Chile, Litio

Chile: Tribunal Ambiental flexibiliza restricciones de inversión minera en el Salar de Surire

Rolando Alza 29/05/2025
La explotación se podrá realizar exclusivamente entre junio y noviembre de 2025 en seis polígonos ubicados fuera del Monumento Natural.

Entre los requisitos exigidos a Quiborax destaca la entrega de un Plan de Trabajo detallado que delimite con precisión los polígonos de extracción.
El Primer Tribunal Ambiental resolvió modificar parcialmente la medida cautelar que regía desde septiembre de 2024 sobre las operaciones de Quiborax en el Salar de Surire, en la Región de Arica y Parinacota. La nueva resolución autoriza la carga, retiro y transporte del material acopiado en el salar, así como una explotación limitada de ulexita fuera del Monumento Natural “Salar de Surire”, bajo estrictas condiciones ambientales y conforme a un Plan de Trabajo que deberá presentar y validar la empresa.

La decisión se tomó tras la audiencia de revisión celebrada el 13 de mayo, donde participaron las partes de la causa y terceros coadyuvantes. Con dos votos a favor y uno en contra, el Tribunal permitió extender la autorización excepcional para nivelación de áreas intervenidas en 2024 y el retiro de ulexita hasta noviembre de 2025. Además, se aprobó un régimen de explotación restringido en sectores definidos fuera del área protegida, siempre bajo condiciones técnicas, ambientales y de monitoreo ya establecidas.

Entre los requisitos exigidos a Quiborax destaca la entrega de un Plan de Trabajo detallado que delimite con precisión los polígonos de extracción, incluya estudios topográficos, caracterización ambiental y de fauna, e identifique impactos y riesgos. El plan también deberá contemplar el procedimiento técnico para la nivelación pos-extracción y un sistema de monitoreo de zonas de exclusión, priorizando la protección de especies sensibles como los flamencos y la preservación de los cuerpos de agua y la napa freática.

El fallo responde a un cambio de circunstancias respecto a las condiciones que motivaron la paralización total en 2024 y busca equilibrar el principio de proporcionalidad en la aplicación de medidas cautelares. El Tribunal consideró que, al estar acotada en tiempo y espacio, la propuesta de Quiborax permite reducir los riesgos ambientales, integrando exigencias de conservación compatibles con los objetivos del sitio Ramsar en el Salar de Surire.

La explotación se podrá realizar exclusivamente entre junio y noviembre de 2025 en seis polígonos ubicados fuera del Monumento Natural. La resolución impone medidas específicas como la restricción de profundidad de extracción a un máximo de 60 cm, la delimitación de zonas de exclusión alrededor de cuerpos de agua y nidos, la elaboración de inventarios de fauna y protocolos de paralización en caso de detectar especies sensibles, con el fin de minimizar los impactos ecológicos.

Cabe recordar que la medida cautelar original, decretada en septiembre de 2024, paralizó completamente las actividades de Quiborax dentro del sitio Ramsar del Salar de Surire. Aunque se permitió mantenimiento y conservación, la paralización se mantuvo hasta mayo de 2025. En la actualidad, sigue vigente la prohibición total de operaciones dentro del área protegida del Monumento Natural, mientras que toda actividad fuera de ella queda supeditada a la aprobación del plan exigido por el Tribunal.
https://www.rumbominero.com/chile/tribunal-ambiental-flexibiliza-restricciones-a-quiborax/

Chile, Litio

El litio sin concurso: transparencia en sombras

Diego Del Barrio Vásquez 28/05/2025
La opacidad en torno al informe de Morgan Stanley, cuyos fundamentos y proyecciones permanecen confidenciales, impide la evaluación independiente y rigurosa del acuerdo. La falta de acceso a información clave, como las estimaciones de precios y escenarios de demanda, imposibilita la verificación de los supuestos sobre los que se sustenta la rentabilidad estatal y la magnitud de eventuales pérdidas fiscales superiores a US$ 11.000 millones.

El manejo del litio en Chile, particularmente la reciente adjudicación del Salar de Atacama, revela deficiencias significativas desde una perspectiva de economía institucional y gobernanza de recursos naturales. La ausencia de un proceso licitatorio competitivo representa una renuncia explícita a los principios de eficiencia y maximización del valor público. En mercados donde los recursos estratégicos atraen inversiones globales de alto calibre, la adjudicación directa limita la posibilidad de obtener mejores condiciones contractuales para el Estado, reduce incentivos para la innovación tecnológica y ambiental, y debilita los mecanismos de comparación técnica y financiera entre oferentes.

La exclusión de los accionistas minoritarios de SQM en decisiones de alto impacto constituye una vulneración a los estándares de buen gobierno corporativo. Los marcos regulatorios modernos enfatizan la importancia de la participación y la protección de los derechos de todos los accionistas, no solo de los controladores, para asegurar una gestión alineada con el interés colectivo y la sostenibilidad a largo plazo. Ignorar estas voces debilita la legitimidad de las decisiones y expone a la empresa a riesgos reputacionales y regulatorios.

Adicionalmente, la opacidad en torno al informe de Morgan Stanley, cuyos fundamentos y proyecciones permanecen confidenciales, impide la evaluación independiente y rigurosa del acuerdo. La falta de acceso a información clave, como las estimaciones de precios y escenarios de demanda, imposibilita la verificación de los supuestos sobre los que se sustenta la rentabilidad estatal y la magnitud de eventuales pérdidas fiscales superiores a US$ 11.000 millones. Este déficit de transparencia contradice las mejores prácticas internacionales en la administración de recursos naturales, donde la publicación íntegra de estudios y contratos es condición esencial para la rendición de cuentas y la confianza pública.

Desde la teoría económica, una gobernanza eficiente de recursos estratégicos exige:

1. Procesos licitatorios abiertos que maximicen la competencia y el valor para el Estado.
2.Mecanismos de consulta y control interno que garanticen la participación de todos los grupos de interés.
3.Transparencia plena en la información relevante para permitir el escrutinio público y la toma de decisiones informada.

La ausencia de estos elementos no solo debilita la credibilidad institucional de Chile como gestor de sus recursos, sino que también compromete el desarrollo sostenible y la equidad intergeneracional. Solo restableciendo la competencia, la participación y la transparencia se podrá proteger efectivamente el interés público y consolidar una gestión responsable del litio.
https://interferencia.cl/articulos/el-litio-sin-concurso-transparencia-en-sombras

Bolivia, Litio

La Justicia boliviana ordenó la ‘suspensión inmediata’ de los contratos de litio con firmas de Rusia y China

En la Asamblea Legislativa se encontraban pendientes de aprobación dos contratos con empresas extranjeras para industrializar el litio. El país tiene una de las mayores reservas a nivel mundial
28/05/2025
La firma de los contratos
La firma de los contratos era para la explotación de litio en el salar de Uyuni, en el suroeste de Bolivia. Quedaron suspendidos esta semana. Foto: ABI
Un juzgado de Bolivia ordenó la “suspensión inmediata” del tratamiento legislativo de dos contratos para la industrialización de litio que el Gobierno de Luis Arce había gestionado con empresas de Rusia y China. Adicionalmente se instruyó a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y al Ministerio de Hidrocarburos abstenerse de ejecutar cualquier acción administrativa vinculada a los contratos hasta que se resuelva el fondo del proceso.

