23/05/2025 www.cooperaccion.org.pe
Desde hace varias semanas, CooperAcción viene siendo objeto de un ataque mediático sistemático que tergiversa nuestro trabajo en defensa de los derechos humanos y el ambiente. Como parte de esta campaña, el diario Perú 21 hizo publicaciones que dañan nuestra imagen y reputación ya que carecen de todo fundamento y constituyen una grave distorsión de nuestra labor. Dichas publicaciones aparecieron tanto en la portada como en dos páginas interiores de su edición del 17 de mayo de 2025, así como en su edición web.

El 17 de mayo de 2025, Perú 21 publicó en portada un titular indicando falsamente que nuestro trabajo “ayuda a fortalecer a los ilegales” y que nuestra institución es “enemiga de la minería formal”. Como subtítulo, también en la portada, señala “Negocio detrás de la protesta. Llevan a políticos profesionales para organizar a comuneros en contra de la explotación de cobre”. El conjunto de mensajes ocupa casi toda la portada del diario. En las páginas 2 y 3 de la versión impresa, el diario desarrolla la nota acusando a CooperAcción de “activismo antiminero” y de realizar “campañas contra empresas mineras formales”. Esto se reproduce también en la versión web (https://peru21.pe/investigacion/fundacion-ford-millonaria-subvencion-para-activismo-antiminero/) donde se coloca, como refuerzo de las afirmaciones de portada, la imagen de una persona que ha sido candidata a la presidencia de la República hablando delante de un papelógrafo escrito a plumón. Esta imagen se reproduce al interior de la versión impresa.

En estas publicaciones, hay cinco afirmaciones falsas:

Se insinúa que CooperAcción “ayuda a fortalecer a los ilegales”
Que nuestra institución es “enemiga de la minería formal”
Que “lleva a políticos profesionales a organizar a comuneros contra la explotación de cobre”
Que CooperAcción realiza “activismo antiminero en el sur andino”
Que hemos recibido una donación para realizar campañas contra empresas mineras formales.

Estas afirmaciones son FALSAS, como demostramos a continuación:

1.CooperAcción tiene una crítica muy clara a la minería ilegal e informal expresada en sus diversas publicaciones y en nuestra práctica, por los graves impactos ambientales y sociales que provoca[1].

En ese sentido, nuestra institución viene señalando, desde hace varios años, que la política de formalización minera ha fracasado y que se requiere acciones que aborden la complejidad de este problema y limiten su expansión.

Además, apoyamos actividades alternativas para defender el bosque y la seguridad alimentaria, a fin de promover condiciones que permitan a las familias tener opciones económicas para resistir al avance de la minería ilegal.

Producto de ello, mineros ilegales e informales saquearon y quemaron nuestras oficinas en el distrito del Cenepa el 26 de octubre de 2022, tal y como consta en el expediente fiscal No 1227016201-2024-5-0 abierto a raíz de dicho ataque.

2. CooperAcción no es “enemiga de la minería formal”. Promueve que la minería cumpla con los mejores estándares internacionales, tanto en materia ambiental, social y fiscal, como las propias empresas afirman. Esto, en el marco de una apuesta por una nueva gobernanza en el país para este sector, que es muy importante. Consideramos que esa necesaria gobernanza deberá asegurar las condiciones de existencia y los derechos de las poblaciones locales. Para contribuir a este objetivo, nos hemos sentado innumerables veces en mesas de diálogo y hemos promovido cambios institucionales en políticas y normas; así como en prácticas corporativas. Buscamos construir salidas dialogadas y pacíficas a los conflictos. CooperAcción promueve una cultura de paz para el país.

Al respecto, hemos aportado y seguiremos aportando propuestas concretas para una mejor gobernanza del sector minero en el Perú[2].

3. CooperAcción no lleva a “políticos profesionales” a organizar a comuneros contra la explotación de cobre. Nuestro trabajo busca sensibilizar en derechos, es decir, brindar información a las poblaciones sobre sus derechos y cuáles son los mecanismos existentes para defenderlos en el marco de actividades que puedan eventualmente afectarlos.

Además, apoyamos a las organizaciones locales para promover actividades productivas amigables con el ambiente, que permitan garantizar la seguridad alimentaria, por ejemplo: experiencias locales de agroecología, siembra y cosecha de agua, forestación, crianza de animales menores, entre otras.

También promovemos diálogos con actores de la academia, el sector empresarial y autoridades públicas sobre los estándares que se necesitan para una nueva gobernanza que asegure el respeto a los derechos de las poblaciones locales y un ambiente saludable.

