José De Echave
18 de setiembre de 2020
www.cooperaccion.org.pe
Imagen: Diario Gestión
En tiempos de pandemia, la Embajada de China ha decidido hacer incidencia en el gobierno peruano para destrabar proyectos mineros que empresas de ese país tienen en nuestro país. Durante un reciente evento virtual, el embajador chino señaló que su país espera contar con el apoyo del gobierno peruano para sacar adelante proyectos, principalmente de cobre, como Río Blanco (Piura), Galeno (Cajamarca) y Chinalco (Junín), que suman en conjunto US$7,300 millones.

Por supuesto, no todos los proyectos están en la misma situación y tienen la misma viabilidad. A continuación haremos un breve repaso de cada uno de los proyectos mencionados:

En el caso del proyecto de Toromocho, de propiedad de la empresa Chinalco, estamos hablando de la ampliación de una operación que está en marcha desde el año 2013. Sin embargo, lo que se conoce es que la ampliación se encuentra detenida por la sencilla razón que la empresa ha tenido que hacer una modificación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que con la inversión prevista se pretende aumentar la capacidad de la planta concentradora en un 30%. Es por eso que se requiere ampliar el EIA y no seguir el camino de elaborar sólo un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), como aparentemente pretendía la empresa. Por lo tanto, por más presiones que haga la Embajada de China, la modificación del EIA tendrá que ser evaluada por el SENACE y deberá seguir todos los pasos que exige la normativa peruana, incluido el mecanismo de participación ciudadana.
Hay que precisar que en el caso de Río Blanco, de propiedad de las empresas Zijing (45%), Tongling Non-FerrousMetalsGroup (35%) y Xiamen C&D Ltd. (20%), por el momento el proyecto no cuenta ni siquiera con Estudio de Impacto Ambiental presentado. Como se sabe, en este caso desde un primer momento la población de la zona, sobre todo en las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca, han mostrado una férrea oposición al desarrollo del proyecto minero, por el impacto que puede ocasionar en el ecosistema de páramos andinos de la zona. El año 2007 se desarrolló una consulta ciudadana que puso en evidencia la oposición mayoritaria de la población. Todo indica que, pese al tiempo transcurrido, esta situación no ha cambiado. Por lo tanto, como dicen las propias empresas mineras (incluidas las empresas chinas), un proyecto que no tiene licencia social es difícil que se puede llevar adelante.
Finalmente, está el caso del proyecto El Galeno que se ubica en la región Cajamarca (entre las provincias de Celendín y Cajamarca) y que tiene como operador a LuminaCopper (60% de China MinmetalsCopperLtda y 40% de Jiangxi Copper). Por el momento, este proyecto se encuentra en etapa muy inicial de prefactibilidad, lo que significa que la empresa viene realizando exploración y otros estudios complementarios. Incluso hace no mucho tiempo la empresa avisó al Ministerio de Energía y Minas que necesitaba más tiempo para seguir explorando. Queda claro que en este caso, la empresa se está tomando su tiempo y también ha reconocido que la geografía del lugar es complicada y además tiene que resolver problemas relacionados con el agua.
El peso de China en la minería peruana

En la actualidad China representa el 50% del consumo mundial de concentrados de cobre y el Perú es uno de los principales proveedores de cobre de China. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en medio del incremento de la producción de cobre en el Perú, las exportaciones de ese metal a China han aumentado y hoy en día es de lejos el principal destino.

Pero además, China se ha consolidado desde hace más de una década como uno de los principales inversionistas en la minería peruana (ver gráfico siguiente). Un primer momento de llegada de inversiones chinas ocurrió en la década del 90, con la compra de las operaciones de Hierro en Marcona, y posteriormente se ha recibido una segunda ola de inversiones desde mediados de la primera década del presente siglo, con operaciones como las de Chinalco en Toromocho, la compra de Las Bambas por Minmetals, varios proyectos de exploración, entre otros.