La determinación se dio luego de que la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez, del departamento de Potosí, presentara una acción popular en defensa del medioambiente y de los derechos indígenas de más de 50 comunidades que viven en la región próxima al salar de Uyuni (sudoeste), donde se implementarían los proyectos.

“El juez dictó medidas cautelares históricas que frenan el avance de proyectos que amenazan nuestros derechos colectivos, nuestras fuentes de agua y a la Madre Tierra”, manifestó la central provincial a través de un comunicado. Esta organización había solicitado al juzgado, como medida cautelar de la acción popular, la realización de estudios ambientales con la participación de todas las comunidades, la implementación de procesos de consulta previa y la creación y aprobación de una Ley del Litio y Recursos Evaporíticos.

Los dos contratos, con la firma rusa Urianium One y la china Hong Kong CBC, estaban en tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En septiembre de 2024, YLB y Uranium One firmaron el primer contrato para producir 14.000 toneladas de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, utilizando la tecnología de extracción directa de litio (EDL) con una inversión superior a los 970 millones de dólares.

Dos meses más tarde se firmó el contrato con la empresa china para el emplazamiento de dos plantas de producción de carbonato de litio, también con tecnología EDL, de 10.000 y 25.000 toneladas anuales de capacidad con una inversión de 1.030 millones de dólares.

Ambos documentos fueron remitidos a la Cámara de Diputados, donde algunos legisladores y analistas en temas energéticos y ambientales denunciaron que se trataba de acuerdos que no eran beneficiosos para el país, que no se habían socializado con las comunidades y que habían sido aprobados mediante sobornos.

La diputada de oposición Lissa Claros alertó que aunque los contratos no habían sido aprobados, algunos trabajos de operación se habían iniciado sin autorización.

“Con esto (el fallo) se estaría paralizando tanto los trabajos de operación, que vienen haciendo estas trasnacionales en los salares de Uyuni, como el tratamiento en la Asamblea Legislativa”, indicó en una entrevista en la radio Fides.

La legisladora añadió que el fallo judicial ordena que no se puede seguir con operaciones en los salares mientras no se tenga un estudio de impacto medioambiental. “Celebramos que hoy la justicia boliviana esté velando por los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra”, manifestó.

El litio fue visto durante muchos años como una gran promesa en Bolivia. El país sudamericano es parte del triángulo con la mayor reserva mundial del metal estratégico para la transición energética y se esperaba que su industrialización le permita dar un salto en la gestión de sus recursos naturales: pasar de ser un histórico proveedor de materia prima a un exportador de manufactura.

Sin embargo, a diferencia de otras naciones, Bolivia se va quedando atrás en el desarrollo de la industria. Tras más de doce años de proyectos, cambios de rumbo en la estrategia y millones de dólares invertidos sin retorno, en noviembre del año pasado se aprobaron los dos contratos que esta semana quedaron suspendidos de manera indefinida lo que posterga aún más el desarrollo de la industria.
https://www.infobae.com/america/america-latina/2025/05/28/la-justicia-boliviana-ordeno-la-suspension-inmediata-de-los-contratos-de-litio-con-firmas-de-rusia-y-china/

Bolivia, Litio

El Gobierno de Bolivia insiste con aprobación de contratos del litio pese a fallo judicial

Viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez/ ABI
El viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, ratificó que ni el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, ni la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) fueron notificados sobre ningún proceso penal, ni sobre la medida cautelar concedida en la víspera por un juzgado en Potosí contra los dos contratos.
EFE 28/05/2025
El Gobierno de Luis Arce insistió este miércoles en que no fue notificado sobre el fallo judicial que ordenó frenar la aprobación en el Legislativo de dos contratos con empresas de Rusia y China para la explotación del litio boliviano, por lo que exhortó al Parlamento a avanzar en el tratamiento de ambos documentos.

El viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, ratificó que ni el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, ni la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) fueron notificados sobre ningún proceso penal, ni sobre la medida cautelar concedida en la víspera por un juzgado en la región andina de Potosí contra los dos contratos.

«Mientras nosotros no seamos notificados, seguimos avanzando dentro de la aprobación de estos contratos», sostuvo Arnez en una rueda de prensa.

La autoridad indicó que están a la espera de la notificación correspondiente para asumir una representación en el caso y exhortó a la Asamblea Legislativa «que pueda ir avanzando en el tratamiento de estos dos contratos».

También aseguró que hubo un proceso de socialización de los contratos y «para el muestreo» hubo consultas, y que una vez que se aprueben los contratos, habrá una consulta con las comunidades aledañas a los lugares donde se proyecta la fase industrial.

En la víspera, un juzgado de la localidad de Colcha K, en Potosí, concedió una tutela a la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl) que agrupa a 53 comunidades indígenas de esa provincia potosina.

La Cupconl explicó en un comunicado que el juez dispuso la «suspensión inmediata del tratamiento legislativo» de los contratos con la firma rusa Uranium One Group y con el consorcio chino CATL BRUNP & MOC (CBC) en tanto no cuenten con los respectivos estudios de impacto ambiental.

También instruyó al Gobierno y a YLB «abstenerse de ejecutar cualquier obra o acción administrativa vinculada a esos contratos hasta que se resuelva el fondo del proceso y se garantice el cumplimiento de las normas sobre derechos humanos, ambientales y de la Madre Tierra».

Arnez reiteró que los contratos «no surten efecto hasta que no sean aprobados» en el Parlamento, ante denuncias de que ya hubo actividades piloto que generaron problemas de abastecimiento de agua en las comunidades de Potosí.

El Gobierno de Arce asegura que Bolivia tiene una de las mayores reservas de litio en el mundo, estimadas en unos 23 millones de toneladas, según un estudio estatal.

La mayoría de estas reservas están en el salar de Uyuni, en Potosí, y también hay litio en menor proporción en los salares de Pastos Grandes, en el mismo departamento, y Coipasa, compartido entre la región andina de Oruro y Chile.

El Ejecutivo boliviano firmó en 2023 acuerdos para la implementación de la tecnología de extracción directa del litio (EDL) con las compañías chinas CBC y Citic Guoan y en 2024 con Uranium One Group para el diseño y construcción de plantas de carbonato de litio.

