Bolivia, Litio

Proponen referendo para contratación de empresas que exploten litio

14/09/2021
El proyecto será socializado con instituciones, autoridades y la población orureña / mineriaenergia.com
A través de un proyecto de ley presentado por Comunidad Ciudadana (CC), instaron a que las empresas que se encarguen de la explotación, producción y procesamiento del litio en los salares de Bolivia sean contratadas a través de un referendo nacional, y sea convocado por el Presidente del Estado Plurinacional.

“Dentro de la contratación de empresas que lo hace el gobierno a través de YLB (Yacimientos de Litio Boliviano), se pueda contratar mediante referendo nacional, que el pueblo decida a qué empresas vamos a contratar”, aseveró el diputado de CC, Orlando Valdez.

Los diputados orureños Orlando Valdez y Enrique Urquidi, ambos de Comunidad Ciudadana, presentaron el proyecto de “Ley de Aprovechamiento del Litio para Beneficio del Pueblo Boliviano y las Regiones Productoras”, la cual tiene cuatro artículos.

“Este proyecto de ley será solazado, nos interesa a nosotros en primera instancia que sea conocido y obviamente pueda ser enriquecido, y podamos recibir las mejores contribuciones en orden técnico, económico, para que este proyecto de ley pueda ser, en la brevedad posible, de consenso regional y en una segunda instancia llevada a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, mencionó Urquidi.

Artículos

La norma contempla: que la ecuación económica financiera garantice al menos una regalía del 11 por ciento para los departamentos productores, que por lo menos el 60 por ciento de los trabajadores sean bolivianos.

Además, prevé la transferencia de tecnología al Estado boliviano, y que los productos finales sean fabricados en Bolivia.

“Queremos nosotros que la explotación, industrialización, hasta lograr un producto de litio se realice en suelo boliviano, en suelo de regiones productoras, eso queremos”, añadió Valdez.

El tercer artículo señala: “El proceso de explotación, producción y procesamiento del Litio estará enmarcado en los principios de Publicidad, Transparencia e Igualdad de Oportunidades, garantizando que el mismo sea de carácter público”.

Proponen referendo para contratación de empresas que exploten litio

Argentina, Litio

Argentina busca casi quintuplicar sus exportaciones de litio para 2025

15/09/2021
En la remota provincia de Salta, en el norte de Argentina, el silencio del paisaje árido solo es roto por el estruendo de los campamentos mineros, en una señal de los esfuerzos del país por sumar su golpeada economía al auge mundial de los automóviles eléctricos.

En las salinas de Rincón, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, la australiana Rincón Lithium opera una planta piloto donde los trabajadores bombean a través de tuberías la salmuera extraída 30 metros por debajo de los suelos montañosos de Salta.

Después de refinar la mezcla en sus laboratorios, producen carbonato de litio: esperan extraer 50.000 toneladas al año para 2025, en otro impulso para una actividad que se ha convertido en una de las mayores apuestas de Argentina.

Pese a la desconfianza que genera entre los inversores por su inestabilidad y sus férreos controles sobre la economía, el país busca seducir a las firmas mineras globales con beneficios impositivos y promesas de seguridad.

Una potencia agrícola que hasta ahora ha centrado los subsidios energéticos en la producción de biocombustibles, Argentina ha girado su atención al metal blando que se usa en baterías que alimentan tanto a los pequeños dispositivos electrónicos como a los automóviles eléctricos.

Algunas de las compañías mineras más grandes del mundo han establecido operaciones en el norte de Argentina, incluida la australiana Orocobre Ltd -asociada con Toyota Corp-, la minera estadounidense Livent Corp, que proveerá a BMW el mineral para las baterías de sus autos, y la china Ganfeng Lithium Co Ltd.

Otras firmas como la australiana Argosy Minerals y Posco, de Corea del Sur, consideran una fuente duradera de “oro blanco” al área que es parte del “Triángulo del litio”, la mayor reserva internacional del mineral, que Argentina comparte con Bolivia y Chile.

Argentina, actualmente el cuarto productor mundial de litio con el 8% del total global, quiere cerrar la brecha con su vecino Chile, que produce el 22%, los dos a partir de salmuera. Australia, el mayor productor mundial del metal con el 49%, produce el mineral a partir de rocas llamadas pegmatitas.

“Desde salmueras, en Argentina podríamos llegar a ser el primer productor mundial en menos de una década si se sigue y mantiene el caudal de proyectos”, se entusiasmó David Guerrero Alvarado, consultor de la canadiense Alpha Lithium, en una entrevista en la ciudad de Salta.

Para atraer las esquivas inversiones, Argentina bajó el año pasado los impuestos a las exportaciones mineras del 12% al 8% y en abril autorizó el envío al exterior -no estaba permitido hasta entonces- del 20% de las divisas obtenidas por exportaciones de proyectos con inversiones superiores a los USD 100 millones.

La administración, que busca reducir las emisiones de carbono, también respaldó la creación de una fábrica de baterías de litio por parte de la empresa de energía estatal y planea enviar un proyecto de ley al Congreso para reducir los impuestos a los automóviles eléctricos, que actualmente están fuera del alcance de la mayoría de los compradores locales.

Las provincias mineras como Salta, Jujuy y Catamarca se han comprometido a favorecer la modernización de la infraestructura.

La secretaria de Minería y Energía de Salta, Flavia Royón, dijo a Reuters que la provincia tiene como objetivo producir 200.000 toneladas de litio anuales a partir de 2025, un volumen casi equivalente a la quinta parte de la producción global esperada para ese año.

Según un reporte de agosto de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), las empresas mineras instaladas en el país realizarán inversiones por USD 2.700 millones, lo que llevaría a Argentina a casi quintuplicar sus exportaciones para 2025.

Los embarques de litio pasarían de las 38.800 toneladas de este año a 175.000 toneladas en 2025, calculadas en más de US$ 1.500 millones, de acuerdo con CAEM.

Las dudas, sin embargo, asaltan a los analistas. “Argentina tiene los recursos, pero transformarlos en reservas y factibilizar proyectos implica un conjunto de decisiones previas sujetas a un entorno macro favorable y micro estable. Se necesita una serie de reglas claras y estables”, destacó Natacha Izquierdo, analista de la consultora Abeceb, en Buenos Aires.

A nivel mundial, son varios los obstáculos que enfrenta la industria. El desarrollo de tecnologías sustitutas, la ampliación de la oferta global y el menor crecimiento de la economía de China han afectado los precios del mineral.

Localmente, las empresas mineras miran de reojo las férreas restricciones al mercado de divisas -que buscan proteger el débil peso argentino- y los fluctuantes impuestos nacionales y provinciales antes de definir multimillonarias inversiones a largo plazo.

Argentina cuenta actualmente con 62 proyectos de litio, pero solo dos están en producción: los de Livent y Orocobre.

“El país no es muy atractivo desde el punto de vista de un inversor extranjero en atraer capitales que vengan a querer instalarse aquí”, dijo en su oficina de Salta Alejandro Moro, gerente general de Rincón Lithium, que posee la concesión de un salar con casi 2 millones de toneladas de carbonato de litio.

“Somos un país con una macroeconomía bastante inestable, con alto grado de impuestos que se le pone a los capitales que vienen a invertir”, añadió.

Moro se mostró optimista sobre el apoyo de Argentina a las inversiones mineras tras una reunión con funcionarios hace semanas.

La producción de biocombustibles vivió un auge en Argentina hasta hace poco más de un lustro, gracias a la abundancia local de un insumo básico para el biodiésel como es el aceite de soja.

El impulso de un Estado que buscaba paliar su recurrente déficit energético convirtió al país en el principal proveedor global de biodiésel. Sin embargo, el cierre de mercados claves como Europa y Estados Unidos minó en años recientes la confianza en el sector.

“La industria viene operando en bajísimos niveles con relación a su capacidad instalada. Hay plantas que están paradas”, aseguró a Reuters Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.

Hace 10 años, Argentina exportaba más de 1,5 millones de toneladas anuales de biodiésel. En el primer trimestre de 2021, los embarques al exterior sumaron solo 267.000 toneladas, según datos oficiales.

Para el Gobierno, parece ser el turno del litio.

Mientras el país otorga beneficios al metal, una normativa aprobada hace semanas por el Congreso -dominado por el oficialismo- redujo del 10% al 5% el porcentaje de biodiésel que debe contener la mezcla de diésel en el país, lo que reducirá la demanda doméstica del biocombustible.

Los biocombustibles “van a continuar, solo que el régimen de promoción va a estar más acotado. Vamos a buscar herramientas que apunten a otros combustibles que entendemos son lo que se viene, que generan cero emisiones contaminantes, que son básicamente el hidrógeno y la batería de litio”, dijo el ministro de Producción, Matías Kulfas, en un reciente encuentro con periodistas en Buenos Aires.

