Mexico

México considera revivir planes para reserva natural en distrito minero

Por mineriaenlinea 25/11/2020
México pronto podría traer de regreso planes para crear una reserva natural en Zacatecas, el estado con mayor producción de plata del país, luego de que las autoridades locales pidieron al gobierno federal que aprobara un decreto de 2014 que protege la vida silvestre.

La propuesta, una vez descartada tras una fuerte oposición de la industria minera, pedía una reserva de biosfera desértica semiárida que cubriera 2,58Mha en ocho municipios de Zacatecas.

El plan, reintroducido en el congreso de Zacatecas en agosto , haría que el municipio de Mazapil, en el norte del estado, fuera declarado área natural protegida (ANP).

Las minas en Mazapil incluyen la mina Peñasquito de Newmont (NYSE: NEM), uno de los mayores productores de oro, plata, plomo y zinc de México, y el activo de cobre y zinc Tayahua de Minera Frisco (BMV: MFRISCOA-1).

Newmont y Frisco también se dedican a la exploración a través de un acuerdo de empresa conjunta en el valle de Mazapil.

Orla Mining es otra minera activa en el área con su proyecto de oro Camino Rojo , mientras que Fresnillo (LON: FRES) posee concesiones al norte de la propiedad.

La congresista estatal Alma Dávila dijo al periódico local La Jornada que la medida no buscaba prohibir la minería sino aumentar la regulación, los controles y la regulación ambiental.

México considera revivir planes para reserva natural en distrito minero

Honduras

El conflicto minero en Honduras que tiene atrás a Trump

© Foto : Pixabay / Jan-Mallander
24.11.2020
Hasta ahora estaba escondida la conexión entre el presidente de Estados Unidos y el conflicto socioambiental por la mina de Inversiones Los Pinares, en un parque nacional de Honduras, y su violenta represión empresarial y estatal. Gracias a una investigación periodística, salió a la luz. Te contamos de qué trata.

En Guapinol, noreste de Honduras, los habitantes resisten a la explotación de óxido de hierro. La mina Los Pinares está dentro de un parque natural, y ellos lo defienden. Ha sido una resistencia violenta: han habido muertos, heridos y varios encarcelados.

Ahora una alianza periodística transfronteriza reveló que la Corporación Nucor, la principal productora de acero de Estados Unidos, no solo fue la «poderosa socia tras bambalinas» del proyecto minero hondureño, sino también fue uno de los importantes donantes a la campaña del presidente de EEUU, Donald Trump, tanto en 2016 como en 2020.

Y el vínculo no termina en dinero. A lo largo de su mandato presidencial, Trump realizó reformas que terminaron favoreciendo a la empresa, según cita la investigación al diario The New York Times. «Una de las más significativas ventajas que le dio fue de tipo arancelario y favoreció a Nucor en detrimento de otras compañías estadounidenses, creando una creciente tensión dentro de la industria», se lee en el texto.
¿Cómo puede una mina instalarse en una reserva ambiental?

La mina de Inversiones Los Pinares está en un área que hasta diciembre de 2013 era parte del núcleo central del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía. Allí nacen 34 ríos que riegan toda la región, señala la investigación. Los periodistas se preguntan cómo fue posible para estas empresas desarrollar un proyecto minero dentro de una reserva natural que la ley había catalogado como inviolable. La respuesta requiere un repaso cronológico:

En octubre de 2012, el Gobierno hondureño decretó la protección de 96.724 hectáreas de territorio para conservar ecosistemas, flora, fauna, recursos históricos, culturales y antropológicos identificados hasta ese momento y los que se encontraran en el futuro.
En abril de 2013, Emco Mining (hoy Inversiones Los Pinares) solicitó dos concesiones para exploración minera no metálica de óxido de hierro en un territorio que en ese momento aún era parte de la zona núcleo de la reserva.
En diciembre de 2013, el Congreso Nacional de Honduras modificó la delimitación del parque y le sustrajo 217 hectáreas a su zona núcleo. Con ese cambio, la mina quedó en la «zona de amortiguamiento», donde la ley hondureña sí permite actividades mineras, como la no metálica, entre las que está la extracción de óxido de hierro.
La medida del Congreso fue inicialmente cuestionada por el Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), que declara y planea las reservas naturales.
En 2014, el ICF determinó que no era factible el proyecto de explotación de óxido de hierro en el parque Escaleras. Advirtió que su impacto sobre flora y fauna sería severo.
Poco después la Secretaría de Recursos Naturales otorgó la licencia ambiental al proyecto. Las concesiones ASP y ASP2 (solicitadas anteriormente por Emco Mining / Inversiones Los Pinares) delimitaron más de 100 hectáreas cada una, para explotar el óxido de hierro.
Por este tipo de concesión minera, la empresa pagaría anualmente el equivalente a 50 centavos de dólar por hectárea para explorar, y dos dólares anuales por hectárea por explotar el mineral.

«Esto significa que desde que empezó la exploración en 2013, Inversiones Los Pinares ha debido desembolsar 100 dólares por año, y solo deberá pagar 400 dólares anuales cuando comience a explotar su mina», señalan los autores del reportaje.

Adicionalmente, ambas concesiones tendrán que pagar regalías sobre la producción de óxido de hierro, al municipio, a la autoridad minera y una tasa de seguridad que sumados dan 2,5% sobre el valor exportado o en planta, según sea el caso.

¿Cómo se desarrolla el conflicto ambiental?

Cuando la gente del pueblo de Guapinol se enteró de que una minera había obtenido una concesión para explotar una de esas licencias, decenas de habitantes salieron a protestar. De acuerdo al reportaje, ellos temían que las minas les afectaran los ríos que los surten, y además denunciaban irregularidades graves en los procesos de autorización de las concesiones.
Organizados en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, según la investigación periodística, presentaron ante la Alcaldía desde 2017, cinco solicitudes de cabildo abierto para que la comunidad pudiera decidir si quería o no minería en el sector. Hicieron recolectas de firmas, plantones frente a la alcaldía y bloquearon vías, sin éxito.

