Chile

Putaendo: Corte de Apelaciones acogió recurso que exige participación ciudadana en proyecto de minera Vizcachitas

Por: El Desconcierto 27/08/2020
Bofedal en estero Chilo /

El fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Valparaíso permitirá a la comunidad putaendina tener Participación Ciudadana. Desde la Agrupación Ambiental Social y Cultural Putaendo Resiste emplazaron al Servicio de Evaluación Ambiental y al Ministerio de Medio Ambiente a aceptar la decisión de la Corte de Apelaciones y no recurrir a la Corte Suprema.

En un fallo unánime la Corte de Apelaciones de Valparaíso, acogió favorablemente el Recurso de Protección presentado por la comunidad putaendina, en contra del Servicio de Evaluación Ambiental Regional (SEA), que en marzo de este año negó la Participación Ciudadana solicitada formalmente por más de 2.000 personas y que luego, en un proceso express y en plena pandemia, dieran la aprobación a que la Cía. Minera Vizcachitas Holding pudiera iniciar una nueva campaña de 350 sondajes mineros en el Sector de Las Tejas.

De esta forma, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso dejó “sin efecto la Resolución Exenta Nº 76 de 17 de marzo de 2020, del Servicio de Evaluación Ambiental, Región de Valparaíso, que rechaza las solicitudes de efectuar un proceso de participación ciudadana, en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas”, retrotrayéndose el proceso de Declaración de Impacto Ambiental al momento previo a su calificación, debiendo someterse el proyecto, previamente, al procedimiento de participación ciudadana previsto en los artículos 26 a 31 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.”

Tras el fallo, desde la Agrupación Ambiental Social y Cultural Putaendo Resiste señalaron que la resolución de la Cuarta Sala “aplica sensatez y el sentido común en contraposición a la interpretación caprichosa que hace él SEA respecto de no otorgar la Participación Ciudadana a las comunidades que la solicitan”.

“Emplazamos al Director Ejecutivo del SEA Hernán Brücher Valenzuela y al Ministerio de Medio Ambiente, a que acepten la decisión de la Corte de Apelaciones y no apelen a la Corte Suprema, ya que esto incurre en un inmenso gasto de recursos y energías que finalmente pagamos con nuestros impuestos. Demandamos que las autoridades obren en beneficio de las comunidades y no de mezquinos intereses económicos privados”.

En este sentido, desde la organización hicieron un llamado al SEA Regional a que cumpla la determinación de la Corte, para que anulen la Resolución de Calificación Ambiental otorgada al proyecto minero y que se abra un proceso de Participación Ciudadana, “donde la comunidad de Putaendo sea escuchada y se atiendan todas y cada una de sus observaciones”.
https://www.eldesconcierto.cl/2020/08/27/putaendo-corte-de-apelaciones-acogio-recurso-que-exige-participacion-ciudadana/

Guatemala

Informe sobre minería en Guatemala denuncia tácticas de mineras contra países

Entrada de la mina El Tambor, en Guatemala. EFE/Saul Martínez/ARCHIVO
Publicado por: Julio César Rivas 24/08/2020 Toronto (Canadá)

Compañías mineras están abusando de las herramientas de arbitraje internacional para presentar demandas millonarias contra países en desarrollo, especialmente de Latinoamérica, cuando sus operaciones son rechazadas por comunidades locales según un informe dado a conocer hoy y que analiza el caso de KCA contra Guatemala.

La empresa minera Kappes, Cassiday & Associates (KCA), con sede en Nevada (Estados Unidos), demanda más de 400 millones de dólares (350 millones de indemnización más intereses más costes) a Guatemala por la suspensión de su proyecto El Tambor.

Consulta previa a las comunidades
En 2016, la Corte Suprema de Guatemala y en 2017 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenaron la suspensión de las operaciones del proyecto, también conocido como Progreso VII Derivada, en el municipio de San Pedro Ayampuc, porque las comunidades locales no fueron consultadas para la concesión de la licencia minera.

En respuesta, en diciembre de 2018 KCA hizo uso de la cláusula de protección de inversiones del tratado de libre comercio de Estados Unidos con Centroamérica y la República Dominicana para solicitar el arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Grupo del Banco Mundial.

