Vanessa Azócar
La Tercera La Tercera
El viernes por la tarde, el Consejo de Pueblos Atacameños convocó a una reunión extraordinaria. El punto crítico de la tabla era el convenio extrajudicial firmado por la comunidad de Camar con SQM Salar por un monto total de $1.700 millones que La Tercera PM dio a conocer ese mismo día.

A través del acuerdo extrajudicial con SQM, Camar desistió del proceso judicial que junto a las comunidades indígenas inició contra la empresa productora de litio por el uso de agua e impacto de las operaciones en la zona. En febrero de 2019, Camar, la comunidad de Peine y el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), habían presentado una reclamación ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta contra la Superintendencia de Medio Ambiente por la aprobación del Programa de Cumplimiento (PdC) presentado por SQM en enero de 2019 por un costo de US $25 millones.

A la reunión convocada el viernes por el Consejo de Pueblos Atacameños, llegaron 17 comunidades aledañas al Salar de Atacama. Solo faltó Camar, cuya decisión fue ampliamente cuestionada por el avenimiento a la empresa que, a juicio de las agrupaciones, contradice un acuerdo expreso de no tener acercamientos con la firma.

“Debemos afirmar nuestros principios de unidad frente a la división, la lealtad a la desidia y no caer en el juego que tiene la empresa SQM, quien está realizando sus estrategias, ya que son los únicos que se sienten amenazados con el proceso sancionador”, dice el comunicado interno emitido ese días por las comunidades.

En la cita, las comunidades reafirmaron que la decisión de Camar no incidirá en el proceso judicial contra la empresa. Un compromiso que la comunidad de Peine reafirmó al asegurar que no tendrá acercamiento ni llegará a acuerdos con SMQ.

Sergio Cubillos, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños añade que la intención de las comunidades, de hecho, es continuar además un proceso contra el Estado de Chile en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Hemos respetado lo que la comunidad de Camar ha realizado, obviamente, que ese acuerdo tiene que ver con procesos que se vienen dando desde hace muchísimo tiempo y que son afectaciones que la empresa ha hecho a lo largo de la historia con la comunidad. Esto, obviamente, no va a impedir en ningún caso que la Comunidad de Peine y el Consejo de Pueblos Atacameños continúen en el proceso sancionatorio contra SQM y también la demanda internacional que hay contra el Estado por la firma del contrato entre Corfo y esta misma empresa”, asegura el dirigente.

Cubillos dice que las comunidades están decididas a llevar el caso a la CIDH para lo cual son asistidos por el abogado Jaime Madariaga. “Por la pandemia, lamentablemente, no pudimos participar en las instancias. Unas eran aquí, las otras eran en Washington y Colombia. No se pudo, pero estamos pidiendo audiencia con la CIDH para presentarles el caso”, explica.

“Peine no negociará”

Amanda Barrera, presidenta de la Comunidad de Peine, dice que el acuerdo entre Camar y SQM distancia entre sí a las comunidades.

“Sentimos afectadas las relaciones entre los comuneros. Obviamente que el desconocimiento del acuerdo entre Camar con SQM y el desestimiento nos afecta porque todos formamos el Consejo de Pueblos Atacameños. Teníamos una decisión de no negociar con SQM”, afirma la dirigenta.

Barrera reafirma que Peine no se acercará a SQM. “Nosotros como directorio de Peine seguimos el mandato de la asamblea y no vamos a negociar. Vamos a continuar con la defensa del territorio. Ni siquiera sentarnos a conversar. Pretendemos que el proceso sancionatorio siga adelante porque el daño en el Salar es evidente”, insiste.

Toconao: “Las comunidades de Lickanantay no se venden”

Las comunidades de Toconao y Talabre aseguran, a su vez, que no existen acercamientos a la empresa posteriores al acuerdo adoptado en conjunto con el resto de las comunidades del Consejo de Pueblos Atacameños.

Así lo recalca Cristian Varela, representante de la comunidad de Toconao. “Las comunidades de Lickanantay no se venden y no han negociado en ningún momento el tema medio ambiental, tampoco sus derechos de agua. Los acuerdos anteriores a los que han llegado algunas comunidades están dentro del marco de la reparación por la intervención y el daño histórico que han producido estas empresas extractivistas al interior del Salar de Atacama”, asegura.

Varela añade que “seguiremos adelante con el proceso sancionatorio. Hay un claro compromiso de las comunidades de Lickanantay del borde sur, y en especial de Toconao, con el medio ambiente y con los valores de identidad de nuestros ancestros”.

Talabre: “No nos bajamos del proceso sancionatorio”

En la misma se pronuncia Eliza Soza, presidenta de la comunidad de Talabre, quien reafirma que no se bajarán del proceso sancionatorio contra la empresa y sostiene que el acercamiento de la firma a la comunidad es previo y no tiene relación al proceso judicial reciente.