El asunto tiene una alta incidencia sobre la economía local: la nación sudamericana busca hace más de una década revertir el déficit fiscal que lo ha sumido en crisis reiteradas. Gran parte de ese desajuste se explica por su déficit de energía.

La principal apuesta de Argentina pasa hace años por la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, en la Patagonia, que parece nunca despegar.

Si bien el litio no compensaría la escasez energética del país, su creciente uso y exportación podría ayudar a equilibrar la balanza comercial.

Mientras que los proyectos de Livent y Orocobre están en proceso de ampliación gracias a inversiones por 1.000 millones de dólares, otros como el de Caucharí–Olaroz, en el que Ganfeng y Lithium Americas invirtieron US$ 641 millones para producir 40.000 toneladas, comenzarían a producir en 2022.

“Definitivamente, el litio va a reemplazar a los biocombustibles”, dijo Moro, de Rincón Lithium.
Fuente: Reuters

Argentina busca casi quintuplicar sus exportaciones de litio para 2025

Litio, Perú

Cuatro nuevos conflictos sociales surgieron en agosto: en Pasco, Huancavelica, Ayacucho y Puno

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo hasta el mes de agosto existen 196 conflictos sociales activos, de los cuales 139 están activos y 57 latentes. Los detalles a continuación.
(Foto: Miguel Bellido -GEC)
redacciongestion@diariogestion.com.pe
12/09/2021
Al mes de agosto existen 196 conflictos sociales (139 activos y 57 latentes) siendo las regiones de Loreto, Cusco y Áncash en la que se concentran la mayoría de ellos, de acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo.

Respecto al mes anterior se incorporaron cuatro conflictos nuevos. Uno de ellos es de tipo laboral y se desarrolla en Pasco, donde los trabajadores de la Empresa Administradora Cerro S. A. C. reclaman la atención de sus demandas laborales para una efectiva reincorporación a sus puestos de trabajo.

Asimismo, en Huancavelica se registró un nuevo conflicto de tipo otros asuntos. En este caso la comunidad campesina de Puerto San Antonio y la población del distrito de Roble demandan a la empresa Telefónica del Perú S. A. A. (Movistar) la instalación de nuevos equipos y de fibra óptica para el mejoramiento de la señal de internet, que permita el normal desarrollo de sus actividades educativas y laborales.

Dos nuevos conflictos de tipo socioambiental se registraron en Ayacucho y Tumbes.

En el primero, la comunidad campesina de Pallancata denuncia que el río Suyamarca estaría contaminado, presuntamente por vertimiento de aguas ácidas con metales pesados sin tratamiento de la Compañía Minera Ares S. A. C. (Unidad Minera Pallancata), lo que habría ocasionado la muerte de truchas y afectación de la salud de los miembros de la comunidad campesina Pallancata y el centro poblado Santa Rosa.

El segundo se desarrolla en la provincia de Tumbes, donde ciudadanos del distrito de San Jacinto se oponen a la ejecución del proyecto “Presa Laminadora de Higuerón” a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) debido a los posibles impactos negativos del proyecto, en perjuicio de sus actividades agrícolas y sus derechos a la vivienda, trabajo y propiedad.
-Casos por tipo y lugar-

En cuanto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (29 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (22) y Áncash (17).

En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (64.8 %).

Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007.

Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos con relación a los socioambientales es de 64.6 %.
-Diálogo-

Del total de casos activos, el 69.1 % (96 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 76 de ellos. Del total de conflictos en diálogo, el 77.1 % (74 casos) corresponde a casos socioambientales.
-Violencia-

En este mes se registraron dos personas heridas producto del enfrentamiento entre la Policía Nacional del Perú y los trabajadores de la Empresa Administradora Cerro S. A. C. en Pasco, quienes realizaban una protesta en las instalaciones de la empresa.
-Protestas-

Se registraron 231 acciones colectivas de protesta en el mes de agosto, 60 más que el mes anterior. Del total, el 56.3 % fueron plantones y el 22.5 % movilizaciones.
-Alertas tempranas-

En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad 25 alertas tempranas (ver página 10 del reporte), para que se actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades.

Del total de alertas, cuatro son conflictos nuevos, 11 son casos activos y 10 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.

Para más información del Reporte Mensual de Conflictos Sociales, los interesados pueden acceder a la siguiente dirección electrónica: https://www.defensoria.gob.pe/areas_tematicas/paz-social-y-prevencion-de-conflictos/
https://gestion.pe/peru/cuatro-nuevos-conflictos-sociales-surgieron-en-agosto-en-pasco-huancavelica-ayacucho-y-puno-noticia/

Bolivia, Litio

Sobre un reportaje del litio

El autor comparte argumentos con relación a la potencialidad de las tecnologías EDL, pero discrepa con analistas en su perspectiva sobre el contrato con ACISA
Por Redacción Diario Pagina Siete
12/09/2021
En este artículo se realizan algunos apuntes sobre un reciente reportaje sobre el litio en Bolivia. La contribución, publicada en otro medio de prensa, se refiere, en principio, a los planes del gobierno para dar un viraje al proceso de desarrollo e industrialización del litio mediante la convocatoria internacional para la evaluación de las tecnologías de extracción directa del litio (EDL) en las salmueras bolivianas informando que de los 19 participantes en el concurso, 9 de ellos habrían calificado y ya estarían negociando con YLB la obtención de información técnica para iniciar ese trabajo. Asimismo, habla del anuncio del viceministro del área de que en 3 años se producirán cátodos de baterías en Bolivia.

Al respecto, llama la atención que al autor del reportaje no le haya interesado averiguar por qué hasta la fecha no se conocen los nombres de las empresas que presentaron sus propuestas y de aquellas que finalmente fueron seleccionadas.

La decisión de aplicar tecnologías EDL no sería más que el reconocimiento del fracaso del método de extracción basado en evaporación solar implementado desde 2008. Si bien no podría oponerme a ellas porque fui el primero en sugerirlas durante mi paso por YLB, la convocatoria no se encontraría enmarcada en la ley y podría ser declarada nula de pleno derecho por las autoridades jurisdiccionales competentes.

Debido a que la adecuación de las tecnologías EDL requerirá el desarrollo de procesos de química básica por las empresas extranjeras seleccionadas, vulnera la Ley 928 que establece que YLB desarrollará los procesos de extracción y refinación de sus recursos evaporíticos con una participación cien por ciento (100%) estatal para la producción y comercialización de todos los productos de la cadena evaporítica.

De otro lado, el anuncio del gobierno de que en tres años Bolivia producirá material catódico causa sorpresa por cuanto, dados los retrasos en la construcción de la planta industrial de carbonato de litio, aún no se conoce cuándo YLB podrá contar con un suministro aceptable del compuesto. Ni qué decir de la planta de tratamiento de agua, necesaria para la operación de aquella, que hasta la fecha ni siquiera fue licitada.

A continuación, el reportaje cita las opiniones de tres analistas. Respecto a los comentarios del primero, comparto sus argumentos con relación a la potencialidad de las tecnologías EDL, pero discrepo con él en su perspectiva sobre el contrato con ACISA.

En primer lugar, no estoy de acuerdo en que la interrupción del mencionado acuerdo se hubiera debido a diferentes visiones políticas y observaciones de analistas y COMCIPO que proyectaron una imagen negativa del proyecto, dando a entender que nada de eso se justificaba y que tales posiciones sólo condujeron al extravío del mismo.

Al parecer, al analista nunca le causó estado que la empresa mixta YLB-ACISA no pagara regalías a Potosí por la producción de hidróxido de litio arguyendo este compuesto es un producto industrializado; o que ACISA no se comprometiera a transferir su innovadora tecnología para la obtención de hidróxido de litio; o que YLB se obligara a entregar 1,8 millones de toneladas/año de tal material con concentraciones de entre 0,42 y 0,45% de litio a precio de costo durante 70 años a la empresa mixta y que en caso de que esto no se cumpliera, se viera forzada a compensar la cantidad faltante con su propia producción de carbonato de litio.

O que el control de la cadena productiva y de comercialización del litio por parte de YLB, establecida en la Ley 928 y en la CPE, se convirtiera más bien en una capacidad de veto para ACISA; o que el Estado boliviano pusiera al servicio (sin costo) de la empresa alemana, la infraestructura productiva construida con recursos del Banco Central de Bolivia; o que sellara un acuerdo de exclusividad de comercialización del compuesto a producirse solamente para el mercado alemán durante la vigencia del contrato, desconociendo el carácter estratégico del mismo y las desventajas de esta decisión.

