Autor: Red Muqui.org Conflicto Relacionado: Río Blanco
CENTRAL DE RONDAS CAMPESINAS Y COLECTIVO POR AYABACA
La Central de Rondas Campesinas Sede Hualcuy y el Colectivo por Ayabaca pronuncian lo siguiente:
1. Denunciamos públicamente las acciones de hostigamiento que la empresa minera Río Blanco está haciendo contra los dirigentes de las rondas campesinas y el Colectivo por Ayabaca.
2. Después del último suceso del día 09 de noviembre, evadiendo la seguridad y privacidad del Taller de Rondas Campesinas el gerente de Río Blanco y sus secuaces irrumpieron en dicha reunión para imponer un supuesto diálogo.
3. Su lógica de hostigamiento ha continuado. Denunciamos la entrega de cartas contra la voluntad de los dirigentes a través de diversas instancias sin datos de origen y utilizando a terceras personas.
4. Nosotros como dirigentes de las Rondas Campesinas y el Colectivo por Ayabaca nos mantenemos firmes en nuestros principios de la defensa del territorio, el agua y la vida de la población de Ayabaca, Huancabamba y la región Piura. Por lo tanto jamás ha habido ni habrá diálogo con una empresa que utiliza la mentira para tratar de imponerse.
5. Llamamos a prepararnos al pueblo a un paro indefinido regional para que el gobierno del Señor Martín Vizcarra anule los contratos mineros que están dentro de nuestras comunidades campesinas.
¡UNIDAD PARA LUCHAR, UNIDAD PARA VENCER!
¡FUERA RÍO BLANCO!
Para más información ver VIDEO sobre últimos acontecimientos y Nota sobre amedrentamiento a dirigente rondero.
Cumbre de los Pueblos 2019 que se inaugura hoy 2 de diciembre y hasta el sábado 7 en la Aula Magna de la Usach a las 11:00 hrs. Una jornada con actividades que abordarán diversas experiencias y saberes, en el proceso de construcción de alternativas al devastador modelo extractivista y la crisis climática global que ha provocado. Paralelamente habrán actividades en dos espacios que también se inauguran hoy: la #CarpaDeLasMujeres#AldeaDeLaPaz?️
El ingreso será por la Escuela de Artes y Oficios, Av. Ecuador 3659, Metro USACH. No es necesario acreditación previa, ya que toda la #CumbreDeLosPueblos es de entrada liberada y gratuita. Juntxs ¡Salvemos la tierra , Cambiemos el sistema
Evento Internacional que celebraremos en la universidad de Santiago de Chile y que busca impulsar el encuentro humano, reflexionar en conjunto y contribuir a la generación de alternativas para superra la crisis socioambiental que vivimos en América Latina y el Mundo.
Este 27 de noviembre de 2019 se cumplieron 10 años del asesinato de Mariano Abarca Roblero, ambientalista que defendió los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza en su municipio natal de Chicomuselo, Chiapas, México, al denunciar los efectos socio ambientales causados por la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, involucrada en el crimen.
Desde entonces, la familia Abarca y diversas organizaciones han llevado un largo proceso para exigir justicia y castigo a los culpables ante el gobierno mexicano y canadiense por la corrupción probada de la empresa, las acciones y omisiones de la Embajada de Canadá que pudieron haber contribuido al asesinato de Mariano, así como el señalamiento de los actos de impunidad contra el gobierno mexicano, además llevar en curso otras demandas ante los Tribunales de Canadá y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para recordar a Mariano Abarca y analizar la situación de defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales en México Radio Mundo Real dialogó con José Luis Abarca, hijo de Mariano.
«Nuestras exigencias de justicia no nos van a devolver a mi padre, pero sí es una lucha para poner un alto a los asesinatos de defensores de derechos humanos y del medioambiente».
Mariano Abarca acudió hace 10 años a la Embajada de Canadá para denunciar el hostigamiento y acoso de la minera Black Fire a comunidades de Chiapas. La respuesta fue su encarcelamiento y posterior homicidio. Una década después la familia Abarca continúa apelando a los tribunales de México y Canadá para exigir justicia. En 2018, la familia del activista interpuso una denuncia al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, en la que solicitó la investigación de las acciones y omisiones de la embajada en México. Se las negaron, ante lo cual realizaron un recurso de revisión ante el Tribunal canadiense, apelando la decisión judicial sobre el caso en la Corte Federal de Canadá. El gobierno canadiense aceptó que hubo omisión al negar la investigación y mantener el caso en la impunidad.
