Ecuador

Los páramos saltan de alegría

CONCEJO CANTONAL DE CUENCA LE DICE «SÍ» A LA CONSULTA POPULAR
Ayer fue un día histórico para la Cuenca de los páramos y los ríos. En una sesión que duró alrededor de seis horas, el Concejo Cantonal aprobó el proyecto de Consulta Popular sobre la prohibición de la explotación minera metálica en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay.

La aprobación fue unánime, puesto que 15 de los 16 integrantes del Cuerpo Edilicio, con el alcalde, Pedro Palacios Ullauri, votaron a favor de la Consulta, y el único voto en blanco de la jornada, correspondiente al concejal Iván Abril, se sumó a la mayoría.
CONOZCA LAS CINCO PREGUNTAS DE LA CONSULTA
Ocupando la silla vacía estuvieron los voceros del Cabildo por el Agua de Cuenca, el Foro Autónomo por el Bicentenario de Cuenca y Yasunidos Guapondelig, Carlos Castro, Enrique Serrano y Kléver Calle, respectivamente, así como el representante de la Cámara de Minería del Azuay, Marcelo Guerra.

El Cuerpo Edilicio revisó y pulió el documento, que venía ya muy trabajado con los aportes de la Comisión de Ambiente, la Alcaldía y la Empresa Municipal de Agua Potable (ETAPA). Fue una minga por la democracia y la protección de nuestros páramos.

En sus intervenciones, los participantes resaltaron el carácter histórico de la decisión, que se suma a un proceso que nació hace veinte años en las comunidades indígenas y campesinas de Victoria del Portete, Tarqui y Molleturo.

Cuenca puede estar segura de que tenemos un proyecto de Consulta Popular firmemente fundamentado en la Constitución, el Código de la Democracia, la Ley de Participación, la Ley de Recursos Hídricos y la Ordenanza de Constitución de ETAPA, así como en la delimitación técnica de las zonas de recarga hídrica de los cinco ríos antes citados.

El próximo paso es la presentación del proyecto de Consulta en la Corte Constitucional, ya que, según el Art. 104 de la Constitución, a la Corte le corresponde emitir un dictamen de constitucionalidad. Se espera que el proyecto se presente en los próximos días.

Este último episodio de la defensa de los páramos de Cuenca, empezó el 22 de julio cuando el Cabildo por el Agua de Cuenca, al frente de 13 organizaciones sociales y campesinas, presentó el proyecto de Consulta Popular al Concejo Cantonal de Cuenca para su conocimiento y aprobación. Misión cumplida. Ahora toda nuestra atención debe ponerse sobre la Corte Constitucional.


MAPA DE LAS SUBCUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL CANTÓN CUENCA, SUS ZONAS DE RECARGA HÍDRICA (VERDE) Y LAS CONCESIONES MINERAS (PLOMO, AZUL Y ROJO).
CORREO: cabildoporelaguacuenca@gmail.com

Chile, Litio

Atacameños dan portazo a SQM: “No vamos a negociar, no se puede compensar el daño hecho en nuestras tierras”

Paula Huenchumil
Joaquín Riffo
26/08/202
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Fotografía: Nicolás de Camaret

Las comunidades del Salar de Atacama insisten en defender su reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental por un controvertido Plan de Cumplimiento de US $25 millones ofrecido por SQM tras una investigación que reveló que la empresa había sobreextraído salmuera del yacimiento. Pese a la presiones del gigante del litio, las comunidades afirman que no cederán ante su influencia y exigen que se revoque el permiso ambiental de la iniciativa.

El Salar de Atacama, ubicado en la Región de Antofagasta y habitado ancestralmente por comunidades indígenas del pueblo atacameño, continúa siendo un territorio en disputa, principalmente por el interés que generan sus recursos por parte del sector empresarial, siendo SQM la protagonista.

Tal como señala el sitio web de una de las productoras mundiales de litio, hoy cuentan con “acceso exclusivo a las mayores y mejores reservas del mundo de caliche y salmuera. Se dispone de las más extensas reservas de yodo y nitrato, y también de las más altas concentraciones de litio y potasio de las que se tenga registro”.

