Guatemala

Dictamen del Tribunal de mujeres defensoras de la Naturaleza y los pueblos contra la Minería Ruta del Jaguar

El Tribunal de mujeres defensoras de la Naturaleza y los Pueblos contra la Minería sesionó en la ciudad de Guatemala el 16 de noviembre de 2019, en el marco de la X Asamblea de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales.

En una intensa jornada de trabajo escuchamos el testimonio de decenas de casos sobre los impactos de la Minería en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y territorios del norte, sur, oriente, occidente y del centro de Guatemala. Contamos adicionalmente con la presencia de 2 redes internacionales de mujeres defensoras frente a la minería una de África, WOMIN y una de Asia, WOMA.

Las exposiciones se dividieron en tres ejes complementarios y convergentes: Afectaciones a la Naturaleza, a los Pueblos y a las Defensoras de derechos humanos y de la naturaleza.

En el eje de las Afectaciones a la Naturaleza se presentaron testimonios sobre los graves daños que provoca la minería sobre los ecosistemas, como son los páramos, glaciares y bosques andinos- tropicales, sobre el agua y los territorios y la forma cómo afecta la espiritualidad y los cuerpos-territorios.

En el eje de las Afectaciones a los Pueblos escuchamos testimonios de representantes de mujeres sanadoras, indígenas y de comunidades campesinas, que abordaron temas como la militarización de sus territorios-tierra, la violencia sobre sus cuerpos- territorios, destrucción de las economías locales, y del tejido social, las afectaciones a la salud, la destrucción de las fuentes y reproducción de la vida. A lo largo de los testimonios evidenciamos que la minería forma enclaves de sacrificio en donde se destruye la vida y los territorios.

Se trataron en esta sección las diferentes formas de lucha y resistencia para abrirle camino a la vida en los contextos mineros. Con ejercicios diversos que van desde las resistencias, la aplicación de mecanismos de participación, sistemas alternativos de producción para la restauración social y ambiental, de contención y cuidados de reproducción de la vida, propuestas normativas, campañas y denuncias, que permiten a las comunidades pasar de ser víctimas de las actividades mineras, a defensoras de sus derechos, sus territorios y sus cuerpos.

En el eje de las Defensoras se analizaron los patrones de criminalización que incluyen asesinatos, judicialización, hostigamientos en diferentes países.

Este amplio panorama internacional nos ha permitido formular un diagnóstico sombrío que resumimos a continuación y que es ampliamente compensado por las muchas luces que alumbran las propuestas de las mujeres en las organizaciones a nivel local, regional e internacional.

Después de los testimonios confirmamos el carácter criminal de la actividad minera en todas sus fases, las mismas que incluyen destrucción de ecosistemas, ejemplificada con la devastación de los bosques, sabanas, páramos, glaciares, agua y en general la naturaleza, al igual que la transformación de las relaciones sociales, profundizando relaciones de opresión para las mujeres en estas zonas de muerte.

La minería penetra y destruye las entrañas de la madre tierra, rompe los ciclos del agua y con ello el ciclo de la vida sostenido por las mujeres en sus tareas de cuidados. Estas tareas se duplican porque la contaminación del agua deteriora la salud de sus familias obligándolas a trabajar más, a su vez que se ve afectada su propia salud por el contacto permanente con el agua en las tareas de reproducción de la vida como la preparación de los alimentos, entre otras actividades domésticas.

Constatamos:

  • La destrucción de las redes de la vida, porque arrasan y mutilan territorios, contralan y expropian los cuerpos de las mujeres a través de las agresiones sexuales, trata por explotación sexual, control a través del miedo generando silenciamiento y desplazamiento de la población para instalarse.
  • La ocupación extensiva de los territorios, que ha abierto fronteras extractivas sobre los pueblos indígenas, campesinos y otras comunidades locales, así como las Naturalezas con las que compartimos los ecosistemas.
  • El acaparamiento y contaminación del agua, despojando a las comunidades del derecho al agua, y vulnerando el derecho de otras especies de acceder a este líquido vital y condenando a las mujeres a sobrecargas de trabajo al interior de sus comunidades.
  • La construcción de una infraestructura que necesita destruir todos los componentes de la madre tierra para extraer de sus entrañas sus minerales, relaveras que revientan y destruyen pueblos enteros, represas que concentran y secuestran sus aguas.

Sin embargo, tal como lo hemos anticipado, en cada uno de los testimonios compartidos estuvo presente la búsqueda y la construcción efectiva de otra sociedad basada en otros paradigmas que rescatamos de manera concreta como base para enfrentar los desafíos de los tiempos que vivimos.

Nos ratificamos en la necesidad de:

  • Fortalecer la articulación de mujeres, en contra de la minería, regional y continentalmente tejiendo redes y sororidades sur-sur.
  • Reconocer la organización comunitaria y el rol que tienen las mujeres en su sostenibilidad apoyando las resistencias en los territorios.
  • Continuar con el intercambio información, conocimientos y estrategias de las mujeres de los diferentes continentes.
  • Hacer un ejercicio coordinado y compartido de incidencias entre las participantes de este Tribunal, para dar seguimiento, apoyar, denunciar y vigilar los procesos normativos en marcha en los diferentes países y las políticas públicas que se implementen en torno a la minería con los efectos en el cuerpo y la vida de las mujeres y sus comunidades, a fin de garantizar el debido respeto y cumplimiento a los derechos, la vigilancia y control de las defensorías del pueblo o procuradurías, para que éstas asuman sus responsabilidades de proteger los derechos y los pueblos, la naturaleza y a las defensoras.
  • Compartir las experiencias exitosas que se han desarrollado para enfrentar la minería basándonos en el poder de contagio que tienen las mujeres en la construcción de nuevos horizontes. Ponerlas en marcha en otros territorios para la construcción de relaciones más justas.
  • Fortalecer los sistemas de comunicación entre hermanas, mejorar nuestros mensajes para poner a sociedades en movimiento en la defensa de la vida para enfrentar la amenaza de la minería.