«Esperábamos más de las autoridades canadienses, siendo que la defensa de mi familia aportó pruebas contundentes, como la relación que tenía la embajada canadiense con la empresa Black Fire y con el gobierno de Chiapas -dijo José Luis a RMR-. La Embajada de Canadá en México monitoreó a mi padre desde 2007, sin embargo apoyó a la empresa minera para que presionara al gobierno y posteriormente mi padre fuera encarcelado».
PREMIO
“Con el propósito de agradecer, reconocer y visibilizar otras luchas colectivas y organizadas de quienes, con el espíritu sembrado por Mariano en los corazones de las resistencias, no cesan en su ímpetu por defender la vida, el medio ambiente y los derechos colectivos que son, a fin de cuentas, en beneficio de la Humanidad”, organizaciones como Otros Mundos Chiapas y Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) conmemoraron el Décimo Aniversario del asesinato de Mariano Abarca realizando el Primer Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas 2019 “Mariano Abarca”.
El “Premio Mariano Abarca” 2019 fue otorgado a la organización indígena del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) que tiene presencia en 11 municipios del estado de Chiapas.
La empresa Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, busca convencer a la población de Santa María Zotoltepec, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, de que la mina a cielo abierto para extraer oro y plata, es un proyecto responsable.
La minera realizará la última sesión de los Diálogos Transversales con el tema “Futuro del Proyecto Ixtaca”, en la comunidad de Santa María Zotoltepec, ubicada en la Sierra Norte de Puebla, antes de iniciar los trabajos para la construcción de la mina, que de acuerdo con el directivo Daniel Santamaría, será en marzo de 2020 o a mediados de ese año.
A mediados de noviembre de este año la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debía resolver el expediente del proyecto minero para el cual ya se erogaron 40 millones de dólares y se tienen previstos 117 millones de dólares en la construcción, sin embargo, la Manifestación de Impacto Ambiental no ha sido aprobada porque habitantes de pueblos indígenas interpusieron un amparo para frenar la mina.
El pasado 25 de septiembre, Daniel Santamaría, informó que el Proyecto Ixtaca generará mil empleos y pagará 50 millones de dólares al estado y 30 millones de dólares en impuestos a Ixtacamaxtitlán, en 14 años de vida útil que tendrá la mina a cielo abierto.
En ese momento aseguró que el proceso de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental estaba vigente y que la Semarnat pidió una prórroga de 60 días hábiles para seguir revisando la información y aproximadamente en noviembre emitiría una resolución.
La crisis del agua que sufren muchos países de América Latina, especialmente los sudamericanos, es uno de los principales desafíos que afronta la región para los próximos años en la lucha contra el cambio climático.
El problema de la gobernabilidad del agua en Latinoamérica fue uno de los temas tratados este martes en la segunda jornada de la cumbre mundial del clima, la COP25, que se celebra en Madrid hasta el 13 de diciembre.
«No hay escasez de agua en el mundo, sino de infraestructuras e ideas», dijo el boliviano Carlos Fernández-Jauregui, coordinador adjunto del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
El especialista en hidrología explicó que una de las consecuencias del cambio climático es el deshielo en la cordillera de los Andes, que afecta directamente a países como Bolivia, Chile, Perú o Argentina.
Por eso, «hay que garantizar el agua para las comunidades rurales y también para las capitales» de esos países y «ese es el reto para los próximos años, suministrarles agua de buena calidad», dijo.
Profesionales para el sigloXXI
Para alcanzar ese objetivo Fernández-Jaúregui subrayó que debe darse una gestión a nivel «internacional», leyes que sean «más modernas» y formación en recursos humanos.
«No puede ser que existan profesionales del siglo XIX para dar soluciones a problemas del siglo XXI», remarcó.
«El agua en la región sufre una crisis de gobernabilidad y solo los países que sepan gestionarla estarán en primer nivel», reiteró.