«Después de que en 2018 Inversiones Los Pinares comenzara a construir la carretera para tener acceso a la montaña de Botaderos, la comunidad vio que el agua del río Guapinol se enlodó y no podían usarla. En agosto de ese año, montaron un campamento que durante dos meses bloqueó el camino que Inversiones Los Pinares estaba construyendo».

Según dijo a la alianza Juana Esquivel, directora de la Fundación San Alonso Rodríguez de Tocoa, la protesta es a favor de la naturaleza, porque «es la vida (…) aquí, en estas tierras han vivido nuestras abuelas y abuelos. Defendemos ese legado y nuestro derecho a no ser desplazadas y migrar a otros países, ese derecho a quedarnos y a vivir en armonía con la madre tierra como lo hemos hecho hasta antes que estas empresas vinieran a generar el terror colectivo con amenazas, hostigamiento y la destrucción de la vida».

El dueño de la minera, Lenir Pérez, «ve las cosas de otra manera». Según dijo a la alianza, la construcción de la carretera llevó progreso a la zona. Su empresa, agregó, estaba empleando ya a 1.000 personas y por eso asegura que la mayoría de los habitantes de La Ceibita, un pueblo en la región donde se planea montar la peletizadora, respaldaron el proyecto.

A finales de 2018 comenzó la represión empresarial y estatal grave. Según la alianza:

En septiembre varios pobladores resultaron golpeados y una persona herida de bala tras el bloqueo de una calle y el intento del personal de la mina por despejarla.
A fines de octubre, miembros de la policía y del Ejército desalojaron a los manifestantes del campamento que habían armado en la calle. Los enfrentamientos continuaron varios días hasta que dos militares murieron por fuego cruzado.

No hay investigación judicial formal por las muertes ocurridas en esos días, pero la compañía minera denunció a los manifestantes y el Ministerio Público procesó a 32 de ellos por diversos delitos relacionados con los altercados.

Los conflictos continuaron en 2019. Ese año la Fiscalía acusó a decenas de ambientalistas por usurpación, privación injusta de la libertad, asociación ilícita, robo e incendio agravados contra la empresa. Según la alianza, la acusación fue basada en un informe de inteligencia policial que asegura que 51 personas estuvieron involucradas en la actividad delictiva en contra de la compañía y que al menos otras 300 las habrían apoyado.

Sin embargo, hay varias «incongruencias» en las acusaciones. Por ejemplo, la alianza refiere al caso de uno de los acusados, Juan López, que no había estado en uno de los altercados porque ese día se encontraba escribiendo un comunicado en la sede de la Fundación San Alonso Rodríguez, la organización cívica donde trabaja. Además, señala que otro de los acusados, Antonio Martínez Ramos, murió en 2015, es decir, tres años antes de que ocurrieran los hechos.

Actualmente aún hay ocho personas en prisión preventiva, otras cinco que ya fueron liberadas (entre ellas, Juan López) pero continúan enfrentando el proceso, la justicia retiró los cargos contra siete más y nueve están prófugos. Dos de los acusados fueron asesinados: Roberto Argueta Tejada en agosto de 2019 y Arnold Morazán Erazo en octubre de 2020.

Ejercer la defensa del medio ambiente en Honduras es un oficio peligroso. En este país se han registrado al menos 685 actos violentos contra defensores ambientales y de la tierra desde 2009, cifra sólo superada en la región por Brasil y de lejos la más alta al ajustarla al número de habitantes, según documentó este año la investigación periodística Tierra de Resistentes en la que participaron Contracorriente (Honduras) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), dos de las organizaciones que junto a Univisión Investiga (Estados Unidos) conforman la alianza.
https://mundo.sputniknews.com/ecologia/202011241093611387-el-conflicto-minero-en-honduras-que-tiene-atras-a-trump/

Chile

Universidad de Chile realiza encuentro LGBTIQ+ en Minería

24/11/2020
Un evento inédito y que convocó a diversos representantes de grupos de interés minero fue el que organizó recientemente el Centro de Alumnos de Minería de la Universidad de Chile (CAM), la Dirección de Diversidad y Género del Departamento de Ingeniería de Minas y la Red de Ingenieres y Estudiantes Diversos en Minería (RIEDMin), denominado “Encuentro LGBTIQ+ en Minería”.

Las palabras de bienvenida las dio Nicolás Rojas, presidente del CAM y María Cristina Vallejos, representante de la directiva electa de Alumni 2021, quienes agradecieron la convocatoria y valoraron que los/las asistentes estuvieran dispuestos/as a participar en discusiones que le hacen falta a la sociedad.

Luego participó Ziomara Gerdtzen, directora de la DIGEN de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, contando los avances que se han desarrollado a nivel de Facultad por la inclusión, el respeto y resguardo de la comunidad LGBTIQ+.

Por su parte, el Prof. Leandro Voisin, Jefe Docente del DIMin reconoció y agradeció la participación al evento y luego presentó a la directora de la Comisión de Diversidad y Género del Departamento, Prof. Kimie Suzuki, quien realizó una presentación amena, entregando detalles de las discusiones que ha llevado la comisión, su objetivo, visión y proyecciones en pos de generar un ambiente inclusivo al interior del DIMin.

A continuación, Dominique Viera, vicepresidenta de Operaciones en Metaproject expuso sobre la visión y los protocolos actuales en la empresa, con experiencias vividas al interior de ésta, así como el énfasis que tienen de valorar la inclusión y la diversidad y sus planes a futuro.

Luego, Patricio Maraboli, head of Human Resources en Pampa Norte de BHP, comentó acerca de Jaspe, organización pro-diversidad de la cual la empresa es parte y su iniciativa “Wear it Purple Day”, además de los amplios protocolos que se han establecido para la no discriminación y resguardo de la comunidad diversa.

Una vez terminadas las presentaciones formales, Monserrat Pineda, ex alumna de Ingeniería Civil de Minas de la Universidad, compartió su visión sobre los desafíos que implica ser LGBTIQ+ en minería, abriendo así discusiones grupales entre los/las participantes acerca de los cambios que implican este tipo de eventos y la visibilización LGBTIQ+.