En 2024 se formalizaron los acuerdos con Uranium One Group y CBC mediante la firma de contratos que fueron enviados al Legislativo para su análisis y aprobación, aunque en febrero se suspendió su tratamiento para socializar el contenido de los documentos, ante los fuertes reclamos y dudas de las organizaciones de Potosí.

En diciembre, el Ejecutivo boliviano firmó otros tres acuerdos con la empresa australiana EAU Lithium Pty Ltd, la argentina Tecpetrol y la francesa Geolith Actaris para probar sus tecnologías de producción del litio en Coipasa, Pastos Grandes y en el salar potosino de Empexa.
https://www.eldeber.com.bo/pais/el-gobierno-de-bolivia-insiste-con-aprobacion-de-contratos-del-litio-pese-fallo-judicial_516407/

Argentina, Litio

Argentina bate récord de producción de litio mientras crecen las denuncias por falta de control y evasión fiscal

28/05/2025
La Cámara Latinoamericana del Litio amplió una denuncia penal que revela maniobras sistemáticas de subfacturación en la venta al exterior del litio argentino. El informe advierte sobre graves pérdidas para el país y cuestiona la falta de controles estatales.

Argentina, el quinto productor mundial de litio, podría alcanzar un nuevo techo en producción en 2025. Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y los datos provistos por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), se proyecta una producción de 130,800 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) para este año.

Este hito se debe, sobre todo, a la incorporación de nuevos proyectos operativos y la expansión de plantas ya existentes. La cifra representaría un incremento del 75 % en comparación con 2024, según informó este martes la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

La guerra de los pueblos andinos en Argentina contra el litio
Los proyectos mineros en los que invierte el presidente Milei para revitalizar el país ponen en peligro a las comunidades locales que han decidido plantar cara.
Durante una presentación conjunta de la CAEM y la Asociación Internacional del Litio (ILiA) en Buenos Aires, referentes del sector analizaron el panorama del litio en el país y coincidieron en que las recientes medidas arancelarias impulsadas por el presidente Donald Trump no tendrían un impacto significativo en la industria minera local. Al mismo tiempo, crecen las denuncias por evasión, vacíos de control y pérdidas millonarias.

Subfacturación millonaria en exportaciones de litio: denuncian pérdidas por más de USD 400 millones
Una denuncia presentada esta semana ante la Justicia federal por la Cámara Latinoamericana del Litio sacude al sector minero argentino. Según la entidad, durante 2024 se habrían subfacturado exportaciones de litio por más de $400 millones dólares. Las empresas habrían declarado precios hasta un 40% por debajo del promedio internacional, en una maniobra que combina evasión fiscal, fuga de divisas y un preocupante vacío regulatorio.

El presidente de la Cámara, Pablo Rutigliano, presentó una ampliación formal del expediente penal 3309/23, incorporando un análisis técnico-económico que evidencia profundas inconsistencias entre los valores declarados por las empresas exportadoras y los precios internacionales del carbonato de litio grado batería.

Según el informe, titulado “Ampliación de la Denuncia de la Cámara Latinoamericana del Litio”, durante 2024 el precio internacional promedio del litio fue de USD 15.157 por tonelada, mientras que las compañías exportadoras argentinas declararon apenas USD 8.889 como valor FOB promedio. Esta brecha habría generado una pérdida estimada de USD 403 millones en divisas no ingresadas al país.

El escrito presentado ante el juez no sólo apunta a las empresas exportadoras, sino que lanza una advertencia más amplia: la falta de controles efectivos por parte del Estado estaría permitiendo estas prácticas. Rutigliano insiste en que el litio, pese a su creciente relevancia en la transición energética global, aún no ha sido reconocido formalmente como un commodity estratégico por el gobierno nacional, lo que limita su regulación y control.

“Estamos regalando el futuro energético de la Argentina por falta de voluntad política y supervisión técnica”, expresó el dirigente en diálogo con medios locales.

Entre las medidas solicitadas por la Cámara figuran la incorporación del documento técnico como prueba en la causa; la citación a indagatoria de los responsables empresariales, el requerimiento de documentación contable y societaria de las firmas implicadas y medidas cautelares para preservar los activos del país. Y, quizás lo más grave, la evaluación de la posible responsabilidad penal de funcionarios públicos.

“La Argentina no puede darse el lujo de repetir los errores del pasado con el litio”, concluyó Rutigliano. “Este mineral es una oportunidad histórica, pero también una responsabilidad que exige transparencia, control y visión de futuro”.

Argentina lidera la captación de inversiones
A nivel regional, Argentina lideró la captación de inversiones en exploración de litio entre 2010 y 2022, atrayendo casi el 22 % del total global y más del 60 % del monto destinado a América Latina. Esta tendencia revela una preferencia estructural del capital internacional por los recursos del norte argentino, impulsada por condiciones geológicas favorables y una estructura de costos competitiva.

El mercado del litio atraviesa una transformación profunda: en menos de dos años, los precios internacionales pasaron de un pico de 80,000 por tonelada en 2022 a menos de 10,000 dólares en la actualidad, estableciendo un nuevo piso de referencia para la industria. A pesar del derrumbe, los proyectos en marcha no se detuvieron, sostenidos por el horizonte de rentabilidad que aún ofrecen las reservas argentinas y la proyección de una demanda estructural en alza.

El futuro del complejo litífero argentino dependerá de múltiples factores: la concreción de las obras en curso, la evolución de los precios a nivel global y, especialmente, la capacidad de incorporar mayor valor agregado a la cadena productiva local.

El Gobierno argentino anunció la aprobación del primer proyecto minero bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de una inversión superior a los $2,500 millones de dólares por parte de la multinacional Río Tinto, la segunda minera más grande del mundo, para desarrollar un emprendimiento de litio en la provincia de Salta. Tras un proceso de revisión técnica del proyecto adquirido, la empresa solicitó autorización para construir una planta de demostración con capacidad para producir 3,000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería, utilizando un proceso validado previamente en su planta piloto.
https://es.wired.com/articulos/argentina-bate-record-de-produccion-de-litio-mientras-crecen-las-denuncias-por-falta-de-control-y-evasion-fiscal

Chile, Litio

Litio y salares: las denuncias que no le importaron al Estado chileno para asociarse con Rio Tinto

www.olca.cl
Mayo ha sido el mes preferido de las empresas mineras estatales de Chile para anunciar sus alianzas estratégicas y dar rienda suelta a la explotación y extracción del litio en el marco de implementación de la Estrategia Nacional del Litio (ENL). Tras dos años desde su lanzamiento, los frutos van dirigidos a los mismos bolsillos de siempre.

