El Comité de la ONU sobre la Discriminación Racial lamentó este viernes que sigan ocurriendo hechos violentos en Perú relacionados con la oposición a la explotación de recursos naturales y que no se realicen investigaciones exhaustivas al respecto.
“El Comité nota con preocupación la información reciente sobre persecuciones penalesy uso desproporcionado de la fuerza contra miembros de pueblos indígenasque se oponen a proyectos extractivos”, señaló el órgano de la ONU.
En un documento que contiene las observaciones y conclusiones del Comité, tras evaluar el informe de Perú sobre la manera en la que da cumplimiento a esa Convención, se señala que una reforma reciente del Código Penal puede tener un impacto negativosobre los pueblos indígenas.
Nacemos hoy como Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida, en movilización permanente luego de un proceso iniciado hace dos años cuando comenzamos a visibilizar en marchas nuestras demandas. Y por eso tenemos que denunciar que nuestro grito expresado en reuniones y asambleas en los territorios, que exigía quitar las aguas de las bolsas de comercio y devolverlas a los ecosistemas, fue primero transformado por un grupo de senadores en renacionalización, luego reducido por Bachelet a un proyecto de ley que declare las aguas como bien nacional de uso público y ahora intenta ser ahogado por un conjunto de propuestas que no significan cambios estructurales en la propiedad del agua sino modificaciones en la gestión. El pie forzado de todos los anuncios es no cuestionar la propiedad de las aguas y evitar que una Asamblea Constituyente pueda instalar los derechos de todos y todas al agua y los bienes comunes.
[Fragmento]
El pasado 4 de agosto del 2014 tuvimos la oportunidad de leer por varios medios de comunicación una entrevista a Beatriz Uribe, la destacada presidenta de Mineros S.A y también presidenta de la junta directiva de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI.
La Procuraduría General de la República (PGR) junto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguraron esta tarde oficinas de Grupo México, la mina Buena Vista del Cobre de Cananea, como parte de las diligencias de cateo que realiza la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), indicó que México es uno de los cuatro países de la región que acumulan más conflictos socioambientales provocados por empresas mineras: contaminación, restricción o escasez de agua, falta de consulta previa a las comunidades, disputas territoriales, desplazamiento de pueblos originarios, cambios de uso de suelo, e incumplimiento de políticas de responsabilidad social corporativa, son algunos ejemplos.
Cientos de mineros artesanales nicaragüenses se han sumado a las labores de búsqueda de siete de sus colegas en una vieja mina en Bonanza, en la costa del Caribe, donde ya han hecho 33 ingresos, informaron hoy las autoridades.
En sus dos comunicados públicos, incluyendo el último del 21 de agosto, Grupo México, dueño de la explotación minera Buenavista del Cobre, vecina de la histórica ciudad de Cananea, insiste en faltar a la verdad y culpar a “lluvias por arriba de la media” por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre a las aguas del río Bacanuchi, tributario del río Sonora. Grupo México se ufana de haber llegado a Sonora hace 23 años, lapso de tiempo suficiente para saber que las lluvias en el semidesierto, escasas y mezquinas en sus promedios anuales, pueden ser monzónicas y torrenciales en sus eventos individuales.
Un grupo de aficionados al kayak, se reunieron la tarde del sábado frente al malecón costero de La Paz, para realizar con sus botes, un mensaje contra la minería Los Cardones, que tiene planeado desarrollarse en las faldas de la Sierra La Laguna. «No a la mina», fue el mensaje que se formó con 37 kayaks en las playas del malecón paceño.