Informe sobre los argumentos de las mineras

Vista de la mina El Tambor en Guatemala. EFE/Saúl Martínez/ARCHIVO

Pero según el informe “La injusticia minera a través del arbitraje internacional: contrarrestando los argumentos de Kappes, Cassiday & Associates (KCA) sobre su proyecto de oro en Guatemala”, KCA está utilizando el Ciadi en Washington para presionar al Gobierno guatemalteco a que autorice la operación de El Tambor o a pagar una gigantesca indemnización.

El informe del Institute for Policy Studies (IPS) de Washington y elaborado por el periodista guatemalteco Luis Solano junto a las investigadoras Ellen Moore y Jennifer Moore indica que KCA ha ignorado la oposición de las comunidades, ha incumplido la normativa guatemalteca y ha omitido detalles clave del caso, como el uso de violencia para abrir la mina.

Extracción de recursos naturales
Jennifer Moore declaró a Efe que la solicitud de arbitraje ante Ciadi por parte de empresas mineras y de extracción de recursos naturales “está convirtiéndose en una industria en sí misma, en las que firmas de abogados ganan enormes cantidades de dinero”.

“Es más fácil para las corporaciones estas demandas que poner en marcha las operaciones y hay terceros que proporcionan la financiación para las demandas”, añadió Moore quien añadió que en las últimas décadas, el sector privado ha presentado 38 demandas de arbitraje similares contra países latinoamericanos.

Moore y Solano calificaron el caso de El Tambor y la demanda de KCA contra Guatemala como “emblemático” de las tácticas del sector.
Oposición al proyecto y corrupción
Solano dijo a Efe que “este caso es muy importante porque se trata de un movimiento genuino, comunitario, de resistencia surgido hace casi una década. Ha sido una batalla legal y de resistencia pacífica a un proyecto que lo consideran ilegal, que producirá ganancias millonarias a costa de destrucción de recursos naturales y violencia con costos inconmensurables y que contó con el respaldo de los gobiernos de turno”.

A pesar de las sentencias en Guatemala contra KCA por no haber consultado a las comunidades, la notificación del arbitraje presentada por la empresa ante Ciadi señala que recibió la licencia social para operar la mina tras haber “consultado con las comunidades y no habiendo recibido ninguna objeción de su plan minero”.

KCA también achaca las protestas a “organizaciones no gubernamentales que incitaron a la población local a bloquear el acceso a los sitios mineros”.

Agua y salud
Pero según los autores del informe, desde que se iniciaron los trabajos de construcción en febrero de 2012, pobladores de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo bloquearon el sitio minero “preocupados por su agua y su salud”.

“Poco después de iniciar el plantón, los miembros de la comunidad empezaron a enfrentarse a la represión violenta y a las amenazas por la policía y la seguridad privada de la empresa”, señala el informe que califica de “falsa” la afirmación de KCA de que no recibió objeciones a su plan.
KCA ha señalado ante el Ciadi que la licencia para operar la mina fue “expedida legalmente” por las autoridades guatemaltecas.

Sin embargo, el informe dice que KCA obtuvo la licencia de forma sospechosa durante la presidencia de Álvaro Colom (2008-2011) “a pesar de una moratoria sobre nuevos permisos mineros”.
“Aún no se ha aclarado exactamente cómo obtuvo KCA su licencia de explotación, pero las circunstancias hacen saltar la alarma sobre la voluntad del Gobierno de ceder a los intereses de la industria y de KCA”, señala el informe.

Los autores enumeran las autoridades y gobiernos guatemaltecos que prestaron su apoyo al proyecto de KCA a pesar de que no obtuvo el permiso de construcción municipal, y las dudosas conexiones de altos funcionarios con empresas mineras como KCA.

“KCA también gozó de importantes relaciones con la élite guatemalteca. El proyecto minero de KCA probablemente pudo beneficiarse del acceso de estos individuos a los funcionarios gubernamentales y su influencia en los procesos administrativos, jurídicos y reglamentarios”,dijo el informe.

