Bolivia

Bolivia logra acuerdo con mineros tras violento enfrentamiento con la policía

Mineros se enfrentaron con la policía en La Paz, Bolivia, en medio de protestas para exigir explosivos para realizar su trabajo y la ampliación de áreas mineras, el 14 de mayo de 2026. Foto
Mineros se enfrentaron con la policía en La Paz, Bolivia, en medio de protestas para exigir explosivos para realizar su trabajo y la ampliación de áreas mineras, el 14 de mayo de 2026. Foto Xinhua
Foto autor Afp 15/05/2026
La Paz. El gobierno de Bolivia llegó a un acuerdo este viernes con miles de mineros que el día anterior se enfrentaron con la policía en una protesta que paralizó el centro de La Paz, informó el Ministerio de Economía.

La negociación se prolongó por horas hasta la madrugada. La tarde del jueves la policía impidió la entrada de los manifestantes a la plaza de armas, donde se ubican el Palacio de Gobierno y el Congreso, con gases lacrimógenos, mientras los mineros lanzaban con hondas piedras y explosivos, constató la AFP.

«Hemos tenido una larguísima reunión, casi 12 horas conversando», declaró este viernes José Gabriel Espinoza, ministro de Economía, a la prensa. «Hemos logrado varios acuerdos, se van a anunciar», agregó sin dar más detalles del contenido del arreglo.

Los mineros exigían la renuncia del mandatario centroderechista Rodrigo Paz, en el poder desde noviembre, tras considerar que no había atendido sus reclamos. Piden abastecimiento de combustibles, ampliación de áreas mineras y suministro de explosivos para trabajar, entre otros.

Durante la jornada de protestas la Policía arrestó a por los menos seis manifestantes que fueron liberados horas después, informó la televisora Unitel. Desde inicios de mayo, protestas de distintos sectores presionan al gobierno de Rodrigo Paz.

Obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas se manifiestan en calles y carreteras con reclamos como aumentos salariales, abastecimiento de combustibles y la no privatización de empresas públicas.
https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/05/15/mundo/bolivia-logra-acuerdo-con-mineros-tras-violento-enfrentamiento-con-la-policia

Bolivia

Mineros paralizaron La Paz en protesta contra el Gobierno

DW 15/05/2026
La movilización de los mineros se suma a la de los agricultores y maestros que tienen a la admisitración de Rodrigo Paz en medio de una crisis.

Mineros de Bolivia en medio de protesta en La Paz.
Los mineros bolivianos se enfrentaron durante horas con agentes policiales en La Paz.Imagen: Juan Karita/AP Photo/picture
Miles de mineros asociados en cooperativas marcharon y paralizaron la capital boliviana para exigir al Gobierno de Bolivia atención a sus demandas, como la provisión de combustible y explosivos para sus actividades, en una manifestación que derivó en un enfrentamiento con agentes antidisturbios.

La protesta comenzó en la ciudad de El Alto y avanzó hacia la vecina La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, mientras los manifestantes hacían explotar cargas de dinamita y activaban petardos. Durante el recorrido, algunos mineros respondieron con golpes e insultos a los reclamos de transeúntes que cuestionaron la protesta, la cual interrumpió durante varias horas la circulación vehicular y provocó el cierre de comercios.

El presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin), Ladislao Prado, dijo que se movilizaron por «demandas justas y necesarias» y el respeto a la «institucionalidad» de su organización. Prado señaló que su protesta difiere de las demandas de la Central Obrera Boliviana (COB), organización sindical que desde la pasada semana reclama un aumento salarial del 20 % y también pide la renuncia del presidente Rodrigo Paz, algo que igualmente exigen campesinos del departamento de La Paz mediante bloqueos de carreteras en el altiplano desde hace nueve días.

Enfrentamientos cerca de la sede de Gobierno
La movilización minera se desbordó cuando llegó a una calle cercana a la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo boliviano, donde había una barrera policial reforzada con estructuras metálicas que los manifestantes intentaron retirar por la fuerza.

Esto derivó en enfrentamientos con los agentes, después de que los mineros intentaran superar el cerco policial utilizando cargas de dinamita y la Policía respondiera con gases lacrimógenos, en choques que duraron más de dos horas y dejaron al menos dos arrestados, pese a que poco antes dirigentes del sector habían ingresado a la sede de Gobierno para reunirse con autoridades.

