Internacional

Luksic descarta vínculo entre arriendo a familia Trump y proyecto minero

Andrónico Luksic salió ayer a desmentir una publicación del New York Times que reporta las facilidades que ha tenido el grupo minero Antofagasta -propiedad de Luksic- desde que Donald Trump asumió la Presidencia para explotar un yacimiento minero en Minnesota, frenado durante el gobierno de Barack Obama por posibles daños a un área de lagos y bosques ubicados en la frontera con Canadá y que son protegidos por el gobierno federal.

 De acuerdo al medio estadounidense, desde las primeras semanas de la presidencia de Trump, el gobierno trabajó para resolver los obstáculos que enfrentaba la propuesta minera, según consta en diversos correos electrónicos y calendarios gubernamentales.

Y es precisamente el avance del proyecto minero Twin Metals -“que se cree que es uno de los depósitos minerales sin desarrollar más grandes del mundo”- el que ha generado críticas y suspicacias por la conexión que tiene el grupo empresarial chileno con la familia Trump debido a que le arriendan una casa de su propiedad a Jared Kushner e Ivanka Trump, la hija del presiente estadounidense.

Según New York Times, el acuerdo de renta ha causado preocupación entre expertos en ética y grupos que se oponen a la minería cerca de las aguas fronterizas, y ha generado una atención nacional, particularmente entre algunos representantes demócratas en el congreso, sobre un tema que de otra manera solo sería un debate local.

“Hasta cuándo la misma historia!!! Lo dije en 2017 y repito: NO conozco a los Kushner-Trump. Una empresa que controlo tiene una casa, que ellos arriendan. NINGUNA RELACIÓN con proyecto Twin Metals. No sé con qué intención mezclan dos cosas NO relacionadas!!”, señaló ayer el empresario en su cuenta en Twitter.

 

Fuente:http://www.mch.cl/2019/06/26/luksic-descarta-vinculo-entre-arriendo-a-familia-trump-y-proyecto-minero/

Internacional

El trazo sucio de la minas, rastreado en tres continentes

La serie “Green Bold” ha retomado las investigaciones de tres reporteros a quienes se les impidió informar sobre los posibles daños medioambientales y los abusos cometidos por las compañías mineras. Informar sobre temas medioambientales puede ser costoso para los periodistas. Pueden pagar su compromiso con su trabajo, perdiendo la tierra en la que viven e incluso sus perdiendo vidas. Cuanto más sagaz y persistente es la cobertura periodística, mayor es la provocación de las compañías mineras. Unas compañías, que no dudan un instante en tomar represalias y bloquear el acceso a la información. Es particularmente el caso en la industria minera. Por primera vez, 40 periodistas de 15 países, organizados por Forbidden Stories, decidieron ir al terreno, rastrear las cadenas de suministro y usar herramientas de software para investigar las minas que en India, Tanzania y Guatemala trataron de impedir el trabajo periodístico.

El 1 de junio de 2015, el reportero indio Jagendra Singh publicó su último post en su página de Facebook donde colgaba regularmente sus reportajes. Había estado publicando durante dos meses información sobre el político local Rammurti Verma y sus supuestos vínculos con la minería ilegal de la extracción de la arena. Una actividad que las Naciones Unidas (ONU) ha identificado como una amenaza medioambiental grave.

Ese día, Singh, ingresó en el hospital, con quemaduras en el 50% de su cuerpo. “Los hijos de puta me echaron gasolina. Si quisieran, podrían haberme arrestado, ¿Qué necesidad tenían de matarme?”, dijo Singh en un video antes de morir a causa de sus heridas.

Con los ojos cerrados y sin poder siquiera mirar a la cámara, acusó a los oficiales de policía y a los simpatizantes de Verma de prenderle fuego. En el video se pueden ver su cuerpo devastado por las quemaduras. Murió a causa de sus heridas siete días después. Tenía 46 años.

Los informes oficiales afirman que Singh se suicidó. Sin embargo, el día del funeral, el hijo de Singh presentó una denuncia contra Rammurti Verma y cinco policías por conspiración para matar e inmolar. Más tarde, retiró su denuncia. Para esclarecer los hechos, Forbidden Stories se reunió con varios miembros de la familia Singh. Ellos reconocieron que durante años habían temido a las represalias. Por esta razón, habían aceptado el dinero de Verma a cambio de su silencio.

Un portavoz de Verma dijo que no podía responder porque estaba hospitalizado.

Singh es uno de los cuatro periodistas indios que supuestamente han sido asesinados por denunciar a las mafias de la arena, unos de los grupos del crimen organizado más prominentes, violentos e impenetrables de la India.

Desde 2009 y según el Centro para la Protección de los Periodistas, CPJ, al menos 13 periodistas han sido asesinados en el mundo mientras trabajaban en historias relacionadas con el medio ambiente. Los casos en realidad pueden aumentar hasta 29 ya que el CPJ todavía está investigando otras 16 muertes sospechosas.

En 2015, Reporteros sin Fronteras ya denunció un “deterioro constante de la situación de trabajo de los reporteros medioambientales”.

Forbidden Stories, un consorcio de 40 periodistas que publican en 30 medios de comunicación, descubrieron que las historias relacionadas con el medio ambiente pueden provocar serios problemas a los periodistas locales. Problemas y, en el peor de los casos, pueden ser asesinados. En otros casos, varios periodistas han sido arrestados, censurados, demandados, hostigados, amenazados y atacados.

“La mayoría de los periodistas que se enfrentan a estas dificultades trabajan en áreas remotas de América Latina, Asia y África”, según Eric Freedman, profesor de la Universidad de Michigan, que escribió un artículo sobre “los peligros del periodismo ambiental”.

El silencio es oro para una mina en Tanzania

En Tanzania, los periodistas han tenido que lidiar para poder informar sobre el impacto de la mina de oro situada en la región de North Mara que es propiedad de Acacia Mining, cuyo accionista mayoritario es el gigante canadiense Barrick.

Forbidden Stories, individualizó a una docena de periodistas –entre extranjeros y locales– que habían sido arrestados, amenazados o censurados por las autoridades de Tanzania, por informar sobre la mina.

Incluso acercarse a la mina, a más de mil kilómetros de Dar es Salaam, la ciudad más grande de Tanzania, es, a menudo, peligroso. En 2011, cuatro periodistas fueron conducidos a la comisaría de policía después de ser arrestados mientras se dirigían a informar sobre las muertes en las cercanías de la mina de oro de North Mara.

Forbidden Stories, rastreó el oro de la mina North Mara hasta la refinería MMTC-PAMP, en la India, de la que se suministran importantes empresas de tecnología como Apple, Canon y Nokia. Empresas que promueven la ética corporativa y se declaran respetuosas con el medio ambiente, mientras uno de sus proveedores es acusado por la agencia reguladora de Estados Unidos. Asimismo, el oro de Tanzania podría terminar en los codiciados teléfonos y ordenadores de alta tecnología.

“Durante nuestra auditoría obligatoria realizada en North Mara, tomamos muy en serio los informes de la ONG y hemos enfrentado las cuestiones planteadas”, dijo Hitesh Kalia, un oficial de riesgos y cumplimiento de MMTC-PAMP.

Tanto Canon como Nokia destacaron que la refinería india había sido auditada previamente y se determinó que era conforme. “Si se confirman las acusaciones, esta refinería será reportada y pediremos a nuestra cadena de suministro que desvíe el negocio de esta refinería”, dijo un portavoz de Nokia. Apple compartió una declaración similar.

Sin embargo, en los alrededores de la mina, los aldeanos han tenido que vivir durante décadas con las consecuencias medioambientales causadas por la extracción del oro. En lugar de la minería artesanal, Acacia y sus predecesores implantaron una minería industrial, con cantidades aún mayores de subproductos como metales pesados, que se han detectado luego en las aguas cercanas a niveles superiores a lo normal. En mayo, las autoridades multaron a la compañía con 5.6 mil millones de chelines tanzanos (2.4 millones de dólares estadundenses) por supuesta contaminación de la presa de deshechos y relave de North Mara.

Acacia Mining dijo a Forbidden Stories que “ya ha reconocido la necesidad de un manejo adicional de relaves” y que “ha comenzado a planificar y diseñar una nueva instalación de almacenamiento de relaves”.

Los delitos medioambientales no son los únicos de los que la compañía minera ha sido acusada. Las organizaciones no gubernamentales han documentado 22 supuestos asesinatos perpetrados por la policía o la seguridad de la mina desde 2014, así como un gran número de ataques y violaciones. ¿Las víctimas? La mayoría mineros que trabajaban a pequeña escala donde la mina ahora se instaló. La compañía los llama “intrusos”.

En una declaración, Acacia Mining dijo que había refutado consistentemente varias acusaciones de ambas ONGs con respecto a muertes ilegales y temas de derechos humanos. “En los cuatro años transcurridos entre 2014 y 2017, seis personas perdieron la vida en la mina North Mara como resultado de enfrentamientos con miembros de la policía local”, agregaron. Un portavoz de Barrick dijo que, como accionista, la minera canadiense no ejerce control operativo sobre North Mara.

Forbidden Stories, junto con un periodista de The Guardian (Reino Unido), entrevistaron a Lucia Marembela, una mujer de 44 años que declara haber sido violada dos veces en 2010, donde la mina se instaló. Marembela fue capturada por unos hombres mientras buscaba oro en la mina, una actividad que según cuenta es muy común entre las mujeres de la zona.

“Cuando estábamos cansadas de correr, acababan atrapandonos y llevándonos con ellos”, dice. “Nos tiraban en sus vehículos y nos llevaban a un lugar aislado, cerca de un aeródromo, lejos de la vista de los transeúntes”. Dice que un hombre la violaba, mientras los otros vigilaban. “Una vez que terminaban su sucio trabajo, me dejaban ir, subían a su vehículo y regresaban a su trabajo.”

Con la privatización de la industria minera de Tanzania, los habitantes del norte de Mara perdieron su tradicional y principal fuente de ingresos: la minería artesanal. “La compra de sus tierras por parte de la compañía, desestabilizó su medio de vida y la compañía nunca les compensó adecuadamente”, dice Mary Rutenge, profesora de la Universidad Mzumbe de Tanzania.

En Guatemala, una foto compromete una mina ruso-suiza

“En las economías emergentes, donde las personas dependen de los recursos naturales y estos recursos naturales son muy valiosos para la industria o para el gobierno, el trabajo de los periodistas es muy peligroso”, afirma Meaghan Parker, directora ejecutiva de la Sociedad de Periodistas Ambientales.

Especialmente porque a veces, las autoridades no reconocen a los periodistas medioambientales que trabajan en áreas remotas, como tales. “La línea entre activistas y periodistas puede ser muy borrosa”, añade Parker. “Los activistas que protestan y los periodistas que informan sobre la protesta corren un riesgo”.

Esto es lo que le sucedió al reportero Carlos Choc, miembro de una comunidad guatemalteca Maya Q’eqchi en El Estor, que durante un año debía trabajar en un proyecto de investigación sobre el impacto medioambiental y social de una mina de ferroníquel local. El 27 de mayo de 2017, un grupo de pescadores organizó un bloqueo para protestar a la vez contra las autoridades, que consideraban que les habían abandonado, y contra la mina, propiedad del grupo suizo Solway, al que acusaban de contaminar el lago Izabal que es su principal fuente de sustento.

Cuando los pescadores comenzaron a tirar piedras, los policías respondieron con balas. Una hora y media después, un pescador yacía muerto en el suelo en medio de un charco de sangre, con un proyectil en su pecho disparado por un policía. Carlos Choc, que capturó la escena con su cámara, fue inmediatamente acusado de “amenazas”, “incitación a cometer delitos” y “asociación ilícita”.

“La compañía de níquel, a través de sus trabajadores, estaba diciendo cosas como que yo llevaba un arma de fuego, o que yo llevaba un machete, o un palo y que era yo quien dirigía el grupo”, explica Choc. “Yo repito que, en primer lugar, nunca he llevado un arma de fuego. Mi trabajo es cargar una cámara fotográfica, o simplemente una grabadora, y llevar mi teléfono celular y mi computadora portátil. Eso es todo lo que llevo, no llevo nada más”.

Los periodistas, coordinados por Forbidden Stories, descubrieron que tanto los propietarios de las minas como las autoridades guatemaltecas mintieron repetidamente sobre la protesta y el impacto medioambiental de la mina. Un portavoz de la mina negó que la planta de procesamiento emitiera vapores rojos por la noche, a pesar de las pruebas fotográficas que indican lo contrario. En cuanto a la contaminación del lago, entrevistamos expertos que cuestionan las afirmaciones de las autoridades. “Al comparar los niveles de níquel que se encuentran en el lago junto a la mina y la planta para procesar su mineral, con los niveles de las aguas que se encuentran más alejadas, hay pruebas bastante sólidas para sostener que la mina y la planta están contaminando el lago”, dijo el biólogo portugués Eduardo Limbert.

La empresa matriz Solway dijo que los niveles de contaminación no habían cambiado desde que la planta comenzó a operar.

Mientras las autoridades le perseguían con cargos criminales, Choc, tuvo que vivir clandestinamente durante más de un año, lejos de sus hijos. La situación era insostenible. Tras conocer que un colega suyo había sido arrestado por los mismos cargos, decidió esconderse de las autoridades hasta poder presentarse ante el juez.

Choc, finalmente pudo ver a un juez en enero y lograr así evitar la prisión preventiva. Ahora está a la espera de la audiencia sobre su caso.

Confrontado a todos estas informaciones, José Felipe Baquiax, un juez que preside la sala de lo criminal de la Corte de Guatemala, dijo a los periodistas de Expresso (Portugal) y Le Monde (Francia) que iniciaría una investigación sobre el juez Édgar Aníbal Arteaga López, el magistrado a cargo de perseguir judicialmente tanto a los pescadores como a Carlos Choc.

“La libertad de expresión está incluida en la Constitución, por lo que no constituye un delito”, subrayó Baquiax.

“Cuando los periodistas informan sobre temas medioambientales, a menudo informan sobre compañías o actores corruptos que están en total sintonía con el gobierno”, dice Bruce Shapiro, director de Dart for Journalism and Trauma de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia. “Esto significa que los protagonistas de las investigaciones se convierten los enemigos más peligrosos del mundo, y me cuesta pensar en una categoría de reporteros de investigación que trate habitualmente con actores más peligrosos que los periodistas medioambientales”.

Las mafias de la arena callan a periodistas en la India

Esto a menudo significa enfrentarse a organizaciones poderosas. En el sur de la India, el cacique local de la minería de arena, S. Vaikundarajan, encabeza un imperio fundado por su padre en 1989. Su principal compañía, VV Mineral, extrae más arena de la que está oficialmente permitida y en lugares donde no se permite la minería.

“Aproximadamente, digamos que del 85 al 90% de la extracción de arena en la playa, legal e ilegal, está monopolizada por esta única familia”, dice Sandhya Ravishankar, un periodista de 37 años que trabaja en Tamil Nadu, un estado de la India donde la extracción ilegal de arena está devorando las tierras.

En Tamil Nadu, la extracción ilegal de arena ha ido aumentado desde los años 2000. En 2012, las autoridades del Estado decidieron actuar. Un prohibición fue declarada, mientras que investigaciones se abrieron sobre las potenciales actividades ilegales de la minería privada. Aun así, entre 2013 y 2016, las mineras exportaron más de 2 millones de toneladas métricas de minerales, según un informe de expertos presentado al Tribunal Superior de Madras.

Vaikundarajan dijo a Forbidden Stories que “la suspensión de la minería hasta que se complete la inspección no equivale a una prohibición de la minería”.

En un informe publicado en mayo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente subrayó los impactos ambientales y sociales de la extracción de arena, afirmando que es un tema de importancia mundial.

“Hay indicios de que nos estamos acercando a un futuro en el que el acceso a este recurso será un problema crítico para la sostenibilidad, y todos los costos de la extracción de arena sin control, están por venir”, enfatizó.

“Somos la única empresa que opera con una autorización ambiental válida… así que la degradación ambiental es una historia imaginaria que se difunde con un motivo oculto”, dijo Vaikundarajan, quien culpó de erosión del litoral al calentamiento global.

Ravishankar comenzó a informar sobre la extracción ilegal de arena de playa en 2013. Tan pronto como apareció su primera historia, recibió un recordatorio sobre la sensibilidad del tema: “El día que lo publicamos, al cabo de una hora o dos, llegó al periódico una demanda por difamación en la que se incluía mi nombre entre los acusados”.

La periodista de Chennai luego escribió una serie de seis artículos más pero nadie parecía dispuesto a publicar sus reportajes. Finalmente, en enero de 2017, el sitio web de noticias indio The Wire, publicó los resultados de su investigación. La periodista dice que empezó a recibir llamadas telefónicas amenazantes, que grabaciones de seguridad de una de sus reuniones con una de sus fuentes fueron publicadas en Internet.

“Sandhya Ravishankar tiene una enemistad personal contra nuestra compañía”, dijo Vaikundarajan en una larga declaración criticando largamente a la periodista que, según él, trabaja para uno de sus competidores.

Ravishankar no ha viajado a la región desde 2015 por miedo a su seguridad.

“Hay una verdadera parálisis por culpa de los ataques”, afirma Saul Elbein, un profesional independiente que ha escrito sobre el asesinato de periodistas medioambientales, para el Centro Pulitzer.

“A medida que el mundo se precipita hacia una crisis medioambiental, los reportajes más significativos que se realizan en los lugares remotos donde ocurren los delitos medioambientales, son cada vez más escasos. En otras palabras, las luces se están apagando, justo cuando son más necesarias.”

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/06/el-trazo-sucio-de-la-minas-rastreado-en-tres-continentes/

Internacional

Alemania: miles de militantes ecologistas rodearon una mina de carbón en Hochneukirch

Buscan impedir que la empresa elimine un bosque para ampliar la planta. Aseguran que el Gobierno federal no hace lo suficiente por el Medio Ambiente.

Miles de personas se sumaron el sábado a las protestas contra el cambio climático cerca de una gran mina de carbón de lignito en Alemania, dos días después que los líderes de la Unión Europea no pudieron acordar un plan para neutralizar las emisiones de carbón para el 2050.

La policía apostó cientos de agentes en y alrededor de la aldea de Hochneukirch, en el oeste del país, para impedir que los manifestantes bloqueen la enorme mina a cielo abierto y las usinas adyacentes.

Cientos de manifestantes lograron bloquear por un tiempo las vías del tren de transporte de carbón y otro grupo atravesó una barrera policial para entrar a la mina, informó la agencia noticiosa dpa. Las diversas manifestaciones fueron, en general, pacíficas.

La mina se ha convertido en blanco de protestas ambientales porque el operador, la empresa de electricidad alemana RWE, amenazó con eliminar un bosque cercano para agrandarla.

«Es importante aumentar la presión sobre el gobierno», dijo la manifestante Selma Schubert. «El gobierno no hace lo suficiente contra el cambio climático».

Los manifestantes del sábado portaban pancartas con consignas por la protección climática al atravesar las aldeas renanas cerca de la mina.

Según el sindicato de la policía, los manifestantes cruzaron con violencia las barreras policiales y dos agentes resultaron heridos.

En la manifestación participaron conjuntamente activistas de «Ende Gelände» y escolares del movimiento «Frydays for Future» que, sin embargo, no tomaron parte en la toma del yacimiento de Garzweiler.

Según el grupo ambientalista Bund, participaron más de 8.000 personas.

«Construir un movimiento, eso es hermoso», dijo Seimi Rowin, quien viajó desde Escocia. «Pero tenemos que avanzar al próximo paso… Si no, lo pagarán las generaciones futuras».

Luego de meses de protestas estudiantiles por el clima y una fuerte alza en las encuestas del partido Verde, la canciller Angela Merkel dio su apoyo recientemente al objetivo de volver neutral a Alemania para 2050. Eso significa que la economía no agregaría gases de invernadero a la atmósfera.

Los científicos dicen que es indispensable acabar con el consumo de combustibles fósiles para mediados de siglo si se quiere alcanzar el objetivo principal del acuerdo de París de 2015, de impedir que las temperaturas globales aumenten más de 1,5 grados Celsius (2,7 Fahrenheit) con respecto a las de la época preindustrial.

 

Fuente:https://www.infobae.com/america/fotos/2019/06/22/alemania-miles-de-militantes-ecologistas-rodearon-una-mina-de-carbon-en-hochneukirch/?fbclid=IwAR3Z7ni-yv04O1eAumXTRjVfJzKCxFNwcUTEl0qQPDERzDwkbve4nVxVIEw

Internacional

El precio del oro que llega a nuestros móviles

Reporteros represaliados, daño ambiental y mujeres violadas rodean la extracción del mineral en la mina North Mara, en Tanzania

Mujeres violadas por guardias de la mina, reporteros amenazados y perseguidos y contaminación medioambiental es la herencia de una mina de oro que abastece nuestra tecnología desde el norte de Tanzania. Los reporteros que intentan investigar la violencia, el daño ambiental y otras irregularidades están atrapados entre el silencio de un gigante minero y las mentiras de un Gobierno represivo. Al menos una docena de reporteros, locales y extranjeros, que escribieron sobre la mina han sido censurados o amenazados. Forbidden Stories, un consorcio internacional de 40 periodistas que publican en 30 medios de comunicación, ha investigado esta vergonzosa historia del oro de la mina de North Mara. Un mineral que termina en los codiciados teléfonos inteligentes y computadoras de alta tecnología. Este artículo forma parte de la serie Green Blood, un proyecto que indaga las historias de periodistas que han sido amenazados, encarcelados o asesinados mientras investigaban temas ambientales.

“Los productos realmente innovadores son los que dejan su huella en el mundo, no en el planeta”, afirma Apple con orgullo en su página web. «Estamos construyendo un mundo mejor para las generaciones futuras», dice el consejero delegado de Canon. Mientras que la tecnología de Nokia «mejora la vida». «En este momento, el abastecimiento responsable forma claramente parte del coste de hacer negocios, es parte de la necesidad comercial de una empresa para acceder a los mercados y al financiamiento, entre otros», dijo Tyler Gillard, experto en auditorías de compras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

En otras palabras, vale la pena anunciar productos ecológicos, libres de sangre, sostenibles y producidos de forma ética y humana. Por esta razón, las grandes empresas de tecnología obtienen el oro que necesitan para ciertos componentes electrónicos de proveedores certificados. En el caso de Apple, Canon, Nokia y más de 500 empresas registradas en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, es la Refinería MMTC-PAMP en India. Sin embargo, las certificaciones que garantizan minerales libres de conflictos se diseñaron teniendo en cuenta a los pequeños mineros, no a las multinacionales. Y en Tanzania, una mina de oro propiedad del gigante canadiense de la extracción de oro Barrick tiene un historial documentado de abusos a los derechos humanos y daños ambientales. La mina de oro North Mara actualmente envía sus lingotes a la refinería MMTC-PAMP, que los coloca luego entre los proveedores de muchos clientes de la industria tecnológica.

Tanto Canon como Nokia aseguran que la refinería india ha sido auditada previamente y que se determinó que era conforme. «Si se confirman las acusaciones, esta fundición será de bandera roja y pediremos a nuestra cadena de suministro que desvíe el negocio», dijo un portavoz de Nokia. Apple compartió una declaración similar.

En el otro extremo de la cadena, sin embargo, los reporteros locales y extranjeros que han tratado de cubrir lo que está sucediendo en el terreno se han enfrentado a la intimidación y a la censura del estado. Forbidden Stories, un consorcio de 30 medios de comunicación, descubrió irregularidades en la mina de oro North Mara, a pesar de las declaraciones de la compañía.