En segundo lugar, cuestiono su aseveración de que el acuerdo con ACISA hubiera permitido la producción de baterías en Bolivia cuando en el DS 3738 sólo se hace referencia a una asignación de 5.200 toneladas/año de hidróxido de litio para la producción de cátodos en el marco de una nueva empresa mixta a crearse en el futuro. En este contexto, quisiera saber qué encontró el analista para sostener que tal acuerdo era favorable para el país.

Por último, coincido con él en la necesidad de formar personal calificado, desarrollar la industria de la química básica, garantizar la transferencia tecnológica en asociaciones con empresas extranjeras, identificar mercados, determinar las verdaderas contribuciones del país, realizar un análisis de costos y beneficios y seleccionar aliados estratégicos.

Sin embargo, por una parte, sus puntualizaciones sobre transferencia tecnológica e identificación de mercados entran en contradicción con su apoyo a la empresa mixta y, por otra, su crítica al interés del gobierno en las sales de potasio sin considerar que la salmuera de Uyuni contiene más de “30 elementos aprovechables” constituye en realidad una argumentación original mía.

Con relación al comentario del segundo analista en sentido de que, para no repetir los errores del pasado y evitar que el proyecto sea víctima de una disputa política, se debería consultar a los potosinos, sólo diré que los políticos nunca aprenden. Como se ha conocido, el pasado sábado el ministro del área realizó sendas visitas al municipio de Colcha K y a la ciudad de Uyuni, bastiones del MAS en Potosí, para “socializar” el proyecto de litio y anunciar que en los siguientes días el gobierno hará conocer algo muy importante. Dicho anuncio estaría vinculado a la convocatoria internacional y/o el nuevo acuerdo con los alemanes.

En este contexto, es lamentable que, hasta el día de hoy, dicho personero de gobierno no se haya atrevido a llegar a la ciudad de Potosí para brindar una explicación tanto sobre la convocatoria y el inicio de nuevas negociaciones con ACISA con el propósito de “revivir” el DS 3738 de creación de la empresa mixta. En 2019 Potosí paró durante casi 40 días exigiendo la abrogación de dicho instrumento legal.

Finalmente, el tercer analista, concentra sus comentarios en la necesidad de contar con voluntad política para hacer pie en el mercado mundial del litio con actores con conocimiento y capacidad para comercializar nuestros productos, evitando cálculos políticos. Sugiere una estrategia gradual que resuelva primero el problema de la producción de los compuestos de litio grado batería de manera eficaz y eficiente, para luego avanzar hacia la fabricación de baterías en el país y, por último, propender hacia la industrialización a nivel regional, mediante una integración económica e industrial con otros países de la región que no cuentan con litio.

Sin embargo, las dos primeras partes de su estrategia se pueden encontrar en mi entrevista con RTP en enero de 2020 y, la tercera, en un análisis sobre el litio publicado hace más de dos años en Página Siete, donde propongo la creación de un hub o complejo industrial para la industrialización del elemento en Sudámerica.
Juan Carlos Zuleta Calderón / Analista de la economía del litio
https://www.paginasiete.bo/ideas/2021/9/12/sobre-un-reportaje-del-litio-307946.html

Litio, Perú

Al fondo hay litio

08/09/2021
“El litio forma parte de la transición energética del siglo XXI, que deja de lado los combustibles fósiles de efecto invernadero y que causan el cambio climático que hoy nos azota”.

El litio está de moda, y no porque se utiliza en el tratamiento de la depresión y el trastorno bipolar de las personas. No. Su consumo en las baterías ha aumentado fuerte en los últimos años, pues se usa en celulares, herramientas eléctricas y aplicaciones de almacenamiento en red.

Y, sobre todo, porque las baterías de litio son la fuente de energía de los vehículos eléctricos (VE). Ya se pronostica que, al 2030, la venta de nuevos VE será el 40% de las ventas totales. Así, el litio forma parte de la transición energética del siglo XXI, que deja de lado los combustibles fósiles de efecto invernadero y que causan el cambio climático que hoy nos azota.

Según la EIA de EE. UU., su demanda para los VE aumentará de 13 a 42 veces del 2020 al 2040, el níquel de 7 a 19 veces y el cobre de 2 a 3 veces. Y hay una carrera estratégica entre EE. UU. y China para asegurar “su acceso” a las reservas mundiales.

Traigo esto a colación porque hay litio en Puno, en la mina Falchani, de la canadiense Plateau Energy, que se suman al llamado triángulo de litio de América del Sur. De los 21 millones de toneladas de reservas mundiales (según el US Geological Survey 2021 de EE. UU.), Chile (Salar de Atacama) y Argentina tienen 9.2 y 1.9 millones MMT, respectivamente, o sea, el 61% del total.

Estos 11.1 MMT no incluyen a Bolivia que, según el mismo USGS 2021, tiene nada menos que 21 MMT de recursos, que pasarán a reservas cuando la producción comience. Bolivia pasaría a Chile y será el país con las mayores reservas.

Las reservas de Falchani son de 4.7 MMT. Y debieran haber activado los requisitos para que su explotación esté acompañada de objetivos nacionales, como lo hizo Chile que, en el 2016, formó una Comisión Nacional del Litio para que el Estado defina las condiciones y participe en la actividad (1). Actualmente, Chile exporta US$ 900 millones anuales, reserva 25% del litio para el mercado interno y destina US$ 25 millones para la investigación.

En junio, Argentina y Bolivia acordaron una agenda común de intercambio para la extracción e industrialización del litio y energías renovables, con la participación de las estatales petroleras YPF e YPFB, así como con Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).

En el Perú la canadiense Plateau Metals, que tiene la concesión Falchani, la vendió hace poco a la también canadiense American Lithium, cuyos planes consisten en potenciar sus activos en EE. UU. y participan en la iniciativa de Elon Musk, dueño de la fábrica de autos eléctricos Tesla en Nevada.

Aquí entra la “singularidad” peruana. En julio el Congreso aprobó la Ley 31283, que declara de necesidad pública e interés nacional la explotación e industrialización del litio y sus derivados para garantizar su desarrollo sustentable por ser estratégico. La intención es que el Perú forme parte de la cadena de valor global del litio, tal como nuestros vecinos.

Sucede que el Congreso la aprobó “por insistencia” por 99 votos a 0, ya que el Ejecutivo la observó porque “vulnera disposiciones presupuestarias, implica un desembolso de recursos del Tesoro Público” y “porque ya existe un marco legal que regula el objeto materia de la ley”. O sea, no cambiar nada para que todo siga igual.

Necesitamos cambiar de “chip”. No podemos resolver los problemas aplicando las mismas recetas que nos han traído hasta aquí. No necesitamos la “lógica” que nos hace puramente dependiente de los intereses empresariales. Ni tampoco la equivocada visión apocalíptica del “extractivismo”: “que no se haga nada”.

Avancemos hacia un proyecto unificado, con participación de todos los actores, siguiendo la ruta de nuestros vecinos y la Ley 31283. Las prioridades de la transición energética no se van a lograr con la lógica del libre mercado: exportar “en bruto”. Un nuevo paradigma para un planeta limpio y nuevas reglas están a la orden del día. Para que no solo se diga que “bien al fondo, hay litio”.
1) Ver El rectángulo de litio, el “Sueño canadiense” y la subsidiariedad del Estado, 15/02/2021, http://www.cristaldemira.com/articulos.php?id=2905
https://larepublica.pe/opinion/2021/09/08/al-fondo-hay-litio-por-humberto-campodonico/

Internacional, Litio

Con tanta demanda de litio para las baterías de coches eléctricos estamos a las puertas de un nuevo problema de contaminación

daniel-murias Daniel Murias
@DaniM_Andrade 09/09/2021
Nadie duda de la necesidad de reducir las emisiones de CO₂. En el transporte, la solución pasa por el coche eléctrico de batería. Al menos, así parecen haberlo decidido en mayor o menor medida los gobiernos de medio planeta, dejando un resquicio de esperanza para los eléctricos de hidrógeno. Sin embargo, con la necesidad de reducir las emisiones de CO₂ vía el uso masivo de baterías de iones de litio, podríamos estar creando otro problema, igual de nocivo o más.

El litio es imprescindible para las baterías de los coches eléctricos y la demanda en la próxima década se presente como ingente. El litio está presente en pequeñas cantidades en los ánodos y cátodos de las celdas que componen la batería. Y una batería de coche eléctrico tiene de media unos 160 gramos de Litio metálico por kWh (los fabricantes no suelen desvelar esa información). En una batería de 50 kWh eso son 8 kg de litio.
Retrofit: el fascinante arte de convertir un coche gasolina o diésel en eléctrico

Como recuerda Hazel Southwell en The Drive, las previsiones de General Motors, del grupo Daimler y del Grupo Volkswagen apuntan a la fabricación de baterías con una capacidad total de 240 GWh al año cada uno dentro de una década. Cada uno de ellos va a necesitar hasta 38.400 toneladas de litio.