Uno de sus actuales proyectos -que ha levantado la resistencia de las comunidades atacameñas- está ubicado a 60 kilómetros al sur poniente de Toconao, a 38 kilómetros al poniente de Peine y a 100 km. al sur poniente de San Pedro de Atacama en la Región de Antofagasta. «Se trata de una iniciativa dedicada a la producción de cloruro de potasio, sulfato de potasio, ácido bórico y salmuera rica en litio en las instalaciones que SQM posee en el Salar de Atacama, la cual contempla aumentar la extracción de salmuera, incrementar la extracción de agua dulce en el borde del salar y aumentar el área de evaporación solar y acopio de sales de descarte en el núcleo”, según constata un fallo del Primer Tribunal Ambiental. de diciembre de 2019.

Dicho proyecto se vio envuelto en un procedimiento sancionatorio en noviembre de 2016, iniciado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a SQM, luego que la entidad ambiental detectara seis infracciones en dicha operación de la minera no metálica, principalmente, relacionado a la extracción de salmuera fresca por sobre lo autorizado. Finalmente, en enero del 2019, la SMA decidió aprobar el Programa de Cumplimiento (PDC) presentado por SQM Salar S.A, avaluadas en un monto que asciende a $17.205.184.000 millones, equivalente a USD 25 millones.

Ante la decisión de la SMA, las comunidades de Peine, Camar y el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), presentaron en febrero de 2019, ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, una reclamación contra la SMA por la aprobación del Programa de Cumplimiento presentado por SQM. Finalmente, el 26 de diciembre del mismo año, en un fallo unánime, el Tribunal Ambiental acogió la reclamación de las comunidades atacameñas por la aprobación de SQM para la extracción de litio en el salar.

Pese a la sentencia, en junio de 2020, el Primer Tribunal Ambiental ofició al órgano fiscalizador luego de una solicitud realizada por la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños. De ese modo, se acusó que la Superintendencia “no ha realizado la reapertura del procedimiento sancionatorio por las infracciones medioambientales cometidas por la empresa”. Además, la organización aseguró que la empresa mantiene su comportamiento.

Así, la SMA no sólo siguió con una actitud pasiva frente a la situación, además defendió el plan ambiental de la minera SQM, e incluso apeló a la Corte Suprema. Sin embargo, el caso tuvo un nuevo revés y el 11 de agosto la SMA presentó un documento desistiendo de los recursos de casación en la forma y fondo que había presentado en enero en Suprema contra la sentencia dictada por el Tribunal Ambiental. Es decir, la SMA realizará un nuevo estudio del plan de cumplimiento de SQM y las comunidades han señalado que presionarán para que se revoque el permiso ambiental y se cierren las operaciones de la empresa.

El modus operandi de SQM

“SQM siempre ha intentado buscar arreglos o negociaciones con las comunidades y entiendo que tienen algunas iniciativas. En ese sentido, nosotros como consejo no podemos intervenir, cada comunidad es autónoma de poder resolver los conflictos que tienen con esta empresa. Nosotros vamos a respetar y obviamente que no necesariamente compartimos la decisión y al menos nosotros como Consejo de Pueblos vamos a continuar con nuestro proceso y vamos a llegar hasta el final”, dice a INTERFERENCIA Sergio Cubillos, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA).

Al consultarle si SQM los ha intentado presionar, indica “por supuesto”. “Siempre están ofreciendo poder llegar a acuerdo, terminar en algún convenio o negociación, pero nosotros como Consejo de Pueblos Atacameños, mantenemos lo que han dicho nuestras bases, las asambleas, y es que no hay posibilidad de aquello”.

Respecto al proceso sancionatorio que está abierto, Cubillos sostiene que esperan que “de una vez por todas esta empresa pueda tener las sanciones correspondientes, debido a que ha cometido daños invaluables e importantes”.

“Ellos deberían presentar un plan de cumplimiento y nosotros vamos a exigir que haya Consulta Indígena, y también vamos a exigir que haya una revocación de la resolución de la calificación ambiental de la empresa”, añade el representante del Consejo de Pueblos Atacameños.

En la misma línea, Amanda Barrera, presidente de la comunidad atacameña de Peine, indicó a INTERFERENCIA que “no vamos a negociar con SQM, no hay manera que se pueda compensar en el daño hecho en nuestras tierras y nuestras aguas. Nuestra postura es clara, y creemos que nunca va a existir un compromiso real de la empresa por los daños que han causado”.

En esa línea, Barrera dijo que “SQM siempre trata de meterse a escondidas a las comunidades, de buscar otras instituciones dentro de las comunidades a quien ofrecer financiamientos a proyectos que son muy chicos, para ellos no es nada económicamente”.