Al parecer, en estos tiempos, los representantes del Estado chino y sus propias empresas pretenden consolidar esta presencia con los proyectos mencionados y otros más, buscando de esta manera asegurarse la provisión de cobre y otros metales en un contexto de fuerte incertidumbre por los impactos de la pandemia en la economía global y un futuro inmediato que está marcado por una gran incertidumbre.

Paul E. Maquet
17 de setiembre de 2020
www.cooperaccion.org.pe
Imagen: Desde abajo
Hace unos días, el principal gremio empresarial del país, la CONFIEP, presentó sus propuestas para la reactivación económica. El documento, denominado “Agenda Reactivación 2020”, recae en las mismas y consabidas recetas que la CONFIEP levanta ante cada crisis: flexibilizar el trabajo, “destrabar” proyectos, invertir en infraestructura mediante asociaciones público-privadas, agilizar los procesos administrativos y ambientales de la minería, desinflar la consulta previa, masificar el gas y asegurar la continuidad de los contratos petroleros… ¡Hasta proponen promover la compra de vehículos!

Sorprende que el gremio que representa a la gran empresa moderna en el Perú siga sosteniendo ideas tan anticuadas. Estas ideas ya las ha promovido la CONFIEP en las crisis o fluctuaciones económicas del 2008-2009 y del 2013-2014. En contraste con ese vetusto recetario, en el mundo se debate al más alto nivel sobre una reactivación que al mismo tiempo impulse la transformación ecológica.

Veamos.

A nivel global, destaca el pronunciamiento de la “alianza por una economía verde e inclusiva”, un espacio que reúne a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, formada por 51 Estados de alto desarrollo), a diversas instituciones del sistema de Naciones Unidas y a agencias de cooperación al desarrollo de varios países. Esta alianza ha propuesto “10 opciones prioritarias para una recuperación justa, verde y transformadora”. En el documento, se expresa claramente que los estímulos fiscales y los paquetes de ayuda deben servir para “acelerar la transición hacia una economía justa y verde – no para socavarla”.

También señalan que los planes de recuperación deben “reconocer las conexiones entre la salud humana y ambiental, e ir más allá de la mera respuesta ante la pandemia para construir resiliencia a riesgos como el cambio climático, el colapso de la biodiversidad y la creciente desigualdad”. Entre las propuestas, se señala que los gobiernos deben reafirmar sus esfuerzos de protección ambiental, procurar soluciones basadas en la naturaleza y promover esquemas de restauración ambiental que permitan crear puestos de trabajo.

Además, se hace énfasis en que los planes de recuperación deben ser transparentes, con participación de la sociedad civil y escuchando las voces de todos los sectores, entre ellos las mujeres así como también los pueblos indígenas. ¡Qué diferencia con la CONFIEP, que ha propuesto eliminar la consulta previa a los pueblos indígenas en los proyectos de exploración minera!

En Europa, ministros de 17 países firmaron una declaración para una recuperación “verde”. En el documento, los ministros señalan claramente lo siguiente: “Debemos resistir las tentaciones de soluciones a corto plazo en respuesta a la crisis actual”, que pudieran “tener efectos perjudiciales en nuestro clima, biodiversidad y medio ambiente, así como en la salud humana y nuestras economías”. En vez de flexibilizar sus compromisos, los ministros europeos plantean aumentar las ambición de las metas ambientales. Piden a la Comisión Europea (el órgano ejecutivo de la UE) un plan de recuperación “comprensivo” que permita al mismo tiempo estimular la economía y crear empleos acelerando la transición verde. Para ello ponen el acento en inversiones en movilidad sostenible, energía renovable, investigación e innovación, la recuperación de la biodiversidad y la economía circular.

Qué contraste con la propuesta del moderno empresariado peruano, que en vez de movilidad sustentable propone promover la venta de automóviles, y entre sus propuestas sobre electricidad no dedica ni una línea a las energías renovables, por el contrario, plantea masificar el gas lo que acentuaría nuestra dependencia de una matriz energética contaminante.