Si le añadimos a la ecuación Tesla, Stellantis, Toyota, los fabricantes chinos, etc, es evidente que en la actualidad no hay una manera rápida, eficaz y eficiente de suministrar esa cantidad de litio. Y una de las razones es que el litio es bastante difícil de conseguir. Por una parte, al igual que el petróleo, no se encuentra en todas las regiones del mundo. Y por otra parte se encuentra en lugares cuyos habitantes quizá no quieran que se destruya su entorno y ecosistema.

Salar De Uyuni Bolivia

A menudo, el litio se encuentra en ecosistemas frágiles. Es verdad que hay grandes depósitos en Chile, en el desierto de Atacama, y en el salar de Uyuni, en Bolivia, así como en la provincia de Salta, Argentina (que es ya el tercer productor mundial). En estos casos, la extracción es bastante sencilla y a priori con bajo impacto en una zona ya de por si árida. Y sin embargo, se necesitan unos dos millones de litros de agua para producir una tonelada de litio.
En el desierto de Atacama o el salar de Uyuni, se necesitan unos dos millones de litros de agua para producir una sola tonelada de litio.

Este enorme consumo de agua no sólo afecta a los ecosistemas circundantes, sino que también tiene un enorme impacto en los agricultores locales. Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales («Extracción de litio en Argentina» 2019), que entrevistó a las diez comunidades que viven cerca de dos salinas, Sales de Jujuy y Minera Exar, los detractores de la mina dicen estar preocupados por el impacto a largo plazo del litio en el medio ambiente, empezando por el descenso de la capa freática, afirmando que el ganado de la región ya ha empezado a morir.
Producción de litio


Las consecuencias de la minería sobre el ecosistema también se han podido ver en otras regiones del mundo. En mayo de 2016, cientos de manifestantes arrojaron peces muertos a las calles de Tagong, una ciudad situada en el extremo oriental de la meseta tibetana.

Los habían sacado de las aguas del río Liqi, donde una fuga química tóxica de la mina de litio de Ganzizhou Rongda había causado estragos en el ecosistema local. Y podría ir más allá, una investigación realizada en Nevada, donde también se extrae litio, descubrió impactos en los peces hasta 240 km aguas abajo de una operación de procesamiento de litio.
Volamos en el CUPRA de Extreme E, un salvaje coche eléctrico de carreras con Jutta Kleinschmidt al volante

Minas de litio: del círculo polar ártico a Extremadura

Mina Litio Extremadura
Proyecto de mina de litio en Extremadura

Ahora, toda la industria cuenta con los nuevos yacimientos en el interior del círculo polar ártico. La empresa minera estatal rusa Rosatom(que de paso también extrae litio para armamento nuclear) está estudiando la posibilidad de abrir una mina en la península de Kola para 2030.

Este yacimiento, llamado Kolmozero, se encuentra dentro del círculo polar ártico. Además, también en el círculo polar ártico, la empresa sueca Artic Minerals AB ha reservado otros terrenos explotables.

Según Jari Natunen, experto en minería de la Asociación Finlandesa para la Conservación de la Naturaleza, la minería en el Ártico sería catastrófica. Dice que la difícil extracción de litio de la tierra helada generaría 50.000 toneladas de residuos tóxicos para 1.000 toneladas de litio producido.

Mina Artico

El Círculo Polar Ártico ya ha soportado gran parte del coste de los materiales para los vehículos eléctricos, ya que la mina de níquel Norilsk -el lugar más contaminado del mundo- proporciona el material que está sustituyendo al problemático cobalto y no ha hecho más que generar un nuevo problema.

Pero no solamente está el círculo polar ártico en peligro. Más al sur en Europa también se quieren poner en marcha proyectos de minería. En España, el proyecto de Phi4Tech de una gigafactoría en Extremadura (donde está el segundo yacimiento de litio más grande de Europa) incluye la extracción de litio en la mina de Las Navas (Cáceres) así como la extracción de níquel, oro y cobalto. Si bien la fábrica es vista con buenos ojos, no tanto la explotación minera .
Nickel

Bloque de níquel sin procesar

El ayuntamiento cacereño y parte de la ciudadanía se oponen manifestando, entre otros argumentos, que no quieren un expolio «que sacrifique el desarrollo de la ciudad» para fomentar «el crecimiento industrial de otras zonas del país» donde se trabaje el material aquí extraído.

Además, como recuerda Santiago Márquez, coportavoz de la plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres, la mina «está a 800 metros del casco urbano y Cáceres es una ciudad patrimonio mundial de la UNESCO».

En el Reino Unido, está el proyecto, todavía en fase preliminar, de Cornish Lithium en Cornualles. Su plan es extraer de allí grandes depósitos de litio para baterías en el sur del Reino Unido. El proceso previsto implicar la extracción de mica de granito y su voladura con agua.
Litio

Bloque de lito sin procesar

Es lo que viene siendo fracking para extraer litio. A continuación, se utilizaría esencialmente el mismo método soluble de extracción de litio que en Atacama, mediante evaporación en balsas con ingentes cantidades de agua.

La movilidad eléctrica y un futuro neutro en emisiones de CO₂ es una cuestión muy compleja que no tiene una respuesta única, como nos quieren hacer creer algunos fabricantes.
Posibles alternativas

Tesla Reciclaje

Nadie pone aquí en duda los beneficios medioambientales del coche eléctrico si la energía que lo alimenta es limpia. Sin embargo, corremos el riesgo de generar un nuevo problema, mucho peor que el del CO₂ si solo miramos una parte de la ecuación, la del escape del coche.

En la propia revista Nature se advierte que las baterías de iones de litio deben ser más limpias y éticas. Existen soluciones, todavía en fase embrionarias, de extracción y procesamiento del litio más limpios que los actuales.
Celda batería coche eléctrico

El reciclaje de la baterías y del litio que contienen es otra. Iniciativas políticas, como la de la UE que quiere que el 4% del litio de las nuevas baterías fabricadas en la UE proceda de material reciclado para 2030, una proporción que aumentaría al 10% para 2035, o privadas, como la fábrica de economía circular de Renault, en Flins, y el objetivo de Tesla de reciclar el 92 % de sus baterías, están arrancando ya.
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En Motorpasión
Probamos el nuevo Toyota Mirai: con 650 km de autonomía y silencio absoluto, así es conducir sobre tres tanques de hidrógeno

Tampoco podemos olvidarnos del hidrógeno para contener la demanda de litio. Un coche o un camión de pila de combustible (tecnología fuel cell) necesita una batería mucha más pequeña, y por tanto con menos materiales y tierras raras en su interior, que una batería de coche 100 % eléctrico.

Por ejemplo, la batería de un Toyota Mirai es de 1,6 kWh, mientras que la de un coche eléctrico medio varía entre 60 y 100 kWh. A nivel industrial, más de lo mismo. Un Hyundai Xcent, como los que ya circulan en Suiza, tiene una batería de 72 kWh, mientras que la de un Tesla Semi se prevé que sea de 500 kWh.
Hyundai Xcent


Al final, citando a Nature, debemos tener claro que “las baterías son cruciales para el futuro de la Tierra con bajas emisiones de carbono. A todos nos interesa que sean limpias, seguras y sostenibles”.

En Motorpasión | Probamos el Volkswagen ID.3, el coche eléctrico para todo y para todos es el Golf del siglo XXI |El desafío que supone el coche eléctrico cuando las baterías llegan al final de su vida y cómo se está encarando.
https://www.motorpasion.com/futuro-movimiento/tanta-demanda-litio-par-baterias-coches-electricos-podriamos-estar-creando-nuevo-problema-contaminacion

Argentina, Litio

YPF desarrolla la primera fábrica de baterías de litio en Latinoamerica

07/09/2021
Imagen referencial. / Foto: Pixabay.
La empresa Y-TEC, integrada por YPF y el Conicet, presentó el pasado jueves (1 de setiembre) detalles de su estrategia del litio como mineral y de su cadena de valor, lo que incluirá el desarrollo de la primera fábrica de baterías de litio de América Latina, que debería comenzar a producir en el segundo semestre de 2022.

Los detalles de la presentación estuvieron a cargo del economista y asesor de la presidencia de YPF, Hernán Letcher; el presidente de Y-Tec, Eduardo Dvorkin, y el gerente general de Y-Tec, Santiago Sacerdote.