Finalmente, el informe afirma que “la mina de oro de KCA entró en operación como resultado de la represión violenta llevada a cabo por fuerzas de seguridad privada dirigida por militares en retiro y por fuertes contingentes de agentes antimotines de la PNC (Policía Nacional Civil) bajo un gobierno corrupto”. EFEverde

https://www.efeverde.com/noticias/mineria-guatemala-informe-tacticas-mineras-kca/

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Chile, Internacional

Científicos y profesionales chilenos solicitan a Canciller moratoria sobre minería de fondos marinos en aguas internacionales

La solicitud es firmada por Gustavo Lagos Cruz-Coke, Sandor Mulsow, Eduardo Bonilla, Guillermo Ugarte, Sergio Hernández y Gastón Fernádez.
25/08/2020
MINERÍA CHILENA
Un grupo de destacadas personalidades chilenas ligadas de distinto modo a la actividad minera, presentaron este martes a la Cancillería, una solicitud de moratoria ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), para evaluar la estrategia nacional sobre el impacto económico negativo que esta nueva minería -en aguas internacionales- ocasionará a nuestro país.

Autoridad Internacional de los Fondos Marinos revisa probable impacto de la minería submarina
La misiva dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, es firmada por Gustavo Lagos Cruz-Coke, Sandor Mulsow, Eduardo Bonilla, Guillermo Ugarte, Sergio Hernández y Gastón Fernádez.

“Basados en el principio precautorio, estimamos que todavía no existen las condiciones que aseguren una explotación sostenible de los referidos recursos minerales”, plantean.

A continuación, el texto íntegro de la carta:

Señor Ministro,

Los abajo firmantes, científicos y profesionales chilenos ligados de distinto modo a la actividad minera nacional, venimos en dirigirnos respetuosamente a Ud. para -mediante su intermedio- lograr que Chile asuma una política definida hacia la minería submarina en aguas internacionales.

Esta posición política no es otra que demandar ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) una moratoria para evaluar la estrategia nacional sobre el impacto económico negativo que esta nueva minería ocasionará a nuestro país.

La minería submarina internacional está a las puertas de iniciarse una vez que la AIFM apruebe el Código Minero para explotar los recursos mineros ubicados en la Zona, considerados Patrimonio Común de la Humanidad por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Basados en el principio precautorio, estimamos que todavía no existen las condiciones que aseguren una explotación sostenible de los referidos recursos minerales por la alta inseguridad que aún persiste en cuanto a:

1.- Un impacto socioeconómico negativo en los países productores terrestres de minerales (DLPS);

2.- Un impacto negativo en la biodiversidad submarina de la Zona;

3.- La destrucción del hábitat profundo con consecuencias globales;

4.- La falta de conocimiento suficiente para diseñar planes de manejo ambiental a escala local y regional de estas minas;

5.- La imposibilidad de definir límites de riesgo ambiental de las funciones fundamentales de los océanos profundos en la escala global;

6.- La incapacidad administrativa y técnica de la AIFM como único ente regulador del patrimonio común de la humanidad en la Zona.

Chile, en el Decreto Supremo N° 1393, promulgatorio de la Convención, definió una posición política sobre su implementación el 18 de noviembre de 1997. Esta declaración hace referencia a la Parte XI y su Acuerdo Complementario, en relación a la contaminación, el rol de la AIFM y la aprensión sobre el impacto socioeconómico potencial en ese entonces (artículo 151 de la CONVEMAR). Hoy esto es una realidad.

Advertimos serias debilidades estructurales en la AIFM como ente regulador y comprobamos con el Estudio de Impacto de la Extracción de Nódulos Polimetálicos en la Zona sobre los efectos en los países en desarrollo productores terrestres, entre los que se encuentra Chile como productor de cobre, estudio elaborado por iniciativa del Consejo de la AIFM por la “Institución de Investigación Científica de Recursos Minerales de toda Rusia”, que advierte y demuestra las graves repercusiones económicas y sociales para el país por la explotación de nódulos de menor ley de concentración de finos que sulfuros y costras de mejor ley de fino, donde el impacto sería mayor y catastrófico para el nosotros.

Dada la precariedad del borrador del Reglamento para la Explotación de Recursos Minerales en la Zona (Código de Minería Submarina) a la fecha, y el reconocido deterioro del medio ambiente actual, estimamos oportuno solicitar por su intermedio la aprobación de una moratoria temporal en esta materia, la cual ya ha sido propuesta por el Parlamento Europeo y numerosas otras organizaciones científicas.