Durante aproximadamente dos décadas, la historia de la mina, cerca de la región de los Grandes Lagos, ha estado plagada de violencia. Como resultado, la explotación está rodeada por un muro de dos metros de altura y custodiada como una fortaleza. Física y metafóricamente. Forbidden Stories habló con varios reporteros que habían sido amenazados por informar sobre ella. Algunos fueron intimidados, otros censurados por las autoridades. Un reportero tuvo que huir del país durante un par de años. «Han generado miedo», dice Jabir Idrissa, un periodista de 55 años de Zanzíbar que no ha olvidado lo que le sucedió hace dos años. Trabajaba como editor de dos periódicos, el semanario de lengua suahilí MwanaHalisi y Mawio, ambos integrantes de un grupo de prensa reconocido por sus reportajes de investigación.

 

En junio de 2017, Mawio publicó un artículo que relacionaba a dos expresidentes con supuestas irregularidades en los acuerdos mineros firmados en la década de 1990. «Teníamos largas discusiones en la sala de redacción cuando decidíamos sobre las historias», dice Idrissa recordando la reunión editorial que precedió a la publicación. «En verdad, hay temas sobre los que no informamos debido al entorno general», señaló. “Pero este era un deber”, añade, «porque el trabajo del periodista es decir la verdad».

Esto es particularmente difícil en Tanzania, donde la libertad de prensa ha sido amenazada durante los últimos cinco años y, más concretamente, desde la elección de John Magufuli como presidente en 2015. Una reciente ley prevé más de tres años de prisión, una multa de más de cinco millones de chelines (1.870 euros) o ambos por publicar a sabiendas información o datos considerados «falsos, engañosos o inexactos».

Además, «los periodistas son atacados sin razón», según Ryan Powell, un especialista en desarrollo de medios que trabaja en África Oriental y Occidental. «La policía acosa a los periodistas y la gente no interfiere». Tanzania ocupa ahora el puesto 118 entre los 179 países en el Índice de Libertad Mundial de Reporteros Sin Fronteras. Cayó 25 puestos en el último año.

El día siguiente a la publicación de la investigación de Mawio, el ministro de Información Harrisson Mwakyembe, prohibió el periódico durante dos años. El editor jefe, Simon Mkina, afirmó que comenzó a recibir llamadas telefónicas amenazadoras. En cuanto a Idrissa, perdió su trabajo y fue excluido de cualquier otra posible ocupación como periodista. Sin recursos, teniendo que alimentar a sus tres hijos, comenzó a trabajar en la tienda de segunda mano de su primo en Zanzíbar.

La historia que causó todo esto era sobre Acacia Mining, una compañía registrada en el Reino Unido que ha sido propietaria de la mina de oro North Mara con diferentes nombres desde 2006 y cuyo accionista mayoritario es Barrick. La empresa matriz canadiense pronto podría convertirse en el propietario directo de la mina North Mara y otras dos más, debido a una disputa fiscal entre Acacia y el Gobierno de Tanzania.

Después de beneficiarse durante años de un acuerdo fiscal extremadamente ventajoso con el Gobierno de Tanzania, la compañía ahora está perdiendo su combate con las autoridades en el frente ambiental. En mayo, las autoridades multaron a la compañía con 5.600 millones de chelines (2,2 millones de euros), por supuesta contaminación en la presa de desechos de North Mara.

January Makamba, el ministro responsable de medio ambiente, dijo que la cuantía de la multa se justificaba, entre otras cosas, por la persistencia del problema. «Han pasado 10 años y en la instalación de almacenamiento de deshechos aún se producen filtraciones», apuntó sobre la presa que se supone debería evitar filtraciones de los subproductos de la operación minera. «La mina de oro de North Mara ha guardado el agua con veneno en esta instalación durante mucho tiempo, y esta presa no está construida correctamente, por lo que el veneno se ha filtrado en el agua subterránea y en los ríos y arroyos cercanos». Makamba reconoció cierta responsabilidad por parte del Gobierno de Tanzania diciendo: «Siempre creímos lo que la mina nos decía».

Acacia Mining notificó a Forbidden Stories que «ya ha reconocido la necesidad de un manejo adicional de relaves [residuos de minería]» y que «ha comenzado a planificar y diseñar una nueva instalación de almacenamiento de relaves».

El político opositor Tundu Lissu, que ha escrito sobre los aspectos ambientales de la industria minera en Tanzania, señaló «la contaminación de los ríos y las praderas de donde los aldeanos están obteniendo el agua y criando a sus animales” así como “graves problemas de salud asociados a la contaminación”. «Vi a seis personas que se lavaban en el agua cerca del área minera y sufrieron una muy mala reacción», dijo el Nega, exoficial médico del distrito en el área, sobre los pacientes que vio en 2013.

En 2009, un estudio encontró altos niveles de arsénico en el agua en las proximidades de la mina. Las concentraciones elevadas de arsénico están con frecuencia cerca de los sitios de extracción de oro. En 2015, agricultores de la región enviaron muestras de agua que iban de la mina a Kenia para que fueran analizadas. El análisis toxicológico de un analista del Gobierno de Kenia señaló que «los niveles de nitratos y nitritos se consideran inseguros para el consumo del ganado».

«Se produjo un incidente ambiental en la mina North Mara durante la temporada alta de lluvias de la primavera de 2009, cuando el agua que contenía las descargas de los estanques de contención y la escorrentía de la mina entraron al cercano río Tigithe», informó Acacia Mining en un comunicado. La compañía dice que tomó medidas inmediatas tras lo ocurrido.

Además, las organizaciones no gubernamentales han documentado 22 presuntos homicidios cometidos por la policía o los trabajadores de seguridad de las minas desde 2014. ¿Las víctimas? La mayor parte mineros ilegales, llamados «intrusos» por la compañía. «Los pequeños mineros que tenían licencias gubernamentales eran los dueños de la mayoría de las tierras en cuestión», explicó Mary Rutenge, profesora de la Universidad Mzumbe en Tanzania. «La adquisición de sus tierras por parte de la compañía desestabilizó sus medios de subsistencia y la compañía no les compensó adecuadamente».

 

En 2009, un estudio encontró altos niveles de arsénico en el agua en las proximidades de la mina

Todo aquello con resultados desastrosos: grupos de jóvenes desempleados de las aldeas vecinas se arman con machetes o lanzas de metal y se emborrachan con cerveza y Knoyagi –una marca local de ginebra– todas las noches para encontrar el coraje de escalar el muro con la esperanza de ganar un par de cientos de dólares al mes. En su lugar, encuentran a la policía armada al otro lado.

¿Por qué arriesgan tanto? “Tenemos que ir a buscar oro para ayudar a nuestras familias”, comentó Monchena Mwita, líder de los “intrusos” de Kiwanja, un pueblo que se encuentra al borde de la mina. «No podemos conseguir oro sin entrar en el lugar y no hay ningún otro para conseguir dinero, esta es nuestra única fuente de ingresos».

Los responsables de Barrick culpan a la policía de Tanzania de cualquier acción delictiva. «Ha habido muchas, muchas investigaciones sobre varias acusaciones, y no puedes responsabilizarme por lo que haga el Estado», afirmó el consejero delegado de Barrick, Mark Bristow, cuando Forbidden Stories le preguntó por los asesinatos.

Sin embargo, la barrera que separa a las fuerzas policiales nacionales de la seguridad de las minas no es tan clara. Según la organización no gubernamental del Reino Unido RAID, Acacia firmó un memorando de entendimiento con la policía en el que establece que «proporcionará apoyo monetario y en especie a la policía, pagará a los oficiales un subsidio, proporcionará comidas y alojamiento y suministro combustible ” para proteger a la mina.

Algunas víctimas también dicen que no fue la policía, sino los trabajadores de seguridad de la mina quienes los atacaron. Forbidden Stories, junto con un reportero de The Guardian (Reino Unido), se encontraron con Lucía Marembela, una mujer de 44 años que fue violada dos veces en 2010. Afirmó que reconoció a sus violadores como fuerzas de seguridad de la mina porque llevaban uniformes azules y no los beige de la fuerza policial.

Marembela fue acorralada por varios hombres mientras buscaba oro cerca de la mina, un destino que, comenta, es común para las mujeres de la zona. «Cuando nos cansábamos de correr terminaban atrapándonos y llevándonos con ellos», indica. «Nos tiraban en su vehículo y nos llevaban a un lugar aislado, cerca de un pequeño aeródromo, lejos de la vista de los transeúntes». Afirma que un hombre la violaba mientras los otros vigilaban. «Una vez que terminaban su sucio trabajo, te dejaban ir, subían a su vehículo y regresaban al trabajo», concluye. Hemos conocido a otras dos mujeres que describen el mismo ataque.

Marembela tendrá que pasar el resto de su vida viviendo con las consecuencias. Su esposo la dejó cuando supo que había sido violada, dejándola sola para criar a sus seis hijos. «Tengo muy malos recuerdos de lo que me hicieron», expresa ella. “Especialmente porque todos saben que fui violada, comenzando por mis hijos. A veces las personas, en la calle, hablan de lo que me pasó, y eso me duele mucho».

 

«Los abusos de derechos humanos relacionados con el uso excesivo de la fuerza por parte de la seguridad minera privada y pública fueron muy altos entre 2009 y 2016»

Marembela y otras mujeres fueron juntas para quejarse a la gerencia de la mina. La compañía, llamada posteriormente African Barrick Gold, las contactó y les hizo firmar un acuerdo: a cambio de 13,9 millones de chelines (5.400 euros aproximadamente), tuvieron que renunciar a su derecho de presentar un caso civil contra la mina o Barrick. Ella reconoce que no fue capaz de leer y entender completamente el documento antes de firmarlo.

«No se debe silenciar a las personas, pero siempre hay retribución», comenta Bristow. «En el poco tiempo que he estado con Barrick ha habido demandas de retribución, no por vía de la justicia, para pagar a las personas que están poniendo las demandas».

La situación continúa hoy en día. «Estos abusos, particularmente en la mina de oro de North Mara, van y vienen», dice Lissu, quien anteriormente representaba legalmente a los aldeanos en la región. Lissu fue víctima de un intento de asesinato en 2017, después de acusar al Gobierno de Magufuli de mentir sobre el contrato minero. “Hay periodos de calma, y luego algo sucede y todo explota. Pero las tensiones se mantienen».

«Los abusos de derechos humanos relacionados con el uso excesivo de la fuerza por parte de la seguridad minera privada y pública comenzaron a aumentar notablemente alrededor de 2005 y fueron muy altos entre 2009 y 2016», explicó Catherine Coumans, de la ONG canadiense Mining Watch, que ha estado documentando lo que está sucediendo en North Mara durante años. «Nuestros contactos locales, e incluso personal de la mina que he entrevistado, me han dicho que el enfoque internacional de MiningWatch y RAID han abierto el tema, han ayudado a reducir los casos de tiroteos, pero sigue habiendo fuertes palizas, especialmente en la cabeza y articulaciones de las personas, lo que a veces conduce a discapacidades de por vida». En una declaración, Acacia Mining dijo que había refutado consistentemente varias acusaciones de ambas ONG con respecto a muertes ilegales y temas de derechos humanos.

Los periodistas de Forbidden Stories se reunieron con las familias de dos hombres fusilados por la policía en incidentes separados en 2014 y 2016, cuando estaban dentro de la mina. Las familias dicen que no fueron compensadas. La policía insiste en que actuó en legítima defensa.

«De acuerdo con los propios registros de Acacia se desprende claramente que las violaciones de los derechos humanos continúan en esta mina», escribió en julio de 2017, Rights and Accountability in Development (RAID), una organización no gubernamental con sede en el Reino Unido. Sin embargo, las barras de oro de la mina ahora se refinan en MMTC-PAMP, una refinería india que forma parte del grupo suizo-holandés MKS PAMP, certificada por la London Bullion Market Association, la asociación comercial más prestigiosa de la industria.

«Durante nuestra diligencia en North Mara, tomamos muy en serio los informes de las ONG y desafiamos a la mina en las cuestiones planteadas», señaló Hitesh Kalia, un oficial de riesgos y cumplimiento de MMTC-PAMP. «Hemos evaluado las medidas tomadas por la mina para remediar los reclamos de derechos humanos, que son en gran parte históricos y relacionados con las actividades de la policía estatal que opera en la misma zona».

