Perú

Nexa retoma operación minera en El Porvenir y Atacocha, tras cese de protestas

Brasileña Nexa Resources informó el reinicio de las actividades en sus minas El Porvenir y Atacocha.
La inversión polimetálica de Nexa: US$ 347 mlls. para Perú y Brasil este 2025
Hace una semana, los pobladores del anexo de San Juan de Milpo iniciaron una protesta que interrumpió labores en minas El Porvenir y Atacocha. (Foto: Nexa – El Porvenir).
19/08/2025
La brasileña Nexa Resources comunicó la reanudación de las actividades mineras en sus unidades polimetálicas El Porvenir y Atacocha, ubicadas en el Complejo Cerro Pasco; en un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

De acuerdo con la empresa, las protestas que venían realizando algunos pobladores del anexo de San Juan de Milpo (Pasco) han cesado, permitiendo retomar las labores interrumpidas en las minas desde hace una semana.

“Nexa continúa sosteniendo un diálogo constructivo con los representantes de la Comunidad, y sigue comprometida con el desarrollo sostenible de sus comunidades del área de influencia de sus operaciones”, resaltó la compañía.

Expand IconNexa es uno de los cinco mayores productores de zinc a nivel mundial. (Foto: Nexa).
Nexa es uno de los cinco mayores productores de zinc a nivel mundial. (Foto: Nexa).

Presencia y operaciones de Nexa
Con más de 65 años de operaciones en América Latina, Nexa es uno de los cinco mayores productores de zinc a nivel mundial, según Wood Mackenzie. El portafolio de la compañía incluye cuatro minas subterráneas polimetálicas, una mina a tajo abierto y tres fundiciones —incluida Cajamarquilla, la más grande de las Américas— con operaciones en Perú y Brasil.
https://gestion.pe/economia/empresas/nexa-retoma-operacion-minera-en-el-porvenir-y-atacocha-tras-cese-de-protestas-noticia/

Perú

Dina Boluarte destinó más presupuesto para sofocar protestas que para combatir la minería ilegal

Entre 2023 y 2025, el gobierno de Dina Boluarte incrementó en más de 63% los fondos para controlar movilizaciones, mientras que la lucha contra la minería ilegal solo creció 1,9%, según un informe de La República
Nicol Chauca Alendez
20/08/2025

La Policía se enfrenta con manifestantes durante protestas en las que reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso hoy, en Lima (Perú). EFE/Aldair Mejía
La distribución del presupuesto nacional vuelve a poner bajo la lupa las prioridades del Ejecutivo. Un reciente informe de La República reveló que, durante el gobierno de Dina Boluarte, se destinaron recursos muy superiores al control de protestas sociales en comparación con la lucha contra la minería ilegal, una de las actividades ilícitas más lucrativas y violentas del país.

Según la investigación periodística, el Ministerio del Interior recibió S/1.125 millones en 2025 para el programa “Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público”. En contraste, el mismo año, los fondos dirigidos al combate de la minería ilegal apenas alcanzaron S/63.2 millones, cifra considerada insuficiente frente a la magnitud del problema.

Cifras que evidencian las prioridades del Ejecutivo
De acuerdo con los registros revisados por La República, el presupuesto contra la minería ilegal mostró variaciones mínimas entre 2023 y 2025. En 2023, Boluarte destinó S/62 millones a este objetivo; en 2024, la cifra se elevó a S/79.7 millones; y en 2025, el monto volvió a reducirse a S/63.2 millones.

Sin embargo, el asesinato de 13 trabajadores en un socavón de Pataz, La Libertad, fue un punto de quiebre. El hecho obligó a la presidenta a viajar a la zona y anunciar un “enfrentamiento sin cuartel” contra las mafias del oro. A raíz de la tragedia, el presupuesto inicial para este año fue modificado a S/83.6 millones, un incremento de poco más de S/20 millones.