Finalmente fue nuevamente Nicolás Rojas, pero ahora bajo el rol de presidente de la Red de Ingenieres y Estudiantes Diversos en Minería, junto a Paulina Contreras, vicepresidenta de la misma organización y estudiante de Ingeniería Civil de Minas en la Universidad de la Serena, quienes dieron por inaugurado oficialmente el funcionamiento de RIEDMin, entidad que busca ser una agrupación que visibilice a la comunidad LGBTIQ+ en Minería, mediante la comunicación entre pares y la educación a la industria, de modo de lograr una sana convivencia que elimine todo tipo de prejuicios, discriminaciones y brechas entre la comunidad LGBTIQ+ y el resto del ambiente laboral.

“Es realmente un honor estar en el tiempo y lugar adecuados para poder dar vida a esta red que tanta falta hacía en nuestra comunidad minera. Ya es tiempo de dejar el miedo y la discriminación atrás. Es tiempo de ser quien une quiera ser, expresarse y por sobre todo entender que las diversidades no somos diferentes, que merecemos el respeto y aceptación que cualquier otra persona merece”, concluyó Nicolás Rojas.

Universidad de Chile realiza encuentro LGBTIQ+ en Minería

Chile, Sin categoría

Enel planea aumentar capacidad de hidrógeno verde para 2030 y adelantar fin del carbón al 2027

24/11/2020
En el marco de su Capital Markets Day, el CEO de la italiana, Francesco Starace, anunció que esperan movilizar inversiones de 190.000 millones de euros en los próximos 10 años.

Desde Roma y vía telemática, la italiana Enel presentó esta mañana su Plan Estratégico 2021-2023, con la visión puesta en 2030, asumiendo que será una década de profunda transformación. El grupo, que puso en el centro de su estrategia la aceleración de la transición energética, anunció que espera movilizar inversiones de 190.000 millones de euros en los próximos 10 años. Mientras, dentro de tres años, se planea invertir directamente alrededor de 40 mil millones de euros.

“Con este nuevo Plan Estratégico estamos marcando un rumbo para los próximos 10 años, movilizando 190 mil millones de euros en inversiones para perseguir nuestros objetivos en una década llena de oportunidades”, sostuvo el CEO del grupo italiano, Francesco Starace, quien además enfatizó que la regulación jugará un rol fundamental.

Con el foco puesto en triplicar la capacidad renovable al 2030, la italiana destacó el almacenamiento en baterías en medio de la necesidad de flexibilidad que impone el crecimiento de las energías renovables cuyo potencial -según indicó el grupo- se espera que alcance unos 20 TWh en 2030.

Pero también, Starace hizo especial mención al hidrógeno verde, el denominado combustible de futuro, donde ya tienen proyectos en desarrollo en Estados Unidos, España, Italia y Chile. En este último caso, junto a AME y los posibles socios ENAP, Siemens Energy y Porsche, para impulsar el primer piloto de producción de hidrógeno verde en el país a través de un electrolizador alumentado por energía eólica, en la Región de Magallanes.

Dijo esperar importantes oportunidades en el segmento del hidrógeno verde, por lo que el grupo prevé integrar electrolizadores con plantas renovables que produzcan electricidad para la venta directa o servicios auxiliares, vendiéndose también hidrógeno verde a clientes industriales. Así, anunciaron, que planean aumentar su capacidad de hidrógeno verde a más de 2 GW para 2030.

En el marco de su Capital Markets Day, Enel aseguró que se adelantará la fecha del fin del carbón desde el 2030 al 2027. “Como resultado, se espera que la producción libre de emisiones alcance alrededor del 85% en 2030 desde aproximadamente el 66% estimado en 2020”, precisaron.

Enel planea aumentar capacidad de hidrógeno verde para 2030 y adelantar fin del carbón al 2027

Mexico

Diputados, académicos y activistas rechazan a la industria minera por afectaciones y agravios a comunidades

24/11/2020
Posted by MARTÍN CATALÁN LERMA
Diputados, académicos y activistas rechazan a la industria minera por afectaciones y agravios a comunidades

Roberto de la Rosa, afectado por la minería en Salaverna, Mazapil, expuso que la llegada de la empresa Frisco-Tayahua significó el acaparamiento de 3 mil 584 hectáreas, incluyendo el territorio ocupado por su comunidad FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

Ex funcionarios y habitantes calificaron estas posturas como “satánicas” porque, desde su perspectiva, esta actividad ha generado empleo y desarrollo

Advierten que la mayoría de los participantes en el foro fungieron como “voceros” o “paleros” de las empresas mineras

Roberto de la Rosa, representante de Salaverna, advierte que “el ejemplo claro de que la minería no es sustentable, es que muchas comunidades fueron abandonadas”

Durante un foro realizado este lunes sobre la industria minera en Zacatecas, organizado por la Legislatura en la entidad, diputados, académicos y activistas se pronunciaron contra ésta debido a las afectaciones y agravios que provoca en las comunidades; en contraparte, ex funcionarios y habitantes calificaron estas posturas como “satánicas” porque, desde su perspectiva, esta actividad ha generado empleo y desarrollo.

Sin embargo, la mayoría de los participantes en el foro fungieron como “voceros” o “paleros” de las empresas mineras, según advirtieron algunos asistentes al foro efectuado mediante la plataforma de videoconferencias de Telmex, lo que generó inconformidad en la diputada Gabriela Pinedo y en el académico Álvaro García Hernández.

Roberto de la Rosa Dávila, afectado por la minería en Salaverna, Mazapil, expuso en su intervención que la llegada de la empresa Frisco-Tayahua significó el acaparamiento de 3 mil 584 hectáreas, incluyendo el territorio ocupado por su comunidad. Sin embargo, en el Registro Público de la Propiedad no tenían antecedentes registrales y por lo tanto sus escrituras no tenían legalidad jurídica.

En 2010, recordó, “el gobierno de Miguel Alonso y los abogados de Tayahua ayudaron a convencer a la gente de que debía aceptar una reubicación, hasta que en el 2012 nos dijeron que el cambio era necesario porque había una falla geológica y que Salaverna podía colapsar. Después, en diciembre de ese mismo año provocaron un hundimiento y es un atentado que no ha sido castigado”.