La planta demandará una inversión de casi USD 5 millones, que ya empezó a desarrollarse en un terreno de la Universidad de La Plata. Los ejecutivos de Y-TEC aseguraron que se trata de la primera planta en su tipo en toda la región.

Los resultados que proporcione la planta permitirán determinar si se le da mayor escala a nivel de las grandes gigafactorias como las que ya existen en Estados Unidos, Europa, China, Japón o Corea, o abre el camino a otras iniciativas a partir de esa tecnología.

Letcher explicó que la decisión de crear YPF Litio en Argentina permitirá incursionar en «el desarrollo del aprovechamiento de este mineral de alta demanda para el proceso de electrificación global y en particular para su industrialización» como materia prima de las baterías de los vehículos eléctricos y las energías renovables.

Para la compañía es «una decisión estratégica, ya que permite diversificar el negocio energético en el mediano y largo plazo en el marco de la transición energética y que suma horizontes de inversiones para los accionistas», enfatizó el economista.

Letcher también comentó que la iniciativa cuenta «con el acompañamiento de las provincias productoras» que tienen interés en diversos rubros, no solamente la producción del mineral sino en llevar adelante nuevas figuras asociativas que diversifiquen el horizonte de negocios y de ampliación de toda la cadena de valor.

El Dato
La oferta de litio en el mundo se encuentra concentrada en cuatro países: Australia, China, Chile y Argentina. Estos dos últimos representan el 75% de la producción actual. No obstante, las mayores reservas de este material –que debe ser explorado para convertirse en recurso– se encuentran en lo que se conoce como el Triángulo del Litio, integrado por Argentina, Chile y Bolivia (67% de las reservas).
Fuente: Con información de la República y Telám

Argentina: YPF desarrolla la primera fábrica de baterías de litio en Latinoamerica

Argentina, Litio

Litio: el ‘oro blanco’ genera conflicto por el agua

04/09/2021
Cristian Milciades
¿Salvación o condena? Se necesitan 2 millones de litros de agua para producir 1 tonelada de litio. Pero las provincias lo defienden para generar energía limpia.

El litio se ha vuelto un mineral esencial para generar sistemas de energía limpia del futuro en todo el mundo. Y la Argentina, junto a Chile y Bolivia (Triángulo de litio), tienen el 58% del recurso. Pero su producción es un tema de conflicto por el “excesivo” uso de agua dulce, esto es, para consumo humano, además de los residuos tóxicos.

En efecto, las comunidades han denunciado que se han secado vegas, que su actividad se ve afectada, y expertos en medio ambiente advierten sobre el desbalance hidrogeológico que se está generando por este recurso, que se presenta también como una “salvación para la Argentina”. No por nada, desde las provincias lo defienden, desmintiendo incluso las afirmaciones en contra y asegurando, en cambio, que s e están implementando todos los controles.

Según un informe del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), el país tiene las segundas reservas mundiales detrás de Bolivia, y además, es la tercera en cantidad de reservas ‘comercialmente viables’, detrás de Chile y Australia

Pero para entenderlo es necesario conocer cómo se procesa el litio. El primer paso es bombear la salmuera que se encuentra bajo los salares, y luego, se la coloca en piletas de muy poca profundidad pero cuya superficie total equivale a miles de estadios de fútbol. Con la radiación solar el agua se evapora. Esta salmuera va pasando por diferentes piletones de donde se le extraen distintos minerales. Lo primero que se obtiene es lo que conocemos comunmente como sal de mesa. El último mineral que se extrae es el carbonato o hidróxido de litio. Y es un proceso que puede durar entre 6 meses y 2 años.

Finalmente, para l levar a un mejor grado técnico del litio se utiliza el agua dulce. Es decir, que mientras más pureza se le quiera dar al mineral, más agua apta para consumo humano se va a necesitar.

Hay que entender que en la zona hay cuencas que son cerradas que se nutren de la lluvia. Se crean naturalmente pequeños depósitos acuíferos en donde se almacena el agua dulce. Al realizarse una perforación en los salares y extraer esa agua salina no apta para el consumo, se produce un desplazamiento del agua dulce que está en la cuenca hacia el salar. En consecuencia, el agua que las comunidades usan para riego y consumo humano se saliniza y altera el balance hidrogeológico.

El agua, un recurso escaso

El problema planteado por diferentes investigadores y entidades ambientalistas es que se hace uso de un recurso que es sumamente escaso en estas zonas, que además, son áridas. Para dar una dimensión de lo que representa en gasto hídrico, se necesitan 2 millones de litros de agua para producir 1 tonelada de litio.

“Para un territorio en donde el déficit hídrico es extremo, esta gestión del agua significa un desequilibrio para el ecosistema, para las comunidades y para la biodiversidad”, explicó María Laura Castillo, coordinadora del Programa Altoandinos de la Fundación Ambiente del Área de Política Ambiental de la Fundación ambiente y recursos naturales (FARN), a ‘Perfil’.


Entonces, ¿es el litio un buen negocio para Argentina?

– “Según la geografía del lugar, algunas comunidades están más cerca o más alejadas de los salares. Todo depende de la distribución de los acuíferos dulces. Los habitantes los aprovechan para su actividad de riego, de consumo humano y animal. Entonces, si vos vacías el acuífero de los salares, se acelera el vaciamiento de la cuenca y hay menos agua dulce disponible”, explicó también al mencionado sitio, Martín Kazimierski, becario de CONICET y miembro del grupo Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes.

Román Guitián, Cacique de la comunidad de atacameños del altiplano en Catamarca, denunció que tienen complicaciones diarias con el agua y que ya se secaron vegas.

– “En el marco del proyecto Fenix, ya hubo un episodio de daño ambiental en el ‘Salar del Hombre Muerto’. En relación a los niveles de agua dulce que utilizan en el proceso de extracción vaporítico, han secado 11 kilómetros de vega del Trapiche . Lugar de donde sacaban el agua dulce. Luego de esto y en las intenciones de Livent de triplicar la producción, deciden sacar agua de otra zona del salar. Así surgió el proyecto de construcción del acueducto del río Los Patos que es el caño de 32 kilómetros. Están pidiendo autorización para extraer de cada pozo 166 mil litros de agua por hora. Actualmente, Livent, está consumiendo en 15 días la cantidad de agua que todo el pueblo de Antofagasta usa en 1 año”, señaló Verónica Gostissa, abogada e integrante de Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PUCARA).Otro tema es el de los “residuos altamente tóxicos”

Las sales se van concentrando hasta que logran obtener el litio. Después, quedan otras sales que no tienen uso comercial y son como lodos, pero en realidad, se trata del residuo que queda de la actividad, y que son depositados en las piletas que ya no se utilizan.

“Los dejan ahí como pasivos ambientales, que por cierto, valen una fortuna. Sin embargo, ninguna empresa se hace cargo, cuando en realidad son residuos altamente peligrosos. Tengamos en cuenta que se trata de minerales que en altas concentraciones son contaminantes de cualquier otro tipo de compuestos, como por ejemplo, el agua. Incluso su infiltración puede llevar a niveles de toxicidad no recomendados”, detalló el geógrafo Kazimierski


La respuesta de algunas provincias:

Desde la provincia de Catamarca, donde se encuentra el ‘Salar del Hombre Muerto’, afirman que sí se cumplen con la implementación de medidas tendientes a cuidar el medio ambiente y que las empresas mineras realizan una presentación periódica -quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual según corresponda- de programas de control de riesgos técnicos o de estudios ambientales establecidos específicamente para la industria minera con el objeto de monitorear componentes como el suelo, aire, agua, biodiversidad, entre otros.

“De esta manera, conocemos el desempeño de las empresas, los impactos y obtenemos elementos de juicio para promover acciones preventivas o correctivas, retroalimentar los programas y mejorar continuamente”, señalaron desde la cartera de minería provincial ante una consulta del medio mencionado.

En Salta, todos los proyectos están en estado piloto y no en escala comercial, pero estiman que la explotación de este mineral estratégico comienc e 2023 y 2024. De todas maneras, desde la Secretaría de Minería aseguraron que esta industria utiliza mucha menos agua que otras industria como son el agro y la alimenticia. Además, desde la cartera explicaron que si bien están en zona árida, para darles a las mineras el permiso de concesión de agua se hacen estudios hidrogeológicos. La Secretaría de Recursos Hídricos de Salta es la que da la autorización final.

“Hay agua dulce para poder enfrentar esta actividad que no es de uso de agua intensiva como se cree. Igualmente, cuando se les da la concesión, siempre la prioridad es el consumo humano y las actividades de alimentación. En esta línea, también estamos trabajando las comunidades en un proyecto para capacitarlos y que puedan ser participantes del control a las empresas”, dijo la secretaria de Minería de la provincia, Flavia Royón.