Sobre la imagen que acompaña los titulares y la noticia, afirmamos que no corresponde con el texto, al no tener esta persona ninguna relación con las actividades organizadas por CooperAcción. Además, esa imagen no corresponde a una actividad en la que CooperAcción haya participado y menos aún organizado.

4. No realizamos activismo antiminero. No estamos en contra de las empresas mineras, sino contra las malas prácticas. Por ello, documentamos lo que está mal para que, en un ánimo constructivo, sea corregido. Además, muchos de los problemas se originan en una institucionalidad ambiental débil que requiere ser fortalecida. Identificamos también esas debilidades, con toda la rigurosidad necesaria, para elaborar propuestas para que el diseño institucional mejore y se asegure la protección de derechos.

5. Los recursos que recibimos no están orientados a campañas contra la minería formal sino a la defensa de derechos de los actores sociales que ven amenazadas sus condiciones de existencia en la Amazonía y en el sur andino, y siempre a buscar construir salidas dialogadas y pacíficas a los conflictos. Apostamos por una cultura de paz para el país.

Más aún, los fondos que percibimos nos permiten defender a los líderes locales que, por ejemplo, en la región amazónica, se enfrentan directamente a las amenazas de los mineros ilegales para defender sus territorios, por lo que mal se podría decir que nuestro trabajo favorece a la minería ilegal.

Las informaciones falsas y tendenciosas mencionadas dañan el honor y la reputación de CooperAcción, institución con casi 30 años de trayectoria trabajando en la defensa de los derechos humanos y del ambiente. Por ello, hemos cursado al mencionado diario una carta notarial exigiendo su RECTIFICACION en un plazo de 24 horas, en los términos y condiciones en que fueron emitidas, en su versión impresa y en su página web. De no recibir una respuesta satisfactoria en el plazo señalado, procederemos a ejercer las acciones legales correspondientes, incluyendo las de naturaleza civil y penal, sin perjuicio de otras medidas que correspondan. Hacemos esta solicitud recordando que el honor y la buena reputación es un derecho protegido por nuestra Constitución Política y su agravio constituye un delito.

[1] Véase, solo a modo de una pequeña muestra, las siguientes publicaciones:

Los devaneos de la política de lucha contra la minería ilegal (2025): https://shorturl.at/ZIwus
Comentarios al proyecto de pequeña minería y minería artesanal (2024): https://shorturl.at/YguuS
La gobernanza de la minería en pequeña escala en el Perú (2019): https://shorturl.at/cuUKG
Editorial del Boletín Actualidad Minera del Perú: “Minería informal e ilegal: lo que está pasando por estos días” (febrero 2025): https://shorturl.at/og8jA
Posicionamiento de CooperAcción sobre la problemática de la minería informal y la abiertamente ilegal (marzo de 2024): https://shorturl.at/cTOIZ

[2] Véase, a modo de muestra, los siguientes documentos:

La construcción de una propuesta de gobernanza para las zonas con presencia minera (2024): https://shorturl.at/84Ifn
Guía de debida diligencia para las actividades mineras (2024): https://shorturl.at/bdTav
Conviviendo con la minería en el sur andino (2016): https://shorturl.at/dI7t

en su propio cuerpo y en su salud que le era arrebatada día a día. A sus cortos 12 años murió a causa de intoxicación con arsénico y plomo.
Cerro de Pasco – Perú
¿Cómo le dices a tu hija que por haber nacido en donde ha nacido, está ya condenada a la intoxicación y la muerte? Cómo puedes vivir en paz, cuándo sabes que tus hijos tienen que jugar respirando aire envenenado? ¿Cómo les dices, que deben permanecer ahí, porque es la tierra donde siempre han vivido, donde han aprendido a trabajar, donde están todos sus lazos?

La historia de Zoe, debe dolernos a todos. Tenía 12 años y cuando nació en Cerro de Pasco, Perú, su pueblo, ya se registraban graves daños al ambiente en el que vivía y se desenvolvía la población. Este poblado, que se visualiza como un inmenso hueco en la tierra, ha sido declarado como una zona de sacrificio en América Latina según la ONU y según estudios de la Organización Mundial de la Salud los niveles de metales pesados sobrepasan en cientos de veces los límites de seguridad nacionales.