La diferencia se acentúa al contrastarlo con el gasto destinado en programas contra protestas. En 2023 se asignaron S/687.4 millones, en 2024 se subió a S/715.6 millones y en 2025 se disparó a S/1.125 millones. Es decir, mientras los fondos para conflictos sociales aumentaron 63,74% en el período, el presupuesto contra la minería ilegal apenas creció 1,98%.

La brecha resulta más llamativa si se considera que, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la minería ilegal aurífera mueve aproximadamente US$6.840 millones al año, superando al narcotráfico y la trata de personas.

Policías con pocos recursos
Fuentes policiales consultadas por el medio señalaron que la asignación resulta insuficiente para enfrentar a las bandas criminales. “La minería ilegal ha superado al narcotráfico. Un kilo de cocaína se cotiza en US$2.500, mientras que uno de oro supera los US$100.000. Sin embargo, contamos con pocos recursos para combatir a las mafias del oro”, comentaron.

El kilo de oro ilegal
El kilo de oro ilegal puede alcanzar los 100 mil dólares en el mercado negro, superando con creces al narcotráfico, según el Mininter. (Composición Infobae/ Fotos Sector Minero Energético/Política Exterior)
Los efectivos añadieron que apenas disponen de 40 vehículos para sus operativos, cuando se requieren al menos 200 para cubrir las principales zonas afectadas. “Se combate de manera desigual con organizaciones criminales que manejan mucho más presupuesto que la Policía”, enfatizaron.

De los S/63,2 millones asignados en 2025, solo S/15 millones llegaron a la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, unidad especializada en enfrentar la minería ilegal. El resto fue distribuido en otras dependencias, diluyendo la capacidad operativa.

Operativos limitados frente a un negocio millonario
En lo que va del año, la Dirección de Medio Ambiente de la PNP realizó 3.860 operativos a nivel nacional, de los cuales 1.360 estuvieron vinculados directamente a la minería ilegal. Se incautaron maquinarias, motores, combustible y armas por un valor cercano a S/2.000 millones.

Más de cinco horas duró el operativo en La Libertad, donde se incautó armamento militar usado por grupos armados que protegían actividades de minería ilegal.
A pesar de los resultados, las autoridades reconocen que el impacto sigue siendo limitado, ya que la estrategia se concentra en los eslabones más débiles de la cadena: los mineros ilegales en los socavones. Los grandes exportadores que adquieren el oro ilícito, sin embargo, permanecen fuera del radar de las operaciones.

Estado de emergencia y fondos mal distribuidos
Tras la masacre en Pataz, el gobierno declaró el estado de emergencia en la provincia e incorporó S/52,6 millones adicionales para intensificar la fiscalización del transporte de insumos químicos y explosivos.

De ese monto, S/26 millones fueron transferidos a las Fuerzas Armadas, mientras que apenas S/6 millones se dirigieron a la Policía Nacional, institución que cuenta con personal especializado en minería ilegal.
https://www.infobae.com/peru/2025/08/20/dina-boluarte-destino-mas-presupuesto-para-sofocar-protestas-que-para-combatir-la-mineria-ilegal/

Honduras

Las investigaciones de Juan López antes de morir revelan un trama de corrupción, bandas criminales, extractivismo e intereses políticos.

19/08/2025
El defensor del ambiente Juan López fue asesinado hace casi un año. EL proceso social que impulsaba estaba relacionado con la defensa del río Guapinol, del Parque Nacional Escaleras en Honduras, frente a mega proyectos extractivos mineros, en los que estaban involucrados, como es un práctica recurrente, los poderes políticos y económicos.

Las últimas investigaciones que hizo Juan López apuntan a empresas vinculadas a estructuras criminales beneficiadas por el alcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez. Previo a su asesinato, el 14 de septiembre de 2024, Juan López investigaba a Xiomara Lideny Molina Tábora, quien recibió contratos millonarios de la alcaldía de Tocoa. Once meses después del crimen, Contracorriente revela que tres empresas vinculadas a Molina y a familiares de la presunta banda criminal «Los Tábora» recibieron pagos por más de 4,6 millones de lempiras solo en 2024. Con esto, Juan pretendía evidenciar los vínculos del alcalde Adán Fúnez con la corrupción y personas relacionadas a supuestos grupos armados, pero fue silenciado.

