Luis Gárate – 28/11/2020
Imagen: Leonardo Leo Rios
En los días recientes hemos visto que la ola de protestas ciudadana generadas por el golpe parlamentario que impuso a Manuel Merino en la presidencia, fue reprimida con un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales que provocó 2 muertos y varios heridos.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú ha salido a dar su versión, señalando que ellos no usaron los perdigones de plomo y las canicas que fueron denunciados por los heridos y participantes de las movilizaciones. Asimismo han señalando que el tema se encuentra en investigación y que se trataría de hechos aislados y no de un comportamiento institucional.

Sin embargo diversos reportajes periodísticos han mostrado que se usaron canicas en la represión, lo que no es nuevo pues se ha visto su uso en fuerzas policiales de otros países. Asimismo, ha llamado la atención el uso de agentes del grupo Terna, creado hace unos años cuando el militar en retiro Daniel Urresti fue Ministro del interior. Este grupo que viste de civil, fue creado para una labor más efectiva contra la delincuencia y el crimen organizado. Sin embargo, desde hace algunos años también se les ha visto participando de las acciones represivas frente a movilizaciones sociales.

Algunos de los heridos han recibido disparos de perdigones y de bombas lacrimógenas que fueron dirigidas al cuerpo y al rostro. Precisamente el fallecimiento de Inti Sotelo y Jack Pintado se dio por perdigones de plomo que les fueron disparados en el cuerpo y cabeza. Asimismo se ha denunciado el secuestro por 3 días del joven Luis Araujo, que habría sido cometido por agentes del grupo Terna y que aún no ha sido esclarecido

Esto nos recuerda a las recientes manifestaciones sociales en Chile, donde los carabineros dispararon de manera sistemática contra los manifestantes, dejando cientos de heridos y personas que han perdido uno de sus ojos. Esto ha sido denunciado como el uso del supuesto de un “enemigo interno” por parte de la fuerza pública en la sociedad, por lo que se actúa con una lógica casi de guerra.

Las versiones que han salido de la policía peruana y de algunos voceros interesados en desvirtuar las movilizaciones, es que cabe la posibilidad que se hayan usado armas artesanales por parte de “infiltrados”. Además han buscado desprestigiar a los fallecidos, pretendiendo decir que tendrían “antecedentes policiales”. Incluso los familiares de los 2 jóvenes caídos, han denunciado que han sido víctima de sospechosos reglajes.

Estas prácticas policiales resultan inaceptables y no son propias de un estado de derecho y de una democracia representativa como la que nos preciamos tener. Otro elemento que debemos recordar es que los agentes policiales no actúan solos o por iniciativa propia. Claro que pueden cometer excesos como parte de sus intervenciones, pero actúan siempre siguiendo órdenes superiores y determinados procedimientos. En ese entendido, son los miembros del Poder Ejecutivo, es decir el Presidente y el Ministro del interior, así como los mandos policiales, los que toman las decisiones y emiten las órdenes para su ejecución.

Asimismo, es conocido por los organismos defensores de derechos humanos que estas prácticas de disparos al cuerpo, siembra de pruebas, intimidación, entre otros, vienen siendo denunciados desde años atrás en relación a la actuación policial frente a las protestas sociales de comunidades en regiones donde hay conflictos socioambientales (casos conocidos como el conflicto en Apurímac con la minera Las Bambas; el conflicto con la minera Antapaccay en Espinar, Cusco; el conflicto en Arequipa contra la minera Southern por el proyecto Tía María).

El presidente Francisco Sagasti anunció hace unos días algunas medidas, como el cambio del alto mando policial, la creación de una comisión especial para recomendar reformas en la PNP, que un grupo de gerentes del SERVIR se haría cargo de las compras policiales, entre otras. Sin duda medidas saludables en el camino para que esta institución tan importante inicie un camino de moralización y mejora de su actuación en la sociedad.