El especialista de la Unesco fue uno de los ponentes del evento No Planet B Latino Summit, que se desarrolló de forma paralela a las sesiones institucionales dentro de la cumbre.
Mares y océanos
La gestión de los mares y océanos ocupó un espacio muy importante dentro de las exposiciones, en las que participaron, entre otros el embajador de República Dominicana en España, Olivo Rodríguez Huertas, quien subrayó que la protección del mar y de las especies es una «vital y prioritario» para el Gobierno de su país.
«En República Dominicana estamos viviendo los efectos de las erosiones derivadas del cambio climático. Cada vez los huracanes son más fuertes y eso genera muchos daños, no solo en las costas, también zonas vulnerables de nuestro territorio», indicó Rodríguez Huertas.
El embajador dijo que República Dominicana es uno de los países del mundo «más expuestos al cambio climático», que tiene consecuencias directas sobre el turismo, por lo que hizo hincapié en la colaboración entre los sectores público y privado «para cumplir los objetivos adquiridos en esta lucha».
En el evento se presentó también la campaña «500 soluciones climáticas para América Latina y Caribe», destinada a lograr la descarbonización de la economía, la eficiencia energética, el desarrollo de las energías renovables, la eco-construcción, el tratamiento de agua y la gestión de residuos en la región.
En la actualidad se debate en distintos niveles y ámbitos sociales los impactos ambientales que genera la minería sobre el medio ambiente. A lo largo de los años se han producido distintos desastres ambientales asociados a este sector económico, normalmente causados por las malas prácticas llevadas a cabo durante esta actividad.
Entre los principales impactos que puede originar la minería se encuentran: la destrucción de la corteza terrestre, la contaminación de las aguas, la afección a la flora y fauna del entorno próximo a la explotación minera y los efectos negativos en la salud humana de las poblaciones próximas a la mina (aunque en ocasiones estos efectos pueden extenderse más).
A nivel mundial se han registrado una serie de casos alarmantes relacionados a contaminación por causa de la minería, algunos de estos se muestran a continuación:
Cajamarca, Perú.
Las localidades de Magdalena, el Centro Poblado Menor de San Sebastián de Choropampa y San Juan, fueron afectadas en una extensión de 50 kilómetros en fecha de 2 de junio del año 2000, ese día aconteció un derrame de aproximadamente 11 litros, lo cual equivale a 151 kilogramos de mercurio elemental, esto produjo una gran intoxicación en alrededor 1200 personas, contando niños y adultos.
Los daños ambientales fueron muy cuantiosos, contaminando ríos, causes, flora y fauna, originando la alteración de los ciclos naturales de la zona, la vegetación y los animales expuestos a esta sustancia sufrieron graves índices de intoxicación, en la mayoría de los casos no lograron soportarlo, sin contar los efectos que ocasionaron sobre la vida humana.
Estado Bolívar, Venezuela.
En Venezuela, específicamente en los Estados Bolívar y Amazonas, desde hace aproximadamente 25 años se ha demostrado que la minería ha causado grandes impactos ambientales, generando grandes focos de contaminación por mercurio, la cual ha presentado un considerable aumento en los últimos años, aunado al uso indebido de tecnologíasno aptas para esta delicada actividad.
Algunas de las zonas afectadas son la Cuenca del Río Cuyuní, ríos Caroní y Caura, todos ubicados en el Estado Bolívar, se han generado daños tanto en los causes, corrientes fluviales y vegetación foránea, sin contar la fauna y los habitantes que se encuentran cerca de la zona (mineros e indígenas). Algunas de las consecuencias que ocasiona el mercurio en la salud humana de los mineros son: daños en los riñones, sistema nervioso central, comportamientos erráticos y en la infancia tiene la capacidad de generar retardo mental.
Las personas que ingieren alimentos o agua contaminada con mercurio pueden padecer los siguientes síntomas: daños renales, problemas reproductivos, artritis, pérdida de la memoria, casos de demencia e incluso la muerte.
Colombia.
La minería ha causado grandes estragos en Colombia, este país presenta una tasa de mortalidad infantil de 18 por cada mil nacidos vivos (2012), sin embargo, en los departamentos de Cesar y La Guajira, se registraron 20 y 32 decesos respectivamente, esto se encuentra influenciado directamente por las consecuencias trae la ejecución de actividades mineras de manera irresponsable.