Así se ha podido observar desde la semana pasada, luego que Río Tinto fuera declarada como la transnacional favorita de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) y la Empresa Nacional de Minería (Enami) para asociarse en la explotación de humedales altoandinos.

En el caso de Codelco, Rio Tinto fue la empresa electa para desarrollar el proyecto de litio en el Salar de Maricunga, el cual ha recibido el nombre de «Proyecto Paloma». De igual forma, como doblete, Enami apostó por Rio Tinto para desarrollar el proyecto Salares Altoandinos, el cual reúne a los ecosistemas de Aguilar, La Isla y Grande, agregando al contexto que días previos, Codelco y Rio Tinto anunciaron un nuevo acuerdo de colaboración destinado a acelerar el potencial desarrollo del distrito minero en torno a Nuevo Cobre, en la Región de Atacama.

La asociación entre las empresas estatales y la minera angloaustraliana no ha pasado desapercibida. Por el contrario, ha sido fuertemente respaldada por la clase política y el empresariado, en un contexto donde se pretende dar rienda suelta al actuar impune de empresas extractivas en el país. Sin embargo, lo que ha pasado desapercibido es lo que existe tras Rio Tinto: un historial de impactos, denuncias y conflictividad, que hoy aterriza en Chile de la mano con el Estado.

Rio Tinto es un viejo conocido en Chile. Antes de la alianza con Codelco y Enami, la transnacional ha sido socia de la minera BHP en el proyecto Escondida con un 30% de participación en acciones; la misma empresa que acumula dos demandas del Consejo de Defensa del Estado, una por provocar un deterioro grave, permanente e irreparable del acuífero, de las vegas de Tilopozo y de la fauna en el Salar de Atacama, y la segunda por el daño ambiental continuo, acumulativo, permanente e irreparable del Salar de Punta Negra, además de afectar los sistemas de vida de la comunidad indígena de Peine. De igual forma, la transnacional favorita del Estado chileno cuenta con el Proyecto Trinidad, ubicado en la comuna de Putre, frente al cual se desarrolló un importante proceso de conflicto ante el rechazo de la comunidad de Belén.

Sin embargo, Chile no es la única. Río Tinto ya ha estado operando en Argentina, con el desarrollo de una planta piloto en su proyecto Rincón, desde marzo de 2022 (formalmente), cuando la compañía completó la adquisición del yacimiento ubicado en el Salar de Rincón, provincia de Salta. El valor de la inversión fue por 825 millones de dólares, y la misma empresa anunció que actualmente se encuentra en etapa de expansión comercial. La incursión de la empresa ha causado gran alerta en las comunidades, desde un principio, ya que es una zona con déficit hídrico en el país.

Colombia es otro país donde Río Tinto tuvo participación en actividades extractivas. La empresa estuvo involucrada en el proyecto de exploración minera Mandé Norte/Murindó, ubicado en los límites de los departamentos de Chocó y Antioquia. Este proyecto fue desarrollado en asociación con la empresa Muriel Mining Corporation, con sede en Denver, Colorado (Estados Unidos). Las comunidades indígenas denunciaron una serie de violaciones graves a sus derechos ante la Defensoría del Pueblo en el 2009, como: falta de reconocimiento legal de sus tierras ancestrales, militarización del territorio, limitación del movimiento en la zona, desplazamiento forzado, intimidación, pérdida de los bosques, y profanación de cerros sagrados

Ante la creciente presión social y las denuncias, Rio Tinto cerró su oficina en Colombia y declaró no tener una participación activa en el proyecto Mandé Norte. Desde entonces, la empresa no ha reportado nuevas operaciones mineras en Colombia.

Pero no solo en América Latina (Ver ANEXO Fuentes y Links) esta transnacional posee un icónico historial de conflictividad, impactos y denuncias. A continuación, se sistematizan casos donde Río Tinto fue protagonista de cuestionamientos en distintos lugares del planeta; un historial que, pareciera ser, no se consideró al momento de establecerlo como alianza estratégica.

– En Bougainville, Papua Nueva Guinea, se les atribuye delitos ambientales y crímenes de Guerra , ya que Río Tinto operó la mina de cobre Panguna (1969-1989), la cual causó una contaminación masiva y provocó una guerra civil (1988-1998).  La mina arrojó desechos tóxicos a los ríos, destruyendo tierras de cultivo y pesquerías.  De igual forma tuvo una presunta complicidad con el ejército de Papúa Nueva Guinea, en violencia contra manifestantes locales.

– En Oyu Tolgoi, Mongolia, incurrieron en agotamiento del agua y violaciones de los derechos indígenas. La mina de cobre que operaban fue acusada de agotar las aguas subterráneas, amenazando el sustento de los pastores. En medio del conflicto, hubo protestas indígenas, en las que las comunidades locales denunciaron falta de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).

– En Juukan Gorge, Australia, destruyen sitios indígenas sagrados. En 2020, Río Tinto hizo estallar refugios rocosos aborígenes de 46.000 años de antigüedad en Australia Occidental para expandir una mina de mineral de hierro.  La destrucción ocurrió a pesar de las advertencias del pueblo Puutu Kunti Kurrama y Pinikura (PKKP).

– En Simandou, Guinea, el proyecto de mineral de hierro ha sido vinculado a escándalos de corrupción por sobornos pagados a funcionarios guineanos para garantizar los derechos mineros, y desplazamiento forzado de comunidades.

– En Arizona, Estados Unidos, la tierra sagrada de los pueblos originarios corre el riesgo con la intervención de Río Tinto. El proyecto minero Resolution Copper, es una amenaza para Oak Flat, un sitio sagrado para el pueblo Apache.   En 2021, el gobierno de EE. UU. aprobó la mina a pesar de la oposición indígena.

– Al sureste de Madagascar, en la región de Anosy, la empresa opera produciendo la deforestación y contaminación del agua. La mina de ilmenita QIT Madagascar Minerals (QMM) de Río Tinto fue acusada de destrucción de bosques biodiversos        y fuentes de agua contaminantes que afectan a las comunidades locales.

– En Indonesia, se les acusó de vertido de residuos tóxicos, al ser antiguo accionista de la mina Grasberg, una de las más contaminantes del mundo.  La mina arrojó millones de toneladas de desechos tóxicos a los ríos.

– En Sudáfrica, Richards Bay Minerals, RBM de Río Tinto ha enfrentado disturbios laborales, y acusaciones de suprimir los derechos de los trabajadores.

– En Serbia, con Jadar Lithium Project, Rio Tinto propuso un proyecto de mina de litio para extraer materias primas para baterías de vehículos eléctricos, lo que ocasionó que estallaran protestas públicas masivas debido a temores de daños ambientales, particularmente al suministro de agua y la agricultura. Estas manifestaciones fueron alimentadas por la desconfianza hacia las empresas mineras debido a desastres ambientales previos en la región. En enero de 2022, el gobierno serbio revocó los permisos de Rio Tinto para el proyecto, y este tuvo que suspenderlo indefinidamente, aunque en julio de 2024, el poder ejecutivo revive el proyecto.