Sus padres hicieron de todo para salvar a su hija, gastaron todo lo que tenían, y más allá de lo que tenían buscaron medios económicos, para que su hija pueda recibir un tratamiento. Siendo una de las localidades que más ganancias le representa al Perú, sus pobladores, con una abrumadora mayoría enferma, intoxicada, debe recorrer kilómetros de distancia para acceder a atención médica, que aún así no es especializada y tampoco con acompañamiento recurrente. La atención médica para los habitantes de Cerro de Pasco, así como en todos los lugares de extracción minera, es desastrosa y una deuda histórica, que a las autoridades y las empresas explotadoras, no les interesa atender, aún pese a los reclamos, insistencia y demandas de las víctimas de esta operación minera.

Dejaron a morir a Zoe por su indiferencia y negligencia

El estado, con sus gobiernos de turno, una y otra vez ignoraron que Zoe y cientos de niños más, vivían con esta intoxicación crónica por culpa de su negligencia, de su indolencia, de su irresponsabilidad. La empresa Volcán que es la responsable del desastre en esta zona, de origen peruano, que desde el 2017 tuvo más de 50% de sus capitales en manos de la gigante anglo – suiza Glencore y actualmente mayoritariamente con capitales argentinos a cargo de la firma Integra Capital; informa en su página web que cumple con los estándares ambientales y de responsabilidad social. Su emporio de destrucción ha crecido cada año, a costa de la vida de las personas.

Zoe sufrió mucho. Su calidad de vida mermaba todos los días. Zoe ha dejado el vacío en su familia, pese a la lucha incansable de sus padres y vecinos. A los niños de Cerro de Pasco les une la desgracia heredada desde tiempos de la colonia. Según versa una investigación de enero 2024, publicada por el portal Mongabay, los niveles de coeficiente intelectual de los niños que viven en Cerro de Pasco se han visto afectados significativamente por la exposición a metales pesados.

LEA MÁS AQUÍ La historia de ZOE: https://iglesiasymineria.org/2025/05/16/zoe-la-nina-que-murio-envenenada-por-el-empresa-minera-volcan-y-por-el-estado-peruano-su-historia-es-la-historia-de-cerro-de-pasco/

Red Iglesias y Minería

24/04/2025 Habían sido condenados en primera instancia
La líder comunal Lisbeth Abarca, una de las absueltas. . Imagen: EFE
Once líderes comunales y activistas peruanos fueron absueltos por un tribunal superior, tras haber sido sentenciados a penas de entre 8 y 9 años de cárcel por su participación en 2015 en unas protestas contra la gran mina de cobre Las Bambas.

Los comuneros protestaron en 2015 por el cambio en el estudio de impacto ambiental para permitir el paso diario de unos 170 camiones cargados con el mineral por territorios de las comunidades andinas, algo que iba a afectar tanto su salud como el medioambiente.

La mina Las Bambas es considerada una de las mayores explotaciones de cobre en Perú y la más grande de una empresa china en América Latina, pero ha recibido quejas por su aparente impacto negativo en el respeto de los derechos humanos de los pobladores.

«Esta sentencia sienta un precedente muy importante»
Luego de que una sala penal revocó las sentencias que se habían dictado contra los líderes por los delitos de disturbios y daños agravados, varios de ellos y sus abogados ofrecieron una rueda de prensa en Lima para dar detalles del proceso judicial.

«Para nosotros es un nuevo día hoy día, porque hasta ayer hemos pasado una penuria para nuestras familias, nuestros hijos, era una situación triste», dijo Maximiliano Huachaca, quien enfrentaba una condena de ocho años y el pago de una reparación civil a favor del Estado y de la firma china MMG, que desarrolla el megaproyecto de Las Bambas en el departamento andino de Apurímac.

Aseguró que con esta sentencia han encontrado «la justicia verdadera», después de una «dura lucha» que ha durado casi una década.

Uno de los abogados de los comuneros, David Velazco, expuso que tras la apelación que presentaron en 2024 tras un primer fallo, la Sala Penal de Apelaciones de Apurímac cuestionó la existencia probatoria de la figura de la autoría mediata de los activistas sobre estos delitos.

«Saludamos la sentencia, agradecemos que los magistrados hayan hecho justicia, esta sentencia sienta un precedente muy importante en la lucha contra la impunidad cuando se abren procesos arbitrarios contra los defensores de derechos humanos y del ambiente», afirmó Velazco.

En este sentido, la abogada Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) aseguró que este proceso judicial «ha evidenciado la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución y criminalización de defensores».

Lisbeth Abarca, otra de las personas que habían recibido una condena de prisión, expresó que este largo proceso judicial les ha causado mucho daño psicológico, tanto a ellos como a sus familias. «Nos han restringido incluso en el trabajo. Este proceso largo ha afectado a nuestros hijos, esposas, padres y madres», denunció.

