DISPOSICIONES PERMANENTES SOBRE LOS BIENES NATURALES Y MINERALES.

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación, por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales.
A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado.
La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión.

Cuando el interés de la comunidad nacional lo exija, la ley podrá nacionalizar o reservar al Estado el dominio exclusivo de bienes naturales, bienes públicos, bienes de producción u otros, que declare de importancia preeminente para la vida económica, social o cultural del país.

Cuando se trate de nacionalización de actividades o empresas mineras de la Gran Minería, consideradas como tal las que produzcan más de treinta y seis mil toneladas de mineral en cualquiera de sus formas, la nacionalización podrá comprender a ellas mismas, a derechos en ellas o a la totalidad o parte de sus bienes. La nacionalización podrá también extenderse a bienes de terceros, de cualquier clase, directa y necesariamente destinados a la normal explotación de dichas actividades o empresas. El monto de la indemnización o indemnizaciones, según los casos, podrá determinarse sobre la base del costo original de dichos bienes, deducidas las amortizaciones, depreciaciones, castigos y desvalorización por obsolescencia. También podrá deducirse del monto de la indemnización el todo o parte de las rentabilidades excesivas que hubieren obtenido las empresas nacionalizadas. La indemnización será pagada en dinero, a menos que el afectado acepte otra forma de pago, en un plazo no superior a veinte años. El Estado podrá tomar posesión material de los bienes comprendidos en la nacionalización inmediatamente después que ésta entre en vigencia.

El Estado, en representación de los pueblos de Chile, tienen el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas.
Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el cobre, el litio, el oro, el molibdeno, el cobalto, y las tierras raras, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que el Código de Minería exprese. La concesión minera obliga al concesionario a compensar el interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen de amparo consistirá en el pago de una patente minera de una UTM por hectárea y la que la ley establezca para la pequeña minería, en beneficio exclusivo de las Municipalidades, Provincia y Regiones donde se ubiquen dichas concesiones, en la proporción que establezca el Código de Minería.

Será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia, declarar la extinción de tales concesiones y Las controversias que se produzcan respecto de la caducidad o extinción del dominio sobre la concesión serán resueltas por ellos; y en caso de caducidad, el afectado podrá requerir de la justicia la declaración de subsistencia de su derecho.

El derecho de dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este número.

La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas. En el caso de la pequeña minería (hasta 36.000 toneladas/año), el Estado podrá otorgar concesiones administrativas al sector privado, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo. Tendrán una duración no superior a 20 años. Esta norma se aplicará también a los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional. El Presidente de la República podrá poner término, en cualquier tiempo, sin expresión de causa y con la indemnización que corresponda, a las concesiones administrativas.

Toda explotación de bienes minerales deberá realizarse en estricto cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y naciones preexistentes, en particular, el derecho al consentimiento previo, libre e informado respecto de decisiones que afecten sus territorios o su supervivencia como pueblos. Igualmente, deberá protegerse el derecho de los pueblos indígenas y naciones preexistentes a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
Los pueblos interesados deberán participar, siempre que sea posible, en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.
Estos derechos se ejercerán en el marco de los principios de solidaridad entre los pueblos indígenas y de justicia intergeneracional.
Toda exploración y explotación de bienes minerales se desarrollará considerando su impacto sobre los territorios afectados, debiendo la valoración ecosistémica de tales impactos incidir sobre los criterios y dimensiones de su ejecución, en cumplimiento de los principios preventivo y precautorio en materia ambiental. En el caso de la Gran Minería, será obligación del titular de la exploración o explotación la protección, restauración y recuperación de los territorios y fuentes hídricas afectados por su actividad. No se podrá explotar minas a rajo abierto en zonas cercanas a los glaciares o peri glaciares cordilleranos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS SOBRE LOS BIENES NATURALES Y MINERALES.