Así las cosas, vale la pena siquiera preguntarse si es que el Estado chileno debe sostener a una empresa, con este historial internacional, como su brazo derecho en su cruzada por el litio. En este sentido, estas alianzas asociativas impulsadas por Enami y Codelco se dan en un contexto cruzado por una ausencia generalizada de transparencia en lo que es la implementación de la Estrategia Nacional del Litio. Reflejo de aquello, ha sido el reciente informe de la Comisión investigadora del acuerdo entre Codelco y SQM, donde se solicita “dejar sin efecto el acuerdo de asociación suscrito entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama y la compra de la mina Salar Blanco en Maricunga”, como también la necesidad de revisar el proceso de consulta indígena involucrado.

Los contratos de Codelco y Enami con Rio Tinto, siguen sumando dudas respecto a los objetivos de la Estrategia Nacional del Litio y su implementación. Se ha priorizado el aumento de la extracción de Litio y la captura de renta a corto plazo, privilegiando contratos dudosos como Codelco con SQM y Rio Tinto, o la compra de Salar Blanco Lithium Power International (LPI) en Maricunga. A esto se suman procesos de participación desvinculados de la toma de decisiones, consultas indígenas express, una Empresa Nacional del Litio que pasa al olvido, un Instituto de Investigación de Salares centrado en cómo explotarlos y no como conservarlos, la fracasada apuesta china a la agregación de valor, grandes dudas de la Transparencia y como se está resguardando el Patrimonio Natural, territorial y comunitario, que nos muestran que hay que ralentizar la máquina y reevaluar la ENL y su implementación.

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

Litio, Mexico

Descartan al litio como opción para generar y almacenar energía

Mónica Huerta — 22/05/2025
Dionisio Meade estimó que no es la alternativa más sana para el planeta.
Ciudad de México.- En el mundo hay la necesidad creciente de almacenar la energía eléctrica y hacerlo permite obtener nuevas tecnologías derivadas, como la movilidad o la integración de mayor cantidad del tipo renovable, sostuvo el investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, César Ángeles Camacho.

Sin embargo, esa demanda, traducida en los materiales que se ocupan para ese fin, “va a colapsar” porque son insuficientes; de ahí que los autos eléctricos no han tenido el impacto que se esperaba en Europa, ejemplificó ante el presidente de Fundación UNAM, Dionisio Meade.

En este contexto, apuntó que la explotación del litio es contaminante y se deben encontrar alternativas. Por ello, los centros de investigación tienen que buscar opciones de almacenamiento de grandes bloques de energía.

Durante su participación en el Jueves de Ciencia. Nuestra nueva realidad, de Fundación UNAM, al que asistió el investigador emérito de la Universidad Nacional, exdirector del Instituto de Geofísica y consejero de Fundación UNAM, Jaime Urrutia Fucugauchi, el universitario detalló:

Sería ideal alcanzar 90 por ciento de la recuperación de las baterías en el reciclaje. “En los teléfonos móviles hay que esforzarnos más y usarlas hasta que ya no sea posible”.

En el caso de las de autos, expuso el experto, pueden ser reutilizadas para los patines o bicicletas eléctricas, desagregando los módulos y dándoles un segundo uso antes del reciclaje.

TRANSICIÓN COMPLICADA

En el ciclo de documentales y diálogo con académicos, dedicado al tema Alternativas a las baterías de litio, Dionisio Meade aseveró: con estos programas televisivos queremos que quienes están por definir su vocación profesional, o realizar estudios de licenciatura o posgrado, encuentren temas que les resulten sugerentes.

Esta es una conversación que señala dónde están los desafíos y problemas que enfrentaremos, entre ellos la necesidad de generar y almacenar energía, para lo cual el litio no es la opción más sana para el planeta. Diseñar nuevas tecnologías y estudiar otros campos para encontrar opciones, es un valioso esquema de motivación, manifestó.

A su vez, Ivonne Liliana Alonso Lemus, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Unidad Saltillo, refirió: aunque dicho mineral tiene diversas aplicaciones, en las industrias cerámica o médica, por ejemplo, se estima que en 2022 el 80 por ciento de su producción en el orbe se ocupó en el mercado de baterías.

En la sesión transmitida por TVUNAM, la científica consideró que la solución para sustituir el uso de combustibles fósiles no está en una sola tecnología; se requieren varias para abastecer la demanda de energía. Sin embargo, hay retos en cuanto a los impactos ambientales que causa esa transición.

Estudios señalan que el reciclaje de litio presenta números positivos con respecto a su extracción porque tiene menor huella de carbono, pero solo en el caso de las baterías que contienen otros metales de interés, como níquel o cobalto.

No obstante, cuando se realiza el mismo análisis para ese procedimiento en baterías con base fosfato, como las utilizadas en la industria automotriz, los números “ya no son tan interesantes y aún no es factible ese proceso”.

Sin embargo, se sigue investigando y teniendo un panorama amplio de inversión para apostar a la electromovilidad, un factor clave en sitios como la Unión Europea, China y Estados Unidos.

En el norte del país se ubica un clúster automotriz de los más grandes para la fabricación de vehículos eléctricos. Se han comenzado estudios acerca de la eficiencia energética para disminuir los consumos en la industria, abundó Alonso Lemus.

Dirijo el Laboratorio de Energía Sustentable y Electromovilidad, donde buscamos materiales alternativos para baterías que no requieran litio; desarrollamos de ion de sodio, y trabajamos en innovaciones como supercapacitores.

La experta recordó que Coahuila es el principal productor de carbón mineral y 51 por ciento de la energía que se consume en el estado viene de carboeléctricas, lo cual tiene un impacto ambiental considerable. Por ello, evalúan utilizar ese material, pero no como combustible fósil, sino como materia prima para fabricar supercapacitores, celdas de combustible o baterías de ion de sodio.

De la lista de 34 materiales críticos elaborada por la Agencia Internacional de Energía, 25 se pueden extraer en América Latina y países del Caribe. “El potencial que tenemos es grande”; por ejemplo, las mayores reservas de litio están en Bolivia, que junto con Argentina y Chile suman 53 por ciento de la reserva mundial del mineral, informó Alonso Lemus.

