Internacional

Producción de oro de Barrick caerá casi un 11% en el tercer trimestre

15/10/2020
Barrick Gold estimó hoy (jueves 15) una caída del 10.8% en la producción de oro del tercer trimestre, ya que el proyecto de la minera Porgera en Papúa Nueva Guinea permaneció cerrado durante el período.

La minera informó que detuvo la producción en Porgera después de que el gobierno de Papúa Nueva Guinea se negó a extender el arrendamiento de la mina en abril debido a inquietudes comunitarias y preocupaciones por la contaminación. La interrupción de la producción también lo obligó a recortar su pronóstico de producción de oro atribuible para todo el año en mayo.

Más temprano en el día, Papua Nueva Guinea y Barrick acordaron sobre Porgera, determinando que Barrick Niugini Ltd seguirá siendo el operador del proyecto.

Barrick Niugini Ltd es una empresa conjunta entre Barrick y Zijin Mining Group de China.

Barrick Gold estimó una producción de 1.16 millones de onzas de oro para el trimestre que finalizó el 30 de setiembre, en comparación con los 1.3 millones de onzas del año anterior.

Los precios del oro han subido alrededor de un 25% este año debido a la fuerte demanda del activo refugio debido a la incertidumbre causada por la pandemia del covid-19.

Aun así, los ejecutivos conscientes de los costos están dando prioridad a la rentabilidad de los inversores sobre el crecimiento de la producción y dudan en gastar en proyectos costosos.

Barrick, que tiene programado informar los resultados del tercer trimestre el 5 de noviembre, también estimó hoy la producción de cobre del tercer trimestre en alrededor de 103 millones de libras, una caída del 8% respecto al año anterior.

Las acciones de la minera que cotizan en EE. UU. cayeron un 1.6% en las operaciones previas a la comercialización, ya que los precios al contado del oro cayeron.
https://www.mineria-pa.com/noticias/produccion-de-oro-de-barrick-caera-casi-un-11-en-el-tercer-trimestre/

Perú

Tía María: piden S/10 millones de reparación a dirigentes por protestas

Por su parte, la fiscalía pidió penas de más de 20 años durante la instalación del juicio realizado mediante videoconferencia. Los 14 procesados se declararon inocentes
12/102020
Ibón Machaca Judicial Avatar
El Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte de Justicia de Arequipa instaló este lunes el juicio, de modo virtual, contra los dirigentes y agricultores que participaron de las protestas contra el proyecto minero Tía María, en el 2015.
Tía María: demandan S/10 millones a dirigentes por protestas en Arequipa y valle de TamboAudiencia virtual contra dirigentes del valle de Tambo que protestaron contra el proyecto Tía María. Foto: Referencial

Los abogados defensores hicieron repetidos reclamos por este modelo aplicado debido a la pandemia del coronavirus. Varios insistieron en que no se garantizaba el derecho de defensa, algunos incluso pidieron el quiebre del juicio. Sin embargo, el juzgado respondió que el proceso ya se había coordinado y estaban programadas audiencias interdiarias hasta fines de mes.

Además de las quejas, se sumaron los problemas tecnológicos que provocaron que más de un procesado tenga inconvenientes durante su participación en el juicio. Y es que, en este proceso hay 14 personas imputadas. La Fiscalía lo ha catalogado como un caso complejo, tanto por el número de procesados como por la cantidad de delitos inmersos.
El juicio por las protestas de Tía María

La fiscal contra el crimen organizado, María Alejandra Cabana Osca, afirmó que, detrás de las protestas sociales contra Tía María, se movió un interés particular. Los dirigentes Pepe Julio Gutiérrez, Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo conformaron el Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo e iniciaron protestas entre marzo y mayo de 2015 contra el proyecto minero de Southern Perú, para luego conseguir beneficios económicos y políticos.

Participaron el entonces alcalde provincial de Islay, Richard Ale (actual edil de Deán Valdivia) y el exalcalde de Punta de Bombón, José Ramos. Según la Fiscalía, integraban el aparato logístico del grupo al proporcionar comida y transporte a los manifestantes. Además, estaban los financistas como Julio Cornejo (actual alcalde de Cocachacra) y Juan Colquehuanca Chaiña, quienes entregaban víveres y frazadas.

Asimismo, contaban con un comité de prensa a cargo de Miguel Igme y un ala legal que lo constituía el abogado Héctor Herrera Herrera. Mientras que Martín Juares Bernedo, Nicomedes Pareja Prado, Alberto Justo Laredo, participaban directamente de las protestas. La magistrada alegó que Pareja y Justo pertenecían incluso al grupo de resistencia y ataque denominados “Los Espartambos”.
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Para la Fiscalía, los intereses del Frente Amplio salieron a relucir cuando el líder Pepe Julio Gutiérrez demandó 1.5 millones de dólares a la minera, por intermedio del exasesor externo Jesús Gómez Urquizo. El abogado grabó las conversaciones con el dirigente y luego lo hizo público, desvirtuando las protestas. Además, la fiscal Cabana Ocsa ha señalado que los dirigentes lograron conseguir cargos políticos tras las protestas.
Dirigentes afrontan altas penas por caso Tía María

El Ministerio Público ha señalado que las penas para los acusados bien pueden exceder los 20 años. Esto, debido a que se cometieron una serie de delitos durante las protestas violentas del 2015.