Dentro de los registros que se han realizado sobre los impactos ambientales de la minería , destaca el que se produce en los bosques, debido a la deforestación. En el norte del país desde el año 2000 hasta el 2007 se deforestaron alrededor de 19 hectáreas por cada mil, un número muy elevado cuando se compara con el promedio de toda la nación que correspondía a 5 hectáreas por cada mil.
Estos son algunos de los casos que han generado grandes impactos a las poblaciones y zonas aledañas donde se realizan actividades de minería, por estas razones es necesario establecer mayores controles por parte de las administraciones, dirigidos a controlar y disminuir los impactos que causa esta actividad.
La crisis ambiental y climática no sólo se combate reduciendo los gases de efecto invernadero o eliminando el plástico. Hay quienes dicen que para erradicar sus efectos es necesario reconocer legalmente que la naturaleza tiene derechos. Negarlo «es uno de los problemas más graves», dijo a Sputnik Natalia Greene, activista ambiental ecuatoriana.
Desde hace al menos siete décadas, ciudadanos de diferentes partes del mundo se han organizado para establecer tribunales que juzguen casos que no son abordados por los Estados. Son tribunales de justicia cuyas sentencias no son vinculantes, es decir, no es obligatorio cumplirlas. Pero sí son éticas. Y tienen impacto.
Tal es el caso del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que desde 2014 promueve una coexistencia armónica entre los seres humanos y la naturaleza, y juzga las violaciones a sus derechos.»Si analizamos lo que ocurre en el mundo, existen leyes naturales que no podemos obviar, pero el sistema legal, los tribunales jurídicos, han negado a la naturaleza su propio lugar, tanto así que casi en ningún sistema jurídico la naturaleza es un sujeto de derechos, sino todo lo contrario, es un objeto, un recurso», explicó Greene, secretaria general del Tribunal.
«Estamos colapsando también porque la naturaleza no es parte de ese sistema», agregó.
Las sentencias buscan tener impacto mediático y así lograr la definición de nuevos modelos económicos, sistemas sociales y estructuras de gobernanza para crear un nuevo camino que reconozca la interdependencia de los humanos y los sistemas naturales. «Los Tribunales dan voz a la naturaleza», sintetizó Greene.
Este año se lleva a cabo el quinto juicio del Tribunal el 5 de diciembre en Santiago de Chile. Paralelamente, habrá también eventos complementarios en la cumbre mundial sobre el cambio climático de Naciones Unidas (COP25), entre el 2 y 13 de diciembre en Madrid, España.
¿Qué juzga el Tribunal de la Naturaleza en 2019?
Este año los jueces del Tribunal deberán juzgar tres casos relacionados con Chile:
La minería de litio en el desierto de Atacama;
las amenazas al agua y la vida de la Patagonia, y
la privatización del agua.
¿Por qué la minería de litio?
A pesar de que en Chile el litio es considerado un «mineral de carácter estratégico» y —en teoría— los yacimientos pertenecen al Estado, los privados tienen las concesiones de explotación y realizan los estudios de viabilidad que les exige el Estado para otorgarles las licencias. La explotación «está afectando especialmente a los salares (…) su extracción está causando mucho daño en los ecosistemas», resumió Greene.
¿Qué pasa con el agua?
«El agua en Chile es privatizada, es terrible», dijo la ambientalista. Chile tiene un modelo de aguas único en el mundo. En agosto de 1981, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1974-1990), se aprobó el Código de Aguas, que en su artículo 5 establece que el recurso es un «bien nacional de uso público», pero que su «derecho de aprovechamiento» es privado.
La normativa se basa en la idea de que el acceso al agua es un bien económico, y como tal, la forma más eficiente de gestionar su asignación es a través del mercado, precios y los derechos de propiedad privada. En otras palabras, los «dueños» del agua serán quienes decidan a quién otorgarla, cómo utilizarla, y quienes gocen de sus réditos.
En la Patagonia chilena el agua está siendo afectada severamente por la minería, las salmoneras e hidroeléctricas, señaló Greene.