En tanto, en Europa y China se concentran las empresas que reciclan el que contiene las baterías; así se establecen alianzas para lograr la seguridad económica en todas las regiones relacionadas, precisó.
https://www.infonor.com.mx/articulo/entry/descartan-al-litio-como-opcion-para-generar-y-almacenar-energia

Argentina, Litio

Explotación de litio en Argentina: sin «permiso social»

Mirra Banchón 19/05/2025
Autoridades argentinas dieron a Bruselas luz verde para la explotación de litio. Las comunidades afectadas, desde Jujuy y Mendoza, le ponen luz roja.
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Salinas Grandes, en el triángulo del litio entre Argentina, Chile y BoliviaImagen: Galyna Andrushko/Zoonar/picture alliance
«Desde las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatoc, en Jujuy, junto con los representantes de Catamarca y Mendoza venimos a decir que no es como lo contaron nuestros gobernadores en estos mismos espacios. Dijeron que tenían permiso social para que vengan las nuevas inversiones de la Unión Europea para el litio. No es así”, dice a DW Verónica Chávez, de Santuario de Tres Pozos en Jujuy, Argentina.

Esta lideresa comunitaria llegó a Bruselas en una comitiva, seis meses después de que las autoridades de esas provincias argentinas ofrecieran, durante la Raw Materials Week (diciembre 2024), un entorno afable y pródigo para las inversiones europeas con el fin de cumplir con sus objetivos Pacto Verde.

Litio, cobre, níquel, cobalto y aluminio son parte de la lista de 34 materias primas claves para la transición verde europea. Asegurar y diversificar su suministro es clave para Bruselas.

Para ello ha venido firmando acuerdos que abren la puerta a su extracción en países que son «socios fiables”, uno de ellos, Argentina (memorándum de entendimiento UE-Argentina, julio 2023). Pero desde los territorios que son fuente de esos minerales, el asunto se ve diferente.

El litio acaba no solo con el agua
«Si vienen más inversiones, para nosotros todo se acaba. Lo sabemos porque ya hay empresas que explotan el litio en Salinas Grandes. Nunca se sabe de dónde son, pues siempre cambian su nombre. En apenas diez años, nuestros jóvenes ya no pueden lavarse la cara en las fuentes de agua”, afirma Verónica Chávez. Se refiere, por ejemplo, a extracciones de litio en el salar de Cauchari-Olaroz.

«Entraron dividiendo a las comunidades con promesas a menudo falsas: una camioneta, una casa, dinero. Pero nosotros venimos a decirle a la Comisión Europea que nuestras decisiones son comunitarias, porque ese territorio es de derecho comunitario. No queremos irnos de la tierra de nuestros tatarabuelos. Vivimos de ella. Tenemos ganado, artesanías, trabajamos la sal, nos dedicamos al turismo”, cuenta Chávez. Y resalta que Salinas Grandes fue declarada, en 2019, una de las siete maravillas naturales de Argentina.

Un entramado legal nuevo
No obstante, «el desalojo está a la vuelta de la esquina”, cuenta a DW Ñushpi Quilla Mauhay Alancay, abogada de Malalweche, organización que representa a 25 comunidades del pueblo mapuche. «Vienen reclamando desde 2020. Pero en octubre y en diciembre de 2024 hubo dos retrocesos muy grandes que dejan en absoluta vulnerabilidad a los pueblos indígenas”, sigue Mauhay Alancay, ella misma de la comunidad quechua colla.

¿A qué retrocesos de refiere? «Lo primero fue derogar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, el encargado de otorgar personería jurídica a las comunidades. Esta competencia fue delegada a los gobiernos provinciales. En Mendoza, por ejemplo, no existe una institución para asuntos indígenas. Lo segundo fue acabar con la ley 26.160 que preveía protección para evitar desalojo de pueblos indígenas que no tuvieran aún personería jurídica”, responde.

Y aunque, en realidad, la propia Constitución argentina reconoce desde 1994 la preexistencia de los pueblos indígenas (Artículo 75, Inciso 17), la falta de instituciones que reconozcan sus derechos los deja a merced de la agenda empresarial.

¿Exploraciones y desalojos en la mira?
«En este momento hay dos empresas que ya están haciendo exploraciones. Estamos seguros de que vienen inversiones europeas. Por eso venimos a recordarles que no pueden hacerlo sin nuestro consentimiento”, destaca Verónica Chávez. En su opinión, en las instancias europeas visitadas encontraron un oído abierto a la preocupación por los acuíferos. Cabe recordar que las inversiones para el Pacto Verde, del programa europeo Global Gateway, prevén que sean para un transición verde, digital y socialmente justa.

Verónica Chávez y Ñushpi Quilla Mauhay Alancay, comitiva desde Argentina para hablar con las instituciones europeas sobre los impactos de la explotación del litio en sus comunidades. (Bruselas, 15.05.2025)Verónica Chávez y Ñushpi Quilla Mauhay Alancay, comitiva desde Argentina para hablar con las instituciones europeas sobre los impactos de la explotación del litio en sus comunidades. (Bruselas, 15.05.2025)
Verónica Chávez y Ñushpi Quilla Mauhay Alancay, comitiva desde Argentina para hablar con las instituciones europeas sobre los impactos de la explotación del litio en sus comunidades. (Bruselas, 15.05.2025).Imagen: Mirra Banchón/DW
¿Se prevé una consulta a las comunidades para asegurarse de que esas explotaciones lo sean? Por lo pronto reina el silencio en cuanto a los proyectos; sobre la consulta a las poblaciones hay poco más que una plataforma internacional con poca relevancia a nivel de consulta, informan a DW fuentes de la sociedad civil.

Por otro lado, se están desarrollando guías de acción para las delegaciones de la UE en sus países socios, para definir cómo interactuar con las comunidades. Con todo, «no es una prioridad para ninguna de las partes involucradas”, explica a DW Jorge Balbis, coordinador de proyectos del Centro de Formación para la Integración Regional de Uruguay.

«Las autoridades de América Latina y el Caribe deslegitiman los planteos de comunidades locales y ambientalistas; los gobiernos nacionales buscan recursos como sea, promoviendo facilidades de inversión, como el Régimen de Inversión para las Grandes Inversiones (RIGI) de Argentina”, sigue Balbis. ¿Y por parte de la Unión Europea? «Más palabras que hechos”, responde.

Como fuere, la hoja de ruta europea para la extracción de materias primas críticas se acoge a las leyes nacionales, no a las propuestas para las inversiones del Global Gateway, recuerdan a DW fuentes de la sociedad civil. ¿Qué se puede esperar entonces?

«No hay protecciones jurídicas, y el estado de vulnerabilidad de las comunidades es muy grande”, responde Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay. «Además, estamos hablando de zonas glaciares y periglaciares en peligro. No queda claro si la economía sustentable de la trashumancia del pastoreo -que respeta ciclos naturales en los territorios- va a poder coexistir con ese modelo extractivista, pero sí sabemos que esa economía sustentable es muy importante para Mendoza”, añade.