El mayor cargo que enfrentan los dirigentes es el delito de asociación ilícita para delinquir. Eso está relacionado con la conformación del Frente de Defensa del Valle de Tambo para cometer actos de violencia. Según la tesis de la fiscal, lo lideraban Pepe Julio Gutiérrez (presidente), Jaime de la Cruz (vicepresidente) y Jesús Cornejo (Vocal). Para los tres se ha pedido 12 años y 8 meses de cárcel efectiva. Mientras que para el resto de acusados se pidió 4 años y 2 años para el abogado Héctor Herrera.

Dirigentes del valle de Tambo negaron cargos y defendieron protestas contra Tía María. Foto: Captura

A los tres dirigentes también se les acusa de extorsión al Estado. Esto estaría comprobado con la toma del local de la Compañía de bomberos de Cocachacra y de la comisaría de La Curva en Dean Valdivia. Asimismo, obstaculizaron las vías e incitar a la destrucción y quema de un bus de la empresa del Carpio. Por tal razón, se pidió la condena de 8 años y 2 meses. El mismo cargo pesa sobre Richard Ale, pero se le rebajó la pena a 3 años y 8 meses al no tener antecedentes.

El Ministerio Público le atribuye a Pepe Julio Gutiérrez y el exasesor Jesús Gómez Urquizo el cargo de tentativa de extorsión en agravio de la empresa Southern Perú. El hecho se habría materializado cuando el dirigente le dijo a Gómez que “ardería troya” si la empresa no le pagaba los 1.5 millones de dólares que había pedido. Para ambos se demandó 10 años de prisión.

Mientras que por los delitos de disturbios y entorpecimiento se pidió 7 años y 4 meses para Jesús Cornejo. Y, 6 años y 8 meses para Jorge del Carpio, solo por disturbios.

Durante los meses que duró la protesta, la ciudad de Arequipa se vio paralizada y los hechos de violencia también se extendieron más allá del valle de Tambo.
Estado demanda millones de repación civil

Por su parte, el representante de la Procuraduría especializada en delitos contra el Orden Público, Luis Casaverde, demandó a los imputados el pago de 10 millones de soles como indemnización a favor del Estado.

La suma está compuesta por los diferentes delitos que imputa la Fiscalía. Por ejemplo, por el delito de asociación ilícita se pidió S/ 7 millones, de los cuales 4 millones son por daño patrimonial y 3 millones por daño extrapatrimonial.

En el caso del delito de extorsión al Estado, la Procuraduría demandó el pago de S/ 2 millones a cinco de los acusados. Por último, solicitó que Jesús Cornejo y Roger Ramos paguen S/ 600 mil y S/400 mil el médico Jorge del Carpio por cometer el supuesto ilícito de disturbios.

Sin embargo, los acusados han rechazado tales pagos al considerar que son inocentes.

Se declaran inocentes y piden ser absueltos

Los abogados de los acusados recalcaron una vez más que sus patrocinados no habían cometido ningún hecho ilícito y que se desenvolvieron en el marco de un pleno derecho que es el de protestar. Ninguno reconoció ser autor o haber promovido los actos de violencia que se desarrollaron en el valle de Tambo y en la ciudad de Arequipa.

Asimismo, el abogado de Pepe Julio Gutiérrez, Vladimir Fuentes, manifestó que la empresa Southern Perú no respaldó la tesis de la fiscal respecto a la tentativa de extorsión. Indicó que el propio presidente de la compañía, Óscar Gonzáles Rocha, negó verse afectada o conocido la entrega de una dádiva al dirigente. Por último, señaló que ese entonces el dirigente no podía paralizar el proyecto pues no había empezado a construirse, recién en el 2019 se le otorgó la licencia de construcción.

Mientras que la defensa de los dirigentes Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz rechazaron pertenecer a una asociación ilícita y que por el contrario sus protestas eran para defender el valle de Tambo de una eventual contaminación ambiental. En esa misma línea se defendieron el resto de acusados, quienes pidieron ser absueltos de todos los cargos.

El caso apenas comienza y el Juzgado Penal Colegiado, que lo integran los jueces Juan Carlos Churata (ponente), Guiliana Pastor y Ronald Medina, ha hecho hincapié en acelerar el proceso. Se han programado audiencias para los días 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre. Se hará de 8am a 1pm, afirmaron los magistrados.

https://elbuho.pe/2020/10/tia-maria-demandan-s-10-millones-a-dirigentes-por-protestas/

Chile

SMA formula cargos contra Puerto de Mejillones por episodio de derrame de concentrado de plomo

Denuncia se explica por la falla en la correa de embarque de concentrados que impidió el enclaustramiento total del plomo, además de no adoptar las medidas destinadas a hacerse cargo de los impactos generados al medio ambiente marino, entre otras faltas.
15/10/2020
Minería Chilena
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló tres cargos contra Puerto de Mejillones S.A., por el proyecto ubicado en el sector industrial de la comuna del mismo nombre, Región de Antofagasta, donde realiza labores de carga, descarga y transferencia de graneles líquidos y sólidos, tras el derrame de concentrado de plomo como consecuencia del incidente ambiental que ocurrió el 5 de marzo de 2020 y la implementación incompleta del plan de contingencias en el sector.

