Perú

El día que la Corte Interamericana escuchó a víctimas de contaminación de La Oroya

Foto: Corte IDH (CC BY-SA 2.0).
03/11/2022
No hay plazo que no se cumpla.

Así, luego de 20 años, la búsqueda de justicia de habitantes de la ciudad andina de La Oroya, Perú, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 12 y 13 de octubre, los jueces y las juezas del alto tribunal internacional escucharon en audiencia pública la presentación de su demanda contra el gobierno de Perú por la grave violación de derechos humanos derivada de la contaminación tóxica proveniente de una metalúrgica que ha operado en La Oroya por casi 90 años.

La ciudad ha sido catalogada como uno de los lugares más contaminados del planeta.

“La contaminación del Complejo Metalúrgico de La Oroya ha permeado todos los componentes del ambiente de sus habitantes: el agua que beben, el suelo que pisan, el aire que respiran, los patios de los colegios y las montañas que enmarcan su entorno vital”, afirmó Liliana Ávila, abogada de AIDA, al exponer los alegatos finales del caso.

 

TESTIMONIOS VALIENTES
En la audiencia —celebrada en Montevideo, Uruguay— dieron su testimonio tres de las 80 valientes personas que presentaron la demanda, aquellas dispuestas a defender su derecho a vivir en un ambiente sano pese al contexto de hostigamiento que han enfrentado.

“El tiempo de desarrollo de la metalúrgica ha sido desastroso. La neblina de los gases tóxicos que emanaban del complejo se transformaba en caspa y se quedaba impregnada en los rostros de los niños”, dijo Rosa Amaro, una madre de 74 años que presidió el Movimiento por la Salud en La Oroya y que vivió en esa localidad hasta 2017. “Hemos tratado de sobrevivir, pero el Estado fue como un padre que no nos dio la cara”.

Vestida con ropa abrigada y un gorro de lana, Rosa llevaba en la cara, en el cuerpo y en la voz las huellas imborrables del paso de los años, de una salud deteriorada y del miedo que la obligó a dejar su ciudad natal.

“Nos llaman enemigos de La Oroya”. Entre lágrimas, Rosa expresó a la corte su deseo de volver a casa y de ver su nombre limpio de todo estigma.

“Nuestra lucha no es para uno, es para toda una población”.

El caso representa a muchas más personas de La Oroya que, por miedo a represalias, no figuran en la demanda.

Tras declarar, Rosa se sintió liberada de un gran peso y con la fuerza suficiente para seguir.

La población de La Oroya ha respirado múltiples sustancias tóxicas que, según evidencia científica, generan riesgos graves para la salud humana. La contaminación con plomo y otros metales pesados ha irrumpido en su sistema respiratorio, recorrido su torrente sanguíneo y se ha depositado de forma imperceptible en varios de sus órganos vitales.

“No he tenido infancia porque la pasaba encerrada en cuatro paredes, no porque no me dejaran salir, sino por los malestares, porque nos picaba la garganta. Cuando íbamos al colegio mi mamá nos protegía con un sombrero”, declaró ante la corte Maricruz Aliaga, de 28 años.

La contaminación redujo su nivel de retención y es la causa de que, aún hoy, su cuerpo se paralice varias veces al año.

“En Huancayo podía respirar”.

Sus vacaciones en esa ciudad vecina cuando era niña le hicieron ver que lo normal no era reemplazar varias veces las plantas que llevaba a la escuela porque morían luego de 15 días.

Maricruz vive ahora en otra ciudad vecina y las afectaciones a la salud de toda su familia fueron su principal motivación para estudiar enfermería.

Los elementos tóxicos de la metalúrgica de La Oroya siguen en los cuerpos de sus habitantes. Su presencia ha generado afectaciones a su salud, muchas de ellas irreversibles, y puede generar nuevas enfermedades a futuro.

“Lo único que queremos, porque nosotros ya no vamos a gozar de buena salud —eso ya está hecho, mi salud ya está destruida—, es que las futuras generaciones gocen de buena salud,” agregó Yolanda Zurita en su testimonio ante la corte. “Eso va a ser nuestra recompensa, esto va a ser nuestra satisfacción, eso es lo que buscamos”.