Esperemos que estas iniciativas avancen. Resulta muy preocupante el sentir que ha calado en la sociedad con la represión vista en los días anteriores. Podría entenderse como un mensaje entre líneas, de advertencia frente a lo que puede venir si la ciudadanía quiere ejercer su derecho ciudadano a la protesta frente a la corrupción y a las autoridades que actúan de espaldas a la realidad. Esperemos que la institución policial se reforme para que cumpla su rol efectivo frente a la delincuencia, el crimen, las diferentes formas de violencia, y que actúe con responsabilidad y mesura ante la protesta ciudadana.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

25/11/2020
Foto: Anglo American
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Perú planteará agilizar el proceso de la consulta previa en la etapa de exploración minera de un año a seis meses a través de la prepublicación del documento “Acuerdo Previo” en enero próximo.

Según el titular del sector, Jaime Gálvez, se busca una mayor articulación entre el Estado, las empresas y las comunidades originarias a fin de cumplir con el marco normativo vigente.

Gálvez dijo que se está trabajando para agilizar las autorizaciones de permisos para los proyectos mineros y destacó que recientemente se aprobó un nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros que contempla una mayor aplicación del silencio administrativo positivo.

Asimismo, adelantó que impulsará cambios normativos que fortalecerán el atractivo del sector hidrocarburos, al igual que la remediación de los pasivos ambientales y la ejecución del Plan de Cierre de Brechas en el ámbito petrolero de la selva peruana.

Este año, se estima que la inversión minera en el país alcanzará los USD 4.200 millones y el 2021 se espera llegue hasta los USD 5.400 millones.

El funcionario detalló que la cartera de proyectos mineros es de unos USD 56.000 millones, incluyendo Tía María, pero muchos de estos proyectos están en proceso de exploración, de elaboración de los expedientes técnicos o tienen complicaciones por temas sociales.

Asimismo, señaló que todos los años se realiza una “inversión base” en la minería para reponer reservas y realizar mantenimiento a los equipos, que usualmente está en los USD 3.000 millones, pero por el contexto de la pandemia bajará a los USD 2,000 millones.

Explicó que a esa inversión base se agregan los nuevos proyectos de construcción de minas que ahora son tres: Quellaveco, Mina Justa y la ampliación de Toromocho.
Fuente: Gestión

Perú plantea reducir plazo de consulta previa en etapa de exploración minera

César Flores Unzaga
26/11/2020 Imagen: Vidal Merma
La reacción atentatoria de la policía nacional trajo como desenlace dos muertos, más de doscientos heridos -muchos de gravedad-, ciudadanos desaparecidos por “fuerzas del orden” no identificadas, torturas sexuales durante las detenciones, todos cargos que atentan contra los derechos humanos, así como un continuo amedrentamiento a la ciudadanía en general y especialmente a las víctimas de la represión y sus familiares. La gravedad de estos hechos ha conmocionado al país.

Estas violaciones de derechos humanos se han focalizado sobre todo en el Perú urbano, pues ahí se realizaron la mayor cantidad de estas marchas, sin embargo, la represión sistemática a la ciudadanía frente a la protesta social no es en absoluto reciente. La Defensoría del Pueblo que lleva un registro mensual de los conflictos sociales en el país ha contabilizado 289 fallecidos entre los años 2006 y 2020, así como 5098 heridos, la mayoría civiles.

Asimismo, la Defensoría ha determinado que el 65% de los conflictos sociales en el país son de tipo socioambiental y 40% están relacionados a las actividades mineras -78 conflictos en total de acuerdo al último registro de octubre-.

Muchas de estas violaciones de derechos, efectivamente, se producen hacia peruanos y peruanas que discrepan con las reglas de juego que les imponen actividades mineras a través de las empresas y el Estado y, por ello, hacen un uso legítimo de la protesta social, especialmente, frente a la carencia de canales institucionales efectivos para la resolución de estos conflictos. Asimismo, muchas veces la ciudadanía siente “oídos sordos” por parte del Estado, es decir, que las autoridades e instituciones gubernamentales inclinan sus decisiones a favor de actores con más poder.