En EEUU, una propuesta muy concreta para un “estímulo verde para reconstruir la economía” ha sido elaborada por académicos de prestigiosas universidades y firmado por cerca de 2 mil investigadores, activistas y ciudadanos. El documento señala que “Estados Unidos enfrenta el peligro de un estímulo económico que restablezca, o incluso profundice, nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Este peligro proviene de propuestas explícitas para rescatar al sector de los combustibles fósiles (…) y también de políticas de estímulo genéricas que no tienen en cuenta el clima. De hecho, el gasto en infraestructura convencional, como la expansión de carreteras, asegurará más contaminación por carbono durante décadas. Podemos evitar estos problemas creando una recuperación que acelere la creación de una economía verde del siglo XXI”.

Qué diferencia con las propuestas del gran empresariado peruano sobre grandes proyectos de infraestructura y explotación petrolera, sin una línea sobre la crisis climática global.

En la propuesta norteamericana, se hace énfasis en la creación de empleos verdes en sectores como energías limpias, infraestructura verde, provisión local de alimentos, textiles sostenibles y diversificación económica.

En el barrio latinoamericano, destaca Costa Rica que acaba de aprobar la Estrategia Nacional de Bioeconomía. Esta estrategia parte de la siguiente premisa: “Los sistemas productivos enfrentan un cuádruple reto frente a una contracción económica mundial exacerbada por el COVID-19: producir de forma más eficiente o reinventarse, mantener cadenas de valor que sostienen empleos y medios de vida, mientras se asegura el aprovechamiento sostenible y rehabilitación de la naturaleza frente al cambio climático”. El objetivo es lograr que la bioeconomía se convierta en uno de los pilares de la transformación productiva de Costa Rica, promoviendo: la innovación, el valor agregado, la diversificación y la sofisticación de la economía; y aplicando los principios de la bioeconomía circular y la descarbonización de los procesos de producción y consumo.

Y si queremos dar una mirada a nivel local, vale la pena conocer lo que está haciendo Amsterdam, que ha aprobado un modelo innovador para la recuperación post-COVID: la llamada “economía de la dona”. ¿En qué consiste? Imaginemos una dona o rosquilla, o si prefiere usted un picarón: es una forma que tiene dos límites, uno interior y uno exterior, y en el medio una agradable masa. En el modelo adoptado por la ciudad holandesa, el límite interior está marcado por los mínimos sociales, definidos por los Objetivos de Desarrollo del Milenio: niveles básicos de alimentación, salud, vivienda, energía, entre otros derechos que todo modelo de desarrollo debería garantizar. El círculo exterior está definido por los límites de la naturaleza: el “techo ecológico” que la humanidad no puede cruzar sin dañar el clima, los suelos, los océanos, la capa de ozono, el agua dulce y la biodiversidad. En el espacio que está en medio, en la masa, es donde se debe permanecer para poder satisfacer las necesidades de todos y de la naturaleza.

El modelo sirve como una guía que permitirá identificar a las autoridades dónde no se están cumpliendo los mínimos sociales y por lo tanto dónde se deben realizar inversiones, pero al mismo tiempo permitirá identificar los límites naturales que condicionan qué tipo de inversiones pueden ser realizadas.

Como vemos, a nivel global y local, en los países más industrializados y en países de América Latina, con gobiernos de diversas tendencias políticas, se viene discutiendo cómo impulsar una reactivación que no signifique retroceder en lo ambiental sino que, por el contrario, permita avanzar en la transformación ecológica. Haría bien el empresariado peruano agremiado en la CONFIEP en actualizar un poquito sus propuestas. Ya estamos en el siglo XXI, y el viejo recetario de flexibilizar normas ambientales e impulsar megaproyectos extractivos no sirve para responder a los retos de hoy.