Volviendo a 2010, en el momento álgido de los abusos contra los derechos humanos, un documento escrito para inversores indicaba que el oro era refinado por la compañía suiza Argor-Heraeus, que también certifica y provee a más de 600 compañías.

Hay que fiarse menos de las etiquetas, insisten los expertos. «Es importante saber que estas etiquetas de la industria del oro, que son administradas por la propia industria, no son un programa de certificaciones», explica Gillard. «Verifican que las refinerías dispongan de sistemas para obtener oro de manera responsable, en conformidad con las normas de la OCDE. No tienen la intención de proporcionar una garantía sobre el estado de los productos, una garantía de que no hay trabajo infantil, una garantía de que no existe una financiación de conflictos con cada pedazo de oro que se compra». Y sostiene que la complejidad de la cadena del oro hace imposible el trabajo y que la calidad de las auditorías a menudo es insuficiente. La responsabilidad se diluye a lo largo de la cadena de suministro. Jürgen Heraeus, presidente de la Junta de Supervisión de Argor-Heraeus, describe la situación con franqueza en una entrevista en 2016: «En esta industria es imposible refinar oro limpio».

Así, de regreso en Tanzania, los mineros “intrusos” empobrecidos siguen buscando oro a riesgo de sus vidas, y los reporteros son castigados y se les impide arrojar luz sobre el daño ambiental y otros delitos. «Una vez que hayan usado el oro, se irán y dejarán tras ellos el veneno», remarcó Lissu sobre la actividad minera. Y, en el caso del periodista Jabir Idrissa, una carrera y un modo de vida destrozados.

En diciembre de 2018, Mawio ganó el caso en la corte contra el ministro para poder obtener la información que solicita. Sin embargo, el periódico no se volverá a abrir pronto, ya que necesitan una licencia del Gobierno para publicar nuevamente. «Así que solo depende del Gobierno. Si nos otorgan la licencia, volveremos a trabajar ”, continúa Idrissa. «No he perdido la esperanza de poder regresar y trabajar en condiciones y con coraje».

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/06/el-precio-del-oro-que-llega-a-nuestros-moviles/

Internacional

Las mafias de la arena callan a periodistas en la India

Cada año se extraen en todo el mundo hasta 50 mil millones de toneladas métricas de arena y grava. La inagotable necesidad de arena de este país en rápido desarrollo es el caldo de cultivo propicio para las actividades ilegales que se conocen como las “mafias de la arena”. Forbidden Stories, un consorcio internacional de 40 periodistas, que publican en 30 medios de comunicación de todo el mundo, ha investigado la censura, la violencia y el daño medioambiental que han provocado estos magnates de la arena. Estas investigaciones forman parte de la serie, “Green Blood”, un proyecto que indaga las historias de los periodistas que han sido amenazados, encarcelados o asesinados mientras investigaban temas medioambientales.

En automóvil se tardan casi cuatro horas para ir desde Lucknow, la capital de Uttar Pradesh, hasta la ensordecedora ciudad de Shahjahanpur.

Una ciudad en la que no es fácil moverse por sus calles estrechas, llenas de bicicletas y vendedores ambulantes. En el aire resuena constantemente un concierto de bocinas.

Lejos del bullicio de las calles principales, encontramos una plaza rodeada de casitas. Entre ellas, una vivienda tranquila de dos habitaciones, queda oculta a los transeúntes por una pared verde de tres metros y unas puertas de hierro azul. Dentro de esas paredes, todavía no se ha resuelto el misterio de lo que le sucedió al periodista independiente indio, Jagendra Singh, hace cuatro años.

El 1 de junio de 2015, Singh, estaba esperando una visita aun así no sabía exactamente lo que le esperaba. Durante semanas, había estado escribiendo sobre la supuesta participación del político local, Rammurti Singh Verma, en el negocio ilegal de la extracción de arena. Había llegado el momento de un encuentro.

Sin embargo, a primera hora de la tarde, fue la policía la que se presentó en su casa. La familia de Jagendra Singh dice que los partidarios de Verma también se presentaron. Al rato, Singh ingresó agónico en el hospital con quemaduras en más del 50% de su cuerpo.

“¿Qué necesidad tenían de matarme?”, dijo en un video grabado en el vestíbulo del hospital local al que fue rápidamente transportado. “Los hijos de puta me rociaron con gasolina. Saltaron por encima del muro y entraron en mi casa. Si hubieran querido, pudieron haberme arrestado en lugar de hacer eso”.

Con los ojos cerrados y sin poder siquiera mirar a la cámara, acusó a los oficiales de policía y simpatizantes de Verma de prenderle fuego. En el video, se pueden ver sus quemaduras devastadoras. Murió a causa de sus heridas siete días más tarde. Tenía 46 años.

Más allá de las fechas y los protagonistas involucrados, los hechos de ese día son discutidos. La familia de Singh, dijo que el periodista fue atacado y quemado vivo. La policía, en cambio, concluyó que se trataba de un suicidio. El único testigo presencial del incidente, una amiga de Singh que estaba en la casa con él, inicialmente apoyó la versión de los hechos del periodista, pero cambió su historia varias veces. Incluso en una entrevista reciente, muy nerviosa, dio tres relatos completamente diferentes de lo que sucedió ese día.

Forbidden Stories, un consorcio internacional de 40 periodistas que publican en 30 medios de comunicación de todo el mundo, recopiló testimonios que desdicen la versión oficial del suicidio de Jagendra Singh. Forbidden Stories, cree que su muerte forma parte de la historia de represión y silenciamiento llevada a cabo por los magnates de la arena en la India en estos últimos años.

“Se metió en problemas desde el momento en que escribió contra el ministro [Verma]”, dijo la viuda de Singh. “Lo regañé. Le dije que no debería escribir tales historias y él me contestó que quería llegar hasta el final”.

Desde el comienzo de su carrera periodística en 1999, Singh, cambió de empleador varias veces porque se sentía regularmente censurado. “A veces, a sus jefes se les pedía que abandonaran una historia o les pagaban dinero para asegurarse de que las noticias nunca se publicarían y mi padre se enfadaba”, dijo Rahul, el segundo hijo de Singh.

El 27 de abril de 2015, Singh, posteó su primera publicación en Facebook acusando a Verma, el entonces Ministro de Bienestar en Uttar Pradesh, de dirigir operaciones ilegales. Sus publicaciones periodísticas en Facebook las seguían miles de personas.

“No queda casi ningún negocio ilegal que no esté siendo administrado por el ministro Ramamurthi Singh Verma”, posteó en uno de ellos. Uno de los negocios del ministro, escribió, era la extracción ilegal de arena. Junto con las fotos, Singh, publicó una historia acusando a los trabajadores del Ministro de extraer ilegalmente la arena del río Garra. Singh, afirmó que Verma sobornó a la policía local con 10,000 rupias (150 dólares) por día, para permitir la extracción.

Un portavoz de Verma dijo que no podía responder porque estaba hospitalizado.

Las relaciones entre los dos hombres se fueron tensando durante meses. Simpatizantes de erma presentaron denuncias supuestamente falsas contra el periodista. Solo se fueron empeorando la situación ya que Singh continuaba escribiendo sobre el Ministro. Las amenazas pasaron a ser físicas. Según Singh, los secuaces de Verma le rompieron un tobillo tras un ataque.

Aun así Singh persistió. Su desesperación era tal, que decidió jugar con las mismas cartas que el Ministro. Sus amigos confiesan que, exasperado – en lo que describen como un acto impropio de él – ayudó a presentar una denuncia por violación supuestamente falsa, contra Verma. La denuncia fue retirada tras la muerte de Singh.

El día del funeral de Singh, el 9 de junio de 2015, su hijo presentó una denuncia contra Verma y cinco policías por conspiración para cometer asesinato e inmolación. No pasó mucho tiempo antes de que el ministro se pusiera en contacto con la familia.

Por primera vez, los miembros de la familia Singh han reconocido a Forbidden Stories y a un periodista de Le Monde (Francia), que abandonaron el caso después de llegar a un acuerdo con Verma.

Después de la muerte de Singh, la presencia y la atención de los medios de comunicación mantuvo a la familia esperanzada durante un par de semanas. Pero pasado un cierto tiempo los periodistas tuvieron que irse y la familia comenzó a sentirse aislada e indefensa frente a Verma. Los familiares y amigos comenzaron a presionarlos para que aceptaran un acuerdo con el ex ministro. La viuda de Singh dijo que temía por la vida de sus hijos.

“Muchos de nuestros familiares se pusieron de repente contra nosotros”, recuerda. “Nos dijeron que la vida de mis hijos estaba en peligro”.

La familia afirma que Verma les dio en efectivo el equivalente a tres millones de rupias (45 mil 000 dólares). La familia comprendió que esta generosa donación estaba condicionada a una declaración en la que se dijera que Singh se había suicidado.

Finalmente, el 23 de julio de 2015, el hijo de Singh retiró su denuncia.

Un mes más tarde, el 27 de agosto de 2015, Verma, hizo una deposición ante la policía en la que estipulaba que la denuncia presentada por Singh era “falsa”. Verma también declaró que nadie había acosado a Singh, ni nadie lo había quemado. En esta declaración, Verma, no mencionó el acuerdo con la familia ni el dinero que les donó.

Según la familia, Verma, quería que la familia destinase el dinero a la hija de Singh, Diksha. “Educadla y dejad que estudie hasta que ella quiera y que luego se case, usad ese dinero para su matrimonio”, así es como recuerda el hijo de Singh las palabras de Verma.

Hoy, la familia está destrozada por culpa de este acuerdo. La hija de Singh, determinada a que su padre sea reconocido como asesinado, se niega, en contra de los deseos de su familia, a tocar el dinero y a casarse.

“Él quería luchar para obtener justicia y siepre quiso hacer algo bueno por Shahjahanpur”, recuerda la hija. “Muy pocas personas son tan valientes como para enfrentarse a un ministro tan poderoso. Mi padre fue uno de los pocos que expuso la verdad”.

En India, Singh, no era el único periodista presuntamente atacado por escribir sobre las mafias de arena. Sandeep Kohari murió solo un par de semanas después de Singh. Karun Misra lo hizo en febrero de 2016 y Sandeep Sharma en marzo de 2018. Todos estaban investigando la extracción ilegal de arena cuando fueron asesinados.

Según Aunshul Rege, profesor asociado en el departamento de justicia penal de la Universidad de Temple, en Filadelfia, “la `mafia de la arena´ es considerada actualmente como uno de los grupos de crimen organizado más prominentes, violentos e impenetrables de la India”. Y está claro que estás mafias harán todo lo posible para mantener en secreto su negocio.

En el terreno, las ONG y los periodistas que intentan esclarecer el funcionamiento de la industria de la minería de arena, se enfrentan a una batería inmediata de amenazas. A medida que van acercándose a la verdad, las advertencias son fulminantes. Cuando se investiga el negocio de la arena, la intimidación es frecuente y la corrupción es sistemática.

Porque, a pesar de estar disponible para cualquiera, la arena es un producto lucrativo. Las playas son fuente de minerales valiosos como el granate, la ilmenita y el circón. Minerales que se utilizan principalmente en el campo de los abrasivos de voladura (a menudo llamados chorro de arena), comunes tanto en la fabricación de aeronaves, como en la construcción naval y en la industria automotora.

La extracción ilegal de arena se ha extendido desde 2000 a lo largo de la costa de Tamil Nadu. En 2013, las autoridades estatales finalmente decidieron tomar medidas. Se prohibió la extracción mientras se iniciaban las inspecciones de las actividades ilegales de las compañías mineras privadas.

Sin embargo, entre 2013 y 2016, las mineras privadas continuaron exportando por todo el mundo más de dos millones de toneladas métricas de minerales, según un informe de expertos presentado ante el Tribunal Superior de Madras.

