06/05/2021
Tras la denuncia ante la junta de accionistas de Anglo American, distintas organizaciones ponen énfasis en constante daño que la faena de Los bronces ha causado a los glaciares de la región Metropolitana, poniendo en riesgo las reservas de aguas de Santiago
Por Rodrigo Gallardo

Este martes, la Red Latina por Nuestros Territorios publicó una declaración en conjunto con otras 39 ONG’s dirigida a evidenciar el enorme daño ambiental causado en distintos territorios latinoamericanos por parte de la multinacional minera Anglo American. Toda esta información ha estado saliendo estos días para coincidir con la asamblea general de accionistas que se realizó este miércoles en Londres, su oficina matriz. De esta forma, la declaración concentró los distintos impactos negativos y las denuncias por partes de las distintas organizaciones y comunidades afectadas por la multinacional.

Cabe destacar, que a nivel internacional Anglo American es una de las compañías mineras más grandes del mundo, teniendo en su control minas de cobre, carbón, hierro, níquel, platino y diamantes en países como Australia, Sudáfrica, Perú, Brasil, Chile, entre otros. De esta forma, la compañía fundada en Sudáfrica en 1917 se ha llegado a posicionar como una de las mineras más contaminantes, según comenta el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) al revisar uno de los informes del Carbon Disclosure Project, quienes posicionan a Anglo American como una de las 100 empresas responsables del 77% de las emisiones de carbono a nivel mundial.

Entre las denuncias realizadas por la declaración, se encuentra la contaminación de aguas y del aire, destrucción del bosque nativos de distintos territorios, perdida de glaciares debido a sus operaciones y distintos daños a la salud de las comunidades. En el caso de Chile, sus distintas operaciones mineras en el territorio han tenido un alto impacto y conflicto en prácticamente todas las faenas que ellos tienen, siendo calificadas por las organizaciones firmantes de la declaración como una empresa con estrategias agresivas hacia las comunidades para poder sostener sus operaciones.

Los Bronces y el daño a glaciares

Actualmente, el conflicto ambiental más reciente que lleva Anglo American en el territorio nacional es en el proyecto en expansión de Los Bronces, ubicado en la zona de montaña de la comuna de Lo Barnechea, región Metropolitana. Esta faena, que según cifras de la propia multinacional llegó a producir en 2019 alrededor de 295.984 toneladas de cobre fino, ha despertado una enorme preocupación por parte de comunidades aledañas a la zona, al sistemáticamente destruir glaciales cercanos al proyecto y exponer a distintos riesgos el cercano santuario natural de Yerba loca, lo que amenaza directamente los recursos hídricos de las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

Para la ONG Chile Sustentable, una de las firmantes de la declaración pública, el gran problema de la faena de Anglo American ha sido su ubicación en la cuenca del río Mapocho, aguas arriba de zonas como Lo Barnechea y Vitacura como indica la directora de la ONG, Sara Larraín, “ellos ya tienen un tranque en un lado complejo y están emplazados en una zona de glaciares”, comenta.

De hecho, en años anteriores ha sido ampliamente documentado como las acciones de la minera han destruido el glacial infiernillo, cuya perdida equivalente en agua hasta 1997 se calculaba entre entre los 6 millones de m3 y 9 millones de m3, sin embargo, fundaciones como Glaciales Chilenos estiman que actualmente este impacto podría ser aún mayor al verse acelerado el avance natural del glaciar a causa de los 14 millones de toneladas de escombro depositadas por la minera en su superficie.

A esto también se suman las afectaciones a el embalse La Paloma debido a un túnel de exploración de 9 kilómetros debajo del mismo en dirección hacia el valle Río Olivares, en Río Colorado, “siguen con una explotación minera en zona de glaciales que justamente constituyen la reserva de agua para Santiago. Es un proyecto brutal, en la medida que destruye reservas estratégicas de agua dulce y por otro lado tremendamente peligroso, donde con cualquier aluvión o lluvia caliente pueden venirse contaminantes junto con el material de remoción, como lo que ocurrió en Copiapó hace dos años,” advierte Larraín.