Según relató, siguieron las presiones hasta que, con el uso de la fuerza pública, intentaron sacar de Salaverna a las 17 familias que quedaban e incluso tumbaron viviendas con maquinaria pesada, ello mediante contubernio entre el gobierno y la minera.

“Hoy seguimos resistiendo y a mi manera de pensar personal, y por experiencia de vida, creo firmemente que la minería no ha sido una buena actividad para nosotros, porque la región donde se asienta es depredada y acaba con formas de vida. Sólo nos deja enfermedades, contaminación y escasez de agua”, dijo.

De la Rosa Dávila expuso que “el ejemplo claro de que la minería no es sustentable, es que muchas comunidades fueron abandonadas, como Providencia, Aranzazú, que están convertidas en un montón de escombros, además de que son un foco de contaminación para el entorno”.

Manifestó que la legislación ambiental debería tener como objeto la protección, preservación y conservación de los ecosistemas y la salud pública, y las actividades económicas deben realizarse de una manera racional sin que se comprometa la supervivencia de esta y las futuras generaciones.

Propuso que se retome el proyecto para declarar como Área Natural Protegida un territorio de 2 millones de hectáreas de semidesierto zacatecano y que se emita una nueva legislación minera que sea respetuosa de la soberanía nacional y de los derechos de las comunidades campesinas.
También propuso que se eleve a rango constitucional el derecho de las comunidades a decidir respecto a nuevos proyectos mineros, y que la Legislatura impulse una consulta ciudadana para avalar o prohibir la minería a cielo abierto en el estado.

La diputada Gabriela Pinedo Morales cuestionó que, en la primera edición del foro, se le dio la oportunidad de participación a los representantes de las mineras sin límite de tiempo para la defensa de sus intereses, pero en esta ocasión, en la que se suponía que se iba a hablar directamente con los afectados, se le dio más apertura a personas que fungieron como voceros de las empresas.

El caso concreto de Roberto de la Rosa, comentó la legisladora, se evidencia la manera en que las corporaciones mineras operan en el estado, al grado de que muchos lugares ya no son habitables por los daños que generaron las empresas mineras.

“Las empresas mineras se llevaron toda la riqueza y dejaron sólo muerte y destrucción para las futuras generaciones. La destrucción de pueblos enteros jamás se va a justificar por el interés económico de las empresas”, enfatizó.

En ese sentido, destacó el compromiso del actual Gobierno Federal de no otorgar más concesiones mineras, pues “el saqueo y el nivel de devastación ya no se puede permitir. Mucho tiempo se privilegió el interés económico antes que la vida de las personas y la autodeterminación de los pueblos y eso ya no se debe permitir”.

Pinedo Morales se refirió a la iniciativa que presentó, junto al diputado Jesús Padilla, para declarar como Área Natural Protegida a un polígono en el municipio de Mazapil, lo que impediría más proyectos mineros, y precisó que esa decisión no le corresponde a la Legislatura, pero es un exhorto para que las autoridades responsables lo consideren.

Reiteró que el foro tuvo un sesgo muy evidente, al grado que la lista de participantes original no se respetó, ya que tuvieron intervención más personas de las que se incluyeron en el programa, y todas ellas para dar posturas en favor de las empresas mineras.

“Hay cosas más importantes que toda la riqueza que se genera, que además no se queda en Zacatecas. Pero lo que sí se genera es despojo, afectaciones al medio ambiente, contaminación de mantos acuíferos con metales pesados que después generan muerte a todas las especies, generación de drenaje ácido, deforestación del suelo, entre otros”, agregó.

Álvaro García Hernández, docente de la Unidad Académica de Derecho, aseguró que la numerosa cantidad de personas que participa en estos foros, habitantes de las comunidades, es una estrategia que tiene la finalidad de crear una imagen positiva de las empresas mineras.

“Lo mismo pasó en Wirikuta, donde fueron concesionadas 70 mil hectáreas a empresas canadienses, Ahí se están utilizando indígenas y los están organizando en contra de quienes ya ganaron amparos para proteger la zona sagrada que también es un Área Natural Protegida. No me extraña que haya posturas aquí totalmente inciertas de lo que realmente pasa en Mazapil”, puntualizó.

Refirió que hay mucha evidencia sobre las afectaciones al agua, el suelo y salud de los pobladores a causa de las mineras; “¿Y ahora resulta que le vamos a prender veladoras a las empresas y a aceptar mentiras enormes de que nuestra economía se la debemos agradecer a las mineras?”.
Recordó que la riqueza que se obtiene a través de la minería no se queda en las comunidades, la región o el estado, sino que se acumula en los lugares de origen de las empresas.

García Hernández manifestó la necesidad de acudir a las comunidades para conocer los agravios y las afectaciones que las empresas han realizado, pues hay “agravios directos a los derechos humanos, se han pasado todas las declaraciones internacionales en materia de medio ambiente y en Zacatecas no se cumple un solo objetivo del desarrollo sostenible de la ONU, y aun así vienen a decirles que la minería es fabulosa”.

En el foro participaron otros habitantes de Mazapil, entre ellos Sonia Cervantes, quien expresó que “la minería vista desde el punto de vista satánico nos puede dar una visión muy diferente a la que nosotros tenemos como habitantes de Mazapil”.

“Si bien es cierto que toda actividad económica tiene sus pros y sus contras, yo puedo hablar de un Mazapil antes y después de la minería. Por eso, nuestros diputados y nuestras autoridades deben legislar sobre la coexistencia entre la minería y medio ambiente. Nosotros no ponemos al recurso económico encima del medio ambiente, pero hablamos de que coexista”, expresó.

Aricela Zapata, por su parte, aseguró que la empresa concesionada para el proyecto de Camino Rojo “nos apoya en todo y nos da información de lo que nos puede beneficiar y lo que nos puede perjudicar. Entonces estamos contentos con el apoyo que nos dan, ayudan mucho y nos informan sobre respetar las reglas de tránsito y respetar al medio ambiente”.

