Internacional, Litio

Doosan Heavy desarrolla tecnología ecológica para extraer litio de baterías gastadas

16/06/2021
Tecnología de cristalización por electroabsorción de Doosan utilizada para recuperar carbonato de litio.
Proyecto de demostración que se llevará a cabo en una instalación capaz de tratar 1.500 toneladas de baterías gastadas.

Proceso de recuperación de carbonato de litio desarrollado por Doosan.

Doosan Heavy Industries & Construction anunció el 23 de mayo que había logrado desarrollar la tecnología para recuperar carbonato de litio mediante el reciclaje de baterías de desecho.

El carbonato de litio, un material clave que se utiliza en baterías para la generación de electricidad y la carga de baterías, se aplica ampliamente en dispositivos electrónicos como computadoras portátiles y teléfonos móviles.

La extracción de carbonato de litio de las baterías gastadas generalmente se logra mediante el proceso de tratamiento térmico*, lixiviación ácida (solución ácida utilizada para fundir materiales) y cristalización, que generalmente implica el uso de productos químicos como el ácido sulfúrico.

* Tratamiento térmico: se refiere al proceso de calentamiento de un material para un propósito específico, que conduce a la alteración de la estructura y propiedades del material. Las baterías gastadas contienen compuestos metálicos, como litio, cobalto y níquel. El litio reacciona al dióxido de carbono emitido por el proceso de tratamiento térmico para formar carbonato de litio.
Polvo negro (a la izquierda), que es un ingrediente de carbonato de litio, y el carbonato de litio que se produjo con la tecnología Doosan.


Doosan ha desarrollado una nueva técnica de extracción de litio que no requiere el uso de ningún producto químico. Esto implica el tratamiento térmico de los materiales de la batería, la separación selectiva del litio con agua destilada y el uso de tecnología de cristalización por electroabsorción para recuperar el carbonato de litio.

La tecnología, que fue desarrollada por Doosan y para la cual se ha presentado una patente, tiene la ventaja de ser más simple y económica que los métodos existentes y también es amigable con el medio ambiente ya que no se utilizan productos químicos.

A partir de la segunda mitad de este año, Doosan se embarcará en varios proyectos, como un proyecto de demostración para una instalación con una capacidad anual para tratar 1.500 toneladas de baterías gastadas y la producción de carbonato de litio con una pureza del 99 por ciento.

“Con el desarrollo de esta tecnología, ahora hemos adquirido una tecnología de procesamiento respetuosa con el medio ambiente que ahorra recursos y que genera notablemente menos gases de efecto invernadero en comparación con los métodos de extracción de litio existentes”, dijo Yongjin Song, CSO de Doosan Heavy Industries & Construction. Añadió: “Planeamos apuntar agresivamente al mercado de reciclaje de baterías usadas domésticas, que se pronostica que crecerá rápidamente hasta el tamaño de 19,000 toneladas para 2029“.

Doosan Heavy lidera activamente los esfuerzos para establecer una “economía circular” con sus tecnologías de procesamiento de residuos, como la tecnología para el reciclaje de baterías gastadas y la producción de hidrógeno basada en residuos de plástico y vinilo, al tiempo que se esfuerza por fortalecer la gestión de ESG.

Doosan Heavy desarrolla tecnología ecológica para extraer litio de baterías gastadas

Internacional

EL VERDADERO COSTE DE LA MINERÍA DE URANIO

29/06/2021
Los desechos de la mina de uranio de Tummalapalle, en India, ha contaminado el agua de la zona, causando la muerte de ganado, pérdida de cosechas y problemas de salud para la población local. A día de hoy, continúan luchando por sus derechos.
Noalamina
Fuente: El Salto
Artículo publicado originalmente en Beyond Nuclear International
El caso de Tummalapalle
Gangotri tenía 10 años cuando aparecieron las primeras heridas en una pierna. Dos años después, tenía ambas cubiertas de ampollas costrosas que siguen creciendo. Los médicos todavía no han sabido ni diagnosticar ni curarla.

Gangotri es una niña despreocupada. Sin darle mayores dimensiones nos enseñó la herida de la fotografía que tanto le ha cambiado la vida. Sin embargo, en su pueblo, Kottala, en el distrito de Kadapa, Andhra Pradesh, India, cunde la ira. Ella no es la única persona que sufre de una condición extraña de alguna u otra manera: enfermedades sin precedentes, muerte de ganado, pérdida de cosechas… Abundan las malas noticias y para los residentes queda claro a quién culpar: la mina de uranio Tummalapalle local.

La mina comenzó a operar en 2012 tras conseguir los permisos en 2006. El mineral de uranio en Kadapa supone la mayor reserva del país. La empresa estatal Uranium Corporation of India Limited (UCIL) compró las tierras de los pueblos alrededor de Tummalapalle, como Mabbuchintalapalle, Bumayigaripalle y Rachakuntapalle de Velpula y Medipentla Mandals, y 60 hectáreas en el pueblo de Vemula Mandal, en Kottala. Todo para la disposición de relaves, para conducir los desechos a una balsa de residuos minerales. Allí llevan depositándolos durante más de un lustro.

El proyecto de Tummalapalle, que consiste de una mina subterránea y una unidad de procesamiento, procesa 2350 toneladas de minerales diarias, según una carta enviada por la Uranium Corporation of India a la junta de control de la contaminación de Andhra Pradesh. De estas, solo se consigue extraer 1305 gramos de uranio; el resto se convierte en residuos radioactivos que van a parar a la balsa. Esta es la situación desde abril de 2012, cuando se comisionó la planta. Es decir, a día de hoy, se han depositado más de 5 millones de toneladas de estos residuos.