El viernes 21 de agosto, La Tercera publicó $1.700 millones por la paz en el Salar de Atacama: SQM llega a acuerdo con comunidad indígena en proceso por uso de agua. Un artículo que ha sido criticado por algunas de las comunidades afectadas, por lo que informaron que durante esta jornada publicarán un comunicado desmintiendo al medio del empresario Álvaro Saieh.

Sobre la misma publicación de La Tercera, una fuente cercana al tema, indica que la noticia, menciona que “Toconao llegó a acuerdo con SQM, pero lo que no dicen es que fue en el marco de la transferencia de un campamento que fue construido por SQM en los años 90’ encima de un cementerio indígena, un sitio arqueólogo, se dice que llegó a acuerdo, pero no se dice que es en el marco de una devolución. Además, dicen que el acuerdo entre la comunidad de Peine y SQM es inminente y no hay ninguna relación”.

Además, comenta que las presiones de la empresa a las comunidades, son “parte de una cultura organizacional que hay en SQM, una sensación que son intocables, que pueden hacer lo que quieran, como si siguiéramos en los 80”.

Cabe recordar que durante 28 años, SQM estuvo liderada por Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, quien dejó la presidencia de Soquimich en 2015, tras el conocido caso del financiamiento irregular y las boletas ideológicamente falsas entregadas a la minera no metálica por parte de diversos personeros políticos.

En agosto, la Comunidad Indígena Atacameña de Camar y SQM Salar S.A. suscribieron un convenio extrajudicial que deja a la agrupación fuera del proceso judicial que las comunidades indígenas iniciaron en diciembre de 2019 contra la empresa productora de litio por el uso de agua e impacto de las operaciones en la zona.

Ante las acusaciones sobre estos eventuales actos de cooptación desde SQM a las comunidades, desde la empresa señalaron a nuestro medio que “esto no corresponde a la realidad. Sí podemos asegurar que este tipo de acuerdos establecen un diálogo de respeto recíproco entre la empresa y las comunidades que esperamos que se consolide en el tiempo. Nuestro esfuerzo es lograr una operación que esté cada vez en mayor armonía con nuestro entorno y nuestros vecinos”.

Consultados por INTERFERENCIA respecto a las acusaciones que apuntan a que SQM está realizando el procedimiento sin realizar una consulta indígena “previa, libre e informada”, desde la empresa señalaron que “respecto de la Consulta Indígena, le corresponde al Estado determinar su procedencia, a través de sus órganos competentes. Entendemos que en el caso de los procesos de sanción no corresponde y así lo ha confirmado el Tribunal Ambiental. Nosotros acatamos las decisiones que tome la autoridad en este ámbito”.

“Sin perjuicio de lo anterior, SQM ha mantenido una constante comunicación con las comunidades vecinas, nos importa su opinión y entender sus preocupaciones. En este sentido, el convenio suscrito con Camar entrega a la comunidad incluso mejores herramientas y mecanismos que el mismo proceso de consulta indígena. Asimismo, como empresa, estamos disponibles para efectuar todas las mejoras que sean requeridas a nuestro Plan de Cumplimiento de acuerdo con lo establecido por la SMA y el Primer Tribunal Ambiental”, aseguraron.

En relación a su acuerdo con Camar, la empresa afirmó que “el convenio suscrito entre la Comunidad de Camar y SQM incluye concesiones recíprocas, incluida instancias de diálogo, trabajo conjunto y resolución de conflictos, además de medidas concretas. Esto, permite desarrollar una nueva forma de relacionamiento que, desde el reconocimiento, el respeto mutuo, la buena fe entre las partes y en una relación de paridad, se hace cargo directamente de las preocupaciones y percepciones de la comunidad al establecer instancias permanentes de diálogo de igual a igual. Este acuerdo representa un estándar a considerar para futuros acuerdos con comunidades indígenas del Salar de Atacama”.