Chile, como país minero y oceánico, goza de suficiente autoridad y respeto en los medios mineros mundiales para impulsar una moratoria sobre el particular y generar alianzas con países con las mismas visiones (“like minded”), entre ellos Sudáfrica, Congo, Indonesia, Myanmar, Camerún, Brasil, México, Perú, Papúa Nueva Guinea, Marruecos, Zambia, Ghana y Guatemala, y otros.
https://www.mch.cl/2020/08/25/cientificos-y-profesionales-chilenos-solicitan-a-canciller-moratoria-sobre-mineria-de-fondos-marinos-en-aguas-internacionales/

Latinoamerica, Perú

LO QUE ESTÁ EN JUEGO CON EL ACUERDO DE ESCAZÚ

Luis Gárate, COOPERACCION
25/08/2020
Imagen: DX
Más allá de lo sanitario, son varios los temas que han entrado en disputa en plena pandemia del COVID-19 y el plano de los acuerdos internacionales no ha sido la excepción. Es el caso del Acuerdo de Escazú, que ha despertado airadas reacciones de rechazo de algunos sectores de la sociedad peruana.

El nombre completo de este compromiso internacional es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Este ya había sido firmado por el gobierno peruano en el año 2018, y debe ser discutido y eventualmente ratificado en estos días por el Congreso de la República, que tendría hasta el 26 de setiembre para hacerlo. Sin embargo, pareciera que el gobierno se ha replegado en el momento de dar el debate y esclarecimiento del mismo, pues el canciller Mario López señaló que se debe seguir analizando y debatiendo antes de la ratificación.

A mediados de julio los principales gremios empresariales: Confiep, Sociedad Nacional de Industrias, Adex, entre otros, se opusieron mediante un comunicado al acuerdo señalando que “puede atentar contra la soberanía del país al tener que llevar discusiones que se deben resolver en el ámbito local, a instancias internacionales”. En esa misma línea se han pronunciado sectores políticos conservadores, como la Asociación de Generales y almirantes en retiro de las FFAA y la llamada Coordinadora Republicana.

A esto se ha sumado un reciente comunicado del Colegio de Ingenieros del Perú, que señala que no debería ratificarse el acuerdo pues argumentan que ya existirían normas vigentes que garantizarían la trasparencia en temas ambientales. Asimismo repiten el argumento de que se vulneraría la soberanía nacional, que se crea la figura de los “defensores ambientales” y que se ahuyentaría a las inversiones privadas.[1]

El Acuerdo deberá ser ratificado por 11 países para entrar en vigencia. El Perú sería el décimo en firmarlo. Recordemos que el acuerdo busca “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.[2]

En su informe de julio de 2020 en el que analiza el impacto del COVID-19 en América Latina, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, señaló que el Acuerdo de Escazú es “un valioso instrumento para buscar soluciones centradas en las personas y basadas en la naturaleza.”

Cabe recordar también que la ex ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, promovió la firma de este acuerdo y salió en defensa del mismo en su momento. Señaló que este servía para proteger a los defensores ambientales, dándoles derecho a la participación, y que con más transparencia se podría prevenir los conflictos sociales. Asimismo señaló que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó suscribirlo y avanzar en esta línea.[3]

La ex titular del Minam explicó que este instrumento fue firmado por el Perú en el 2018 luego de un largo proceso de discusiones, y tuvo la opinión favorable de los ministerios de Energía y Minas, de Economía y Finanzas, del Ambiente y de Relaciones Exteriores.

Por su parte, la actual ministra del Ambiente, Kirla Echegaray, aseguró recientemente que el Acuerdo de Escazú no afecta la soberanía del Perú y servirá para prevenir los conflictos sociales.