Existe la preocupación de que las minas de empresas chinas en Perú sean “vehículos de contagio” para el COVID-19.
Foto: Getty Images
Este artículo apareció en la edición impresa del South China Morning Post como: Empresa minera china en Perú “oculta cifras de infección”.
Autor: Eduardo Baptista
Traductora: Laura del Aguila
16 de setiembre de 2020
Sindicatos y organizaciones no gubernamentales acusan a empresas chinas de ocultar el “número real” de casos.
El Perú se encuentra entre los países más afectados, con más de 650 000 contagios confirmados.

En los últimos seis meses, Luís López ha intentado que Chinalco, el mayor productor de aluminio de China y propietario de la mina de cobre de Toromocho, en el centro de Perú, revele lo que sería el número “real” de mineros infectados con el COVID-19. El líder sindical afirma que luego lo despidieron.

Según López, de 39 años, Chinalco aún no ha revelado cuántos mineros dieron positivo al COVID-19 en julio y agosto, lo que según él pone en riesgo a miles de trabajadores en la mina situada a cuatro horas en carro de la capital, Lima.

Sus demandas son respaldadas por organizaciones no gubernamentales de Perú y otros países de Sudamérica quienes reclaman que las minas dirigidas por empresas chinas no revelan las cifras de infección y no siguen las directrices locales para combatir la enfermedad.

El Perú, con una población de 33 millones de habitantes, ha experimentado un repunte en el número de infecciones de COVID-19 y se encuentra ahora entre los países más afectados del mundo, con más de 650 000 casos y 29 000 muertes.

Los funcionarios contactados en la sede de Chinalco en Pekín se negaron a comentar las acusaciones y dos correos electrónicos enviados al equipo de comunicaciones de la filial de Perú no recibieron respuesta.

La explotación minera de cobre, zinc, oro y otros minerales constituye más del 9% de la economía peruana de 227 000 millones de dólares, pero representa un 60% del valor de las exportaciones, según el Ministerio de Energía y Minas de Perú.

El Banco Mundial prevé que la economía peruana se contraerá en un 12% este año debido al COVID-19, el país con mayor caída en Sudamérica. El gobierno se encuentra luchando contra la pandemia al mismo tiempo que busca la reactivación de las actividades económicas.

El decreto presidencial publicado en marzo ordenó la paralización de actividades comerciales en el país por dos semanas, con el fin de contener la propagación del COVID-19. Sin embargo, a finales de junio, el Gobierno anunció que permitiría que empresas en riesgo de quebrar debido a la pandemia apliquen la suspensión perfecta de labores a sus trabajadores.

China donó suministros médicos a más de 20 países de América Latina para ayudar a combatir la COVID-19, según reporta un artículo publicado en julio en el periódico estatal People’s Daily. El mismo mes, el Ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, anunció que Pekín ofrecería un préstamo de mil millones de dólares a la región para acceder a las vacunas que se están desarrollando en China.

No obstante, ha aumentado el número de quejas sobre la falta de protección contra infecciones en las minas chinas en el Perú, principalmente de trabajadores y ONGs. La industria minera en el Perú generó más de 208 000 empleos directos en el 2019, pero generó 1.3 millones de puestos de trabajo en el sector de servicios para la industria, según cifras del Gobierno.

Julia Cuadros, directora ejecutiva de CooperAcción, una ONG que monitorea las empresas mineras chinas en el Perú, explica que la preocupación es que las minas se han convertido en “vehículos de contagio”.

Cuadros señaló que otras empresas mineras extranjeras en el Perú han enfrentado brotes de COVID-19, siendo el mayor en una mina de la multinacional británica Glencore. Sin embargo, indicó que las empresas chinas han sido menos transparentes.

“No sabemos cuántos trabajadores han sido infectados con COVID-19 en las minas chinas, es un misterio”, comentó. Agregó que estas empresas necesitan comprender la importancia de establecer relaciones con las partes interesadas locales.