«Son 38 comunidades en Jujuy; 25 en Malalweche y muchas más. Para nosotros no es negociable el cumplimiento de nuestras normas. Solo con esa base nos sentaremos a escuchar las propuestas de inversión europea en nuestros territorios”, concluye la abogada de Malalweche. (cp).
https://www.dw.com/es/explotaci%C3%B3n-de-litio-en-argentina-sin-permiso-social/a-72602380

Chile, Litio

Los actores tras bambalinas en el control del litio en Chile: Uno de ellos Francisco Javier Errázuriz Jr.

Mario Antonio Guzmán | 25/04/2025
Dos actores han tenido mayor visibilidad pública criticando los pasos del acuerdo entre Codelco y SQM: Tianqi y Francisco Javier Errázuriz. En los pasillos del Congreso y tiendas políticas, se dice que ambos activaron un fuerte lobby en el Legislativo para motivar la conformación de una Comisión Especial Investigadora en la Cámara, que ya está en desarrollo y debería entregar su informe en el mes de mayo, a lo que hoy se suma la pregunta: ¿Habrá sido Errázuriz el orejero de Matthei?
Este jueves 24 de abril, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó, en Fase 1 de investigación y sujeta al cumplimiento de una serie de medidas de mitigación, la operación para extraer litio del acuerdo de asociación público-privado entre la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A (SQM).

Codelco y SQM recibieron con alivio la decisión de la FNE de autorizar la Fase 1 de la explotación en los salares, conforme con la Estrategia Nacional del Litio, en esta línea de negocios en paralelo al cobre, cuyo objetivo será la explotación, procesamiento y comercialización del mineral no metálico.

SQM, por su parte, consolida su posición de negocios con una de sus principales actividades en los últimos años, como ha sido la explotación, refinación y comercialización de productos de litio y otros minerales.

Pero esta historia que parece solo comercial, tiene varias trastiendas políticas detrás, como también un juego de miles de millones de dólares. Si bien el precio del litio bajó ostensiblemente en los últimos meses, el mercado internacional cambió abruptamente tras la guerra de aranceles de Donald Trump.

Sigue siendo un mineral que marcará el destino de la tecnología y avances científicos en el siglo XXI, y por lo tanto, un recurso natural estratégico y una fuente de innumerables negocios. Ahí la razón profunda sobre por qué preocupa tanto qué pasará con esta alianza Codelco-SQM.

Los traspiés de la candidata Evelyn Matthei
Las últimas declaraciones sobre este negocio, o “joint venture”, que ha emitido Evelyn Matthei provocaron varios remezones. Y hace un par de días mismo, la exalcaldesa y exministra, volvió a la carga al comentar la decisión de la FNE.

«Ese es un tema no más, lo que a mí me preocupa es si esto es en los mejores intereses de Chile» insistió luego de que el gobierno, la semana pasada, le pidiera calmar las críticas por “desinformación”.

Asimismo, Matthei agregó, tras participar de su primera actividad en terreno con su nuevo jefe de campaña, el exdiputado Diego Paulsen, que «la Fiscalía Nacional se pronuncia sobre colusión o no, son cosas distintas, lo que a mí me preocupa es efectivamente el mejor interés de Chile, y en ese sentido estoy recibiendo información».

Y es que en el mercado, el “ruido” de Matthei con sus dichos demuestra que hay muchos intereses en juego en el control de la explotación del litio y hacia dónde irán las ganancias: Si al Estado o a manos privadas.

Los analistas consultados acusan que en el entorno de Matthei hay desorden, que la conducta de la propia candidata presidencial es errática, que todo lo que hace y dice ocurre mirando por el espejo retrovisor a la llamada “nueva derecha”, con Republicanos y Nacionales Libertarios, cada vez más cerca suyo en las encuestas.

Un hecho que llama la atención
Como sea, hay una acción que causó mucha extrañeza y de la que todavía no se sabe exactamente qué la motivó: la sospecha sobre el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama.

“He pedido a los parlamentarios de Chile Vamos que soliciten toda la información respecto del acuerdo SQM-Codelco”, dijo la candidata presidencial a través de su cuenta de X.

Matthei explicó que solicitó las diligencias para “revisar la conveniencia para el país de dicho pacto y el desarrollo futuro de esa industria en Chile”.

Esto instaló varias interrogantes, que se fueron disipando en la medida que la exalcadesa de Providencia fue pronunciándose respecto de otros temas que causaron mayor polémica.

Como la inevitabilidad de que hubiera muertos tras el golpe militar de 1973, junto con el efecto que tuvieron las rotundas respuestas del Ministro de Hacienda y el directorio de Codelco, quienes declararon que era una impertinencia politizar un proceso que está siguiendo debidamente su curso institucional, y que pone a prueba a Chile frente a un mundo ávido de minerales críticos.

De hecho, la candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, decidió salir al ruedo al constatar que la prestigiosa agencia Bloomberg había recogido los dichos de Matthei de una manera que, a su juicio, ponía en riesgo el prestigio del país.

Sin embargo, entre quienes siguen la discusión pública relacionada con el mercado del litio y del Salar de Atacama en particular, persiste cierta inquietud sobre el origen del caso.

Para graficar cuántos intereses hay en juego, un ejecutivo minero dijo que el cuadro se puede ver así: “Todo esto se parece a un acuario con varios tiburones adentro”.

¿Quiénes desean que el acuerdo Codelco-SQM no se haga?
Hay dos actores que han tenido mayor visibilidad pública criticando los pasos del acuerdo: Tianqi y Francisco Javier Errázuriz hijo.

De hecho, en los pasillos del Congreso y tiendas políticas, se dice que ambas partes activaron un fuerte lobby en el Legislativo, con el fin de motivar la conformación de una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados, que ya está en desarrollo y debería entregar su informe en el mes de mayo.

En el caso de Tianqi, esta instancia sería una ampliación del campo de batalla que mantiene con el Grupo Pampa, por no haber llevado el negocio a consulta en junta de accionistas, pese a que el directorio en pleno, con los votos de Tianqi, en su momento dio su visto bueno para el acuerdo con Codelco.

En tanto, Errázurriz pasó de declarar públicamente su deseo de “ser socio de Codelco” a una posición de crítica absoluta respecto de los pasos que ha dado la minera estatal para cumplir con las directrices emanadas de la Estrategia Nacional del Litio, tanto en el Salar de Atacama como en el de Maricunga.

En ese contexto, a muchos llamó la atención la carta que el martes 22 de abril despachó el empresario Francisco Javier Errázuriz Ovalle al director de El Mercurio.