Finalmente compartimos algunas de las recomendaciones que surgen desde este Tribunal para seguir recorriendo estas Rutas por la Verdad y la Justicia para la naturaleza y los Pueblos y sus defensoras:

  • Extender el conocimiento y la difusión de los Derechos de la Naturaleza como nuevo paradigma para la construcción de nuevas comunidades que hagan visible los aportes de las mujeres.
  • Enviar este dictamen a las diferentes Relatorías Especiales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluyendo a los relatores especiales del derecho al agua, tóxicos, mujeres, salud y ambiente.
  • Enviar este dictamen a las Defensorías o Procuradurías del Pueblo de los países representados en este tribunal.
  • Expresar nuestra solidaridad con los casos expuestos en este tribunal y activarnos en las respuestas demandadas.
  • Firman:

    Gina Benavides. Ex Defensora del Pueblo de Ecuador, Ecuador

    Cheryl Poulan. WOMA, Filipinas Lorrain Kakaza. Womin, Sudáfrica

    Diana Murcia. Abogada, Colombia

    Irma Ortiz Alarcón. Red Latinoamericana de mujeres defensoras de derechos sociales y ambientales

    Ivonne Yánez. Oficina de Derechos de la Naturaleza

    Elizabeth Bravo. Oficina de Derechos de la Naturaleza

    Secretaria: Esperanza Martínez

 

Fuente:https://censat.org/es/noticias/dictamen-del-tribunal-de-mujeres-defensoras-de-la-naturaleza-y-los-pueblos-contra-la-mineria-ruta-del-jaguar

Agua y Minería, Chile, Litio

Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza exige al Estado cambiar su “actitud ecocida” con la Patagonia por avance minero y salmonícola

En fallo emitido este lunes 9 de diciembre en Santiago. En el caso de Patagonia, y luego de escuchar a delegaciones de Aysén y Magallanes, los jueces determinaron que “la actividad minera y salmonicultura que se realiza en la Patagonia chilena son contrarios con los derechos de la Madre Tierra, por lo que este Tribunal declara la vulneración de los Derechos de la Naturaleza”.

  • Organismo sesionó el 5 de diciembre con la presentación de los casos chilenos Minería de litio en el desierto de Atacama; Amenazas a la Patagonia: reserva de agua y vida; Privatización del agua: el agua como objeto en Chile.

El 5 de diciembre sesionó en Santiago el 5to Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, organismo internacional creado por la sociedad civil para proporcionar una alternativa sistémica a la protección del ambiente y que reconoce que los ecosistemas tienen derecho a existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales, con legitimación legal en los tribunales. El espacio fue constituido por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza en enero de 2014.

En esta ocasión, el tribunal fue presidido por el líder indígena ecuatoriano Yaku Pérez, e integrado por la socióloga argentina Maristella Svampay, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile Nancy Yáñez, el analista internacional Raúl Sohr, el sociólogo chileno Antonio Elizalde y el economista ecuatoriano Alberto Acosta, quien fuera presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador desde donde impulsó, precisamente, la incorporación de la figura de derechos de la naturaleza.

Fiscal de la Tierra fue el abogado ambientalista argentino Enrique Viale, secretaria la ecuatoriana Natalia Greene.

Ante una audiencia de unas 150 personas que se congregaron en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, expertos y afectados expusieron los fundamentos de los tres casos principales: Minería de litio en el desierto de Atacama; Amenazas a la Patagonia: reserva de agua y vida; Privatización del agua: el agua como objeto en Chile. Adicionalmente se pusieron a consideración para su admisibilidad los caso de la Amazonía (varios países) y Vaca Muerta (Argentina). En total, fueron 22 los expositores de Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina y Brasil.

Ecocidio en Patagonia

Por la Patagonia fueron ocho los participantes, siendo responsable de la presentación general el director de Codeff Aysén y presidente de la Agrupación Aysén Reserva de Vida Peter Hartmann Samhaber. Como exponentes del caso concurrieron el periodista Patricio Segura Ortiz (Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén), el asesor legal Erwin Sandoval Gallardo (Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén), la empresaria de turismo local Miriam Chible Contreras (Corporación Chelenko), el médico veterinario Juan Carlos Cárdenas Núñez (Centro Ecocéanos), la abogada Victoria Belemmi Baeza (FIMA). Por los pueblos originarios afectados asistieron las representantes yagán María Luisa Muñoz Manquemilla y kawésqar Leticia Caro Kogler. Acompañó también a la delegación aysenina la dirigenta de la Agrupación “Puro Ibáñez” de Puerto Ingeniero Ibáñez, Rayen Cayún.

Las exposiciones abordaron los impactos ambientales y sociales de los proyectos mineros de Aysén Los Domos (Equus Mining-Southern Gold), El Toqui (Laguna Gold), Cerro Bayo y Mina Javiera (Mandalay Resources), Newmont-GoldCorp y Mina Invierno (Grupo Angelini). Asimismo, el avance depredador de la salmonicultura en toda la Patagonia chilena.