“En su momento ya emitimos nuestra opinión como Ejecutivo, y ahora está en manos del Congreso tomar la decisión. Nuestra obligación es presentarle toda la información a ellos y a la ciudadanía, por eso estamos participando en todas las comisiones sobre el tema”, dijo en entrevista con Radio Nacional.[4]

De esta manera nos queda más claro que algunos sectores están jugando a la desinformación y la posverdad respecto el acuerdo. Nos cabe la pregunta del por qué estos sectores se oponen a un instrumento de política internacional que promueve más transparencia, participación y protección de los defensores ambientales, si parece estar claro que el Estado peruano en sus diferentes niveles lo respalda. Además cuenta con opiniones favorables de la más alta instancia de las Naciones Unidas, de la OCDE, y correspondería la ratificación al congreso, como un estado que asume de manera responsable sus compromisos internacionales, tras habar firmado el acuerdo en primera instancia.

En tiempos en que la vida y la salud deben ser lo primero, la firma de este acuerdo aparece como importante para proteger los derechos humanos y ambientales. El gobierno peruano no debe dejarse presionar por algunos grupos de interés que claramente no desean que se genere mayor transparencia, participación y justicia para las personas que defienden el ambiente.

Puede ver el documento completo del Acuerdo de Escazú aquí:
https://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/203_Acuerdo_Escazu.pdf

[1] Comunicado del Colegio de Ingenieros del Perú del 21 de agosto de 2020

[2] https://larepublica.pe/economia/2020/07/20/acuerdo-de-escazu-citaran-a-ministra-del-ambiente-y-de-relaciones-exteriores-al-congreso-ambiente-fabiola-munoz/

[3] https://andina.pe/agencia/noticia-ministra-del-ambiente-acuerdo-escazu-fortalece-posicion-del-peru-805348.aspx

[4] https://elperuano.pe/noticia-ministra-del-ambiente-acuerdo-escazu-no-afecta-soberania-nacional-101269.aspx

Chile

Hallan restos arqueológicos y momias durante construcción de Quebrada Blanca Fase 2

En las excavaciones donde se construye el puerto para el proyecto que busca extender la vida útil del yacimiento de Teck se localizaron los restos humanos que podrían corresponder al período Formativo Temprano entre los años 1.100 y 400 AC.
24/08/2020
(Reuters) Cuatro fosas mortuorias en perfecto estado de conservación con momias ataviadas de vivos colores fueron encontradas durante las obras para la ampliación de la mina Quebrada Blanca, en el norte de país, informó el viernes la canadiense Teck.

En las excavaciones donde se construye el puerto para el proyecto que busca extender la vida útil del yacimiento de Teck se localizaron los restos humanos que podrían corresponder al período Formativo Temprano entre los años 1.100 y 400 AC.

“En el marco de los trabajos de construcción del Proyecto Quebrada Blanca Fase 2, 60 kilómetros al sur de la ciudad de Iquique, fueron encontrados restos humanos momificados, con sus ropas completas -incluidos turbantes y sandalias- de vivos colores y avanzada técnica de confección”, dijo la firma en un comunicado.

La empresa dijo que aún deben hacerse pruebas para determinar la antigüedad del hallazgo.

“Producto de las condiciones salinas del suelo, la falta de lluvia y baja humedad relativa, los restos humanos se aprecian momificados, con sus ropas completas (…), así como una serie de elementos que dan cuenta de su forma de vida”, detalló.

En el descubrimiento se identificaron espacios de cocina, de habitación y múltiples instrumentos, adornos, cestería, anzuelos, esteras y elementos de caza, entre muchos otros, destacó Teck.

La empresa dijo que seguirá estudiando los hallazgos y mantendrá el monitoreo arqueológico durante lo que resta de las obras del proyecto, que busca extender la vida útil de la mina por casi 30 años.
https://www.mch.cl/2020/08/24/hallan-restos-arqueologicos-y-momias-durante-construccion-de-quebrada-blanca-fase-2/

Chile, Litio

Mayor competencia reduciría peso de Chile en mercado del litio

Nuevas estimaciones de Cochilco apuntan a que los autos eléctricos impulsará fuertemente su demanda, pero la pandemia seguiría impactando los precios.
26/08/2020
(El Mercurio) El boom de los autos eléctricos sigue siendo el motor del impulso de la demanda mundial del litio, que continuará al alza en la próxima década, según las últimas proyecciones realizadas de Cochilco.

Si en 2016 la demanda destinada a estos autos era un 18% del total, en 2019 creció al 32%, mientras que mirando a 2030, las perspectivas apuntan a que sea responsable de hasta el 80% del consumo global de litio, lo que implica 1,4 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE).