Rubén del Pozo, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México y docente de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la BUAZ, distrito Zacatecas, manifestó que la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a no otorgar más concesiones mineras, y se decrete como Área Natural Protegida al municipio de Mazapil, “no es pertinente ni acertada”.

“Pareciera ser que la iniciativa pasa por alto el hecho completamente real de que, hoy en día, se hallen varias empresas mineras desplegando intensas faenas de exploración en esa región. Esto en estricto apego a la ley y, por lo tanto, intentar cambiar las reglas ahora, no sólo es un axioma de falta de certeza jurídica, sino que es también un claro mensaje que ahuyenta la inversión”, expresó.

Diputados, académicos y activistas rechazan a la industria minera por afectaciones y agravios a comunidades

Perú

SEÑOR MINISTRO: ACUERDO PREVIO NO ES IGUAL QUE CONSULTA PREVIA

Ana Leyva
24/11/2020
En su primera aparición como nuevo ministro de Energía y Minas, el economista Jaime Gálvez Delgado hizo suya la propuesta de reemplazar la aplicación de la consulta previa por el acuerdo previo para actividades de exploración con el propósito de reducir el proceso de diálogo, aproximadamente en 6 meses. Esta propuesta ya había sido planteada en el Informe Final de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible publicado en febrero del presente año, y ha sido una de las propuestas presentadas por la CONFIEP en su Agenda de Reactivación 2020.

El ministro señaló que las consultas para proyectos de exploración vienen tomando 1 año de duración, sin señalar algún caso en particular donde la consulta haya durado ese tiempo. Según el ministro, con procesos tan prolongados todos pierden, incluso las comunidades campesinas y nativas. El propósito de esta medida sería apurar las inversiones mineras en exploración. La pregunta que nos hacemos es si esta propuesta puede o no afectar derechos colectivos de esas comunidades. El acuerdo previo y la consulta previa tienen sujetos, objeto y finalidades distintas. Para entender la trascendencia de lo que se está planteando, es necesario tener un marco conceptual claro. Es decir, determinar el significado de estos términos y la relación entre ellos.

Los términos Acuerdo Previo y Consulta Previa no son semejantes, y uno no se puede reducir al otro

La Ley Nº 26505, Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, introduce el término de acuerdo previo.

Según el artículo 7 de esta norma, el acuerdo previo es un requisito necesario para establecer derechos de explotación minera. Se trata de la celebración de un contrato entre el: (i) el titular del derecho minero y (ii) una persona natural o jurídica, esta última puede ser de una comunidad campesina o nativa que es titular de tierras, y el objeto de este acuerdo es la entrega de tierras en cesión en uso, alquiler, venta, etc., al titular minero, a cambio de una contraprestación.

Además de ello, el artículo 11 de esta norma señala que para “disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá el Acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comunidad”. Es decir, en estos casos, donde el propietario es una comunidad, se requiere que una mayoría calificada de 2/3 de sus miembros apruebe la cesión en uso, alquiler, venta, etc. de las tierras comunales.

La consulta previa respecto a la realización de proyectos de inversión es distinta, en la forma y en el fondo, del acuerdo previo. Se trata de un derecho colectivo que les asiste a las comunidades (campesinas y nativas) o pueblos indígenas u originarias, y que les permite participar en los procesos de toma de decisiones del Estado que los puede afectar.

¿A qué decisiones nos estamos refiriendo? Cuando se trata de proyectos de inversión, como en el caso de las actividades extractivas, las consultas podrían estar referidas a otorgamientos de derechos de uso, certificaciones o autorizaciones administrativas que las empresas deben obtener del Estado para comenzar a operar. Lamentablemente, en el Perú los decisiones o permisos más importantes no se consultan.

En la consulta previa se establece un diálogo entre el Estado y las comunidades o pueblos indígenas sobre las posibles afectaciones que pueden sufrir los derechos de estos últimos con la adopción de esas decisiones. La consulta previa debe garantizar, en tal sentido, que estas autorizaciones o permisos administrativos otorgados por el Estado minimicen los daños y si es posible, no afecten los derechos colectivos (identidad cultural, tierra y territorio, acceso a recursos naturales, etc. es decir, derechos que aseguran la existencia de la comunidad o pueblo).

En ese sentido, no resulta posible equiparar un acuerdo económico entre la comunidad y el titular minero sobre el uso de las tierras, con la consulta previa que constituye uno de los derechos colectivos más importantes de las comunidades o pueblos indígenas, que les da la posibilidad de tener voz e influir en las decisiones del Estado.

Además, el acuerdo previo sobre los terrenos superficiales debería realizarse después de la consulta. En la consulta, y en diálogo con el Estado, se deberían definir las afectaciones a los derechos colectivos y las medidas de prevención, mitigación y/o compensación de esos daños. Con esa información la comunidad o pueblo podría estar en condiciones de negociar las tierras que serán afectadas.

Por lo tanto, el acuerdo previo no puede sustituir a la consulta. Tiene sujetos o partes, objeto y finalidad y tiempos distintos. Intentar sustituir uno con otro, puede significar dejar desprotegidos los derechos colectivos en los procesos de toma de decisión del Estado en relación a los proyectos de inversión.

Un tema que permite comprender mejor las consecuencias de la pretensión de sustitución de la consulta por acuerdo previo, tiene que ver con entender la diferencia de suelo, tierra y territorio.

Diferencias entre suelo, tierra y territorio

El suelo es definido como una porción de la parte continental del planeta. El término tierra, desde la perspectiva agrarista, es entendido como una porción de suelo con aptitud agrícola.

El territorio es mucho más que suelo o tierra, es el espacio de reproducción de la vida y de la cultura de un pueblo. Está cargado de significados para sus habitantes.

Para el Convenio 169 de la OIT que protege derechos de pueblos indígenas, el término tierra debe ser entendido como territorio. Esto se debe a que las tierras comunales, si bien son una propiedad, son mucho más que eso, es el espacio de reproducción de la vida y la cultura de las comunidades. En ellas, generalmente se llevan a cabo sus actividades económicas, sociales, acceden a recursos naturales, a servicios, establecen sus lazos afectivos, celebran sus festividades. Todas esas expresiones de vida y cultura se desenvuelven en ese espacio.