Luego de escuchar a los expositores, el tribunal ratificó que “la Patagonia tiene gran biodiversidad amenazada debido a la presencia de industrias que progresivamente han destruido la naturaleza, y que la explotación del borde marino ha afectado el ecosistema”. El organismo también determinó que “el Estado chileno permitió un genocidio de los habitantes indígenas del extremo sur para poder desarrollar la ganadería ovina, y que el Estado no ha respetado a las comunidades. De igual manera se reconoce la vulneración de los derechos consagrado en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en la que se reconoce que cada ser tiene el derecho a un lugar y a desempeñar su papel en la Madre Tierra para su funcionamiento armónico”.

Ante esto, recomendó al Estado chileno “cambiar su actitud ecocida; respetar rigurosamente las áreas protegidas y de conservación; cumplir con los procesos de consulta previa; establecer medidas de precaución para que las actividades humanas no afecten brutalmente los sitios en cuestión; establecer justicia restaurativa para los pueblos originarios afectados; condenar moralmente a las empresas mineras y salmonícola e instarlas a asumir los costos reales de sus acciones”. Asimismo, exigió “al Estado de Chile generar todo las condiciones para adoptar una nueva constitución que consagre Derechos a la Naturaleza”.

Al finalizar, el 5to Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza determinó que “la actividad minera y salmonicultura que se realiza en la Patagonia chilena son contrarios con los derechos de la Madre Tierra, por lo que este Tribunal declara la vulneración de los Derechos de la Naturaleza”.

Litio y agua en Chile

En el caso de la actividad minera y extracción de litio en territorio atacameño, dictaminó el organismo que ha habido violación de los derechos de la naturaleza. “La extracción de litio, junto con la extracción de otros metales preciosos (como el cobre) y minerales (como el potasio) están consumiendo cantidades insostenibles de agua en el desierto de Atacama de Chile, poniendo en riesgo el frágil ecosistema del desierto, su vida silvestre y los medios de vida de los pueblos indígenas Atacameños que ahí habitan” sentenció, calificando la explotación de litio en los salares de Atacama como “minería de agua al encontrarse este mineral en las salmueras”.

Con relación a la privatización del agua en Chile, los jueces llegaron a la convicción que “el agua se ha vuelto un negocio. El agua en Chile es un objeto y es mercantilizada al permitir su privatización”, condenando “el modelo económico extractivista que niega que el agua es vida, debe ser un sujeto político, comunitario y espiritual” y recomendando “incidir y aprovechar el momento Constituyente chileno para establecer que el agua es un sujeto de derechos” como sí ocurre en el caso de la Constitución de Ecuador, que en sus artículos 12, 282 y 318 dictamina que el agua tiene derechos reconocidos y establece también una prelación de su uso.

En la ocasión, además, se decretó la admisión de los casos sobre la Amazonía profundamente afectada por iniciativas de explotación a gran escala y Vaca Muerta (Argentina), por la extracción de combustibles fósiles a través de fractura hidráulica (fracking).

 

Fuente:https://futurorenovable.cl/tribunal-internacional-de-los-derechos-de-la-naturaleza-exige-al-estado-cambiar-su-actitud-ecocida-con-la-patagonia-por-avance-minero-y-salmonicola/?fbclid=IwAR3s3clc85w3Di9y-eKW2eNllB4_wcVXhC8X0sHdVXeUflwwCC3UMN8l3jQ

Perú

Líderes de comunidades del Perú llegan a Lima en busca una nueva ley de ordenamiento territorial

Más de 50 líderes de comunidades indígenas de ocho regiones del país, así como representantes de organizaciones no gubernamentales y autoridades de gobiernos subnacionales, se reunirán en Lima este 5 y 6 de diciembre próximos con el fin de compartir experiencias sobre planificación y gestión sostenible de sus territorios locales, y demandar al Estado una nueva Ley de Ordenamiento Territorial.

Los representantes de Áncash, Huánuco, Junín, Ucayali, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Huancavelica buscan que esta nueva legislación permita articular las acciones para actuar frente al cambio climático, así como ante las concesiones de actividades extractivas que afectan sus tierras y a las personas.

El presidente de la comunidad campesina de Payancca, en Cotabambas, Apurímac, comenta, por ejemplo, que el cambio climático afectó a un 90% de los comuneros empadronados en su comunidad. «Por ello, en Payancca venimos trabajando los procesos de ordenamiento territorial para llevar propuestas como nuevos sistemas de cultivo que permiten tener una adaptación de los cultivos pero también de los agricultores», comenta.

Sobre las concesiones mineras, la preocupación es que varias se dieron en zonas donde también hay patrimonio arqueológico, como en Qqueuñapampa, Apurímac, donde se ubican los restos arqueológicos de Markansaya, que es de la época pre inca.

«Nos indigna que se esté concesionado a las empresas mineras. El Instituto Nacional de Cultura debe enterarse de esto porque es un lugar turístico y debería estar prohibido que se concesione. Nosotros estamos haciendo un estudio de ordenamiento territorial y nos enteramos que está concesionado y por eso solicitamos el retiro definitivo», señala Clemente Flores Sapacay, comunero de Qqueuñapampa.

Pero no es el único caso en el que concesiones se superponen con territorios en los que hay patrimonio cultural. En setiembre de 2018, el Ministerio de Energía y Minas se vio obligado a eliminar la concesión que había otorgado a la canadiense Camino Minerals y que comprendía la famosa Montaña de los siete colores, en Cusco, luego de las protestas de las comunidades.

Aunque el Gobierno Central ha dado señales de estar interesado en impulsar una nueva política de ordenamiento territorial, el debilitamiento institucional frente a esta problema viene desde que, en el 2014, se aprobara la Ley N° 30230 conocida como el «paquetazo ambiental».