Los remanentes del proceso minero se almacenan en forma de lodo semisólido que se bombea a la balsa, a 6 kilómetros de las instalaciones. Este lodo contiene torio y radio, componentes habituales de los materiales desechados, así como polvo de uranio y demás residuos. De inhalarse o ingerirse, supondrían un serio riesgo para la salud. Cuando visitamos la balsa, nos percatamos de que la zona no estaba acordonada, ni tampoco se restringe el acceso. Los vecinos con ganado frecuentan el área para pastar, como si no sucediera nada inusual.

Los remanentes del proceso minero se almacenan en forma de lodo semisólido que se bombea a la balsa, a 6 kilómetros de las instalaciones. Este lodo contiene torio y radio, componentes habituales de los materiales desechados, así como polvo de uranio y demás residuos. De inhalarse o ingerirse, supondrían un serio riesgo para la salud.

Los protocolos de seguridad internacional dictan que todas las balsas de residuos deben revestirse de arcilla de bentonita y polietileno para evitar que contamine las aguas subterráneas. Pero la balsa de Tummalapalle no sigue estas directrices y el lodo radioactivo la ha alcanzado, afectando a las cosechas, al ganado y a la salud de las personas por igual.

El agua subterránea de los pueblos de la zona está contaminada con uranio y varios metales pesados, de acuerdo con un informe del Centro de materiales para la tecnología electrónica (C-MET). Realizaron sus pruebas con la aprobación de YS Avinash Reddy, parlamentario por Kadapa, tras las quejas de la población local.

El Dr Babu Rao, científico jubilado del Instituto Indio de Tecnología Química (IICT, Hyderabad) dice que “la empresa admite no haber revestido la balsa según las condiciones establecidas en el documento de consentimiento para el comisionado (CFE). UCIL asegura que han seguido las establecidas por la Junta Reguladora de Energía Atómica (AERB). La realidad nos cuenta una historia bien distinta. Ahora que la balsa está llena, es difícil comprobar la permeabilidad de la base. La pendiente no está revestida ni compactada, eso se puede comprobar a plena vista. Las pendientes son muy porosas y pueden filtrar liquido de la balsa. Ni siquiera el fondo está a prueba de filtraciones. Hay cálculos aproximados que indican una pérdida de, al menos, 43 metros cúbicos diarios solo desde la base. Eso es mucha contaminación”.

UCIL recibió muchas quejas para que instalara una planta de osmosis reversa (RO), una purificadora de agua, en KK Kottala y Mabuchintalapalle. Esta petición de Kanampalli fue rechazada. Ravi Nayak, el presidente del Mandal Praja Parishad (MPP) de Kanampalli nos dijo: “Pese a que les ofrecimos tierra gratis para que construyeran su purificadora de agua, UCIL nunca dio luz verde al proyecto. Ahora tenemos que comprar agua de fuera”.

En KK Kottala, Mabuchintalapalle y Kanampalli, en cuanto la gente supo que habíamos acudido allí a hablar de la mina, empezaron a contarnos todos los problemas que les había causado. Muchas personas tenían problemas cutáneos crónicos que los médicos no han sabido curar. Estamos hablando de personas de todas las edades, afectadas por igual por el agua contaminada que usaron para cocinar, lavar, higiene, etc. Nos mostraron brazos y piernas recubiertos de costras negras. Lo mismo sucedía con su ganado.

Karthik, un niño de nueve años de KK Kottala, lleva sufriendo problemas cutáneos desde hace años. Se rasca sin cesar por todo su cuerpo, su rostro evidenciando el dolor que padece. Su muslo derecho ha sanado tras años de medicación. Pero la enfermedad ha reaparecido en su mano izquierda y continúa expandiéndose.

Las irritaciones son solo el principio. El torio y el radio presentes en los desechos de la mina que han contaminado el agua provocan un mayor riesgo de cáncer, como el óseo.
En breve estará disponible la segunda parte de “El verdadero coste de la minería de uranio”.

El verdadero coste de la minería de uranio I

Perú

A una década del ‘Azangarazo’ o ‘Juliacazo’ la herida sigue abierta y sangrante

Por Los Andes Arequipa
28/06/2021
Por Zenaida Zea Olivera
Las familias de Edwin Félix Yrpanoca Turpo, Raúl Cancapa Huaricallo, Peronila Coa Huanca, Gregorio Huamán Mamani, Antonia Campos Huanca y Javier Perlacio Limachi, aún no encuentran sosiego. Han pasado 10 años pidiendo que la muerte de sus seres queridos no quede impune; sin embargo, solo el silencio doloroso los acompaña.

El “Azangarazo” o “Juliacazo”, como otros lo llaman, representa una de las luchas sociales más atípicas en lo que a defensa ambiental refiere. Quienes fueron parte de la escaramuza, tuvieron la valentía de levantarse contra la minería ilegal, pero el Estado les dio la espalda incluso al ver la desolación que esta actividad dejaba a su paso.

El clamor popular se fundamentaba en la derogatoria del Decreto Supremo N° 10, con el que las poblaciones de Asillo, San Antón, Progreso y otras localidades de Azángaro podrían verse aliviadas de la contaminación provocada por la minería ilegal de La Rinconada, Ananea y zonas aledañas, que envenenaban el río Ramis y sus afluentes.

Fueron años de protestas. El ganado, peces, pastizales y todo vestigio de vida, sucumbía ante la presencia de metales pesados en el agua. En las protestas, los lugareños llevaban como evidencia sus animales muertos, y entre lágrimas invocaban ayuda porque sentían que esas sustancias nocivas causaban estragos en su organismo.

INDOLENCIA Y APATÍA

Las protestas de los pobladores fueron escalonadas. Al no ser escuchados en sus localidades, adoptaron como estrategia trasladarse al epicentro de la integración regional. Al estar Juliaca sitiada y perjudicaba todas las actividades con las regiones vecinas, por fin el gobierno giraría la cabeza hacia este sector olvidado.