Un reportaje de: Jared Olson y Fernando Silva
en Contra Corriente – Honduras
Difundido por Red Iglesias y Minería

Chile, Litio

Contrato de litio para proyecto chileno Salares Altoandinos está listo para firma: ministerio

FOTO DE ARCHIVO. Vista de piscinas de evaporación de litio y otros minerales en el salar de Atacama, Chile · Reuters
18/08/2025 (Reuters) -El Ministerio de Minería de Chile dijo el lunes que el Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) del proyecto Salares Altoandinos, de la estatal Enami con la global Rio Tinto, está listo para ser firmado por las partes, tras recibir su última aprobación reguladora.

La agencia estatal Cochilco aprobó la suscripción del permiso que permitiría el desarrollo de la iniciativa de más de 3.000 millones de dólares.

«Tras este hito solo resta la firma de las partes para celebrar el primer CEOL» dentro de la Estrategia Nacional del Litio lanzada por el gobierno, dijo en un comunicado.

Días atrás, el proyecto recibió el visto bueno de la Contraloría chilena.

Enami prevé que la iniciativa arranque en 2032 con una producción anual de 35.000 toneladas métricas, que aumentará gradualmente en tres años hasta las 75.000 toneladas.

En mayo, la estatal anunció que escogió a Rio Tinto como su socia del proyecto, que tras recibir el contra deberá impulsar los estudios de prefactibilidad.
(Reporte de Fabián Andrés Cambero)
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/contrato-litio-proyecto-chileno-salares-203907912.html

Ecuador

Plantón en Victoria del Portete contra minería en Quimsacocha

19/08/2025
Plantón en Victoria del Portete, al sur de Cuenca, contra minería en Quimsacocha. Plantón en Victoria del Portete, al sur de Cuenca, contra minería en Quimsacocha.
La mañana de este martes, 19 de agosto, integrantes de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) hicieron un plantón en Victoria del Portete en contra del proyecto minero Loma Larga.

A esta jornada de protesta se unieron pobladores de Tarqui y otras parroquias cercanas, así como activistas sociales que defienden los derechos de la naturaleza.

Los manifestantes se ubicaron frente a las oficinas de Dundee Precious Metals (DPM) Ecuador S.A., que están situadas cerca de la Unidad Educativa del Milenio, para exigir que la empresa sea retirada de la zona.

Como parte de la protesta, también realizaron una denuncia telemática ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), expresando su desacuerdo con una consulta realizada por DPM.

El 28 de agosto de 2023, la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Azuay suspendió el proyecto y ordenó una consulta previa con la comunidad de Escaleras, que es la zona de influencia del proyecto minero.

Asimismo, el 19 de mayo de 2025, la Cámara de Minería del Ecuador (CME) informó que se cumplió con dicha consulta, y que el 100% de los habitantes de la localidad aprobó el avance de la intervención minera.

La FOA, junto a otras organizaciones campesinas, tiene prevista una marcha en Cuenca el 16 de septiembre para exigir la revocatoria de la licencia ambiental otorgada al proyecto Loma Larga.

Igualmente, para el 23 de septiembre, se tiene planeado un paro indefinido, que incluirá el cierre de vías, con la misma exigencia. A esta medida se unirá la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
https://elmercurio.com.ec/cuenca/2025/08/19/planton-mineria-quimsacocha-cuenca/

Perú

LA SED DE ORO DE CHINA Y EL AUGE DE EXPORTACIÓN DE CONCENTRADO DE ORO PERUANO

Thomas Niederberger 19/08/2025
El gobierno de China estaría adquiriendo oro a un ritmo voraz, como parte de un esfuerzo estratégico para reducir la dependencia del dólar estadounidense. De esta manera, estaría fomentando la minería ilegal en los países del sur, según una investigación del Washington Post. Al mismo tiempo, observamos un crecimiento acelerado de exportaciones de concentrado de oro desde el Perú a China. ¿Es parte de la misma tendencia?