En, el Tribunal también presentará dos nuevas demandas para iniciar un proceso de investigación y de recopilación de datos sobre cada caso. Se trata de la situación ambiental de la Amazonía (países múltiples) y el fracking en la región de Vaca Muerta (Argentina). Concluidas las investigaciones, los casos serán finalmente juzgados en una futura sesión del Tribunal.
Se espera que este proyecto piloto, el primero realizado en la Sierra Nevada de Santa Marta, se replique en los territorios de las otras comunidades ancestrales. Los wiwa se enfrentan a grupos armados que hacen minería ilegal y sus líderes hoy están amenazados.
El informe evidenció la gran riqueza de flora y fauna de esta zona del Caribe colombiano, pero también que el agua y los peces en algunos puntos analizados están contaminados y presentan altas concentraciones de metales pesados.
Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe de Colombia, llevan varios años oponiéndose a la minería que rodea su territorio y sus argumentos espirituales y tradicionales han trascendido hasta los estrados judiciales.
En 2014 la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que se refirió a la minería en la Sierra y, en particular, a dos títulos mineros de canteras. El alto tribunal precisó que todos los títulos que no habían hecho consulta previa debían hacerla, incluso si se trataba de zonas fuera de los resguardos titulados, “dada la protección especial de áreas sagradas y su importancia cultural para las comunidades”. Sin embargo, a pesar de sugerir la consulta previa para todos los títulos mineros, en su parte resolutiva solo ordena la consulta para los dos demandados.
Dos años más tarde, los indígenas se vieron obligados a presentar una tutela —mecanismo jurídico en Colombia para la defensa de derechos fundamentales— para que la Corte defina la situación de todos los títulos mineros, en su mayoría de pequeña escala, que habrían violado la consulta previa. A eso se suma el aumento, en este período de tiempo, de la minería ilegal en la región. “A la fecha no tenemos sentencia. La Corte declaró nulo este proceso dos veces y ahora está en despacho para proferir una sentencia que desde agosto está pendiente y no ha salido”, dice Luisa Castañeda, abogada de los indígenas en ese caso.
Los pueblos kogui, malayo, arhuaco, kankuamo y wiwa han argumentado las afectaciones culturales de la minería pero, según Castañeda, esto siempre ha sido desvirtuado por el gobierno por “carecer de peso técnico”. Por eso, los indígenas buscaron ayuda para que se demostraran, técnicamente, no solo las afectaciones culturales y espirituales de esta actividad extractiva, sino las consecuencias negativas a escala ambiental en un territorio biodiverso y lleno de endemismos como la Sierra Nevada de Santa Marta.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), financió el primer proyecto piloto que analiza estos temas en un territorio indígena en la Sierra. Los resultados de este estudio fueron publicados recientemente en el informe Identificación de impactos ambientales y culturales por minería sobre el territorio del pueblo wiwa.
Afectación de aguas y fauna
El estudio se centró en el pueblo wiwa asentado en los municipios de San Juan del Cesar, Dibulla y Riohacha en el departamento de La Guajira. Y la investigación de campo abarcó las cuencas de los ríos Ranchería, Cesar, Tapias y Jerez.
La organización Applied Biodiversity Foundation (ABF), especializada en conservación biológica y cultural, fue la encargada de hacer el trabajo. Diego Casallas-Pabón, PhD en Ciencias Biológicas, director de la organización y coordinador ambiental del informe, le dice a Mongabay Latam que los indígenas insistieron principalmente en su preocupación por la cuenca del río Jerez, pues allí se vive una problemática complicada por la minería ilegal en la que participan grupos armados que intimidan a las comunidades wiwa.
Allí los investigadores tomaron muestras de peces —principalmente de lo que quedaba de la pesca— y las llevaron a un laboratorio para realizar pruebas de bioacumulación de metales pesados dentro de los organismos. “Cuando en el agua hay metales pesados, estos entran a la cadena trófica, se acumulan en el músculo del pez y cuando la gente se lo come, estos elementos son consumidos por la comunidad”, afirma Casallas-Pabón.
En el informe quedó registrado que “el Cromo (Cr) y el Hierro (Fe) marcaron resultados positivos, con valores considerablemente altos para una estación de muestreo ubicada en el río Jerez, asociado a quebradas afectadas por vertimientos de minería ilegal ubicada en la comunidad de Arimaka (Seyamake), la bioacumulación se detectó en el músculo de la especie de pez llamado mantecatufrente (Salminus affinis), con valores respectivos de 1866,5 µg/Kg y 17200 µg/Kg”, señala el documento.