En este contexto es que se reúnen los más de 50 líderes de comunidades con representantes de organizaciones no gubernamentales y autoridades locales, para exponer sus aportes para la gobernanza territorial. El foro ha sido impulsado por la Plataforma Nacional para el Ordenamiento Territorial (POT), en coordinación con CooperAcción, Diaconía y el Instituto del Bien Común (IBC).

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/12/05/lideres-de-comunidades-del-peru-llegan-a-lima-en-busca-una-nueva-ley-de-ordenamiento-territorial/redaccionmulera/

Perú

Construcción de proyecto Integración Coroccohuayco se adelanta al 2019, indica el MEM

La empresa minera Glencore, gigante minero suizo que opera en Perú, va concretando el proceso de expansión de la unidad minera más grande que tiene en nuestro país. Se trata de Integración Coroccohuayco, un proyecto de US$590 millones para ampliar la capacidad de producción de Antapaccay, en el Cusco, que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) estima que iniciará su construcción el próximo año y no en el 2020.

Integración Coroccohuayco cuenta con estudios de factibilidad. No obstante, al proyecto se ha opuesto la población local en reiteradas ocasiones. El proyecto, si se concreta, será a tajo abierto y subterráneo.

Coroccohuayco es una mina de cobre con reservas de 290Mt con 1,03% de cobre. Glencore estima que Integración Coroccohuayco  tiene un potencial de producción de cobre potencial de hasta 100.000 toneladas anuales. El proyecto se encuentra ubicado en el municipio y provincia de Espinar en la Región Cusco, en el sur de Perú,  a unos 10 kilómetros de la mina Antapaccay.

Diversos despachos de prensa y también de ONG en la zona sostienen que existe cierta resistencia a la ejecución de este proyecto entre algunos ciudadanos de las comunidades adyacentes.

Juan Pino, presidente del Frente de Defensa de Alto Pichigua, explicó a Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina que su demanda es que estas comunidades sean incluidas en el área de influencia y sean consultadas. “Queremos saber cuáles son los daños que nos puede causar. Nosotros vivimos de los ríos de esta cuenca, y definitivamente puede afectar nuestras aguas”, señaló.

La llamada Integración Coroccohuayco sería una nueva ampliación de lo que fuera anteriormente la ex mina Tintaya, que ya fue ampliada con el tajo Antapaccay.

 

Fuente:https://www.energiminas.com/construccion-de-proyecto-integracion-coroccohuayco-se-adelanta-al-2019-indica-el-mem/

Perú

Líderes y lideresas del corredor minero del sur andino presentan sus propuestas al Ministerio de Justicia para ser incorporadas en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos

El 25 y 26 de noviembre, el Ministerio de Justicia y CooperAcción realizaron en la ciudad de Cusco el “Taller sobre Principios Rectores de la ONU y el proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos de Perú (PNA): el punto de vista de las comunidades campesinas del Corredor Minero Sur”.

 

En el taller participaron representantes de comunidades campesinas, organizaciones sociales, líderes y lideresas de la provincia de Cotabambas del departamento Apurímac, y las provincias de Chumbivilcas , Espinar y Paruro del departamento de Cusco.

El taller se realizó en el marco del proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción (PNA), que recoge e incorpora los Principios Rectores de las Naciones Unidas en el ordenamiento jurídico interno, para establecer un marco regulatorio que permita garantizar el efectivo goce de los derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales.

 

En el marco del taller, los líderes y lideresas del corredor del sur andino consensuaron una agenda de temas que buscan sean incluidos en el proceso de elaboración del PNA, de modo tal que se puedan incorporar las demandas y preocupaciones de las organizaciones sociales y comunidades que se ubican en el ámbito del corredor minero del sur andino.

 

Dicha agenda se tradujo en una carta que fue enviada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que enfatiza en temas como el sistema de concesiones mineras, los criterios de definición de áreas de influencia directa e indirecta de proyectos mineros, los mecanismos con los que el Estado reconoce a las comunidades campesinas como pueblos indígenas u originarios sujetos del derecho a la consulta, la criminalización de dirigentes y defensores de derechos humanos y la necesaria aprobación de una ley o política de ordenamiento territorial.

Lea la carta aquí

Carta de comunidades lideres de la prov.Cotabambas dirigo a Ministra de Justicia y Derechos Humanos

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/lideres-y-lideresas-del-corredor-minero-del-sur-andino-presentan-sus-propuestas-al-ministerio-de-justicia-para-ser-incorporadas-en-el-plan-nacional-de-accion-sobre-empresas-y-derechos-humanos/?fbclid=IwAR3jqXQfjQ7oHxtvBeQ2ihy-1sUCuWfniOGUU5odEkINXkv0Enwn7F57ITo

Brasil

Brasil: Especialista da ONU visita Piquiá frente ao abandono do Estado

Por ocasião da visita de Baskut Tuncak, relator especial das Nações Unidas sobre Direitos Humanos e Substancias Tóxicas, FIDH, Justiça Global e Justiça nos Trilhos exortam o Estado brasileiro e as empresas a assumirem suas responsabilidades e repararem integralmente as violações dos direitos humanos e do meio ambiente que atingem a comunidade de Piquiá há três décadas.

Entre o sábado 7 e a segunda-feira 9 de dezembro, o relator está no estado do Maranhão, onde as consequências desastrosas da mineração e da siderurgia sobre a saúde dos habitantes de Piquiá devido à poluição ambiental e sonora, denunciada há anos por nossas organizações, permanecem impunes. Após sua visita nessa área, o Relator interpelará as autoridades estaduais e federais sobre o caso do Piquiá, a partir de hoje, segunda-feira, na capital do Maranhão e em Brasília.

“Esperamos que esta visita dê maior visibilidade internacional a este caso, por tanto tempo ignorado pelo Estado, pressionando as autoridades para que a legislação ambiental seja reforçada e efetivamente implementada. Por sua vez, é necessário um forte apelo do relator à Vale, Viena Siderúrgica, Gusa Nordeste e Aço Verde Brasil e Cimento Verde Brasil (as três últimas do Grupo Ferroeste), para que essas empresas repararem integralmente os danos causados e cumpram com as regulamentações existentes”, afirmou Sandra Carvalho, vice-presidente da FIDH e coordenadora da Justiça Global.

O relator especial, que tem o mandato de monitorar os efeitos nocivos provocados por substâncias e resíduos perigosos, deve alertar os órgãos da ONU das violações constatadas na comunidade de Piquiá e apresentar recomendações.

Os moradores enfrentam com dignidade e perseverança, dia após dia, a louvável tarefa de lutar pelo exercício dos seus direitos violados. Enquanto a mudança para o novo bairro Piquiá da Conquista lhes dá esperanças, sua situação na comunidade continua grave.

A notícia encorajadora é que, mesmo diante dessa situação, a comunidade de Piquiá não desistiu. Apesar dos escassos recursos e apoio, os moradores conseguiram se organizar e exigir com que recursos fossem alocados para a construção de Piquiá da Conquista, onde vislumbram um futuro longe da poluição. No entanto, existe o risco de que as políticas de restrição orçamentária para os programas sociais do governo de Jair Bolsonaro afetem diretamente a conclusão desse projeto.

“Enquanto a comunidade de Piquiá continuar enfrentando problemas de saúde devido à poluição do ar e continuar exposta a resíduos tóxicos e perigosos que resultam do gerenciamento inadequado de resíduos por empresas siderúrgicas, não haverá reparação integral. A mensagem do relator também deve exigir garantias de não repetição, para que as gerações futuras de Piquiá possam usufruir do direito a um ambiente saudável”, disse Danilo Chammas, da Justiça nos Trilhos.

Hoje, solicitamos concretamente que o Estado brasileiro garanta a rápida conclusão e implementação das decisões judiciais e garanta reparação efetiva às famílias afetadas negativamente pela indústria de mineração, ferro gusa e aço; que processos investigativos sejam iniciados e imponham sanções às pessoas físicas e jurídicas responsáveis; que seja estabelecido um tempo específico e limitado para que as empresas se alinhem às normas legais atuais e apresentem garantias de não repetição; e que as empresas tomem as medidas necessárias para proteger as famílias dos resíduos tóxicos e parem imediatamente as operações sem licença.

Esperamos que a visita do relator especial sirva para colocar Piquiá de volta na agenda pública. Tuncak fará uma conferência de imprensa no dia 13 de dezembro de 2019 às 14h, em Brasília, onde ele compartilhará suas observações preliminares de sua visita a Piquiá, Brumadinho e Recife. O Relator Especial apresentará um relatório completo com sua análise e recomendações ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em setembro de 2020.

 

Fuente:https://www.fidh.org/pt/americas/brasil/brasil-especialista-da-onu-visita-piquia-frente-ao-abandono-do-estado?fbclid=IwAR3U8thRXMN2hs6rD3ycH8NXXUD7VU1yDN57g-bsXwBn9MYP4Hgu3sd1AW8

Perú

Tía María: agricultores del valle de Tambo reiniciarán protestas en diciembre

La población del valle de Tambo retornará a las calles a partir de la quincena de diciembre para reclamar la cancelación del proyecto minero Tía María. El presidente de la Junta de Usuarios del valle de Tambo, Jesús Cornejo, manifestó que la temporada de cosecha de sus productos provocó que se levantaran temporalmente las protestas en la localidad.

El dirigente señaló que el valle de Tambo se encuentra en plena cosecha de la papa, cebolla y zapallo. Esto obligó a los manifestantes a guardar sus banderas de “agro sí, mina no” para no perjudicar las siembras. Actualmente, las labores se encuentran en un 60 y 70% de avance, especificó.

“Nos encontramos entre un 60 y 70% de lo que es la cosecha y, a la vez, también se viene haciendo la siembra de la próxima campaña de arroz. Sale un producto e ingresa otro. Se vienen realizando las actividades de manera normal, sin las movilizaciones ya que nos perjudicaba a los productores. Posteriormente se retomarán las protestas porque hasta ahora no se ha encontrado la solución”, aseveró.

Jesús Cornejo, dirigente del Valle de Tambo

El dirigente manifestó que la huelga de más de 100 días que soportaron no generó mayores pérdidas económicas. Además, la afluencia del agua evitó que se produzcan sequías como años anteriores.

Dirigentes detenidos apoyaron protestas contra Tía María

Jesús Cornejo también se pronunció sobre la detención de los dirigentes Andrés Saya Alarcón, del Sindicato de Construcción Civil y José Luis Chapa Díaz de la Federación Departamental de Trabajadores (FDTA).

En su opinión, la detención ordenada por el Ministerio Público buscó debilitar las protestas contra Tía María. Cornejo manifestó que ambas organizaciones sociales estuvieron comprometidas con la lucha del valle de Tambo.

“La intención era debilitar las protestas. En el valle de Tambo estamos 10 años luchando contra este proyecto, contra este poder económico. Nosotros tenemos embargos preventivos en los procesos que se viene dando, nuestros bienes están en manos del estado”, dijo.

Jesús Cornejo afronta también un proceso judicial por las protestas del 2015 contra el proyecto de Southern Perú. No obstante, señaló que continuarán con la defensa del valle de Tambo.

 

Fuente:https://elbuho.pe/2019/12/tia-maria-agricultores-del-valle-de-tambo-reiniciaran-protestas-en-diciembre/?fbclid=IwAR1CE2p5pBD6Lm00cmO_EU_X3iRrm0Wj0ZZK1S-uIyv5uEUMt67VcI_i9go

Argentina

Digamos basta a las empresas mineras multinacionales. Chubut ya dijo «No» a la minería

Las organizaciones abajo firmantes estamos profundamente preocupadas por informes recientes que llegan de Chubut, Argentina, una bella provincia de la Patagonia, referidos a la presencia del lobby minero en la legislatura provincial y las presiones a los legisladores para modificar la Ley Ambiental XVII-Nº 68 (antes Ley 5001), que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro.

Chubut es la primera provincia argentina en aprobar este tipo de estándar medioambiental en 2003. La ley cuenta con el apoyo de 17 años de amplia movilización por parte de las comunidades de la provincia, que eligen formas ecológicas de desarrollo que no incluyen la minería a gran escala.

Las empresas mineras canadienses Pan American Silver (proyecto Navidad) y Yamana Gold (proyecto Suyai) son titulares de concesiones en la provincia. Las comunidades indígenas, organizaciones locales e incluso legisladores provinciales han condenado a dichas empresas por insistir con la modificación de la Ley XVII-Nº 68.

Después de las últimas elecciones, nuevos representantes legislativos asumirán sus cargos próximamente y circulan fuertes rumores de posibles modificaciones de último momento, antes de que los legisladores electos asumen sus bancas, para establecer una “zona minera” en la meseta (que representa el 70% del territorio) sin consulta previa. Quedan solo dos jornadas de sesiones legislativas y las asambleas de Chubut se declararon en alerta y observan de cerca las sesiones para asegurar que no se modifique la ley. Dicho esto, hay una real preocupación porque a pesar del consenso popular en defensa de medioambiente, estos cambios legislativos podrían autorizar el avance de la minería.

Dicho esto:

Repudiamos cualquier presión ejercida por empresas mineras multinacionales para influenciar a los legisladores. Las leyes deben respetarse, les guste o no.

Nos hacemos eco de nuestras compañeras y compañeros en Argentina y decimos firmemente a las empresas multinacionales que se beneficiarían del cambio legislativo, LOS ESTAMOS OBSERVANDO (#LosEstamosObservando). La población de Chubut – clara y repetidamente – dijo “NO” a la minería a gran escala en la provincia.

Manifestamos nuestra solidaridad con las asambleas ambientales, comunidades indígenas y organizaciones sociales que resisten pacíficamente la imposición de la minería en su territorio por más de 17 años.

Nos Solidarizamos con los detenidos durante la sesión del 5 de diciembre y exigimos su inmediata liberación

Firma,  

  • AID/WATCH (Australia)
  • Area Estado Ciudadania y Justicia Ambiental, IIFAP-FCS-Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
  • Asamblea de vecinos Gaiman en defensa del Medioambiente  (Argentina)
  • Asamblea Socio Ambiental de Cipolletti, Río Negro (Argentina)
  • Canada-Philippines Solidarity for Human Rights
  • CATAPA (Belgium)
  • Care for Colombian Leaders
  • Centre de recherche sur l’environnement, la Démocratie et les Droits de L’homme [CREDDHO] (DRC)
  • Centro Legal de la Raza (US)
  • Coal Action Network (UK)
  • Comité pour les droits humains en Amérique latine [CDHAL] (Canada)
  • Common Frontiers (Canada)
  • CooperAccion (Peru)
  • Defensa y Conservación Ecológica de Intag [DECOIN] (Ecuador)
  • Denver Justice and Peace Committee (US)
  • Earthworks (US)
  • Environmental Law Group (University of British Columbia, Canada)
  • Estonian Forest Aid (Estonia)
  • Fundación Ambiente y Recursos Naturales [FARN] (Argentina)
  • Friends of the Earth Canada
  • The Gaia Foundation
  • GeoComunes (México)
  • Igapo Project
  • Institute for Policy Studies – Global Economy Program (US)
  • London Mining Network (UK)
  • Manushya Foundation (Thailand)
  • Maritimes ‘Guatemala Breaking the Silence Network [BTS] (Canada)
  • MiningWatch Canada
  • Mining Injustice Solidarity Network [MISN] (Canada)
  • Mining Justice Alliance (Canada)
  • Mining Justice Action Committee – Victoria (Canada)
  • Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero [M4]
  • Network in Solidarity with the People of Guatemala [NISGUA] (US)
  • National Union of Public and General Employees [NUPGE] (Canada)
  • Otros Mundos AC (Chiapas, México)
  • Patagonia Area Resource Alliance (US)
  • Rainforest Action Group (Australia)
  • Snowchange Cooperative (Finland)
  • Students for Mining Justice (Canada)
  • TradeJustice PEI (Canada)
  • WoMin African Alliance

Fuente:https://movimientom4.org/2019/12/digamos-basta-a-las-empresas-mineras-multinacionales-chubut-ya-dijo-no-a-la-mineria/

Chile

Cierre adelantado de cuatro centrales energéticas a carbón: ambientalistas valoran , pero califican de insuficiente, el anuncio del Gobierno

Chile perdió la sede de la cita climática de la COP25 pero no así su presidencia, y aprovechó la cumbre de Madrid para anunciar el cierre anticipado de 4 centrales eléctricas a base de carbón. Desde el mundo ambientalista, las reacciones fueron disímiles. Fundación Terram interpretó el anuncio como una señal para que Chile muestre liderazgo, pero también advirtió que «faltan otras buenas noticias», como la firma del Acuerdo de Escazú.