Rectificación: Este artículo ha sido modificado el miércoles 26 de agosto a las 13:32 hrs en su frase «Luego, en 2018, volvió a SQM contratado como asesor estratégico», respecto al rol del señor Julio Ponce Lerou en SQM. Según indicó la empresa a INTERFERENCIA, «esta asesoría no se concretó. No existe el retorno a la compañía que se menciona», por lo cual la frase fue retirada.

https://interferencia.cl/articulos/atacamenos-dan-portazo-sqm-no-vamos-negociar-no-se-puede-compensar-el-dano-hecho-en

Honduras

Guardia de compañía minera arrebata y rompe Bandera de Honduras, todo quedó registrado en video

Damaris Torres
01/09/2020
La acción del ciudadano hondureño es considerada traición a la patria.
Guardia de compañía minera arrebata y rompe Bandera de Honduras, todo quedó registrado en video
En el marco del Día de la Bandera Nacional, un guardia de seguridad privada de minería, la rompió a cuchilladas, en la aldea El Mochito en Las Vegas, Santa Bárbara, Occidente de Honduras.

El hecho se suscitó el 1 de septiembre, fecha en que se marca el inicio de las celebraciones patrias en Honduras.

Según información del corresponsal de HRN, Eduardo Cano, todo comenzó debido a una toma de calle en el sector en mención, el guardia de seguridad reaccionó molestó por la acción que ejecutaban los protestantes.

Ante el calor de la discusión, uno de los guardias de la seguridad le arrebató la Bandera a uno de los manifestantes y la rompió.

La acción del ciudadano hondureño es considerada como traición a la patria. Hasta el momento se desconoce el motivo de la protesta de los habitantes del sector de Las Vegas.
https://www.radiohrn.hn/guardia-de-compania-minera-arrebata-y-rompe-bandera-de-honduras-todo-quedo-registrado-en-video

Colombia

Presentan demanda contra proyecto minero cerca del páramo de Santurbán

El Comité para la Defensa del páramo de Santurbán pide frenar proceso de licenciamiento ambiental.
Este es el túnel Emboque, de 150 metros de profundidad, por donde se ingresaría para extraer minerales en el proyecto minero.
Foto: Jaime Moreno
02/09/2020
El Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán, presentó una demanda contra el Ministerio de Ambiente, la Nación, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga ( CDMB) y la Sociedad Minera de Santander (Minesa).

Hernan Morantes, del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán, aseguró que esta demanda de acción popular es para garantizar «la protección de los derechos colectivos al ambiente sano y al agua y en consecuencia se demanda al Gobierno Nacional y a la empresa Minesa».

Lo que pretenden con esta acción es que «cesen inmediatamente cualquier actividad de megaminería en el bosque alto andino del páramo de Santurbán y que no pueda realizar actividad minera ya que en etapa de exploración ya hay daños a los recursos hídricos», dice Morantes.

Actualmente la empresa Minesa espera que se curse el trámite de licencia ambiental en la Anla para poder iniciar con el proyecto con el que esperan extraer nueve millones de onzas de oro de zona aledaña al páramo de Santurbán.

Desde la multinacional minera indicaron que no conocen el texto de la demanda que fue instaurada este miércoles dos de septiembre ante el Tribunal de Santander y enfatizaron que, «en este momento el proyecto se encuentra en trámite de licencia, no hay actividades operativas aún cuando se inicie como lo evidencia el estudio no hay afectación al páramo», indicó un vocero de la entidad.
https://www.eltiempo.com/colombia/santander/paramo-de-santurban-ambientalistas-presentan-demanda-contra-a-explotacion-en-el-paramo-en-santander-535506

Chile, Internacional, Litio

Pérdidas de Tianqi llegan a US$ 100 millones

2/9/2020
Los efectos de la pandemia se reflejaron en los resultados de la firma.
La firma china Tianqi Lithium, uno de los principales accionistas de SQM, reportó una fuerte pérdida semestral, debido a los efectos de la pandemia en los precios de los productos básicos usados en las baterías de autos eléctricos.

La firma asiática, que tiene pendiente el pago de un crédito por US$ 3.500 millones, que permitió la compra de las acciones de la minera chilena, dio a conocer en una presentación a la Bolsa de Valores de Shenzhen que tuvo una pérdida neta de 696 millones de yuanes (US$ 101 millones) durante el primer semestre.

El resultado estuvo en el rango inferior de lo esperado e implica una pérdida de 196 millones de yuanes en el segundo trimestre, menor que los, aproximadamente, 500 millones de yuanes que Tianqi perdió en enero-marzo.

Desde la firma señalaron que los volúmenes y precios de venta de los productos químicos de litio, así como el precio de venta del concentrado de litio, “disminuyeron significativamente en comparación con el mismo período del año anterior”.

