Demandan que Gobierno aborde consulta previa sobre el proyecto Antapaccay y el plan de reparación por omisión de este derecho
12/11/2021
CUSCO. Once comunidades originarias del entorno del proyecto minero Antapaccay acordaron reiniciar sus protestas al considerar que sus demandas no son atendidas por el Ejecutivo. Estas tienen que ver principalmente con la consulta previa sobre el proyecto minero Antapaccay y el plan de reparación por omisión de este derecho.

No precisaron la fecha en que empezarán sus protestas, pero indicaron que “el levantamiento” de las comunidades se hará de forma escalonada en sus propios territorios hasta que el Estado les garantice sus derechos.

“No decimos la fecha por estrategia. En cualquier momento vamos a arrancar el levantamiento. Son cien días de gobierno que han pasado y no tenemos comunicación, por eso hemos acordado el levantamiento con una estrategia que tenemos en reserva”, manifestó el presidente de la comunidad de Alto Huancané y coordinador de las once comunidades, Flavio Huanqque Ccapa.

El dirigente mencionó además que la protesta será por días y por comunidades. Refirió también que la última vez que fueron atendidos por el Ejecutivo ocurrió con el arribo del expremier Guido Bellido, pero cuestionó que haya llegado sin ningún documento ni propuesta de solución.

Demandas

Las principales demandas tienen que ver con la implementación de la consulta previa, un plan de reparación por la omisión de la consulta previa del proyecto Antapaccay en el año 2012, y el canon comunal.

Los comuneros también reclaman al Estado que se identifique y sancione a los ministros y funcionarios que permitieron la omisión de la consulta previa. Exigen la aplicación de la consulta al nuevo proyecto minero Antapaccay, expansión Tintaya, integración Coroccohuayco, conforme lo estipula el convenio 169 de la OIT.

Asimismo, que el Estado cumpla con implementar el fondo de emergencia social y el plan de reparaciones por daños causados en sus territorios a causa de la actividad minera.

A estos puntos agregan la ejecución de un programa de reactivación económica y que se garantice que los recursos de la renta minera se inviertan de manera directa en las comunidades con la creación del canon comunal y núcleos ejecutores.

Las comunidades que tomaron esta decisión son Huisa Ccollana, Tintaya Marquiri, Huancané Bajo, Alto Huancané, Cala Cala, Huisa, Huano Huano, Alto Huarca, Antaccollana, Huarca, Suero y Cama
https://www.inforegion.pe/289992/espinar-once-comunidades-deciden-reiniciar-las-protestas/

www.conflictosmineros.org.pe
Alerta informativa 12/11/2021
Tal como se había comprometido la presidenta del Consejo de ministros, Mirtha Vásquez, el distrito chumbivilcano de Livitaca, en Cusco, fue sede ayer de un espacio de diálogo entre autoridades locales, dirigentes, representantes de la empresa minera HudBay, funcionarios de la PCM y algunas carteras ministeriales.

Tras algunas horas de conversaciones y debate, las comunidades lograron que la compañía asuma algunos compromisos concretos a favor de las comunidades. El principal acuerdo está relacionado al convenio marco, pues la empresa propuso que desde el 2022 incremente un monto de dos millones de soles, el cual hace un total que asciende a cinco millones y medio de soles. Asimismo, recalcaron que a Livitaca le corresponde un presupuesto extra de medio millón de soles proveniente del convenio provincial de Chumbivilcas.

Por otro lado, HudBay se comprometió a invertir 52 millones de soles a través de obras por impuestos para proyectos de agricultura y salud. En cuanto a la Mesa técnica de la provincia de Chumbivilcas, suscrita este año, la compañía aportará 32 millones de soles para que se inviertan en proyectos de educación, agua potable y saneamiento.

Por otro lado, acordaron que el próximo 01 de diciembre, se llevará a cabo una reunión para evaluar los territorios de influencia directa. Representantes del Ministerio de Energía y Minas garantizaron su participación en esta reunión.

Cabe recordar que este espacio de diálogo es consecuencia de las protestas que iniciaron las comunidades a fines de octubre, en la que bloquearon algunas vías del corredor minero del sur.

