Chile

Financiamiento y expansión del saqueo

24/07/2021
En medio de la pandemia, los dólares parecen destinarse fundamentalmente a la extracción de oro en una carrera vertiginosa hasta con las normas y pasos legales que deben emitirse para aprobar los proyectos.

Rio2, con sede en Vancouver, anunció que obtuvo entre US$125 millones y US$135 millones en financiamiento para la construcción de su proyecto aurífero Fénix, ubicado en la región chilena de Atacama.

Según un comunicado, el acuerdo incluye una hoja de condiciones no vinculantes con Wheaton Precious Metals International para un contrato de suministro futuro de oro valorado en US$50mn y una colocación privada de acciones ordinarias por US$5mn, así como también una línea de crédito de US$50mn-60mn con BNP Paribas.

Rio2 también realizará una oferta pública de acciones ordinarias con el objetivo de recaudar aproximadamente US$20mn.

“El paquete de financiamiento para la mina permitirá que Rio2 comience las actividades previas a la construcción en el proyecto aurífero Fénix antes de recibir la aprobación a la evaluación de impacto ambiental y los permisos”, indicó la compañía en un comunicado.

El proyecto debiera producir 80.000oz anuales de oro durante 19 años y, según la base de datos de perfiles de proyectos de BNamericas, el proceso de evaluación ambiental finalizará el 12 de agosto.

Fénix es una de las 220 iniciativas incluidas el año pasado en la lista de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) que tendrán prioridad para impulsar la recuperación económica.

La empresa planea obtener la primera producción de oro para el 4T22.

EXPANSIÓN DE LOS PELAMBRES

En su informe de producción del 2T21, la chilena Antofagasta Minerals indica que la expansión de US$1.700mn que se realiza en la mina de cobre Los Pelambres, ubicada en la Región de Coquimbo, sigue avanzando según lo presupuestado y finalizaría en el 2S22. Al cierre del primer semestre, el proyecto estaba ejecutado en un 52%.

La ampliación incluye una planta desaladora de US$500mn con una capacidad de 800l/s.

“La planta desalinizadora y las obras marinas relacionadas avanzan según lo programado y se han visto mínimamente afectadas por el COVID-19, dada la naturaleza dispersa del sitio y los pequeños equipos de construcción que se están empleando”, señala el informe.

La expansión agregará 60.000t anuales de producción de cobre a Los Pelambres durante 15 años, además de incrementar la capacidad de procesamiento de la planta de 175.000t/d a 190.000t/d.

El martes falleció un trabajador de Los Pelambres luego de un accidente al interior del rajo de la mina. Según medios locales, un buldócer volcó y su cabina quedó sumergida en el agua acumulada en el fondo de la mina.
Fuente: Panorama minero
De: https://noalamina.org/latinoamerica/chile/item/45476-financiamiento-y-expansion-del-saqueo

Colombia

No a la minería en Aranzazu

24/07/2021
La minería amenaza el 40 % de Aranzazu junto a otros municipios del Departamento de Caldas. Aranzazu es un Municipio colombiano declarado Patrimonio de la Humanidad, territorio cafetero, y sus habitantes han logrado aplazar la Audiencia Pública que pretende aprobar el saqueo.

No son buenas las noticias que últimamente llegan de mi pueblo. Primero fueron las que hacen referencia a la muerte, como consecuencia del contagio con el covid-19, de amigos entrañables. Ahora tienen que ver con la posibilidad de que las tierras de este municipio que producen café de buena calidad sean convertidas en tierras de explotación minera, causando un grave daño ambiental y, por supuesto, poniendo en peligro la tranquilidad que ha caracterizado a este pueblo fruto de la colonización antioqueña, fundado el 9 de noviembre 1853. Dos empresas mineras –Northern Colombia y Minerales Córdoba– aspiran a que la Agencia Nacional de Minería les conceda licencia para hacer actividad extractiva en 8.334 hectáreas entre los municipios de Neira, Aranzazu y Salamina.

Mediante auto GCM número 00063 del 15 de junio de 2021, la Agencia Nacional de Minería convocó a una audiencia pública con participación de terceros para anunciar que seis empresas especializadas en minería hicieron propuestas al Gobierno Nacional para que les otorgue licencias para la explotación en ocho municipios del departamento de Caldas de yacimientos donde es posible que se encuentren oro, plata, cobre, platino, paladio, rutenio, rodio y osmio, minerales esenciales para desarrollar alta tecnología. En Aranzazu esa audiencia estaba programada para el 23 de julio. Afortunadamente, la comunidad fue escuchada, y las audiencias fueron suspendidas. En mi pueblo aspiran a explotar minerales en el 40 por ciento de su territorio.

Un documento de la Agencia Nacional de Minería, donde se dice qué empresas están interesadas en esta búsqueda de yacimientos y, además, qué clase de minerales se pueden encontrar, señala que la concertación para buscar “áreas susceptibles de vocación minera” fue acordada entre la gerente de contratación de esta entidad con el alcalde del municipio de Aranzazu, Lisímaco Amador Cuesta, el 24 de mayo del año en curso. La realización de esta audiencia había despertado en esta población una oleada de rechazo sin precedentes por parte de la comunidad. Todos los pobladores se pronunciaron contra la explotación minera, argumentado que con esta actividad Aranzazu dejaría de ser un espacio donde reina la tranquilidad para convertirse en un lugar donde va a prevalecer la violencia.

No solo a esto le tienen miedo los pobladores de Aranzazu, un municipio que hace parte del Paisaje Cultural Cafetero, declarado por la Unesco como patrimonio mundial el 25 de junio de 2011. Les temen también a la llegada de grupos armados, a las exploraciones a cielo abierto que acaban con la naturaleza, a la contaminación de los ríos con mercurio, a la inseguridad que se apodera del entorno, al crecimiento del consumo de sustancias alucinógenas, al auge que tomaría la prostitución y, desde luego, a la pérdida de su identidad cultural. Con la llegada de la minería este pueblo de arraigadas costumbres paisas, con gente formada en valores, donde casi todos sus pobladores profesan la religión católica, dejaría de ser un remanso de paz para convertirse en zona de conflicto. Así de sencillo.

La noticia sobre la realización de esta audiencia hizo que durante estos días en Aranzazu la gente se manifestara para tratar de impedir su realización. Quienes vienen liderando la oposición a que la minería se tome el pueblo siguen recogiendo firmas para expresar el descontento ciudadano. Rubén Darío Toro, un escritor con conciencia social, y Juan Manuel Salazar Gómez, un especialista en medio ambiente y economía circular, han tomado las banderas para decirles a sus conciudadanos qué les espera en caso de que esta actividad se asiente en este pueblo caldense de clima cálido. Ellos invitan a manifestar su descontento diciéndoles que con la explotación minera Aranzazu dejaría de ser ese poblado apacible del que tan orgullosos se sienten.

La Corte Constitucional les quitó a los ciudadanos la posibilidad de pronunciarse contra proyectos extractivos de minería en sus regiones a través de las consultas populares, aduciendo que el subsuelo es propiedad del Estado. Así las cosas, el ciudadano quedó sin herramientas para impedir que a sus pueblos lleguen las multinacionales a cambiar sus costumbres y a acabar con la convivencia pacífica. Ahora tienen que expresarse rechazando audiencias. Los personeros de los diez municipios de Caldas donde se tenían programadas le pidieron a la Agencia Nacional de Minería que las suspendiera, argumentando que por la situación de orden público las audiencias podrían terminar en actos vandálicos. Esto debido al estallido social que ha vivido Colombia en los últimos meses.