Esto se sumó a una baja del desempeño de SQM, que condujo a menores ingresos por inversiones, agregó la minera.
Fuente: El Mercurio

Pérdidas de Tianqi llegan a US$ 100 millones

Argentina

HACER MINERÍA DE ESPALDAS A LOS PUEBLOS

31/08/2020
La Secretaría de Minería de Nación busca acuerdos para armar un plan de desarrollo para el sector y desde CAEM celebran que se debata “cómo hacer una mejor minería y no cómo prohibirla”. En los encuentros realizados no participó el Ministerio de Ambiente.
Fuente: La opinión austral
La Secretaría de Minería realizó la segunda reunión de la llamada “mesa facilitadora” para la construcción del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero. Es una convocatoria de unas 25 personas del sector empresario, gremial y sindical, académicos de diversas disciplinas, y también representantes de las provincias mineras y de otras áreas del Gobierno Nacional. De los actores invitados, sólo hubo una ausencia en ambos encuentros y fue la del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. Tampoco asistió en su lugar ningún representante de su Cartera.

Para el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) , Alberto Carlocchia, lo esencial de las reuniones que organizó la autoridad minera nacional “es que se está haciendo algo que no se hizo nunca; es un ámbito donde podemos discutir cómo hacer minería de una mejor manera y no cómo prohibirla”. En este punto hizo específica referencia a la oposición en Chubut: “… la gente que reclama que no quiere que la actividad se desarrolle en Chubut lo hace desde la comodidad, nadie se sienta a discutir cómo hacer algo de la mejor manera posible para que otra gente también esté cómoda”, señaló el directivo de la entidad empresaria a Santa Cruz Produce. Una chicana bien conocida por el pueblo chubutense que claramente ha decidido que apoya las propuestas verdaderamente sustentables y que la megaminería no encaja en esa categoría.

En tanto, el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, indicó que la convocatoria de la Secretaría de Minería surge porque “el país necesita empezar indudablemente a trazar lineamientos estratégicos para el futuro inmediato con la posibilidad concreta de captar inversiones para el sector, porque si bien hoy está congelada la inversión en minería producto de la pandemia, hay que prepararse para lo que se viene”. Llamativa afirmación toda vez que la minería fue declarada actividad esencial a pesar de los pueblos.

El dirigente gremial planteó temas como “…la comunicación, la capacitación, la mano de obra local, los proveedores locales, el equitativo reparto de rentas entre Nación y las provincias, y la necesidad de una convocatoria al Consejo Federal Minero (COFEMIN), que son los dueños de los proyectos”

La Secretaría de Minería buscó abarcar el arco empresario con la invitación a directivos de empresas mineras como Gustavo Burgwardt, de Burgwardt Minera; Nicolás Bareta de Yamana Gold y Marcelo Álvarez de Barrick -además de Carlocchia como presidente de CAEM-, y a los inversores Carlos Miguens de Patagonia Gold y también a un representante del Grupo Irsa, muchas otras compañías con importantes proyectos en marcha en el país no fueron incluidas en la convocatoria y, por el momento, tampoco se han informado sobre los avances en el proceso.
Las exportaciones mineras se redujeron entre 2012 y 2019 un 36% bajando de USD 5.000 a 3.200 millones.

Hensel señaló a los referentes conectados: “Esta invitación no debe ser el plan de un gobierno ni el de una secretaría, sino el aporte de todos los sectores involucrados…”. Y agregó: “Debemos lograr una visión consensuada y articulada aún en los disensos para que de esta manera podamos determinar el rol que la minería debiera tener o le asignaremos en el desarrollo económico y social de nuestro país”. Una visión totalmente sesgada que pone en evidencia el ninguneo de los pueblos a los que condenan a la contaminación y la miseria con estos proyectos.

De acuerdo con un documento de la Secretaría que comanda Hensel, la Cartera de proyectos mineros del país llega a los 329, con una inversión total de hasta USD 30.000 millones, creación de 100.000 puestos de trabajo y exportaciones por casi USD 11.000 millones anuales.

Sin embargo, el Gobierno Nacional reconoce que Argentina no es un destino prioritario para la inversión minera. Entre 2012 y 2019, sólo dos nuevas operaciones entraron en producción: Cerro Moro y Don Nicolás, ambas ubicadas en Santa Cruz. Y en la actualidad no existen proyectos a gran escala en construcción. En este período las exportaciones mineras bajaron de USD 5.000 millones a 3.200 millones, lo que representó una reducción de un 36%.