Sin embargo, a pesar del sistemático daño realizado a estas fuentes hídricas, no han existido sanciones significativas por parte de los organismos del Estado, manteniéndose las operaciones de esta y muchas otras faenas. Para el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, esto se debe al estatus legal que posee la minería actualmente, poniendo a esta misma por sobre otro tipo de actividades que puedan existir en un territorio, teniendo incluso protección por cláusulas que están establecidas en la Constitución.

“La minería es tan invasiva, es tan destructiva sobre todo en territorios con cierta fragilidad, como son las zonas de glaciares (…) En Chile no tenemos leyes que protegen los glaciares, ante ese vacío se termina autorizando faenas con algunos condicionamientos, pero que nunca son lo suficientemente protectoras hacia ecosistema que se debe salvaguardar”, lamenta Cuenca.

Frente a ello, hay un cuestionamiento hacia la actual institucionalidad ambiental, que se enmarca dentro de la propia situación de Anglo American, al mostrar el actual rechazo que las distintas organizaciones y comunidades mantienen ante la potencial expansión de proyectos como Los Bronces.

“Acá lamentablemente, independiente del signo político, la minería prácticamente ha sido intocable y termina entre una cosa y otra, aprobándole los proyectos con una serie de condiciones que después no cumplen, no tomando en cuenta criterios de cambio climático ni de ordenamiento territorial. En este caso, creemos que es irresponsable aprobar una ampliación de la minería en circunstancias en que obviamente no constituye una actividad sustentable en la cuenca de Santiago”, critica Sara Larraín de Chile Sustentable.

En términos prácticos, si bien la minería es considerada como el rubro que más ganancias le transmite al país, esto solo llega a ser cierto cuando hablamos de las ganancias a nivel corporativo. Según Chile Sustentable, a nivel estatal no se tiene un impuesto tipo royalty, a pesar de que los minerales son un recurso público, por lo tanto, la renta de la explotación de estos bienes públicos no resulta tan lucrativa como en otros países.

Pese a ello, las consecuencias medioambientales siguen siendo iguales, hallando en la destrucción de glaciales la pérdida de reservas hídricas que el país difícilmente recuperaría construyendo embalses equivalentes, considerando los altos costes de estos últimos en comparación a la vertiente natural que produce originalmente el glacial. Tampoco hay que olvidar el potencial riesgo de la propia ubicación de la faena.

“Esta mina está encima de la zona de Santiago, si se viene un aluvión por el estero Barnechea o El Arrayán, los efectos negativos llegarían hasta el parque Vitacura. Verdaderamente, yo no sé en qué está pensando la autoridad, en el fondo lo que está haciendo al aprobar su ampliación es simplemente poner en mayor riesgo la capital del país”, advierte Larraín.

La Mentira del «Cobre Verde»

Debido a las críticas, Anglo American ha levantado distintas estrategias comunicacionales que buscan presentar su extracción de cobre como sustentable. Entre estas medidas se halla la instalación de paneles solares sobre las aguas residuales de los tranques de relave en la zona de Til-Til. Sin embargo, desde OLCA ven estas estrategias como aportes mínimos dentro de una operación gigante en comparación, “lo presentan como si el proyecto estuviera usando energía renovable y eso es una operación de comunicaciones, porque la energía que ahí se genera es marginal respecto de la cantidad de energía que usa el proyecto. Por lo tanto, buscan asociar eso a acciones en la que ellos se muestran encaminados a una explotación de cobre verde«, explica Cuenca.

De la misma forma, la multinacional también ha invertido en proyectos como la implementación de buses de acercamiento eléctricos para los trabajadores y el manejo de maquinaria de explotación a distancia (el cual se realiza en la zona comercial de Providencia), “todo eso se presenta como una operación sustentable, pero que en el fondo no deja de tener los impactos al medioambiente y a la comunidad que hasta ahora han demostrado que han sido nefastos “, afirma el director de OLCA.

Sin embargo, las acciones de Anglo American van incluso más allá, llegando a tratar de financiar a organismos gubernamentales y ONG’s para mejorar su imagen, en una situación también evidenciada por El Ciudadano y también denunciada por Chile Sustentable, quienes revelan que a fines del año pasado la minera trató de hacer un consorcio para financiar, a través del ministerio de ciencia y tecnología, investigaciones sobre montañas. “Gracias a dios, como estaban invitando a estos eventos supimos y lo logramos parar a través del congreso nacional, quienes citaron al ministro de ciencia y tecnología y a la persona que coordina la agencia de investigación, teniendo que desarmar el convenio” relata Larraín.