La tendencia se explica por la intensidad de uso del mineral la baterías de estos vehículos, cada vez más utilizados, ante los esfuerzos por encontrar fuentes de transporte menos contaminantes que sustituyan el uso de combustibles fósiles.

El resto de la demanda viene de usos más maduros, como lo son equipos electrónicos, los que presentan una proyección de crecimiento menos variable.

Pero existen también algunos más volátiles, tales como las baterías de ión-litio para bicicletas eléctricas o e-bikes, o los sistemas de almacenamiento energético.

Con todo, y a nivel agregado, se espera que la demanda de litio pase de 317 mil toneladas en este ejercicio, a 839 mil toneladas en 2025 y a 1 millón 793 mil toneladas en 2030.

[Sigue leyendo este tema en la edición digital del diario] https://digital.elmercurio.com/2020/08/26/B/EC3RAHHL#zoom=page-width
https://www.mch.cl/2020/08/26/mayor-competencia-reduciria-peso-de-chile-en-mercado-del-litio/

Colombia

Por la vía jurídica, indígenas de la Sierra Nevada piden protección de sus derechos

La Corte Constitucional estudia una sentencia unificada con base en dos tutelas tramitadas por los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, con las cuales pretenden evitar los procesos exploratorios realizados por las compañías de hidrocarburos y los proyectos de minería.

Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada no quieren minería ni exploración de hidrocarburos en sus territorios. Foto: Archivo Semana Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada no quieren minería ni exploración de hidrocarburos en sus territorios. Foto: Archivo Semana
Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta esperan que con una sentencia de la Corte Constitucional se les garanticen y protejan sus derechos tanto ancestrales, como culturales y ambientales.

El alto tribunal tomaría la decisión con base en la revisión de dos acciones de tutela presentadas con el fin de evitar los procesos exploratorios realizados por las compañías de hidrocarburos y los proyectos de minería que también afectan los recursos naturales de la región.

Precisamente, uno de los actos jurídicos fue contra la petrolera canadiense Azabache Energy, que realizaba trabajos de exploración petrolera en la cuenca del río Aracataca.

Las aspiraciones de las comunidades indígenas apuntan, además, a que la Corte obligue al gobierno a implementar el decreto 1500 de agosto de 2018, mediante el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo y que se obligue a adelantar procesos de consulta previa dentro de la línea negra.

Según Hermes Torres, secretario general de la Confederación Indígena Tayrona, la preocupación no solo de los indígenas, sino en general de los pobladores de la zona, pues en este momento hay más de 140 títulos mineros otorgados, de los cuales por lo menos el 80 por ciento se ha tramitado en los últimos 10 años. Para Torres, lo más preocupante es que están en proceso de adjudicación más de 200.

Edwar Álvarez, asesor jurídico de los pueblos indígenas en temas territoriales y ambientales, precisa que la Corte tomó la decisión de unificar las dos tutelas, lo que prevé que sacará una sentencia unificada sobre territorio ancestral, consulta previa en territorio ancestral y proyectos mineros en la zona.

Delimitación de territorio

“La sentencia de la Corte va a ser la primera unificada sobre delimitación del territorio de la línea negra para los cuatro pueblos indígenas de la Sierra y lo que busca es hacer cumplir el decreto 1500 que el presidente Iván Duque no les quiere cumplir”, manifiesta Álvarez.

La Corte le otorgó un plazo de 5 días al gobierno y a los pueblos indígenas para dar respuesta a una serie de preguntas y una vez surtido este trámite, se debe pronunciar. Los indígenas esperan que la sentencia se conozca antes de finalizar el presente año.

Para los indígenas esta decisión sería un salvoconducto que les permitiría mitigar los riesgos y las amenazas de la minería, en términos culturales, sociales y ambientales, así como la exploración de hidrocarburos y represas en los ríos. “Estas actividades se suman a los efectos generados por el cambio climático y si se permite que se siga explotando la Sierra de esta forma, en una o dos décadas podría desaparecer”, dice Torres.