Destruyeron insumos de la empresa minera. Tres comunidades de Moquegua y Arequipa estarían enfrentados por la ocupación de unos predios. (Foto: Correo)
10/11/2021
Un aparente conflicto de terrenos en los límites de Moquegua y Arequipa habría sido el detonante para que los pobladores de la comunidad de Santa Lucía y Salinas Moche tomaran las instalaciones de la minera Inkabor. De acuerdo a un acta policial, los incidentes se registraron aproximadamente a las 3:30 horas del lunes, cuando el personal de la minera se encontraba descansando.

Según la información policías se habría causado diferentes daños a la logística de la mina, a lo que se suma la retención del personal durante tres horas, en tanto los manifestantes esperaban la llegada de los agentes de la comisaría de Puquina (Moquegua).

Horas más tarde se supo que habrían instalado una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo, pues los comuneros de Moquegua indicaron que existiría una presunta invasión de sus terrenos. Funcionarios de Inkabor tomaron conocimiento de lo sucedido y se estima que tomaron nota de los daños para dar parte a las autoridades.

Ayer en la mañana, Facundo López Mamani, presidente de la comunidad Salinas Moche, dijo que llegaron hasta este extremo porque no sienten el apoyo de las autoridades, principalmente, por el problema limítrofe que existe entre Moquegua y Arequipa. El dirigente denunció que comuneros de Salinas Huito (Moquegua han colocado cercos con mallas dentro de los límites de San Juan de Tarucani de la región Arequipa.

Los pobladores agregaron que cada día son hostigados y amedrentados por sus vecinos. Añadieron que se sienten indignados por el abandono que son objeto por parte de las autoridades competentes de la región Moquegua y que la única manera de hacer respetar sus territorios es reaccionando con protestas. Todos estos hechos serán investigados por la Policía.
https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/pobladores-toman-minera-inkabor-en-protesta-por-terrenos-noticia/

El viceministro de Minas, Jorge Chávez, dijo que por un lado las empresas no han cumplido los compromisos establecidos y por otro, hay una falta de actitudes de remediación.
Es necesario trabajar conjuntamente con la comunidad y los pueblos amazónicos pues no perciben el beneficio de la actividad de hidrocarburos o minería, señaló el viceministro Jorge Chávez. (Foto: referencial-Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú)
redacciongestion@diariogestion.com.pe
10/11/2021
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha heredado una ‘bomba de tiempo’ debido a los conflictos sociales que se vienen presentando en las regiones donde se desarrollan proyectos mineros, señaló el viceministro de Minas, Jorge Chávez.

“Hemos heredado una bomba de tiempo en el sentido de que nos están golpeando los conflictos sociales. (…) Cuando se habla de esa bomba de tiempo significa de que hemos heredado dos aspectos muy graves”, sostuvo durante la presentación del Informe sobre el estado del Minem ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

Explicó que por un lado existe un descuido por parte de las empresas tanto de hidrocarburos pues no han cumplido los compromisos establecidos.

Por otro lado, dijo que hay una falta de actitudes de remediación, es decir, la cura por la acción de la minería o de los hidrocarburos, por lo que se tiene que dar un solución.

“Son acciones que tiene que llevarse a cabo y darle solución a la población para evitar la contaminación y para evitar la falta de cumplimiento”, explicó.

De este modo, dijo que es necesario trabajar conjuntamente con la comunidad y los pueblos amazónicos pues no perciben el beneficio de la actividad de hidrocarburos o minería.

“Por lo tanto se tiene que revisar de manera técnica para que pueda llegar a nuestra población las partes del canon minero o de hidrocarburos, para que se pueda percibir ese incentivo del desarrollo a nuestras comunidades”, acotó.
https://gestion.pe/economia/minem-hemos-heredado-una-bomba-de-tiempo-los-conflictos-sociales-nos-estan-golpeando-noticia/

Problemas. El corredor minero permanece bloqueado desde ayer. Las comunidades de Cotabambas (Apurímac) retomaron huelga y exigen presencia de presidente. En la zona limítrofe de Salinas Moche (Moquegua) y Salinas Huito, donde opera la minera Inkabor, hay un conflicto de límites que alentó la protesta contra compañía minera.
Reclamo. Población de Apurimac vuelve a bloquear corredor minero del sur, ante incumplimiento de promesas de parte del gobierno central. Foto: Miguel Gutiérrez/ cortesía
Reclamo. Población de Apurimac vuelve a bloquear corredor minero del sur, ante incumplimiento de promesas de parte del gobierno central. Foto: Miguel Gutiérrez/ cortesía
LR Sur
larepublica_peediciondigital@glr.pe
11/11/2021
Zaida Tecsi /Elizabeth Huanca
Los conflictos sociales nuevamente estallaron en la zona sur del país. Esta vez los focos de las protestas se concentran en la región Apurímac, Arequipa y Moquegua. Todos los casos tienen un componente en común, el descontento de comuneros que residen en zonas de actividad minera. A ello se agrega problemas limítrofes no atendidos por el gobierno. Así, el corredor minero del sur fue bloqueado por los comuneros de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso (Grau), de la región Apurímac. Hoy, se cumple su segundo día de paro, así como las 48 horas de plazo que los residentes de la zona le otorgaron al presidente de la República, Pedro Castillo para que llegue al lugar y atienda sus reclamos.

Los comuneros tienen una plataforma de lucha de 17 puntos contra la minera MMG Las Bambas y el gobierno. Entre ellos, que todas las comunidades de Cotabambas y Progreso sean declaradas área de influencia directa del proyecto minero. Además, exigen que la empresa cumpla con el pago del canon y a su vez, que el Ejecutivo cumpla con los desembolsos por los terrenos individuales y colectivos por donde atraviesa el corredor minero. “Si hasta mañana (hoy) el Ejecutivo no nos responde, retomaremos la huelga indefinida”, advirtió el presidente del Frente de Defensa, Víctor Limaypuma.

El 27 de octubre pasado, la premier, Mirtha Vásquez llegó a la zona y se comprometió a la instalación de mesas de trabajo, el 9 de noviembre, para abordar sus demandas con la presencia de ministros. Se estableció que todos los acuerdos, entre los que figura el inicio de pago por canon de Las Bambas sean refrendados a través de un Decreto Supremo.

El gobierno no cumplió. El último martes, la población acudió a la comunidad de Pisacasa para la instalación de mesas de trabajo. Se esperaba el arribo de los ministros, pero ello no ocurrió. A la reunión solo asistieron funcionarios de rango menor y sin un documento que oficialice las mesas técnicas, por lo que el conflicto volvió a estallar.

Ayer, en el primer día de paro, los accesos a la provincia de Cotabambas fueron cerrados. En los diferentes distritos como Mara y Challhuahuacho, los comuneros se movilizaron. Aseguran que seguirán en la medida si no son escuchados.
Más conflictos

El lunes también estalló el conflicto social en los centros poblados Salinas Moche (provincia de Sánchez Cerro), Salinas Santa Lucía (Moquegua) y Salinas Huito (Arequipa). Las zonas mantienen un pleito limítrofe sin resolver desde hace 30 años.

La falta de hitos en estos territorios ha generado otro problema, la disputa por los beneficios económicos generados por la minera Inkabor, empresa que explota boro por casi cuatro décadas entre estos anexos. Los comuneros de la zona de Moquegua, denuncian que pese a ser zona limítrofe la empresa solo tributa en Arequipa. Advierten además que han invadido 600 metros de su terrirorio.

En ese contexto, el 8 de noviembre, alrededor de las 03:00 horas, los residentes de Salinas Moche y Salinas Santa Lucía, ingresaron a la zona de operaciones y tomaron como rehenes a 4 servidores. Ayer, en la mañana, estos fueron liberados.
Diálogo Salinas- Moche para resolver conflicto de Inkabor

El representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique, informó que a las 10:00 horas de ayer se instaló la mesa de diálogo en la zona de Puquina (Moquegua) para resolver el conflicto en el lugar.

Participaron los representantes de la Minera Inkabor, los de la Comunidad Salinas Moche, representantes del Ministerio del Interior, Presidencia del Consejo de Ministros y de Energía y Minas, así como la Defensoría del Pueblo.