 

Uno de los anuncios estrella que preparaba Sebastián Piñera de cara a la realización de la COP25 en Chile era su programa para ser un país libre de centrales energéticas en base a carbón. Sin embargo, el estallido social, sin embargo, desbarató los planes y finalmente Chile perdió la sede de la cumbre, la que se trasladó a Madrid, España. Y con eso, el plan de descarbonizar al país quedó en el segundo plano.

Pero, a pesar de perder la sede, Chile mantuvo la presidencia de la COP25, y durante su participación en la cita, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, anunció que se adelantará el inicio del cierre de las centrales, las que se enmarcarán dentro de la fase uno del plan.

En concreto, Jobet anunció el cierre anticipado de las centrales ubicadas en Mejillones (CTM1 y CTM2 de Engie), con una capacidad total de 334 megawatts, ambas con cierre programado para el 2040. El caso de Engie es paradójico, dado que en mayo pasado esta misma empresa puso en funcionamiento una nueva generadora, en base a carbón, la termoeléctrica “Infraestructura Energética Mejillones” (EIM), con 370 MW de potencia instalada, lo que despertó duras críticas de ambientalistas.

A ellas se sumarán Ventanas 1 y 2 de AES Gener, con una capacidad de 340 megawatts, con las que el Gobierno llegó a acuerdo para terminar antes su funcionamiento, pero condicionadas a cambios regulatorios e inversiones en transmisión para viabilizar dichos cierres. Ventanas 1 tenía un cierre programado para noviembre de 2022 y Ventanas 2 para mayo de 2024 y ahora bajarán la cortina antes del fin de 2020 y antes del fin de 2022, respectivamente.

«Una gran noticia para los chilenos»

Con todo, el secretario de Estado indicó que «esta es una gran noticia para los chilenos. Son casi 700 megawatts de centrales a carbón que se cerrarán anticipadamente y que serán reemplazados por energías renovables, las cuales permiten tener electricidad más barata y limpia».

«Desde hace un tiempo venimos conversando con las empresas generadoras para ver la posibilidad de adelantar el cierre de las centrales a carbón. Hoy estamos anunciando que se adelantará la salida de cuatro centrales. Todas ellas están ubicadas en zonas de alta concentración industrial. Su cierre contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esas localidades», dijo Jobet.

«De hecho, como país hemos cumplido seis años antes la meta de 20% que nos habíamos autoimpuesto para 2025. Nuestras proyecciones son que se puede incrementar mucho la participación de energías renovables, muy abundantes en Chile, pero para ello es importante que juntos abordemos el desafío de construir las líneas de transmisión que permitan llevar esa energía barata y limpia a los centros de consumo, y hacer los ajustes regulatorios necesarios», sentenció.

Faltan «otras buenas noticias»

Tras el anuncio de Jobet, diversas organizaciones que están presentes en la COP25 reaccionaron y todas con el mismo mensaje: valoran lo dicho por el secretario de Estado, pero insisten en que «no es suficiente».

En conversación con El Mostrador, Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram, dijo que «anticipar el cierre es súper bienvenido. Sin embargo hay que mirar toda la problemática asociada».

Al respecto, aseguró que «Chile tiene la presidencia de la COP y eso no es menor en el rol. Es alguien que tiene todo el apoyo de Naciones Unidas, el país que tiene la presidencia tiene que dar el ejemplo. Dado lo desprestigiado que está Chile en materia de Derechos Humanos producto del estallido social, necesita levantar liderazgos en otras materias, como las climáticas».

Por eso, la «buena noticia» del cierre anticipado «tiene que ir acompañada de otras buenas noticias, como la suscripción del Acuerdo de Escazú y un plan contundente para terminar con las zonas de sacrificio», indicó.

«En La Moneda siguen dormidos»

Un poco más crítica fue Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace Chile, quien dijo a El Mostrador que «nos impresiona el anuncio y el tono con el que se hace. Creemos que la cara de alegría y optimismo que tenía el ministro no se condice con lo que es realmente el anuncio».

«En palabras sencillas, les dice a las personas que están en la zona de sacrificio que tienen que estar 20 años más condenadas al carbón. Si bien se adelanta el cierre de centrales, son centrales que tienen más de 20 años y que pudieron cerrarse durante este año», agrega.

Según González, pudieron incluso «prometer una descarbonización al 2030, que está mucho más en línea con el mensaje de ambición climática que un país que está presidiendo la COP debe tener».

«Creemos que no se ha escuchado durante este tiempo las demandas de las persona. En un momento donde el mensaje es ‘Chile despertó’, aparentemente en La Moneda siguen dormidos», dijo.

Con respecto al cierre, González dijo que «no es muy nuevo. No es un compromiso del Gobierno sino de las propias empresas y que tiene que ver mucho más con elementos financieros que con una ambición climática o un compromiso real de la gente».

Como punto intermedio «es positivo»

En Chile, Sara Larraín, directora ejecutiva de Chile Sustentable, conversó con El Mostrador y valoró no sólo el cierre adelantado sino que se sumaran dos nuevas centrales que no estaban en el anuncio original que hizo Sebastián Piñera en junio de este año.

«En este momento, tendríamos fecha de cierre de 10 centrales y no de las 8 que había en junio», dijo, haciendo referencia a las ubicadas en Mejillones.

Sobre las otras dos, Larraín dijo que «no es lo que nosotros esperábamos. Pero creemos que como un punto intermedio es positivo en el sentido de que adelanta en tres años el cierre de Ventanas 1 y 2 en Puchuncaví, lo que es un tremendo beneficio para la salud de las comunidades locales».