Los comités de lucha invocaron la instalación de mesas de diálogo, sus autoridades viajaron a Lima para gestionar soluciones, pero como acostumbra el Estado, no actúa hasta que estalle el conflicto social. La problemática ameritaba una comisión de alto nivel, pero la apatía era mayor.

ESTALLÓ EL CONFLICTO

Juliaca estuvo paralizada una semana y no resistía más. Diversas organizaciones de la sociedad civil se solidarizaron con los pobladores de Azángaro y se plegaron a la lucha. El 24 de junio, una fecha emblemática en el mundo andino, decidieron radicalizar sus medidas de protesta.

La tensión se agravó cuando los piquetes se trasladaron al aeropuerto internacional Manco Cápac. La situación provocó que el gobierno del presidente Alan García, en lugar de entablar diálogo con los manifestantes, optara por reprimirlos, y sin la menor clemencia.

Se desató una balacera descomunal. Para socorrer a los heridos, los bomberos y ambulancias del sector salud se trasladaron a la zona de conflicto, próxima al Aeropuerto y la salida a Cusco. Al hospital llegaron personas con impacto de bala y otras lesiones que hicieron colapsar sus instalaciones.

En gran parte de Juliaca se aspiraba bombas lacrimógenas hasta caer la tarde, y cuando la población conmocionada por los sangrientos hechos salía de nuevo a las calles, no faltaron las personas de malvivir e infiltrados que perpetraron saqueos en algunos establecimientos comerciales.

IMPUNIDAD

Aún no se asimilaba lo sucedido y todavía se hacía la evaluación de la tragedia. Abogados de derechos humanos se sumaron para apoyar a los deudos y conformaron la “Asociación de Víctimas del 24 de junio”. La batalla legal que iniciaron hace una década duerme hoy el sueño de los justos.

Según el abogado de este colectivo, Carlos Torres Rodríguez, son más de 200 procesados, entre miembros de las Fuerzas Armadas, autoridades y dirigentes. El proceso se encuentra en etapa de control de acusación, y desde el 2019 se suspenden las audiencias bajo el argumento de que no se puede notificar a los sujetos procesales.

El caso está en manos del fiscal Ernesto Rojas Cayllahua, mientras que la jueza Penélope Nájar Pineda, del primer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román, para el 10 de agosto próximo, estaría llevando la audiencia de control de acusación, de no haber otro inconveniente.

LOGROS

A pesar del alto costo social de este levantamiento, con un saldo de seis muertos y más de 30 heridos, los deudos de las víctimas no fueron resarcidos de ninguna forma. Por ello, al conmemorarse una década de esta tragedia los deudos salieron nuevamente a clamar justicia, ávidos de que alguna ONG pueda apoyarlos con las reparaciones.

Gonzalo Yrpanoca, presidente de la Asociación de Víctimas del 24 de junio, sostiene que los pocos proyectos agrícolas y de irrigación que se ejecutan en la zona son por parte de los gobiernos distritales. Mientras que en materia de remediación ambiental las acciones serían nulas.

Las poblaciones asentadas en la cuenca del río Ramis siguen sumidas en la pobreza y extrema pobreza. Entretanto, la minería ilegal de La Rinconada, que enriquece a unos, explota a otros y da origen a otros flagelos sociales, sigue devastando el medio ambiente.

A una década del ‘Azangarazo’ o ‘Juliacazo’ la herida sigue abierta y sangrante

Colombia

Impiden audiencia de proyectos mineros en Chita, Boyacá

Este lunes se realizó una protesta que impidió la audiencia de proyectos mineros en Chita, Boyacá, los cuales afectarían al Parque Nacional El Cocuy.
Cortesía de Dionisio Lizarazo

En el marco de los dos meses de Paro Nacional en Colombia, el municipio de Chita, Boyacá, se manifestó este 28 de junio por un motivo medioambiental. Campesinos concejales y comunidades del sector hicieron un plantón frente al Coliseo Municipal.

Las razones de esta protesta pacífica recaen en los proyectos mineros que, de aprobarse, se realizarían en los límites del corredor de páramos. En este territorio se constituye un sistema desde el Parque Nacional Natural El Cocuy, la Sierra Nevada El Cocuy, Güican y Chita, y el circuito de Páramo de Chita y Pisba.

El Movimiento Nacional Ambiental asegura que los proyectos mineros afectarían las principales afluentes de la Cuenca del Orinoco y la del río Higueras, a la altura de desembocadura del Río Lo Blanco (conocido como el río Chitano).

Es por esa razón que se presentó el plantón por parte de la comunidad del municipio. Su presencia impidió la realización de la audiencia que avalaría estos proyectos mineros. Específicamente las propuestas de contrato de concesión No. KEM-15152, KEM-15158X, KEM15157X, 500863.

De acuerdo con Vladimir Riscanevo, presidente del Concejo de Chita, “las comunidades hemos logrado hoy que se suspenda esta audiencia que contradice lo establecido por la Corte Constitucional”. A su vez recalcó su apoyo a estas manifestaciones como representante de la población del municipio.

Lo cierto es que este no es el único político de la zona con esta posición. El concejal Pedro Alfonso Muñoz también aseguró que estos proyectos afectan “lo más valioso: el agua y los ecosistemas del municipio”.

La manifestación contó con el respaldo del senador Jorge Londoño, el representante Cesar Pachón, el alcalde Municipal, diputados y el secretario de Ambiente de la Gobernación de Boyacá. Todos ellos expresaron su preocupación por el posible desarrollo de estas actividades.

¿Qué pasa con estos proyectos?

KienyKe.com tuvo la oportunidad de hablar con expertos sobre el tema y de conocer las zonas involucradas en los proyectos mineros.