“Hace muchos años, SQM viene trabajando con la comunidad en agricultura, ganadería y pequeños proyectos. Hay un relacionamiento con la comunidad anterior y esto siempre ha estado en conocimiento de la Comunidad de Pueblos Atacameños. Eso no significa que perdamos nuestra autonomía y nuestro derecho a reclamar por nuestro territorio a la empresa. Eso es intransable. En ningún momento vamos a dejar de reclamar a la empresa por nuestra afectación al medio ambiente. No nos bajamos del proceso sancionatorio y la empresa está al tanto de eso”, asegura.

FRANCISCA VALENCIA
12/08/2020
Fuente: Chile Sustentable
La Corte Suprema fijó alegatos para el 13 de agosto, en la causa que involucra a las comunidades indígenas atacameñas contra la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y SQM Salar S.A, por las infracciones e incumplimientos ambientales realizados por la empresa desde 2013. La sentencia del máximo tribunal podría obligar a la SMA a retomar el proceso sancionatorio en cumplimiento de la orden dada por el Tribunal Ambiental de Antofagasta (TAA), sanciones que podrían imposibilitar, eventualmente, la continuidad de la empresa.

El litigio se remonta a 2016, cuando la SMA formuló cargos contra la empresa -presidida por aquel entonces por Julio Ponce Lerou- tras detectar 6 infracciones cometidas desde 2013, algunas de ellas leves, otras graves y una de carácter gravísima, relacionadas principalmente con la extracción de salmuera fresca por sobre lo autorizado (de la salmuera se extraen cloruro de potasio y carbonato de litio). Las infracciones habrían contribuido al desbalance hídrico del Salar de Atacama, asunto sobre el cual existen incertezas científicas que ameritaron la aplicación del principio precautorio por parte del TAA, y la prosecución del proceso sancionatorio.

Tras esto, SQM presentó cuatro programas de cumplimiento (PdC), siendo el último de ellos aprobado por la SMA en enero de 2019. Conforme al cual SQM debía ingresar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) respecto de algunas de las acciones que propuso, y suspendiendo el proceso sancionatorio. Los PdC son una salida alternativa que concede la SMA de manera legal a un infractor, que debe reconocer sus infracciones y proponer la forma en que estos efectos se eliminen o contengan y reduzcan; todo siempre, con el fin de evitar sanciones por parte de la SMA.

SQM propuso en su último plan reponer salmuera, monitoreos en línea y una serie de mitigaciones que involucran US$ 25 millones. La compañía arriesga multas que van desde los US$ 22 millones hasta la pérdida de su licencia para operar la explotación del salar, sanción que solicitan algunas comunidades del norte afectadas por la minera.

El salar de Atacama es de suma importancia para la empresa minera del litio. Según sus últimos estados financieros, en el primer semestre de este año SQM Salar facturó US$210 millones, más del 53% de los ingresos totales de la empresa a marzo de este año, según informa La Segunda.

Sin embargo, en diciembre de 2019 el Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió las reclamaciones de la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños y la Comunidad Indígena Atacameña de Cámar, en contra de la aprobación del cuarto PdC por parte de la SMA, ordenando su revocación.

Para revocar la medida del SMA, el Tribunal Ambiental de Antofagasta tuvo en consideración la especial condición de fragilidad que presentaba el Salar de Atacama, desde un punto de vista ecosistémico, y el elevado nivel de incerteza científica existente respecto de su comportamiento hidrodinámico, que los resultados de los informes de SQM tampoco pudieron comprobar de manera certera.

Con esta decisión la SMA quedaba obligada a retomar el proceso administrativo sancionatorio contra la empresa, la cual no solo tiene la obligación de volver al cumplimiento ambiental, sino que conjuntamente con ello, debe hacerse cargo adecuadamente de los efectos negativos provocados por las infracciones cometidas.

Sin embargo, la pugna no terminó con esta sentencia, ya que a finales de enero de este año la SMA junto a SQM Salar (en calidad de tercero coadyuvante), recurrieron en contra de la decisión tomada por el TAA, buscando revertir la sentencia en la Corte Suprema.

La tercera sala de la Corte Suprema, que ve el caso, está presidida por el Ministro Sergio Muñoz., quien es recordado, entre otras, por la sentencia de paralización de la central termoeléctrica Castilla. En la sala también efectuarán como juezas las ministras María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco y los abogados integrantes Álvaro Quintanilla y Pedro Pierry.

Un abogado conocedor del caso, que prefirió mantener en resguardo su identidad, en conversación con El Ciudadano, analiza los distintos escenarios del caso y explica el tipo de juicio que se está llevando: “En lo que se llama casación en el fondo, no se ven los hechos de la causa, no se ven los hechos de contaminación y daño, por ejemplo. Aquí se analiza solamente el derecho. Es decir, en este caso, la SMA estimó que el TAA no cumplió con la ley al revocar la resolución que aprobaba el programa de cumplimiento, y recurrió en contra de la sentencia para que la Corte Suprema la invalide por haberse pronunciado con infracción de ley, lo que habría influido substancialmente en lo dispositivo del fallo, y para que la reemplace por otra. Uno de los criterios de casación por ejemplo es la aplicación de la regla de la sana crítica, las reglas de las pruebas… Si se cumplió con la ley al ponderar las pruebas.”