Pese a ello, ese fondo avaluado en millones de dólares pone en evidencia lo que varios consideran una política peligrosa de cooptación a través de las ciencias y el propio Estado. Es por esto por lo que organizaciones como OLCA ven como necesario recurrir a los propios accionistas de la compañía para dañar una reputación que la multinacional se ha empeñado por limpiar en múltiples ocasiones.

«Laas acciones de estos días están orientadas a poner la denuncia a Londres, porque estas empresas también deben rendir cuentas en Inglaterra. En el fondo, es generar presión sobre las empresas para que limiten sus acciones, para que mejoren sus estándares y para sensibilizar al país que alberga a estas empresas jurídicas que cotizan en la bolsa de Londres, ya para ellos su imagen es lo más importante”, finaliza Lucio Cuenca.

Anglo American: enemigo de los glaciares santiaguinos que actúa bajo complicidad del gobierno de Piñera

04/05/2021
Foto: Codelco.
El regreso de los altos precios del cobre ha llegado justo a tiempo para Chile, pero a medida que el precio repunta, los políticos creen que la industria minera podría estar contribuyendo significativamente más para ayudar al país a superar la pandemia del covid-19.

Considerado durante mucho tiempo como el destino más estable para la inversión extranjera en América del Sur, el escenario político cada vez más tenso de Chile está aumentando los riesgos para la poderosa industria minera del país.

El Ministerio de Finanzas estima que el aumento de los precios del cobre desde principios de año podría impulsar los ingresos públicos en alrededor de USD 4 mil millones o 5.6% en comparación con su estimación anterior, lo que le da al gobierno más margen de maniobra mientras se esfuerza por proteger a las familias y las empresas de la ola de infecciones.

Aproximadamente la mitad provendrá de la cuprífera estatal Codelco, que reportó utilidades de USD 1.627 millones durante los primeros tres meses del año, su mejor resultado trimestral en una década. Los impuestos pagados por las minas de propiedad privada, que representan alrededor del 70% de los 5,8 millones de toneladas de cobre que Chile produjo el año pasado, proporcionarán el resto.

El 24 de marzo, diputados de la Cámara Baja de Chile dieron su respaldo general a una reforma constitucional que impondría una regalía fija del 3% sobre la producción de cobre y litio para financiar programas ambientales y sociales en comunidades cercanas a las operaciones mineras.

Pero según una enmienda aprobada en la etapa del comité el 26 de abril, la regalía aumentaría a una tasa marginal del 15% cuando el precio del cobre supere los USD 2.00 por libra; 35% por encima de USD 2.50 por libra y 75% por encima de USD 4.00 por libra.

Si se aprueba (requiere mayorías de dos tercios tanto en la cámara baja como en la alta), las empresas mineras perderían más de una quinta parte de sus ingresos brutos solo por la regalía cuando los precios se encuentran en los niveles actuales.

No son solo los beneficios los que están en juego. El envejecimiento de la infraestructura, la caída de las leyes del mineral y el aumento de los costos laborales significan que las minas de cobre de Chile no son tan competitivas como lo eran al comienzo del último superciclo, advierte Gustavo Lagos, profesor de ingeniería de minas en la Universidad Católica de Santiago.

Alrededor de catorce de las grandes minas de cobre del país tienen costos de producción superiores a USD 2.50 por libra. Con una regalía, muchas podrían verse obligadas a cerrar cuando los precios vuelvan a caer.

“Muchas operaciones de baja ley se cerrarán, destruyendo puestos de trabajo”, dijo Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, en un comunicado.

El impacto total del nuevo impuesto no se sentiría de inmediato. Según el Consejo Minero de Chile, la mayoría de las minas de propiedad privada están cubiertas por acuerdos de invariabilidad fiscal firmados con el Estado chileno.

La mayoría de ellos expirarán en los próximos años, pero algunas minas más nuevas, como la Quebrada Blanca 2 de Teck Resources (TSX: TECK.A / TECK.B; NYSE: TCK), que aún está en construcción, están protegidas hasta principios de la próxima década.

