la rotura de los diques de las relaveras, en un breve tiempo luego que la empresa SPM, a través de Cía Minera Quiruvilca, abandonó la mina. Así, con suma facilidad, el plan de cierre pasó a ser un compromiso del Estado financiado en gran parte por todos los peruanos, y cuya elección de la empresa ejecutora se habría concretado desde la DGM a través de adjudicaciones directas (sin concurso) para el tratamiento de las aguas ácidas. Lo peor han sido las lamentables consecuencias de la contaminación de la cuenca del río Moche que condujo a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a declarar en emergencia esta cuenca. ¿Quiénes ganaron? Saquen sus conclusiones.

Pero, ¿quiénes son los representantes en el Perú de la empresa Southern Peaks Mining (SPM) cuyos capitales son del paraíso tributario de la isla Gran Cayman? Esta empresa es gestionada en el Perú principalmente por Enrique Ramírez Ostolaza, y Adolfo Vera Fernández, ex funcionarios de Volcan Cía Minera y de Cía Minera Quiruvilca, antes en manos de Panamerican Silver, y hoy SPM es la propietaria de Ariana Operaciones Mineras SAC, titular del proyecto Ariana. Las preguntas que se caen de maduras son ¿Cómo hizo SPM para que el 2016 MINEM le apruebe el EIA del proyecto Ariana ubicado entre las fuentes de agua para Lima ubicadas en la cabecera de la cuenca del Atlántico y que se derivan hacia la costa del pacífico mediante un túnel trasandino?

Agua de Lima en riesgo

Ello porque existe un alto riesgo de ingreso de material del relave a través de la boca del túnel y porque precisamente el EIA aprobado no contempla estaciones de monitoreo ambiental en la entrada y en la salida del túnel. Todos los componentes del proyecto han sido diseñados dentro de la huella colectora del Sistema Marca, por lo que cualquier derrame va a ir directo a los canales de coronación del sistema y de inmediato ingresará al túnel trasandino.

Lo cierto es que hay demasiadas coincidencias en favorecer a la empresa SPM que demandan una seria investigación y revisión del traslado y la responsabilidad del plan de cierre de la unidad Quiruvilca al Estado, así como, del proceso de aprobación del EIA del proyecto Ariana y los permisos. Al respecto, en la fundamentación de la aprobación del EIA, Informe 385-2016-MEM/DGAAM/DNAM/DGAM/D del 29 de abril 2016, se afirma que “(…) la propuesta de localizar el depósito de relaves colindante al túnel trasandino debe ser descartada y adjuntar otras alternativas viables para su ubicación (…)”, lo cual ha sido ratificado en la aprobación del EIA y consentido por la empresa minera, sin embargo, esta última insiste en construir la relavera en el mismo lugar, desacatando lo establecido en dicho informe de la certificación ambiental. La DGM no realizó un análisis de riesgo, incumpliendo con lo establecido en el anexo 07 del reglamento de seguridad minera del MINEM.

Por lo señalado, no hay las garantías del caso en el proyecto Ariana, y el sindicato y el directorio de Sedapal tienen razón en estar preocupados y alertas. Habría que saber quiénes son los verdaderos dueños de SPM y quiénes son los funcionarios que le han facilitado las cosas aun a riesgo de afectar a toda la población de Lima porque un aumento de la contaminación del agua para la ciudad capital del Perú se traduce en un mayor costo del procesamiento para obtener agua potable en la planta de La Atarjea, y esto presionaría al alza la tarifa pública del agua.

Preguntas: ¿Por qué la DGM no alertó del perjuicio para el Estado Peruano y el país en los casos de la unidad minera Quiruvilca y del proyecto Ariana? ¿Por qué se aprobó el EIA del proyecto Ariana sabiendo las implicancias de la contaminación y el costo de la disponibilidad del agua para la población de Lima? ¿Por qué la DGM no devolvió el expediente a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) para que esta revise la inconsistencia identificada en el EIA? ¿Qué garantías ofrece hoy SPM en el proyecto Ariana frente a la evidencia de hechos inaceptables para el país?

 

Fuente:https://muqui.org/noticias/ariana-y-quiruvilca-dos-caras-de-una-misma-empresa-beneficiada-en-perjuicio-del-peru/?fbclid=IwAR3CYyK_yMuZPoFJcdrNsGJ4xXjqaVTkfzIHlmvt0P3vhgZkTAYHCgOsrzw

 

 

Colombia

¡No es de forma, es de fondo!: Los reparos de la ANLA y el rechazo del COA a la AngloGold Ashanti

Autor: Contagioradio.com

Después de las elecciones realizadas el 27 de octubre del presente año, la empresa sudafricana AngloGold Ashanti inició una fuerte campaña mediática en diferentes medios de comunicación nacional, intentando mejorar la cuestionada imagen de un proyecto que ha carecido de legitimidad, caracterizándose por ser un modelo impositivo que ha vulnerado  -desde hace más de 10 años-  el derecho a la participación efectiva de la comunidad, agudizando la división social, interfiriendo en decisiones municipales, militarizando el territorio y estigmatizando al movimiento social.