Desde abril, los residentes de varios pueblos han bloqueado las carreteras que conducen a la mina de cobre de Las Bambas, en el sur del Perú. Esta mina es gestionada por la empresa australiana MMG y su principal accionista es la empresa estatal China Minmetals Corporation. La población local teme que los mineros que viajan a las instalaciones en los autobuses puedan infectar a las comunidades locales en el camino, explicó Cuadros.

Las quejas sobre las actividades de las mineras chinas no se limitan al Perú. En mayo, 73 ONGs de toda Sudamérica firmaron una carta de protesta dirigida a Pekín, alegando que seis empresas estatales chinas que operan en Perú, Ecuador y Argentina habían violado los derechos laborales y provocado daños al medio ambiente. Cuadros indicó que no recibieron respuesta.

“Siempre hemos tenido dificultades para contactar a los representantes oficiales de China, no suelen contestar los correos, mucho menos en épocas de pandemia”, afirmó.

Shougang Hierro Perú, una unidad de la siderúrgica china Shougang Group, fue nombrada en la carta, junto con Chinalco y MMG. Según la carta de la ONG, Shougang, que dirige la mina de hierro Marcona en la costa sur de Perú, no proporcionó equipo de protección a los trabajadores.

Dos correos electrónicos enviados a la sede de Shougang en Pekín no fueron contestados y se hicieron tres llamadas telefónicas a las oficinas de la empresa en Perú que tampoco fueron contestadas. Dos correos enviados a la sede de MMG en Melbourne y a las oficinas en Perú no recibieron respuesta. Un funcionario de la sucursal en Hong Kong se negó a hacer comentarios.

El exlíder sindical López declaró que, según Chinalco, 71 trabajadores de la mina Toromocho que dieron positivo al COVID-19 habían sido evacuados en junio, el último mes en que se comunicó el número de infecciones. “Pero esto no tiene en cuenta a los mineros que se contratan a corto plazo”, explicó en una entrevista.

López indicó que la mina tenía alrededor de 1.400 trabajadores a tiempo completo y 2.000 con contratos a corto plazo y que al incluir estos últimos, el número total de casos de COVID-19 en la mina estaría en los cientos.

Cuadros, de la ONG CooperAcción, que lleva más de dos décadas rastreando la inversión extranjera en el Perú, comentó que su equipo trata de negociar con los inversores extranjeros para resolver disputas con las comunidades locales y que ahora está en conversaciones con MMG y el Gobierno sobre el bloqueo de Las Bambas por parte de los locales debido al COVID-19.

Mencionó que en el pasado han presentado demandas contra mineras extranjeras por conflictos laborales y contaminación, pero siempre como último recurso, ya que el proceso era muy largo y costoso y a menudo requería presentar una demanda ante tribunales extranjeros. “Con China es más difícil, no nos escuchan,” indicó Cuadros.

Guo Jie, profesora adjunta de relaciones internacionales de la Universidad de Pekín, dijo que las empresas chinas luchan por adaptarse a la cultura sindical en América Latina.

“En China, las empresas nombran al jefe del sindicato de trabajadores, y por lo general éstos sólo se encargan de organizar actividades lúdicas, así que cuando (estas empresas) salen del país, no han tenido experiencia tratando con sindicatos conflictivos”, explicó.

Guo ha realizado una investigación de campo en el Perú y ha entrevistado a empleados chinos en empresas como Shougang.

“Las empresas chinas en América Latina también se quejan de cómo los trabajadores son perezosos y parecen estar en constante oposición a los intereses de la empresa”, mencionó. “En la cultura china este tipo de mentalidad conflictiva es inadmisible”.

López indicó que entre marzo y julio todos los intentos de organizar reuniones entre el sindicato y el director general de la filial peruana de Chinalco, Luan Shuwei, habían fracasado. Comenta que nunca recibió respuesta.

Según Cuadros, las empresas mineras chinas han debido estudiar los países en los que invirtieron. “Saben menos sobre la cultura y tienen más dinero, pero no aprenden de sus errores.”

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