Los dos cargos clasificados como graves son, por un lado, la falla en la correa de embarque de concentrados que impidió el enclaustramiento total del plomo y, por otro, el incumplimiento al no adoptar las medidas destinadas a hacerse cargo de los impactos generados al medio ambiente marino de los que dan cuenta los Planes de Vigilancia Ambiental (PVA).

En tanto que el cargo leve, se refiere a la implementación incompleta del Plan de Contingencia desencadenado a principios de año, lo que se traduce en que la empresa no determinó la magnitud del derrame de concentrado de plomo; no remitió informe final a la SMA con el detalle de las medidas de mitigación implementadas y fotografías que acreditaran su ejecución; no se implementaron medidas vinculadas a la afectación directa o indirecta de avifauna; como tampoco se remitieron informes a la SMA y al SAG sobre medidas vinculadas a la afectación de la misma.
https://www.mch.cl/2020/10/15/sma-formula-cargos-contra-puerto-de-mejillones-por-episodio-de-derrame-de-concentrado-de-plomo/

Honduras

Presentan Amparo a favor de ambientalistas de Guapinol criminalizados

12/10/2020
Redacción CRITERIO.HN
[email protected]
Tegucigalpa, Honduras.- Defensores de derechos humanos y de los ambientalistas que han sido criminalizados por defender el río Guapinol, presentaron un recurso de amparo a fin de evitar la cárcel a Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Naún Hernández, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz.

Los defensores del medio ambiente de Guapinol, miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón llevan más de un año detenidos sin cargos y en espera de juicio por protestar contra las acciones de una empresa minera que contaminó los ríos Guapinol y San Pedro.

Su proceso judicial ha estado plagado de irregularidades y hay preocupación por su bienestar debido a las condiciones de hacinamiento durante la pandemia.

“La acción legal responde a las resoluciones de la Corte de Apelaciones de jurisdicción nacional tomada en marzo, pero no notificada hasta en agosto de 2020 en donde se vulnera el derecho al debido proceso, a la asociación y reunión pacifica, un fallo revocó arbitrariamente sobreseimiento definitivo de cinco, altamente reconocidos defensores inicialmente otorgado en marzo de 2019”, recordó la defensa de los ambientalistas en la lectura del comunicado frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Asimismo, siguió en la lectura, “la Corte revocó el auto formal procesamiento para ocho defensores encarcelados, sin fundamento razonable, mientras la criminalización continua contra los defensores del agua de Guapinol, las campañas de difamación han resurgido poniendo en peligro las vidas de los defensores y de su familia”.

Además de los dos fallos de la Corte de Apelaciones que se apelaron hoy, la Sala de lo Constitucional admitió un amparo en septiembre contra otro fallo de la Corte de Apelaciones sobre la aplicación ilegal de la medida cautelar de prisión preventiva que había sido copiada y pegada de un fallo completamente diferente, denunciaron como parte de las irregularidades en el proceso judicial que siguen las víctimas del sistema de justicia.

PERSEGUIDOS, ESPERAN PREMIO Y HAY INFORME INTERNACIONAL REVELADOR

A opinión de la defensa de los ambientalistas acusados, con estas acciones antes descritas, el sistema de justicia muestra una vez más, la naturaleza imprudente y arbitraria de las decisiones y procedimientos de los tribunales en este caso en donde la Sala de lo Constitucional, no ha admitido aún su sentencia final.

En ese contexto, con los amparos presentados se solicita que las resoluciones de la Corte de Apelaciones de jurisdicción nacional, sean dejada sin efecto y que se garanticen los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República y tratados internacionales de derechos humanos, la CSJ debe responder a la acción judicial en 48 horas.

Mientras eso acontece en el país con los protectores del medio ambiente, el Grupo de Izquierda del Parlamento Europeo propuso a la fallecida activista hondureña Berta Cáceres y a los defensores del agua de Guapinol para el Premio Sakharov a la Libertad de Expresión que otorga anualmente el Parlamento Europeo.

En Septiembre, la Alianza Centroamericana Frente a la Minería presentó el reporte denominado “Guapinol Resiste” en el que se analiza minuciosamente el origen del conflicto minero en el Bajo Aguán, zona norte de Honduras, en donde se verifican las violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen al proyecto minero en el municipio de Tocoa, Colón, propiedad del empresario Lenir Pérez y vinculado a la familia Facussé.

Entre los hallazgos se destaca que en los permisos otorgados a la empresa Inversiones los Pinares hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras, además, se resaltó que hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que violentó tanto las regulaciones municipales como las normas internacionales.