Presentaron el proyecto “Compañía Argentina de Minerales”

Por su parte, en una reunión virtual de la comisión de minería del Partido Justicialista, su presidente, José Luis Gioja, apoyó la idea de la creación de una empresa minera nacional, una iniciativa que dirigentes partidarios y funcionarios del gobierno están evaluando según informa Econo Journal. Hasta el momento, el diputado y ex gobernador de San Juan nunca se había pronunciado públicamente sobre este tema. Lo hizo en un seminario virtual de la comisión de minería del PJ, donde también se presentó la Compañía Argentina de Minerales S.A., uno de los proyectos que está en evaluación.

En concreto, Gioja señaló: “me suena muy bien cuando se habla de una empresa nacional minera porque así como la industria petrolera tiene una empresa estatal de bandera como es YPF, la minería, que va a tener la misma o más importancia que el sector petrolero, tendría que tener una empresa nacional”.

Compañía Argentina de Minerales

Favio Casarin presentó ayer en el seminario virtual el proyecto para la creación de la Compañía Argentina de Minerales Sociedad Anónima. Prevé una empresa con el 51% de las acciones en manos del estado (26% Estado Nacional y 25% provincias) y un 49% en manos privada. “Van a ser acciones muy atractivas en el mercado de capitales”, indicó. La parte privada podría estar determinada por topes y en distintas clases de acciones, explicó. Luego, remarcó que “esta empresa va a ser un actor más en el mundo minero y de ninguna manera va a suplantar a las empresas mineras provinciales. El proyecto va a respetar el derecho que tienen sobre los recursos”. “La idea es acelerar tiempos de los proyectos mineros, porque tenemos en algunos casos 10 años de postergación”, agregó. “La compañía no sería estatal, porque sería público – privada”, remarcó el geólogo Casarin.

El proyecto prevé “una parte del financiamiento por parte del Estado Nacional a partir de un aporte de capital surgido de un porcentaje a las retenciones de las exportaciones mineras”. Las provincias «podrían aportar capital o con proyectos o con otro tipo de acciones”.

Lo objetivos de la Compañía Argentina de Minerales son:

-Impulsar el desarrollo minero de manera federal y estratégica.

-Garantizar el derecho de las provincias como dueñas de los recursos y la seguridad jurídica del inversor.

-Crear una herramienta que promueva una sinergia entre el capital privado y el sector público nacional y provincial.

-Auspiciar contratos asociativos con las provincias y capitales privados para desarrollos mineros estratégicos.

-Dar comienzo a un proceso de inversión en investigación y desarrollo sobre aquellos minerales, o conjunto de ellos, que sirvan como insumo de alguna de las cadenas de valor para el desarrollo industrial.

-Garantizar un desarrollo sustentable de los proyectos, con participación de las comunidades y aceptación de la sociedad.

HACER MINERÍA DE ESPALDAS A LOS PUEBLOS

 

Colombia

Colombia: Polémica en Jericó involucra a la minera AngloGold Ashanti

31/08/2020
AngloGold Ashanti apuesta por la mina de cobre Quebradona en el municipio de Jericó, Antioquia, pero una serie de denuncias sobre algunos acuerdos que firmó la empresa con la administración del municipio ha generado polémica.

En varios documentos se detalla que en el segundo periodo de la alcaldía de David Alonso Toro (2012-2015) se hicieron convenios de cooperación y se ejecutó una adición presupuestal con recursos de la minera.

Se trata de una denuncia en la que se detallan hechos concretos sobre los aportes y convenios que realizó Toro, hoy, de nuevo, alcalde del municipio, con la minera. En los documentos se advierte, en primer lugar, que en la segunda administración del actual mandatario se dio una adición presupuestal con recursos de la compañía, que aún pide la licencia ambiental de Quebradona.

En el decreto 012 del 7 de enero de 2015 del municipio, se argumenta a grandes rasgos que “se necesita y requiere adecuar el presupuesto municipal, de acuerdo a las necesidades del municipio y para poder llevar a cabo su programa de gobierno”. Y que, por ello, además, “se hace necesario incorporar recursos de la entidad privada” (sin hacer mención a cual empresa se refiere).

Según el medio La República de Colombia, la adición no fue discutida ni informada al concejo municipal de la época. Además, hay documentos adicionales en los que se establece que en esa segunda administración (2012-2015) se firmaron convenios de cooperación con AngloGold.