En las últimas semanas el gobierno enfrenta un clima de protestas organizadas por distintos sectores además de los mineros, como obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas, con reclamos desde aumentos salariales hasta la no privatización de empresas públicas.
https://p.dw.com/p/5DmtH
https://www.dw.com/es/bolivia-mineros-paralizaron-la-paz-en-protesta-contra-el-gobierno/a-77167883
(mn / efe, afp)

Republica Dominicana

Dominicanos exigen protección legal para los recursos naturales del país

Protestas populares obligaron a paralizar el proyecto minero Romero. Los ciudadanos continúan movilizados pues decenas de proyectos siguen activos y amenazan sus comunidades

Medios locales apuntan que existen alrededor de 90 solicitudes de explotación de proyectos mineros en fase de exploración, mientras que las concesiones otorgadas en años anteriores continúan vigentes. Foto: EFE
12/05/2026

Tras la movilización popular que generó la suspensión del proyecto Romero en San Juan, República Dominicana, este martes dominicanos continuaron exigiendo protección legal para los recursos naturales en el país.

En este sentido grupos comunitarios, ambientalistas y religiosos luchan contra la minería en la Cordillera Central y Septentrional, aún con más fuerza después del hito histórico en mayo de 2026 que conllevó al presidente Luis Abinader a declarar que no se continuaba con el proyecto minero en esa área.

La Coordinadora Popular Nacional (CPN) denunció que empresas como GoldQuest, Unigold y Belfond Enterprises mantienen permisos de exploración y explotación que, a su juicio, amenazan la sostenibilidad de cientos de comunidades.

Para el dirigente y vocero de la Coalición contra la minería, Manuel Matos, es inverosímil que el Gobierno dominicano haya dado permiso de explotación minera a una compañía de origen canadiense. Ha puesto por encima del interés local y de los dominicanos, recalcó.

«Tiene que dársele fuerza legal a la decisón que tomó Abinaber», refirió Matos, mientras exigen un decreto presidencial para que no se violen los principios y la soberanía ambiental.

El proyecto Romero, promovido por la empresa canadiense GoldQuest Mining Corp., plantea la explotación subterránea de oro y cobre en el municipio de Hondo Valle, en plena Cordillera Central. Esta zona es considerada una de las principales fuentes hídricas del país, así como una zona clave para garantizar la soberanía alimentaria. Su vasta producción de habichuelas, maíz y arroz ha hecho que sea denominada como el “Granero del sur”.

Medios locales apuntan que existen alrededor de 90 solicitudes de explotación de proyectos mineros en fase de exploración, mientras que las concesiones otorgadas en años anteriores continúan vigentes.

Asimismo, desde las comunidades denunciaron persecusión contra pobladores por denunciar que la empresa canadiense aún seguía operando en el país.

GoldQuest presentó con anterioridad tres medidas de mitigación: relaves secos sin embalses de cola (tecnología que reduce riesgo de rotura de presas pero no elimina el DAM), ventiladores subterráneos para reducir ruido superficial, y 67.000 árboles plantados en la cuenca del río San Juan.

Sin embargo, la ecología de la restauración establece que los servicios ecosistémicos de un bosque maduro de la Cordillera Central no son intercambiables por plantaciones jóvenes en el corto plazo, ya que un bosque tarda siglos en madurar y una mina tarda 8 años en agotar su reserva.

En este sentido, GoldQuest tenía otras 14 áreas adyacentes (Valentín, La Guinea, Las Piedras, Descansado, Las Tres Veredas, La Pelada, Los Lechones, Loma de los Comíos, Los Gajitos, La Tachuela, Toribio, Loma de Cachimbo, Tocón de Pino y Agüita Fría). Estas cubren más de 209 millones de metros cuadrados, todos próximos al Parque Nacional José del Carmen Ramírez.

Para el periodista Valentín Ciriaco, en su artículo «Del oro taíno al oro de Goldquest: República Dominicana y su larga lucha contra el extractivismo minero», “el impacto financiero fue inmediato”, al referirse a la paralización del proyecto Romero por las fuerzas populares dominicanas.

“El Canadian Investment Regulatory Organization suspendió la cotización de GoldQuest el mismo 4 de mayo, tras una caída de más del 19 por ciento en bolsa. Miles de campesinos, mujeres rurales y jóvenes marchando bajo el sol habían sacudido la Bolsa de Toronto. Esa es la dimensión real de lo que ocurrió. GoldQuest respondió con el lenguaje estándar del capital extractivo ante una derrota que no puede reconocer como tal: reafirmó su compromiso con el desarrollo “responsable y transparente” e indicó que continuaría trabajando en el Estudio de Impacto Ambiental. No se retiró, sino que se pausó”.
https://www.telesurtv.net/dominicanos-proteccion-legal-recursos/

Bolivia

Advierten que los conflictos sociales pueden afectar la producción minera

Actualmente la minería está generando la mayor exportación de productos lo que deja beneficios para muchos.