La afinidad absoluta entre Matthei y Errázuriz despertó suspicacias, más aún cuando los argumentos de corte más técnico planteados por la candidata presidencial, en el comentado programa de Checho Hirane en Radio Agricultura, fueron idénticos a los que Errázuriz lleva pregonando con fuerza en las últimas semanas.

Lobby feroz
En el mercado y en el Congreso Nacional se comenta que Errázuriz, siguiendo una tradición que fue muy bien expuesta por Felipe Vilchez Rubio en una reciente columna en El Desconcierto, está completamente “desplegado” en su afán por echar abajo el acuerdo entre Codelco-SQM.

¿Habrá sido Errázuriz el orejero de Matthei? Nadie se atreve a afirmarlo categóricamente, aunque existen pocas dudas de que a través de terceros puede haber hecho llegar una sugerencia.

Una muestra del ímpetu con que Errázuriz viene propugnando la revisión del acuerdo Codelco-SQM, es la influencia que, dicen en los pasillos de la sede legislativa, ha ejercido en la Comisión Especial Investigadora (CEI) N°65, cuyo mandato considera la revisión del acuerdo Codelco-SQM en el Salar de Atacama y la compra de LPI por parte de la minera estatal en el Salar de Maricunga.

Sólo así se puede explicar que el abogado Mauricio Daza, vinculado al Grupo Errázuriz desde los años de Francisco Javier Errázuriz Talavera, haya participado en dos sesiones consecutivas de la CEI, sin reconocer esa relación ni evidenciar su largo historial de pugnas contra SQM y en específico con el Grupo Pampa, liderado por Julio Ponce Lerou.

En dos sesiones completas, sin el histrionismo habitual de sus apariciones en el programa “Stock Disponible”, pero sí con bastante severidad, Daza entregó argumentos que fueron muy bien recibidos por los tres miembros de la comisión que han demostrado mayor interés por el desarrollo de la instancia: Cristián Tapia (presidente), Yovana Ahumada y Miguel Angel Calisto.

Fueron los mismos argumentos que, en una sesión posterior, el propio Francisco Javier Errázuriz declaró personalmente ante la comisión, de una manera que para quienes siguen las discusiones legislativas, evidenció un innegable nivel de concertación.

“Es la comisión de Errázuriz”, dice un parlamentario que no forma parte de la instancia, pero que ha seguido sus pormenores, pese al escaso interés que, hasta la intervención de Matthei por X, había generado entre sus pares.

El “valle productivo” de la discordia
Errázuriz y su abogado Daza, al igual que Matthei, han lamentado que no hubiera una licitación abierta en el Salar de Atacama y acusan que el llamado “valle productivo” que se generaría en caso de que se hubiese prescindido de SQM y se recurriera a un nuevo actor que tuviera que partir de cero en la producción de litio, sin infraestructura ni pozos de salmuera a su disposición, es una falacia.

El vicepresidente ejecutivo de CORFO, José Miguel Benavente, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, el director de Codelco y ex vicepresidente ejecutivo de CORFO, Eduardo Bitran, el investigador y académico de CLAPES UC, Hermann González, todos, con diferentes enfoques y énfasis -económicos, financieros, ambientales, geopolíticos- han expuesto a la comisión por qué para el Estado resulta más beneficioso el acuerdo Codelco-SQM, que cualquier otra fórmula, y también el daño que ocasionaría al Fisco no percibir ingresos durante los años que demoraría un nuevo operador en conocer el salar e instalarse.

Pero los diputados Tapia, Ahumada y Calisto han insistido en cuestionar todos sus argumentos.

“Su posición es desconocer e invalidar todo cuanto pueda respaldar la legitimidad de un acuerdo que hasta fue publicado en la web de Codelco y que deja al Fisco con ingresos permanentes y en proporciones que no se ven en ningún otro país que produzca minerales críticos. Sólo Errázuriz es tan duro como ellos. Ni siquiera los chinos de Tianqi miran mal el negocio. De hecho, lo único que quieren los chinos es involucrarse más”, concluye un asesor parlamentario que sigue los temas mineros.

La decisión de la FNE de este jueves, puso paños fríos a los análisis de estos agoreros, pero no será el fin de una soterrada guerra comercial y política que ha suscitado el control del litio en Chile.

Y eso que aún no se abren las ventanas de la esfera judicial, donde también podrían darse recursos y acciones legales tratando de frenar el pacto entre Codelco y SQM.
https://eldesconcierto.cl/2025/04/25/los-actores-tras-bambalinas-en-el-control-del-litio-en-chile-uno-de-ellos-francisco-javier-errazuriz-jr

Chile, Litio

Chile avanzará con permisos a tres proyectos de litio; incluye a Eramet y estatal Codelco

Reuters 22/04/2025
FOTO DE ARCHIVO. Piscinas de evaporación en el salar de Atacama, Chile. Mayo, 2023. REUTERS/Iván Alvarado Purchase Licensing Rights,
SANTIAGO, 22 abr (Reuters) – Chile avanzará en un proceso simplificado para la entrega de permisos para el desarrollo de proyectos de litio en tres salares con participación privada, anunció el martes el Ministerio de Minería.
El organismo precisó que acogió a trámite solicitudes de la empresa Eramet, en el salar Agua Amarga; de Eramet, Quiborax y Codelco, en el salar Ascotán; y del consorcio Caliche Kairós, de inversiones Kairós y Cosayach Caliche, en el salar Coipasa.
El gobierno del presidente izquierdista Gabriel Boric ha impulsado un plan para aumentar el control el estatal en la industria del metal clave para baterías de autos eléctricos, que también incluye el ingreso de privados.
«Una vez concluidas las consultas indígenas en curso y dictado el decreto supremo que fija los requisitos y condiciones del CEOL (Contrato Especial de Operaciones), en caso de existir acuerdo con los solicitantes se firmará el CEOL», dijo el ministerio en un comunicado.
«En caso contrario, se iniciarán procesos de licitación pública, al igual que en el salar de Ollagüe, en la región de Antofagasta; y Piedra Parada y Laguna Verde, en la Región de Atacama», que no lograron acceder a procesos simplificados de asignación.
Para lograr un proceso acelerado los interesados debían acreditar propiedad de concesiones mineras igual o superior al 80% del polígono ofrecido, experiencia minera o en cualquier etapa de la cadena de valor y capacidad financiera.
Por otra parte, el ministerio informó el cierre de la etapa de diálogo de la consulta indígena para la modificación del CEOL solicitada por Codelco en el salar de Maricunga.
«Ahora resta la publicación de la resolución de cierre, que incluirá los 11 acuerdos alcanzados con las seis comunidades que fueron parte de este proceso», señaló.
Reporte de Fabián Andrés Cambero
https://www.reuters.com/latam/negocio/N4N5RM7PCROFFBOXCSWZ747K3E-2025-04-22/