Se denunció en el documento que el estado de Honduras ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares, y además, se indicó que los derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica y derecho de organización, han sido negados a los defensores del río Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.
https://criterio.hn/presentan-amparo-a-favor-de-ambientalistas-de-guapinol-criminalizados/

Chile

Dilación del proyecto y campaña del terror: las críticas al trámite legislativo por la Ley de Glaciares

Este miércoles, la Comisión de Minería del Senado volvió a posponer la votación de las indicaciones correspondientes al proyecto que define a los glaciares como bienes de uso público. De seguir retrasando su aprobación, la vocera de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto, Constanza San Juan, aseguró que se podrían ver afectadas las actividades productivas que requieren del agua para subsistir.
Eduardo Andrade
14/10/2020
Aunque para algunos parlamentarios, la intención era comenzar este miércoles con la votación del articulado correspondientes al proyecto de Ley de Glaciares, este proceso se vio retrasado debido a que el Gobierno solicitó ampliar el espectro de voces opinantes sobre el tema en la Comisión de Minería del Senado.

Uno de los principales riesgos respecto de este proyecto, según ha deslizado el Gobierno en las últimas semanas, tiene que ver con el escenario económico que vive el país en la actualidad, y en el que el desarrollo minero jugaría un papel trascendental.

Este argumento, sin embargo, ha sido tildado como un “campaña del terror”, por parte de algunos parlamentarios a favor de la aprobación del proyecto. Uno de ellos, el senador PPD, Guido Girardi, se refirió al tema horas antes de iniciada la discusión en la Comisión de Minera, resaltando que lo expresado por el Gobierno es una prueba de la intervención que las empresas mineras han hecho sobre las áreas que se pretenden proteger con la ley.

Guido Girardi.

“La campaña del terror que ha hecho el Gobierno y las empresas mineras, es totalmente inaceptable. Primero porque da cuenta de que efectivamente están interviniendo los glaciares. Si no estuvieran interviniendo los glaciares, no harían esta campaña del terror. Están diciendo que si se protege los glaciares, van a quedar miles de personas cesantes. Eso es falso porque la minería no es intensiva en mano de obra, pero además quiere decir que están interviniendo los glaciares”, cuestionó.

Ya durante la sesión, el argumento de Girardi fue respaldado por el geólogo y académico de la Universidad de Chile, Francisco Ferrando, quien además precisó que en la actualidad, el aporte de los glaciares que no están protegidos por el sistema de parques nacionales llega a representar un 60 por ciento del agua utilizada por las ciudades durante la estación cálida.

Por su parte, en representación del Gobierno, el subsecretario de Minería, Iván Cheuquelaf, indicó que el Ejecutivo no está precisamente en contra de la aprobación de la ley, pero que esta debe ser complementada con aristas que se hagan cargo del impacto social y económico que tiene la minería en el país.

Ivan Cheuquelaf.

“Hay un acuerdo del año 2015, que se firma en la ONU, la Agenda 2030, donde se establecen los objetivos de desarrollo sostenible para arrancar la pobreza con crecimiento económico, pero sin descuidar ninguno de los pilares de la sostenibilidad. Son 3 pilares, no solo el medioambiental, también hay que entender al pilar económico y al social, principalmente el social en una época donde tenemos altas tasa de cesantía”, manifestó.

Al respecto, una vez concluida la discusión en la comisión mencionada, la vocera de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto, Constanza San Juan, conversó con nuestro medio y desmintió la gravedad del impacto de los proyectos cerrados tras la aprobación de la ley que plantea el Gobierno. Muy por el contrario, San Juan puntualizó que esto podría ser peor para otras actividades productivas que se verán afectadas sin una ley que cuide el agua contenida en los glaciares y sus ecosistemas.

“Hay que pensar la campaña del terror al revés. Sin agua, todo el resto de las actividades productivas no se pueden realizar y son las que aportan de mayor manera al PIB en los últimos años y que entregan mayor empleo, pese a todas las cifras que intenta deponer sobre la mesa la minería. Sin agua se pierde toda esa diversidad de producción económica, lo cual es muy grave, eso también significa pérdida de empleo, de sustento de familias, y eso es importante ponerlo en discusión”, señaló.

María Jesús Martínez.

Asimismo, para la vocera de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, María Jesús Martínez, el trámite legislativo del proyecto de Ley de Glaciares está sufriendo una dilación causada por el Ejecutivo, una estrategia que habría sido la misma desde que el tema saltó a la palestra a inicios de siglo.

“Este es el sexto intento de proyecto de ley para promulgar sobre la materia para proteger los glaciares. Esto se remonta a inicios de los años 2000. Aquí vemos un evidente abandono del Estado en la protección de los glaciares y con eso garantizar diversos derechos humanos, como el derecho humano al agua y también la supervivencia de los ecosistemas y la biodiversidad. Por el contrario, desde inicios de los 2000 a la fecha se han seguido aprobado proyectos emplazados en áreas glaciares a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, criticó.

