Perú

LA PRESIÓN CHINA EN LA MINERÍA PERUANA

José De Echave
18 de setiembre de 2020
www.cooperaccion.org.pe
Imagen: Diario Gestión
En tiempos de pandemia, la Embajada de China ha decidido hacer incidencia en el gobierno peruano para destrabar proyectos mineros que empresas de ese país tienen en nuestro país. Durante un reciente evento virtual, el embajador chino señaló que su país espera contar con el apoyo del gobierno peruano para sacar adelante proyectos, principalmente de cobre, como Río Blanco (Piura), Galeno (Cajamarca) y Chinalco (Junín), que suman en conjunto US$7,300 millones.

Por supuesto, no todos los proyectos están en la misma situación y tienen la misma viabilidad. A continuación haremos un breve repaso de cada uno de los proyectos mencionados:

En el caso del proyecto de Toromocho, de propiedad de la empresa Chinalco, estamos hablando de la ampliación de una operación que está en marcha desde el año 2013. Sin embargo, lo que se conoce es que la ampliación se encuentra detenida por la sencilla razón que la empresa ha tenido que hacer una modificación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que con la inversión prevista se pretende aumentar la capacidad de la planta concentradora en un 30%. Es por eso que se requiere ampliar el EIA y no seguir el camino de elaborar sólo un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), como aparentemente pretendía la empresa. Por lo tanto, por más presiones que haga la Embajada de China, la modificación del EIA tendrá que ser evaluada por el SENACE y deberá seguir todos los pasos que exige la normativa peruana, incluido el mecanismo de participación ciudadana.
Hay que precisar que en el caso de Río Blanco, de propiedad de las empresas Zijing (45%), Tongling Non-FerrousMetalsGroup (35%) y Xiamen C&D Ltd. (20%), por el momento el proyecto no cuenta ni siquiera con Estudio de Impacto Ambiental presentado. Como se sabe, en este caso desde un primer momento la población de la zona, sobre todo en las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca, han mostrado una férrea oposición al desarrollo del proyecto minero, por el impacto que puede ocasionar en el ecosistema de páramos andinos de la zona. El año 2007 se desarrolló una consulta ciudadana que puso en evidencia la oposición mayoritaria de la población. Todo indica que, pese al tiempo transcurrido, esta situación no ha cambiado. Por lo tanto, como dicen las propias empresas mineras (incluidas las empresas chinas), un proyecto que no tiene licencia social es difícil que se puede llevar adelante.
Finalmente, está el caso del proyecto El Galeno que se ubica en la región Cajamarca (entre las provincias de Celendín y Cajamarca) y que tiene como operador a LuminaCopper (60% de China MinmetalsCopperLtda y 40% de Jiangxi Copper). Por el momento, este proyecto se encuentra en etapa muy inicial de prefactibilidad, lo que significa que la empresa viene realizando exploración y otros estudios complementarios. Incluso hace no mucho tiempo la empresa avisó al Ministerio de Energía y Minas que necesitaba más tiempo para seguir explorando. Queda claro que en este caso, la empresa se está tomando su tiempo y también ha reconocido que la geografía del lugar es complicada y además tiene que resolver problemas relacionados con el agua.
El peso de China en la minería peruana

En la actualidad China representa el 50% del consumo mundial de concentrados de cobre y el Perú es uno de los principales proveedores de cobre de China. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en medio del incremento de la producción de cobre en el Perú, las exportaciones de ese metal a China han aumentado y hoy en día es de lejos el principal destino.

Pero además, China se ha consolidado desde hace más de una década como uno de los principales inversionistas en la minería peruana (ver gráfico siguiente). Un primer momento de llegada de inversiones chinas ocurrió en la década del 90, con la compra de las operaciones de Hierro en Marcona, y posteriormente se ha recibido una segunda ola de inversiones desde mediados de la primera década del presente siglo, con operaciones como las de Chinalco en Toromocho, la compra de Las Bambas por Minmetals, varios proyectos de exploración, entre otros.