Lo logrado no es para bajar la guardia. Las audiencias fueron aplazadas, pero no canceladas. No se puede aceptar que a nuestro pueblo le cambien su vocación agrícola. Detrás de los proyectos mineros llega la minería ilegal, que viene acompañada de problemas de carácter social. Aranzazu no puede convertirse en otro Buriticá, el pueblo antioqueño donde la explotación minera trajo para sus pobladores tragedias. Para seguir disfrutando los paisajes hermosos que brinda el cultivo del café se debe seguir manifestando el inconformismo con la minería. Y seguir luchando para que esta actividad no acabe con nuestras bellezas naturales. Nuestra naturaleza no debe ser arrasada por la maquinaria que destruye el campo para buscar oro acabando con el agua.
Fuente: EL TIEMPO – JOSÉ MIGUEL ALZATE
Tomado de Noalamina https://noalamina.org/latinoamerica/colombia/item/45480-no-a-la-mineria-en-aranzazu

Argentina, Litio

“En nombre del Litio” es la película documental que se estrenará el 1 de agosto, el Día de la Pachamama.

 La película podrá verse desde la web www.enelnombredellitio.org.ar, de manera online y gratuita hasta el 9 de agosto.

Con dirección de Cristian Cartier y Martin Longo, “En nombre del Litio es la última voluntad de las comunidades originarias de los salares del norte argentino de ser escuchadas y respetadas”, señalaron los cineastas sobre su nueva película.

“Sus tradiciones ancestrales están amenazadas por la civilización moderna y la civilización moderna está amenazada por sus tradiciones ancestrales. Este documental refleja el conflicto entre su cosmovisión y los intentos desesperados del mundo moderno por encontrar en el litio una alternativa a los combustibles fósiles“, agregaron.

Indicaron, además que “los avances tecnológicos nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, pero el espectador debe comprender cuáles son nuestras responsabilidades con el medio ambiente y otras formas de vida”. “Las salinas son casi infinitas. Y así debe ser nuestra búsqueda del equilibrio en la humanidad”, relataron.

Clemente Flores vive en la comunidad El Moreno, en Salinas Grandes, Jujuy, donde las comunidades originarias intentan evitar el inminente desembarco de mineras multinacionales para extraer litio, el nuevo oro blanco. En busca de respuestas frente a su acallado reclamo de ser consultadas en los procesos de toma de decisión, Clemente se embarca en un viaje revelador, para regresar y organizar, junto a las otras comunidades del salar, una acción de resistencia en defensa de su territorio y del equilibrio de la Pachamama.

El documental “En nombre del litio” llega a la web con proyecciones gratuitas

Perú

PLANTEAN NUEVA POLÍTICA MINERA AL GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO

22/07/2021
Ayer, durante el transcurso del panel “Minería y Medio Ambiente. Los retos del nuevo gobierno” en el que se presentó el 28 reporte del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú (OCM), los integrantes de esta plataforma informativa y de análisis, y panelistas invitados abordaron los impactos de los conflictos socioambientales en la población y la necesidad de plantearse un impuesto a las sobreganancias mineras.

Como integrantes del panel participaron Pedro Francke, asesor económico del presidente electo Pedro Castillo, y Ruth Luque, congresista electa por la región Cusco, quienes señalaron desde su experiencia, aspectos e impactos de los conflictos mineros en la población.

Francke, destacó la necesidad de una política minera distinta, articulada de manera integral y no sectorizada, que permita a esta actividad ser una palanca de desarrollo social, humana, integral y no un espacio alrededor del cual se genere conflictos o desigualdades.

“Es importante (la actividad minera), desde luego, la generación de divisas, pago de impuestos y empleos dignos, pero debe de verse como parte de un desarrollo integral, humano y sostenible, de la mano de objetivos como el cuidado del medio ambiente, equidad de género, manejo del agua, mejora de los agricultores y comunidades alrededor de la minería” señaló.

Por su parte la congresista Ruth Luque, puso énfasis en la falta de atención de las personas afectadas por los metales pesados, señalando que, si bien existe una ley al respecto, no hay un avance en la atención a la salud de los afectados por la falta de un presupuesto concreto. Se refirió a las familias de las zonas de Espinar, Pasco y la Amazonía afectadas por las actividades mineras y extractivas.

Por otro lado, Luque señaló que también va a trabajar para que se implemente un plan de reparaciones para las familias afectadas por los conflictos sociales. “Esperamos generar un nivel de diálogo sobre las reparaciones, tenemos secuelas, gente que tiene discapacidad, familias que no han sido atendidas, es una deuda que tiene el Estado” expresó Luque, en torno a la labor que desarrollará desde el congreso.


En la primera parte del evento, los representantes del Observatorio de Conflictos Mineros, José de Echave -CooperAcción, Mirtha Villanueva-Grufides, y David Velazco -Fedepaz, destacaron algunas propuestas planteadas en el reporte del OCM, como la revisión de la política fiscal, y el fortalecimiento de las instituciones públicas vinculadas a la actividad minera y fiscalización, hoy debilitadas.

En su momento José de Echave, señaló que, ante alza de los minerales, el gobierno de Pedro Castillo deberá decidir si se sigue en piloto automático o si el Perú tiene derecho o no de aplicar un impuesto a la sobreganancias mineras. «Desde el OCM consideramos totalmente legítimo que el país ejerza su derecho a pensar en cómo puede lograr una mayor captura de la renta extractiva, en este caso, minera. Organizaciones internacionales como el FMI recomiendan este impuesto» expresó.

Por su parte, Mirtha Villanueva, describió el avance de un conjunto de proyectos mineros en Cajamarca como el de Yanacocha, que se encuentra en expansión e involucra a cabeceras de cuenca, con actividades proyectadas hasta el 2040. Asimismo, alertó sobre el impacto de la minera informal afectando los ríos y cultivos del Valle de Condebamba.

Mientras que David Velazco, destacó que en Piura a fines del año pasado se establecieron 21 concesiones mineras para la empresa Nueva Arco Iris, sin haber hecho ninguna consulta a la población. Llamó también la atención sobre la criminalización de la protesta, como un instrumento legal en contra de quienes reclaman por sus derechos vulnerados, y la necesidad de una ayuda económica para los heridos y deudos de los conflictos sociales, mineros.

Este y otros hallazgos del 28 Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros los puede ver en el documento publicado en el siguiente enlace: bit.ly/3kJ0Bab

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Colombia

Comunidades piden ser parte de estudio minero de La Guajira

Afirman que el análisis sobre los impactos de esta actividad fue realizado por investigadores que hacen parte de empresas mineras.
A través de una acción de tutela, varias organizaciones sociales e indígenas de La Guajira, exigen a la justicia que se pronuncie sobre un estudio y una política pública, realizados en cumplimiento de decisiones de la Corte Constitucional, sobre los impactos de la minería.
Según los accionantes, “estos fueron llevados a cabo por investigadores que hacen parte de empresas mineras o que han defendido sus intereses y sin participación de las comunidades”.