Por lo tanto, cuando se afectan tierras comunales, se puede estar cortando un conjunto de dinámicas que tienen que ver con la vida de una colectividad. En estas situaciones, el Estado no solo está llamado a velar para que las comunidades reciban el precio justo por la venta o uso de sus tierras, sino a garantizar la integridad de la comunidad y la reproducción de su vida y cultura.

En el Perú, generalmente cuando se dan las autorizaciones de los proyectos de inversión no se determina este tipo de afectaciones en la vida de las comunidades. Las consultas están ubicadas en autorizaciones finales, en cuyo proceso de aprobación ya no se discuten estos temas. Por esa razón, comunidades como las de la zona de Ampliación del Proyecto Coroccohuayco, continuación de la mina Tintaya-Antapaccay de la multinacional Glencore, vienen reclamando desde hace más de 2 años que se consulte el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para que en ese proceso de certificación ambiental se dialogue sobre las posibles formas de afectación a los derechos colectivos que se producirán con la realización del proyecto. La Defensoría del Pueblo también ha planteado esta posición, pero lamentablemente el Estado no quiere poner a consulta los EIA.

En este escenario es necesario mejorar las consultas, pues las negociaciones de tierras son transacciones que giran en torno a precios de mercado. Si la comunidad pierde el acceso al agua, a un camino, o lugares ceremoniales, o se dificulta el tránsito a la escuela, o se fragmenta, esas afectaciones no son parte de la negociación que se da en el marco del acuerdo previo; no tienen lugar en ella.

Por último, resulta irónico que en vez de avanzar en la implementación del Convenio 169, todavía existan planteamientos que busca desnaturalizar, ad portas de la celebración del Bicentenario, el ejercicio del derecho a la consulta, reduciéndolo a una negociación de un contrato privado. Al parecer en nuestro país, los poderes económicos y sus aliados, siguen viendo los derechos de los pueblos indígenas como un obstáculo para las inversiones, y, por lo tanto, siguen buscando formas o maneras de conculcarlos. Hechos como este nos plantean el enorme desafío de construir como peruanos un país de iguales y un Estado intercultural, garante de derechos.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Chile

Barrick busca revivir Pascua Lama e inicia campaña de sondajes

24/11/2020
La minera canadiense Barrick informó que tiene una nueva campaña de sondajes en la zona donde se encuentra su fallido proyecto de cobre y oro Pascua Lama, que iba a ser la primera iniciativa minera binacional del mundo, revelaron los principales ejecutivos de la compañía en el marco del día del inversionista, realizado el viernes pasado.

Barrick entregó detalles de los planes futuros de la empresa, donde los prospectos ubicados en la frontera entre Chile y Argentina, donde se encuentra Pascua Lama, tienen el protagonismo.

En el caso de la fallida iniciativa ubicada entre la Región de Atacama, del lado chileno, y la provincia argentina de San Juan, Barrick está llevando adelante un proceso de revisión de los aspectos geológicos y económicos, de manera de buscar una forma de extraer, con el menor daño ambiental y de manera rentable, el mineral de oro ubicado en esa zona de la alta cordillera.

“En Pascua estamos trabajando para analizar las diferencias entre el modelo que hemos analizado, y la geología de la zona. Para ello, hemos iniciado un proceso de perforación en ocho lugares”, reconoció Dennis Mark Bristow, CEO de la empresa.

A esto se suman las campañas y las revisiones de los datos de otros dos prospectos de la compañía en la zona: el proyecto Alturas y la zona El Indio Belt, que también muestran interesante información preliminar.
Nuevo EIA

En caso de buscar reflotar el proyecto Pascua Lama, Barrick deberá volver a ingresar un estudio de impacto ambiental (EIA).

La iniciativa sumaba un avance en torno al 70%, cuando el Primer Tribunal Ambiental decidiera, en setiembre pasado, la clausura total y definitiva de la iniciativa, además de mantener una multa impuesta por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).
Barrick aceptó el fallo y anunció que no apelaría.
Fuente: Pulso

Barrick busca revivir Pascua Lama e inicia campaña de sondajes

Mexico

México disminuyó en 21% el territorio que se concesionó a las mineras

25/11/2020
Foto: Grupo México
Este 2020, México cerrará con 16.8 millones de hectáreas concesionadas a la industria minera. Es decir, las concesiones en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) disminuyeron un 20.8 % en comparación con el cierre de 2018, cuando finalizó el gobierno de Enrique Peña Nieto y 45.3 % debajo de lo concesionado con el exmandatario Felipe Calderón.

Esto debido a la revisión de las licencias que inició la Secretaría de Economía desde hace dos años, lo cual se suma a la política del gobierno federal de no otorgar nuevos permisos, con excepción de los que ya estaban pactados por ley. Por ello, actualmente no hay nuevas concesiones mineras, ni siquiera para encontrar gas, cobre, plata o litio, materiales importantes para el sector energético, el médico, farmacéutico, electrónico y automotriz.

“El hecho de que nos den una concesión no nos están dando una mina, nos dan la posibilidad de explorarla para tener la probabilidad de encontrar algo, pero no es garantía de tener una mina (…) en el periodo de Calderón hay un aumento importante porque el Servicio Geológico Mexicano declaró una serie de designaciones importantes incluyendo zonas del mar para encontrar gas, pero actualmente no hay nuevas concesiones”, comentó en un seminario Fernando Alanís, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex).

Alanís detalló que solo 4 millones, de los 16.8 millones de hectáreas concesionadas, están produciendo y agregó que las áreas productivas de las minas ocupan 201 mil hectáreas; es decir, solo 0.1 % del territorio nacional.

“Hay un profundo desconocimiento de la industria minera (…) La minería es esencial para la vida, el progreso del ser humano y para el desarrollo económico de México”, explicó Alanís.

A pesar de las políticas del nuevo gobierno, las empresas mineras siguen considerando al país relevante para la inversión extractiva en las concesiones existentes y más ahora con la pandemia, comentó Douglas Coleman, presidente y CEO del México Mining Center, firma de consultoría e información de la industria en el país para capital foráneo.

