El presidente de la comunidad campesina de Yanta, Magdiel Carrión Pintado, denunció la incursión de 30 efectivos de la Policial Nacional del Perú en territorios ancestrales de este pueblo, quienes “fungiendo de agentes de seguridad de los funcionarios de la minera Río Blanco Copper S.A. (antes minera Majaz)”, ingresaron sin tener ningún tipo de autorización de parte de la comunidad.
Ya la semana pasada, se había informado en la Asamblea del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, una carta donde el gerente general adjunto de la empresa minera, Jesús Vilca Masías, planteaba sostener un diálogo de manera personal. Sin embargo, la comunidad rechazó este pedido, expresado que no se puede recibir una solicitud personal, pues los temas sobre las tierras comunales los decide la Asamblea Comunal: tanto la Asamblea de la Comunidad de Yanta en Ayabaca, como la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas en Huancabamba.
Como se recuerda, todo el pueblo de Huancabamba y Ayabaca, ya decidieron su rechazo a la actividad minera: en actas de Asamblea y a nivel de la Consulta Vecinal realizada el 16 de setiembre de 2007, donde el 95% de la población votante decidió su negativa a dicha actividad. Por eso, cualquier diálogo como se han realizado desde el año 2006, deben hacerse entre el Estado y las comunidades, municipalidades y organizaciones sociales.
Se debe recordar que la empresa Río Blanco actualmente no cuenta con ninguna autorización del ministerio de Energía y Minas, ni autoridad alguna para realizar operaciones en Ayabaca y Huancabamba y menos en tierras de comunidades campesinas. Tanto la Defensoría del Pueblo como el Congreso se han pronunciado en respaldo a los pueblos sobre la presencia ilegal de la minera en tierras de las comunidades.
Ayer, martes 16 de abril, Miguel Herrera, regidor de la municipalidad provincial de Ayabaca, informó que la situación era crítica, ya que la población de manera pacífica invitó a la delegación de la empresa a retirarse por estar en ellas de manera ilegal y sin permiso alguno, sin embargo, los funcionarios, envalentonados por la seguridad privada que ofrecía la policía del Perú, se resistieron con una actitud provocadora que sólo buscaba generar una reacción en los pobladores para luego criminalizar a sus dirigentes. La Fiscalía de Ayabaca ya había sido notificada al igual que la Defensoría del Pueblo y el ministerio del Interior para que adopten las medidas que impidan un enfrentamiento y lograr el retiro de los miembros de la Policía Nacional.
Lamentamos que nuestra Policía Nacional, y su jefe regional como lo confirmó a través de una entrevista a la radio local Cutivalú, que se otorgó garantías a la minera, avalando la presencia ilegal de la empresa en tierras de propiedad comunal, sabiendo que para ingresar deben coordinar previamente con las dirigencias comunales, por lo que se trata a todas luces de una acción provocadora, que no ayuda en absoluto a lograr una salida pacífica y definitiva a un conflicto que lleva cerca de 10 años.