Según el catastro minero los títulos en cuestión son principalmente de carbón. En el caso del proyecto KEM-15152, el cual se encuentra en evaluación de solicitud desde septiembre del 2020, el área afectada colinda con la zona ambiental protegida. Lo mismo sucede con el KEM-15158X, KEM15157X, 500863.

Vea las imágenes entregadas por el catastro minero. Las zonas delimitadas en rojo son las áreas protegidas y lo que está en azul es el terreno por intervenir.


Proyectos mineros en Chita, Boyacá
Créditos:
Cortesía de Catastro Minero

Robinson Mejía, ingeniero Forestal e integrante del Movimiento Nacional Ambiental, explicó que la estructura ecológica principal del municipio de Chita está atravesada de norte a sur por la delimitación del complejo de páramos de la Sierra Nevada del Cucuy, el Parque Nacional de Pisba y otras estrategias de conservación. “Esto impide la posibilidad de siquiera estudiar o pensarse cualquier actividad minera en esta región”.

A pesar de la información del experto, las entidades promotoras de estos proyectos argumentan que realmente no se afecta las zonas protegidas. Sin embargo, Mejía desmiente este razonamiento. “La zona adyacente a estas delimitaciones son ecosistemas que garantizan la permanencia tanto del páramo como del Parque Natural”, comentó el ingeniero.

Esto quiere decir que las afluentes de la Cuenca del Orinoco y la del río Higueras funcionan como un sistema y, “lo que se haga en la parte de debajo de la cuenca se reflejará en la parte alta”, agregó Mejía.

Por su parte, Mayerly López, integrante del Comité Santurbán y del Movimiento Nacional Ambiental, encuentra una gran similitud con la situación del Páramo de Santurbán en Santander, pues las empresas mineras aprovecharían estas zonas aledañas para presentar sus proyectos.

“Nosotros siempre le hemos exigido al Gobierno Nacional que la delimitación de los páramos se debe hacer desde una mirada integral”, comentó la experta frente a los espacios que pueden ser intervenidos. “De nada sirve proteger la cota de la montaña cuando se dejan sus bosques sin protección para dejarle el juego a la minería”, agregó.
https://www.kienyke.com/medio-ambiente/impiden-audiencia-de-proyectos-mineros-en-chita-boyaca

Criminalización de la protesta, Ecuador

449 defensores de derechos humanos han sido amenazados y hostigados en Ecuador

Alejandro Pérez 25/06/2021
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos pide al nuevo gobierno revisar los casos de los defensores de los derechos humanos que fueron asesinados en el pasado. (Alejandro Pérez)

El 17 de marzo de 2021, Andrés Durazno fue asesinado con varias puñaladas fuera de su domicilio en Llantacuro, provincia de Azuay. Él era presidente del sistema comunitario de agua y riego de Molleturo-Río Blanco y activista ambiental.

Aunque todavía se investiga el móvil del crimen, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos dice que su muerte hay que entenderla en el contexto de lucha y conflicto del proyecto minero Río Blanco, a cargo de la empresa china Junefield.

La historia de Andrés Durazno es un espejo de lo ocurrido con Freddy Taish, dirigente shuar que se oponía a la minería en Morona Santiago, en 2013. Y similar a lo ocurrido con José Tendentza, asesinado en 2014, cerca del proyecto minero a gran escala Mirador, en Zamora Chinchipe.

Son tres crímenes en la impunidad que la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos pide al nuevo gobierno revisar, para que no se vuelvan a repetir con otros 449 activistas que estarían amenazados, hostigados y criminalizados.

Esta Alianza acaba de presentar un informe sobre estos casos, que fue entregado a varias instituciones como Secretaría de Derechos Humanos, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Ambiente, entre otros.

“Atender la situación de las personas defensoras es urgente. No es posible que en el Ecuador no exista ningún tipo de garantía para la protección de quienes buscan defender derechos y detener los abusos de poder”, dijo Sofía Jarrín, asesora de Amazon Watch y parte de la Alianza.

Este informe marcaría los retos y desafíos en materia de derechos que los anteriores gobiernos no atendieron. Por un lado, Guillermo Lasso se ha comprometido a dialogar y hacer cumplir todas las garantías constitucionales pero, por otro lado, el fisco requerirá de ingresos que generen estas industrias extractivas.

En su mayoría, los conflictos y amenazas para activistas son por las actividades mineras, según describe el reporte. También está el tema de extracción petrolera y derrames en la Amazonía y actividades como la agroindustria, como es el caso de Furukawa.

Se citan los casos, por ejemplo, del Pueblo Shuar Arutam que cuenta con un territorio ancestral de 230 mil hectáreas en la Cordillera del Cóndor, donde algunas empresas han iniciado fases de exploración de minerales. Entro otros, describe el caso de Pacto, al norte de Pichincha, y el conflicto de Buenos Aires, en Imbabura.

“Hemos recibido amenazas de muerte. El gobierno debe escucharnos. Nosotros como pueblos originarios hemos dicho que no queremos ser consultados y que las empresas deben dejar nuestro territorio”, dijo en rueda de prensa la presidenta del pueblo Shuar Arutam, en la presentación del informe.
https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/449-defensores-de-derechos-humanos-han-sido-amenazados-y-hostigados-en-ecuador-NE446780

Argentina, Litio

Kulfas confirmó la creación de YPF litio

Aseguró que le permitirá a la petrolera «entrar en una carrera tecnológica» vinculada a la electromovilidad y las energías renovables. El ministro descartó una nacionalización del litio.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, confirmó «la creación de YPF Litio», una nueva sociedad anónima que permitirá trabajar en el desarrollo de este mineral que permitirá una gran fuente de trabajo y «entrar en una carrera tecnológica» vinculada a la electromovilidad y las energías renovables.