Hay que recordar que uno de los proyectos a los que hace referencia Martínez es el de Pascua Lama. El mismo, a mediados de septiembre, fue clausurado en su totalidad por el Tribunal Ambiental, justamente porque no cumplió con los compromisos relacionados al plan de monitoreo de glaciares en la zona del valle de El Huasco, contribuyendo a su contaminación y posterior derretimiento.

Dilación del proyecto y campaña del terror: las críticas al trámite legislativo por la Ley de Glaciares

Perú

LA MINERÍA ILEGAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Luis Gárate
12/10/2020
Imagen: Mongabay
A pesar de las restricciones que ha generado el estado de emergencia decretado a raíz de la pandemia, en nuestro país algunas actividades han seguido operando. Es el caso de la gran minería formal, pero también otras que están fuera de la ley, como la minería ilegal.

José Ventura define la minería ilegal -para diferenciarla de la minería artesanal e informal-, como aquella que no se caracteriza solamente por el volumen de tierras que mueve (que en algunos casos puede ser la misma o mayor que una empresa de mediana minería), sino sobre todo porque desarrolla sus actividades afectando los derechos de otros y en zonas abiertamente prohibidas. Por ejemplo, en reservas naturales o áreas protegidas, vulnerando estas zonas, contaminando el medio ambiente y causando efectos sociales terribles, como prostitución infantil, trata de personas, condiciones laborales de extrema explotación, trabajo infantil, etc.[1]

Hace unos años se estimó que la minería ilegal en el Perú mueve más de 2,900 millones de dólares al año, convirtiéndose en una actividad criminal que puede generar mayores ganancias que el propio narcotráfico.

Es por eso que el gobierno peruano ha continuado realizando operativos para combatir esta actividad en pleno estado de emergencia por la pandemia. El pasado jueves 10 de setiembre en el marco del operativo Mercurio, la Fiscalía con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaron un operativo helitransportado en la Reserva Comunal Amarakaeri, que abarca los departamentos de Cusco y Madre de Dios.

Igualmente la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios realizó un operativo en diversos sectores afectados por la minería ilegal que contaminaban el río Pariamanu y que había puesto en riesgo la salud de la población indígena amahuacas de la comunidad nativa Boca Pariamanu. Los patrullajes que realizan los indígenas a lo largo del río han visibilizado el tema, pero los ha expuesto a las amenazas de muerte por parte de los mineros ilegales.

Esta violencia ha coincidido con el incremento de la actividad minera. El último informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) reveló que el aumento de la deforestación en la zona del Pariamanu, en el 2019, como consecuencia de la minería ilegal, fue del 70 %. La tasa de hectáreas depredadas por mes pasó de 2.5, entre el 2017 y 2018, a 4.2 durante el 2019.[2]

De igual manera en setiembre las autoridades realizaron un operativo inopinado contra la minería ilegal en la Comunidad de Pucaurco, ubicada en el distrito de Alto Nanay, provincia de Maynas, región Loreto. Asimismo el Gobierno prorrogó la intervención de las Fuerzas Armadas, en apoyo a la Policía Nacional, en las operaciones especializadas de interdicción contra la minería ilegal y delitos conexos en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, Amazonas, del 5 de octubre al 3 de noviembre de 2020.

La minería ilegal está estrechamente vinculada a la violencia en las zonas donde opera, en especial la dirigida a los defensores ambientales. Según la Defensoría del Pueblo, cinco defensores ambientales fueron asesinados durante el 2020. Tras el asesinato a balazos del defensor ambiental, Roberto Carlos Pacheco Villanueva, ocurrido a comienzo de setiembre en Madre de Dios, la Defensoría del Pueblo ha solicitad una serie de medidas urgentes al Estado para proteger la vida de estas personas que reciben amenazas por sujetos inescrupulosos que coexisten en el ilícito mundo de la tala ilegal, la minería informal y el tráfico de tierras. En lo que va del 2020, además del señor Pacheco, otros cuatro defensores de los pueblos indígenas y del medio ambiente han sido asesinados por tratar de proteger los recursos naturales.

Por otro parte, entre marzo y junio, Suiza, país que refina alrededor de 60% de la oferta mundial de oro, envió volúmenes históricos a Estados Unidos ante la demanda de los inversores. Sin embargo, pese a que las autoridades de muchos países productores de oro han adoptado medidas restrictivas por la pandemia, la extracción ilegal de oro ha crecido. Asimismo como varias minas formales no están operando, la minería ilegal estaría compensando el déficit de oro.[3]

Perú es el séptimo productor de oro a nivel mundial y 20% de su oferta provendría de la minería ilegal. Durante los últimos 30 años, alrededor de 960 km2 de selva tropical han desaparecido porque poblaciones de las zonas más pobres del país se han mudado a lugares donde hay reservas de oro para dedicarse a la extracción de este mineral en busca del sueño de hacerse ricos. Pero ya sabemos que esta actividad va a acompañada de mucha violencia, trata de personas, prostitución, así como de los terribles daños al medio ambiente.