“El incremento en el interés por México a largo plazo se está observando por la demanda de metales para manufacturas de industrias que se están recuperando muy rápido del Covid-19, un ejemplo es la industria energética donde necesitan plata y litio”, comentó el directivo.

La plata es un elemento importante en la manufactura de paneles solares, mientras que el litio es considerado un insumo importante para el desarrollo de sistemas de almacenamiento de electricidad, como las baterías de los autos eléctricos.

Un ejemplo es que la firma china Ganfeng Lithium aprobó el viernes 13 de noviembre una resolución para aumentar su participación en el proyecto de litio en Sonora de la firma minera Bacanora Lithium del 22.5 % al 50 %.

“El proyecto de litio de Sonora ahora está bien situado para estar en producción en 2023 y entregar productos de litio de grado de batería en el mercado de almacenamiento de energía de rápido crecimiento”, dijo Peter Secker, director general de Bacanora.

Este proyecto representa una inversión de USD 420 millones en su primera etapa y generará más de mil empleos en el período de construcción; se tiene considerado que solo esta mina representa 5 % de la producción de litio mundial.
Fuente: El Financiero

México disminuyó en 21% el territorio que se concesionó a las mineras

Colombia

Ponen fin a punto de minería y captación ilegal de agua en el río Tunjuelo

La Secretaría de Ambiente evidenció que las actividades de trituración y aprovechamiento de material pétreo causaron graves afectaciones sobre los recursos naturales. Por su parte, la CAR capturó cinco personas por arrojar escombros en la ronda del río Bogotá.

El río Tunjuelo también se ve afectado por actividades mineras en el sur de Bogotá. Foto: SDA. El río Tunjuelo también se ve afectado por actividades mineras en el sur de Bogotá. Foto: SDA.
* Este es un contenido periodístico de la Alianza Grupo Río Bogotá: un proyecto social y ambiental de la Fundación Coca-Cola, el Banco de Bogotá del Grupo Aval, el consorcio PTAR Salitre y la Fundación SEMANA para posicionar en la agenda nacional la importancia y potencial de la cuenca del río Bogotá y sensibilizar a los ciudadanos en torno a la recuperación y cuidado del río más importante de la sabana.

Los más de ocho millones de habitantes de la capital del país son los mayores responsables del deterioro del río Bogotá, un afluente que en su paso por la ciudad recibe a diario 690 toneladas de carga contaminante, vertimientos, grasas, arenas y basuras que lo hacen agonizar.

En la cuenca media, los 90 kilómetros del río sagrado de los muiscas entran en estado de coma por las inyecciones contaminantes de los ríos Tunjuelo, Fucha y Salitre, cuerpos de agua por donde fluyen las aguas residuales de los bogotanos.

En 2019, estos afluentes le aportaron 118.561 toneladas de sólidos suspendidos totales al río Bogotá, razón por la cual 73 por ciento del tramo de la cuenca media presenta una calidad hídrica catalogada como mala.

En las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, el río Tunjuelo se ve afectado por las actividades mineras ilegales. Foto: SDA.

El río Tunjuelo, el cuerpo de agua más extenso que atraviesa la capital del país, es el que más afecta al varón poderoso de la sabana. En sus 73 kilómetros recibe las aguas residuales e industriales de la población de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Kennedy y Bosa, una mezcolanza de materia orgánica, basuras, fósforo, nitrógeno y coliformes fecales.

El año pasado, el Tunjuelo le entregó 66.101 toneladas de sólidos suspendidos al río Bogotá, la cifra más alta de afluentes urbanos. En 2018 esta cantidad fue de 33.042 toneladas de residuos, es decir que su afectación prácticamente se duplicó entre los dos periodos.

En su viaje por la capital, el río Tunjuelo atraviesa por sitios neurálgicos y altamente contaminantes como los frentes de explotación minera en Ciudad Bolívar y Usme, el sector de las curtiembres del barrio San Benito y los frigoríficos de la Autopista Sur, impactos que las autoridades ambientales y policivas tratan de poner en control.


La autoridad ambiental evidenció un frente de captación de agua en la localidad de Usme. Foto: SDA.

En el último operativo de control y seguimiento de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) en la localidad de Usme, la entidad evidenció un foco de contaminación por las actividades industriales de trituración y aprovechamiento de material pétreo, las cuales se adelantaban con agua captada ilegalmente del río Tunjuelo a través de electrobombas.

“También encontramos una ocupación ilegal del cauce del río Tunjuelo sin los respectivos permisos, una actividad que causó una grave afectación sobre los recursos naturales. El operativo contó con el apoyo de la Alcaldía Local de Usme, el grupo de Carabineros de la Policía y el Ejército Nacional”, dijo la secretaria de Ambiente Carolina Urrutia.

Según Urrutia, en este punto del sur de la ciudad el agua del río Tunjuelo era utilizada para humedecer el material rocoso para la trituración y generación de agregados, acción que genera aguas residuales no domésticas con alto contenido de sólidos que producen cambios en la calidad físico-química y la dinámica del afluente.


Las actividades de trituración y aprovechamiento de material pétreo afectan la calidad hídrica del río Tunjuelo. Foto: SDA.

“Estas conductas también afectan y modifican el paisaje, el corredor ecológico de ronda y las condiciones ambientales del sur de la ciudad”, aseguró la funcionaria. Aunque en el operativo no fueron capturadas personas en flagrancia, la SDA decomisó las dos electrobombas que captaban agua ilegal del río Tunjuelo.

La secretaria de Ambiente aseguró que buscará detener todas las actividades que atenten contra el recurso hídrico, su calidad y pérdida de su biodiversidad. “Las personas o empresas que infrinjan la normatividad ambiental enfrentarán procesos sancionatorios como lo establece la Ley 1333 de 2009, cuyas multas pueden superar los 4.000 millones de pesos”.