 

EL CAMINO A LA JUSTICIA
Llegar a este momento no ha sido fácil. En representación de las víctimas, AIDA, con el apoyo de la Asociación Pro Derechos Humanos, presentó en 2006 la denuncia internacional contra el gobierno peruano y en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso— la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la responsabilidad del gobierno en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana.

La preparación de la audiencia comenzó en ese momento y se intensificó en las semanas previas. Las largas horas de trabajo valieron la pena y se plasmaron en la solidez con la que demostramos que el gobierno es responsable de violar los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la niñez y a un ambiente sano de habitantes de La Oroya.

En la audiencia evidenciamos cuatro argumentos principales:

La existencia de un grave cuadro de contaminación ambiental,
El riesgo y el nexo causal con los daños derivados de esa contaminación,
El conocimiento que el Estado tenía de esa situación y
La ausencia de medidas urgentes y eficaces para responder a la misma.

Además, convocamos a personas expertas cuyo peritaje respaldó ampliamente nuestros alegatos. Dos de ellas expusieron sus hallazgos en la audiencia.

“El deber de cuidado no surge con el daño clínico, sino con el riesgo de daño”, enfatizó Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre las consecuencias para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y desechos peligrosos.

De su lado, Marisol Yañez de la Cruz, perito psicosocial, demostró —con base en 61 entrevistas en profundidad, cuatro grupos focales y pruebas psicométricas— la existencia en La Oroya de un “sufrimiento ambiental” agravado por impunidad y estigmatización.

Tras la audiencia, queda la presentación escrita de los alegatos y una potencial visita de las y los magistrados de la corte a La Oroya. Se prevé que la sentencia, inapelable, sea dictada en el lapso de seis meses.

La importancia del caso supera el contexto peruano y representa una oportunidad histórica para establecer un precedente clave para toda América Latina.

“Este es el primer caso que conocerá este tribunal donde podría desarrollar con profundidad violaciones al derecho al medio ambiente sano como el resultado de la acción estatal frente empresas públicas y privadas,” explicó en la audiencia Jorge Meza Flores, secretario ejecutivo adjunto del Sistema de Peticiones y Casos de la CIDH.

Tener en cuenta lo que está en juego es sin duda fundamental cuando el debate nacional en torno a La Oroya ha priorizado, aún en estos días, la posible reactivación de la metalúrgica por encima de la protección de los derechos fundamentales de una población entera.
https://aida-americas.org/es/blog/el-dia-que-la-corte-interamericana-escucho-a-victimas-de-contaminacion-de-la-oroya?emci=1db4e92b-1570-ed11-819c-00224825858d&emdi=22128849-b770-ed11-819c-000d3a9eb474&ceid=880364

Perú

La mina de Las Bambas reanuda la producción de cobre; el transporte sigue parado

Mineriaenlinea 29/11/2022

MMG Ltd. reanudó la producción de cobre en su mina Las Bambas en Perú después de que se levantara una protesta, dijo el lunes una fuente cercana a la empresa, pero añadió que el transporte del metal a puerto seguía bloqueado por un conflicto separado.

Las Bambas había reducido sus operaciones al 30% de su capacidad habitual a principios de este mes debido a las protestas.

Las protestas contra la mina de propiedad china son recurrentes y a menudo han interrumpido las operaciones, en medio de las quejas de las comunidades indígenas cercanas de que la enorme riqueza mineral de la empresa no se ha traducido en mejores condiciones de vida para ellos.

La fuente dijo que se había levantado una protesta en la localidad de Challhuahuacho, lo que permitió reanudar la producción.

Pero otra protesta que bloqueaba la carretera que Las Bambas utiliza para transportar su cobre a un puerto marítimo para su envío a los clientes seguía bloqueada a lo largo de la provincia de Chumbivilcas.

Perú es el segundo productor mundial de cobre y Las Bambas es uno de los mayores productores del metal rojo.