11/05/2026 El Potosí

Los conflictos sociales con paros y en especial bloqueo de caminos pueden afectar en gran medida a la actividad minera lo cual traerá una serie de perjuicios no solo a los productores sino a la sociedad en general, tal como se advierte desde la Cámara de Exportadores de Potosí (Cadex).

El presidente de la Cadex, Antonio Flores, sostiene que la minería, no solo de Potosí está generando exportaciones altas lo que incide en beneficios para el Estado a través de los impuestos, para los municipios y gobernaciones vía regalías mineras y también da un conjunto de ventajas a la población en general.

Detalló que los bloqueos podrían afectar el acceso a carburantes así como explosivos, herramientas y otros que son necesarios para la actividad extractiva en las minas y de recuperación de metales en los ingenios.

La minería demanda una alta cantidad de diésel tanto para el funcionamiento de equipos pesados, compresoras y otros así como el traslado de las cargas a los ingenios y los concentrados de minerales hacia los puertos para la exportación.

BENEFICIOS

Uno de los beneficios que apuntan los productores mineros es la generación de fuentes de trabajo y destacan que en los últimos cuatro años triplicaron la cantidad de personas que trabajan tanto en las minas como en los ingenios e incluso en el transporte.

Indican que no solo se contrata más gente sino que se paga más en los centros de producción minera lo cual concita la atención de las personas que prefieren emplearse en las minas en lugar de desarrollar labores en construcción, comercio y otros.

Juan José Coria es cooperativista minero y destaca que cada que se paga al personal que trabaja en la mina se puede apreciar como el dinero se socializa porque llega a las señoras que venden comidas en cercanías a las minas o en La Ckasa y otros.

Los mineros también usan vehículos de transporte público como micros y taxis dejando pare de los beneficios mineros en ese sector que extendió sus servicios hasta los lugares donde existen centros mineros y muchos cuentan con buses exclusivos para el traslado de su personal.
https://elpotosi.net/local/20260511_advierten-que-los-conflictos-sociales-pueden-afectar-la-produccion-minera.html

Chile

Concesiones mineras sobre Florida y Biobío: crece tensión por avance de minera de tierras raras sobre poblaciones urbanas

15/05/2026
Concesiones mineras sobre Florida y Biobío: crece tensión por avance de minera de tierras raras sobre poblaciones urbanas

La comuna de Florida se encuentra hoy en un estado de alerta ante la densa red de concesiones mineras que comienzan a proyectarse sobre su territorio. La preocupación ha escalado al confirmarse que estas solicitudes no solo afectan zonas rurales, sino que se superponen directamente sobre el suelo urbano de la comuna. Específicamente, las poblaciones Tapihue, El Esfuerzo, San José de la Dehesa y San Lorenzo se encuentran bajo la amenaza técnica de estas concesiones, situando la posible actividad industrial a escasos metros de los hogares, plazas y escuelas de las familias floridanas.

Por Nicolás Salazar

En verde las concesiones mineras que se extienden por un tercio de la comuna de Florida. En la imagen se puede ver que rodean e incluso se sobreponen en el suelo urbano de la comuna, específicamente en las poblaciones Tapihue, El Esfuerzo y San Lorenzo, ubicadas en los extremos del área urbana (imagen)

Este fenómeno en Florida no es un hecho aislado, sino que forma parte de un despliegue masivo en la Región del Biobío. La empresa Aclara Resources (anteriormente conocida como BioLantánidos) ya lidera la avanzada con su proyecto en la vecina comuna de Penco, pero no es la única. Diversas compañías, aprovechando el Código de Minería vigente, han inscrito miles de hectáreas en el valle del Itata y la Cordillera de la Costa, buscando replicar el modelo de extracción de arcillas ioníferas en una región que hasta hace poco no figuraba en el mapa minero nacional

Este fenómeno es monitoreado de cerca por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), organización que desde 2018 acompaña a las comunidades del Biobío en asesoría estratégica, técnico-ambiental y legal frente a la avanzada minera.
Impacto ambiental y el colapso de un territorio en crisis

Los costos locales de esta «fiebre minera» son alarmantes. La literatura científica y los reportes internacionales advierten que la minería de tierras raras es una de las más contaminantes del mundo, asociándose frecuentemente a la liberación de elementos radiactivos como torio y uranio, además del uso intensivo de químicos que pueden lixiviarse hacia las napas subterráneas. La destrucción del suelo, la contaminación del agua y la pérdida irremediable de biodiversidad amenazan con transformar ecosistemas vitales en nuevas zonas de sacrificio ambiental.