«YPF está trabajando en la creación de YPF Litio», dijo Kulfas al ratificar lo anticipado por el presidente de la compañía estatal, Pablo González, que reveló la aprobación de la nueva sociedad anónima por parte de los accionistas de la compañía.

La nueva sociedad permitirá «contar con una empresa nacional que pueda trabajar con empresas privadas en el desarrollo de este mineral que puede ser no sólo una gran fuente de trabajo sino entrar en una carrera tecnológica a nivel mundial que va a tomar mucha fuerza en la segunda mitad de este década», agregó el funcionario.

YPF Litio S.A. incursionará en el desarrollo del aprovechamiento de este mineral de alta demanda para el proceso de electrificación global y en particular para su industrialización como materia prima de las baterías de los vehículos eléctricos y las energías renovables.

Kulfas descartó cualquier posibilidad de nacionalización del recurso al recordar que «el litio pertenece a las provincias»

«Estamos todos de acuerdo que el litio es un mineral importantísimo porque la gran revolución verde nos va a permitir reemplazar los vehículos que hoy funcionan a combustibles fósiles por eléctricos, y el litio es hoy el principal elemento que se utiliza para las baterías», explico Kulfas en diálogo con Radio Urbana.

El titular de la cartera productiva también descartó cualquier posibilidad de nacionalización del recurso al recordar que «el litio pertenece a las provincias» como todos los recursos naturales de la minería y los hidrocarburos, por lo cual tiene un estatus constitucional.

No obstante, explicó que se trabaja «en la coordinación de la Mesa del Litio con Catamarca, Jujuy y Salta y hay absoluta concordancia en la importancia de estimular la inversión público-privada y científico-tecnológica que permita el desarrollo de toda la cadena de la industria del litio».

El presidente de YPF en la última reunión de directorio planteó que «se tiene que pensar en diversificar el horizonte de negocios» de la compañía lo que se consolida en la creación de la figura societaria en relación al litio, y que permitirá «sumar un horizonte de inversiones para los accionistas».

Tal como viene ocurriendo en las grandes petroleras globales, YPF es «la primera empresa de energía integrada del país que ya está pensando en los desafíos que vienen, liderando la transformación energética a través de la utilización de renovables y la investigación sobre otras fuentes como el litio o el hidrógeno», explicaron en la compañía.
https://mase.lmneuquen.com/litio/kulfas-confirmo-la-creacion-ypf-litio-n818339

Bolivia

La explotación de oro activa un polvorín de conflictos en Mapiri

El viernes se inició un enfrentamiento entre las poblaciones de Villa Esperanza y Socios de Nueva Esperanza II.
La explotación de oro activa un polvorín de conflictos en Mapiri
Imagen de los conflictos en Mapiri. Foto: Brújula Digital.
Diario Pagina Siete
27/06/2021
Brújula Digital
La Policía levantó una “línea de contención” en Mapiri, en el Norte del Departamento de La Paz, horas después que cooperativas mineras dedicadas a la explotación de oro aluvial, prendieron un polvorín de conflictos, por disputa de áreas de concesión, conoció Brújula Digital en fuentes oficiales.

En las últimas horas almenos 10 personas terminaron con lesiones físicas de consideración en los enfrentamientos que utilizaron, sin control, piedras e incluso, artefactos explosivos como dinamitas.

A pesar de la situación, difícil y complicada, el Viceministro de Gobierno, Emilio Rodas, aseguró que las víctimas no presentan daños significativos. Sin embargo admitió que “si no estuviera la policía, seguramente tuviéramos heridos más graves”.

El viernes se inició un enfrentamiento de grandes dimensiones en Mapiri entre dos poblaciones la primera llamada Villa Esperanza y la segunda, denominada, Socios de Nueva Esperanza II.

En las imágenes que difundieron televisoras locales en La Paz, se pudo advertir enfrentamientos violentos entre ambos poblados que incluso apelaron a dinamitas para ganar fuerza y presencia en la zona, donde aparentemente, existe disputa de concesiones mineras no saneadas.

Datos recabados del conflicto indican que no es la primera vez que ambos poblados protagonizan hechos de violencia, sino que, viven frecuentemente, en rencillas y constantes fricciones en la zona.

Rodas dijo que la presencia de la policía no impedirá que continúe el conflicto, por lo que, sugirió la urgencia de resolver el problema por la vía legal.

De cualquier forma enviaremos más policías hasta Mapiri para reforzar la vigilancia y disipar cualquier nuevo enfrentamiento, prometió la autoridad.

Mapiri es una población con intensa actividad minera en torno a la cual giran las tareas económicas y productivas de la región.

La minería es la principal ocupación de las familias que se dedican a la búsqueda, explotación y comercialización del oro.

Las altas cotizaciones en el mercado internacional de estos años hicieron que todos los habitantes directa o indirectamente estén vinculados a la explotación de ese recurso.

Los mineros han desarrollado procedimientos diversos en forma individual y colectiva, para la recolección aluvional de “metal precioso” el mismo que viene generalmente en forma de “palillos” o “pepas”.

Así, en la población de Mapiri se concentra gran cantidad de cooperativas que se dedican a la extracción del mineral.

La accesibilidad a este lugar es más favorable en época seca de mayo a septiembre. Se debe tener mayor cuidado en los meses de noviembre a enero por la temporada de lluvias. La visita a la población debe ser coordinada previamente con la dirigencia de los cooperativistas.
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/6/27/la-explotacion-de-oro-activa-un-polvorin-de-conflictos-en-mapiri-299406.html

Colombia

Proponen una delimitación de Santurbán de 6.403 hectáreas

28/06/2021
Páramo de Santurbán.
Con el fin de continuar y avanzar con los procesos en la delimitación, Vetas propone trabajar bajo un modelo minero, ambiental y urbano enfocado en la preservación del ecosistema y el derecho al trabajo con desarrollo sostenible.