Por exigirlo el interés de los pueblos que habitan Chile y en su ejercicio del derecho soberano e inalienable a disponer libremente de sus riquezas y bienes naturales, en conformidad a lo dispuesto en el artículo X N° x incisos X de esta Constitución Política, nacionalízanse y decláranse, por tanto, incorporados al pleno y exclusivo dominio del Estado, en representación de los pueblos de Chile, las empresas que constituyen la Gran Minería del Cobre, del Litio y del Oro, considerándose como tales las que produzcan más de treinta y seis mil toneladas anuales de mineral en cualquiera de sus formas.
En virtud de lo dispuesto en el inciso anterior pasan al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y, además, los de sus filiales que determine el Presidente de la República.

El Estado tomará posesión material inmediata de estos bienes en la oportunidad que determine el Presidente de la República o el Congreso Nacional. El Presidente de la República, o el Congreso Nacional, tendrán como plazo máximo 6 meses desde la promulgación de la Nueva Constitución para implementar esta medida.

En conformidad al dominio patrimonial del Estado sobre todas las minas, no habrá lugar a indemnización alguna por los derechos sobre yacimientos mineros ya que por mandato Constitucional pertenecen al Estado de Chile. Dichos derechos serán inscritos sin otro trámite a nombre del Estado.

Para la nacionalización y la determinación de la adecuada indemnización se considerarán las siguientes normas:
a) Corresponderá al Contralor General de la República determinar el monto de la indemnización que deba pagarse a las empresas nacionalizadas y a sus filiales, conforme a las reglas que se expresan a continuación.
El Contralor General de la República reunirá todos los antecedentes que estime oportunos, pudiendo recabar de las empresas nacionalizadas y de toda autoridad, oficina o repartición del Estado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, todas las informaciones y datos que estime necesarios o convenientes.
El Contralor General de la República deberá cumplir su cometido en el plazo de 120 días contados desde la Constitución entre en vigencia. Por resolución fundada, el Contralor podrá ampliar este plazo hasta por otros noventa días.
Las empresas afectadas por la nacionalización tendrán como único derecho una indemnización cuyo monto será el valor libro al 31 de Diciembre de 2021, según las normas del IFRS. Podrá deducirse del monto de la indemnización el todo o parte de las rentas excesivas que hubieren obtenido las empresas nacionalizadas.
b) Dentro del plazo de quince días, contados desde la publicación en el «Diario Oficial», de la resolución del Contralor que determine la indemnización, el Estado y los afectados podrán apelar ante la Corte Suprema.
La Corte Suprema apreciará la prueba en conciencia y fallará conforme a derecho, en única instancia y sin ulterior recurso. No procederá el recurso de queja.
c) Dentro del plazo de cinco días, desde que quede ejecutoriada la resolución que determine el monto de la indemnización, se remitirá copia de ella al Presidente de la República, quien fijará por decreto supremo su monto definitivo, de acuerdo con lo señalado en esa resolución. El Presidente de la República fijará, además, en dicho decreto supremo, el plazo, interés y forma de pago de la indemnización, no pudiendo ser el plazo superior a veinte años ni ser el interés inferior al tres por ciento anual. La indemnización será pagadera en dinero, a menos que las empresas nacionalizadas acepten otra forma de pago.
d) Será causal suficiente para suspender el pago de la indemnización la negativa a entregar los estudios, prospecciones, planos, informes, títulos, datos y otros bienes inmateriales necesarios para la normal explotación y para el cumplimiento de los planes previstos, y cualquier conducta tendiente a alterar la marcha normal de la explotación o de los planes mencionados, mediante su obstaculización o interrupción, que sea imputable directa o indirectamente a los afectados o sus socios.
Sobre la procedencia de esta suspensión decidirá el Tribunal a que se refiere la letra b), en la forma en que allí se expresa.
e) El monto de las cuotas de la indemnización podrá ser compensado con las deudas que las empresas nacionalizadas tuvieren con el Fisco, con organismos del Sector Público o con instituciones de Previsión, que fueren líquidas y exigibles a la fecha del pago de las respectivas cuotas.
f) Los socios o accionistas de las empresas nacionalizadas no tendrán otros derechos que hacer valer, sea en contra del Estado, sea recíprocamente entre ellos, que el de percibir la cuota o parte proporcional que les corresponda dentro de la indemnización que reciban las respectivas empresas.
g) El capital de las empresas nacionalizadas, pasa al dominio del Fisco, de la Corporación Nacional del Cobre de Chile y de la Corporación de Fomento de la Producción, en la proporción que fije el Presidente de la República por decreto supremo. En consecuencia, dichas instituciones son los únicos socios en las sociedades afectadas por la nacionalización. Las sociedades así integradas son las continuadoras legales de las empresas nacionalizadas.
h) Los Directorios de las empresas nacionalizadas deberán ser compuestos por representantes designados por el Presidente de la República; por los trabajadores de la minería (electos democráticamente entre profesionales, mineros de planta y subcontratistas); por las vocerías de las comunidades, poblaciones y pueblos indígenas afectados por la Gran Minería y representantes técnicos y científicos de las Universidades Estatales. Tal composición deberá tener como un principio la democracia en la toma de decisiones al interior de tales empresas, de manera que ninguno de los sectores representados, por separado, tenga la mayoría absoluta en la composición de tales directorios.
i) Para todos los efectos legales, los trabajadores de las empresas nacionalizadas, conservarán su antigüedad, la que se seguirá contando desde la fecha de su contratación por la respectiva empresa nacionalizada.
j) Todas las empresas nacionalizadas, incluida la Corporación Nacional del Cobre de Chile, tendrán un plazo de 5 años para fundir y refinar –con las tecnologías más limpias y menos contaminantes existentes a la fecha- toda su producción en Chile y no podrán exportar minerales, en bruto, concentrados o barros anódicos, salmueras o carbonato de litio.
k) Las industrias estratégicas nacionalizadas deberán, de forma progresiva, desarrollar y elaborar productos -en base a nuestros bienes naturales y mineros- con los diferentes niveles de valor agregado según las necesidades y los requerimientos propios de la economía y el bienestar del país.