La investigación a la que se refieren es a la de los impactos de la actividad minera y la explotación ilícita de minerales, en los ecosistemas del territorio colombiano, en cumplimiento de la sentencia T445 de 2016 y la política pública nacional integral para “optimizar y hacer cumplir prioritariamente la prevención y el control contra la contaminación del aire y del agua causada por la explotación y transporte de carbón, ordenada por la sentencia T 154 de 2013”.
En la sustentación de la tutela afirman que el impacto específico de este estudio y esta política para las comunidades de La Guajira, así como las prácticas institucionales evidencian la exclusión de las comunidades y el favorecimiento de los intereses de la compañía Carbones del Cerrejón en los capítulos específicos sobre la región.

“Estas conductas por parte de la institucionalidad ambiental del país representan una violación sistemática a los derechos fundamentales de participación, y acceso a la información veraz e imparcial, amenazando los principios de democracia y justicia ambiental en una región con una reconocida crisis por el agua y la alta vulnerabilidad a los estragos del cambio climático”, afirman.

La tutela se interpone contra los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Minas y Energía, del Interior, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, la Agencia Nacional de Minería, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

“Estas entidades a través de sus conductas, u omitiendo sus deberes, han vulnerado y desconocido los derechos reclamados”, indican en la tutela.

Específicamente aseguran que, en la construcción del estudio y en particular de “las conclusiones gubernamentales” frente a los impactos de la actividad minera en los ecosistemas del territorio colombiano, “de manera indebida, las autoridades públicas delegaron y privilegiaron la producción de la información relacionada con los impactos de la minería de carbón a cielo abierto, en autores con evidentes conflictos de intereses, como son los directores de gestión ambiental de las dos compañías multinacionales carboníferas Drummond y Carbones del Cerrejón”.
Gobierno buscará endurecer sanciones por minería ilegal

Agregan que, los estudios elaborados por autores de las empresas carboníferas, dan como resultado conclusiones parcializadas y sin el rigor científico que apuntan a negar, ocultar y minimizar los impactos, tales como que la explotación carbonífera durante 40 años en La Guajira no ha causado un conflicto significativo por el agua en la región.

Por eso solicitan abrir espacios significativos e incluyentes de participación a las comunidades locales, de manera que su conocimiento y experiencia, y se incorporen en los capítulos específicos sobre La Guajira del estudio y la política.

Además, que se ordene a la institucionalidad ambiental adoptar en adelante un estándar de imparcialidad, rigurosidad e independencia en los estudios oficiales y políticas públicas relacionadas con los impactos de la minería de carbón a cielo abierto.

Finalmente que se prevenga a las entidades accionadas para que adopten un especial cuidado en su conducta a fin de frenar la influencia indebida de la empresa Carbones del Cerrejón en los procesos públicos de toma de decisiones, generación de información, estudios, evaluaciones de impacto ambiental, formulación e implementación de políticas públicas de fiscalización, regulación o medidas destinadas a la protección de derechos en el marco de las afectaciones y violaciones causadas por la extracción minera en La Guajira.

Los que tutelan son Fuerza Mujeres Wayuu, la comunidad de Tamaquito, la comunidad La Gran Parada, la Corporación Geoambiental Terrae y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
https://www.elheraldo.co/la-guajira/comunidades-piden-participacion-en-estudio-sobre-impactos-de-mineria-en-la-guajira-835031

Perú

Observatorio de Conflictos Mineros propone un impuesto a las «sobreganancias»

La medida podría tomarse en el gobierno de Castillo.
Observatorio de Conflictos Mineros propone un impuesto a las «sobreganancias»
21/07/2021
El organismo denominado Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) recomienda un impuesto a las sobreganancias mineras, volver al esquema de regalía sobre las ventas, y revisar los beneficios tributarios al sector minero.

Estas propuestas se expondrán en la presentación del reporte del OCM donde participarán Pedro Francke, integrante del equipo económico del presidente electo Pedro Castillo; Ruth Luque, congresista electa por Juntos por el Perú; y Mirtha Vásquez, presidenta del Congreso. Asimismo, José De Echave de CooperAcción; David Velasco de -Fedepaz y Mirtha Villanueva de Grufides.

La información es sobre los conflictos socioambientales vinculados a la minería y un panorama sobre el aumento de precios de los metales. Se destaca los aumentos en cobre (96%), oro (6.2%), plata (67.5%), plomo (34%) y zinc (49.8%).

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Observatorio de Conflictos Mineros propone un impuesto a las «sobreganancias»

Sin categoría

MAPUCHES EN ALERTA, CIERRAN TRANQUERAS A LOS CATEOS MINEROS EN RÍO NEGRO

14/07/2021
La provincia otorgó 10 permisos de exploración a Ivael Mining S.A en una amplia zona de la cordillera y Región Sur. Las comunidades denuncian que no fueron informadas de manera previa y rechazan el ingreso de la empresa.
Fuente: Río Negro
Las comunidades mapuches de la cordillera están en alerta y decidieron poner candado a las tranqueras para expresar su rechazo a la exploración de minerales metalíferos en el territorio que autorizó la provincia de Río Negro a una empresa registrada en San Juan.

La Secretaría de Minería otorgó, a fines de abril, diez permisos de cateo para la exploración de sustancias minerales de primera y segunda categoría a la empresa Ivael Mining S.A, en una amplia jurisdicción que abarca 50.500 hectáreas desde Los Menucos hasta Pilcaniyeu y Ñorquinco, en el sur de la provincia.

La minera tiene personería jurídica en la provincia de San Juan y se dedica a la extracción de minerales no ferrosos, excepto uranio y torio. Específicamente en la región tiene el interés de buscar oro y plata.

El gobierno provincial publicó estos permisos exploratorios en el Boletín Oficial del 26 de abril. Esa es una de las exigencias del Código Minero para que los superficiarios de las tierras se den por notificados. Pero las comunidades mapuches que se encuentran en el territorio aducen que no fueron informadas de manera previa y recién se enteraron semanas atrás cuando representantes de la empresa Ivael Mining se presentaron en los campos, según precisó a RÍO NEGRO Newen Loncomán, consejero en representación de las comunidades mapuches, del Consejo de Desarrollo Indígena (Codeci).

Las comunidades señalaron que en plena pandemia “se han presentado en nuestro territorio representantes de empresas mineras pretendiendo entrar a realizar exploraciones y extracción de muestras de rocas y suelo para futuras explotaciones mineras”.

Hay varias comunidades mapuches que se dedican a la producción agrícola y ganadera en la zona donde se iniciarían las exploraciones mineras. Según los permisos otorgados, se autorizaron los cateos Vista Alegre, Yanquihuen, Quila Mahuida y Ofelia en el distrito minero Jacobacci; además de los cateos Marinao Oeste, Calvo, Ojos de Toro, Loma Negra, Curva Oeste-Curva Este, del distrito minero Los Menucos; y el cateo María del distrito Cordillera, cerca de Ñorquinco.

Ante esta situación, las comunidades Amulenche (Mencue), Ragiñ Plang Curra Mew (Blancura Centro), Pilquiniyeu del Limay (Pilquiniyeu del Limay), Pulan Lafquen (Laguna Blanca), Newen Ñuke Mapu (Cañadon Chileno), Lof Mariano Epulef (Anecón Chico), Ancalao (Ñorquinco) de la Zona Andina, y referentes de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche, el Codeci Zona Andina y el Consejo de Participación Indígena Zona Andina, se reunieron en Mencué para dejar clara su postura ante esta “problemática realmente preocupante”, según definieron.