La población exige la revisión de convenios con la mina, así como su tributación, pago servidumbre y el respeto a su propiedad. De acuerdo al acta de acuerdo, los comuneros de Salinas Moche denunciaron que de forma irregular las operaciones mineras habían “invadido” parte de su propiedad, por lo que estos se comprometieron a no trabajar en la zona de conflicto, hasta que se llegue a un acuerdo final.

La próxima cita ha sido programada para el 16 de noviembre. Los comuneros además piden que de una vez por todas, se definan los límites entre regiones.
Enfoque

Rodolfo Marquina – especialista Descosur

Realidad paradójica

En las zonas donde operan las mineras se da una gran contradicción. Estas son empresas con recursos y su explotación se hace en los lugares más apartados y sin servicios. Así tenemos a la empresa con muchos recursos, frente a una población con muy pocos recursos y sin presencia del gobierno. En esas condiciones, las necesidades de la población resultan siendo una suerte de presión frente a la empresa. Este es el origen de todos los conflictos.

A ello se suma, en algunos casos que los malos dirigentes distorsionan las justas demandas de la población. El rol del gobierno en esos casos debe ser más proactivo. La solución, está en que el Estado atienda correctamente y a tiempo a esta población y que haga respetar los derechos de las comunidades.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/11/11/conflicto-con-mineras-agitan-otra-vez-el-sur-lrsd/

Naara Cancino
Imagen: Ipe
10/11/2021
En el contexto actual de solicitud de facultades por parte del Ejecutivo al Congreso de la República para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica, es importante colocar en perspectiva la afirmación de que dada la ineficiencia del gasto público no se debería aumentar los ingresos tributarios. Si bien es cierto que el gasto público puede ser administrado más eficientemente, apelar a esta característica para no reformar la lógica de recaudación fiscal antagoniza dos aspectos que no son de por sí mutuamente excluyentes. Se puede mejorar la recaudación tributaria y la calidad del gasto a la par, incluso podrían retroalimentarse.

El escenario actual post-pandemia indica que el país necesita alinearse a las reglas de sostenibilidad fiscal. El Estado viene de haber mantenido un fuerte gasto fiscal en 2020 y 2021 debido a las políticas expansivas fiscales de casi 20 puntos del PBI para hacer frente a la pandemia (MEF, 2021). En este periodo, el déficit fiscal ascendió hasta casi 9% del PBI, superando por mucho la regla fiscal de límite de déficit de 2.9% del PBI (MEF, 2019) y la deuda pública pasó de representar 26,7% en el 2019 a 34,5% del PBI en 2020 (MEF, 2021). Además, debido a la recesión económica y a la pérdida de empleo, la recaudación fiscal cayó entre 15 a 20 millones de soles.

Para lograr la estabilidad fiscal sin disminuir los niveles de servicios que se otorga a la población, el Perú tiene la necesidad de estabilizar sus ingresos fiscales, tomando en cuenta que la deuda no puede seguir aumentando en el largo plazo. Por ello, es importante replantear los ingresos fiscales para que puedan ser más sostenibles, contracíclicos y menos volátiles.

Sobre la calidad del gasto público

Es importante reconocer que ejecución de presupuesto no es igual a dotación de servicios de calidad. Como se observa en el gráfico 1, un análisis histórico de la ejecución presupuestal por funciones a nivel regional muestra que la ejecución en los sectores salud, educación, transporte, agua y saneamiento, y seguridad ciudadana, ha sumado gran parte del presupuesto otorgado en todas las regiones (cerca del 70% en promedio en los años analizados).

Gráfico 1. Gasto por función de los gobiernos regionales en porcentaje del gasto total (promedio años 2009-2020)

El gasto público no solo se mide a través de las actividades o productos que contribuyen a la creación de valor público, sino por los objetivos de resultado normalmente ligados a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Luego de ver la ejecución presupuestal, queda la duda de si tal ejecución del gasto indica mejoras en los servicios que ha recibido la población.

A pesar de los esfuerzos realizados para brindar una mejor calidad de servicios, desde la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR) en 2007, una mirada sectorial y territorial muestra que las deficiencias siguen siendo latentes.

