Yuri Castro 26/06/2026
La oposición al proyecto de la planta de beneficio IGOR continúa creciendo en el distrito de Huaranchal, provincia de Otuzco. Autoridades locales, dirigentes comunales y organizaciones sociales anunciaron nuevas acciones para buscar la paralización de la obra que se construye en el sector La Compasada, al considerar que representa una amenaza para las fuentes de agua que abastecen a diversas provincias de La Libertad.
El presidente del Comité de Defensa de Cabecera de Cuenca del Alto Chicama y alcalde de Huaranchal, Marco Castañeda Paredes, afirmó que presentarán nueva documentación ante las entidades competentes con el propósito de detener el proyecto, promovido por Igor Mining Exploration S.A.C.
Según indicó, la empresa cuenta con autorización para la construcción de la planta, pero sostiene que no dispone de los permisos necesarios para iniciar operaciones, por lo que cuestionó la legalidad de algunas autorizaciones obtenidas durante el desarrollo del proyecto.
Advierten riesgo para el agua y la agricultura
Los dirigentes sostienen que la ubicación de la planta en una cabecera de cuenca podría generar impactos sobre los recursos hídricos que abastecen a las provincias de Otuzco, Gran Chimú y Ascope, zonas cuya economía depende en gran medida de la actividad agrícola.
Marco Castañeda aseguró que continuarán impulsando acciones administrativas y legales para impedir que el proyecto avance mientras persistan cuestionamientos sobre los permisos otorgados y los posibles impactos ambientales.
La protesta más reciente reunió a autoridades locales, rondas campesinas y representantes de organizaciones sociales de Huaranchal y Gran Chimú, quienes recorrieron las principales calles del distrito portando pancartas y mensajes en defensa del agua y del medio ambiente.
Durante la movilización exigieron la paralización inmediata de la construcción de la planta de beneficio, al considerar que el proyecto podría afectar la calidad y disponibilidad del recurso hídrico para miles de familias de la zona.
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El presidente de la Ronda Campesina de Huaranchal, Waldir Segura Ávalos, señaló que la empresa habría alcanzado aproximadamente un 70 % de avance en la construcción de la planta.
El dirigente afirmó que la compañía no contaría con la licencia para el uso del agua ni con la denominada licencia social de las comunidades, por lo que pidió detener los trabajos antes de que la situación derive en un conflicto social.
Asimismo, sostuvo que la población continuará defendiendo el territorio y reiteró que la principal exigencia es el retiro del proyecto del sector La Compasada.
El proyecto minero mantiene dividido el escenario regional entre quienes respaldan el desarrollo de inversiones y quienes priorizan la protección de las cabeceras de cuenca y los recursos hídricos.
Mientras las organizaciones sociales anuncian nuevas acciones para lograr la paralización de la obra, esperan que las autoridades competentes evalúen los cuestionamientos planteados sobre las autorizaciones otorgadas y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
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