Lo expuesto nos muestra que la minería ilegal sigue siendo una actividad ilegal muy lucrativa y que debe ser combatida por sus nocivos impactos sociales y ambientales, tarea que debe cumplir con firmeza el Estado y sus fuerzas de seguridad. Pero el aumento de la demanda de minerales como el oro en el mercado internacional, nos muestra que la estrategia contra esta actividad no puede ser solo represiva; se debe trabajar de la mano con las comunidades afectadas, protegiendo sus derechos e integridad, así como también investigando y actuando contra las cadenas de compras y blanqueo de esta actividad en los mercados internacionales.

[1]https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2014/04/10/peru-pais-minero-incentivo-perverso-mineria-ilegal/

[2]https://es.mongabay.com/2020/08/madre-de-dios-mineria-ilegal-operativo-pariamanu-peru/

[3]https://www.swissinfo.ch/spa/–a-qu%C3%A9-costo-se-benefici%C3%B3-el-oro-con-la-covid-19-/46010490

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Chile

Protesta de advertencia de las comunidades contra la minería en Colliguay

03/10/2020
Una grave denuncia realizaron vecinos y organizaciones sociales del sector de Colliguay frente al inicio de la instalación de una empresa minera. Se verificó que las faenas contaminarían el estero Puangue y absorberían parte del agua de la zona, que ha sufrido severas sequías durante los últimos cinco años.

Por el momento las faenas están paralizadas pero los vecinos temen que el Gobierno apoye la empresa en contra de los intereses ciudadanos, como ya se ha hecho costumbre. Por esta razón hoy se realizó una masiva protesta de advertencia, con una caravana que despertó el apoyo de los lugareños, que no aceptarán la presencia de empresas mineras en el alto.

Ojo con el Lente
Ver: Apunte fotográfico de Mario Aguirre Montaldo
http://www.ojoconellente.cl/?p=2896
http://olca.cl/articulo/nota.php?id=108160

Chile

DECLARACIÓN DE COMUNIDADES DIAGUITAS ANTE EL CIERRE PASCUA LAMA.

– Alto del Carmen, 09/10/2020.
– Ante la confirmación de la clausura definitiva del proyecto Pascua Lama, como comunidades indígenas diaguitas del Valle del Huasco declaramos:

1- Estamos inmensamente felices por el logro obtenido. Este cierre significa avanzar hacia la liberación de nuestro territorio sagrado de empresas multinacionales y nacionales que lo destruyen, además, de ser una posibilidad para que nuestros glaciares –o bancos perpetuos como le denominaban nuestros abuelos– sigan vivos y surtan de agua de manera permanente al río, que es el espíritu de este valle. También permite poder seguir protegiendo nuestro valioso patrimonio cultural.

2- Esta victoria no es únicamente nuestra sino de todas las comunidades diaguitas que defendieron la vida en conjunto con la Asamblea por el Agua del Guasco Alto, instancia que desde 2013 aglutina a las primeras organizaciones y habitantes que se levantaron contra este aberrante proyecto hace ya 20 años. Es también un triunfo de tantas personas y organizaciones que, de todo el Valle de cordillera a mar, así como de Chile y el mundo, colaboraron en esta incansable lucha. Esta defensa de la vida tuvo distintos frentes, desde la movilización social y la revalorización de nuestro patrimonio cultural y natural hasta la presión en el Congreso y en instancias administrativas y judiciales.

En cuanto a esto último, fuimos parte activa de una serie de denuncias[1], recursos de protección[2], recurso de reclamación[3] así como del proceso sancionatorio[4] de la Superintendencia del Medio Ambiente que culmina en la clausura. Todas estas acciones constan en los distintos expedientes a cargo de nuestros abogados –Álvaro Toro, Sergio Millamán, María Elena Ugalde y Ana Timm–como también a veces de manera directa.

3- Barrick Gold logró dividir al pueblo diaguita y esa dolorosa herida se la debemos a esta trasnacional. Desde un principio, en los años 2000, intervino el proceso de reconocimiento diaguita, incluso formando las primeras comunidades para tenerlas a su favor. En 2014, ante el inminente cierre de sus faenas debido a múltiples procesos legales y sancionatorios, concibió una estrategia comunicacional desesperada –el famoso Memorándum de Entendimiento Diaguita-Barrick– cuyo fin era demostrar que el pueblo diaguita estaba dispuesto a hacer viable/darle el visto bueno a su proyecto tras una negociación. Como uno de los aprendizajes de este proceso, llamamos a las comunidades a estar alertas respecto de estas sucias jugadas por parte de las trasnacionales y esperamos que nunca más haya indígenas dispuestos a seguir su juego.