En un reportaje publicado el 12 de agosto en el Washington Post (ver un resumen en español por Infobae), se plantea que la adquisición de oro para aumentar sus reservas estratégicas responde a una política del gobierno chino para aislarse de posibles sanciones de Estados Unidos y reforzar su posición en el sistema monetario internacional. Facilitada a través de redes de empresas chinas, pero también alimentada por operaciones vinculadas a organizaciones criminales, esta política estaría fomentando un aumento de la extracción ilegal de oro en todo el sur global, con impactos ambientales y sociales desastrosos.

Se trataría de una tendencia global, con los ejemplos detallados en el reportaje de Indonesia, Ghana y la Guayana Francesa, sin mención a Perú. Sin embargo, los hallazgos resuenan con una tendencia notable en los datos nacionales: el crecimiento de exportaciones de concentrados de oro de Perú a China, por un factor de casi 20 desde el 2019.

Como se sabe, el oro se exporta típicamente en lingotes de oro doré, por avión, hacia las refinerías situadas en Suiza, Canadá y, cada vez más, hacia India y Emiratos Árabes. Mientras, en el caso del concentrado de oro, clasificado con código del sistema armonizado de mercancías HS 261690 (“Minerales de oro y sus concentrados”), se trata de un concentrado polimetálico, cuyo elemento más valioso es el oro, pero que también contiene cobre, plata, plomo, zinc u otros elementos que requieren de una fundición especializada para separarlas.

Esta última modalidad de la exportación de oro en concentrados por vía marítima no tuvo mayor relevancia hasta muy recientemente. Hasta 2019, no llegó a tener más de 24 mil toneladas anuales, a un valor de US $45 millones. En 2020, casi se triplicó comparado con el año anterior. Y en 2024 llegó a casi 400 mil toneladas, valorizadas en US $884 millones, es decir, un aumento en factor 20 comparado al 2019. Este auge corresponde, justamente, al período post-pandémico, en paralelo al crecimiento de la minería informal e ilegal en el país. Casi la totalidad de concentrados de oro se exportan a China y, en mucho menor medida, a otros destinos como Alemania.


¿Quién exporta concentrados de oro?

A base de una revisión inicial de los datos detallados de declaraciones de exportación por empresas (a los que se tuvo acceso via el portal panjiva.com), dos características de esta modalidad de exportación de concentrados de oro nos llaman particularmente la atención:

Casi todos son exportados por empresas comerciantes (traders) que no operan minas, es decir, lo compran de otras fuentes. Varios de ellos se han creado recientemente.
Muchos de los envíos por vía marítima son cantidades relativamente pequeñas, a veces no más de 100 toneladas de concentrados, empacados en bolsas o ‘big bags’.

El hecho de que las exportaciones se hagan vía traders significa que no conocemos el origen del mineral, ya que no figura en su declaración al momento de embarcar. Sin embargo, podemos asumir que se trataría, en gran parte, de concentrados producidos en las cientos de pequeñas plantas de beneficio a lo largo del país que reciben mineral extraído por mineros artesanales informales e ilegales, algo parecido a lo que pasa con los concentrados de cobre de la minería informal. Otra fuente posible serían pequeñas y medianas minas formales.

Si miramos la lista de las empresas exportadoras de concentrado de oro en los últimos 5 años, las primeras tres son Trafigura (568 mil toneladas), IXM (127 mil toneladas), y Humon Latin America S.A. (50 mil toneladas). Trafigura, con sede en Suiza y Singapur, es el principal trader con depósitos en el Callao. IXM (anteriormente Luis Dreyfus) también tiene su sede matriz en Suiza y opera depósitos grandes en el Callao, pero pertenece al consorcio chino CMOC. Humon Latin America forma parte del grupo empresarial Humon, que opera fundiciones en China.