Por su parte, el Cadmio (Cd) se presenta debajo de los límites en todas las estaciones de muestreo, con excepción de la ubicada en el río Jerez, aledaña a la comunidad Arimaka. “Se presenta una concentración de 2,26 µg/Kg de Cadmio bioacumulado en la mojarra (Geophagus steindachneri), comúnmente consumida por la comunidad en este punto del río”, se lee en la publicación. De igual forma se reportó un nivel positivo para Arsénico (As) en los peces mantecatufrente y mojarra en dos de las estaciones de muestreo sobre el río Jerez, aguas abajo de los vertimientos de minería ilegal.
Casallas-Pabón asegura que este es un primer paso para que se levanten más estudios y se tomen más muestras. “En otros sitios más arriba, donde la minería no está presente, el agua salió limpia y los peces también. El objetivo era hacer este análisis de manera comparativa”, afirma.
El biólogo es cauteloso y asegura que, aunque aún no se puede concluir si la contaminación por metales pesados afecta la salud de los indígenas, son necesarios estudios futuros que probablemente evidencien este tipo de afectaciones. “Lo que sí podemos asegurar es que los peces están cargando en su carne una serie de metales pesados que no deberían estar ahí y que no fueron reportados en sitios sin minería”, enfatiza.
Jornadas de trabajo de los investigadores con los indígenas wiwa. Foto: Applied Biodiversity Foundation.
Los problemas no solo se hicieron evidentes en los peces. Los análisis químicos del agua confirmaron la contaminación. En el punto de vertimiento de la mina ilegal, el valor del pH superó el límite máximo permisible para consumo (10,01 unidades de pH). El informe destaca que esto es consecuencia de los procesos de extracción de minerales, cuyos desechos son vertidos en el suelo y terminan por llegar a las aguas del río Jerez, “que atraviesa el asentamiento dejando a su paso sus residuos, los cuales pueden afectar la salud y calidad de vida de la comunidad, junto con el deterioro de los recursos naturales y afectación de la biota”, destaca el informe.
Una cultura conectada con el medio ambiente
“Hay 180 títulos mineros otorgados, cinco bloques de minería en funcionamiento, dos proyectos de hidrocarburos y esto afecta gravemente a la Sierra Nevada de Santa Marta, sin contar con la minería ilegal que se desarrolla dentro del territorio. En un futuro todos estos proyectos convertirán a la Sierra en una especie de fogón, una gran fogata”, le dice José Mario Bolívar, coordinador territorial y ambiental del pueblo indígena wiwa, a Mongabay Latam, refiriéndose a la deforestación alrededor de la Sierra, que sumada a los efectos del cambio climático que ellos ya perciben, podrían generar múltiples incendios en esta región.
Para los wiwa, y demás indígenas que habitan en esta zona, la afectación ambiental impacta directamente su cultura y costumbres. El biólogo Diego Casallas-Pabón asegura que es muy interesante ver cómo lo cultural está entrelazado con lo ambiental y que durante el estudio levantaron información valiosa sobre la relación que tiene la comunidad con la flora y la fauna, “cada uno de los animales es un guardián de algo” y añade que “en la medida que se extinga alguna especie también se va perdiendo la información cultural ligada a ella. Y si eso se pierde también hay un impacto sobre sus actividades económicas y su percepción de la vida y en general su cosmovisión”.
Es por eso que preocupa la deforestación reciente que avanza en algunas zonas de la Sierra y que se suma al histórico impacto de actividades humanas en la región. Aún quedan zonas bien conservadas —donde habitan las comunidades indígenas más apartadas— y allí se dio hace poco el primer registro de jaguar en la zona, el felino más grande de América y que se encuentra en la categoría Casi Amenazado de la Lista Roja de especies de la UICN.
La presencia del jaguar es una buena noticia para la salud del ecosistema. Foto: Applied Biodiversity Foundation.