Mediante su estrategia mediática ha intentado demostrar las “buenas prácticas mineras” bajo su política de “responsabilidad social empresarial”, intentando ocultar la fuerte oposición que lleva más de diez años y que se ha expresado de diversas formas en el suroeste de Antioquia, como han sido las vigilias por la defensa del territorio, la travesía por el suroeste de Antioquia:

Un abrazo a la montaña, los encuentros regionales de economías indígenas y campesinas, los encuentros regionales de mujeres y de jóvenes, los cabildos abiertos, los Consejos de Concejales, acuerdos municipales, iniciativas de consulta popular, entre otras acciones más.

Esta estrategia mediática intensiva le apuesta a mejorar la imagen corporativa en su proceso de licenciamiento social y ambiental. El pasado 29 de noviembre Minera Quebradona radicó ante la Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental (ANLA), el estudio de impacto ambiental (EIA).

Para el 10 de diciembre  la ANLA le devuelve la solicitud a la empresa minera manifestando tres reparos:

1. No presentó información completa para los permisos de captación de aguas superficiales,vertimientos, ocupación de cauces, aprovechamiento de materiales de construcción, aprovechamiento forestal, entre otros.
2. La geodatabase no está debidamente estructurada.
3. Faltó certificado actualizado expedido por el ministerio del interior de la presencia o ausencia de comunidades étnicas o territorios colectivos en el área de influencia. Consecuentemente un vocero de la empresa emite concepto, en el periódico El Colombiano, manifestando que esta devolución es de forma y no de fondo.

 

Sin embargo, desde el Cinturón Occidental Ambiental –COA– queremos reiterar que más allá del concepto de la ANLA, persiste un problema de fondo y no de forma. El proyecto Quebradona de AngloGold Ashanti ha sido un modelo que nunca fue construido con la gente, ni ha sido aceptado por el suroeste de Antioquia, tampoco es producto de las necesidades nuestras, ha dividido comunidades e interfiriere persistentemente en la posibilidad de continuar la construcción de proyectos de vida propios.

Durante estos 10 años de movilización permanente contra el proyecto minero, desde los rincones de las montañas y ríos, continuamos fortaleciendo y articulando proyectos de vida que son producto del sentihabitar de los pueblos indígenas y campesinos, de mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes y abuelos en la edificación del Territorio que nos soñamos.

Como el conflicto es de fondo y no de forma, nos oponemos al proyecto Quebradona porque en estas majestuosas montañas le apostamos a la construcción de Territorios Sagrados para la Vida, propuesta que nace de la articulación regional y que se erige a partir de la tradición campesina y la cultura Embera, desde prácticas productivas y culturales de la economía familiar campesina, los sistemas agroecológicos, los circuitos económicos solidarios, los trapiches comunitarios, la gestión comunitaria del agua, los sitios sagrados, las zonas de protección y el patrimonio cultural y ambiental.

Como nuestras luchas son de fondo y no de forma, continuamos conquistando espacios para consolidar los procesos de participación social efectiva y afectiva, que trasciende hasta más allá del infinito, que no se limita a las listas de asistencia. Este proceso se estructura desde los cabildos comunitarios, consultas autónomas, mandatos populares, círculos de mujeres, audiencias autónomas, planes de vida comunitarios, entre otros procesos más.

 

El movimiento social se fortalece cada vez más

Continuaremos defendiendo nuestros mandatos populares, entre ellos, su declaratoria como actores no gratos para el suroeste de Antioquia. Desde las escuelas agroecológicas, las escuelas de sustentabilidad, la polinización del territorio, las escuelas de arte y cultura, desde la pedagogía de la madre tierra, las fincas escuelas, las cátedras del territorio, las casasmadre del territorio, las salas patrimoniales, desde los medios de comunicación comunitarios y alternativos, desde las mesas de concertación social: plan de vida comunitario… continuaremos nuestras resistencias, ratificando permanentemente que estamos construyendo nuestros planes de vida comunitarios y autónomos.

NO PERMITIREMOS QUE NOS ARREBATEN LA POSIBILIDAD DE DECIDIR CÓMO QUEREMOS VIVIR.

LARGA ES NUESTRA LUCHA Y CADA VEZ SOMOS MÁS

 

Fuente:https://www.contagioradio.com/no-es-de-forma-es-de-fondo-los-reparos-de-la-anla-y-el-rechazo-del-coa-a-la-anglogold-ashanti/