En una declaración a Forbidden Stories, Vaikundarajan indicó que “el cese de la minería hasta que se complete la inspección no equivale a la prohibición de la minería”. En cuanto al informe pericial presentado ante el tribunal, Vaikundarajan dijo que “todas las alegaciones formuladas carecían de fundamento y no eran conformes a la ley”.

Sandhya Ravishankar, periodista de Chennai en Tamil Nadu, es una de los pocos profesionales que han investigado este tema.

Tan pronto como apareció su primera historia en 2013, recibió un aviso muy claro: “El mismo día de la publicación, en tan solo una hora o dos, demandaron al periódico por difamación e incluyeron mi nombre entre los acusados ”.

La periodista de Chennai continuó escribiendo una serie de seis artículos más, pero nadie quería publicar sus reportajes. Finalmente, en enero de 2017, el sitio web de noticias indio, The Wire, publicó los resultados de su investigación. Como consecuencia recibió más amenazas telefónicas y fue espiada. La periodista dice que empezó a recibir llamadas telefónicas amenazantes, que grabaciones de seguridad de una de sus reuniones con una de sus fuentes fueron publicadas en Internet.

“Sandhya Ravishankar tiene una enemistad personal contra nuestra compañía”, dijo Vaikundarajan en una larga declaración criticando largamente a la periodista que, según él, trabaja para uno de sus competidores.

Tras estas intimidaciones, Ravishankar, decidió continuar su investigación a distancia. Por razones de seguridad, nunca ha regresado a la zona. Forbidden Stories ha unido esfuerzos para trabajar con ella y seguir informando sobre la minería ilegal de arena en la playa en Tamil Nadu.

En uno de los distritos donde la extracción ilegal ha sido más intensa, la gente tiene miedo de hablar. El temor es tal que algunos habitantes no se atreven a mencionar el nombre del imperio local de extracción de arena en la playa: V.V. Mineral.

La compañía la dirije S. Vaikundarajan, cuyo nombre aparece más de una vez en las investigaciones estatales y judiciales. “Alrededor de, digamos, entre el 85 y el 90% de la extracción de arena de playa, tanto legal como ilegal, está monopolizada por esta familia”, afirma Ravishankar.

Hay un recordatorio de V.V. Mineral en cada esquina de Thisayanvilai. El más importante es el V.V. Colegio de Ingeniería, un nuevo e imponente edificio construido en 2010 y protegido por guardias de seguridad. La fachada rosa y blanca está impoluta, destacando en medio de este pueblo rural y pobre. A una corta distancia, un centro de salud lleva el nombre de este magnate del negocio de la arena. Sin embargo, el impacto ambiental a largo plazo de la minería de arena, empaña este cuento de hadas.

En un informe publicado en mayo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, subrayó los impactos medioambientales y sociales de la extracción de arena afirmando que se trataba de una cuestión de importancia mundial. “El aumento del volumen de minerales extraídos, la mayoría ilegalmente, de los ecosistemas marinos y fluviales, da lugar a la erosión fluvial y costera, amenazando a la pesca en agua dulce y marina, y a la biodiversidad”, señaló.

Los minerales de arena de playa requieren mucha menos cantidad de arena que la construcción, pero aún así pueden perturbar el ecosistema. “Somos la única empresa que opera con una autorización ambiental válida… así que la degradación ambiental es una historia imaginaria que se difunde con un motivo oculto”, dijo Vaikundarajan, quien culpó de la erosión del litoral al calentamiento global.

Hasta ahora, tanto autoridades, como periodistas y organizaciones no gubernamentales, han hecho poco hasta ahora para medir el coste medioambiental de la extracción de arena en Tamil Nadu. Pero lo cierto es que todos los testimonios apuntan en una misma dirección: “Un impacto evidente es que las dunas de arena han desaparecido, y el mar está entrando en la tierra”, dice Ravishankar.

Los periodistas de Forbidden Stories se reunieron en Kovali – una aldea de Tamil Nadu – con un pescador que se quejaba de que el mar se expanda cada año un poquito más sobre la arena, un fenómeno llamado erosión que el pescador considera ser el resultado de la minería ilegal en la zona.

Los aldeanos tienen que retirar sus casas, lejos de la costa o son tragadas por el mar. “Todas las casas que como la nuestra, estaban aquí hace 3 o 4 años, se han ido para siempre”, declaró. El pescador también afirmó que alrededor de 300 personas perdieron sus hogares en la área.

Debido a la pérdida de la barrera natural que supone la arena, se sospecha que el agua salada se ha filtrado en el agua subterránea. “El agua se volvió salada”, dijo un granjero local. “Las plantas de banano no pudieron adaptarse a la salinidad del agua y tras un tiempo tuve que vender la tierra ”.

El impacto podría ser un problema a muy largo plazo. “La erosión costera puede continuar incluso décadas después de que se haya detenido la extracción de arena”, afirma Pascal Peduzzi, jefe de la Unidad de Cambio Global y Vulnerabilidad del Programa de Medio Ambiente de la ONU.

Mientras tanto, los periodistas que intentan denunciar los actos perpetrados por las mafias de la arena que devoran las costas indias, viven bajo constante amenaza. En mayo de 2019, el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, denunció un nuevo ataque en Odisha, un estado costero al norte de Tamil Nadu. Según el CPJ, “Seis individuos no identificados que empuñan un machete y otros objetos afilados, atacaron al periodista Pratap Patra”.

El periodista dijo creer que el ataque estaba relacionado con un artículo que había publicado sobre una empresa local de extracción de arena que estaba trabajando ilegalmente, según CPJ.

“Antes de que yo empezara a publicar, solía haber más periodistas informando, pero fueron acosados y sus familias se asustaron con las amenazas, y, simplemente, tuvieron que abandonar, no tenían otra opción”, afirma Ravishankar sobre el trabajo de los periodistas que investigan sobre la minería ilegal de arena en Tamil Nadu. “Hoy probablemente soy la única que todavía se atreve a meter la nariz en este asunto”.

 

Fuente:https://www.proceso.com.mx/589093/las-mafias-de-la-arena-callan-a-periodistas-en-la-india

Internacional

Empresas mineras quieren explotar el fondo de los océanos

Si bien los minerales siempre han sido necesarios en los diversos avances tecnológicos, sus nuevos usos – particularmente en las industrias digitales y automotriz – crean una demanda cada vez mayor a nivel mundial.

Aunque las reservas son extensas, la explotación masiva conduce inevitablemente a un fenómeno de rarefacción y a una alza de los precios en el mercado global – además de un número creciente de conflictos sociales en varias regiones del planeta. Como consecuencia y para abastecerse, industriales y Estados miran hacia áreas vírgenes de minería entre los que se encuentran los fondos marinos.

Océanos: abundancia en minerales

Depósitos de minerales se encuentran en todos los océanos, a profundidades que van desde unos cientos hasta varios miles de metros. De entre todos los recursos minerales submarinos existentes, los más importantes, debido a su potencial económico e industrial, son los yacimientos de minerales polimetálicos: nódulos de manganeso, costras de ferromanganeso ricas en cobalto y sulfuros hidrotermales polimetálicos . Estos depósitos se distribuyen a lo largo de todos los fondos oceánicos.

Esa mineralización profunda contiene metales muy codiciados: cobalto, hierro, manganeso, platino, níquel, oro, plata, titanio, cobre, mercurio, tierras raras, etc. Sus concentraciones tienden a ser mucho más altas que en los depósitos terrestres y las áreas que podrían ser explotadas bajo los océanos son más extensas ya que los mares y océanos cubren el 71% de la superficie de la Tierra.

Así lo demuestra un informe realizado por los investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS por sus siglas en francés) y del Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar (Ifremer) el cual estima “el peso total de los nódulos en el área de Clarion-Clipperton, el más rico en el Pacífico (15% de la superficie del océano pacífico), a 34 mil millones de toneladas: 6,000 veces más talio, tres veces más cobalto y más manganeso y níquel que todos los recursos que se encuentran fuera de los océanos”.

Según el mismo informe, a diferencia de las minas terrestres, no sería necesario cavar túneles para acceder a los recursos submarinos ya que “los recursos minerales marinos accesibles se encuentran en la superficie del fondo marino”.

Sabiendo que la mayor parte de los fondos marinos permanecen aún inexplorados, no cabe duda de que los recursos en metales estratégicos que albergan son inmensos.

Los mares y océanos están reglamentados

Mientras las actividades de prospección pueden realizarse sin permiso, el acceso a los recursos minerales marinos para su exploración y explotación no es libre, sino que está reglamentado por una serie de normas que varían según su ubicación.

En base a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho Internacional del Mar de 1982, los mares están divididos en cuatro categorías:

  • El ‘Mar Territorial’ es el área hasta las 12 millas náuticas sobre el cual un país tiene derecho de soberanía sobre el espacio aéreo, el agua, suelo y subsuelo marino;

  • La ‘Zona Económica Exclusiva’ (ZEE) se encuentra entre las 12 y 200 millas. Un país tiene soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales vivos o no (minerales y recursos energéticos) en sus aguas, suelo y subsuelo marino;

  • La ‘Plataforma Continental’ puede extenderse hasta las 350 millas. Dentro de esta zona un país tiene derechos para explorar y explotar recursos naturales del suelo y subsuelo marino, sin embargo, incluye pagos o contribuciones previas a favor de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de las Naciones Unidas (AIFM, o ISA por su siglas en ingles).

  • El resto de los fondos marinos constituyen ‘La Zona’, que es considerada “patrimonio común de la humanidad”. Su exploración o explotación requiere la aprobación de la AIFM.

El Código de Minería

El acceso a los fondos marinos internacionales que conforman “la Zona” es reglamentado por el Código de Minería, el cual se refiere a “la totalidad de un amplio conjunto de normas, reglamentos y procedimientos promulgados por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para regular la prospección, exploración y explotación de minerales marinos en la Zona de los fondos marinos internacionales”.

En los últimos 20 años, la AIFM ha establecido reglamentos que regulan la exploración para los depósitos de nódulos de manganeso (2000), sulfuros polimetálicos submarinos (2010) y costras de ferromanganeso con alto contenido en cobalto (2012). Con base a esas regulaciones, la autoridad ha firmado contratos de exploración con 23 consorcios de diferentes países hasta el año 2015, sobre una superficie total de 2.2 millones de km² en los fondos marinos de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico.

En cuanto a la explotación de los minerales encontrados, todavía no se cuenta con una reglamentación, pese a que ciclos de negociación están en curso para determinar las reglas.

Aquí puedes consultar los mapas de todas las exploraciones en curso.

Proyecto minero oceánico Solwara 1 en Papúa Nueva Guinea

Sin embargo, algunas empresas no han esperado el texto definitivo para empezar a desarrollar sus proyectos. Debido a que los Estados conservan su soberanía sobre los fondos marinos costeros, las compañías negocian directamente con los gobiernos. Es el caso de la empresa canadiense Nautilus Minerals, que se presenta como “la primera compañía en explorar comercialmente los fondos marinos”, la cual podría extraer minerales en un futuro próximo en las aguas territoriales de Papúa Nueva Guinea. Su proyecto Solwara 1 pretende extraer cobre, oro y otros metales valiosos a 1,500 metros de profundidad en el mar de Bismarck.

La mina sería excavada por máquinas robóticas dirigidas desde un barco en la superficie. La construcción del artefacto más grande, una máquina cortadora de 310 toneladas, fue completada por el fabricante británico especializado Soil Machine Dynamics según datos de la Fundación Nuestro Mar.

La zona elegida para ejecutar Solwara 1 alberga ricas comunidades coralinas y es el hábitat de especies de cetáceos como el cachalote. Comunidades locales han interpuesto una demanda en contra del permiso de explotación del proyecto.

Proyecto minero oceánico Don Diego en Baja California, México

En México, en las costas de Baja California, la empresa estadounidense Odyssey Marine Explorations – que opera a través de su filial mexicana Exploraciones Oceánicas – pretende dragar más de 91,000 hectáreas de fondo marino para extraer varios millones de toneladas de fosfato en el Golfo de Ulloa, uno de los depósitos de arena de fosfato más importantes del mundo.