Sin embargo, mucho del trabajo para lograr dichas mejoras se orienta a problemas de gestión del presupuesto asignado y a la necesidad de grandes inversiones para lo cual la reforma tributaria no es solo beneficiosa sino necesaria. Parte de los problemas estructurales de los principales sectores encuentran necesidades ligadas a los ingresos y a la eficiencia en la ejecución del presupuesto. En el sector de agua y saneamiento son necesarios los proyectos de inversión, financiamiento de operación y mantenimiento y provisión de servicios. En salud, es necesario financiar inversiones en la modernización de la prestación de servicios de salud y sistemas de información. En educación, más ingresos podrían permitir la implementación de infraestructura, equipamiento y tecnologías. En seguridad ciudadana, podría permitir la mejora de tecnologías y servicios básicos. Por ultimo, en transporte, ayudaría a la financiación de los grandes proyectos de infraestructura que permitan mayor conectividad, reducción de costos de logística e interconexión social (BID, 2017).

Sobre la modificación del régimen tributario

La teoría menciona que los sistemas tributarios deben asegurar la eficiencia del mercado, asegurar la estabilización macroeconómica o mejorar la igualdad a través de la redistribución, las tres funciones básicas generalmente asignadas a la política fiscal (Musgrave, 1959). Además, los impuestos no solo deben mejorar debido a su papel de eficiencia económica y sostenibilidad fiscal, mejorar un sistema tributario también pasa por entender su importancia social y su papel en el desarrollo de una nación.

La reforma tributaria minera debe procurar no reforzar la dependencia de los ingresos fiscales hacia las materias primas. Una alta dependencia de los ingresos fiscales de las industrias extractivas no solo representa una amenaza para las disparidades regionales internas de un país y exige mecanismos regionales de distribución eficaces y eficientes, sino que también expone al país a la volatilidad de los precios mundiales de las materias primas (Atria et al, 2007). Asimismo, esta reforma debe ser planteada de manera tal que permita que la inversión se mantenga. Las expectativas empresariales según los datos del BCRP, indican que a octubre estas han retornado a un nivel pre elecciones. Si bien no se encuentran al nivel prepandemia, tampoco nos encontramos en un nivel en donde las reformas no puedan ser llevadas a cabo. Asimismo, es necesario que de la misma manera exista un espacio de diálogo con las empresas que asegure los mensajes a los inversionistas que implique predictibilidad pero que a la vez asegure una mayor recaudación.

Por ende, la tarea debe ser construir un sistema tributario sólido, sostenible, justo y diversificado capaz de mantener un dinamismo razonable de la inversión y, simultáneamente, lograr una participación estatal progresiva en las rentas económicas derivadas de la extracción de recursos naturales cuidando de no implicar dependencia en las mismas. El actual escenario de precios altos facilita la tarea, puesto que las empresas pueden tener mayor espacio de maniobra. Años atrás durante la bonanza minera, los gobiernos fueron inerciales: las reglas de juego no fueron cambiadas en lo sustantivo y siguieron siendo las que se heredaron de la década de los años 90. Por ejemplo, el gobierno de Toledo concretó la implementación del alza del porcentaje del IR de la tercera categoría y aprobó el pago de regalías mineras (Mendoza y De Echave, 2016). Luego con Ollanta Humala, a pesar de existir gran expectativa, no se realizaron modificaciones importantes. En el actual contexto no puede suceder lo mismo, y se debe aprovechar la oportunidad política. El costo de oportunidad de no hacerlo, sería muy grande.

Para el desarrollo sostenido, pensar en el gasto público dejando de lado los ingresos es tener una mirada reducida. Una mejora en el esquema de recaudación fiscal que permita una recaudación eficiente, sostenida y contracíclica podría ayudar a gatillar las mejoras en la calidad del gasto público. Por ello, sustentar que el esquema tributario y/o el esquema tributario minero no debe aumentar y/o mejorar teniendo espacio, margen y necesidad; es optar por un punto de vista egoísta e ineficiente. La recaudación debe ser puesta en el debate de inversión pública y cumplimiento de necesidades fiscales.

Bibliografía

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De Echave C., J., & Flores U., C. (2020). Minería y tributación en tiempos de pre y post pandemia. Lima: Grupo Justicia Fiscal.

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World Bank. (2017). PERU PUBLIC EXPENDITURE REVIEW . World Bank Group.

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