Para los paramunos, la minería es una tradición de 400 años, su principal actividad económica, por eso es tan importante la definición de la delimitación del Páramo de Santurbán.

Con el fin de continuar y avanzar con los procesos en la delimitación, Vetas propone trabajar bajo un modelo minero, ambiental y urbano enfocado en la preservación del ecosistema y el derecho al trabajo con desarrollo sostenible.

“La primera propuesta tiene que ver con la construcción integral, justa y concertada frente al conflicto socio-ambiental e incorporación de los seis temas ineludibles de debate establecidos en la Sentencia T-361 de 2018”, asegura la comunidad.

De acuerdo con la comunidad de Vetas, la minería es la principal actividad productiva y generadora de empleo para los habitantes. Así mismo, la definición de la delimitación evita que se ejerzan de manera descontrolada las actividades de extracción ilícita de oro, degradación y destrucción ambiental en contravía de los objetivos de conservación que se pretenden impulsar con la delimitación del ecosistema de páramo.

Por lo anterior consideran una delimitación que favorezca al ecosistema y la actividad minera. Según los paramunos, el desarrollo de la minería se aborda en un área de 600 hectáreas, y se ha realizado desde tiempos ancestrales. La propuesta considera que aquellas áreas que fueron clasificadas en la categoría de áreas de restauración, puedan ser incorporadas al área de páramo para propósitos de preservación. Así mismo, consideran la posibilidad de adicionar 109 hectáreas a esa zona, que no han sido incluidas en la delimitación establecida en la resolución.

La comunidad propone el valor consolidado del área de páramo definido, de 6.403 hectáreas, superior a las 6.380 hectáreas establecidas. Lo anterior permite inferir que la delimitación propuesta cumple los requerimientos fijados en la sentencia, resaltando que la nueva delimitación en el municipio de Vetas no será inferior en términos de protección del ambiente que la fijada en la Resolución de la referencia.

“Así que a través de esta propuesta estarían corrigiendo los errores cartográficos de delimitación señalados por la Sentencia T-361 y además conservando el páramo en términos globales (98.994 hectáreas) y reconociendo las áreas de valor ecológico para la protección del recurso hídrico que de hecho no fueron incluidas en la resolución”, reiteraron.

Conservación del ecosistema

En relación con la protección de fuentes hídricas, argumentan que no se puede ver el problema como el oro o el agua. Afirman que la minería bien desarrollada es la aliada del desarrollo sostenible y la conservación, pues constituye un elemento fundamental para la contención de las actividades mineras ilegales y descontroladas. Aunque sí manifiestan que debe haber más control en las prácticas para reducir, a largo plazo, cargas contaminantes en la calidad del agua de los ríos Vetas y Suratá. También reconocen el rol de los planes de manejo ambiental y licencias complementarias como elementos de ordenamiento del territorio y la actividad minera.

Le puede interesar: Matanza, Santander, vuelve a mesas de trabajo para delimitación de Santurbán

Al mismo tiempo reiteran que la minería desarrollada en el municipio de Vetas es subterránea, con afectaciones mínimas sobre la superficie, condición que a su vez ha permitido mantener la composición, estructura y función de la biodiversidad del páramo. Y que el área total de los títulos mineros es de 581 hectáreas, equivalentes al 6,3% del área municipal.

La comunidad paramuna insiste en que las convocatorias, información, consultas, concertaciones decisiones, gestión y fiscalización, para garantizar el derecho de participación de la comunidad, continúan desconociéndose, aunque la Corte Constitucional lo haya establecido en la Sentencia T-361 de 2017 para el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán. Por lo anterior, exigen que el siguiente paso sea avanzar a la concertación constructiva a través del diálogo en el que se incorpore la visión local de territorialidad.

Con respecto a los programas de reconversión y sustitución de actividades, anuncian que por la complejidad del conflicto socioambiental es importante promover la consolidación del modelo minero-ambiental-urbano que respalde los 400 años de historia, en los que la minería ha favorecido la conservación del páramo y los servicios ambientales. Sin embargo, plantean que sí debe haber un mejoramiento de las prácticas mineras sin que se sustituya, pues sería un escenario de exclusión absoluto.
https://www.laopinion.com.co/noticias/zona-verde/proponen-una-delimitacion-de-santurban-de-6403-hectareas

Ecuador

PIDEN CONSULTA POPULAR CONTRA MINERÍA METÁLICA EN ÁREAS PROTEGIDAS DE QUITO

27/06/2021
El coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, Inti Arcos, dijo que las comunidades están en su 196 día de “resistencia”, e “impiden el paso de los mineros que quieren entrar a la fuerza”.

En el 2018, la UNESCO declaró al Chocó Andino como la séptima reserva de biósfera del Ecuador. “A pesar de esto, el Estado de forma ilegal e inconstitucional ha impuesto 12 concesiones mineras y otras seis se encuentran en trámite, condenando al noroccidente a la devastación y limitando la realización de de decenas de otras prácticas productivas coherentes con la reproductibilidad del bosque” sostienen las Comunidades.

La Manconunidad del Chocó está conformada por las parroquias de Pacto, Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito y Gualea, las cuales forman parte del cantón Quito.

Ahora, han solicitado a la Corte Constitucional de Ecuador que de el visto bueno a una propuesta para la convocatoria de una consulta popular que persigue el fin de la minería metálica en áreas protegidas del Distrito Metropolitano de Quito.