Como fuere, el impacto de la explotación minera tanto a nivel ambiental como social genera confrontación entre los gobiernos provinciales y las mineras, por un lado, y en la vereda de enfrente, las comunidades originarias y las organizaciones ambientalistas.

Todos tienen sus argumentos y sus razones, pero la duda de si el litio será una salvación o una condena, todavía persiste.

Litio: el ‘oro blanco’ genera conflicto por el agua

Chile, Litio

Disputa por los fondos del litio: las zonas grises de la millonaria licitación del Instituto de Tecnologías Limpias

02/09/2021
Por Ricardo Cuevas, Joaquín Lazo y Rodrigo Verdejo

“Hay que ser muy rigurosos con los conflictos de interés”, respondió en una entrevista Pablo Terrazas (UDI), vicepresidente de CORFO, cuando se le consultó por la licitación del Instituto de Tecnologías Limpias. Un proyecto de US$193 millones en el que participaron las universidades más prestigiosas del país, que hoy enfrenta denuncias de conflictos de interés y cambios de reglas del juego a última hora, como una modificación clave que benefició al conglomerado ganador, Associated Universities Inc., mientras el proceso aún estaba en curso. Esa modificación fue propuesta por el mismo Terrazas, pese a que se había inhabilitado de participar en la licitación por conflictos de interés.

El 4 de enero de este año, el Consejo de CORFO adjudicó la licitación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) al consorcio Associated Universities Inc (AUI), compuesto por cuatro universidades chilenas y dos extranjeras. Felipe Commentz, gerente general de la entidad estatal, estuvo a cargo de presidir la instancia, en reemplazo del vicepresidente Pablo Terrazas, quien se inhabilitó de participar en el proceso por conflictos de interés.

Commentz también encabezó la comisión encargada de evaluar las propuestas de los tres participantes en competencia por la licitación que, en un principio, comprometía US$193 millones. Sin embargo, Felipe Commentz no transparentó los vínculos que mantiene con algunos de los involucrados en los consorcios que postularon: durante al menos siete años formó parte del directorio de Econsult (ver documento),una sociedad que presta asesoría en inversiones, donde compartió asiento junto a Hernán Cheyre, director del Centro de Investigación y Empresa de la Universidad del Desarrollo (plantel parte de AUI), y José Ramón Valente, presidente de Fundación Chile, uno de los consorcios que participaron en la licitación.

Otro hecho clave que marcó la licitación ocurrió el 30 de octubre del 2020, a las 9:10 horas, en el octavo piso del edificio institucional de CORFO. Ese día se celebró una sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la entidad que cambió el curso del inédito y millonario proyecto de la corporación para impulsar la investigación en energías sustentables y desarrollo tecnológico en la Región de Antofagasta. Los dos consorcios más fuertes en competencia eran Associated Universities Inc (AUI) y Alta Ley. En el primero participaron la Universidad de Atacama, Universidad del Desarrollo (UDD), Universidad San Sebastián (USS) y Universidad Autónoma; estas últimas tres casas de estudio están vinculadas históricamente a la derecha. En el segundo, estaban involucradas algunas de las universidades más importantes del país: Universidad Católica, Universidad de Chile, Universidad de Santiago, Universidad de Concepción, entre otras, en conjunto con empresas ligadas a la producción energética y minera.

“El Sr. Terrazas sugiere a los demás consejeros modificar la citada cláusula decimoquinta del Contrato para Proyecto en el Salar de Atacama”, se lee en el acta (ver documento) de esa sesión extraordinaria. La modificación propuesta por el vicepresidente de CORFO, Pablo Terrazas, alteraba drásticamente la licitación: se proponía restarle US$50 millones al monto original del proyecto (US$193 millones), para redestinarlos a iniciativas para producir hidrógeno verde a cargo de la cartera de Energía, encabezada por el biministro Juan Carlos Jobet, quien también estaba presente en ese consejo.

Este cambio coincidía con el monto incluido en la propuesta de AUI, quienes siete meses antes del consejo del 30 de octubre postularon a US$142 millones. Esta modificación tomó por sorpresa a los demás consorcios, quienes no consideraron este recorte en sus proyectos, ya que concursaron por la totalidad de los aportes de investigación y desarrollo implicados. Al no estar incluido dentro de las bases de la licitación, este cambio perjudicó a los competidores de AUI, pues las postulaciones estaban cerradas desde el 31 de marzo de 2020. A pesar de que se había inhabilitado de participar en el proceso por conflictos de interés, Pablo Terrazas fue quien sugirió esa modificación del contrato, siendo aceptada de forma unánime por el consejo.


Pablo Terrazas, vicepresidente Ejecutivo CORFO.

Desde el inicio de la licitación en 2018, una serie de procedimientos confusos ensombrecieron todo el proceso: modificaciones intempestivas a las bases de la licitación y a la cláusula de uno de los contratos entre CORFO y SQM Salar, que servía de base para el proceso, mientras este aún estaba en curso. Además de sospechas de eventuales conflictos de interés no declarados por parte de algunos miembros de la comisión encargada de evaluar las postulaciones. También, la comisión evaluadora desestimó una asesoría extranjera realizada por un equipo de expertos que calificó con un puntaje mayor la propuesta de Alta Ley. Sumado a todo esto, el proceso licitatorio nunca se sometió a la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.

Pablo Terrazas, por su parte, incumplió un acuerdo pactado con las comisiones de Energía y Minería y Desafíos del Futuro del Senado, que consistía en atender los cuestionamientos de transparencia planteados por los senadores antes de que resolviera la licitación. A pesar de adquirir ese compromiso, AUI fue declarado ganador del concurso antes de que Terrazas asistiera a las comisiones acordadas con los parlamentarios.

Estos antecedentes, así como otros hechos que marcaron la trama de la licitación del ITL, fueron denunciados por las universidades chilenas del Consejo de Rectores que conforman la propuesta de Alta Ley, en un recurso de protección acogido a trámite por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago el 4 de marzo y que aún está a la espera de su resolución. Además, un grupo de senadores de oposición, encabezados por el PPD Guido Girardi, también han sido críticos de cómo se gestó y llevó a cabo el concurso de CORFO: el 14 de enero se convocó a una sesión especial en la Cámara Alta para discutir la adjudicación del ITL y se presentó un proyecto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo que deje sin efecto la licitación (ver documento).

En paralelo, se designó a una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que comenzó a sesionar el 16 de agosto. Entre sus primeros citados se encontraba el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, exvicepresidente de CORFO, con quien inició el proceso de licitación del ITL. Sichel estaba citado para la sesión del lunes 30 de agosto, sin embargo, adujo que no tenía “antecedentes que aportar” y no asistió. Existe también un oficio en Contraloría presentado por los mismos senadores para declarar desierto el proceso. “Se está estudiando la posibilidad de presentar una acción penal por prevaricación”, sostiene uno de los abogados que representa a Alta Ley.


LA PROPUESTA PEOR EVALUADA

En mayo de 2014, durante la gestión del exvicepresidente Eduardo Bitrán, CORFO emprendió una ofensiva legal en contra de SQM Salar que duró cuatro años y constó de dos demandas presentadas ante la Cámara de Comercio de Santiago, ambas por irregularidades en los contratos que le permiten a la minera no metálica explotar los yacimientos de litio en el Salar de Atacama (vea reportaje en CIPER). “Estábamos convencidos de que habían ocurrido incumplimientos graves por parte de SQM que, de acuerdo con el Código Civil, eran suficientes para pedir el término anticipado de los contratos”, sostiene Bitrán.

Se solicitaba rescindir los contratos de Proyecto y Arrendamiento, acuerdos legales celebrados en 1993 entre CORFO y SQM Salar que estipulan las condiciones de concesión, explotación y comercialización del litio en el Salar de Atacama. Sin embargo, las exigencias de la corporación estatal no fueron admitidas en el arbitraje y ambas partes debieron sentarse a renegociar los contratos. Producto de esa negociación, el 17 de enero de 2018 se firmó un acuerdo de conciliación que estableció nuevas condiciones para que SQM Salar continuara con la concesión en el Salar de Atacama. Entre ellas, se mandató a la compañía a destinar de sus utilidades aportes anuales para uno o más institutos sin fines de lucro que “lleven a cabo actividades de investigación y desarrollo”, se lee en la cláusula decimoquinta del contrato de Proyecto (ver documento).