L) Los excedentes generados por las empresas de la Gran Minería Nacionalizada deberán invertirse prioritariamente en las demandas sociales de los pueblos de Chile y las comunidades afectadas por la Gran Minería. Como mínimo, queda establecida la inversión de un 10% de los excedentes de las empresas nacionalizadas y la Corporación Nacional del Cobre en las Comunas, Provincias y Regiones de dónde son extraídos los minerales; un 20% directamente para vivienda, salud y educación y un 20% a un Fondo Nacional de inversión en desarrollo productivo sustentable y reparación de daños causados a la naturaleza.

Artículo transitorio número a determinar. La gran minería del cobre y las empresas consideradas como tal, nacionalizadas en virtud de lo prescrito en la disposición 17a. transitoria de la Constitución Política de 1925, continuarán rigiéndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgación de esta Constitución.

Artículo transitorio número a determinar. Derógase la Ley 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras y la Ley 20.392. Se derogan todas las disposiciones del Código de Minería (ley 18248) que estuvieran en contradicción con las disposiciones de la Nueva Constitución.

20/12/2021
Presidente electo Gabriel Boric Font. /Crédito: @gabrielboric

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, dijo el domingo que se opondrá a iniciativas mineras que “destruyan” el país, como el caso del controvertido proyecto minero de hierro, cobre y oro Dominga.

Durante un discurso tras su victoria electoral, además afirmó que en su gobierno ampliará los derechos sociales pero con responsabilidad fiscal y cuidando la economía.

“Destruir el mundo es destruirnos a nosotros mismos. No queremos más zonas de sacrificio, no queremos proyectos que destruyan nuestro país, que destruyan a las comunidades y lo ejemplificamos en un caso que ha sido simbólico: No a Dominga“, dijo en un discurso tras su triunfo.

En agosto una comisión de evaluación ambiental aprobó el proyecto en el norte del país, que ha sido dilatado por años en medio de la fuerte oposición de grupos sociales y ecologistas.

Quienes se oponen a la iniciativa denuncian que Dominga, que se ubicaría 60 kilómetros al norte de la central ciudad de La Serena -cerca de reservas ecológicas-, causaría un grave daño ambiental en la región.

La iniciativa busca producir anualmente 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre.

Una revelación de los llamados “Pandora Papers” sobre un pago a la familia del presidente Sebastián Piñera cuando vendieron su participación en el proyecto generó un polémica interna y legisladores intentaron fallidamente un juicio político contra el gobernante.
El Dato

El candidato de izquierda, Gabriel Boric, se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el domingo en Chile con un 55,73% de votos, una vez escrutadas más del 92,12% de las mesas.