El restante, aproximadamente una cuarta parte del total, se divide entre una treintena de empresas comerciantes, desde nombres conocidos, que principalmente exportan concentrados de cobre, como MCC / Metallica Commodities, Andina Trade, Metco Trading, Hartree Metals Peru, u Optamine, hasta otros que son de creación reciente y que muestran relativamente pocos envíos, de cantidades pequeñas.


Otro dato llamativo es que Perú también importa concentrados de oro desde Ecuador, Colombia (vía marítima) y Bolivia (por camión). Si bien son cargas relativamente menores, típicamente por unas 100 toneladas, en bolsas, el total de los últimos 5 años llega a 83 mil toneladas, por un valor declarado de 549 millones de dólares. También acá, la mayor parte es del último año y, principalmente, a cargo de Trafigura e IXM, que aparentemente utilizan sus depósitos en el Callao como centro de acopio para luego embarcar estos concentrados, junto con otros de origen peruano, hacia China.

Sabiendo muy bien que la extracción de oro, tanto en Perú como en los países vecinos, es en gran parte ilegal o, por lo menos, de un área gris llamada ‘informal’, y que este sector se encuentra crecientemente vinculado con el crimen organizado y hasta controlado por grupos armados, nos preguntamos: ¿Qué está pasando acá? ¿Estas empresas traders pueden garantizar el origen legal del concentrado de oro que exportan?

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Trujillo 678, Magdalena del Mar, LIMA 17 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Argentina

Resistencia a la explotación de una mina de uranio en La Rioja III

En nota anterior decíamos que la lucha contra la minería del uranio en La Rioja comenzó en 2008 y que, en 2010, las perforaciones exploratorias de la CNEA «permitieron determinar la presencia de mineral de uranio».
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Ing. Juan Vernieri
18/08/2025
Por entonces los vecinos impedían el paso de vehículos de la Comisión Nacional de Energía Atómica por la ruta 38, con el objeto de manifestar su intención de evitar que se pusiera en marcha la extracción de uranio en el denominado Cordón del Velazco, que rodea la ciudad capital de la provincia.

En 2012, las masivas marchas y protestas contra la minería del uranio en La Rioja, impulsaron la promulgación de la Ordenanza Municipal N.º 4930, que declaró el departamento Capital «Zona No Nuclear», y prohibió el cateo, la prospección, exploración, explotación o industrialización del uranio o cualquier otra sustancia radiactiva.

A fines de 2013, las localidades ubicadas en la Quebrada Alipán sufrieron una crisis hídrica. La Asamblea Riojana Capital registró, mediante fotografías y videos, el uso del agua para las actividades de la CNEA, «imágenes del desastre que están haciendo en nuestros cerros».

En octubre, la Municipalidad de La Rioja clausuró preventivamente la mina. La CNEA respondió con un amparo mediante el cual solicitó la nulidad de la Resolución Municipal y la inconstitucionalidad de la Ordenanza N.º 4930. Ese fue el comienzo de una larga batalla judicial.

En marzo de 2014, la Asamblea Riojana Capital y los Vecinos Autoconvocados de Puerto Alegre al Cantadero, comenzaron un acampe y bloqueo selectivo sobre la Ruta Nacional N.º 38, en la entrada al predio.

Durante 6 meses impidieron el paso de la maquinaria de la CNEA. Marisa Romero, de la Asamblea Riojana Capital, dijo que «la megaminería acarrea para las poblaciones cercanas todas las consecuencias nefastas para el ambiente, para el agua, para la salud, pero en caso de la minería de uranio todo esto se potencia porque estamos hablando de radiactividad, de una contaminación que se acumula y que incluso afecta a las generaciones futuras».

En 2017, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba convocó a las partes a una audiencia conciliatoria.

La Asamblea Riojana Capital presentó más de 2500 firmas de vecinos que se oponen a la minería del uranio. Finalmente, la Cámara declaró la inconstitucionalidad de la Ordenanza N.º 4930. La Municipalidad de La Rioja apeló la resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero el fallo de la Corte fue adverso para los vecinos, confirmó que la Ordenanza N.º 4930 era inconstitucional, lo que significó que dejó de tener efecto.