El monto total de los aportes para investigación y desarrollo se fijó en US$193 millones que SQM Salar efectuará desde el 2018 hasta el 2030, destinando anualmente recursos que van desde los US$9 millones hasta los US$17 millones. Desde CORFO, han asegurado que esta es la mayor inversión que se ha hecho en un proyecto de estas características en Latinoamérica. “El ITL tiene mucha trascendencia e impacto no sólo a escala económica, sino a escala global en términos medioambientales. Cuando traspasas la matriz energética del combustible fósil a otra matriz energética como al hidrógeno o energía eólica, vas aumentando tu carbono neutralidad”, explica Domingo Ruiz, doctor en química y miembro del consejo técnico que preparó la licitación del ITL.


Salar de Atacama.

Cuando se firmó el acuerdo de conciliación en enero de 2018, a Eduardo Bitrán le restaban sólo dos meses de su gestión al mando de CORFO, por lo que no pudo concretar la idea con que concibió el ITL: “Lo pensamos como una institución pública y que tuviera un balance de actores que protegiera el interés nacional. La idea era crear un gran centro tecnológico en el norte del país”, explica Bitrán. Pero con la llegada de Sebastián Sichel a la vicepresidencia de CORFO, en mayo de ese año, el rumbo del ITL tomó otra dirección y bajo su administración se resolvió que el instituto se sometería a un proceso de licitación.

El proceso contempló dos etapas. La primera comenzó en noviembre de 2018 y su objetivo era evaluar las capacidades de los potenciales participantes para la segunda y definitiva etapa del proceso (ver documento). En esta fase de la licitación, cuatro propuestas fueron declaradas admisibles: AUI, Alta Ley, Fundación Chile y Fundación Fraunhofer. Esta última institución más tarde se integró a la propuesta de Alta Ley, compuesta por distintas universidades públicas y privadas del país. Además, en esta etapa se entregó una bonificación del 5% para las propuestas mejor evaluadas que luego repercutiría en el puntaje definitivo de la segunda etapa. El único consorcio que no recibió bonificación fue AUI, la propuesta peor evaluada en esta primera fase (ver documento).

En algunas de las universidades chilenas que participan en Associated Universities Inc hay actuales y ex autoridades de gobierno. Sebastián Sichel, antecesor de Pablo Terrazas en la vicepresidencia de CORFO hasta junio de 2019, es desde el 2016 académico de la Universidad San Sebastián y fue director de la Escuela de Gobierno. Andrés Chadwick, exministro del Interior, fue director del Centro de Derecho Público en esa misma casa de estudios y se mantiene como académico ad honorem en la carrera de Derecho, según han informado desde la propia universidad. Mientras, Cristian Larroulet, hombre de confianza del Presidente, es uno de los fundadores de la Universidad del Desarrollo. Además de estas universidades, en la propuesta de AUI participan dos universidades extranjeras: Colorado School of Mines y Universidad de Utah.
JUEZ Y PARTE

La segunda etapa de la licitación comenzó en octubre de 2019. En esta fase los participantes enviaron sus propuestas definitivas para el desarrollo del ITL, con plazo hasta el 31 de marzo de 2020. La comisión encargada de evaluar a los participantes de la licitación sesionó sólo una vez, el 15 de octubre de 2020. En esa instancia, en una escala de 1 a 5, AUI fue evaluada con un 4,5 y Alta Ley consiguió un 4,4 (ver documento). La decisión final de la adjudicación de los aportes correspondía al Consejo Directivo de CORFO.

El consejo que comanda la corporación está compuesto por ocho integrantes. Entre quienes se abstuvieron de participar estaba el actual ministro de Economía, Lucas Palacios, quien se inhabilitó por haber sido parte de la Universidad del Desarrollo. También se inhabilitó el vicepresidente de CORFO, Pablo Terrazas, por pertenecer a los directorios de Fundación Chile y Alta Ley, siendo reemplazado por Felipe Commentz, gerente general de la entidad estatal (ver documento). Este último fue quien encabezó la comisión evaluadora encargada de calificar las propuestas. Es decir, jugó un doble rol en el proceso: asignó el puntaje de cada una de las propuestas y luego concurrió con su voto al consejo de CORFO que debía adjudicar la licitación.

Commentz no es un extraño dentro del andamiaje interno de CORFO. En abril del 2010, él y Hernán Cheyre presentaron su renuncia al directorio de Econsult (ver documento), pues este último fue designado por Sebastián Piñera como vicepresidente de CORFO (ver documento). En el cargo, nombró a Commentz como jefe de gabinete, puesto en el que permaneció hasta 2014 (ver documento).

Otra relación cercana que forjó en Econsult fue con José Ramón Valente, presidente de Fundación Chile. Durante el segundo periodo de Piñera, Valente fue designado como ministro de Economía, puesto en el que nombró a Commentz jefe de la División de Empresas de Menor tamaño de dicha cartera (ver documento).

Al ser consultado por estos vínculos, Commentz señala que su participación dentro del proceso se apegó a la ley en todo momento. “Haber trabajado en una empresa o en un órgano estatal con personas que ahora formaron parte de alguna de las personas jurídicas participantes, no constituye ninguna de las hipótesis de inhabilidad”, subraya Commentz (ver documento).


Michel Figueroa, director de Estudios de Chile Transparente, explica que estos vínculos no son considerados en la ley como conflictos de interés, al ser relaciones laborales inexistentes en el presente. “Hay cosas que están aceptadas legalmente, aunque todos consideremos que están mal”, distingue Figueroa.

La comisión evaluadora fue conformada por cinco funcionarios de CORFO y otros ministerios (ver documento). De estos solo Fernando Hentzschel, gerente de capacidades tecnológicas de la corporación, posee estudios en materias de sostenibilidad o energías renovables. En las bases de la licitación se estableció que la comisión evaluadora podía ser asesorada por expertos de materias energéticas y minería sustentable (ver documento). Es por esa razón que la comisión se contactó con tres asesores internacionales: Gabriel Barthelemy, Ernesto Marinero y Diego Martínez. Todos ellos calificaron a la propuesta de Alta Ley con un puntaje mayor en desmedro de AUI (ver documento).

Los criterios de evaluación consignados en las bases de licitación se dividían en cinco ítems, dentro de los cuales se encontraba el de “Participantes”. Según se detalla en la resolución Nº1005 de CORFO, la nota máxima en este ítem se asignaría a “aquellas propuestas que presenten una pluralidad de participantes con capacidades pertinentes a las tres áreas de desarrollo (energía solar, minería sustentable, materiales avanzados de litio y otros minerales) y equilibradamente representativas tanto del sector académico como de la cadena de valor de los sectores industriales y/o tecnológico”.

Este ítem fue uno de los puntos donde la evaluación de los asesores internacionales difiere con la realizada por la comisión evaluadora. Los expertos extranjeros calificaron con 5 puntos a Alta Ley y con 3,67 al proyecto de AUI, en consideración de que esta última propuesta no contaba con participación de empresas mineras y que “las entidades académicas son limitadas no sólo en su número sino también en su capacidad”, se lee en la evaluación de los asesores internacionales. Por lo tanto, se le asignó un puntaje menor en vista de esas deficiencias. En los ítems restantes, también se calificó con un puntaje mayor a Alta Ley, calificando su propuesta con un 4,77; mientras que la propuesta de AUI recibió un 4,40 (vea las calificaciones aquí).

En cambio, la comisión evaluadora de la licitación designada por CORFO le otorgó un mayor puntaje a AUI, obviando algunas de las deficiencias constatadas por la asesoría internacional (ver documento). Por ejemplo, en el ítem “Participantes” la comisión calificó con la nota máxima la propuesta de AUI, a pesar de que no contaran con empresas mineras ni entidades académicas con trayectoria, tal como se señala en el informe de los expertos internacionales, asesoría encargada por la misma comisión evaluadora de la licitación.
US$ 50 MILLONES MENOS

Pasados 15 días de que la comisión evaluadora asignara un mayor puntaje a AUI en desmedro de Alta Ley, el 30 de octubre sesionó de manera extraordinaria el Consejo Directivo de CORFO, donde se modificó la cláusula que servía de base para la licitación. El consejo tenía por objetivo efectuar actualizaciones al contrato de Proyecto suscrito en 2018 entre SQM Salar y el organismo estatal. Además, se buscaba “ampliar las actividades que podrán ser financiadas con los aportes de investigación y desarrollo”, según consta en el acta (ver documento). Aportes que en ese momento se estaban licitando para el ITL. En esa instancia estuvieron presentes Lucas Palacios, ministro de Economía; Antonio Walker, ministro de Agricultura; Juan Carlos Jobet, ministro de Energía; Pablo Terrazas y Felipe Commentz, entre otras autoridades.