Con apenas 35 años, el egresado -aunque no titulado- en Derecho de la Universidad de Chile se convierte en el más joven presidente electo del mayor productor mundial de cobre en dos siglos.

Boric tomará posesión del cargo el 11 de marzo de 2022.
Fuente: Reuters

Mandatario chileno anticipó que se opondrá al proyecto minero Dominga

El Mostrador Cultura 20/12/2021
El alcalde Mauricio Quiroz ha sido un activo defensor del ecosistema cordillerano de Putaendo, manifestando públicamente su férrea oposición al cuestionado proyecto de Andes Copper. Una “querella criminal por delito de prevaricación” que se genera luego de una fallida fiscalización municipal del mes de agosto, donde la empresa Vizcachitas Holding no permitió el ingreso al alcalde, ni al Director de Obras a la faena minera.

El alcalde Mauricio Quiroz dio a conocer ante el Concejo Municipal de Putaendo que abogados representantes de la Compañía Minera Vizcachitas Holding ingresaron una querella contra él y el director de obras municipales, Jorge Reyes, por el delito de “prevaricación”.

El documento exige que ambas autoridades sean formalizadas y se les aplique el máximo rigor de la ley por este delito, incluyendo la suspensión del cargo de alcalde a Mauricio Quiroz. Además, se pide que los querellados paguen todas las costas de la causa judicial.

“La querella de Minera Vizcachitas Holding no es solo contra mí o contra el director de obras municipales, sino que es contra de toda la comunidad de Putaendo que me eligió democráticamente y que me ha mandatado para defenderles de la destrucción del medio ambiente cordillerano”, manifestó el alcalde.

La primera autoridad comunal sostiene que, como alcalde, le asiste el derecho de realizar todas las acciones administrativas y legales, de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18695.

En ese contexto, dicha normativa vigente expresa que los alcaldes deben desarrollar funciones relacionadas con la salud pública y la protección del medio ambiente. Además, la ley de urbanismo y construcción permite al director de Obras Municipales tener la facultad de fiscalizar faenas en zonas privadas.

“Desde que se aprobó el proyecto minero hemos manifestado legítimas dudas sobre el proyecto aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental y hemos presentado las acciones administrativas para oponernos a la Resolución de Calificación Ambiental que aprobó el proyecto de Sondajes de Prefactibilidad de Las Tejas. De hecho, recientemente el SEA inició el proceso de invalidación de la RCA, lo que nos permitirá demostrar que el proyecto fue mal evaluado y que la minera canadiense omitió información relevante, en especial referida al enorme patrimonio ambiental y de biodiversidad que tiene la zona que se pretende intervenir”, mencionó el alcalde.

Al mismo tiempo, Mauricio Quiroz se mostró tranquilo, ya que “en ningún caso, que Minera Vizcachitas se querelle significa que esta empresa tenga la razón. Son los tribunales competentes quienes determinarán si estamos aplicando la normativa vigente y las funciones que se nos encomiendan a través de los respectivos cuerpos legales”.

“Quienes me conocen saben que no tengo una animadversión en particular contra ninguna empresa. Sin embargo, he sido claro en indicar que me opongo a proyectos de gran minería en la cuenca del Río Rocín y en la cordillera de Putaendo, porque van a destruir la naturaleza y van a impactar negativamente en nuestras comunidades”, enfatizó Quiroz.

En el transcurso de las últimas horas, el alcalde Mauricio Quiroz ha recibido diferentes muestras de apoyo por parte de autoridades locales, provinciales y regionales, al mismo tiempo que movimientos medioambientalistas han solidarizado con la primera autoridad. Misma solidaridad y apoyo que han expresado cinco de los ocho convencionales constituyentes del Distrito 6.
https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/12/20/minera-se-querella-contra-alcalde-de-putaendo-por-intentar-fiscalizar-obras/

Juan Esteban
19/12/2021
En una cuarta reunión con el subgerente de MLP, Rodrigo Lotina, realizada este viernes, la comunidad del Valle de Camisa entregó un plazo perentorio para que la minera responda a la falta de agua del sector, este lunes en la mañana, de lo contrario la movilización puede agudizarse, ya que llevan un mes y medio sin agua afectando a más de 300 familias esencialmente del Arrayán y El Palqui al de la comuna de Salamanca.