Desde que Las Bambas comenzó a operar en 2016, la minera ha enfrentado más de 540 días de bloqueos de carreteras, según las estadísticas que lleva la empresa.

La mina de Las Bambas reanuda la producción de cobre; el transporte sigue parado

Internacional

Malí suspende la emisión de permisos mineros hasta nuevo aviso

Mineriaenlinea 29/11/2022

Malí ha suspendido la concesión de permisos de minería hasta nuevo aviso mientras trabaja para mejorar el procedimiento, según informó el gobierno en un comunicado a última hora del lunes.

“La asignación de títulos mineros queda suspendida en todo el territorio a partir del lunes 28 de noviembre de 2022. A partir de esta fecha, los servicios competentes no recibirán ni tramitarán ninguna solicitud de título minero”, dijo el Ministerio de Minas.

El Ministerio de Minas ha declarado que emitirá otro comunicado cuando se levante la suspensión.

Malí es uno de los principales productores de oro de África, con una producción industrial que alcanzó las 63,4 toneladas en 2021.
Reuters

Malí suspende la emisión de permisos mineros hasta nuevo aviso

Litio, Mexico

México produciría baterías de litio hacia fines de 2023

Takeshi Chacon 28/11/2022
México comenzará a producir baterías de litio a fines de 2023
(Foto referencial)

Un informe reciente de la Secretaría de Hacienda de México, se ha fijado el valor de las reservas de litio de Sonora en US$ 600,000 millones.
México decidió nacionalizar sus recursos de litio, medida que se aplicó desde abril de este año.

Tras ello, se ha anunciado que a fines de 2023 podría dar inicio a la producción de baterías de litio.

Según el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, el país ha asegurado la inversión extranjera y el respaldo de Estados Unidos, su principal socio comercial.

“Ya tenemos preparado para 2023 inversiones de empresas de Corea del Sur, China y un programa acordado con EE.UU. para empezar a producir baterías en México, esperamos en el tercer o cuarto trimestre”, dijo el canciller.

Actualmente, México no tiene producción comercial de litio, pero tiene contratos con una decena de empresas extranjeras para explorar potenciales yacimientos.

Un informe reciente de la Secretaría de Hacienda de México fija el valor de las reservas de litio de Sonora en US$ 600,000 millones.

Medidas sobre litio
De acuerdo con Mining.com, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el mes pasado un plan por $2,500 millones.

La meta es convertir partes de la región fronteriza con los EE. UU. en un centro de energía limpia, hogar de plantas solares y eólicas, así como fábricas de vehículos eléctricos.

Jourdan Resources adquiere concesiones de litio
Lee también: Jourdan Resources adquiere concesiones de litio

México, además, planea construir cinco grandes plantas solares, reacondicionar fábricas de automóviles para fabricar vehículos eléctricos y producir baterías y semiconductores en Sonora.

El estado del norte, que comparte casi 600 km (370 millas) de frontera con EE. UU., tiene como objetivo albergar también proyectos mineros desarrollados con inversionistas estadounidenses y canadienses.

México produciría baterías de litio hacia fines de 2023

Venezuela

Activan acciones militares contra minería ilegal en Amazonas venezolana

Takeshi Chacon 29/11/2022

Activan acciones militares contra minería ilegal en Amazonas venezolana (Foto: EFE)

En el caso del parque nacional Yapacana, habría 78 sectores mineros y 3.200 hectáreas afectadas por la explotación minera ilegal.
El comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, general en jefe Domingo Hernández Lárez, informó sobre una operación contra la minería ilegal.

Indicó que el último domingo se realizó en Amazonas la “Operación Autana 2022”, en la lucha contra la minería ilegal, tráfico de drogas y trata de personas.

La interdicción se efectuó en las reservas forestales venezolanas, garantizando el ordenamiento jurídico territorial en materia de seguridad y defensa.

Tras ello, el militar explicó que están desmantelando campamentos de invasores armados, destructores de nuestra naturaleza y bosques protegidos, que irrespetan el medio ambiente y el ordenamiento jurídico territorial.

