En México, las mineras canadienses se encuentra con una política pública donde la necesidad de atraer inversión extranjera minimiza todo lo demás.

En Canadá las mineras son ciudadanos corporativos casi ejemplares. En México son los villanos de muchas películas. Las empresas canadienses son titulares de 30% del total de las concesiones mineras. Son propietarias de siete de las 10 mayores minas de oro y grandes beneficiarios de las lagunas de nuestra legislación para la industria extractiva: pagan pocos impuestos, contaminan el suelo, el aire y el agua de un modo que no lo harían en su país y pagan sueldos que tasan a los mineros mexicanos ocho veces más baratos que sus contrapartes canadienses.

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Aunque la delegada en Colima de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, informó que respetará la decisión de los comuneros para declarar a la población de Zacualpan “libre de minería”, ésta no ha generado las condiciones para legalizarlo.

De acuerdo a versión de los comuneros, durante las pasadas cuatro asambleas comunales, el presidente del comisariado, Carlos Guzmán Teodoro, no ha registrado las respectivas actas en el libro oficial para ello. Incluso, el tema de rechazo a la mina ya fue aprobado en noviembre pero en hasta hoy los comuneros alegan que no existe evidencia para comprobar que fue debidamente asentado.

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Una treintena de agrupaciones sociales exigieron a los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá abstenerse de defender los intereses de las grandes corporaciones mineras vinculadas al modelo extractivo depredador.

También pidieron que no sigan impulsando tratados como el TLC “haciéndonos creer que son la solución a los problemas que enfrentamos”, pues ese modelo global, subrayaron, “tiene claros signos de agotamiento, es recesivo a los derechos humanos y está acabando con los bienes naturales de forma dramática por la rapaz visión de mundo que comparten entre ustedes y todo el aparato que representan”.

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