Draga de fosfato de alta mar en operaciones

Según datos del Environmental Atlas Justice, es a inicios del año 2013 que pescadores artesanales de Bahía Magdalena se dieron cuenta de que algo estaba pasando en su territorio cuando comenzaron a observar una gran mortandad de animales marinos. Se pusieron a investigar y “se percataron que la empresa operaba ilegalmente el proyecto minero denominado Don Diego, ya que solo contaba con el permiso de Secretaría de Economía, quien le otorgó una concesión por 50 años para la extracción de arenas fosfáticas, pero no contaban con ninguna autorización ambiental”.

Después de organizarse en oposición al proyecto, las comunidades locales lograron que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negará la autorización de impacto ambiental al proyecto, en una decisión emitida el l7 de abril de 2016.

Dos de las cinco especies de tortugas que habitan el Golfo de Ulloa están clasificadas como especies en peligro de extinción.

Tras la decisión de la Semarnat, Odyssey notificó el 9 de enero 2019 a la Secretaría de Economía su decisión de reclamar al gobierno mexicano una indemnización de tres mil 540 millones de dólares ante un panel binacional al amparo del capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente para la solución de controversias Inversionista-Estado.

 

Riesgos

Aunque todavía hace falta mucha información, no cabe duda de que los riesgos de este tipo de proyectos mineros son enormes para el planeta.

Según la investigación del CNRS y del Ifremer intitulada Los impactos ambientales de la explotación de recursos minerales marinos profundos. Experiencia científica colectiva”, las principales operaciones de una explotación minera tendrían como consecuencias “la destrucción permanente del hábitat y la fauna asociada, la formación de una nube de partículas finas que pueden impactar una zona más amplia que la zona de extracción después de la resedimentación, así como una perturbación en la columna de agua. Las especies migratorias también podrían enfrentarse a la contaminación electromagnética-acústica y acústica relacionada con la importante introducción de energía en el ecosistema por parte de equipos y dispositivos usados para la extracción del mineral”.

La investigación también señala que la descarga de desechos mineros tras las operaciones también provocaría grandes cambios en las aguas, lo cual tendría “una influencia en los ciclos del carbono, fosfato, sulfuros, oxígeno y alteraciones en la organización de los ecosistemas. El aumento potencial en las concentraciones de metales pesados y otros compuestos tóxicos también afectará la biodiversidad del ecosistema”.

Los investigadores resaltan lo difícil de realizar una estimación real de los impactos que podrían provocar técnicas de explotación, las cuales todavía están en proceso de desarrollo.

Por otro lado, la campaña Deep Sea Mining promovida por The Ocean Foundation denuncia: “Todas estas actividades ocurren en ausencia de áreas reguladoras o de conservación para proteger ecosistemas de aguas profundas únicos y poco conocidos. La investigación científica sobre los impactos es extremadamente limitada y no ofrece ninguna garantía para la salud de las comunidades costeras y las actividades pesqueras de las que dependen”, por ello el mensaje principal es que las actividades mineras en aguas profundas sean prohibidas.

 

Fuente:https://avispa.org/empresas-mineras-quieren-explotar-el-fondo-de-los-oceanos/

Internacional

La mayor y más destructiva industria minera de la que nadie habla

La industria minera más grande del mundo, y quizás la más destructiva, rara vez la vemos en los medios de comunicación o hablamos sobre ella. Aproximadamente el 85 % de todo el material extraído de la tierra es un recurso simple y ampliamente disponible: la arena.

Por lo que, al ser tan barato y fácil de conseguir, es extraído por todos, desde un tipo con una pala, hasta máquinas multimillonarias. La mayor parte de la arena se usa para hacer hormigón, pero la extracción de arena condena a la destrucción de los ecosistemas costeros, de los fondos marinos y fluviales y de la topografía.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que cada año se extraen 40.000 millones de toneladas de arena, pero como el mercado es corrupto, oculto y descentralizado, hasta la fecha no se han realizado estudios exhaustivos.

Con el fin de obtener una cifra aproximada, las Naciones Unidas utilizaron las cifras de producción y ventas de cemento a nivel mundial para aproximarse a la cantidad de arena que se recolecta. Por ejemplo, cada tonelada de cemento requiere de seis a siete toneladas de arena y grava.

El impacto ambiental.

La extracción de arena, especialmente cuando se realiza sin regulación o supervisión, puede dañar los ríos, causar erosión de las playas y destruir los ecosistemas costeros. Al menos 24 islas indonesias desaparecieron del mapa sólo para construir Singapur.

Dado que el dragado de arena se realiza principalmente con fines de construcción, los mineros se concentran en los ecosistemas fluviales y costeros donde la arena es ideal. La arena de río es particularmente perfecta para hormigón porque es gruesa y no contiene sal que de otra manera corroería el metal y otros materiales de construcción. Además, la alteración del caudal y la capacidad de los ríos puede causar sequías o inundaciones desastrosas, aunque rara vez se reconoce como un factor contribuyente.

En Kerala, India, se demostró que las inundaciones fueron causadas parcialmente por el dragado de arena que sacó 40 veces más arena del lecho del río de la que el río podría reemplazar naturalmente.

El dragado del suelo marino también puede hacer que los sedimentos se desplacen a la deriva durante millas causando erosión costera y asfixiando ecosistemas como los arrecifes de coral. La erosión, el hundimiento de tierras y la introducción de maquinaria y vehículos pesados en hábitats delicados también amenazan la integridad de la infraestructura cercana, como carreteras y puentes.

Un estudio demostró que cada tonelada de arena extraída de un río en California cuesta a los contribuyentes 3 $ en daños a la infraestructura.

La demanda de arena de las ciudades.

El desarrollo y la urbanización se expanden rápidamente en todos los rincones del mundo para dar cabida a una población en crecimiento exponencial y a nuestras insaciables tasas de consumo y expansión.

Según las Naciones Unidas, el número de personas que viven en las ciudades es más de cuatro veces mayor que en la década de 1950. Más del 50 % de la población mundial vive ahora en zonas urbanas, y se espera que casi tres mil millones de personas más emigren a las ciudades en los próximos 30 años.

Además de los edificios nuevos, la arena también se usa para ganar terreno al mar. En China, es una práctica común arrojar arena sobre los arrecifes de coral para ganar terrenos. Dubai es también famosa por sus islas artificiales, que requerían millones de toneladas de arena.

Singapur ha añadido más de 50 millas cuadradas de tierra en las últimas cuatro décadas y más rascacielos en los últimos 10 años que toda Nueva York, una hazaña que requirió más de 500 millones de toneladas de arena. La construcción de Singapur fue tan rápida que Indonesia, Malasia y Vietnam prohibieron la exportación de arena, pero los mineros simplemente se trasladaron al lago Poyang en el río Yangtze. WWF llama a este lago la mayor mina de arena del mundo, pero trágicamente también es el mayor destino de Asia para las aves migratorias. Las actividades de dragado de arena han duplicado con creces la capacidad del río en algunas zonas, drenando partes del lago y reduciendo las principales pesquerías.

“Es la misma historia que la sobrepesca y la sobreexplotación forestal, es otra forma de ver el desarrollo insostenible.”

Pascal Peduzzi, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

La escala del problema es enorme y las consecuencias de mover grandes cantidades de material para la vida y el mantenimiento de la tierra de un lugar a otro son evidentes, pero el mundo sigue siendo funcionalmente inconsciente, cegado por el deseo de nuevos edificios y barrios modernos.

¿Se puede dragar la arena de forma sostenible?

Los ecologistas fluviales sugieren que el dragado de arena en los ríos sólo debe realizarse hasta un cupo predeterminado que permita al río reponer anualmente los sedimentos. Sin embargo, este número sostenible nunca igualará la necesidad insostenible de desarrollo de la humanidad.

Hay una serie de sugerencias para mejorar la sostenibilidad de la industria, pero ninguna es perfecta:

Extracción de arena en alta mar.

Gran Bretaña ahora obtiene gran parte de su arena más lejos de la costa para proteger los ecosistemas fluviales y costeros, sin embargo, gran parte de esta arena sólo se utiliza para proyectos de recuperación de tierras en los que el contenido de sal no es motivo de preocupación.

Depósitos de fondo arenoso.

Otra fuente sin explotar es la arena que se acumula en el fondo de los embalses. Estos no sólo podrían proporcionar arena, sino que también ayudan a ampliar la capacidad de almacenamiento. Los ecologistas, sin embargo, argumentan que esta arena debería ser devuelta técnicamente a los ríos que alimentan los embalses.

Reciclaje de vidrio y escombros.

Los escombros de los edificios demolidos pueden usarse para producir hormigón, lo que reduce la necesidad de arena fresca. El vidrio también se puede reciclar, lo que reduce de nuevo la necesidad de arena.

Minería en llanuras aluviales.

Se considera que la minería limitada en las llanuras aluviales, en lugar de en las orillas y los lechos de los ríos, es menos destructiva. Sin embargo, las llanuras aluviales también tienen ecosistemas frágiles. En Australia, las llanuras aluviales son el hogar de especies raras de plantas carnívoras que ahora se encuentran en riesgo debido a las actividades mineras.

Sustitución de la arena en el hormigón.

La ceniza de los incineradores y el polvo de las canteras de piedra pueden utilizarse en la producción de hormigón para reducir la demanda de arena.

 

Fuente:https://ecoinventos.com/mayor-destructiva-industria-minera-nadie-habla/?fbclid=IwAR27xnDqrdmuUoBQy9ILL_iUrWZdj0z5BtTsDeMZzwumB2ffdz9OcALa3eo

Internacional

China amenaza con dejar a Estados Unidos sin tierras raras

Medios chinos advierten que Pekín podría dejar de exportar material para fabricaciones en Estados Unidos como consecuencia de la guerra comercial.

Se intensifica la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Luego que el presidente Donald Trump anunciará nuevos aranceles y decidiera poner a Huawei en su lista negra, China amenaza con dejar de exportar tierras raras al país norteamericano, según indican los medios chinos.

Los medios oficiales del país asiático consideran que Estados Unidos está suprimiendo el desarrollo de China, por lo que esta es una medida que deberá tomarse tarde o temprano.

La semana pasada se publicaron imágenes del presidente Xi Jinping visitando una fábrica de tierras raras en Ganzhou, en el centro de China, lo cual se ha tomado como una advertencia. Sin embargo, la Comisión de Desarrollo Nacional y Reforma, que planifica la economía china, aún no se ha aclarado la posición del gobierno.

«Al librar una guerra comercial contra China, Estados Unidos corre el riesgo de perder el suministro de materiales vitales para mantener su fortaleza tecnológica», señaló a agencia oficial de noticias Xinhua.

Cabe señalar que China produce más del 95% de las tierras raras del mundo, y Estados Unidos depende de China para el 80% de sus importaciones. Además, este miércoles las acciones de las compañías de tierras raras subieron en las bolsas de Shangái y Shenzhen.

Esta no sería la primera vez que China usa las tierras raras como arma política. Fuentes de la industria japonesa explicaron que en 2010 China cortó temporalmente las exportaciones por una disputa territorial, lo que Pekín niega.

Por su parte, los analistas indican que China duda en usar las tierras raras como arma comercial por temor a que sus clientes busquen fuentes alternativas de suministro.

«Si China decide prohibir la exportación de tierras raras a Estados Unidos, producirá efectos complejos, incluso incurriendo en pérdidas en la propia China», asegura el periódico Global Times. Pese a esto, China sabe que Estados Unidos sufriría mayores pérdidas.