“Hemos decidido como comunidades y pobladores dispersos prohibir el ingreso de cualquier empresa minera a nuestros territorios comunitarios. No se ha respetado la consulta libre previa e informada y entendemos que el derecho Indígena está por encima del código minero”, expresaron en un documento firmado por todos los referentes de las comunidades afectadas.

Por eso hicieron un llamado a “cerrar las tranqueras ante el extractivismo minero” y consideraron que el Estado provincial “atropella” la autonomía comunitaria e incurre en la violación de los derechos indígenas.

“Lo que para el capitalismo son recursos pasibles de ser extraídos, para nosotros son fuerzas necesarias para que exista la vida. La megaminería no es producción, es extractivismo” dicen las comunidades mapuches.

El secretario de Minería de Río Negro, Joaquín Aberastain Oro, dijo a RÍO NEGRO que se cumplieron los pasos formales previstos por la normativa vigente, con la publicación de la solicitud de los permisos exploratorios y no recibieron objeciones en el plazo para impugnación.

También señaló que habitualmente se encuentran con inconvenientes con las comunidades mapuches porque no están en los registros de los organismos oficiales como ocupantes de las tierras. “Ya le hemos planteado meses atrás al Codeci que gestione esta información y trabaje de manera articulada con los organismos oficiales”, afirmó.

Los permisos a Ivael Mining S.A son para una “etapa inicial de exploración”, explicó Aberastain Oro, y agregó que en una instancia posterior, en caso de avanzar estas tareas con objetivo de explotar minerales, se debe dar intervención a un consejo técnico y realizar una audiencia pública. Aclaró que estos procesos pueden demandar muchos años, entre 15 y 20 y actualmente no hay mineras metalíferas que realicen extracción.

Este diario pudo conocer que, tras la negativa de las comunidades mapuches de dejar pasar a la empresa, representantes de Ivael Mining solicitaron una reunión con la autoridad minera.

Mapuches en alerta, cierran tranqueras a los cateos mineros en Río Negro

 

Internacional

EL VERDADERO COSTE DE LA MINERÍA DE URANIO III

15/07/2021
Los desechos de la mina de uranio de Tummalapalle, en India, ha contaminado el agua de la zona, causando la muerte de ganado, pérdida de cosechas y problemas de salud para la población local. A día de hoy, continúan luchando por sus derechos.
Fuente: El Salto
Por Krishna Shree- Rajesh Serupally
Artículo publicado originalmente en Beyond Nuclear International.

Cuando un pueblo tras otro comenzó a quejarse, la oficina de Kurnool de la Junta de control de la contaminación de Andhra Pradesh (APPCBK por sus siglas en inglés) tomó cartas en el asunto. Como respuesta a estas protestas, enviaron un comunicado oficial a UCIL el 23 de marzo de 2018, en el que se lee: “Ustedes no han revestido la balsa, pese a las condiciones específicas tal como las estipulan las normativas de limpieza medioambiental (EC), consentimiento para el establecimiento (CFE) y consentimiento para la operación (CFO), y por tanto han violado la legislación”. Se lee más adelante acerca de las muestras de agua tomadas en las inmediaciones que “UCIL y el honorable parlamentario de la circunscripción de Kadapa, [han consentido que] los niveles de uranio excedan el estándar”, exigiéndose una respuesta por parte de UCIL de querer evitar que la APPCBK tome acciones en base a la Ley del Agua de 1974.

A esto la UCIL respondió el 2 de abril de 2018, juzgando que los niveles de uranio presentes en los terrenos se debían a aguas subterráneas contaminadas ajenas a su balsa. También aseguraban que esta la habían revestido con arcilla, siguiendo el dictamen de la Junta Reguladora de Energía Atómica (AERB), aunque olvidaron mencionar el tipo de arcilla empleada. Asimismo, declararon utilizar técnicas de minería innovadoras en Jharkhand y Andhra Pradesh “con resultados beneficiosos para el medioambiente” que les habría reparado un gran apoyo social. UCIL culpaba de todas las alegaciones contra sus actividades a organizaciones antinucleares con “una agenda”.

En Jaduguda, la opinión pública difiere bastante de las declaraciones de UCIL. Ashish Birulee cree que sus operaciones allí han dañado el medio natural. “La gente sufre de enfermedades hasta ahora desconocidas. Antes no había problemas de salud aquí. ¿Cómo es que todo esto comenzó conforme empezaron a minar uranio? La compañía no respeta las medidas de salud pública internacionales. A UCIL nunca le han importado”.

Siguiendo la correspondencia entre APPCBK y UCIL, aquella respondió el 19 de abril de 2018 con una carta exigiendo evidencias del revestimiento de la balsa. También recordaba que la AERB y la APPCB eran organismos distintos, y que debían respetarse las normativas de ambos. Asimismo, rechazaba categóricamente las afirmaciones de la UCIL de que las aguas subterráneas estuviesen contaminadas por razones distintas. En 2013, las muestras de agua tomadas en Mabbuchintalapalle indicaban unos niveles de uranio de entre 1 y 7 partes por mil millones (ppb), mientras que las últimas tomas de los pozos cercanos a la balsa reflejaban unos niveles de entre 690 y 4000 ppb (siendo el estándar de 60).

En 2013, las muestras de agua tomadas en Mabbuchintalapalle indicaban unos niveles de uranio de entre 1 y 7 partes por mil millones (ppb), mientras que las últimas tomas de los pozos cercanos a la balsa reflejaban unos niveles de entre 690 y 4000 ppb (siendo el estándar de 60).
La APPCBK ha formado un comité para investigar acerca de la mina de uranio de Tummalapalle, que visitó los pueblos afectados a finales de junio de 2018. Aún no han hecho públicas sus averiguaciones.

Es más, la UCIL no ha movido un solo dedo para colocar una cubierta vegetal sobre la balsa, lo que evitaría la difusión de partículas radioactivas por el aire. Eso sí, han descuidado completamente el desarrollo de vegetación en y alrededor de las paredes de la balsa, lo que vuelve el terreno más poroso, aumentando la filtración.

De sobra se sabe en la zona que UCIL solo se pronuncia para defender sus actividades y para nada más. La audiencia pública en la oficina de la UCIL de Tummalapalle se condujo bajo tremendas presiones, e incluso entonces se prohibió el acceso a terceros. En una reunión en abril de 2018, la UCIL invitó a miembros del Centro de Investigación Atómica Bhabha (BARC) como asesores para su defensa, pero no consintieron que participara en la audiencia el Dr Babu Rao (quien se retiró siendo el científico principal del Instituto Indio de Tecnología Química) a modo de representante de la ciudadanía. De hecho, se le detendría ilegalmente en la comisaría de policía de Vemula, y fue solo después de las protestas de los y las vecinas que le liberaron y pudo participar. También se ha exigido que la UCIL celebre sus audiencias en territorios neutrales en vez de sus propias oficinas, así como facilitando la atención y comprensión de las poblaciones afectadas.