Estos acuerdos se hicieron año tras y se concretó un total de 1.600 millones de pesos (USD 427.776) aportados por la minera (un monto que casi duplicó el presupuesto municipal).

Ante esta polémica, David Alonso Toro sostuvo: “Sí, claro, hubo convenios. Yo nunca los he negado. He dicho que lo hice consciente para favorecer a la comunidad en el tema de transporte escolar, mejoramiento de las vías rurales, mejoramiento en cultura y deporte. Y ayudaron en la construcción del centro de bienestar del adulto mayor. Esos recursos eran de inversión social para invertirlos en toda la comunidad. Siempre ha sido así”.

El Alcalde destacó que cualquier convenio que ha hecho “no ha sido para favorecer a la empresa”. Reiteró, incluso, que ha sido para favorecer a la comunidad.

La Procuraduría General de la Nación confirmó que ya se “empezó una investigación que sigue en curso, pero no se han dictado conclusiones”.

Cabe destacar que la Licencia ambiental de Quebradona se definirá antes de marzo de 2021. En este momento, AngloGold adelanta el trámite de licenciamiento ambiental de Quebradona ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Ya se sumaron terceros intervinientes al proceso, por lo que a partir de ahora vienen unas audiencias para continuar escuchando a todos los actores que están en el territorio.

A partir de este proceso, y tras surtir todos los diálogos y las mesas técnicas, se prevé que a más tardar en el primer trimestre de 2021 se defina la licencia ambiental, según se confirmó desde la Anla. Pues, es de resaltar que el Gobierno ha dicho que esa mina es estratégica para la reactivación del país.
Fuente: La República
https://www.mineria-pa.com/noticias/colombia-polemica-en-jerico-involucra-a-la-minera-anglogold-ashanti/

Chile

Suprema mantuvo fallo que ordenó reabrir evaluación ambiental de Mina Javiera en Chile Chico

El máximo tribunal declaró inadmisible las casaciones en la forma y rechazó las casaciones en el fondo presentadas por el SEA y la titular del proyecto.
2/9/2020
Minería Chilena
La Tercera Sala de la Corte Suprema declaró inadmisible los recursos de casación en la forma y rechazó los recursos de casación en el fondo presentados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la empresa Compañía Minera Cerro Bayo Limitada, en contra de la sentencia del Tribunal Ambiental de Valdivia que en enero pasado acogió la reclamación de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén y Otros, contra la resolución que aprobó el proyecto “Almacenamiento de agua interior Mina Javiera en Laguna Salitrosa”, en Chile Chico.
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Respecto de las casaciones en la forma, la sentencia del máximo tribunal declaró inadmisible el recurso respecto de que el Tribunal Ambiental de Valdivia consideró alegaciones que no formaron parte de la solicitud de invalidación ante la autoridad administrativa, como lo plantearon ambos recurrentes.

La sentencia de la Corte Suprema también declaró inadmisible la alegación sobre la supuesta infracción manifiesta a las reglas de la sana crítica en la que habría incurrido el Tribunal Ambiental de Valdivia.

De esta forma, se mantiene el fallo del Tribunal Ambiental de Valdivia que en enero pasado anuló la resolución del SEA que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto y se mantiene también la orden de retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto al momento previo a la elaboración del Informe Complementario de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA).

Suprema mantuvo fallo que ordenó reabrir evaluación ambiental de Mina Javiera en Chile Chico

Venezuela

Bolívar contabiliza 77 desapariciones en zonas mineras desde 2012

Por Jhoalys Siverio @jhoalys
31/08/2020
De acuerdo con la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, 13 mujeres y 64 hombres desaparecieron en zonas mineras del sur de Bolívar entre 2012 y agosto de 2020.

Puerto Ordaz. Las zonas mineras del sur de Bolívar significan para muchos una opción de rebusque económico. Sin embargo, para otros significó la muerte o su desaparición física. La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) y un colectivo de periodistas independientes en alianza con La Vida de Nos contabilizan al menos 77 desaparecidos desde 2012 hasta el 15 de agosto de 2020.

La investigación señala que de esas 77 personas (13 mujeres y 64 hombres) la mitad continúa desaparecida. 39 % de las víctimas tienen edades comprendidas entre los 20 y los 30 años de edad.

El municipio Sifontes acumula 43 % de las desapariciones en las zonas mineras, correspondiente a mineros o comerciantes.