Pero el impuesto no solo amenazaría las operaciones existentes, sino también la cartera de nuevas minas que Chile necesita desarrollar para evitar que la producción disminuya en las próximas décadas.

Muchos de estos ofrecen grados relativamente bajos y deben superar importantes desafíos ambientales antes de que puedan ponerse en funcionamiento. La necesidad de plantas desalinizadoras y sistemas de bombeo para suministrar agua aumentará los costos de capital y operativos.

Si se agrega un impuesto punitivo, como el que proponen los legisladores, muchas empresas mineras preferirán proyectos más arriba de los Andes, en Asia o África, dicen algunas personas.

Pero en el escenario político cada vez más tenso de Chile, pocos legisladores miran hacia el largo plazo y, en cambio, se centran en las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre, dice Lagos.
Reformas constitucionales

Tras el colapso del apoyo al presidente Piñera tras los disturbios sociales a fines de 2019, la agenda legislativa ha estado cada vez más dominada por el Congreso liderado por la oposición, que ha desviado al gobierno con una serie de iniciativas que acapararon titulares diseñadas para ayudar a los chilenos a sobrevivir. la pandemia.

Desde julio pasado aprobaron tres reformas constitucionales que permiten a los trabajadores chilenos retirar el 10% de sus ahorros previsionales (hasta un máximo de 6.225 dólares cada vez). Hasta ahora, los ahorradores han retirado un total de USD 36 mil millones (que podrían llegar a USD 50 mil millones en las próximas semanas), impulsando el consumo y la riqueza de los hogares, pero dejando a millones sin ahorros para su vejez.

Otra reforma constitucional en la etapa de comité impondría un gravamen único del 2.5% a los millonarios para financiar la renta básica de los hogares vulnerables. No contentos con eso, los diputados también agregaron un aumento temporal en los impuestos corporativos para las grandes empresas y un recorte en el impuesto a las ventas para los artículos básicos del hogar.

Después de ceder terreno inicialmente, el presidente Piñera prometió este año tomar una postura más firme contra las medidas populistas desafiándolas por motivos constitucionales (según la Constitución, solo el ejecutivo puede proponer medidas de recaudación de impuestos).

Pero este as en la manga legal ha fallado. Con los sindicatos prometiendo una huelga general si se bloqueaba el tercer retiro de pensiones, la Corte Constitucional (encabezada por uno de los exasesores principales de Piñera) se negó el 28 de abril a escuchar siquiera el desafío del presidente, lo que lo obligó a promulgar el proyecto de ley.

La inestabilidad política se produce justo cuando Chile se embarca en un proceso político clave: el debate sobre la nueva constitución. El 15 de mayo º -16 º , los chilenos se dirigirán a las urnas para elegir a los miembros de la Convención Constituyente de 150 miembros que debatirán los contenidos de la nueva carta de la nueva.

Aunque las empresas inicialmente se mostraron tranquilas sobre la convención constitucional, gracias a una cláusula que requiere una mayoría de dos tercios para aprobar cada cláusula de la constitución, el creciente radicalismo de los legisladores está dando motivos de alarma.

A las preocupaciones se suman las próximas elecciones presidenciales, que siguen abiertas. Una encuesta realizada el 29 de abril por el respetado Centro de Estudios Públicos encontró a Pamela Jiles, una defensora populista de los retiros de pensiones, como, con mucho, la política más popular del país.

Tras los acontecimientos de los últimos días y semanas, el gobierno ha iniciado conversaciones con miembros más moderados de la oposición, encabezados por la presidenta del Senado, Yasna Provoste, con el objetivo de acordar una agenda más centrista para los diez meses que le quedan en el cargo.

Es probable que el acuerdo incluya un ingreso básico universal, así como nuevos impuestos para financiarlo. Si bien tienen la esperanza de que la regalía tal como se prevé actualmente no se cumpla, las empresas mineras son realistas en cuanto a que los impuestos van a subir.

“Esperamos que haya nuevos impuestos en algún momento y que sean razonables y no tan enormes para la industria”, dijo Maria Inkster, directora ejecutiva de Lundin Mining (TSX: LUN), a analistas e inversores en la última convocatoria de resultados de la compañía.
Fuente: Mining Dot Com

Propuesta de nueva regalía inquieta a mineros en Chile