En el mes de marzo, Inti Arcos, coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, lamentó el ingreso de las mineras en la zona para explotar oro, cobre y plata y manifestó: “Hay una fractura social y violenta. Gente se va con los mineros y otra que se mantiene con su forma tradicional de vida como la caña orgánica y la minería, lo cual provoca conflictos y roces en las comunidades”.

Asimismo se producen problemas de inseguridad. “Nuestros pueblos son sitios de paz. Corren peligro los lugares en donde los quiteños salen de vacaciones a bañarse en las cascadas (…) La zona se empieza a volver violenta con tensiones alrededor del agua, el uso del suelo, incluso del acceso a la tierra. Eso nos tiene muy preocupados”.

En un comunicado, la organización precisó el viernes 26 de junio del 2021 que la Corte Constitucional ha avocado conocimiento de la causa correspondiente a una consulta popular presentada por varios vecinos de Quito, en la que solicitan un dictamen en torno a cuatro preguntas que incluiría el plebiscito y que busca la prohibición de la minería metálica.

Con ello pretenden interrumpir esta práctica minera en el subsistema Metropolitano de Áreas Naturales protegidas del Distrito Metropolitano quiteño y en el área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible, conformada por las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino.

La legislación constitucional ecuatoriana establece un plazo de 20 días para que la alta Corte se pronuncie al respecto, contabilizando desde el inicio del respectivo control previo.

El coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, Inti Arcos, explicó este viernes a Efe que las comunidades están en su 196 día de “resistencia“, e “impiden el paso de los mineros que quieren entrar a la fuerza”.

Estas acciones de obstaculización se llevan a cabo tanto en las parroquias del Chocó Andino, como en los territorios de Acus Mashpi, Pachijal, Yunguilla, Camino de los Yumbos, pertenecientes a la parroquia La Victoria.

“Estamos haciendo lo posible para presionar a la Corte para que emita un criterio”, agregó Arcos al precisar que la campaña para impulsar la prohibición de la minería incluye plantones, intervención en redes sociales con la etiqueta #QuitoSinMinería, y el “cuidado de territorios que actualmente se encuentran cerrados“.

“No le estamos pidiendo a la Corte que decida sobre si la minería es buena o mala, este modelo de explotación pone en riesgo a la comunidad“, sostuvo el dirigente comunitario y citó las afectaciones ocasionadas por las actividades extractivas como la contaminación del agua, la división de comunidades y daños a la reserva ambiental.

Por ello, la organización ambiental y vecinal asegura que se mantiene vigilante, “para asegurar nuestro derechos, como habitantes de Quito, a decidir sobre nuestros bosques, áreas verdes y mantenerlos libres de minería”, concluye el comunicado.

El Chocó Andino de Pichincha, provincia de la que Quito es su capital, se convirtió en 2018 en la séptima reserva de la biosfera ecuatoriana por la Unesco.

La reserva trata de garantizar la protección del oso de anteojos o andino, especie emblemática para el Ecuador y la región salpicada por la cordillera suramericana, y comprende una extensión de más de 286 000 hectáreas, lo que representa el 30,31% del territorio de la provincia de Pichincha.
Fuente: EL COMERCIO

Piden consulta popular contra minería metálica en áreas protegidas de Quito

Bolivia

LA CONTAMINACIÓN MINERA DEVASTA LO QUE QUEDA DEL LAGO POOPÓ EN BOLIVIA

27 junio, 2021 | Bolivia
Las mineras desvían los ríos que nutren al lago provocando desecación. A la vez, estas empresas contaminan con metales las aguas, lo que está provocando malformaciones entre los animales y daño en el ADN de los habitantes cercanos. A quienes vivían cerca del lago se les ha privado de su fuente de sustento, de su forma de vida, de su cultura y de su territorio ancestral, obligándoles a emigrar.
Fuente: El salto
Pubicado en el departamento de Oruro, en la árida meseta de los Andes centrales de Bolivia y a más de 3600 metros de altitud, el lago Poopó constituye un sistema lacustre único. La biodiversidad del lugar —que incluye aves endémicas, migratorias y la mayor cantidad de flamencos del altiplano boliviano—, propició que en 2002 el lago fuera declarado como Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar.

Pero la cuenca del Poopó no tiene únicamente riqueza ambiental; en su subsuelo se encuentran metales como zinc, plomo, estaño y plata, que son extraídos por cientos de empresas mineras situadas en la zona. Estas mineras desvían los ríos que nutren al lago para utilizarlos en su actividad, convirtiendo el agua, que está reconocida como un derecho humano en la Constitución boliviana, en un mero recurso minero.

Ese desvío de aguas ha acelerado el proceso de desecación provocado por el calentamiento global, llevando al Poopó hasta su casi total desaparición. Antes, el lago superaba los 2.300 kilómetros cuadrados. Ahora sólo quedan unos cuantos humedales dispersos en el desierto del altiplano, donde se ven restos de animales muertos y balsas abandonadas por quienes vivían de la pesca. “Con el avance de la minería, poco a poco todo esto ha ido desapareciendo, se han cortado venas de agua y todo se ha quedado como se ve ahora, pareciera que todo está quemado”, cuenta Petrona Lima, comunitaria del Ayllu San Agustín de Puñaca, municipio de Poopó, en un testimonio recogido por el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA). [comunitarios es el nombre que reciben las personas que viven en estas comunidades]

En la región existen casi 400 concesiones mineras y la mayoría vierten de nuevo las aguas, tras utilizarlas en el proceso minero y sin ningún tipo de tratamiento posterior, en los afluentes del lago, contaminando estos con metales pesados. Al verse tan reducido, el Poopó dejó de cumplir su función termorreguladora dando paso a una aridez que erradicó especies de aves y peces, algunas de ellas endémicas. Ese es el desastre evidente para los habitantes de la cuenca del Poopó pero hay otro invisible, diluido en las cada vez más escasas aguas. Se estima que en la región existen casi 400 concesiones mineras y la mayoría vierten de nuevo las aguas, tras utilizarlas en el proceso minero y sin ningún tipo de tratamiento posterior, en los afluentes del lago, contaminando estos con metales pesados. Según un estudio publicado por la Journal of Mining & Enviroment, el lago Poopó recibe una carga de metales pesados muy por encima de los límites permitidos: se vierten diariamente 39 kilos de cadmio, 3969 de zinc, 821 de arsénico y 73 de plomo. Estos son grandísimas cantidades.

