13/05/2021
Consideran preocupantes declaraciones recientes del gobierno catamarqueño en las que afirma que avanzará con los proyectos mineros en la provincia, a pesar de que estos no cuentan con licencia social.
Fuente: elDiarioR
Un grupo de investigadores del CONICET y la Universidad Nacional de Catamarca emitió un comunicado en el que manifiesta su preocupación por el avance de la megaminería en la provincia, especialmente tras las últimas declaraciones del gobernador Raúl Jalil al respecto.

Los investigadores, agrupados en el Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur CITCA -CONICET-UNCA, señalan en el texto que “el gobernador de la Provincia usó su discurso ante la Asamblea Legislativa del pasado 1° de mayo para ratificar un rumbo que no sólo carece de legitimidad política y consenso social, sino que además evidencia su rotundo fracaso en los propios términos del ‘desarrollo’ prometido”.

En declaraciones a elDiarioAR, Horacio Machado Aráoz, coordinador del colectivo de investigación, explicó: “Somos una provincia de las más pobres. Incluso durante la última década todos los indicadores sociales y económicos de la provincia han sido peores que los históricos teniendo un promedio de pobreza estructural por arriba de los promedios de las provincias del NOA, con altas tasas de desempleo o subocupación y fuerte concentración del empleo en el sector público”.

“Entonces toda esta situación de crisis de este modelo de desarrollo, de mal desarrollo, ha fortalecido las resistencias. Es en ese marco que nosotros hemos visto la necesidad de poner una voz, poner argumentos, poner razones, ante lo que se pretende como una avanzada avasalladora de imponer la minería sí o sí”, añadió. “Nos pareció que era necesario plantear esto, entendiendo que este tipo de resistencias son una puerta para abrir a la democratización de nuestra sociedad. Eso es un poco lo que está en el fondo de la cuestión. Este modelo minero está sostenido por un pacto oligárquico entre las élites rentísticas locales, que son casi las únicas beneficiarias de este tipo de explotaciones, y las grandes empresas transnacionales, que son las grandes beneficiarias y usufructuarias de los efectos y los resultados económicos de estas explotaciones”.

El pronunciamiento, titulado “Un mensaje preocupante: El consenso elitista amenaza seguir minando el suelo democrático de la sociedad catamarqueña”, surgido a partir de recientes pronunciamientos oficiales, denuncia que “la expresión del gobernador Jalil sobre ‘la necesidad de avanzar en el consenso minero’ evoca la imagen de una aplanadora en plena tarea de desmonte”.

“El llamado a un ‘diálogo’ donde sus condiciones y términos están preestablecidos, donde los contenidos de los ‘acuerdos’ se hallan también fijados de antemano, no puede ser tomado como tal. Eso no es diálogo. Se trata de un liso y llano simulacro; un acto de cinismo donde la alteridad es sólo evocada para ser incrustada como mero objeto en el montaje de una escena que sólo busca encubrir la realidad monológica del poder”, afirma.

En cuanto a unas declaraciones de la ministra de Minería Fernanda Ávila, que aseguró que trabajarán hasta conseguir la licencia social para la megaminería, los investigadores señalan: “Lo que conocemos de las experiencias previas al respecto es que cuando los sectores corporativos y los organismos gubernamentales ligados a los proyectos extractivistas hablan de ‘conseguir la licencia social’ se refieren al despliegue de múltiples y diversificados dispositivos de manipulación, presión y control social exclusivamente alineados al fin de allanar el camino para viabilizar las explotaciones”.

El texto destaca que “lo que la clase política local no atina aún advertir es que la resistencia social a la megaminería en la Provincia no sólo está expresando el fracaso del ‘modelo minero de desarrollo’, sino también un digno acto de rebeldía que se levanta a denunciar el pacto colonial elitista que lo sostiene y que se pretende imponer como ‘política de Estado’”.

“La perseverante resistencia del pueblo de Andalgalá contra un proyecto extremo, como el de la explotación de Agua Rica, es una impugnación contra ese pacto elitista, oligárquico, neocolonial, que pretende imponer, sobre nuestros territorios y cuerpos, el ‘destino manifiesto’ de una ‘Catamarca minera’”, señala.

En la localidad catamarqueña de Andalgalá, donde desde más de veinte años la ciudadanía se moviliza contra el proyecto de La Alumbrera, ahora la resistencia se focaliza en una explotación minera a cielo abierto de oro, cobre, plata y molibdeno, que sería tres veces mayor: Agua Rica, en el cordón montañoso El Aconquija. En ese marco, este sábado se realizará la caminata por la vida 588.

Hace poco esta resistencia fue noticia por la detención durante más de dos semanas de algunos activistas, acusados de haber generado destrozos en la central de la empresa minera en las oficinas de la empresa Minera Agua Rica-Alumbrera (MARA) y de la sede del Partido Justicialista.

El Frente Patria Grande, que integran Juan Grabois y Ofelia Fernández, entre otros dirigentes, escribió en ese entonces una dura carta al presidente Alberto Fernández pidiendo que intervenga en lo que consideró la “detención arbitraria” de 12 militantes ambientalistas.

“Esa resistencia es también una interpelación a toda la sociedad catamarqueña, que nos advierte sobre los riesgos de pasar a ser completamente una provincia minada. Se trata así, de una resistencia cargada de futuro, que abre la posibilidad histórica de alejarnos de un ‘destino’ (viejo y conocido) de élites rentísticas, asistencialismo clientelar, pobreza estructural, depredación de las economías locales y degradación del suelo democrático”, concluye el texto de los investigadores.

La circulación del documento hasta ahora fue sobre todo a través de redes y de la página del equipo de investigación. “El comunicado no ha salido en los medios locales. Hay un fuerte cerco de censura y autocensura sobre el tema. El tema minero prácticamente es un tema tabú. Los medios locales, como empresas comerciales que son, dependen en gran medida de la pauta publicitaria del gobierno y de las empresas mineras. Por lo tanto, ¿cómo se puede hablar de diálogo y de consenso?”, explica Machado Aráoz. “La idea es que nuestras investigaciones contribuyan a generar un debate que democratice un tema clave, no solamente por los impactos ambientales, sino también sus consecuencias socio-económicas y políticas”.

Investigadores del CONICET se manifiestan contra megaminería en Catamarca