Lo más grave, asegura, es que esta situación no solo afectaría a la población indígena, sino a los más de 3 millones de habitantes que dependen de los servicios ambientales de la Sierra Nevada, por ejemplo, Valledupar que depende netamente del río Guatapurí, al igual que Santa Marta. La situación de desgaste de la Sierra también afecta a productores de arroz, palma de aceite y otra serie de cultivos que hay en la región.

La decisión de los indígenas de acudir a la vía jurídica es que no han sido escuchados por el gobierno; pues en 2017 cuando decidieron movilizarse se planteó una mesa de diálogo de alto nivel con la idea de constituir un instrumento jurídico que permitiera proteger la Sierra a todo nivel; sin embargo, no hubo una respuesta por parte del ejecutivo de ese momento; como tampoco la ha habido con el actual.

Torres precisa que la consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas, pero se ha desconfigurado porque se ha tomado para informar y socializar, pero no para tener en cuenta la opinión de las comunidades, por eso consideran importante avanzar en una política minera.

Otra alternativa en la que trabajan los pueblos indígenas es en la visibilización de sus temores y riesgos en diferentes escenarios tanto nacionales como en el exterior, al punto que Torres manifiesta que si sus peticiones no tienen efecto en la Corte, recurrirán a instancias internacionales.

De esta forma, estas comunidades esperan ser escuchadas con el fin de llegar a acuerdos en búsqueda de una protección no solo de los recursos naturales de la región, sino de su propia cultura.
https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/por-la-via-juridica-indigenas-de-la-sierra-nevada-buscan-proteger-derechos/43966

Perú

IIMP: inversión minera requerirá respaldo político y buen manejo de conflictos sociales

24/08/2020 Bryan Quinde
mineria-general
A pesar de los altos precios de los metales, las inversiones mineras en el Perú cayeron 25% entre enero y junio de este año en parte por la suspensión de las actividades productivas durante la cuarentena, pero también porque el Gobierno no tiene un mensaje claro sobre la salida de la crisis que incluya la reactivación económica y la actividad minera, señala Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

“Geológicamente, tenemos una concentración alta de algunos metales como cobre y plata, tenemos un buen ecosistema, con mano de obra y firmas especializadas, pero el inversionista también requiere claridad y predictibilidad. Hay un ingrediente que está faltando, que es el respaldo político, y cada día que pasa se pierde la oportunidad de comunicar”, indicó.

Consideró que más allá de sacar adelante Tía María o algún otro proyecto en concreto, se requiere pensar en el largo plazo, difundiendo entre la población, congresistas y autoridades regionales y locales, la importancia de la inversión privada.

“Justamente como es un Gobierno que está por salir y no se puede reelegir, debería aprovechar en hacer un rol de estadista, de mirar no el corto plazo, sino dejar sentadas las bases para el largo plazo”, agregó Gobitz.

Conflictos sociales

Por su parte, Roberto Casanova-Regis, socio de Tax & Legal, experto en mining de KPMG, coincidió en que de nada sirve tener un buen precio de los metales si no se aprovecha la oportunidad y los proyectos siguen sin desarrollarse.

“En el Perú tenemos cerca de 15 proyectos mineros importantes, que todavía no entran en operación falta de temas como la licencia social, Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y Estudios de Factibilidad, entre otros”, señaló.

Uno de los grandes problemas, que afronta la minería es que la viabilidad de los proyectos no está asociada solo al potencial minero y geológico, sino con tener una buena relación con las comunidades adyacentes”, precisó.

Consideró que, debido a las elecciones generales del 2021, muchos proyectos extractivos pueden servir como instrumentos de politización, pero en esos casos, la respuesta del Estado tiene que ser técnica, porque si no, nunca se podrán sacar adelante los proyectos.

“Es un tema crucial destrabar ahora los proyectos mineros. Si todos los ‘stakeholders’ no se sientan y resuelven los problemas para tener soluciones integrales, no se va a poder desarrollar nada”, advirtió Casanova-Regis.
http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/iimp-inversion-minera-requerira-respaldo-politico-y-buen-manejo-de-conflictos-sociales/

Perú

Minem: No se impondrán proyectos de minas sin aceptación social

20/08/2020 Bryan Quinde
tia maria proyecto minero
Diversos sectores económicos en el país, públicos y privados, han coincidido en que uno de los principales motores para sacar de la recesión al país es el de la actividad minera, en particular la puesta en marcha de diversos proyectos hoy paralizados. No obstante, el ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, indicó que el Gobierno no quiere imponer los proyectos minero energéticos, sino que promoverá que se desarrollen aquellos que logren tener la aceptación social.