Agregó que también desmantelaron “instalaciones ilegales y maquinarias usadas para destruir la naturaleza indiscriminadamente y sin permisos de ningún tipo”.

Sentenció que “la arbitrariedad de grupos armados es un problema de seguridad y defensa que será castigado conforme a la ley”.

Más resultados
Por su parte, la FANB también localizó un depósito clandestino con más de 15.500 litros de combustible usados para actividades de minería ilegal.

Aunque no especificó la ubicación, medios venezolanos consideraron que la operación militar Autana 2022 se esté desarrollando en zonas del parque nacional Yapacana, el mayor foco de minería ilegal en el estado Amazonas.

Asimismo, en el estado Amazonas hay focos mineros en el municipio Autana y en el municipio Alto Orinoco existen denuncias de habitantes y de organizaciones indígenas sobre la presencia de mineros ilegales brasileños, conocidos como garimpeiros.

Además, en el parque nacional Yapacana, recientemente la ONG SOS Orinoco ha identificado 78 sectores mineros y 3.200 hectáreas afectadas por la explotación minera ilegal en el parque nacional.

Apuntes
El gobernador del estado Amazonas dijo que, según el último registro al que había tenido acceso, hay 33.000 personas aproximadamente, en referencia a la cantidad de sujetos que están practicando la minería ilegal y demás actividades conexas en el parque nacional Yapacana.

Activan acciones militares contra minería ilegal en Amazonas venezolana

Chile, Sin categoría

Trabajadores de mina Escondida podrían paralizar labores tras rechazar oferta

Eva Cruz 24/11/2022

Cátodos de cobre en la mina Escondida, cerca de Antofagasta, Chile. REUTERS/Ivan Alvarado

BHP lamentó la decisión y señaló que una paralización no tiene fundamento y es “perjudicial para todos”.
Reuters.- Los trabajadores de la mina chilena Escondida, mayor yacimiento mundial de cobre, rechazaron una oferta realizada por la empresa sobre temas de seguridad y podrían paralizar labores el 28 y 30 de noviembre si la empresa no cumple algunas exigencias, dijo el jueves a Reuters el sindicato.

A inicios de la semana, la multinacional BHP dijo que había logrado un acuerdo inicial con el poderoso sindicato 1, que debía ser ratificado con los socios, para evitar las paralizaciones.

“LAS ASAMBLEAS MASIVAMENTE JUNTO CON EL DIRECTORIO DECIDIERON RECHAZAR LA PROPUESTA DE LA EMPRESA, POR ESTIMAR INSUFICIENTES LAS ACCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD”, INFORMÓ EL GREMIO.

Agregó que requerirá que la empresa comprometa medidas “concretas y verificables” de seguridad, como la inspección conjunta de todas las áreas de trabajo.

“ADEMÁS, SE INSISTIRÁ EN EL CUMPLIMIENTO INMEDIATO DE OTROS PUNTOS POR INFRACCIONES LEGALES. EN EL CASO QUE NO SE ACEPTEN ESTOS REQUERIMIENTOS, EL SINDICATO EJECUTARÁ LA HUELGA LOS DÍAS LUNES 28 Y MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2022”, AGREGÓ.

En un comunicado, la empresa lamentó la decisión y señaló que una paralización no tiene fundamento y es “perjudicial para todos”.

“LOS PLANES DE CONTINGENCIA YA FUERON ACTIVADOS Y EN CASO QUE EL SINDICATO SIGA CON ESTA ACCIÓN DE FUERZA, LA EMPRESA APLICARÁ LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN EN LÍNEA CON LA NORMATIVA LABORAL VIGENTE, EJERCIENDO LOS DERECHOS QUE ESTA LE RECONOCE”, DECLARÓ.

Los agremiados presentaron un petitorio de diversas medidas de higiene y seguridad que incluyen verificación de condiciones medioambientales de lugares de trabajo, disponibilidad de elementos de protección personal, entre otros.

El sindicato señaló que la firma había ofrecido un bono equivalente de unos 3.100 dólares por trabajador y regularizar una práctica operacional que no estaba incluida en el contrato colectivo vigente.