El fallo puso en evidencia una tensión entre las competencias del municipio y las de los poderes federal y provincial. La ordenanza buscaba prohibir actividades como la minería a cielo abierto con el uso de sustancias tóxicas, algo que, según el fallo, excedía las facultades del municipio. La Corte Suprema afirmó que, en estos casos, la regulación de actividades mineras y nucleares corresponde a la Nación y a la Provincia, no al municipio.

La decisión judicial generó una fuerte reacción por parte de las asambleas riojanas y los grupos ambientalistas, que habían impulsado la ordenanza. Consideraron el fallo como una derrota y una puerta abierta para la megaminería en la provincia. Instaron al municipio a seguir defendiendo la postura de «No a la megaminería» y a utilizar otras herramientas legales para proteger el medio ambiente.

A raíz del fallo, los grupos de ciudadanos convocaron a la movilización y a la presión política para que el Intendente de ese momento respetara la «voluntad del pueblo» de no permitir proyectos mineros. Se instó a rechazar cualquier pedido de autorización y a seguir la lucha por la defensa del agua y la vida más allá de las instancias judiciales.
https://www.elchubut.com.ar/carta-del-lector/2025-8-18-9-19-0-resistencia-a-la-explotacion-de-una-mina-de-uranio-en-la-rioja-iii

Ecuador

Esto dijo el colegio de Arquitectos del Azuay sobre el proyecto minero Loma Larga

Esto se da en medio de protestas y cierres viales por parte de ciudadanos y activistas de la ciudad.
18/08/2025
El Colegio de Arquitectos se pronunció sobre el proyecto minero Loma Larga. /Cortesía El Colegio de Arquitectos se pronunció sobre el proyecto minero Loma Larga. /Cortesía
El Colegio de Arquitectos del Azuay se pronunció sobre el proyecto minero Loma Larga, de la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals.

Lo hizo el 15 de agosto de 2025, mediante un comunicado posteado en redes sociales.

En este, el directorio mostró su apoyo “en defensa del agua, los ecosistemas y los derechos colectivos”.

La entidad calificó de “amenaza” al proyecto de minería metálica Loma Larga, ubicado en los páramos de la provincia del Azuay.

Es así que, manifestó su rechazo “de manera firme y categórica la ejecución del proyecto minero”.

De acuerdo con el Colegio, el proyecto representa un alto riesgo para la integridad de los ecosistemas de alta montaña, particularmente, en los páramos de Quimsacocha.

Además, en el manifiesto, advirtieron impactos severos en la cantidad y calidad del recurso hídrico.

Esto, por las alteraciones en el ciclo hidrológico provocadas por la intervención minera en zonas de nacientes y cuerpos de agua.

También, alertaron sobre la degradación de ecosistemas frágiles y la pérdida de servicios ecosistémicos fundamentales como:

La regulación hídrica
El control de erosión
Captura de carbono
Aprovecharon el comunicado para denunciar las consecuencias sociales y económicas negativas derivadas de la afectación a diversas actividades productivas locales como:

El turismo sostenible
La agricultura familiar
La ganadería
La construcción
La artesanía
El comercio
El Colegio apoya informe de ETAPA
Por otra parte, el Colegio respaldó los informes técnicos y científicos de la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ETAPA).

Según el Colegio, este informe evidencia la inviabilidad ambiental del proyecto minero.

Desde la entidad profesional rechazaron los procedimientos administrativos y políticos del gobierno actual y los anteriores, que han favorecido a la minería en zonas ambientalmente sensibles.

Para el Colegio de Arquitectos, «contravinieron principios constitucionales y la voluntad popular expresada a través de mecanismos de consultas populares».