“Y los que no tengan la aceptación social que se inicie el diálogo multiactor, con toda la paciencia, para poder absolver cualquier duda y preocupación que exista”, anotó.

Posteriormente, en particular dijo que el Ejecutivo no forzará la ejecución de los proyectos mineros Conga (Cajamarca) y Tía María (Arequipa) si estos no tienen aceptación social.

En la Comisión de Energía y Minas del Congreso, el ministro indicó que se buscará iniciar un diálogo con la empresa y las comunidades de las zonas para que se generen los consensos correspondientes, sin imponer el avance de proyectos.

“Nuestro compromiso es no forzar los proyectos que no tengan aceptación social y trabajaremos para que eso se consiga”, declaró Incháustegui. “Sin consensos ni aceptación social, los proyectos van a ser difíciles (de avanzar) y el gobierno no tiene una actitud de querer imponer, sino de concertar”, añadió.

Tanto en Conga como en Tía María, Incháustegui sostuvo que “se tienen los permisos listos, pero se tiene que hacer una acción con la población y autoridades de la zona”.

Apuntó a que otro enfoque del gobierno será revisar la manera en que los proyectos mineros con aceptación social inicien en un plazo breve posible.

SIT Gas y el proyecto 7 regiones

Respecto al proyecto del Sistema Integrado de Transporte de Gas Natural (SIT Gas), el ministro indicó que se trata de “un proyecto que está avanzando”, apuntando a que se viene evaluando su cronograma y que para setiembre u octubre se tendrá el informe final que determine si este proyecto es viable o no.

Sobre el proyecto de masificación de gas natural que beneficiará a 7 regiones del país, Incháustegui recordó que para setiembre de 2020 se adjudicará el proyecto. “Va a ser una concesión autosostenible, de 32 años años y con una inversión de 200 millones de dólares”, explicó.
*foto referencial
http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/minem-no-se-impondran-proyectos-de-minas-sin-aceptacion-social/

Colombia

Continúa enfrentamiento entre AngloGold y los habitantes de Jericó en Colombia

20/08/2020
Fernando Jaramillo, miembro de la Mesa Ambiental de la Veeduría Ciudadana John Jairo Arcila por la Defensa del Patrimonio Ecológico y Cultural de Jericó, municipio de Antioquia, dijo que AngloGold Ashanti no les ha permitido el paso en el proyecto minero Quebradona para una visita en los predios.

Según Jaramillo, esto se trata de una vulneración a los derechos humanos para una Veeduría constituida legalmente. “Desde el 9 de agosto anunciamos una visita a los predios donde están las actividades para su proyecto de infraestructura de explotación minera en Jericó. Desde el anuncio, la empresa se ha negado solicitando postergaciones”.

Debido a la renuencia de la minera, los miembros de la Veeduría creen que existen irregularidades por parte de la empresa.

La Veeduría está compuesta por cerca de 80 personas que en su mayoría son campesinos de la región. De hecho, para la visita nuevamente programada para este 21 de agosto, explicaron que 30 de ellos estarán allí; y temen porque se habla de que podrían encontrarse con una barrera de la Fuerza Pública.

Por su parte, AngloGold explicó que “Minera de Cobre Quebradona en coordinación con la Personería municipal, propuso a la Veeduría Ciudadana John Jairo Arcila, como fecha alterna a la inicial, el lunes 24 de agosto para efectuar la visita. En caso de que ninguna de las dos opciones funcione, la minera manifestó la disponibilidad para coordinar conjuntamente una nueva fecha posterior al 25 del presente mes”.

La empresa minera se apoya en que la Ley 850 de 2003, que reglamenta el funcionamiento de las veedurías ciudadanas dice que uno de los principios fundamentales para su funcionamiento es la coordinación entre las partes. “Adicionalmente, la actual emergencia sanitaria por covid-19 requiere por parte de la compañía de protocolos que permitan garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad ante cualquier visita”.
Fuente: La República

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