Al parecer, en estos tiempos, los representantes del Estado chino y sus propias empresas pretenden consolidar esta presencia con los proyectos mencionados y otros más, buscando de esta manera asegurarse la provisión de cobre y otros metales en un contexto de fuerte incertidumbre por los impactos de la pandemia en la economía global y un futuro inmediato que está marcado por una gran incertidumbre.

Perú

POR UNA REACTIVACIÓN QUE IMPULSE LA TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA

Paul E. Maquet
17 de setiembre de 2020
www.cooperaccion.org.pe
Imagen: Desde abajo
Hace unos días, el principal gremio empresarial del país, la CONFIEP, presentó sus propuestas para la reactivación económica. El documento, denominado “Agenda Reactivación 2020”, recae en las mismas y consabidas recetas que la CONFIEP levanta ante cada crisis: flexibilizar el trabajo, “destrabar” proyectos, invertir en infraestructura mediante asociaciones público-privadas, agilizar los procesos administrativos y ambientales de la minería, desinflar la consulta previa, masificar el gas y asegurar la continuidad de los contratos petroleros… ¡Hasta proponen promover la compra de vehículos!

Sorprende que el gremio que representa a la gran empresa moderna en el Perú siga sosteniendo ideas tan anticuadas. Estas ideas ya las ha promovido la CONFIEP en las crisis o fluctuaciones económicas del 2008-2009 y del 2013-2014. En contraste con ese vetusto recetario, en el mundo se debate al más alto nivel sobre una reactivación que al mismo tiempo impulse la transformación ecológica.

Veamos.

A nivel global, destaca el pronunciamiento de la “alianza por una economía verde e inclusiva”, un espacio que reúne a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, formada por 51 Estados de alto desarrollo), a diversas instituciones del sistema de Naciones Unidas y a agencias de cooperación al desarrollo de varios países. Esta alianza ha propuesto “10 opciones prioritarias para una recuperación justa, verde y transformadora”. En el documento, se expresa claramente que los estímulos fiscales y los paquetes de ayuda deben servir para “acelerar la transición hacia una economía justa y verde – no para socavarla”.

También señalan que los planes de recuperación deben “reconocer las conexiones entre la salud humana y ambiental, e ir más allá de la mera respuesta ante la pandemia para construir resiliencia a riesgos como el cambio climático, el colapso de la biodiversidad y la creciente desigualdad”. Entre las propuestas, se señala que los gobiernos deben reafirmar sus esfuerzos de protección ambiental, procurar soluciones basadas en la naturaleza y promover esquemas de restauración ambiental que permitan crear puestos de trabajo.

Además, se hace énfasis en que los planes de recuperación deben ser transparentes, con participación de la sociedad civil y escuchando las voces de todos los sectores, entre ellos las mujeres así como también los pueblos indígenas. ¡Qué diferencia con la CONFIEP, que ha propuesto eliminar la consulta previa a los pueblos indígenas en los proyectos de exploración minera!

En Europa, ministros de 17 países firmaron una declaración para una recuperación “verde”. En el documento, los ministros señalan claramente lo siguiente: “Debemos resistir las tentaciones de soluciones a corto plazo en respuesta a la crisis actual”, que pudieran “tener efectos perjudiciales en nuestro clima, biodiversidad y medio ambiente, así como en la salud humana y nuestras economías”. En vez de flexibilizar sus compromisos, los ministros europeos plantean aumentar las ambición de las metas ambientales. Piden a la Comisión Europea (el órgano ejecutivo de la UE) un plan de recuperación “comprensivo” que permita al mismo tiempo estimular la economía y crear empleos acelerando la transición verde. Para ello ponen el acento en inversiones en movilidad sostenible, energía renovable, investigación e innovación, la recuperación de la biodiversidad y la economía circular.

Qué contraste con la propuesta del moderno empresariado peruano, que en vez de movilidad sustentable propone promover la venta de automóviles, y entre sus propuestas sobre electricidad no dedica ni una línea a las energías renovables, por el contrario, plantea masificar el gas lo que acentuaría nuestra dependencia de una matriz energética contaminante.