 

Fuente:https://rpp.pe/economia/economia/china-amenaza-con-dejar-a-estados-unidos-sin-tierras-raras-noticia-1199758

Internacional

Aun hay necesidad de un Defensor del Pueblo en Canadá para investigar casos de minería, no un asesor del Ministro de Comercio Internacional u otro Consejero de RSE

El 8 de abril de 2019, el Ministro de Diversificación del Comercio Internacional nombró a Sheri Meyerhoffer funcionaria pública, en virtud de la Ley de Empleo del Servicio Público [1], y «asesora especial del Ministro de Comercio Internacional». [2]

Posición de MiningWatch Canada

El Gobierno de Canadá ha incumplido, tanto su promesa electoral de 2015 como su compromiso de fecha 17 de enero de 2018, de crear un Defensor del Pueblo : independiente tanto del gobierno como de la industria; con poderes suficientes de investigación que le permitan requerir documentos y testigos, cuando sea necesario, en el curso de la investigación sobre denuncias presentadas contra empresas mineras canadienses por abusos de derechos humanos perpetrados en el extranjero; y la capacidad de determinar la responsabilidad de compañías canadienses en relación con la posible vulneración de los derechos humanos. [3] Quince meses después de que se adoptara, en 2018, el compromiso de crear un Defensor del Pueblo con poderes suficientes, el gobierno ha creado un puesto de asesoría para el Ministro con un mandato defectuoso e inadecuado.

Promesas incumplidas

Promesa incumplida – Sin poderes para requerir documentos y testigos

En enero de 2018, el Gobierno de Canadá se comprometió a otorgar al Defensor del Pueblo las facultades necesarias para investigar y requerir documentos y testigos.

Para tener el poder requerir testigos y documentos, en los casos en que las empresas no presenten la información necesaria, la figura del Defensor del Pueblo debería haber sido establecida mediante una Orden en el mandato del Consejo amparada por la Ley de Investigación (Inquiries Act).

El Gobierno de Canadá y el Ministro de Comercio Internacional fueron informados de este extremo. En su lugar, el asesor especial del Ministro fue creado bajo la Ley de Empleo de Servicio Público, norma que no otorga poderes suficientes para requerir documentos o testigos. El Ministro Carr afirma que ha encargado una revisión legal adicional para analizar la cuestión acerca de cuál es la mejor manera de otorgar al asesor del Ministro el poder suficiente para obligar a las empresas a que divulguen documentos y respondan a las preguntas que se les planteen. Esta revisión se realizará a principios de junio.

Dado que el Gobierno de Canadá, pasados 15 meses desde su anuncio de creación del Defensor del Pueblo, no ha logrado establecer una figura capaz de requerir documentos y testigos, MiningWatch es muy escéptico sobre el compromiso del gobierno de cumplir esta promesa.

El 29 de abril de 2019, la Presidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, Surya Deva, dijo: “No seamos ingenuos. Las empresas, no solo en Canadá, en todo el mundo, no comparten documentos fácilmente. Es un hecho bien establecido. De hecho, no entregan los documentos, incluso si hay un caso judicial en curso, y el demandante los está solicitando «, […]» Me sorprendería mucho si las compañías canadienses se desviaran de esta línea de actuación. Este es el motivo por el que se necesita este poder, de lo contrario, estaríamos ante un [Punto de contacto nacional], y ¿cuál es el sentido de tener otro PCN? ”[4]

El 30 de abril de 2019, el profesor Deva señaló que: “si el gobierno se conforma con algo que no disponga del poder suficiente para obligar a las empresas a presentar testigos y documentos en las investigaciones de Meyerhoffer, esto afectará a la reputación de Canadá como líder en derechos humanos. «Si van a dar marcha atrás a esa promesa, no se estará enviando una buena señal a la comunidad internacional». [5]

Promesa incumplida: no hay posibilidad de recomendar la imposición de sanciones a las empresas que han causado o contribuido a abusar contra los derechos humanos

En enero de 2018, el Gobierno de Canadá se comprometió a crear un Defensor del Pueblo con capacidad para recomendar que el gobierno niegue o retire el apoyo y promoción comercial, así como el posible apoyo financiero de Export Development Canada a una compañía que haya causado o contribuido a abusos en materia de derechos humanos.

El mandato de la Orden del Consejo sobre el asesor del Ministro solo permite a esta figura recomendar la denegación y la retirada del apoyo a la promoción y defensa comercial y el posible apoyo financiero de Export Development Canada a una compañía «si la compañía canadiense no ha actuado de buena manera fe durante el transcurso o el seguimiento del proceso de revisión «. [6]

El incumplimiento de esta promesa rota está estrechamente relacionado con el incumplimiento del compromiso de otorgar poderes suficientes para poder requerir los documentos y testigos que se consideren oportunos. Para poder determinar fehacientemente un hecho, y poder informar públicamente acerca de la responsabilidad de una compañía en materia de derechos humanos, el Defensor del Pueblo tiene que poder tener acceso a documentos o testimonios críticos con la compañía en cuestión respecto de un caso determinado. Únicamente si el Defensor del Pueblo dispone de los elementos necesarios para evaluar la posible responsabilidad de una compañía respecto de la vulneración de derechos humanos, el Defensor del Pueblo podrá recomendar que el Gobierno de Canadá niegue o retire la promoción y defensa comercial y el posible apoyo financiero de Export Development Canada a una compañía sobre la base de haber causado o contribuido a vulnerar los derechos humanos.

No se ha establecido un Defensor del Pueblo con poder suficiente. En este sentido, el Gobierno de Canadá ha creado un asesor para el Ministro que podría no disponer de las herramientas necesarias para determoinar sin lugar a dudas si una empresa ha causado o contribuido a un abuso en materia de derechos humanos.

Promesa incumplida – Falta de independencia

En enero de 2018, el Gobierno de Canadá se comprometió a crear un Defensor del Pueblo independiente. [7]

Al crearse un asesor para el Ministro en virtud de la Ley de Empleo del Servicio Público, y declararse en el mandato de la Orden del Consejo que todos los informes preparados por el asesor para el Ministro deben enviarse, antes de su publicación, al Ministro de Comercio Internacional, [8 ] el Gobierno de Canadá no ha establecido un Defensor del Pueblo independiente, sino un funcionario público cuya actuación dependerá en última instancia de la aprobación de su informe por el Ministro. Dado que los ministros pueden ser presionados por las mismas compañías bajo investigación, este requisito se constituye en un obstáculo para la independencia de esta figura. Cabe asimismo señalar que, el ex Consejero de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), tenía la misma obligación de presentar los informes a los Ministros con anterioridad a su publicación.

Además, cuando el informe del asesor del Ministro hace referencia a las empresas de los sectores de la minería, el petróleo o el gas, el informe debe ser presentado también al Ministro de Recursos Naturales antes de poder ser publicado. No se ha proporcionado ninguna explicación acerca de por qué dos ministros deben conocer con anterioridad los informes relativos a las empresas de minería, petróleo y gas, pero no a las empresas del sector de la confección. Esto muestra claramente la excesiva influencia que tiene el sector extractivo en la política canadiense y el éxito de su grupo de presión.

¿Por qué la figura del «asesor del Ministro» es tan similar al ineficaz ex Consejero de RSE y al desacreditado Punto de Contacto Nacional (PNC)?

Tanto la Orden del Consejo sobre el mandato del asesor del Ministro, como la gran cantidad de preguntas y respuestas (Q&A) en la página web del Gobierno de Canadá [9], que se modificaron el día que se anunció la creación del asesor del Ministro, no habiendo sido modificadas desde que se anunció el Defensor del Pueblo en enero de 2018, han tenido como resultado que el mandato y los procedimientos del asesor del Ministro estén muy en línea con el desacreditado ex Consejero de RSE y el criticado Punto de Contacto Nacional para las Directrices de la OCDE. [10]

Ejemplo:

Mientras que las preguntas y respuestas relacionadas con el Defensor del Pueblo de 17 de enero de 2018 hablaban sistemáticamente de que el Defensor del Pueblo emprendía «investigaciones», la página de Preguntas y Respuestas revisada en fecha 8 de abril de 2019 habla de «revisiones» de casos. Este es el lenguaje utilizado por el NCP y por el ex Consejero de RSE, ambos organismos que no llevan a cabo, ni realizaron, investigaciones.

Mientras que las preguntas y respuestas relacionadas con el Defensor del Pueblo del 17 de enero de 2018 mencionaron las «sanciones» [11] que podrían incluir la retirada de ciertos servicios gubernamentales, como la promoción comercial y el posible apoyo de Export Development Canada, para las empresas con mala praxis. La palabra “sanción” ha sido eliminada de la página de Preguntas y Respuestas revisada el 8 de abril de 2019, y la retirada del apoyo político o financiero a una empresa por parte del Gobierno de Canadá solo se describe como una posible respuesta a la falta de cooperación de un Empresa en el proceso de investigación. Este es también el caso para el NCP.

Se ha eliminado una sección completa que se encontraba en las preguntas y respuestas relacionadas con el Defensor del Pueblo de fecha 17 de enero de 2018. Esta sección cubría: “¿Qué sanciones se aplicarán a las empresas si el Defensor del Pueblo descubre irregularidades en el extranjero? / ¿Qué remedio pueden esperar los reclamantes?  ”Ni el ex Consejero de RSC ni el PNC existente aplican sanciones o penalizaciones sobre la base de la determinación de abusos en materia de derechos humanos. Tampoco aumentan las expectativas de resarcimiento para aquellos que han sido perjudicados.

En las preguntas y respuestas eliminadas que se publicaron en la página web del Gobierno en el momento en que el Gobierno de Canadá anunció la Defensoría del Pueblo (17 de enero de 2018), la figura del Defensor del Pueblo se presenta como «independiente». Esa descripción ha sido eliminada de la versión revisada de las Preguntas y respuestas publicadas el 8 de abril de 2019. Todavía se menciona la posibilidad de que el asesor del Ministro realice una investigación independiente.

En la sesión de preguntas y respuestas de fecha 17 de enero de 2018, se dio a entender que el Defensor del Pueblo podría “hacer recomendaciones al Gobierno sobre el cumplimiento de las obligaciones de Canadá en materia de derechos humanos, y la implementación y el desarrollo efectivo de sus leyes, políticas y prácticas relacionadas con la conducta comercial responsable de las compañías canadienses que operan en el extranjero en todos los sectores. Este texto se ha eliminado. Además, todas las recomendaciones que el asesor del Ministro desee implementar están ahora limitadas a casos específicos bajo revisión. [12] Este es el caso para el NCP, así como también lo era en la OIC para el Consejero de RSE al estipularse que «[el] consejero de RSE no hará recomendaciones políticas o legislativas al Gobierno de Canadá». [13]

Preocupaciones adicionales

Hay otras inquietudes relacionadas con el asesor establecido por la Orden del Ministro en el mandato del Consejo.

1) Uno de los aspectos más llamativos de la asesoría establecida por la Orden del Ministro es el hecho de que puede «examinar una queja presentada por una compañía canadiense que considere que es objeto de una acusación infundada en materia de abusos de derechos humanos cuando el abuso supuestamente se hubiera producido el día siguiente en que se nombró al primer Defensor del Pueblo o, si supuestamente ocurrió antes de ese día, continúa en el momento de la denuncia». [14] Esta inclusión del derecho de las empresas a presentar quejas ante el asesor del Ministro contra quienes los acusan de abusos en materia de derechos humanos también era posible en la OCI del Consejero de RSE. Este hecho pone en evidencia una falta de comprensión alarmante de los Principios Rectores de la ONU, por los cuales el asesor del Ministro debe guiarse [15]. El reconocimiento de una “brecha de gobernabilidad”, que deja a las personas vulnerables cuyos derechos humanos han sido objeto de abuso por las actividades de las multinacionales con poco o ningún acceso a la justicia, es fundamental para las recomendaciones de los Principios Rectores de las Naciones Unidas. En estas se incluye la recomendación de crear mecanismos para mejorar el acceso a la justicia de las personas perjudicadas por las actuaciones de las multinacionales. Es por este motivo que las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y los académicos de Canadá trabajaron durante más de una década en la creación de un Defensor del Pueblo que pudiera ayudar a abordar la necesidad de acceso a la justicia para los perjudicados por las multinacionales canadienses que operan en el extranjero. Las corporaciones, por su parte, disponen de amplios medios para reclamar justicia por los errores producidos en su contra. Además, el asesor del Ministro puede desestimar cualquier caso que considere frívolo o vejatorio, en virtud del artículo 8 de la Orden del mandato del Consejo [16].