“Esta cifra convierte a esta jurisdicción, de acuerdo con los datos recabados, en el epicentro de las desapariciones en el sur de Bolívar. En este municipio no solo se documentó la presencia de grupos armados que actúan con complicidad estatal. También la incursión de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), denuncia que ha sido negada por autoridades militares”, recuerda la ONG Codehciu.

Las desapariciones forzadas se profundizaron en 2016 con la creación del Arco Minero del Orinoco. De acuerdo con el informe de Codehciu y La Vida de Nos, 74 % de las víctimas desaparecieron entre 2018 y los primeros ocho meses de 2020.

“Los familiares de las víctimas coinciden en la ausencia de protocolos de búsqueda básicos por parte de las autoridades. La madre de Lisandro Murillo, un minero desaparecido en 2015 en la mina Cicapra, en el municipio Roscio, en el sur de Bolívar, asegura que su denuncia ante el Cicpc fue infructuosa”, revela la investigación.

Día Internacional
El monitoreo de desapariciones en el sur de Venezuela se inició en 2019 como parte de la investigación Fosas del Silencio. Este mes se amplía a la plataforma Indelebles. Se trata de un proyecto de periodistas en alianza con Codehciu para visibilizar el fenómeno de desapariciones en el sur de Venezuela.

a publicación de la investigación coincidió con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esta fecha la declaró la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 30 de agosto de 2011.

“Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes”, indica la ONU.
https://cronica.uno/bolivar-contabiliza-77-desapariciones-en-zonas-mineras-desde-2012/

Argentina

LA PAMPA RECHAZA LA MINERÍA EN MENDOZA

NOALAMINA
20/08/2020, La Pampa
La Pampa rechaza la minería en Mendoza
RECHAZO DE LA PAMPA A PROYECTOS MINEROS EN MENDOZA
El secretario de Recursos Hídricos de la provincia La Pampa, Néstor Lastiri, afirmó: “En tanto y en cuanto afecten al río decimos que no aceptaremos la afectación de la calidad del agua” al ser consultado sobre los proyectos mineros “Hierro Indio” y “Cerro Amarillo” en la provincia de Mendoza.

Ambas iniciativas están en jurisdicción de la ciudad de Malargüe. “Hierro Indio”, dedicado a la extracción de hierro. El otro es “Cerro Amarillo” una mina de cobre que estuvo en etapa exploratoria.

El rechazo lo hemos planteado varias veces de diciembre de 2017 hasta ahora en el marco de la CIAI (Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior).

“En el próximo organismo de cuenca que se tiene que crear tras el fallo de la Corte Suprema que obliga a garantizar un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo, también lo vamos a plantear”, adelantó Lastiri.

“Nos oponemos tanto al proyecto minero como a la extracción de petróleo si se afecta la calidad del agua del río”, resaltó.

Esta semana se conoció que el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, tiene la intención de avanzar con un proyecto de ley para que en su departamento se permita desarrollar la minería metalífera.

El mecanismo que planteará el departamento sureño para reabrir el debate -prácticamente clausurado en Mendoza desde hace ocho meses, cuando fracasó estrepitosamente el intento del gobernador Rodolfo Suarez para modificar la Ley 7722- será precisamente pedir una excepción a esta norma.

“Vamos a generar la iniciativa y las consultas necesarias para poder modificarlo, pero básicamente siempre vamos a hablar de cuidar la cuenca del río Atuel para que los vecinos de General Alvear y San Rafael no tengan miedo y así nos dejen hacer minería”, declaró el intendente.

Además, insistió en que “hoy la historia nos ha demostrado que siempre vamos un paso detrás. Malargüe no quiere vivir de los subsidios, Malargüe quiere producir y vivir del trabajo genuino”.

Eso mismo dijo Ojeda ante los vecinos de Malargüe, hacia finales de julio, cuando el proyecto comenzó a tomar forma. Según el intendente hay 70 proyectos de exploración con buenas posibilidades de concretarse sólo en el 2% del territorio, con foco en minerales de primera categoría como el oro, la plata y el cobre.

En 2019, el Gobierno mendocino intentó modificar la ley 7722, pero tuvo que dar marcha atrás por las fuertes movilizaciones y el rechazo popular generalizado por los daños ambientales que provoca la explotación minera.
Fuente: El diario de La Pampa

La Pampa rechaza la minería en Mendoza