4- Nos hemos liberado de Pascua Lama, pero lamentablemente quedan muchos proyectos de inversión en nuestro territorio que nos acechan (Nueva Unión, El Encierro, Arroyo Blanco, Pachuy, Valeriano, entre otros), además de otras iniciativas gubernamentales que hay que estudiar con lupa, por ejemplo la llamada Norma Secundaria del río Huasco, en relación con la calidad de las aguas. Todas estas instancias requieren de consulta indígena. Por lo tanto, llamamos a todas las comunidades diaguitas del territorio de Guasco a que, sí de verdad valoran la vida, esta vez lo demuestren. Eso quiere decir oponerse a cualquier proyecto e iniciativa que ponga en jaque la vida del Valle y de sus comunidades. En este sentido, también es de suma importancia que las mismas comunidades que firmaron el Memorándum antes mencionado no sigan prestándose para negociaciones e instancias de diálogo con Nueva Unión y otras mineras que acechan nuestro territorio.

5- Por último, todo el daño irreparable provocado por Pascua Lama, tanto ambiental como social y económico, viene a confirmar lo urgente que es respetar la autodeterminación de los pueblos, tanto indígenas como mestizos. Desde un principio –hace ya 20 años– nos opusimos a este proyecto criminal y lo que dijimos que sucedería, lamentablemente ocurrió. Tenemos derecho a decidir respecto de nuestro futuro, así como sobre los territorios que pisamos hace más de 10.000 años. La vida es sagrada y la seguiremos defendiendo sin descanso ni tregua.

Comunidad Diaguita Hermana Agua, Conay

Comunidad Diaguita Montañas Fértiles, Chollay

Comunidad Diaguita Los Tambos, Los Tambos

Comunidad Diaguita Molle Kay Kkó, San Félix

Comunidad Diaguita Ingahuas, Quebrada de Pinte

Comunidad autónoma La Mollaca, La Vega

Comunidad Diaguita autónoma Sangotay Kupana, El Algodón

[1] Serie de denuncias (casi 20) que constan en los sancionatorios en medio de proceso A-002-2013(documento 183 en link: https://snifa.sma.gob.cl/Sancionatorio/Ficha/1 ) y Formulación de cargos D-011-2015 (https://snifa.sma.gob.cl/Sancionatorio/Ficha/1210)

[2] Nos hicimos parte del Recurso de protección Corte de Apelaciones Copiapó Rol Causa 300-2012

Recurso de Protección por contaminación de aguas tras destrucción de Planta de Tratamiento por avalancha. Corte de Apelaciones de Copiapó Rol Causa 410-2016. (Derivado a Corte de Apelaciones Antofagasta Cusa Rol 4147-2016, luego Corte Suprema)

[3] Reclamación por Modificación de RCA Pascua Lama en variable aguas (Reclamación ante Comité de Ministros /Tribunal Ambiental: 143 -2017 y luego Corte Suprema Causa rol 2025-2019)

[4]Proceso sancionatorios (luego acumulados) A-002-2013 (ver link: https://snifa.sma.gob.cl/Sancionatorio/Ficha/1210 n° documentos: 37,54,69,70,88,94,99,101,112,118,119,121,122,123,124,125,144,159,161,172,177,182,183,184,206,231,232,233,234,286,295) y D-011- 2015 (https://snifa.sma.gob.cl/Sancionatorio/Ficha/1210).
http://olca.cl/articulo/nota.php?id=108173

Chile

Senador Girardi se abre a un acuerdo en proyecto de glaciares, pero critica indicaciones del Gobierno

14 octubre, 2020
Hoy se retomará la discusión al interior de la comisión de Minería y Energía del Senado, pero la votación podría postergarse nuevamente.

Hoy se retomará la discusión del proyecto de ley que busca proteger a los glaciares que hay en el país, en el marco de la comisión de Minería y Energía del Senado. Sin embargo, no existe claridad respecto de si se votará o no la moción parlamentaria, luego de la postergación anunciada la semana pasada, ya que se espera contar con la participación del glaciólogo y académico de la Universidad de Chile, Francisco Ferrando.

En ese escenario, el senador Guido Girardi (PPD) dio a conocer posibles cambios al proyecto que es de su autoría, específicamente respecto de los sujetos de protección que se buscan instaurar. Así, el senador aseguró que “siempre se puede conversar y mejorar los proyectos. Es importante la reunión de hoy, porque el glaciar es parte de un ecosistema y uno podría decir que el glaciar y la zona periglaciar comparten ecosistemas que lo sustentan y deben tener un nivel de protección equivalente, mientras que en el caso del permafrost podría tener un elemento de protección menos riguroso, porque si hay permafrost lejos de un glaciar, no es sujeto de producción. Es por eso que podríamos tener dos categorías, con una zona con protección distinta”, agregó Girardi.

No obstante, el integrante de la comisión de Minería y Energía también fue crítico de las indicaciones del Gobierno, y apuntó a que es difícil lograr un acuerdo con el Ejecutivo mientras se mantenga el veto al proyecto proinversión. “Las indicaciones buscan que no exista protección, se plantea hacer un catastro, pero se establece que cualquier privado puede solicitar la desafectación de un glaciar y no hay un enfoque ecosistémico ni de la crisis hídrica que existe en el país”, apuntó Girardi.