2) Resulta problemático que el asesor del Ministro pueda negarse a considerar los casos y recomendar que las cuestiones se remitan a las autoridades policiales u organismos reguladores [17] cuando, por diferentes razones, incluidos los factores que caracterizan la brecha de gobernabilidad reconocida por el Principios rectores de la ONU, esto puede conllevar que las víctimas de algunos delitos penales o de incumplimientos normativos, nunca tengan acceso a la Justicia. En muchos casos, las denuncias presentadas ante un Defensor del Pueblo es el único medio del que disponen los afectados de acceder a la justicia.

3) Es igualmente problemático que el asesor del Ministro pueda rechazar una denuncia en base a que «está siendo revisada, o ha sido revisada, en otro foro». La Guía de Procedimientos de las Directrices de la OCDE (párrafo 26) establece claramente que los PNC no deben rechazar un caso simplemente porque están en curso procedimientos paralelos. [18]

4) El asesor de la OIC del Ministro realiza una interpretación vaga sobre las compañías canadienses que se escinden de empresas que cotizan en las bolsas de valores canadienses y que se benefician del apoyo financiero a través de las corporaciones de la corona canadiense, departamentos gubernamentales u otras agencias. Esta definición no está alineada con los Principios Rectores de la ONU, que definen la obligación corporativa de respetar los derechos humanos como una extensión de las «relaciones comerciales» de una corporación, lo que incluye a sus empresas subsidiarias y contratistas sin excepción. Las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales también contienen una definición amplia de corporación con el fin de alentar las mejores prácticas de todos. [19]

Fuentes:

[1] Vease Order in Council mandate p. 4.

[2] Ibid., p. 1

[3] El Defensor del Pueblo tenia que haber recibido los poderes investigativos para investigar a casos contra los sectores mineros, petroleros, gaciferos y de maquilas y se espero de que podrían ser expandidos a otros sectores en el primer año de operación.

[4] Hill Times, https://www.hilltimes.com/2019/04/29/canada-must-walk-the-talk-give-corporate-ombudsperson-more-powers-and-budget-un-expert/198285

[5] Canadian Broadcasting Company, https://www.cbc.ca/news/politics/un-watchdog-carr-corporate-ethics-1.5116399

[6] Véase Order in Council mandate p. 7.

[7] En la version original de Preguntas y Respuestas del sitio web sobre el Defensor del Pueblo del gobierno de Canada on fecha 17 de enero, 2018, se hace referencia repetitiva a que la oficina sera una entidad «independente». Esta descripción fue cambiada el 8 de Abril, 2019. Ahoa no hay ninguna referencia a que el Defensor pueda indagar una investigación de forma independiente.

[8] Véase Order in Council mandate pp. 8-9.

[9] Véase Responsible business conduct abroad – Questions and answers.

[10] Para ver su crítica de MiningWatch Canada’s  del anterior oficia del Consejero de RSE véase: MiningWatch Canada: https://international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/publications/2011-arp-rap.aspx?lang=eng; y para el anterior proceso del RSE véase: https://www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/review_process_inbrief-processus_examen_enbref.aspx?lang=eng

[11] Cabe notar que ambos terminos, «Sanccionar» y «Reparación» son conceptos claves para los «Principios Rectores Sobre las Empresas y los Derechos Humanos» de la ONU que se suponia iba a formar la base del mandato del Defensor del Pueblo. Véase Order in Council mandate p. 5. En los principios rectores reparación puede incluir: «disculpas, restitución, rehabilitación, compensaciones económicas o no económicas y sanciones punitivas (ya sean penales o administrativas, por ejemplo multas), así como medidas de prevención de nuevos daños como, por ejemplo, los requerimientos o las garantías de no repetición.» (p.34)

[12] Order in Council mandate p. 6-7.

[13] Véase la critica que tuvo MiningWatch Canada’s critique del anterior Consejor de RSE.

[14] Ibid., p. 5.

[14] Ibid., p. 5.

[16] Ibid., p. 6.

[17]  Ibid., p. 6.

[18] Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. 2011.

[19] Ibid., pp.17-18.

Fuente: https://miningwatch.ca/es/blog/2019/5/13/aun-hay-necesidad-para-un-defensor-del-pueblo-en-canad-para-investigar-casos-de-miner

Internacional

La resistencia de las mujeres contra la minería: articulando, fortaleciendo y construyendo solidaridad

“Nuestros abuelos les dijeron que tenían que garantizar buenos caminos, electricidad y hospitales. Pero no cumplieron con ninguna de esas condiciones. Acá no hay electricidad. Desarrollo… ni siquiera sabemos qué es eso realmente porque no podemos sentirlo”.

Pascaline, República Democrática del Congo (RDC)

A lo largo y ancho de los continentes africano, asiático y americano, no escasean historias de comunidades que han sido forzadas a abandonar sus tierras para dar paso a la extracción de recursos naturales impulsada por corporaciones y aprobada por el gobierno. No hace falta hacer una búsqueda exhaustiva para encontrar áreas donde dichos proyectos se llevan a cabo en nombre del desarrollo y del progreso. En esas áreas, las comunidades se ven obligadas a vivir bajo condiciones cada vez más inseguras y sus principales fuentes de vida y de sustento—el acceso a las tierras comunales, el agua y los bosques—así como su protección y seguridad son amenazadas por las industrias extractivas y sus megaproyectos.

Mujeres Defensoras del Medio Ambiente en Resistencia ante la Minería

Las mujeres son las que más sufren las consecuencias del extractivismo, tales como la devastación social y ambiental. Las acciones y omisiones del estado y la empresa privada destruyen el medio ambiente, amenazan las leyes y afectan y restringen el ejercicio de los derechos de las mujeres.

“Pensé en mi comunidad y cómo era antes, cómo vivíamos a las orillas del lago, pescando y viviendo de la pesca. Sentí mucha tristeza al recordar a los grupos indígenas y comunidades que han desaparecido porque ahora no tenemos agua ni lagos. Se han secado debido a la minería. Y sentí el agua que las empresas mineras han contaminado, y cómo esta agua contaminada está en mi cuerpo, y me sentí triste porque no podemos hacer nada al respecto. Me sentí impotente y furiosa, con ganas de luchar contra el gobierno extractivista que nos pone en peligro”.

Margarita Aquino—RENAMAT, Bolivia, [en Mujeres Protegiendo sus Territorios (Tierra y Cuerpo), Tercera Reunión de Subvenciones Estratégicas de la UAF-LAC para Mujeres Defensoras del Medio Ambiente. Paraguay, noviembre de 2018]

A pesar de estas realidades, las mujeres están levantando su voz en contra de los impactos negativos y destructivos de la minería en sus vidas y su entorno. Sin embargo, los espacios para el disentimiento y la auto-representación corren cada vez más riesgos debido a las amenazas de la empresa privada, el estado y el ejército, que impulsan políticas y toman decisiones sobre la explotación de los recursos. Hoy, en todos los continentes, las mujeres defensoras del medio ambiente están siendo perseguidas, amenazadas, criminalizadas y asesinadas, ya que sus declaraciones públicas y su activismo para proteger los bienes comunales representan una amenaza para las grandes corporaciones.

Las mujeres defensoras del medio ambiente están siendo penalizadas por “oponerse al progreso”, y en algunos países, el sistema judicial las acusa de terrorismo para limitar su movilización. En aquellos lugares donde prevalecen la violencia y la impunidad, el número de mujeres asesinadas por defender los derechos humanos incrementa constantemente, sobre todo cuando su lucha se centra en conflictos ambientales. Los gobiernos no se preocupan por llevar un registro oficial de la violencia contra las mujeres defensoras del medio ambiente; la mayoría de estos crímenes permanecen impunes y en la oscuridad [“Impunidad de las Violencias: Contra Mujeres Defensoras de Los Territorios, los Bienes Comunes y la Naturaleza en América Latina”, 2018, Fondo de Acción Urgente América Latina y el Caribe].

Asimismo, el lenguaje y la terminología de género en torno a los derechos de las mujeres y el impacto de los proyectos mineros también se están volviendo parte del discurso de aquellos actores que promueven las industrias extractivas, incluidas las instituciones financieras internacionales. Estos actores están promoviendo e influenciando las políticas públicas, las salvaguardas y prácticas con la aparente intención de promover la equidad de género y la salud del medio ambiente, sin embargo, en la práctica, están lejos de hacer eso.

Las mujeres son cada vez más conscientes de las frivolidades de estos actores y sus políticas, así como de las deficiencias de la industria extractivista. Los megaproyectos mineros multinacionales conducen a conflictos y situaciones de violencia, despojando así a la gente de los recursos necesarios para llevar una vida digna y saqueando la tierra y las arcas del estado. Aun así, son respaldados por el estado a través de leyes, la protección del ejército, y el poder judicial. Después de haber sido testigos del fracaso de los gobiernos con respecto a la defensa de las garantías constitucionales y los principios internacionales de derechos humanos para, por el contrario, impulsar una agenda y economía extractivistas, las mujeres de todos los continentes se están uniendo más allá de las fronteras para construir plataformas colectivas que las representen, abran espacios de solidaridad mundial, apoyen su resistencia en contra de la minería y promuevan modelos sostenibles alternativos.

Fortaleciendo las voces colectivas y construyendo la solidaridad

Debido a los diferentes tipos de violencia y las restricciones a los derechos que experimentan día a día en sus territorios, las mujeres se están reuniendo y organizando. Están fortaleciendo sus conocimientos y desarrollando capacidades en materia de derechos territoriales y de las mujeres, las transformaciones de distintas formas de violencia, los principales enfoques feministas, el uso de herramientas digitales y de comunicación, y mecanismos legales para hacer valer sus derechos. Esto está facilitando la apertura de espacios de participación para las mujeres—espacios donde ellas pueden adueñarse del análisis de sus contextos, y fomentar el uso de sus voces y habilidades para responder a estos retos de manera individual y colectiva.

“Desarrollar nuestras capacidades nos ayuda a defendernos y a resistir. Conocer los temas nos permite responder de la manera más adecuada. Crear respuestas colectivas. Ser actores sociales y políticos en lugar de víctimas”.

[Mujer participante del “Taller / Reunión: El cuido personal y colectivo; una posición política para la protección y seguridad de mujeres defensoras de derechos humanos y activistas en América Latina”. Perú, septiembre de 2016.]

Dado que racionalizaciones colonialistas y racistas persisten en nuestras sociedades, las mujeres están trabajando para fortalecer sus estructuras y vínculos comunitarios: honran y reconocen sus tradiciones y ascendencia y preservan el conocimiento de las abuelas y la espiritualidad como elementos vitales de su fuerza interior y protección colectiva. Además, las mujeres, particularmente las indígenas, las afrodescendientes y las campesinas, están dando a conocer diferentes perspectivas sobre la economía global actual y presentando propuestas comunitarias para contrarrestar los modelos de desarrollo extractivo que les imponen—sembrando sus propios alimentos, asegurando las fuentes de agua y cuidando sus territorios para una vida mejor. Enfrentadas con un sistema económico y cultural en decadencia, las mujeres han decidido ser intrépidas, elevar sus voces, encontrar fuerza colectiva, acuerparse y tejer con sus manos un futuro de empatía y solidaridad.

En el camino hacia la articulación y el fortalecimiento de las voces y demandas de las defensoras del medio ambiente, la Women and Mining Network in Asia (WAMA – Red de Mujeres y Minería en Asia), WoMin de África, el Fondo de Acción Urgente – América Latina y el Caribe y el Colectivo CASA, aúnan esfuerzos en el marco de la Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) para demostrar el poder de las mujeres y reconocerlas como autoras de la lucha por el desmantelamiento de modelos económicos y políticos que perjudican la sostenibilidad humana y el bienestar del medio ambiente.

Fuente: https://mailchi.mp/20829ab4f05b/boletin-gagga-la-resistencia-de-las-mujeres-contra-la-mineria?fbclid=IwAR12Pgmbdyxxdbh9ULmdZcYki6OxHd03VuDRhP6OFYulP89D6XnhePWc5OY