10/12/2020
Artículo propuesto por senadores se declaró inadmisible y se rechazó también el del Ejecutivo.
A casi tres semanas de que la comisión de Minería y Energía del Senado retomara la votación del proyecto de protección de glaciares, este miércoles la instancia avanzó en dos artículos claves de la iniciativa, que abordan la naturaleza jurídica de estos cuerpos y el ámbito de aplicación de la ley.

De este modo, los impulsores del articulado lograron la aprobación respecto a que los glaciares son bienes nacionales de uso público, que se encuentran protegidos oficialmente, son inapropiables y no concesionables.

Sin embargo, las diferencias entre senadores y el gobierno se centraron en torno a cómo conformar un inventario público de glaciares.

El ejecutivo propuso que estas formaciones -incluyendo a las rocosas- afectas a las disposiciones de la ley son aquellos catastradas y clasificadas en el inventario público de la Dirección General de Aguas (DGA), lo que terminó siendo rechazado por tres votos en la instancia.

El problema fue que una indicación impulsada por el senador Álvaro Elizalde y otros de sus pares, que buscaba normar este mismo punto, pero de manera más amplia, se declaró inadmisible por la secretaría de la instancia.

En medio del riesgo de que la legislación no regulara este tópico -y tras una larga discusión-, el gobierno se abrió a acercar posiciones para que se pueda discutir el patrocinio del ajuste correspondiente al inventario de glaciares.

La diferencia entre ambas posturas, apuntaba a que el inventario debía considerar otros elementos que están siendo abordados en la ley, como el ambiente periglaciar y permafrost del territorio.

La próxima semana se debería retomar este punto de discusión, para determinar un texto que refleje un acuerdo.

El exsubsecretario Ricardo Irarrázabal, quien está asesorando al senador Alejandro García-Huidobro, explicó que la distinción entre las propuestas del Ejecutivo y los senadores de oposición claramente apuntan a inventarios distintos.

“Uno se refiere a glaciares, incluyendo los rocosos, y el otro se refiere también a dos espacios adicionales como son el permafrost y el ambiente periglaciar. Esta discusión es importante tenerla”, apuntó.

Aunque el gobierno no logró imponer sus propuestas -como ha sido la tónica en el trámite del proyecto-, abrió una puerta para llegar a un consenso.

“Reiteramos la disposición de discutir el articulado de catastro de inventario público de glaciares. Se podría discutir esta materia y estamos dispuestos a revisarlo”, enfatizó el subsecretario de Minería, Iván Cheuquelaf.

Sin embargo, la senadora Yasna Provoste aclaró que “la próxima semana voy a solicitar reabrir la discusión para votar la admisibilidad de nuestra indicación, si es que no tenemos una indicación consensuada del Ejecutivo”.
Fuente: Diario Financiero

Oposición y Gobierno se abren a consensuar propuesta de inventario público de glaciares

..una larga historia de 7 años que aún está inconclusa
No existe fecha aún para que el Tribunal Ambiental de Antofagasta se pronuncie sobre el proyecto Dominga, pese a que la sentencia ya está redactada. Por Christian Armaza
09/12/2020 Crédito fotografía: Cedida
En 2013, el proyecto de la empresa Andes Iron ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y durante estos años, la iniciativa ha debido recorrer un largo trecho para su concreción definitiva.

2.500 millones de dólares en inversión, 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre como producción, la construcción de un terminal de embarque en el sector de Totoralillo Norte y la creación de 27 mil puestos de trabajo directos e indirectos, durante la etapa de construcción.

Son éstos, los números que concibe la puesta en marcha del proyecto minero-portuario Dominga, perteneciente a la empresa Andes Iron, y que se ubicaría a 70 kilómetros al norte de la ciudad de La Serena, en la costa de la comuna de La Higuera. Una iniciativa que, de llevarse a cabo, sería el mayor emprendimiento de la Región de Coquimbo.

No obstante, desde su llegada a la zona, la iniciativa minera no ha tenido un camino fácil, pese a su acercamiento con la comunidad de La Higuera, el apoyo de algunos sectores de trabajadores de la región y la promesa de llevar a cabo una “minería sustentable” en el territorio. Agrupaciones ciudadanas y ONGs se han lanzado con todo contra el proyecto, pues lo consideran como una amenaza a la sustentabilidad ambiental de la zona, y más concretamente, por su posible afectación a la Reserva Natural Pingüino de Humboldt.

Pero, ¿cuál ha sido el camino del proyecto hasta llegar en lo que está hoy, a punto de recibir un nuevo fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta?

Compleja evaluación ambiental
Oficialmente, Minera Dominga ingresó para su evaluación al entonces Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, en septiembre de 2013.