«Eliminaríamos 2 de las 5 fuentes más contaminantes de carbón», presentes en Chile, por lo que es «una buena noticia».

Chile

Amenazas en la Patagonia: Tribunal de los Derechos de la Naturaleza analiza extractivismo en Chile

En la actividad realizada en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile se revisaron tres casos chilenos: la minería de litio en el desierto de Atacama, la privatización del agua en Chile y las amenazas a la Patagonia, lugar de reserva de agua y vida. En la actividad realizada en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile se revisaron tres casos chilenos: la minería de litio en el desierto de Atacama, la privatización del agua en Chile y las amenazas a la Patagonia, lugar de reserva de agua y vida.

El pasado 5 de diciembre se realizó en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile la quinta sesión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, iniciativa establecida por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza en enero de 2014.

El objetivo de la iniciativa es crear un foro para que personas de todo el mundo hablen en nombre de la naturaleza y evidencien la destrucción de la tierra, reconociendo que los ecosistemas tienen derecho a existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales con legitimación legal en los tribunales.

En la instancia se revisaron tres casos chilenos: la minería de litio en el desierto de Atacama, la privatización del agua en Chile y las amenazas a la Patagonia, lugar de reserva de agua y vida, los que fueron analizados por jueces.

En esta ocasión los cargos estuvieron representados por el líder indígena ecuatoriano Yaku Pérez; la abogada de la Universidad de Chile Nancy Yáñez; el economista y político ecuatoriano Alberto Acosta; el investigador de Chile Sustentable Antonio Elizalde; la socióloga e investigadora argentina Maristella Svampa; y el analista internacional Raúl Sohr, mientras que el abogado ambientalista argentino Enrique Viale ofició como fiscal.

Diario y Radio Universidad de Chile conversó respecto del caso de la Patagonia con Peter Hartmann, miembro de la organización Aisén Reserva de Vida, quien participó como presentador de este tema en el Tribunal de Derechos de la Naturaleza.

En concreto, en la exposición se abordó la destrucción, ecocidio e intervención de los ciclos de agua en la Patagonia. Las mineras, la salmonicultura, el turismo y el calentamiento global son parte de las amenazas al territorio y sus habitantes, parte de ellos, pueblos indígenas como los kawésqar o los yagán.

Peter Hartmann explicó que el problema no son solo las industrias que han tenido que enfrentar, sino las que aún podrían querer instalarse en la Patagonia: “Mostramos cosas que están pasando en las cuales se afecta el agua y la vida. Nos hemos pasado décadas luchando contra mega proyectos hidroeléctricos, boom pesquero y los incendios. Ahora las amenazas son más bien de la minería, de las salmoneras y que nos vengan a salir otra vez con algún otro mega proyecto. Es posible, pero hoy está principalmente centrado en salmoneras y mineras el tema”, dijo.

Respecto de estas amenazas, no solo se abordó el daño ambiental que provocan las mineras y las salmoneras contaminando el mar, dejando residuos o arrasando con sectores naturales. También se hizo mención a la postura que el Estado ha tomado frente a este tipo de proyectos en áreas como la Patagonia.

Peter Hartmann dijo que “el Estado siempre está del lado de los malos, cosa que no debiera ser. Está muy ausente cuando le toca fiscalizar, hacer cumplir leyes, cumplir hasta su propia Constitución. Ni siquiera eso se cumple y tenemos que ser nosotros, las instituciones ciudadanas, los Pepitos Grillos y estar constantemente revolviendo el gallinero y mostrando los problemas que hay”.

“Nosotros haciéndoles la pega, es una cuestión increíble, versus los mayores mega proyectos que han habido en la historia de Chile. No la pasamos muy bien, más encima nos acusan de ecoterroristas y cuanta cosa más”, comentó.

En esa línea, Hartmann se refirió a lo importante de realizar actividades como este tribunal ante la situación que enfrenta nuestro país: “Viene muy bien en estos momentos en Chile, en que estamos por hacer una nueva Constitución y en la cual evidentemente será muy importante que aparezcan estos derechos, porque los humanos nos vamos a defender, pero a la naturaleza, ¿quién la defiende? Y estamos en una civilización, una sociedad chilena, que francamente es ecocida, porque estamos masacrando todo para producir crecimiento económico, sin dar mayores beneficios a nadie”.

En lo que refiere a los perjuicios sufridos por los pueblos indígenas de la Patagonia, Leticia Caro, representante del pueblo kawésqar, fue la encargada de reflexionar al respecto: “El problema de los territorios es que la lucha no termina, para nosotros hoy es lo mismo que fue la ganadería antaño. La ganadería terminó con el pueblo selk’nam y tehuelche porque fueron desplazados de su territorio. A nosotros nos pasa lo mismo con la instalación de la salmonicultura, no podemos acercarnos a los espacios que están concesionados, la salmonicultura se toma los cursos de los ríos, donde sacamos agua, contamina de forma desmedida los fondos marinos”, explicó.

En lo que refiere al veredicto, que aunque no es vinculante sirve como antecedente sobre la visión de expertos en este problema, el juez Antonio Elizalde informó que el caso fue acogido y exhortó al Estado a cambiar su actitud cómplice con el extractivismo y a respetar los lugares de conservación. A la vez, se sugirió tomar acciones si es que se concreta una nueva Constitución, dejando establecido en ella los derechos de la naturaleza.

 

Fuente:https://radio.uchile.cl/2019/12/07/amenazas-en-la-patagonia-tribunal-de-los-derechos-de-la-naturaleza-analiza-extractivismo-en-chile/