Las amargas relaciones entre la minera y el poderoso sindicato 1 los ha enfrentado en diversas oportunidades. En 2017, los trabajadores protagonizaron una histórica huelga de más de 40 días en medio de una negociación contractual.

Argentina, Litio

El costo social y ambiental de la megaminería de litio

Darío Aranda. publicado el 28/11/2022 en el diario Página12.
Comunidades indígenas, campesinos y asambleas socioambientales rechazan la megaminería de litio. Afirman que destruye ecosistemas vitales contra el cambio climático, viola derechos humanos, pone en riesgo el agua y desmienten que se trate de un mineral necesario para la «transición energética», como se lo suele publicitar.

«Podemos vivir sin litio, pero no podemos vivir sin agua». Es la frase que se repite en las comunidades de Catamarca, Jujuy y Salta donde existen explotaciones y proyectos de megaminería de litio. Pueblos originarios, campesinos y asambleas socioambientales dan cuenta de las consecuencias del extractivismo en las salinas: sobreconsumo de agua, contaminación y vulneración de derechos humanos. «¿Quién se hace responsable del saqueo, de la contaminación, del agua que usan? Conocemos a las mineras desde hace tres décadas, por eso decimos no a la minería de litio», remarca el cacique de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, Román Guitián.

Catamarca conoce de magaminería. Por un lado, la conocida Minera Alumbrera, inaugura en 1997 por Carlos Menem. Extrajo oro y cobre del oeste provincial (departamentos de Andalgalá, Santa María y Belén) y no se cumplieron las promesas de trabajo, desarrollo local ni cuidado del ambiente. De ahí el rechazo al nuevo megaproyecto MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera). También conoce de explotación de litio, en la zona de Antofagasta de la Sierra opera desde la década del 90 la multinacional FMC Corporation (bajo el nombre de Minera del Altiplano).

«Ya secaron el río Trapiche y no vamos a permitir que sigan haciendo eso», denuncia el cacique Guitián. Se refiere a la avanzada extractiva: en 2018 FMC Corporation, de origen estadounidense, anunció que su unidad de negocios de explotación de litio pasaba a llamarse Livent Corporation. Y presentó la ampliación de la explotación. Para lo cual requiere grandes volúmenes de agua, que pretende obtener del río Los Patos. Propuso la realización pozos de bombeo para obtener 650.000 litros de agua por hora y trasportar el caudal a través de un acueducto.

Las comunidades indígenas, las asambleas socioambientales y vecinos autoconvocados de Catamarca denuncian que está en riesgo el caudal del río, imprescindible para la vida del lugar. «El informe ambiental del acueducto tuvo 19 observaciones e igual el gobierno provincial autorizó la obra. Tampoco se respetaron los derechos indígena, no hubo consulta ni consentimiento, como dice la ley. Operan ilegalmente», denuncia el cacique Guitián. De similar manera se posicionan desde la Asociación Campesinos del Abaucán (Acampa), organización de familias productoras que rechaza la explotación de litio porque «atenta contra la cultura y forma de vida campesina».

Fiambalá, a 300 kilómetros al noroeste de la capital provincial, es muy conocida por sus atractivos turísticos y su historia de agricultura. Todo comenzó a cambiar en 2016 con la llegada de la empresa Liex, subsidiaria de la corporación canadiense Neo Lithium, para el proyecto de explotación de litio llamado «Tres Quebradas». En 2021, en acuerdo con el gobierno provincial y nacional, tomó reimpulso con la multinacional china Zijing Mining.

Yolanda Espinoza es parte de la Asamblea Fiambalá Despierta. «No aceptamos la imposición de un modelo extractivista ajeno a nuestras formas de vida. Atenta contra nuestras economías regionales. Y es imprescindible denunciar que el proyecto Tres Quebradas, de minería de litio, está instalado en sitio Ramsar, donde hay salares y lagunas altoandinas de gran importancia ecológica para la zona», afirma. Y resume: «Las empresas mineras cuentan con la complicidad de los gobernantes, tanto municipales como provinciales». Pide precisar nombres: la intendenta Roxana Paulón, y el gobernador, Raúl Jalil.

Desde la Asamblea denuncian falta de información respecto a los impactos de la explotación de litio, la ausencia de participación ciudadana, la violación de la Ley de Glaciares y exigen la aprobación de la Ley de Humedales. Recuerdan que los salares (donde se encuentra el litio) son también humedales. De allí que que entre los grandes opositores a la protección de humedales –además de sectores del agronegocio– están las mineras y los gobiernos de Catamarca, Jujuy y Salta.

La compañía china ya comenzó la construcción de la plata de tratamiento químico, a solo cuatro kilómetros del pueblo. «Está en la orilla misma de Fiambalá, en tierras cedidas por la intendenta Paulón», cuestiona la asambleísta.

«Pucará» es la sigla de la organización Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación, que reúne a asambleas y organizaciones socioambientales de la provincia. Verónica Gostissa integra Pucará y señala que la década del 90 podía haber cierta ilusión respecto al «desarrollo» que prometía la megaminería porque era algo nuevo para la provincia. «Tres décadas después es ridículo que nos quieran hacer creer en las supuestas bondades que traería el proyecto MARA o la explotación de litio. Esta película ya la vimos. Los territorios ya saben lo que implica la marinería y por eso el rechazo es total», explica.

Desde Pucará trabajan respecto al mito de la «transición energética» de la mano del litio, como una supuesta solución a la crisis climática: «Es mentira que el litio es parte de una ‘transición energética verde’ (para utilizar menos petróleo). Porque la minería de litio implica la destrucción de salares y lagunas altoandinas, claves para combatir la crisis climática». Gostissa hace especial hincapié en la vulneración de derechos y tiende un vínculo con el pasado y el presente: «Desde los territorios que luchamos contra el extractivismo decimos que ‘memoria, verdad y justicia’ tiene que poder aplicarse no solo a los años de la dictadura cívico-militar, sino que tiene que aplicarse a los desastres ambientales, al ecocidio que sucede de la mano de gobiernos y multinacionales, es un modelo que viola sistemáticamente los derechos humanos. Y no se puede mirar para otro lado».

«El agua es de los pueblos»
«Minería Transnacional de litio en Lagunas Altoandinas de Catamarca», es el título de la investigación de la organización BePe, de Catamarca. En 50 páginas detalla que el proyecto minero vulnera leyes ambientales (como la Ley General del Ambiente), la legislación indígena (Convenio 169 de la OIT) e incluso vulnera acuerdos internacionales como el Convenio Ramsar y el Acuerdo de Escazú. Y alerta por la falta de estudios respecto al impacto de la explotación en el agua.

Desde la Asamblea Fiambalá Despierta hacen eje en el mismo punto. Explican que el proyecto Tres Quebradas pone en riesgo la Cuenca de Abaucán, que alimenta de agua a todos los pueblos de la zona. «La minería consume millones de litros de agua por día. Y esta es una zona árida. No queremos ser un pueblo sacrificable, no creemos en las falsas promesas. El agua es de los pueblos, por eso no queremos a las mineras», resume la asambleísta Yolanda Espinoza.

Argentina, Litio

Llegó el equipamiento para la primera planta de baterías de litio de Latinoamérica

El proyecto denominado UniLib requirió una inversión total de US$ 7 millones, de los cuales US$ 5,5 millones corresponden a la obra civil, maquinaria y producción de materiales y US$ 1 millón a los laboratorios y planta piloto adquiridos oportunamente por Y-TEC.
Telam SE 25/11/2022

El equipamiento para la primera Planta Nacional de Desarrollo Tecnológico de Celdas y Baterías de Litio llegó a la Argentina y comenzó de inmediato su instalación en el marco del proyecto denominado UniLib, considerado el primero en su tipo en Latinoamérica.

El desarrollo -que llevan adelante la Universidad Nacional de La Plata (UNLP),Y-TEC, la empresa de tecnología de YPF, y el CONICET- apunta a conformar uno de los hitos más importantes en el desarrollo de la cadena de valor del litio en la Argentina.