La comunidad no tiene el vital elemento para bañarse, tomar agua y hacer sus menesteres básicos, debido a que la Minera Los Pelambres de propiedad de Luksic y la japonesa Mitsubishi tuvo dos escurrimientos de relave, desde sus piscinas de emergencia, desde el sector de tuberías de la minera que llegaron al Estero Camisa contaminando el agua del valle. La Autoridad Sanitaria decidió cortar el agua del APR para los sectores del Arrayán y El Palquial evitando que la contaminación del agua sea consumida por las personas.

Por esta situación, el alcalde de Salamanca, Gerardo Rojas envía camiones aljibe en forma permanente para abastecer de agua a estos sectores, pero, es insuficiente. En 4 reuniones, la Minera no ha sido capaz de ofrecer solución rápida o de apoyo a la comunidad con el abastecimiento de agua, sino que al contrario, insiste en mantener sus piscinas de relave (desechos mineros) y negar que hay contaminación.

Álvaro Acevedo, uno de los voceros del Valle Territorial Valle de Camisa explicó que “no nos sorprende absolutamente nada lo que hace la minera. Lo hacen en todos lados, porque cada vez que contaminan, lo niegan. Usted vio aquí lo que ocurrió, entonces, así no se hacen cargo de nada. Acá tenemos rabia, preocupación y angustia, nos afecta a nuestros niños como a los adultos mayores, nos duele todo esto. No podemos ir al río y menos tomar agua, acciones básicas que no podemos hacer”.

El senador electo, Daniel Núñez fue invitado a esta reunión para que actuara como garante e invitó a la minera a realizar un estudio responsable sobre la contaminación de las aguas. “La comunidad lleva ya dos semanas de movilización con el camino tomado, hay angustia y MLP no reconoce el conflicto ambiental y no quiere entregar medidas de mitigación como entregar agua para el consumo humano. Esto se agrava, es una situación insostenible”.

Núñez planteó la necesidad de que Ceaza realice los estudios técnicos pertinentes para confirmar la contaminación del agua en el sector, a lo que accedieron la Minera y la comunidad y que no haya desalojo por la fuerza pública.

“Pediremos también una respuesta y una investigación de la Superintendencia de Medio Ambiente”, indicó el congresista.

La concejala Milena Báez sostuvo que “Se tuvieron que cerrar los pozos de agua potable, porque la irresponsabilidad de la Minera es grande en todo esto. Ni siquiera han traído un camión con agua potable a la gente. La gente dejó de regar sus huertos, no hay agua para los animales, porque está el miedo y la incertidumbre de que el agua está contaminada, desde el año 2006 que están con este sistema de drenaje, ahora todos se dieron cuenta porque se desparramó el agua”.

En esta nueva reunión (la cuarta) con la minera se le entregó una agenda social a lo que la minera accedió a estudiarlo, pero, en sus diversos puntos durante la reunión no accedió a ninguna con urgencia. “Es una angustia permanente, impotencia, de cómo opera el mercantilismo, el neoliberalismo y estas grandes empresas tienen ganancias multimillonarias, a costa de la contaminación del Valle”, indicó la concejala.

El alcalde Gerardo Rojas también presente en la reunión, advirtió que los camiones aljibes son limitados. “Esto tiene un tope, porque debe haber una solución definitiva, el sector debe tener provisión de agua normal, nosotros lo hacemos por la contingencia, pero acá, esto se produce por un hecho de la Minera, ellos debieran estar avanzando en la solución de este problema. Los vecinos no quieren tomar agua contaminada y MLP debe apoyarnos para entregar agua, sería una señal muy potente de la minera y generar así un mínimo de confianza para seguir trabajando en las propuestas (agenda social, en fotos) que entregó responsablemente la comunidad”.
http://www.laserenaonline.cl/2021/12/19/se-agrava-conflicto-ambiental-con-minera-los-pelambres-en-el-valle-de-camisa/