En tanto, las preocupaciones de la industria pasan por los efectos que podría tener el proyecto, que de aprobarse tal como ingresó al Congreso, según un estudio de Cochilco, afectaría a la producción de cobre del país, la que tendría un descenso promedio de un 22% a 28% en un horizonte de 2021 a 2031, lo que significa una pérdida de 1.387 a 1.809 miles de toneladas de cobre fino. Otra de las cifras que se destaca en el informe realizado por la entidad gubernamental es que la menor actividad golpearía fuertemente al PIB del país, en un 2,4%, lo que equivale a una pérdida de US$ 7.158 millones respecto de 2018, mientras que las exportaciones del sector minero disminuirían en un 24%.

En tanto, desde el Ministerio de Minería han apuntado a que las indicaciones que se ingresaron buscan conciliar la protección de los glaciares, con actividades como la minería, pero también el transporte o el turismo.
Fuente: El Mercurio

Senador Girardi se abre a un acuerdo en proyecto de glaciares, pero critica indicaciones del Gobierno

Chile

Incertidumbre por huelgas en mineras locales pone presión a cotización del cobre

14/10/2020
Mientras en Minera Escondida siguen las conversaciones con el sindicato de supervisores, en Candelaria se teme una radicalización de la paralización.
En medio de las dificultades que ha presentado la pandemia y sus efectos en la progresiva caída en la producción de las mineras locales, crece el riesgo de nuevas huelgas en el sector, cuando algunas negociaciones colectivas se mantienen vigentes en el país. Aunque el mineral cayó ayer un 1%, su valor sigue cotizándose por sobre los US$ 3,04, en parte, debido al riesgo que ve el mercado de un menor suministro del metal.

Desde Cochilco advirtieron que, pese a que tanto Escondida como Candelaria podrían seguir operando incluso con la paralización de algunos de sus sindicatos, sí se podrían generar retrasos o cuellos de botella en las actividades operacionales de dichas empresas. Es por eso que este sería uno de los factores importantes para explicar el precio que se ha visto en las últimas semanas, sostiene el director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guardo, quien apunta a que “es difícil aislar el efecto de un solo factor; en estos días ha influido mucho el plan de estímulos de Estados Unidos, pero sin duda que el tema de las negociaciones está afectando, ante las expectativas de recortes en producción”, señala el experto.

Así, en Minera Escondida, el yacimiento más importante del país, siguen las conversaciones entre la empresa y el sindicato de supervisores en busca de un acuerdo que evite la huelga de la organización que reúne a más de 700 trabajadores. Según confirmó el presidente del sindicato, Yerko Contreras, ayer seguían las tratativas, en las que la empresa presentó nuevas propuestas a la dirigencia sindical. “Aún no termina la etapa de mediación, pero si no llegamos a un acuerdo, puede que mañana (hoy) se dé la votación y se pase a otra etapa. Podemos seguir extendiendo esta etapa por cinco días, llevamos solo dos, seguimos conversando con la empresa, y creo que seguimos en buen pie. Si nos hacen una oferta buena, la tenemos que votar sí o sí”, explicó Contreras.

En tanto, desde la compañía confirmaron que se mantienen las conversaciones entre las comisiones de ambas partes y señalaron que “esta mediación (…) puede ser extendida de mutuo acuerdo entre las partes hasta el viernes 16 de octubre”. Donde están más distantes las posiciones es en Minera Candelaria, firma operada por la canadiense Lunding Mining, donde el sindicato de trabajadores mina, que tiene más de 350 socios, se encuentra en huelga desde la semana pasada.

Si bien existe una reunión citada para hoy, las relaciones estarían bastante cortadas entre la empresa y los trabajadores, luego de los hechos de violencia que se han producido en las cercanías del yacimiento, dentro de lo que se incluye desmanes y bloqueos de camino, que llevaron a la empresa a presentar un recurso de protección, que ya fue acogido por los tribunales de la Región de Atacama. Según trascendió, durante las próximas horas se presentaría incluso una querella por estos hechos. A través de una declaración, la administración de la minera sostuvo que “tenemos el deber de velar por la seguridad de todos nuestros trabajadores, lo que nos ha obligado a tomar medidas para permitir el acceso a la faena de quienes deben continuar con sus labores” asegurando que, además, han tenido que buscar vías alternativas para poder llegar al mineral producto de los bloqueos.

Desde el sindicato, el presidente de la organización, Patricio Gárate, acusó una persecución en contra de los trabajadores, y respecto a la reunión de hoy, comentó que “ojalá la empresa haga una oferta como corresponde, porque pese a la pandemia, no hemos parado ningún día la producción gracias a los trabajadores. Tenemos disposición de llegar a un acuerdo, pero la administración ha sido intransigente”.

El temor que existe en torno a esta negociación tiene que ver con el proceso que lleva a cabo el sindicato planta, que tiene cerca de 600 socios y que culmina las negociaciones el próximo lunes. Dicha organización habría planteado un bono de término de unos $25 millones, más del doble de la propuesta del sindicato mina, que iba por unos $11 millones, por lo que a partir del próximo martes podrían existir cerca de mil trabajadores en huelga.
Fuente: El Mercurio

Incertidumbre por huelgas en mineras locales pone presión a cotización del cobre