Rajnish Rai, que ejercía como responsable de seguridad para UCIL en 2014, realizó un informe en el que aseguraba que existían “varios fallos procedimentales y de gestión en el proyecto de Tummalapalle”, lo que supuestamente habría supuesto al gobierno 9.700.000.000 de rupias. Señalaba la existencia de varios casos de corrupción y mala gestión en UCIL, apuntando incidentes durante la decomisión de las minas de Mosabani y Rakha por no seguir la normativa de seguridad ni reclamar la supervisión de la AERB. En el caso de la mina de Tummalapalle, Rai recomendó una auditoría “independiente, objetiva y de confianza para examinar si el proyecto de Tummalapalle se está ejecutando y/o llevando a cabo de acuerdo con los principios de economía, eficiencia y efectividad”.

Dada la presión de activistas y vecinos, tuvo lugar una reunión el 13 de julio de 2018 entre la oficina del distrito, dirigida por C Hari Kiran, y representantes de UCIL, para que estos respondieran a las protestas.

T Rajendra Reddy, de la oficina de Kurnool de la APPCB, nos confirmó que el comité creado para aseverar el impacto de la mina de Tummalapalle y, potencialmente, guiar las acciones a tomar en caso de mala gestión, estaba formado por físicos nucleares y demás académicos de peso. Mencionó asimismo que habían confirmado un aumento del contenido de uranio en el agua y que, pese a las afirmaciones de la UCIL, no se debía a formaciones geológicas o demás causas ajenas. A día de hoy, UCIL no ha enviado las pruebas exigidas por la APPCB y se espera que el comité tome una decisión sobre cómo proceder.

Cuando le contactamos, el gerente general adjunto de Tummalapalle nos indicó que escribiésemos al jefe de personal, que respondería a nuestras preguntas. Dijo que “las actividades de la UCIL son de gran importancia estratégica para la nación y por tanto, no podemos divulgar información alguna sin obtener un permiso por medio de las canales oficiales”.

Mencionó asimismo que habían confirmado un aumento del contenido de uranio en el agua y que, pese a las afirmaciones de la UCIL, no se debía a formaciones geológicas o demás causas ajenas.

A día de hoy, UCIL no ha enviado las pruebas exigidas por la APPCB y se espera que el comité tome una decisión sobre cómo proceder.
Al hablar con el Dr EC Gangi Reddy, un médico de pueblo vecino, Pulivendula, nos dijo que había notado “un aumento de casos de enfermedades cutáneas en los últimos años, especialmente en los pueblos alrededor de la balsa”. Añadió que “se debería averiguar la causa lo antes posible”.

Dados sus años de experiencia en el área de Jaduguda, Ashish Birulee nos desveló la dificultad para los vecinos de marcharse a otro lugar. “A quienes poseen tierras nunca les recompensarán ni por completo ni de manera adecuada. En vez de eso, les ignorarán in más remedio que protestar y luchar por lo que es suyo”.

Jayasree Kakumani, activista ecologista del Foro por los Derechos Humanos (HRF), una persona muy conocida para las víctimas de Tummalapalle tras sus años de trabajo en la zona. Lucha por una “compensación para las personas afectadas y el fin de toda actividad minera hasta que se revista la balsa”.

Ashish Birulee dice que “una vez han comenzado a minar, costará pararles incluso cuando se sepan la verdadera dimensión de este problema. Tenemos el ejemplo de Jaduguda. El sufrimiento de la gente allí es real, hablamos de problemas muy graves de salud, de cánceres. Y el futuro promete ser peor, no queda otra. UCIL nunca se responsabilizará por el impacto de su modelo de negocio, ni por el hecho de que sus residuos están haciendo enfermar a las personas y al medioambiente”.

“Pasó casi medio siglo antes de que se evidenciaran los efectos de la radiación allí. Pero en 15 anhos, Tummalapalle puede convertirse fácilmente en el nuevo Jaduguda”, añade. Llama la atención sobre el hecho de que UCIL aún no ha respondido a una pregunta que la gente de este pueblo les preguntara hace décadas: “¿Qué va a ser de nosotros cuando cierren la mina?”

Si Jaduguda sirve como ejemplo, UCIL desaparecerá en cuanto deje de ganar dinero con la mina, dejando atrás las toneladas de residuos radioactivos. ¿Dónde encontrará esta gente ayuda? ¿A quién podrán quejarse, una vez sus sistemas de vida hayan quedado destruidos en nombre del desarrollo y de la prosperidad económica? Más allá de las culpas, aún se desconoce una solución real.

Traducción de Raúl Sánchez Saura.

Imagen: La plantación de plátano de Chandra Naik supuraba una sustancia extraña que alejó todo comprador.

El verdadero coste de la minería de uranio III

Argentina

“LA MINERÍA NUNCA VA A SER UNA OPCIÓN POSIBLE PARA NUESTRO PUEBLO”

16/07/2021
Queríamos hablar con el Lonko de la comunidad mapuche Newen Ñuke Mapu de Cañadón Chileno, paraje ubicado en el departamento Pilcaniyeu, Río Negro, dado que era uno de los referentes que se reunieron con las comunidades vecinas con el fin de tomar una decisión colectiva y reflexionada frente al avance minero en sus territorios. “Donde vive él no hay señal, o sea no WhatsApp, pero sube un cerrito todos los días, donde consigue señal. La forma de comunicarse sería ponerse de acuerdo para una llamada”, nos anticipaba su sobrina. El hecho es que en este día frío y lluvioso el Lonko Raúl Llancaqueo subió al cerrito y pudimos comunicarnos.
Fuente: Tinta verde
Por Radio Autónoma Piuké

En Mencué fue el trawn. En esa localidad rionegrina se reunieron las comunidades mapuche tehuelche de la zona para rechazar el “avance de las mineras que pretenden entrar a realizar exploraciones para futuras explotaciones”. Por lo menos así lo expresa parte del manifiesto realizado el miércoles 7 de julio en un trawun que reunió a comunidades vecinas de una importante extensión del territorio.

Participaron del encuentro las comunidades Amulenche, de Mencué, Ragiñ Plang Curra Meu, de Blancura Centro, Pilquiniyeu del Limay, Pulan Lafquen, de Laguna Blanca, Newen Ñuke Mapu de Cañadón Chileno, lof Mariano Epulef de Anecón Chico, Ancalao, de Ñorquinco, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, el CODECI, y el Consejo de Participación Indígena.

Agrega el manifiesto de las comunidades un alerta a los vecinos y las vecinas: “las estrategias que las empresas mineras están llevando a cabo, se basan en la mentira y el engaño”. “La minera hace más de un año que anda”, comenta el lonko Raúl desde el cerro donde hay señal de celular y agrega: “anda agarrando a la gente así, sola, la mayoría de la gente está sola en el campo, y bueno, le ofrecen cosas, no sé qué le han ofertado a la gente y aprovechan la situación de esta pandemia que ha perjudicado a todos los sectores”.

La situación que atraviesan las comunidades mapuche de la meseta es compleja; la poca agua y la poca leña que existe, la valoran y aprecian y toda su vida se construye a través del trabajo en el territorio. Tal como señalan en el comunicado elaborado entre las comunidades de la zona, hace años que la región transita una gran sequía y eso les trae problemas para la producción agrícola ganadera que ha sido su principal actividad económica. “Estratégicamente los gobiernos desatienden las políticas productivas para el territorio, para dejarnos a merced de los intereses de las empresas extractivas, continuando el despojo”, denuncian. En esa línea, Raúl Llancaqueo señala: “Ayer nos hemos reunido con las otras comunidades para hacer el comunicado para que no entre la minería. Toda la vida los pequeños productores han vivido de la ganadería, es su sostén”.

Esta realidad se contrapone con las concepciones de quienes -alejados de estos contextos- señalan que los pueblos originarios tienen un vínculo “idílico” con la naturaleza y que ligados a un “paisaje paradisíaco”, pretenden defenderlo por su belleza.

Durante los últimos años, además, la situación económica generó más vulnerabilidad en la población rural. Las comunidades señalan que los gobiernos en vez de generar condiciones para el acceso al agua, otorgan permisos a las mineras. “Ante esta situación de vulnerabilidad económica aparecen las empresas mineras con promesas de saldar las necesidades que el Estado no cubre, arreglo de caminos, mejoramiento habitacional, pago de becas, forestación, incluso ofrecen pago de “alquileres” para lograr entrar al territorio”, expresan en el comunicado y agregan: “La minería nunca fue, y nunca va a ser una opción posible para nuestro pueblo, porque atenta contra la Mapu y si atenta contra la mapu atenta contra nosotros como Che”.

En este escenario, las comunidades decidieron prohibir “el ingreso de cualquier empresa minera a nuestros territorios comunitarios”. Denuncian que no se ha respetado la consulta libre previa e informada y plantean: “entendemos que el derecho Indígena está por encima del código minero y tanto el Estado Nacional, como el Estado Provincial tienen una deuda histórica con nuestro pueblo Mapuche Tehuelche. El incumplimiento de nuestros derechos legitima estas acciones ante el atropello de nuestra autonomía comunitaria. Las tranqueras estarán cerradas para las empresas mineras que buscan destruir nuestro territorio”. El comunicado termina con un llamado a todas las comunidades a cerrar sus tranqueras ante el extractivismo minero.

“No queremos que entren las mineras y que el gobierno se haga cargo de la situación de los pequeños productores. No queremos dejarlas entrar porque el daño ambiental que producen es lo que no queremos, la falta de agua, ya sufrimos la sequía…nos castigó la nevada y ahora al pequeño productor lo termina. No dejen entrar a las mineras”, concluye el lonko desde la altura, en el cerro que le permite comunicarse con el resto del mundo.

“La minería nunca va a ser una opción posible para nuestro pueblo”

Argentina

EL PADRE DEL BORREGO

17/07/2021
En la última década, Elsztain, quien se hizo fuerte por sus negocios inmobiliarios en campos, oficinas y shopping centers, avanzó en la minería con la empresa Austral Gold. Por qué invierte en el sector.
Fuente: ECONO JOURNAL

El 12 de mayo de 2020, editores de las secciones de economía y de los diarios financieros de Buenos Aires recibieron un mail en sus casillas. Los sorprendió. Porque era domingo y, además, por
su contenido. Pero, sobre todo, por quién era el protagonista. El correo electrónico difundía extractos de un documento que Eduardo Elsztain, presidente de Inversiones y Representaciones SA (IRSA), la mayor empresa de bienes raíces del país, había hecho circular entre sus inversores.

«El manual de supervivencia económica de la Argentina dice que, en este contexto de déficits fiscales épicos, más el endeudamiento más alto de la historia, más emisión monetaria a niveles nunca visto, más depresión económica, cualquier persona con ahorros grandes o pequeños debería redireccionar una parte significativa de esa liquidez a la única moneda que no puede ser impresa: el oro», aconsejó.

No fue un texto usual. Elsztain es uno de los cinco empresarios más importantes del país. Su personalidad excede el mundo de los negocios. Su actividad filantrópica abarca desde el fomento al entrepreneurship, con un manifiesto apoyo –espiritual y material– a la Fundación Endeavor, a iniciativas sociales de profundo compromiso comunitario. Y, además, atesora una rica –y envidiada– agenda de contactos, local y, en especial, internacional, que lo encumbró a cargos de influencia única, como el directorio del Consejo Judío Mundial, amén de ser un activo protagonista –y promotor– del World Economic Forum.

Sin embargo, Elsztain, de 61 años cumplidos en enero, no es alguien que suela transmitir sus opiniones en público; mucho menos en los medios. ¿Qué llevó a quien es reconocido como «el dueño de los ladrillos», entre shopping centers, edificios de oficinas y proyectos residenciales, y, a la vez, uno de los mayores inversores agrícolas de América del Sur, a fijar su atención sobre el precioso metal? ¿Y difundirlo, además?

Oro en Chubut

La respuesta, en realidad, ya la había dado pocos días antes. El 22 de abril, en Toronto, Canadá, la minera Yamana Gold informó que Elsztain y Saúl Zang, uno de sus hombres de máxima confianza, habían comprado el 40% de Suyai, un proyecto de extracción de oro en Chubut. Pagaron u$s 2 millones para entrar a un prospecto cuyo objetivo es producir hasta 250.000 onzas anuales durante sus primeros ocho años de antigüedad. Además, se comprometieron a desembolsar otros u$s 31,6 millones hasta 2024, en caso de que el emprendimiento reciba todas las aprobaciones.

Algo que, en gran medida, dependerá de sus gestiones. «El grupo argentino asumirá la responsabilidad de todos los asuntos ambientales, sociales y de gobierno (ESG) y, en particular, liderará los esfuerzos de permisos destinados a avanzar el proyecto a través de sus diferentes etapas de desarrollo», explicó Yamana.

Más que una quimera

Así como no ahorró elogios a la gestión Macri, Elsztain siempre fue lo suficientemente hábil para no colisionar contra otros gobiernos. Hombre de magnetismo especial, que potencia con el aura que le confiere una profesión profunda y estricta de su fe de la cual su aspecto personal, de barba tupida, trajes oscuros y kipá es reflejo, el empresario, a través de IRSA y de su controlada IRSA Propiedades Comerciales (IRSA PC), tiene nueve edificios de oficinas premium y 15 shopping centers. La mitad de los centros comerciales –Alto Palermo, Paseo Alcorta, Patio Bullrich, DOT Baires, Distrito Arcos, Alto Avellaneda y Soleil Premium Outlet– están en el AMBA. El resto, en el interior: Alto Noa (Salta), Alto Rosario, La Ribera Shopping (Santa Fe), Mendoza Plaza (Mendoza), Córdoba Shopping Villa Cabrera, Patio Olmos (Córdoba) y Alto Comahue (Neuquén). Además, posee otros inmuebles comerciales y los hoteles Intercontinental, Libertador (CABA) y Llao-Llao (Bariloche). Su unidad de construcción compra terrenos y desarrolla viviendas y complejos comerciales. El grupo también es dueño del 29,91% del Banco Hipotecario, del que el propio Elsztain es presidente.

En su último balance anual, cerrado el 30 de junio de 2020, IRSA facturó $ 95.793 millones. Sin embargo, solo $ 14.156 millones se generaron en la Argentina. Los otros $ 81.637 millones provinieron de Israel, donde –al menos, hasta ese momento– registraba negocios en bienes raíces, tecnología, telecomunicaciones, supermercados, energía y turismo. IRSA también tiene inversiones en los Estados Unidos. Principalmente, en inmuebles.