Un caso reciente fue el de las protestas en julio y agosto de este año en la provincia de Espinar, Cusco, en donde opera la mina Antapaccay, de la empresa Glencore de capitales suizos. La población pedía un bono de 1000 soles, por única vez, para cada persona (elector/a) de la provincia con el fin de afrontar la crisis provocada por el COVID 19, el cual se financiaría con recursos del fondo social constituido en el Convenio Marco entre el gobierno provincial y la minera y que opera desde el 2004. Las protestas se desencadenaron cuando de los ocho integrantes del Comité de Gestión del Convenio Marco únicamente el representante de Antapaccay votó en contra de esta propuesta y la bloqueó.

De acuerdo al Observatorio de Conflictos Mineros, el paro provincial en Espinar condujo a protestas y enfrentamientos con la policía lo que dejó a varios heridos de gravedad y a comienzos de agosto se reportaban los siguientes casos: Oscar Vicente Suca Laucata (17 años) herido de bala; Rony Pacco Ollachica (19) con dos heridas en el pulmón; Yorlin Wilmer Ilachoque Colqque; Rolando Puma Vargas, herido en el brazo derecho; Wily Olger Flores Merma (19) herido en la cabeza; Brayan Carlos Chancayauri (23) herido en cuatros disparos en la espalda; José Amilcar Chuco Mollo, Jack Hacha Fernandez herdidos con perdigones y Juana Apaza Inca Puma, herida con bomba lacrimógena y perdigones[1]. Los pobladores de Espinar heridos de balas, perdigones y bombas lacrimógenas presentaron su denuncia por lesiones ante la Fiscalía de la Nación los días 24, 25, 27 28 de julio, entre los denunciantes se encuentran 3 menores de edad.

Los testimonios de algunas de estas víctimas reflejan la gravedad y secuelas de estos ataques:

“El 20 de julio, Juana Apaza de 35 años fue afectada por una bomba lacrimógena que casi le destroza el tobillo del pie izquierdo, la consecuencia es que cuando camina mucho o hace frío, se le hincha el pie. Ella es el sustento de hogar, es madre soltera y comerciante: vende verduras y pese a su herida tiene que ir a trabajar para alimentar a sus hijos”.

“El 22 de julio, Wilmer Ilachoque Ccolqque de 27 años junto a otros jóvenes llegó a protestar a la zona de Tintaya-Marquiri donde se produjo un enfrentamiento. Él recibió un disparo de bala de la Policía que perforó su pierna derecha. Por suerte la bala entro y salió, afectando únicamente a su muslo sin comprometer al hueso. Sin embargo, ahora está herido, no puede trabajar y no genera ingresos para pagar la alimentación y educación de sus hermanos menores”[2].

Este tipo de consecuencias en la vida de estos ciudadanos a raíz del conflicto de Espinar se explican por un andamiaje institucional del Estado peruano que se viene aplicando sistemáticamente y responde a tres componentes: 1) la existencia de convenios entre empresas mineras y la policía -que fomenta una acción de la policía de manera no imparcial-, 2) los estados de emergencia preventivos -aplicados sucesivamente desde hace varios años en zonas rurales- sin acreditar que haya una grave afectación al orden interno, y 3) la existencia de normas penales que criminalizan la protesta social, las cuales atentan contra esta vía de expresión ciudadana y, asimismo, amedrentan a líderes y lideresas con procesos judiciales durante años. Este comportamiento del Estado no debe pasar desapercibido en la ciudadanía peruana de cara a nuestro bicentenario. Claramente, la sostenibilidad de nuestra democracia y, de la minería en particular, encontrará bases más consistentes y dignas cuando se cambien estas reglas de juego que han dejado tantos muertos y heridos.

[1]http://conflictosmineros.org.pe/2020/08/01/cusco-heridos-por-conflicto-en-espinar-esperan-investigaciones-sobre-actos-de-represion/

[2]https://derechosinfronteras.pe/heridos-de-bala-de-espinar-denuncian-a-pnp-por-lesiones-durante-protesta/

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe