El magistrado Serafín Salazar Jiménez, del segundo tribunal colegiado de circuito de Zacatecas, emitió una sentencia en la que resuelve que la empresa Peñasquito, propiedad del consorcio minero canadiense Goldcorp, tiene que devolver de manera inmediata cerca de 600 hectáreas, que ocupaba de manera ilegal, a ejidatarios de Cerro Gordo, en esa entidad.
El expediente del litigio señala que «para establecer la mina esta empresa reubicó a las familias de los ejidatarios zacatecanos dueños de las tierras. Para ello se valió de contratos de ocupación temporal, de falsificación de títulos agrarios y de engaños a los campesinos».
El Servicio Geológico Colombiano, a través de Fonade, hizo una invitación pública que buscaba adjudicar contratos a empresas en capacidad de fiscalizar la explotación minera.
La cotización del oro se estabilizaba el martes tras haber sufrido la víspera su peor caída en 30 años en Nueva York, debido a la desaceleración del crecimiento en China e informaciones sobre la venta por parte de Chipre de sus reservas auríferas.
Siete organizaciones canadienses pidieron a la transnacional Infinito Gold poner fin a su campaña, de una década, de estar hostigando al pueblo y al Gobierno de Costa Rica sobre el caso del proyecto minero en Crucitas de San Carlos.
El presidente de la comunidad campesina de Yanta, Magdiel Carrión Pintado, denunció la incursión de 30 efectivos de la Policial Nacional del Perú en territorios ancestrales de este pueblo, quienes “fungiendo de agentes de seguridad de los funcionarios de la minera Río Blanco Copper S.A. (antes minera Majaz)”, ingresaron sin tener ningún tipo de autorización de parte de la comunidad.