Diversificación en agro

A su vez, Cresud, controlante de IRSA, es una de las principales firmas agropecuarias de la región.
Al 30 de junio, era dueña de 26 campos, con aproximadamente 629.794 hectáreas, entre la Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. Produce granos, ganado bovino y ganado lanar. Arrienda tierras a terceros y, además, tiene el derecho de concesión sobre otras 132.000 hectáreas por 35 años, con opción por otros 29. De ese total, explotó unas 29.000 hectáreas con producción agrícola y ganadera. En su ejercicio 2019-2020, produjo 857.490 toneladas de granos (más del 90%, trigo y soja), 2,36 millones de toneladas de caña de azúcar y 11.783 toneladas de carne. Recaudó $ 121.256 millones. Ganó $ 20.003 millones.A mediados de mayo de 2021, Cresud valía más de u$s 730 millones en Nueva York. IRSA, poco menos de u$s 390 millones.

Pero Elsztain no es alguien ajeno a la industria minera. Empezó a escavar en este negocio en 2003. Compró la chilena Guanaco, que le pertenecía a la estadounidense Kinross Gold. Para este negocio, se asoció con la australiana Austral Gold, a cuyo directorio accedió en 2009, con funciones no ejecutivas.

Desembarco

«No teníamos experiencia en la minería. Pero compramos la mina por teléfono. Hicimos el due diligence en menos de una semana», evocó cinco años atrás, en una entrevista a la centenaria publicación especializada The Northern Miner, de Canadá.

Fue un momento especial para Elsztain. La crisis de 2001 y, en especial, la devaluación y la pesificación asimétrica de 2002 habían erosionado los cimientos financieros de IRSA, ese imperio que había comenzado a construir algo más de una década antes. También en 2003 se formalizó su «divorcio» de Marcos Marcelo Mindlin, su socio, amigo, otra mitad, segundo apellido de un binomio que, en los 90, fue sinónimo de éxito en el mundo de los negocios.

Mientras Mindlin se lanzó con Dolphin a las aguas inexploradas que prometía un país de empresas de servicios públicos defaulteadas y a precio de remate, Elsztain prefirió buscar alternativas a sus negocios core en sectores que estuvieran algo más alejados de la presencia estatal activa que empezaba a visualizarse en la incipiente Argentina de Néstor Kirchner.

Guanaco era un proyecto de oro, cobre y plata en el norte chileno, en la zona de Antofagasta. «Nos tomó cerca de una década desarrollar nuestra primera mina y construir nuestro equipo de management», reseñó en esa entrevista. «No éramos expertos. Así que lo hicimos escalón por escalón», agregó.

Austral Gold sacó su primera barra de oro de Guanaco en 2011. En 2019, último ejercicio pre-pandemia, procesó 253.024 toneladas. Por metal, fueron 60.666 onzas de oro y 543.906 de plata. Las cifras consolidan con Amancaya, proyecto vecino que, en julio de 2014, Austral le compró a Yamana por u$s 12 millones en efectivo, más una regalía neta del 2,3%. No fue la única adquisición. En febrero de 2016, se quedó con el 100% Argentex Mining, titular de Pingüino, proyecto de oro, plata, zinc, plomo e indio en la provincia de Santa Cruz. Pagó 5,8 millones de dólares canadienses (u$s 4,3 millones de entonces). Austral Gold ya tenía un 19,9% de la empresa, comprado en marzo de 2013, por 5 millones de «cads» (u$s 4,87 millones).

Sin embargo, un mes después, dio otro gran golpe. Acordó con Troy Resources la compra del 70%
de Casposo. Localizada en el departamento de Calingasta, San Juan, el área, de 100,21 kilómetros cuadrados y con reservas de oro y plata, pasó a convertirse en el principal activo de producción de Austral Gold en la Argentina. La minera de Elsztain compró un 51%, por u$s 1 millón, con la opción de lograr otro 19% por otro u$s 1 millón en los 12 meses siguientes –cosa que hizo– y el 30% restante en los siguientes cinco años. El acuerdo establecía que pagara u$s 1,5 millón por un 10% en tres años; u$s 2,5 millones por otro 10% en cuatro; y u$s 3 millones por el 10% restante en cinco. Todo, sujeto a la variación del precio de la plata, con un supuesto de u$s 15 la onza. Austral terminó de comprar todo en 2019. Pagó u$s 200.000 para completar su tenencia. El menor precio fue resultado de valores de la plata por debajo de lo esperado.

Aterrizaje en San Juan

Eso también afectó al emprendimiento. Cuando entró en Casposo, Austral Gold se comprometió a levantar capital por hasta u$s 10 millones para el proyecto, cuyo management tomó. Además, asumió la elaboración de un plan reingeniería y nuevo desarrollo para alcanzar una operación rentable al cabo de 12 meses.

«Es una adquisición estratégica para Austral Gold y le da la compañía un activo establecido en la Argentina y un cimiento en ese mercado para consolidar más adelante sus activos bases», celebró el comprador en ese momento. Sin embargo, a inicios de 2019, la empresa anunció que su directorio había decidido, temporalmente, que el proyecto solo funcionara bajo cuidado y mantenimiento.

«La decisión se basó en precios de la plata por debajo de los presupuestos y volúmenes de producción inferiores a las esperadas en 2018 y 2019. Estos factores resultaron en que la mina, actualmente, opera a pérdida y una reducción marcada de su inventario de reserva mineral», explicó. Tampoco eran satisfactorios los registros alcanzados en oro, con una reducción de 90% en la producción del trimestre cerrado en marzo de 2019, en comparación con el previo, finalizado en diciembre de 2018.

Con solo un trimestre de operación, Casposo procesó 39.545 toneladas en 2019. Habían sido 181.242 en 2018 y 281.848 en seis meses de 2017. En diciembre de 2019, inició actividades de exploración, con la intención de reactivar la explotación durante 2020. La pandemia de coronavirus lo impidió.

Regla de oro

Este año, IRSA inauguró formalmente Della Paolera 200, torre corporativa de 30 plantas y u$s 110 millones de inversión, que construyó en Catalinas. La empresa también mudó allí su sede central. Durante décadas, había funcionado en Bolívar e Hipólito Yrigoyen, sobre el ex Café de la Victoria (hoy, Pertutti). Es un edificio colonial, que el abuelo de Elsztain compró cuando él tenía cinco años. No es el único recuerdo con el que honra al patriarca.

«Cuando la gente le preguntaba a mi abuelo cómo calculaba sus activos en las peores inflaciones, contestaba que, al final de cada año, él siempre sabía que tenía un metro cuadrado más, una vaca más o más espacio de estacionamiento. Contabilizaba las cosas básicas», evocó, en aquella entrevista a The Northern Miner.

Aplicó la lección a su incursión minera. Más allá de las cotizaciones de los distintos metales o los cálculos de reservas y vidas útiles de los proyectos, persistió en acumular activos a lo largo de una década y media.

En 2013, Austral Gold compró el 15% de Goldrock (9,3 millones de dólares canadienses), la dueña de Lindero, en Salta. Años después, adquirió otro 11%. En 2014, se quedó con el 51% de la proveedora de servicios mineros Humberto Reyes y el proyecto Amancaya, ambos en Chile. En 2015, fue el turno
de Argentex. En 2016, de lo que le faltaba de esa empresa y, pocos días después, el 70% de Casposo. En 2017, compró otro 19% en ese proyecto y, también, los emprendimientos San Guillermo y Reprado, cercanos a Amancaya, que pertenecían a Revelo Resources. En 2019, el 30% restante de Casposo y la estadounidense Rawhide, con activos de oro y plata en Nevada. Acordó por ella un precio de u$s 3,9 millones (u$s 2 millones cash).