Asimismo, los defensores afirmaron que las investigaciones de este caso no han acabado, puesto que las tres muertes de comuneros ocurridas durante las protestas aún no tienen responsables. «Mientras a nosotros nos aceleraron el proceso, las investigaciones por los fallecidos están estancadas. Hay niños huérfanos y viudas que siguen esperando justicia», agregó Huachaca.
https://www.pagina12.com.ar/820621-peru-absuelven-a-11-personas-que-encabezaron-protestas-contr

05/05/2025
El hallazgo sin vida de los 13 mineros que habían sido secuestrados el pasado 25 de abril, es un nuevo capítulo de la espiral de violencia que se vive en esta provincia de la sierra de La Libertad.

De lo que se sabe, los trabajadores asesinados laboraban para la contratista R&R, y según información proporcionada por la propia empresa minera Poderosa, brindaban servicios a un minero artesanal con quien “mantiene un contrato de explotación”. Al parecer, previamente la zona en disputa había sido invadida violentamente por ilegales y los trabajadores habrían llegado al lugar para desalojarlos.

Este hecho es una clara evidencia de que el estado de emergencia no ha funcionado en Pataz y de que la disputa por el control de la extracción de oro en esta zona del país es cada vez más violenta. La Libertad sigue siendo la zona del país con mayor índice de criminalidad y Pataz es un buen ejemplo de ello. Desde el 12 de febrero del 2024 se declaró el estado de emergencia en las provincias de Pataz y Trujillo, lo que significa que las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, supuestamente, habían asumido el control interno de ambas provincias.

Sin embargo, a estas alturas queda claro que esta medida no ha funcionado y que los enfrentamientos armados, atentados y asesinatos, continúan. Hace unos meses, el alcalde de Pataz, Carlos Mariño, en una entrevista en un medio radial, señaló que mientras los estados de emergencia “no vayan acompañados de un recurso logístico, no van a funcionar […] La Dinoes (Dirección Nacional de Operaciones Especiales) está en Parcoy y en el distrito de Pataz, pero no están protegiendo al pueblo. Tenemos comisarías que no están bien implementadas”.

Los hechos le dan la razón al alcalde. Ya en octubre del año pasado, en la zona Tolvas, parte de la concesión de la empresa Poderosa, se había encontrado una suerte de fosa común, con aproximadamente 12 cuerpos en descomposición. Esta zona había sido tomada por un grupo de mineros ilegales liderado por rankeados delincuentes. Como se sabe, en la zona hay enfrentamientos abiertos entre diferentes grupos que buscan controlar las zonas de explotación minera.

Además, otra evidencia del fracaso de esta estrategia, es que con estado de emergencia y con la Policía y las Fuerzas Armadas, supuestamente, controlando todo lo que pasa en Pataz, hace apenas unos días, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, hablaba de “supuesto secuestro de trabajadores en Pataz”. Queda claro que el gobierno no tiene idea de lo que pasa en esta zona del país.

La disputa armada no se da en la superficie, es sobre todo en los socavones para controlar las galerías y las labores mineras. Se sabe, por diferentes reportes que, por ejemplo, la seguridad de la minera Poderosa, libra enfrentamientos bajo tierra con grupos de mineros ilegales, respaldados por gente fuertemente armada: esta empresa ha informado que alrededor de 30 sectores de la unidad de Santa María, una de las zonas de mayor producción, han sido capturados por mineros invasores, que están respaldados por bandas delictivas.

Otros ejemplos de que el estado de emergencia no funciona: diversos informes señalan que en esta provincia de La Libertad hay 52 plantas que operan este mineral extraído, que luego es transportado sin ningún tipo de control o fiscalización por parte de las autoridades. Además, en los últimos cuatro años, habrían salido unos 33,708 volquetes cargados con 674,160 toneladas de oro, por un valor de US$3,553 millones. La Libertad se ha convertido en el principal departamento productor de oro del país.

Finalmente, sobre todo en una zona tan convulsionada como la de Pataz, debería esclarecerse la relación entre la minería formal y sus contratistas, ya sea pequeños mineros u otros, ya que, en esa relación difusa, todo indica que son estos trabajadores los que están siendo expuestos en una situación de enfrentamiento abierto y tremendamente violento.