La preocupación de los indígenas y los científicos es que dentro de poco esto pase a ser solo un recuerdo, a pesar de que el animal también fue registrado por las cámaras trampa instaladas por los investigadores del informe. “Detectamos la presencia de jaguar. Esto significa que arriba el territorio está siendo protegido. Para que un animal de este porte esté en el ecosistema es porque hay alimento”, dice Casallas-Pabón.
Para él, esto muestra la importancia de la conservación de estos ecosistemas no solo para garantizar la biodiversidad sino el agua, en especial de las quebradas que alimentan al río Ranchería, del que se surten muchos de los centros poblados alrededor de la Sierra.
Otro de los focos de trabajo de los investigadores fueron las especies indicadoras, es decir, aquellas cuya presencia o ausencia permite generar conclusiones sobre el estado de salud del ecosistema. Como es el caso del jaguar. Los investigadores concluyeron que los ecosistemas más conservados suelen ser los que tienen menor contacto con la gente y los que están más arriba, donde habitan los indígenas que tienen mejor preservada su cultura.
“Hasta el momento este informe es la recopilación más completa que se ha hecho del pueblo wiwa en la Sierra Nevada, visto desde la unión de lo ambiental, lo cultural y lo social. Es un estudio que a futuro puede servir como un respaldo para mostrar cómo estaban los ecosistemas y tener un punto de comparación”, indica Diego Casallas-Pabón.
Entre las recomendaciones del estudio están: revisar las licencias ambientales emitidas a los proyectos de minería a cielo abierto sobre las coberturas vegetales actuales, ya que muchas de ellas son bosques altamente frágiles que requieren de medidas de protección para mantener las características ecológicas y los servicios ecosistémicos; reorganizar a través de nuevos actos jurídicos las acciones de cierre, saneamiento y restauración ecológica en los pasivos ambientales generados por las actividades mineras pues muchas suelen abandonarse sin las medidas adecuadas, generando puntos de erosión que se convierten en focos de contaminación por residuos urbanos e industriales.
Una oposición que trae amenazas de muerte
A los indígenas wiwa les preocupan los títulos mineros —que insisten son ilegales pues no fueron consultados con ellos— así como la minería ilegal y hasta criminal que se apodera de territorios como la cuenca del río Jerez, donde se extraen minerales y materiales de construcción sin ningún tipo de permiso, según quedó consignado también en el informe. José Mario Bolívar, coordinador territorial y ambiental del pueblo indígena wiwa, asegura que en esta cuenca también hay minería ilegal de oro.
De acuerdo con la abogada Luisa Castañeda, el auge de proyectos de construcción en departamentos como Cesar, Magdalena y La Guajira —donde se ubica la Sierra Nevada de Santa Marta— ha disparado las canteras ilegales que buscan suplir la enorme demanda de materiales de construcción en la región.
“Todo es por la defensa y protección de nuestros territorios. Este es un tema de estigmatización sistemática a nivel nacional y más aún en este territorio [Sierra Nevada de Santa Marta], donde los intereses no son solamente por minería sino por otros megaproyectos como puertos, vías y turismo”, comenta Bolívar. Según el líder indígena, incluso la muerte del guardaparques de la Sierra Nevada, Wilton Orrego, a principios de este año, fue en represalia a que trabajaba en la protocolización de la consulta previa con los pueblos indígenas.
Actualmente los líderes del pueblo wiwa tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo que cuentan con un esquema de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, oponerse a la minería ilegal en el río Jerez, que es manejada por grupos armados ilegales les ha traído nuevas amenazas. “Hay muchos desmovilizados [de grupos paramilitares y guerrilleros] que nos ponen en riesgo acusándonos de oponernos al desarrollo”.
El panorama de la Sierra Nevada cada día se complica más pues no solo enfrenta amenazas a su gran riqueza natural y cultural, sino que los pueblos indígenas que habitan en la zona, como los wiwa, siguen expuestos a intimidaciones y homicidios. “Asesinaron a una persona cerca del territorio y ahí las Águilas Negras [presunto grupo a nombre del que se dan las intimidaciones] dejaron un panfleto haciendo amenazas a nuestras familias. Hay rearmamento de los exparamilitares y de las disidencias de las Farc y en este momento el gobierno no está fortaleciendo la institucionalidad indígena”, concluye Bolívar.