Al año siguiente, otra compra en la Argentina: el 80% de Sierra Blanca, proyecto –también de oro y plata– en Santa Cruz, con el que buscó ampliar Pingüino. Pactó con su contraparte, New Dimension, u$s 800.000 en efectivo y compromisos de inversión, con una opción para comprar el 20% restante en u$s 2,3 millones. También en 2020, Austral Gold firmó una carta de intención para quedarse con el 100% de Revelo, transacción que completó este año.

En febrero último, a través de Argentex, entró al capital de Ensign Gold. Pagó más de u$s 1,17 millones por más del 20% de sus acciones, con una opción para ampliar su participación en 36 meses. Ensign es una sociedad canadiense con 5000 hectáreas de oro tipo Carlin en Utah (Estados Unidos).

Fue, de momento, su última pepa. Al menos, a través de Austral Gold. La compra de Suyai a Yamana se hizo por fuera de esta sociedad. ¿Por qué? Por ahora, solo Elsztain, reconocido por su hermetismo, tiene la respuesta. Pero difícilmente sea un punto final.

Así como sigue adelante con sus múltiples negocios –sin ir más lejos, incluso en el contexto adverso de shoppings cerrados y oficinas vacías por la pandemia, IRSA anunció la construcción del primer centro comercial de La Plata, un proyecto de $ 15.000 millones–, es claro que continuará activando la palanca de su excavadora. «Compartimos la mitad de los Andes con Chile. Pero la Argentina no tuvo el mejor entorno y eso es básicamente porque la minería no está tan explotada como lo hicieron nuestros vecinos», explicó alguna vez su estrategia en este sector.

«Pero el potencial del sector minero en la Argentina es enorme. Y es una de las actividades en las que soy más entusiasta en estos días: tenemos reservas, buenas empresas y buenos descubrimientos», decía, pocos años atrás. El tiempo suficiente, no obstante, como para haber abierto un camino ya difícil de desandar.

Ladrillo a ladrillo

Eduardo Sergio Elsztain nació en Buenos Aires el 26 de enero de 1960. Su abuelo paterno, Isaac, emigró de Rusia en 1917, tras la Revolución. Prosperó en su nueva tierra gracias a los negocios inmobiliarios. Talentoso para ver oportunidades en una Buenos Aires donde abundaban hacinados conventillos, supo acuñar una máxima que su nieto cumple a rajatabla, como si fuera precepto bíblico: comprar barato y vender revaluado. Para mediados de los 60, su empresa, Isaac Elsztain e Hijos –que, incluso hoy, vela por los más caros intereses familiares–, era una de los principales desarrolladoras de viviendas de la Capital Federal. Hasta que, a fines de los 70, se embarcó en la construcción de una ambiciosa torre, con una ingeniería financiera cuyo colapso la había dejado en la cornisa de la quiebra.

Egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, había interrumpido sus estudios de Economía en la UBA para hacer un voluntariado de un año en Israel. Retornó por pedido de su abuelo. Corría 1981 y su tío, que manejaba los negocios familiares, falleció súbitamente. Eduardo tenía 21 años.

Elsztain nieto cerró su primer negocio en 1982. Vuelta del destino, le vendió al gobierno de la Unión Soviética el terreno de la calle Dragones,en el Bajo Belgrano, donde hoy funciona la representación comercial de la Federación Rusa. Al mismo tiempo, le pidió ayuda a un amigo, tan joven como él, pero con mejores conexiones y una letal combinación de astucia y frialdad para las finanzas: Mindlin. Juntaron u$s 120.000 para comprar una vieja sociedad, fundada en 1943,que cotizaba sin pena ni gloria en la Bolsa porteña: IRSA. La piedra basal sobre la cual edificarían su imperio.

Sin embargo, no fue sino hasta inicios de la década siguiente que esos dos tipos audaces ganarían notoriedad. Tras la compra del Palacio Chrysler –actual Palacio Alcorta–, se supo que ese dúo de chicos jugaba a cosas de grandes. Y en serio.

«Ustedes no tienen cara de tener u$s 15 millones para comprar el edificio», les dijo el periodista de Ámbito Financiero que los había descubierto.

Uno, robusto, barbado y de gesto duro. El otro, flaco, rubio y con rostro mucho más aniñado. Trajeados como yuppies, como mandaba la época y, además, necesitaban para aparentar más madurez de la que tenían. Se miraron entre ellos y se rieron.

«En realidad, el inversor es George Soros», le develaron.

«De alguna forma, me las arreglé para tener una reunión con Soros.

Caminamos durante una hora o dos. Y cuando me preguntó cuánto dinero pensaba que yo podría manejar, le contesté que u$s 10 millones. Me dijo: ‘Ok, ningún problema’», recordó el propio Elsztain sobre ese encuentro en Nueva York, en un perfil publicado en 2013 por The Jerusalem Post.

Con ese capital, armaron una cartera de activos inmobiliarios –shoppings, torres de oficinas, edificios de viviendas– que rápidamente los coronó como los Señores de los Ladrillos. En 1991, relanzaron a IRSA en la Bolsa de Buenos Aires. En 1994, abrieron su capital en Wall Street. Para entonces, ya habían dado otro golpe: la compra de Cresud, otra sociedad histórica del recinto porteño. Fundada en 1936, financiaron la adquisición con todos los pagarés que les habían dado los compradores del último proyecto inmobiliario residencial que Elsztain construyó con su empresa familiar.

En 1998, IRSA se quedó con la parte del Banco Hipotecario que privatizó el Estado nacional. Ese mismo año, Carlos Menem y quien fuera su sucesor, el entonces jefe de Gobierno porteño, Fernando de la Rúa, coincidieron en la inauguración del Abasto, primer shopping desarrollado íntegramente por la dupla, que ya había comprado Alto Palermo, Paseo Alcorta y el Patio Bullrich. Para IRSA, fue un hito. Sobre todo, por las batallas legales –y políticas– que debió dar tras la adquisición del antiguo mercado, literalmente en ruinas tras la quiebra del Hogar Obrero. Un año después, en 1999, el grupo se aseguraría los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, en Puerto Madero Sur. Aun hoy, pugna por desarrollar ahí el complejo Santa María del Plata.

La crisis argentina de 2001, eclosión de cuatro años de recesión, fue una prueba de fuego para IRSA. En ese crítico momento, Soros se retiró,con una ganancia estimada en u$s 500 millones, al cabo de la década. «Él sabía cuándo vender y cuándo comprar», refirió Elsztain en ese texto de The Jerusalem Post.

Sin el respaldo del hombre famoso en el mundo entero por haber doblegado a la libra esterlina, muchos dudaron de la capacidad de sus socios argentinos para cruzar, solos, el desierto. Pero Elsztain, para entonces, ya tenía mucho más que una puerta a la cual golpear. Reemplazó al húngaro con otros dos magnates: el canadiense Edgar Bronfman (de Universal Studios) y el inversor de riesgo neoyorquino Michael Steindhartdt. Fue el soplo vital que recibió IRSA para atravesar las siguientes décadas.

El padre del borrego