Finalmente, conminaron a Carlos Cárdenas Rivera, juez constitucional, para que actúe en derecho y responsabilidad, dejando de lado cualquier tipo de presión gubernamental, política y económica. (I)
https://elmercurio.com.ec/actualidad/2025/08/18/colegio-arquitectos-pronunciamiento-loma-larga/

Bolivia, Litio

Cívicos de Potosí cumplen marcha contra los contratos del litio y no descartan acciones ‘más fuertes’

Marcha de Comcipo en la Villa Imperial. Foto: captura video
19/08/2025

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) cumplió este martes una marcha de protesta en rechazo a la aprobación de los contratos del litio en el Legislativo y no descartó que se puedan asumir acciones “más fuertes” si se avanza su tratamiento en el pleno.

La medida de presión recorrió diferentes calles de la Villa Imperial y reunió a diferentes sectores como gremiales, trabajadores municipales, maestros, entre otros, quienes portaban banderas del departamento y arengas en defensa del recurso natural.

La marcha concluyó en la plaza 10 de Noviembre con un mitin de protesta donde el presidente cívico Alberto Pérez lanzó duras críticas a los legisladores de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados por aprobar el contrato con la rusa Uranium One Group el 12 de agosto.

“Estamos en pie de lucha y el Comité de Movilizaciones lo primero que tiene que hacer es iniciar con medidas y las medidas van a ser fuertes porque ya no los vamos a perdonar de que puedan negociar de que puedan vender nuestro litio a espaldas del pueblo potosino”, advirtió.

El cívico también cuestionó la intención del Gobierno de buscar la aprobación del contrato pese a las observaciones y a pocos meses de concluir con su mandato.

La aprobación del contrato del litio fue en el hemiciclo del pleno debido a que en la sala donde sesionaban se encontraban en vigilia algunos diputados que rechazaron la aprobación del documento y representantes cívicos. ///agc
https://erbol.com.bo/econom%C3%ADa/c%C3%ADvicos-de-potos%C3%AD-cumplen-marcha-contra-los-contratos-del-litio-y-no-descartan-acciones-

Bolivia, Litio

Jueza congela los contratos del litio hasta que se evalúe impacto ambiental

La Defensoría del Pueblo activó el proceso.
20/08/2025

A pedido de la Defensoría del Pueblo, una jueza agroambiental de La Paz ha determinado que la Asamblea Legislativa suspenda el tratamiento de los contratos para la explotación del litio, en tanto se cumpla aspectos como la evaluación de impacto ambiental y la consulta previa.

En este caso, el proceso legal fue activado por la Defensoría del Pueblo, que a su vez solicitó medidas cautelares para proteger a los habitantes de la región del Salar de Uyuni y el medioambiente.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, explicó este miércoles que la jueza agroambiental admitió las medidas cautelares y dispuso la suspensión momentánea del tratamiento de los contratos con las empresas CBC de China y Uranium de Rusia.

Se estipuló condiciones para retomar el tratamiento de los contratos: primero que se informe acerca de la realización de un estudio de impacto ambiental estratégico, particularmente con referencia a los recursos hídricos.

La segunda condición es que se realice un estudio acerca de las aguas fósiles en la región.

Tercero, la jueza instruyó que se realice un proceso de consulta previa, libre e informada, hacia los habitantes del sector que sería afectado con los proyectos de litio.

Finalmente, dispuso que, antes del tratamiento legislativo de estos contratos, la Asamblea deba solicitar el estudio de evaluación de impacto ambiental estratégico, convocando también a los actores para la consideración de sus contenidos.

Callisaya aclaró que la Defensoría no está en contra de ninguna iniciativa económica que pueda emprender el gobierno o el Estado boliviano, pero considera que se deben respetar los Derechos Humanos y ambientales.

Anteriormente, el Gobierno argumentó que no se podía realizar la evaluación de impacto ambiental, porque aún no se conoce el lugar dónde estarán los proyectos.
https://erbol.com.bo/nacional/jueza-congela-los-contratos-del-litio-hasta-que-se-eval%C3%BAe-impacto-ambiental