Jobet asistió a esa instancia porque dentro de las actividades que se buscaba financiar con los aportes avaluados en US$193 millones comprometidos por SQM Salar estaba impulsar proyectos orientados a desarrollar la industria del hidrógeno verde, a cargo de la cartera de Energía. “Chile cuenta con un gigante potencial en materia de hidrógeno verde, pudiendo llegar a producir 70 veces la energía que se consume en el país”, argumentó Jobet en su exposición. Luego, Terrazas sugirió la modificación a la cláusula decimoquinta del contrato de Proyecto y agregó que “se obligará a aportar, en la forma que lo establezca CORFO, hasta un máximo de US$50 millones” a consorcios que lleven a cabo investigación e innovación en hidrógeno verde y sus derivados. Para la licitación del ITL, que aún estaba en curso, los aportes originales se rebajaron a US$143 millones.

Minutos después, Carolina Torrealba, subsecretaria de Ciencias y quien también participó en ese consejo, lanzó una pregunta: “¿Los cambios propuestos implicarán desechar la licitación del Instituto de Tecnologías Limpias que se encuentra en curso?”. A su vez, el ministro Palacios consultó si acaso “pudiese existir alguna entidad desfavorecida con las modificaciones propuestas”. Jobet respondió que, a pesar de la modificación, los aportes seguían destinados a investigación y desarrollo, mientras que Terrazas agregó que la adjudicación del ITL sería presentada en una próxima sesión del consejo. Pero aún faltaba más de dos meses para la adjudicación.

En la reunión no se mencionó que AUI, el consorcio ganador, fue el único de los participantes que postuló a US$142 millones en marzo del 2020 (ver documento), cuando se cerraron las postulaciones definitivas al concurso. Los otros participantes, Alta Ley y Fundación Chile, postularon a la totalidad de los aportes, es decir, a US$193 millones. Felipe Commentz conocía en detalle cada una de las propuestas porque las había evaluado 15 días antes.

Consultado para este reportaje, Pablo Terrazas señala que la modificación “no tuvo efecto alguno en la convocatoria para la conformación del ITL, pues el primero de esos actos (modificación del contrato), no tuvo efecto retroactivo” y que no implicó una ventaja para ninguno de los participantes dado que “el Consejo de CORFO ha tenido la facultad para determinar el monto definitivo del aporte”. Respecto a su participación en esa instancia, Terrazas sostiene que “no me encontraba inhabilitado para participar en la decisión de la modificación del Contrato para Proyecto en el Salar de Atacama, pues no concurría ninguna de las causales que me obligara a no intervenir y abstenerme” (ver documento).

El 23 de diciembre, Juan Carlos Jobet asistió en su calidad de biministro a una de las sesiones de la Comisión de Energía y Minería del Senado. El tema en la tabla era el proyecto de ley de protección de glaciares, pero antes de abordar esa discusión, los senadores Guido Girardi (PPD) y Yasna Provoste (DC) le expresaron al biministro su preocupación sobre la licitación del ITL, en vista de que la fecha de adjudicación se acercaba. Jobet contestó que “ni Energía ni Minería son miembros del Consejo Directivo de CORFO, que es la instancia que resuelve esto. (…) No he estado involucrado directamente en el proceso porque no es atribución de mis ministerios”. En la casi hora y media que duró la sesión, el biministro Jobet no transparentó que participó en el Consejo CORFO que redestinó US$50 millones de la licitación del ITL hacia proyectos de hidrógeno verde, a cargo de su cartera.

El 20 de abril de este año, se publicó la resolución exenta Nº 399 que aprueba una convocatoria por parte de CORFO y el Ministerio de Energía para financiar iniciativas de hidrógeno verde. En la resolución se detalla que el monto disponible corresponde a los US$50 millones que se reasignaron en el consejo CORFO del 30 de octubre (ver documento).

Los autores de este reportaje se contactaron con el biministro Jobet, pero hasta el cierre de este artículo no se obtuvo respuesta.
UNA SITUACIÓN INCÓMODA

CORFO fijó el 24 de diciembre como la fecha en que darían a conocer el resultado de la adjudicación, anunciando al consorcio ganador en plena víspera de Navidad. Ante las inquietudes por la transparencia del proceso, las comisiones de Minería y Desafíos del Futuro de la Cámara Alta solicitaron a Terrazas posponer la publicación de los resultados hasta después de que éste resolviera las dudas de los senadores ante la Comisión de Futuro.

Para tranquilidad de los senadores, el vicepresidente de CORFO aceptó la petición y acordó asistir telemáticamente a la siguiente sesión de la comisión fijada para el 4 de enero. Durante la mañana de ese mismo día, a pesar del compromiso pactado, AUI fue reconocido de manera unánime por el Consejo de CORFO como el ganador de la licitación.

Commentz fue el encargado de exponer los resultados de la comisión evaluadora y proponer a AUI como ganador. Además, en la reunión los participantes acordaron suscribir un Memorándum de Entendimiento (MoU), un acuerdo que ordena a AUI solventar la ausencia de universidades pertenecientes a la Macrozona Norte dentro de su propuesta, ausencia que no afectó su calificación por la comisión evaluadora (ver documento). Finalmente, CORFO emitió un comunicado oficial anunciando su decisión, incluyendo a universidades estadounidenses que no forman parte de AUI dentro de la composición del consorcio ganador.

—Estamos en una situación bastante incómoda —advirtió el senador Alejandro Guillier. La sesión de la Comisión Desafíos del Futuro, donde Pablo Terrazas respondería a los cuestionamientos comenzó a las 16:00 del 4 de enero. Antes de comenzar la videoconferencia, nadie a excepción de Guillier estaba al tanto de que pocas horas atrás CORFO había ratificado oficialmente a AUI como consorcio ganador tras dos años del inicio de la licitación. El senador Girardi, presidente de la comisión, ante el anuncio de Guillier, expresó su estupor: “Sería gravísimo, porque violaría todos los códigos de transparencia”.

(*) Los autores de este reportaje son alumnos de la Escuela de Periodismo de la UDP, quienes lo realizaron para el curso “Periodismo de Investigación” dictado por el profesor Javier Ortega.

Disputa por los fondos del litio: las zonas grises de la millonaria licitación del Instituto de Tecnologías Limpias

Internacional, Litio

Los fabricantes de automóviles examinan las credenciales del litio ecológico en medio de la avalancha de baterías

Felipa Gago
El director de la compañía minera de litio más grande de Australia dice que los fabricantes de automóviles están aumentando el escrutinio del impacto ambiental de las prácticas mineras en las cadenas de suministro de baterías.

A medida que amanece la era de los automóviles eléctricos y los analistas esperan que la demanda de metales para baterías aumente al menos cinco veces para 2030, el director ejecutivo de Orocobre, Martín Pérez de Soleil, dijo que la industria automotriz está compitiendo para lograr acuerdos de suministro a gran escala, pero también se enfoca en el abastecimiento de materias primas como lo más sostenible posible.

Orocobre produce litio a partir de aguas subterráneas argentinas, mientras que Galaxy lo extrae de rocas australianas.atribuido a él:.

Dijo que una de las principales preocupaciones de los compradores de litio ha sido reducir sus emisiones directas e indirectas, incluida la huella de carbono, desde el envío de productos de litio a las fábricas de todo el mundo.

“Estamos viendo este aumento”, dijo el Sr. Pérez de Soleil. “Es de gran interés para nuestros clientes; ya estamos discutiendo con los compradores de la clase de batería de carbonato de litio para reducir … las emisiones”.

Con el sector del transporte responsable de aproximadamente una quinta parte de las emisiones globales, el amanecer de la era de los vehículos eléctricos tendrá el efecto tangible de presionar para evitar los peores y más inmediatos efectos del cambio climático. Sin embargo, las materias primas para las baterías eléctricas como el cobalto, el cobre y el litio deben extraerse del suelo y, a menudo, transportarse a largas distancias para procesarlas y convertirlas en un producto de alta calidad, lo que genera preocupaciones sobre el impacto del sector en general sobre el medio ambiente.

“El proceso de minería actualmente representa casi la mitad de la huella de carbono de una celda de batería”, dijo el presidente de Tesla, Robin Denholm, en una conferencia minera australiana en junio. “La mejor manera de reducir la huella de carbono de los metales es dejar de enviarlos a través de 9.000 kilómetros de océano antes de que sean refinados”.

Orocobre y Galaxy Resources, dos de las mineras de litio más grandes de Australia, completaron una fusión de $ 4 mil millones la semana pasada y están en camino de convertirse en el quinto productor de materias primas para baterías eléctricas más valioso del mundo.

La empresa combinada, que se llamará Allkem, sujeta a la aprobación de los accionistas, conservará sus participaciones principales en ASX y tendrá operaciones que incluyen la extracción y el procesamiento de litio en salmuera y roca dura en todo el mundo.
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