Los campesinos de las comunidades de Tezuitlán, norte de Puebla, fueron aprendiendo paso a paso a descubrir los métodos que aplican las empresas mineras y funcionarios estatales para “cuentearlos” y apropiarse de sus terrenos desde que el Grupo Ferrominero, propiedad de José Larrea, y la Minera Autlán incursionaron hace cuatro años en la zona.
Ante una asamblea de más de 2 mil delegados de la región –náhuatl, totonacos y mestizos– reunidos para definir estrategias en defensa de su territorio, el relato corre a cuenta del presidente auxiliar de Atoluca, José Cruz Reyes, y del comisariado ejidal, Juan Casanova, a propósito de cómo se formó el movimiento para rechazar la construcción de la hidroeléctrica Atexaco. Primero aclaran: “No se trata de una obra para generar electricidad para la población, sino para unir las futuras hidroeléctricas del río Apulco y servir al proyecto extractivo conocido como El Aretón, en Tlatlauquitepec, de la minera Autlán”.
Se acaba de conocer una multa al Proyecto minero Caserones del Consorcio Japonés Lumina Copper, de $ 7.620 millones, la segunda multa ambiental más alta luego de la cursada a Barrick Gold en el proyecto Pascua Lama. Este proyecto se ubica en la cordillera de la comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, Atacama.
Mujeres de todas las edades se unieron a la caravana ciudadana de habitantes de los pueblos aledaños al río Sonora, contaminado por el derrame de metales pesados el 6 de agosto de 2014. De madrugada, ayer inició en Hermosillo, capital del estado, la procesión de vehículos particulares que se fueron uniendo a otros, que a su vez formaron una larga 
Con baldes, bidones vacios, fotografías y a pocos días de conmemorarse el Día Mundial del Agua este 22 de marzo, mujeres de diversas comunidades de los departamentos de Oruro, Potosí y La Paz reunidas en la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra – RENAMAT, hicieron conocer cómo la actividad minera contamina sus fuentes de agua, les afecta en su vida diaria constituyendo en una forma de violencia medio ambiental contra las mujeres.
Una importante reunión, donde se abordaron mecanismos para enfrentar posibles nuevos focos de conflicto para la minería, especialmente en temas socioambientales y de judicialización de proyectos y operaciones, se concretó entre el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, y los máximos representantes del Consejo Minero, encabezados por su presidente, Jean Paul Luksic, y su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino.
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El caso de la empresa Exploraciones Oceánicas, su intento por establecer una mina marina de fosfato en el Golfo de Ulloa y la denuncia penal que interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la Cooperativa Pesquera Puerto Chale por “actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional”, ha llegado a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y en breve al Congreso del Estado.
Declaración pública
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sancionó con una multa de 14.745 Unidades Tributarias Anuales –equivalentes a $7.620 millones aproximadamente– a la empresa minera SCM Minera Lumina Copper Chile, titular de los proyectos “Caserones”, “Línea de Transmisión 2x220KV Maitencillo–Caserones”, y “Modificación Línea de Transmisión 2x220KV Maitencillo–Caserones, Variante Maitencillo Norte”, por una serie de incumplimientos asociados al resguardo de la calidad de las aguas subterráneas de la cuenca del Río Copiapó; la construcción de varios tramos de la línea de transmisión eléctrica que provee de energía al proyecto siguiendo un trazado distinto al autorizado; la operación y puesta en marcha del proyecto Caserones, sin haber validado previamente los estudios, diseños y sistemas correspondientes al control de infiltraciones asociados a los depósitos de lixiviación y lastre; entre otros.
Activistas de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuco), realizaron una protesta pacífica en la minera Cuzcatlán, ubicada en San José del Progreso, municipio de los Valles Centrales de Oaxaca, al cumplirse este domingo 3 años del homicidio de Bernardo Vásquez Sánchez, opositor de ese proyecto.