Su ingreso ocurrió justo en momentos en que el SEIA era sometido a un cambio de norma que establecía por ejemplo, ciertos límites a la solicitud de informes o ICSARA (Informes Consolidados de Solicitudes de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones) a al número de adendas. Sin embargo, los cambios comenzaron a regir en diciembre, por lo que Dominga siguió siendo tramitada bajo la antigua norma.

Durante los cuatro años siguientes, el proceso de evaluación del proyecto contó con tres procesos de participación ciudadana, sumando un total de 24 actividades, con una asistencia promedio de más de 700 personas. Además se presentaron un total de cuatro Adendas a la iniciativa.

De ese periodo, durante la evaluación ambiental se hicieron más de 1.200 observaciones ciudadanas: 345 al EIA (Estudio de Impacto Ambiental), 34 observaciones a la Adenda N°1 y 852 a la Adenda N°3.

Sobre los riesgos ambientales, ya en la Adenda N°4 se solicitaba entre otras obligaciones, que sobre las áreas protegidas oficialmente “Reserva Nacional Pingüino de Humboldt”, “Reserva Marina Isla Choros- Damas” y los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad “Reserva Marina Punta de Choros” y “Punta Teatinos hasta Quebrada Honda (que incluye Isla Pájaros)”, que se encuentren en la región de Coquimbo “presente anualmente, un informe integral que sintetice las acciones realizadas en materia de protección de la biodiversidad marina, de tal forma que permita a la autoridad evaluar la efectividad de las medidas aplicadas y mejorar la eficiencia de las mismas en caso que corresponda. Este informe deberá ser entregado a la SMA durante toda la vida útil del proyecto”.

2017: el año de los “rechazos” Con el informe final de la Evaluación de Impacto Ambiental realizado, pero también, en medio de una serie de cuestionamientos que acusaban de “deficiencias técnicas” al proyecto, se llegó al día de la votación en la Comisión de Evaluación Ambiental la Región de Coquimbo, el 9 de marzo de 2017.

En medio de una gran tensión e incluso, con transmisión en vivo, Dominga recibió su primer traspié: con los votos de los entonces seremis de Salud, Desarrollo Social, Transporte y Telecomunicaciones, Agricultura, Energía, y con el voto dirimente del entonces intendente, Claudio Ibáñez, se rechazó el proyecto, argumentando que la iniciativa era una amenaza para las reservas marinas de la región y que no presentaba medidas de mitigación suficientes, entre otros argumentos.

Ante eso, Andes Iron, anunció que recurriría al Comité de Ministros para revertir el rechazo. Aquí llegó su segundo traspié, pues el 21 de agosto de ese mismo año, el Comité de Ministros, luego de solicitar información adicional del proyecto, confirmó la decisión tomada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo.

Al Tribunal Ambiental
A partir de ese momento, y con la etapa administrativa ya agotada, Andes Iron llevó el caso hasta el Tribunal Ambiental de Antofagasta presentando un recurso de reclamación el 1 de diciembre de 2017. Cinco meses después, el 27 de abril de 2018, el Tribunal Ambiental de Antofagasta falló a favor de Dominga, ordenando una nueva votación, “esta vez ajustada a derecho”, según se desprendió del dictamen.

No obstante, los opositores a la iniciativa minera apelaron ante la Corte Suprema con el objetivo de que el máximo tribunal del país dejara sin efecto la resolución del tribunal ambiental y se ratificara pues, el rechazo al proyecto que habían dictaminado la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y el Consejo de Ministros.

La respuesta llegó el jueves 26 de septiembre de 2019.
La Corte Suprema acogió tres recursos de casación en contra del proyecto Dominga y ordenó al Tribunal Ambiental de Antofagasta conocer y decidir sobre “el fondo” – es decir, sobre los aspectos ambientales y técnicos- de lo que reclamaban diversas organizaciones ambientalistas: Oceana Inc, Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros y por la abogada Alejandra Donoso Cáceres en representación de tres personas jurídicas y una persona natural.

Final pendiente
Así llegó el presente año para el proyecto, comenzando el 3 y 4 de marzo, con los alegatos por el caso, quedando la causa en primera instancia, “en estudio”.

El 23 de julio en tanto, se anunció que los jueces del tribunal ya habían tomado un acuerdo respecto a la sentencia, la cual recién en ese momento, comenzaba su proceso de redacción. En principio, por ley esta etapa tiene un plazo máximo de 30 días, pero generalmente se solicita más tiempo para ello.

A sólo tres semanas de terminar el año, aún no se conoce el contenido de la sentencia. Y se señala que, si el proceso judicial resultara favorable a Dominga, las obras de construcción podrían iniciarse a finales de 2021. Pero no es el fin de esta historia, pues aún resta por escribir el próximo capítulo.
Fuente: Diario el Día – http://www.diarioeldia.cl/economia/minera-dominga-larga-historia-7-anos-que-aun-esta-inconclusa