Condiciones «adversas» complican las labores de rescate de los cuerpos de 12 trabajadores que quedaron atrapados el jueves en una mina de carbón en Amagá (Antioquia), informaron las autoridades, que este domingo sacaban lentamente el agua que provocó el colapso del socavón.
«Todavía nos demoramos en las labores de rescate, dado las condiciones adversas que se nos han presentado», dijo el director de gestión ambiental y minería de Amagá, Carlos Usma.
El cierre de las operaciones de la empresa minera de Inti Raymi, influirá de gran manera en la recaudación de regalías mineras, puesto que esta empresa es una de las que más aporta, así informó el director de Desarrollo Minero del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gad-Oru), Eduardo Berdeja.
Señaló que además a esto se suma las bajas cotizaciones internacionales que se registraron durante esta gestión, lo cual incide en la recaudación de regalías mineras, enfatizó que este tema es preocupante no solo para el departamento, sino también para el Gobierno Central y los municipios productores.
Manifestó que de acuerdo a la previsión que se realiza, esta gestión se tendrá una recaudación de 100 a 110 millones de bolivianos por concepto de regalías mineras, lamentó que Inti Raymi cierre operaciones, ya que es una de las empresas que a fin de año reportaba un buen ingreso.
El secretario de Coordinación de la Gobernación de Potosí, René Navarro, indicó que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) tiene la responsabilidad exclusiva por el colapso del dique de colas San Miguel y el vertido de desechos mineros en la comunidad de Cantumarca, reportó radio Aclo de la Red ERBOL.
“Ustedes saben que se dio un accidente la anterior semana en la cola San Miguel por un sifonamiento, pero es responsabilidad exclusiva de Comibol y en ese marco la Gobernación ya está encarando lo que corresponde de acuerdo a las leyes”, dijo.
El anterior jueves, el mencionado dique de colas colapsó causando que desechos mineros se viertan en la comunidad de Cantumarca y afecten incluso la carretera entre Potosí y Uyuni.
Navarro señaló que Comibol ahora debe trasladar las colas de este dique.
El sector científico de Baja California Sur, detectó irregularidades dentro de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de Exploraciones Oceánica (filial de la empresa Odissey Marine Exploration) que van desde la omisión de especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 hasta la emisión de escasos sobre las afectaciones por ruido que podría generar en ballenas.
En documentos filtrados en exclusiva BCS Noticias, investigadores de distintas ramas hacen un análisis de los daños que impactarían a la Bahía de Ulloa, del proyecto minero “Don Diego”.
En primer lugar, expertos del Programa de Mamíferos Marinos (PRIMMA) de la UABCS, manifestaron la inexistencia de una “metodología adecuada para analizar la distribución espacio-temporal de los cetáceos de la zona de ballenas (…) y una análisis de los rangos de frecuencia emitidos durante las operaciones mineras sobre las distintas especies de mamíferos marinos”.
El dirigente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo y opositor al proyecto Tía María, Pepe Julio Gutiérrez, propuso a las autoridades electas de Islay declarar la in tangibilidad del territorio. Eso impediría la actividad minera que pretende desarrollar Southern Perú en los tajos de cobre La Tapada y Tía María.
Explicó que está en camino una mancomunidad, la unión de municipios para desarrollar obras y estrategias afines, promovida por los nuevos alcaldes José Ramos (Punta de Bombón), Helar Valencia (Cocachacra) y Jaime de la Cruz (Deán Valdivia). Estos podrán tomar iniciativas. «Se pueden emitir ordenanzas para declarar la intangibilidad. Si van a defender al Valle, deben hacerlo en distintos ámbitos», dijo Gutiérrez.
No a la extracción minera dijeron los pobladores de 48 comunidades de la zona de Linaca donde se han unido al Comité de Defensa de la Naturaleza (CDN).
Pobladores de las comunidades de la zona linaqueña dijeron estar en contra de la minería artesanal e industrial porque solo les traería destrucción al entorno ambiental, salud y agricultura, entre otras.
