En el marco de los alegatos ante el Segundo Tribunal Ambiental los opositores a Pascua Lama pidieron la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto y que se aumenten las multas.
El Segundo Tribunal Ambiental de Santiago compuesto por los ministros Rafael Asenjo, Sebastián Valdés y Ximena Fuentes realizó este miércoles la audiencia de alegatos del proceso de reclamación presentado por los regantes de Alto del Carmen, la sociedad agrícola Santa Mónica y la asociación indígena Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto contra la sanción dictada por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) contra Minera Nevada SpA, filial de Barrick, por incumplimientos de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Pascua Lama.
Durante la audiencia, el abogado de los regantes de Alto del Carmen, Alvaro Toro, solicitó al tribunal que obligue a la SMA a abrir nuevos procesos sancionatorios contra la minera, los cuales contemplen «los daños causados por el proyecto en la calidad y cantidad de las aguas del Río Estrecho», argumentando que hubo contaminación y una alteración del cauce que afectó a los regantes que representa.
En el marco del VII “Yo me libro”, lanzamiento múltiple de libros de Editorial Quimantú, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) puso a disposición el libro que sistematiza el “Encuentro AguAnte la vida” realizado en Santiago en noviembre del 2012. El diverso panel contó experiencias de luchas que tienen como eje central los conflictos territoriales que se enfrentan a la disputa por el agua.
Desde las 5 p.m. se transmitirá en vivo desde la sede de la Universidad de los Andes, en Colombia, el debate “El futuro de la Amazonía: Entre el medio ambiente y las industrias extractivas”, que organizan el Observatorio de Justicia Ambiental (OJA) y Dejusticia.
Los habitantes del centro poblado Santa Rosa, en el distrito de Cajacay, región Áncash, iniciarán el 4 de setiembre un paro indefinido en respuesta a la actitud adoptada por la empresa Antamina que no se hace responsable del daño ocasionado en la población tras el derrame de julio de 2012.
Alrededor de 50 jinetes cabalgaron en Baja California Sur este domingo en contra de la minería tóxica.