Capturas en el río Bogotá

A través de varias cámaras instaladas a lo largo de la cuenca media del río Bogotá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) evidenció que varias máquinas estaban arrojando escombros en un predio ubicado en la vereda Las Mercedes de la localidad de Suba, sobre la margen izquierda del río Bogotá.

Las cámaras grabaron cómo las volquetas hacían el traslado de los residuos, los cuales luego eran aplanados con una excavadora oruga dentro de la ronda del río. Ante las evidencias, la CAR y la Policía Nacional adelantaron un operativo en el que fueron capturadas las cinco personas que operaban la maquinaria.


El río Bogotá es víctima de descargas de escombros en varias zonas de su ronda. Foto: CAR.

“Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización. Con esta actividad de disposición ilegal de residuos de demolición y construcción, se estaban afectando los recursos suelo, flora y fauna”, dijo Alberto Acero, director operativo de evaluación, seguimiento y control ambiental de la CAR.

En la cuenca media del río Bogotá, entre la Universidad de la Sabana en Chía y las compuertas de Alicachín en Soacha, 14 cámaras graban los atentados diarios que recibe el afluente más importante del centro del país, golpes que van desde escombros, basuras y vertimientos hasta tala de árboles y quemas a cielo abierto.


14 cámaras monitorean a diario al río Bogotá en su paso por la capital del país. Foto: CAR.

Se trata del sistema de monitoreo BochiCAR de la CAR, cámaras de última tecnología que cubren un radio de cinco kilómetros y las cuales cuentan con un alcance de hasta un kilómetro y medio.

BochiCAR permite identificar con detalle las placas de los vehículos que arrojan escombros en el afluente y los rostros de los malhechores que lo maltratan, imágenes que son enviadas de forma virtual a un centro de control ubicado en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre.
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/ponen-fin-a-punto-de-mineria-y-captacion-ilegal-de-agua-en-el-rio-tunjuelo/57702

Colombia

En área protegida Siberia Ceibas no está permitida la minería

CAM
La autoridad ambiental recordó que en los parques naturales que han sido reconocidos como tal, está prohibido cualquier tipo de intervención antrópica como actividades agrícolas o mineras.

Parque Natural Regional Siberia Ceibas. Foto: CAM Parque Natural Regional Siberia Ceibas. Foto: CAM
A pesar de que los Parques Naturales Regionales son áreas protegidas en las que no se debe desarrollar ningún tipo de actividad que afecte sus ecosistemas, no falta quienes tienen interés de intervenir en ellos violando las normas establecidas para su proteccióny conservación.

Esto precisamente sucede en el Parque Natural Regional Siberia Ceibas, en el departamento del Huila, en donde la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), llamó la atención frente a afirmaciones que indican que una empresa minera estaría interesada en realizar explotación, en zona rural del municipio de Algeciras.

Frente a este interés particular, la entidad afirmó que es imposible el desarrollo de cualquier tipo de actividad minera. Este parque es una joya natural e importante corredor de conectividad biológica de la cordillera Andina, así como un ecosistema estratégico para la región por los bienes y servicios ambientales que produce.

Cuenta con una extensión de 27.104 hectáreas con jurisdicción en los municipios de Algeciras, Campoalegre, Rivera, Neiva, Tello y Baraya y fue declarado como parque natural desde el año 2007 y este año se le incorporó el área de Reserva Forestal Protectora de la cuenca alta del río Las Ceibas.

Libre de intervenciones
“Lo primero que hay que decir es que el área de la Siberia Ceibas hoy está protegida. Este parque está dentro del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (Runap) y es el elemento que nos da la no intervención de este territorio. Como Corporación y todo el Sistema Nacional Ambiental estamos en pro de la defensa de este sistema”, aseguró Camilo Augusto Agudelo, director de la CAM.


Las fuentes hídricas son parte fundamental de esta área protegida. Foto: CAM

Para la autoridad ambiental del Huila, es imposible que se esté desarrollando cualquier tipo de actividad minera en el ecosistema de Siberia Ceibas, debido a que esta área se encuentra declarada desde el año 2007 como Parque Natural Regional y cuenta con un blindaje que prohíbe este tipo de intervenciones.

“Las áreas protegidas del departamento no pueden tener ningún tipo de intervención antrópica (humana), por eso mismo están blindadas y no se permite que allí se desarrollen proyecto agrícolas, mineros ni energéticos, es decir, los Parque Naturales Regionales son zonas en estricto estado de conservación y protección”, explicó

Territorio conservado
El Huila cuenta hoy con más de 600.000 hectáreas entre área protegidas y estrategias de conservación entre Parques Naturales Nacionales, Parques Naturales Regionales, Distritos Regionales de Manejo Integrados, Parques Naturales Municipales y Reservas Naturales de la Sociedad Civil.

De igual forma, este departamento cuenta con 120.000 hectáreas de páramo, las cuales se encuentran dentro de las áreas protegidas, es decir están blindadas de cualquier intervención del hombre.


El Parque Natural Regional Siberia Ceibas tiene más de 27.000 hectáreas. Foto: CAM

Dentro de los servicios ecosistémicos que ofrece el Parque Natural Regional Siberia Ceibas, se encuentra la riqueza hídrica, la biodiversidad y el hábitat de diversas especies de fauna y flora silvestre.

De las 27.104 hectáreas que componen este ecosistema, 12.502 hectáreas están destinadas a la preservación, donde se encuentran ecosistemas de bosque subandino, andino y alto andino, otras 9.080 hectáreas son para la restauración ecológica y 6.771 hectáreas son de uso productivo sostenible.

Ante la intención de generar allí algún tipo de intervención, el director de la CAM recordó que los Parques Naturales Regionales tienen el carácter de inembargables, inalienables e imprescriptibles y dada su especial importancia ecológica deben mantenerse incólumes e intangibles.

Adicionalmente, su destinación debe estar estrictamente ligada a la preservación, restauración, conocimiento y disfrute, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015. Dice el directivo, que esta normatividad unida a la declaratoria del área, blinda este importante territorio de posibilidades actuales o futuras para el desarrollo de algún tipo de proyecto minero.
https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/en-area-protegida-siberia-ceibas-no-se-permite-la-mineria-cam–colombia-hoy/57087