Para Florida, esta amenaza llega a un territorio que ya se encuentra al límite de su resistencia. La comuna ha sido históricamente devastada por el monocultivo forestal de pino y eucalipto, modelo que ha secado sus cuencas hídricas y ha propiciado mega incendios catastróficos, como el ocurrido recientemente en 2026, que han puesto en riesgo la vida de sus habitantes. Sumar la megaminería a un paisaje ya erosionado y sediento representa, para las organizaciones sociales, un golpe final a la posibilidad de un desarrollo rural sustentable.

Según Lucio Cuenca, director del OLCA, la minería sumaría una nueva presión: «Hay amenaza por uso y contaminación de grandes cantidades de agua… y peligro por el transporte y uso de grandes cantidades de sustancias tóxicas»
Geopolítica del extractivismo: El Biobío en la mira de las potencias

La urgencia detrás de este despliegue responde a un contexto internacional frenético. Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos esenciales para la industria de alta tecnología y la «transición energética». Sin estos minerales, es imposible fabricar imanes permanentes para autos eléctricos y turbinas eólicas, pero su uso más crítico y estratégico se encuentra en el desarrollo de Inteligencia Artificial (IA), semiconductores y, fundamentalmente, en la industria armamentística para la guía de misiles, sonares y motores de aviones de combate.

Esta dependencia tecnológica ha desatado una tensión geopolítica global sin precedentes. Actualmente, China domina casi la totalidad del mercado de procesamiento de tierras raras, lo que ha llevado a potencias occidentales como Estados Unidos y Canadá a buscar desesperadamente fuentes alternativas en el Sur Global. El apoyo explícito del Pentágono a proyectos de suministro fuera de la órbita asiática sitúa a comunas rurales del Biobío en el centro de una disputa estratégica entre imperios que buscan asegurar su superioridad tecnológica y militar.

Según Lucio Cuenca, director del OLCA, este interés responde a una estrategia de potencias occidentales para «generar alianzas con el gobierno de EEUU para proveer Tierras Raras, conseguir financiamiento y tecnología de refinamiento, en el contexto de disputa geopolítica con China».

Cuenca advierte que Chile ha profundizado esta posición mediante la firma de un «Memorándum de Entendimiento con EEUU para colaborar en minerales críticos, que incluye facilitación en exploración e inversiones», lo que a su juicio «compromete la soberanía de nuestros pueblos e hipoteca la posibilidad de trazar caminos independientes». Para el experto, la narrativa verde es un disfraz: «Se profundiza el extractivismo en nuestros territorios… se precarizan territorios y se profundizan las desigualdades».
Amenaza a la soberanía habitacional y expansión intensiva

La situación en Florida es crítica debido a la falta de regulación que proteja el suelo habitacional frente al interés extractivo. Al tratarse de un modelo de minería a tajo abierto que requiere remover grandes volúmenes de tierra por hora, la proximidad con las poblaciones Tapihue y San Lorenzo sugiere un escenario de convivencia dificil, donde el ruido, el polvo en suspensión y la posible contaminación química degradarían irreversiblemente la calidad de vida urbana.

El director de OLCA destaca que la única defensa real es la organización: «El camino de la defensa territorial es una combinación de estrategias legales e institucionales… pero sobre todo de una movilización social en distintas formas que involucre a distintos actores de la comunidad». Por ejemplo en la comuna vecina de Penco, existe una propuesta llamada Parque para Penco, que surge surge precisamente como una alternativa para «proteger el bosque nativo que queda y recuperar ecosistemas degradados» frente a la voracidad de las forestales y mineras.

Finalmente, la expansión de la explotación intensiva de tierras raras sobre la Región del Biobío advierte una transformación radical del territorio. De concretarse estas concesiones en Florida, se consolidaría un modelo de ocupación que prioriza la rentabilidad de las corporaciones transnacionales por sobre la seguridad habitacional, salud y otros derechos sociales bàsicos de las poblaciones urbanas y rurales de Florida. La amenaza no es solo ambiental, sino una vulneración directa a la soberanía de las comunidades que ven cómo sus barrios son convertidos en meras coordenadas de una cadena de suministro global.
https://resumen.cl/articulos/concesiones-mineras-sobre-florida-y-biobio-crece-tension-por-avance-de-minera-de-tierras-raras-sobre-poblaciones-urbanas

Chile

Tribunal Ambiental anula permiso de millonario proyecto de Collahuasi tras reclamaciones de comunidades indígenas

El Segundo Tribunal Ambiental anuló el permiso ambiental del proyecto minero de Collahuasi por falencias en evaluación indígena.
Cristian Neira
15/05/2026
Imagen referencial sobre faenas mineras – Agencia Uno

El Segundo Tribunal Ambiental dejó sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi ”, una iniciativa valorizada en más de US$ 3.200 millones y considerada una de las inversiones mineras más relevantes actualmente en ejecución en Chile.

La decisión judicial ordenó retrotraer parte del proceso de evaluación ambiental, luego de detectar deficiencias en la forma en que fueron abordadas las observaciones presentadas por comunidades indígenas aymaras de la Región de Tarapacá.
Tribunal cuestiona evaluación ambiental del proyecto de Collahuasi

El fallo apunta directamente a la evaluación realizada respecto de las asociaciones indígenas de Caleta Chanavaya, cuyos reclamos, según estableció el tribunal, no fueron correctamente caracterizados durante la tramitación ambiental del proyecto minero.

La instancia judicial concluyó que existían antecedentes insuficientes para descartar una eventual “susceptibilidad de afectación directa” sobre dichas comunidades, además de advertir que no se realizaron reuniones previas exigidas por el artículo 86 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Asimismo, el tribunal sostuvo que observaciones formuladas por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), relacionadas con impactos en el medio marino, no fueron debidamente consideradas por el Comité de Ministros que anteriormente había rechazado los recursos contra la RCA.
Proyecto minero de más de US$ 3.200 millones queda sin efecto

La resolución judicial anuló tanto la decisión del Comité de Ministros como la RCA aprobada en diciembre de 2021 para el proyecto de expansión de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.

La iniciativa busca extender la vida útil de la operación minera por cerca de 20 años, aumentando la capacidad de procesamiento de minerales sulfurados desde 170 mil a 210 mil toneladas por día, además de incorporar una planta desaladora como fuente complementaria de abastecimiento hídrico.

En su sentencia, el Segundo Tribunal Ambiental afirmó que la resolución impugnada “carece de una debida fundamentación”, ya que las observaciones ciudadanas fueron abordadas “de manera incompleta y sin una adecuada ponderación técnica y jurídica”.
Comunidades indígenas lideraron reclamaciones

Entre quienes presentaron reclamaciones se encuentran la Asociación Indígena Wilamasi de Pescadores Mamq’uta, la Asociación Indígena Aymara de Caleta Chanavaya, además de agrupaciones indígenas de Copaquire y otras organizaciones aymaras de Tarapacá.
https://eldesconcierto.cl/medio-ambiente/tribunal-ambiental-anula-permiso-millonario-proyecto-collahuasi-reclamaciones-comunidades-indigenas-n5458828

Chile

Comunidad atacameña lleva al Tribunal Ambiental proyecto en Salar de Atacama rechazado en últimos 4 gobiernos

El proyecto aprobado recientemente por el Comité de Ministros fue rechazado en 4 instancias por su impacto ambiental en el Salar de Atacama.
Nicole Donoso 12/05/2026

Salar de Atacama. 

La Comunidad Atacameña de Peine recurrirá al Primer Tribunal Ambiental para revertir la decisión del Comité de Ministros que aprobó la construcción de un proyecto minero destinado a la producción de cloruro de potasio en el Salar de Atacama, iniciativa que había sido desestimada los últimos cuatro gobiernos.

Se trata de la iniciativa presentada ante el SEIA en 2009 por el Grupo Errázuriz “Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine”, que suma una inversión de US$43,2 millones para la elaboración de 200 mil toneladas de este mineral, con una vida útil de 20 años.

El proyecto fue rechazado en cuatro oportunidades por los gobiernos de Sebastián Piñera I y II, Michelle Bachelet II y Gabriel Boric, durante los años 2012, 2017, 2021 y 2025, tanto por la Comisión de Evaluación Ambiental como por el Comité de Ministros.

La comunidad denunciante asegura que la iniciativa carece de elementos técnicos acordes a la legislación chilena en materia medioambiental. Además, buscarán contactarse con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para que transparenten por qué no fueron invitados a participar de la sesión del Comité de Ministros celebrada el pasado jueves 7 de mayo, pese a las reiteradas cartas planteando la solicitud.
Falta de antecedentes técnicos y mitigación

Durante los últimos 17 años las autoridades ambientales determinaron que no fue posible evaluar de forma adecuada el impacto del proyecto, debido a diversas deficiencias en la información entregada por la empresa. Entre los principales reparos se identificaron problemas en la línea de base ambiental, en particular en la caracterización de ecosistemas frágiles del Salar de Atacama, como vegas, bofedales y sistemas lacustres.

También se observó la falta de antecedentes suficientes en materias clave como hidrogeología, hidrología y biodiversidad, incluyendo eventuales efectos sobre especies protegidas como el flamenco andino, clasificado como vulnerable y con sitios de nidificación en la zona.

A esto se sumaron observaciones técnicas al modelo hidrogeológico utilizado para proyectar el impacto de la extracción de salmuera. Según los evaluadores, no se acreditó con certeza cómo el bombeo afectaría los niveles de agua ni la existencia de barreras naturales que separen las áreas de extracción de ecosistemas sensibles cercanos.

Asimismo, se cuestionó que parte de los parámetros de monitoreo y alerta provinieran de información de terceros, en lugar de estudios propios realizados en terreno. Las autoridades añadieron que el proyecto no incorporaba medidas claras de compensación o reparación frente a los eventuales impactos ambientales identificados.
https://eldesconcierto.cl/medio-ambiente/comunidad-atacamena-lleva-al-tribunal-ambiental-proyecto-salar-atacama-rechazado-ultimos-4-gobiernos-n5458721

Chile

Confirman multa a minera que opera tranque de relaves colapsado contaminando un río en Aysén con metales

A pesar del problema de contaminación minera constatado desde 2015 en una localidad rural de Aysén, la empresa no ha cumplido con las medidas para frenarla.
María del Mar Parra
12/05/2026
Contaminación minera en Aysén.
Foto: CODESA.

En un entorno rodeado de montañas y bosque nativo en Aysén, la actividad minera en la faena El Toqui desde 1983 ha dejado un grave problema de contaminación por metales pesados en los suelos y ríos de la localidad rural de Alto Mañihuales, provocando incluso la muerte de ganado.

Al menos desde 2015, informes públicos detectaron la contaminación en los suelos y en muestras de orina de vecinos, y la Superintendencia de Medio Ambiente ha sancionado a la empresa titular anterior y la actual, por incumplir los planes de cierre. Pero más de 10 años después, siguen sin tomarse medidas para frenar la contaminación que constantemente se está filtrando al ambiente.

Incumplimientos reiterados
Ahora, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una sanción impuesta en 2022 por Sernageomin en contra de la empresa Minera Pacífico del Sur, que adquirió el proyecto en 2020. Se la obliga a pagar los montos adeudados de más de $12 mil millones como garantía para ejecutar el plan de cierre, además de una sanción de $ 400 millones por no haber pagado las cuotas para este fin.

La sanción ya había sido confirmada por un juzgado civil en 2024, luego de que la empresa judicializara el caso para revertir la decisión de Sernageomin. Organizaciones locales están esperando a saber si la empresa acatará el fallo de Apelaciones o recurrirá a la Corte Suprema.

Durante los 19 meses de tramitación del caso en la Corte de Apelaciones, vecinos y especialistas en derecho ambiental denuncian que se utilizaron “maniobras dilatorias” por parte de la empresa y del Sernageomin para aplazar el proceso.

Además, pesan sobre la empresa sanciones de la SMA que obligan a someter el proyecto a evaluación ambiental, lo cual aún no se ha cumplido, y otras sanciones por la falta de monitoreo de las variables ambientales y la no entrega de información reglamentaria.
Contaminación minera en Aysén

Uno de los problemas más grandes de la mina El Toqui son los tranques de relaves donde se depositan los desechos mineros que ha acumulado la operación.

Un informe de Sernageomin conocido en abril de 2025, determina que el tranque Confluencia está almacenando tres veces el máximo de relaves contaminantes permitido y que operó once años a pesar de que tenía permiso para operar solo seis años.

Recientemente, un informe del Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) detectó altos niveles de arsénico que superan más de 60 veces el límite permitido para agua potable en el estero San Antonio de Alto Mañihuales.

A mediados de 2025, el Instituto Nacional de Derechos Humanos acusó que el Estado está violando los derechos humanos de vecinos de la zona por la falta de acciones concretas para frenar la contaminación.

Vacas muertas
Vecinos también acusan negligencia de las autoridades por la falta de monitoreo e información sobre la contaminación y cómo está afectando a las personas.

En 2024, a un vecino se le empezaron a morir las vacas. Relata que la veterinaria del SAG le dijo que por su experiencia y por la coloración de los órganos que presentaban los animales, se trataría de contaminación por metales pesados, pero que no había recursos en la región para determinar oficialmente la causa de muerte con estudios.

También declaran que en 2026 se entregaron los resultados de muestras que tomó la DGA del agua potable, que arrojaron metales pesados dentro de la norma. Vecinos solicitan que se haga un monitoreo continuo en el año ya que denuncian que la toma de muestras fue en invierno pero la contaminación más grave se da en verano.

“El hecho de que no hayan muestreos de suelo, de la orina de los vecinos o del ganado, es por mera negligencia de las instituciones públicas. El escenario constatado en 2018 por la SMA no ha cambiado en nada y la empresa se ha negado a tomar acciones para cambiarlo, por lo que no se trata de un episodio puntual sino de una contaminación constante”, declara Erwin Sandoval de la organización local CODESA, que ha seguido el caso.
https://eldesconcierto.cl/medio-ambiente/confirman-multa-minera-que-opera-tranque-relaves-colapsado-contaminando-un-rio-aysen-metales-n5458711

Chile

Estado rechaza cuarta propuesta de conciliación de minera demandada por daño ambiental en salar de Surire

Continúa el proceso judicial que busca una sentencia por daño ambiental contra la minera Quiborax por dañar irreparablemente el salar de Surire y afectar la nidificación de flamencos.

María del Mar Parra 05/05/2026
Flamencos a pocos metros de actividad minera en el salar de Surire.
Foto: Captura de video, Patagonia.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) demandó en 2024 a la empresa minera Quiborax por generar un daño ambiental en el salar de Surire; una ecosistema protegido en el desierto de la región de Arica, del cual la empresa extrae ulexita desde 1987. Allí, los flamencos y vicuñas circulan a pocos metros de los camiones y retroexcavadoras mineras.

La empresa ha ofrecido en cuatro ocasiones propuestas con medidas para llegar a un acuerdo y cerrar el caso. Pero este mes, el CDE rechazó la cuarta propuesta y el proceso judicial continuará en busca de una sentencia por el daño ambiental, a menos que se presente otra propuesta que sí sea aceptable para el Estado.

En las cuatro ocasiones, el CDE consideró que la propuesta de la minera es insuficiente para hacerse cargo del daño generado, que según la demanda es “continuo, acumulativo, permanente e irreparable”.
Minera, Surire y el daño ambiental

La demanda declara que la minera Quiborax ha acumulado 37 años de actividad minera sobre el salar, transitando de una forma de extracción de baja mecanización a una faena que implica el tránsito de retroexcavadoras, montacargas y camiones directamente sobre el salar, y un aumento considerable en la cantidad de toneladas extraídas.

Esta actividad se ejecuta sin haberse sometido a evaluación ambiental a lo largo de los años y sin medidas para mitigar el impacto. Esto, según el documento del CDE, ha destruido irreparablemente la superficie del salar y su régimen de inundación, afectando a comunidades locales y también interviniendo sitios de reproducción de flamencos en estado de conservación que anidan en las lagunas del salar.

Suspensión de actividades

La operación de la minera había sido suspendida como medida cautelar mientras durara el juicio, para no acrecentar el presunto daño ambiental. Sin embargo, y dada la situación económica de la minera, el Primer Tribunal Ambiental autorizó de forma excepcional que se vuelva a extraer una cantidad acotada del mineral.

Desde el CDE intentaron revertir esta autorización, argumentando que la actividad permitida tampoco se ha sometido a evaluación ambiental, por lo que se está aceptando un riesgo de acrecentar el daño ambiental y el impacto en la nidificación de flamencos, sin información que permita descartar dicho riesgo. Los recursos fueron rechazados.

Comunidades que habitan cerca del salar también se hicieron parte en la demanda pidiendo que se tome en cuenta no solo el daño en el salar mismo sino en la reserva de la biósfera Lauca, por el tránsito de camiones que extraen agua de la reserva para humedecer y mantener el camino minero usado para la faena.