Los CDN están formados hace varios años en la zona de Linaca donde convergen las 48 comunidades, mismas que se rigen por sus propias leyes que datan de los años 1800 y que aún perduran.
María Luisa Mendoza es la secretaria de los CDN de Linaca y dijo estar en contra de la minería porque esta es dañina a la humanidad, por lo que los pobladores han dicho no a los trabajos mineros, máxime con las experiencias de los corpeños que solo destrucción han tenido.
El 31 de Octubre de 2014, FEDEPAZ participó a la Audiencia General convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre “Situación de Derechos Humanos y Estados de Emergencia en el Perú”. La audiencia tuvo lugar de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. en la Sala Rubén Darío del Edificio GSB de la Organización de Estados Americanos en Washington, USA, en el marco del 153o Período Ordinario de Sesiones de la CIDH.
La delegación de FEDEPAZ estuvo conformada por David Velazco Rondón, su Director Ejecutivo, y por Santiago Manuin Valera, Presidente del Consejo Permanente de Pueblos Awajún-Wuampisa.
David Velazco expuso el tema de la criminalización de la protesta social en Perú a través de cuatro cuestiones fundamentales: el uso indiscriminado de la fuerza policial y militar, la instrumentalización del derecho penal para perseguir a los dirigentes de las protestas, la campaña de difamación a los defensores de derechos humanos y la inexistencia de justicia y reparaciones para las víctimas de la criminalización.
En el último año las organizaciones que defienden los derechos indígenas y ambientales en el municipio de Comala, Colima, México, se han enfrentado a amenazas continuas, ataques, estigmatización y criminalización como resultado de su oposición a una concesión minera que se ha otorgado en la Comunidad Indígena Nahua de Zacualpan.
Esta concesión, hasta el momento, no tiene un estudio de impacto ambiental o otros permisos necesarios. Comunidades y organizaciones locales están preocupados de que la construcción de una mina en esta zona, tendría impactos negativos para la salud y el ambiente de la región, incluyendo para los usuarios del agua río abajo (300 mil habitantes). La concesión minera es para la exploración de oro, plata, cobre y manganeso y está siendo gestionado por GABFER, SA de CV cuyas otras conexiones corporativas e inversionistas son hasta el momento desconocidos y cuyo representante legal es Rigoberto Verduzco Rodríguez. Bios Iguana A.C., miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), han sido el asesoramiento y acompañamiento del Consejo Indígena Para la Defensa del Territorio de de Zacualpan – CIDTZ en su campaña de información sobre los impactos de la minería y apoya a la decisión del CIDTZ de declarar su territorio libre minería y de actividades extractivas.
Hoy en la casa matriz de Codelco, una delegación de autoridades y dirigentes comunitarios de la zona de Intag-Ecuador, fue recibida por Angelo Aguilar, gerente de exploraciones internacionales de la estatal chilena, cita en la que el ejecutivo aclaró que el proyecto está en fase exploratoria, que no hay regalías previas comprometidas y que no asume Codelco responsabilidad alguna de la ocupación policial del territorio para imponer el proyecto.
Luego de un mes de gestiones y de reiterada falta de voluntad de Codelco de recibir a la delegación ecuatoriana compuesta por Jomar Cevallos Alcalde de Cotacachi, Marcia Ramírez y Lauro Lucero comuneros de Junin y Chalguayacu Alto y Rosario Piedra, madre de Javier Ramírez detenido hace 7 meses por defender la vida; esta mañana se abrieron las puertas del edificio corporativo y fueron recibidos por el gerente de exploraciones internacionales.
Si bien en una primera instancia estaba anunciado para fines de octubre, será el próximo mes cuando se concrete la firma del acta para que Naciones Unidas comience con los controles ambientales a los proyectos mineros más importantes de San Juan (Argentina).
Trabajará un equipo conformado por hidrólogos, ingenieros en minas, biólogos y geólogos en cuatro proyectos. Además de los factores ambientales, también se fiscalizarán los controles locales. Para este trabajo, la provincia aportó más de $2 millones de pesos.