Según la evaluación de la gestión socio-ambiental realizada por los expertos Helga Gruberg y Diego Andreucci, las altísimas cantidades de metales pesados en la cuenca del Poopó contaminan la vegetación, reduciendo la productividad de los cultivos. “Antes aquí producía haba, todo lo que le he indicado, haba, quinoa en gran cantidad, la alfa también se exportaba a La Paz, pero el cambio por la contaminación totalmente nos ha reducido, hoy la producción es mínima; por la contaminación ya no hay ese interés de sembrar” (Juan Ayala, comunario de Santa Filomena-Pazña)

El informe refiere también que esa contaminación en los cultivos genera muertes y malformaciones entre los animales. Y así lo confirman comunitarios ganaderos de la zona: “La contaminación baja por la totora, totalmente está contaminando la totora. Los animales viven de la totora, los animales ya mueren, no pueden criar. A la vaca le entra como agua y eso es de la contaminación; más antes no pasaba eso, estos últimos años han empezado a morir los animales…” (Yamil Cheka, comunario ayllu Puñaca-Poopó).

Aspecto de las orillas del lago debido a la contaminación minera

Metales pesados como el arsénico y el cadmio, que se encuentran en cantidades inasumibles en las aguas de los ríos desviados por las mineras, han sido declarados como cancerígenos para los humanos por la agencia Internacional para la investigación sobre el cáncer, lo que explicaría las altas tasas oncológicas que se dan en la cuenca del Poopó. Además, un reciente estudio del PIEB y la embajada danesa realizado en Oruro ha demostrado el daño genotóxico (daño del ADN) que está sufriendo la población de Oruro debido a su exposición a la contaminación minera.

Ingenio minero cercano a Poopó

Las comunidades afectadas llevan años denunciando estas situaciones a través de la Coordinadora en Defensa del río Desaguadero y los lagos Uru-Uru y Poopó (Coridup). Esta presión social consiguió que ya en el año 2009 el gobierno boliviano declarara la situación de emergencia en la cuenca del Poopó, a través de un Decreto Supremo “debido a la inminente afectación a la salud humana y la seguridad alimentaria ocasionada por la prolongada presencia de contaminación y salinización de los suelos”. El propio Decreto reconocía que los efectos de la presencia de metales pesados deriva en situaciones de peligrosidad mayor al no ser química ni biológicamente degradables, pudiendo, una vez emitidos, permanecer en el ambiente durante cientos de años. Además, su concentración en los seres vivos aumenta a medida que son ingeridos por otros, por lo que la ingesta de plantas o animales contaminados puede provocar síntomas de intoxicación. Sergio Vásquez cuenta para El Salto Diario que “ninguno de los niveles de gobierno ha desarrollado acciones eficaces destinadas a revertir la situación de desastre ambiental del Poopó.

Se ordenaron acciones para la mitigación de la emergencia como inspecciones por parte de la autoridad minera para comprobar la toxicidad de los vertidos mineros, pero apenas se están realizando y las que se hacen son evidentemente ineficaces.

Desde el año 2014, el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA) junto a las comunidades del Ayllu Puñaca, viene desarrollando un seguimiento minucioso a la problemática del Poopó. Su director Sergio Vásquez cuenta para El Salto Diario que “ninguno de los niveles de gobierno ha desarrollado acciones eficaces destinadas a revertir la situación de desastre ambiental del Poopó. Por ello, CENDA en alianza interinstitucional (CEPA, Colectivo Casa y AIDA) promueve la visita de una Misión RAMSAR de asesoramiento, para impulsar acciones de restauración ecológica del humedal alto andino”.

Mientras tanto, la cuenca del Poopó se está convirtiendo en una zona de sacrificio en donde se prima de manera absoluta la actividad extractiva sobre el medio ambiente y los derechos de la población. Por otra parte, los habitantes rurales de la región no se están beneficiando de las regalías de la actividad minera. El 73% de la población total vive bajo la línea de pobreza, de la cual el 30% vive en extrema pobreza.

A los comunitarios que vivían en las cercanías del lago se les ha privado no solo de su fuente de agua, sino también de su fuente de sustento, de su forma de vida, de su cultura y de su territorio ancestral, obligándoles a emigrar. “A nosotros nos afecta mucho, no tenemos agua allá para tomar, no es lo mismo que antes, porque allá viene agua contaminada y nuestros ganados están afectados, ya no hay vida, otros se vienen a la ciudad a trabajar, ya no hay mucho allá” (María Choque – El Choro).

Las más afectadas son las comunidades indígenas, particularmente los Uru Murato, “los pueblos del agua”, una cultura milenaria considerada vulnerable por su dependencia del lago para subsistir y a los que la contaminación minera ha convertido en refugiados climáticos.

El debilitamiento del sistema agroalimentario, la insuficiencia de la pesca para sobrevivir bajo estas condiciones, la migración de aves y la falta de forraje para el ganado, todo ello consecuencia de la contaminación y la utiliza, amenazan aún más la salud y la seguridad alimentaria de las familias de estas comunidades, que si todo sigue así, se verán obligadas a un proceso de migración generalizado en los próximos años.

La contaminación minera devasta lo que queda del lago Poopó en Bolivia