El salar de Surire está protegido bajo diversas figuras: Es parte de la Reserva de la Biósfera Lauca reconocida por la UNESCO, es sitio Ramsar reconocido como un humedal de importancia mundial, es un Monumento Natural administrado por Conaf.
https://eldesconcierto.cl/medio-ambiente/estado-rechaza-cuarta-propuesta-conciliacion-minera-demandada-dano-ambiental-salar-surire-n5458551

Bolivia

Protestas de campesinos, mineros y transportistas abren una semana de alta conflictividad en Bolivia

Los conflictos se acumulan para el Gobierno de Rodrigo Paz con el anuncio de manifestaciones y bloqueos de varios sectores, además de la llegada a La Paz de una marcha campesina
María Silvia Trigo
27/04/2026
Imagen referencial de archivo. Un miembro del Sindicato de Trabajadores Bolivianos sostiene una bandera nacional durante enfrentamientos con la policía en El Alto, Bolivia, el lunes 5 de enero de 2026. (Foto AP/Freddy Barragán)

La semana inicia con el anuncio de movilizaciones de varios sectores en Bolivia y el arribo a la sede de Gobierno de una marcha campesina que inició hace más de dos semanas en la región amazónica de Pando, al norte del país, en rechazo principalmente a una ley que autoriza la reclasificación de la tierra.
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A la movilización se sumó una columna de 150 campesinos de San Ignacio de Moxos, en Beni, y organizaciones de otras regiones han anunciado que se integrarán progresivamente, entre ellos la Federación de Trabajadores Mineros, lo que sube la presión contra el Gobierno al tratarse de uno de los sectores de mayor influencia en la agenda política nacional. La marcha arribó este domingo a la localidad de Caranavi y se estima que llegue a La Paz el viernes 1 de mayo luego de recorrer 160 kilómetros.

Los marchistas consideran que la Ley 1720, que fue promulgada el 8 de abril y que establece la reconversión voluntaria de la tierra de pequeña a mediana propiedad, pone en riesgo a los pequeños productores y amenaza los territorios indígenas.
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El sistema anterior, vigente desde 1953, prohíbe la comercialización de las pequeñas propiedades y fue diseñado con el objetivo de evitar la concentración de la tierra en pocas manos y el desplazamiento progresivo de campesinos y productores. Con la nueva ley —denominada Conversión de la Pequeña Propiedad Agraria a Mediana o Empresarial—, las pequeñas propiedades, de hasta 500 hectáreas, quedan abiertas al mercado al poder ofrecerse como garantía para préstamos bancarios.

El Gobierno y algunos legisladores defienden la ley en nombre de la libertad individual, del desarrollo de los campesinos y del derecho a la propiedad, y han subrayado que el cambio de clasificación es voluntario.
Robo de armamento militar estaba destinado a grupos delictivos relacionados a la minería ilegal

En tanto, algunos críticos y analistas observan que pone en peligro a la población más vulnerable al permitir que pequeños propietarios hipotequen y pierdan sus parcelas y puede fomentar la concentración de la tierra. También observan que el trámite se realice a simple solicitud del propietario y sin ningún criterio técnico.

En paralelo a este conflicto está el otro dolor de cabeza del Gobierno: el problema del combustible. Tras más de tres meses de reclamos por la mala calidad de la gasolina —que el gobierno admitió pero sin responsabilizarse por su origen ni resolver de fondo el problema—, en la última semana hubo un suministro irregular de diésel, lo que provocó el reclamo de sectores estratégicos, como el transporte pesado y la agroindustria, para normalizar su distribución.

En ese marco, la Cámara Departamental de Transporte de La Paz convocó a una marcha sectorial este lunes por la supuesta falta de respuestas de la administración de Rodrigo Paz a sus demandas.
bloqueos y huelga de choferes en La Paz, Bolivia

“El sector ha coadyuvado con el incremento del precio del combustible, por lo que no existe justificativo para la actual escasez”, señala el comunicado del sector en referencia al aumento en el precio de los carburantes tras el levantamiento del subsidio en diciembre pasado.

Los reclamos de los transportistas —que básicamente son la regularización del abastecimiento de combustible y la garantía de su calidad— se dan una semana después de los ajustes que hizo el presidente en el sector de hidrocarburos. Posesionó a un nuevo presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tras la renuncia de su antecesora y cambió al ministro de Hidrocarburos, en busca de soluciones a un conflicto que no ha parado de escalar y que supone una prueba de fuego para su gestión.

El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, atribuyó la escasez a la sobredemanda por actividades agrícolas y afirmó que se incrementaron los despachos de diésel, por lo que en los próximos días tendría que regularizarse el suministro.

En este escenario, el presidente manifestó que no teme al aumento de las protestas sociales. “Bolivia quiere cambio y yo no le tengo miedo a las movilizaciones; soy un constructor de la democracia que creció entre marchas y liderazgos históricos”, afirmó el jefe de Estado el viernes tras un encuentro con las nuevas autoridades departamentales. “A lo que le tengo miedo es no tener soluciones al futuro de nuestra patria”, agregó.
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