La inversión total para la puesta en marcha de la planta fue de US$ 7 millones, de los cuales US$ 5,5 millones corresponden a la obra civil, maquinaria y producción de materiales y US$ 1 millón a los laboratorios y planta piloto adquiridos oportunamente por Y-TEC.

Una vez en funcionamiento, la planta tendrá una capacidad de producción anual -medida en energía almacenada- de 13 MWh, equivalente a 1000 baterías de energías renovables, que pueden abastecer a alrededor de 50 colectivos eléctricos.

El proyecto es una apuesta estratégica para desagregar el paquete tecnológico respecto al diseño y la fabricación de las celdas y baterías, y generar las condiciones para realizar transferencias tecnológicas a pymes empresas nacionales y provinciales interesadas en la fabricación de baterías de litio.

El presidente de Y-TEC, Roberto Salvarezza, dijo que “estamos cumpliendo un hito muy importante con la llegada de los equipos. Avanzamos en la dirección correcta para tener esta planta, la primera en su tipo en Latinoamérica».

El ex ministro de Ciencia y Tecnología destacó, además, la importancia que significan «más de 12 años de generación de conocimiento en el sistema científico argentino, base fundamental para avanzar en nuevas etapas de desarrollo».

«Ahora, con la Universidad de La Plata, estamos dando otro paso fundamental para consolidar la cadena de valor del litio en nuestro país”, subrayó Salvarezza.

A partir de la alianza estratégica entre Y-Tec, la UNLP y el Conicet, el país estará en condiciones de sumar valor agregado a este recurso para fabricar celdas y baterías y desarrollar sistemas de almacenamiento de energía más eficientes, limpios y ligeros.

Durante una visita al predio, el vicepresidente académico de la UNLP, Fernando Tauber, destacó que “una vez más, nuestra universidad es parte de un hecho histórico. La agenda científica tecnológica de la UNLP está a la vanguardia del desarrollo nacional y de la agenda social del país.

«Este acuerdo -agregó- es una clara muestra del modelo de Universidad reformista que queremos involucrada y comprometida con la actividad académica, el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la producción industrial”.

La planta UniLiB se encuentra ubicada en el predio del Polo Productivo Tecnológico Jorge Alberto Sabato, que la UNLP posee en La Plata.

La obra civil del edificio estuvo a cargo de la propia Universidad y su construcción finalizó meses atrás.

En tanto, la adquisición del equipamiento tecnológico estuvo a cargo de Y-TEC, con apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.

En cuanto a la formación de los recursos humanos, la provincia de Buenos Aires otorgó un subsidio especial para la capacitación del personal que trabajará en la fábrica.

La Escuela de Oficios de la UNLP capacitó a una primera tanda de operarios para la fase inicial de puesta en marcha de la planta.

Semanas atrás, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, reafirmó que a fin de año el país contará con las primeras baterías de litio desarrolladas en la Argentina, las que «serán para vehículos y también para escuelas rurales y pequeños poblados», para acumular energía tanto eólica como solar.

Más recientemente, Y-Tec y la provincia de Santiago del Estero firmaron un acuerdo para conformar el Consorcio de Cooperación para la fabricación de celdas y baterías de Ion-Litio.

La UNLP e Y-TEC aportarán los conocimientos científicos e industriales que vienen desarrollando en sus laboratorios y planta piloto para la fabricación de celdas y baterías de ion-litio, que permitan analizar el potencial de la instalación de una fábrica de baterías a escala industrial en Santiago del Estero.
https://www.telam.com.ar/notas/202211/612184-baterias-litio-argentina-planta-produccion.html

Internacional

Un tribunal australiano bloquea una gigantesca mina de carbón por motivos de derechos humanos

Por mineriaenlinea 25/11/2022
Un tribunal australiano ha bloqueado una propuesta de construcción de una enorme mina de carbón, alegando que las emisiones producidas por el combustible amenazan los derechos humanos.

El proyecto Galilee Coal añadiría 1,580 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera durante su vida útil -más del triple de las emisiones nacionales anuales de Australia- y afectaría a los derechos humanos de las generaciones futuras, según dictaminó el viernes el Tribunal de Tierras de Queensland.

“El cambio climático era una cuestión clave en esta audiencia”, dijo el tribunal en su sentencia. “Este Proyecto por sí solo no es la diferencia entre un cambio climático aceptable o inaceptable. Pero 1,58 gigatoneladas de CO2 es una contribución significativa al presupuesto de carbono restante para cumplir el objetivo de temperatura a largo plazo del Acuerdo de París.”

La histórica sentencia es otro golpe para la industria exportadora de carbón australiana, de 120,000 millones de dólares (81,000 millones de dólares), menos de una semana después de las acusaciones de que falsificó datos sobre la calidad y el impacto climático de sus productos. El mayor interesado en el proyecto, el multimillonario Clive Palmer, vio rechazada en agosto otra mina propuesta por el gobierno.

El caso es el último de una serie de demandas, desde Estados Unidos hasta Filipinas, que pretenden presionar a los gobiernos y a las empresas para que aceleren sus esfuerzos por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El año pasado, el tribunal supremo de Alemania obligó a los legisladores a adelantar cinco años el objetivo de cero emisiones del país, tras dictaminar que la legislación vigente ponía en peligro el futuro de los jóvenes al dejar la mayoría de los recortes de emisiones para después de 2030.

El proyecto Galilee propuso desarrollar la mayor mina de carbón térmico del país, con una producción de 40 millones de toneladas al año. Es la primera vez que se bloquea una mina de carbón de Queensland por su impacto climático, dijo por teléfono Alison Rose, abogada principal de la Oficina de Defensores del Medio Ambiente, que representó a los demandantes, entre ellos grupos indígenas.

La sentencia es “muy novedosa para Australia” y sentará un precedente legal para otros proyectos de combustibles fósiles propuestos en Queensland, una de las mayores regiones exportadoras de carbón del mundo, dijo Rose. Un caso similar bloqueó una mina en Nueva Gales del Sur en 2019, pero fue anulado posteriormente.

Waratah Coal, la empresa controlada por Palmer que desarrolla el proyecto, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. El Consejo de Recursos de Queensland, que representa al sector del carbón de Queensland, también se negó a comentar las implicaciones más amplias de la sentencia.

Waratah puede recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo de Queensland.

Un tribunal australiano bloquea una gigantesca mina de carbón por motivos de derechos humanos

Argentina

SASTRE: “HAY GRUPOS QUE NO QUIEREN ENTENDER AUNQUE SE EXPLIQUE” LA MEGAMINERÍA

23/11/2022

Sastre: “Hay grupos que no quieren entender aunque se explique” la megaminería
Lo sostuvo el Vicegobernador al señalar que el Embajador de Estados Unidos preguntó porque no se había podido avanzar con la megaminería en Chubut y porqué la comunidad la rechazó. Sastre consideró que quizá “no se explicó” y sentenció que “no se oculta nada”.
Fuente: Radio3

El vicegobernador Ricardo Sastre se refirió este miércoles a lo sucedido en diciembre del 2021 con la derogada Ley de Megaminería y remarcó que el Embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, preguntó porque no se avanzó con el extractivismo de las mineras.

“Preguntó qué había ocurrido, porque no” se avanzó con la actividad y preguntó “porqué la sociedad tenía un rechazo”, enfatizando que “no se oculta absolutamente nada”.

Fue en este contexto que el Vicegobernador consideró que lo ocurrido en 2021 se produjo porque “no había una licencia social porque por ahí no fueron explicadas las cosas como tienen que ser explicadas y porque hay un grupo que no lo quiere entender a si sea explicado”.

Contextualizó esto en “todo lo que nos pasa en nuestra sociedad y País, donde todos tenemos parte de culpa que a veces las cosas no se desarrollen como se tienen que desarrollar”.



¿Se puede ser más cipayo?

Sastre: “Hay grupos que no quieren entender aunque se explique” la megaminería