Por motivos de fuerza mayor, el Primer Tribunal Ambiental fijó una nueva fecha de audiencia de reclamación por Dominga.
La audiencia de alegatos se llevará a cabo el 19 de diciembre y en esta, que comenzará a las 9 de la mañana en la sala del Primer Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta, se escucharán los alegatos de las partes en la Reclamación de Andes Iron contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Es relevante recordar que Dominga ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el 13 de septiembre de 2013, mediante un Estudio Impacto Ambiental (EIA).
Posteriormente, el 9 de marzo de 2017, la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) , de la Región de Coquimbo rechazó el proyecto y con motivo de este rechazo se interpuso un recurso de reclamación el 2 de mayo de 2017 en contra de la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, desfavorable.
La instancia estimó que el Servicio de Evaluación Ambiental recogió las observaciones en relación a las variables climáticas y a la eventualidad de algún colapso del muro del relave.
El Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación que pretendía dejar sin efecto la calificación favorable del proyecto de ampliación de la operación Mantoverde, de la compañía Mantos Copper, ubicada en la Quebrada de Guamanga, comuna de Chañaral.
La sentencia se basó en la evaluación de los antecedentes jurídicos y técnicos de cada uno de los cinco hechos controvertidos, entre los que estaban la supuesta incertidumbre en relación al riesgo climático y sísmico del proyecto, una supuesta inconsistencia entre lo resuelto por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), y el informe contenido sobre distancia peligrosa; y la ausencia del factor cambio climático en el proceso de evaluación ambiental.
La reclamación interpuesta en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y del Comité de Ministros, por Wilson Guerra Morales y Jenny Montaño Olivares, se basaba en diversas consideraciones respecto al potencial riesgo de afectación de un posible colapso del tranque de relave ante un escenario climatológico y/o sísmico adverso.
“Es importante explicar que en la evaluación ambiental y de riesgos del proyecto se analizaron diversas aristas, entre ellas, el evento que ninguna de las medidas resultara y el tranque colapsara y se evaluaron todos los mecanismos que aseguren la salud e integridad física de la población. En el caso más extremo -tanto los habitantes, como la biodiversidad y el medio ambiente en general de la Quebrada Guamanga y del Balneario de Flamenco- no se verían afectados, dado los estrictos y exigentes estándares de construcción y operación minera; como a su vez, dadas las características y condiciones geográficas y de aportación aluvional extremo a dicha subcuenca, las que son muy distintas a las que tiene Chañaral y la cuenca del Río Salado”, enfatizó el ministro Marcelo Hernández.
CENTRAL DE RONDAS CAMPESINAS Y COLECTIVO POR AYABACA
Cumbre de los Pueblos 2019 que se inaugura hoy 2 de diciembre y hasta el sábado 7 en la Aula Magna de la 
Este 27 de noviembre de 2019 se cumplieron 10 años del asesinato de Mariano Abarca Roblero, ambientalista que defendió los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza en su municipio natal de Chicomuselo, Chiapas, México, al denunciar los efectos socio ambientales causados por la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, involucrada en el crimen.
La empresa Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, busca convencer a la población de Santa María Zotoltepec, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, de que la mina a cielo abierto para extraer oro y plata, es un proyecto responsable.
La crisis del agua que sufren muchos países de América Latina, especialmente los sudamericanos, es uno de los principales desafíos que afronta la región para los próximos años en la lucha contra el cambio climático.
En la actualidad se debate en distintos niveles y ámbitos sociales los 
La crisis ambiental y climática no sólo se combate reduciendo los gases de efecto invernadero o eliminando el plástico. Hay quienes dicen que para erradicar sus efectos es necesario reconocer legalmente que la naturaleza tiene derechos. Negarlo «es uno de los problemas más graves», dijo a Sputnik Natalia Greene, activista ambiental ecuatoriana.
Se espera que este proyecto piloto, el primero realizado en la Sierra Nevada de Santa Marta, se replique en los territorios de las otras comunidades ancestrales. Los wiwa se enfrentan a grupos armados que hacen minería ilegal y sus líderes hoy están amenazados.
La instancia estimó que el Servicio de Evaluación Ambiental recogió las observaciones en relación a las variables climáticas y a la eventualidad de algún colapso del muro del relave.