Desde CooperAccion hacemos llegar nuestras condolencias a los familiares de los 13 trabajadores asesinados

Cooperaccion  29/04/2025
Diez comunidades originarias de Espinar, en la región Cusco, realizaron una medida de lucha que se inició el domingo 30 de marzo, en respuesta al incumplimiento de compromisos asumidos tanto por el Estado como por la empresa minera Antapaccay, subsidiaria de Glencore. Las comunidades involucradas en esta protesta son Alto Huarca, Huarca, Cala Cala, Antacollana, Huisa, Huisa Ccollana, Suero y Cama, Alto Huancané, Huancané Bajo y Tintaya Marquiri.

Las comunidades denuncian la vulneración de sus derechos y exigen soluciones urgentes ante los impactos de la actividad minera. Sus principales demandas incluyen la nulidad de la segunda modificación del estudio de impacto ambiental (EIA) y la suspensión de sus trámites administrativos, la implementación de un plan integral de reparaciones para remediar los daños ambientales acumulados, una reunión urgente con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el ministerio de Energía y minas para atender sus reclamos, la paralización de la planta industrial de óxidos de la empresa minera, cuya operación consideran ilegal, y la realización de una consulta previa auténtica y vinculante, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, que garantice su participación en decisiones que afectan sus territorios.

Las comunidades han alertado sobre diversas irregularidades en los procesos administrativos y en la implementación de la consulta previa, denunciando manipulación que estaría vulnerando su derecho a una participación libre e informada. Además, han expresado su preocupación por la contaminación ambiental comprobada en agua, suelo y aire, según informes de la OEFA y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Cusco. También han denunciado la criminalización y persecución de líderes comunales que han alzado su voz en defensa de sus derechos y territorios.

Las comunidades afirman que el proceso de consulta previa del proyecto minero “Expansión Tintaya – Ampliación Antapaccay e Integración Coroccohuayco” se ha prolongado por más de cinco años sin que se alcancen acuerdos que respeten sus derechos fundamentales y colectivos. Además, sostienen que el Estado ha actuado en colusión con la empresa minera, favoreciendo la explotación de recursos en detrimento de las comunidades afectadas.

El comunero de la comunidad de Alto Huarca, Claudio Humasi Fernández, mencionó que “las comunidades de Espinar están ejerciendo su derecho al control territorial sin vulnerar ninguna ley, ya que las carreteras utilizadas para otro tipo de uso nunca fueron consultadas y siguen perteneciendo a las comunidades”. Señaló que la minería en la zona está atentando contra la salud de la población, pues muchos comuneros, incluido él, presentan metales pesados ​​en el cuerpo y solo reciben medicamentos comunes sin un tratamiento adecuado. Asimismo, que la empresa Antapaccay, del conglomerado Glencore, no ha remediado el daño ambiental y exige remediación, reparación e indemnización para las comunidades afectadas. Además, exigen la presencia del ministro de Energía y Minas en las comunidades de Espinar y que la empresa cumpla con la sentencia de la Sala mixta descentralizada de Canchis del 15 de enero de 2025, que determinó la vulneración de derechos de la comunidad campesina de Huisa y ordenó una “consulta ex-post” sobre el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto Antapaccay – Expansión Tintaya. Finalmente, también exige la llegada de los dueños o accionistas de la empresa para que escuchen directamente las denuncias de las comunidades y el maltrato que sufren por parte de los administradores de la empresa minera.

El 1 de abril de 2025, el Ministerio de Energía y Minas, a través del ministro Jorge Luis Montero Cornejo, envió un oficio a los presidentes de las diez comunidades de Espinar, invitándolos a una reunión de trabajo programada para el 7 de abril en Lima. La agenda de la reunión que propuso el MINEM consistía en abordar aspectos relacionados con el proyecto minero de explotación “Proyecto Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco”, así como las preocupaciones sobre la posible vulneración del derecho al libre tránsito y el normal desenvolvimiento de las actividades en la provincia.

Sin embargo, las comunidades manifestaron que no asistirían a la reunión en Lima, ya que consideran que dicho encuentro debe realizarse en sus territorios, donde se encuentran los comuneros directamente afectados. El mismo día, la Fiscalía de prevención del delito se apersonó al lugar donde las comunidades mantienen su medida de lucha en defensa de sus derechos.

Las comunidades de Espinar reafirman su compromiso con la defensa de sus territorios y anuncian que mantendrán el control de sus territorios hasta que el Estado y la empresa minera cumplan con sus acuerdos y obligaciones. Asimismo, exigen el respeto a sus derechos y una consulta previa real y efectiva, garantizando el cumplimiento de los compromisos asumidos.