Pese a que el proceso se encuentra abierto en la Corte Suprema, el 7 de julio de este año, el TAA, haciendo valer su autoridad, ordenó el cumplimiento de la sentencia para la SMA, en un plazo de 30 días.

Esto después de haber solicitado información respecto al acatamiento de su sentencia, y verificando que a esa fecha todavía no se había dictado un acto administrativo que aplique sanciones contra SQM por los incumplimientos ambientales. En su resolución, el TAA “ordena a la Superintendencia del Medio Ambiente para que en un plazo de 30 días proceda a emitir el acto administrativo correspondiente, bajo apercibimiento de remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República para los fines disciplinarios que correspondan”.

Con todo la futura decisión de la Corte Suprema podría poner fin a este proceso, planteando dos posibles panoramas para la minera. El primero es que se confirme la sentencia del TAA, y que la SMA tenga que continuar con el proceso sancionatorio en cotra de SQM, lo que involucra multas y hasta una eventual revocación del permiso que les permite operar, junto a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que le fue otorgada el 2006.

De ocurrir este caso podría aplicarse la cláusula 23 del convenio Corfo-SQM, un experto en la industria del litio señala que: “El convenio Corfo-SQM que se estableció hasta el 2030, le aumentó la cuota de extracción de litio a SQM y aumentó también la recaudación del Fisco. Pero, el convenio también dice que si SQM es condenado por infracción grave, por sentencia ejecutoriada, la empresa lo puede perder todo, las propiedades mineras, todo. Siempre que el Consejo de Defensa del Estado así lo exija, SQM tendría que devolverlo todo a la Corfo, sin derecho a indemnización alguna. Está en juego su licencia para operar y su existencia como empresa en sí.”

El abogado cercano al pleito continúa explicando: “de darse este caso la Superintendencia debe aplicar una pena, una sanción. Esa sanción puede ser apelada por SQM, o por las comunidades indígenas si consideran que es muy baja la pena. Podría darse un juicio que llegue a la Corte Suprema, sobre la entidad de las penas. Pero se requiere sentencia ejecutoriada firme para poder hacer operar la cláusula del convenio Corfo-SQM.”

Si se aplica la pena, finalmente, y se condena por infracción grave a la empresa extractora de litio, se abriría un nuevo proceso de negociación que debería involucrar a todas las partes afectadas: Estado, comunidades indígenas de la zona y SQM. “Para mí, por lo menos, ese es el escenario de negociación adecuado. Las comunidades van a estar en una mucho mejor posición para negociar, después del juicio que durante el juicio. Sobre todo si se logra que se condene a SQM”, expone el abogado.

El segundo panorama es que se revoque la sentencia del tribunal ambiental, pudiendo SQM continuar con el PdC aprobado en diciembre pasado por la SMA. Todo pareciera indicar que la minera pone sus esperanzas en este resultado, continuando, ahora bajo las “órdenes” de la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA, con “medidas provisionales” para la mitigación del daño, las mismas que fueron planteadas en su PdC.

Así desde hace un tiempo, SQM ha ejecutado medidas de reparación voluntarias por las infracciones, en el marco de lo planteado en su PdC. “¿Por qué? Porque si la Corte Suprema revoca la sentencia del TAA se consolidaría el PdC planteado por la empresa. Todo lo que ha hecho SQM hasta ahora, en el marco del programa de cumplimiento, va a ser validado. Entonces esa es la apuesta de SQM. Por eso han seguido cumpliendo con el PdC, incluyendo el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de cuatro acciones”, explica el abogado.

La empresa que hoy se encuentra en mitad de un proceso que podría ser definitorio para su continuidad, todavía estaba ingresando en junio de este año un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para modificar la RCA de 2006 que involucra “compensar la pérdida de vitalidad de ejemplares de algarrobo localizados en el área del pozo Cámar 2”, una de las infracciones corroboradas por la empresa.

“Hay muchas zonas grises, la causa va desde lo administrativo, desde lo regulatorio a lo judicial, desde un tribunal ambiental a la Corte Suprema, etc. Entonces hay espacio donde se puede ser creativo, aunque no mucho. Pero la Superintendencia está haciendo eso con su reacción frente a la implementación de la sentencia del Tribunal Ambiental”, explica el abogado.

“La industria extractiva del litio en Chile tiene procesos tecnológicos de los años 50 y 60. No ha evolucionado mucho. Y la gracia que tienen estos juicios es que precisamente pueden establecer la necesidad de que SQM cambie de modelo de explotación, completamente, por uno que sea más sustentable desde el punto de vista hidrogeológico del Salar de Atacama. Eso sería un logro, por supuesto”, analiza el experto respecto a la necesidad de modernización de la industria del litio en Chile.

Por ahora, solo queda esperar los alegatos del caso en la Corte Suprema mañana, 13 de agosto, si no se suspenden nuevamente, como sucedió el 30 de julio y 6 de agosto de este año. “Pero tampoco se descarta que una o más comunidades lleguen a un acuerdo económico con SQM y opten por no presentar a sus abogados para los alegatos”, concluye cauteloso el abogado frente a las distintas posibilidades. Por ahora solo resta esperar.