En EEUU, una propuesta muy concreta para un “estímulo verde para reconstruir la economía” ha sido elaborada por académicos de prestigiosas universidades y firmado por cerca de 2 mil investigadores, activistas y ciudadanos. El documento señala que “Estados Unidos enfrenta el peligro de un estímulo económico que restablezca, o incluso profundice, nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Este peligro proviene de propuestas explícitas para rescatar al sector de los combustibles fósiles (…) y también de políticas de estímulo genéricas que no tienen en cuenta el clima. De hecho, el gasto en infraestructura convencional, como la expansión de carreteras, asegurará más contaminación por carbono durante décadas. Podemos evitar estos problemas creando una recuperación que acelere la creación de una economía verde del siglo XXI”.

Qué diferencia con las propuestas del gran empresariado peruano sobre grandes proyectos de infraestructura y explotación petrolera, sin una línea sobre la crisis climática global.

En la propuesta norteamericana, se hace énfasis en la creación de empleos verdes en sectores como energías limpias, infraestructura verde, provisión local de alimentos, textiles sostenibles y diversificación económica.

En el barrio latinoamericano, destaca Costa Rica que acaba de aprobar la Estrategia Nacional de Bioeconomía. Esta estrategia parte de la siguiente premisa: “Los sistemas productivos enfrentan un cuádruple reto frente a una contracción económica mundial exacerbada por el COVID-19: producir de forma más eficiente o reinventarse, mantener cadenas de valor que sostienen empleos y medios de vida, mientras se asegura el aprovechamiento sostenible y rehabilitación de la naturaleza frente al cambio climático”. El objetivo es lograr que la bioeconomía se convierta en uno de los pilares de la transformación productiva de Costa Rica, promoviendo: la innovación, el valor agregado, la diversificación y la sofisticación de la economía; y aplicando los principios de la bioeconomía circular y la descarbonización de los procesos de producción y consumo.

Y si queremos dar una mirada a nivel local, vale la pena conocer lo que está haciendo Amsterdam, que ha aprobado un modelo innovador para la recuperación post-COVID: la llamada “economía de la dona”. ¿En qué consiste? Imaginemos una dona o rosquilla, o si prefiere usted un picarón: es una forma que tiene dos límites, uno interior y uno exterior, y en el medio una agradable masa. En el modelo adoptado por la ciudad holandesa, el límite interior está marcado por los mínimos sociales, definidos por los Objetivos de Desarrollo del Milenio: niveles básicos de alimentación, salud, vivienda, energía, entre otros derechos que todo modelo de desarrollo debería garantizar. El círculo exterior está definido por los límites de la naturaleza: el “techo ecológico” que la humanidad no puede cruzar sin dañar el clima, los suelos, los océanos, la capa de ozono, el agua dulce y la biodiversidad. En el espacio que está en medio, en la masa, es donde se debe permanecer para poder satisfacer las necesidades de todos y de la naturaleza.

El modelo sirve como una guía que permitirá identificar a las autoridades dónde no se están cumpliendo los mínimos sociales y por lo tanto dónde se deben realizar inversiones, pero al mismo tiempo permitirá identificar los límites naturales que condicionan qué tipo de inversiones pueden ser realizadas.

Como vemos, a nivel global y local, en los países más industrializados y en países de América Latina, con gobiernos de diversas tendencias políticas, se viene discutiendo cómo impulsar una reactivación que no signifique retroceder en lo ambiental sino que, por el contrario, permita avanzar en la transformación ecológica. Haría bien el empresariado peruano agremiado en la CONFIEP en actualizar un poquito sus propuestas. Ya estamos en el siglo XXI, y el viejo recetario de flexibilizar normas ambientales e impulsar megaproyectos extractivos no sirve para responder a los retos de hoy.

Chile

Desarrollan mapeo de conflictos socioambientales en Chile y analizan su impacto en la biodiversidad

Agencia Uno
Por Ladera Sur
15 de Septiembre, 2020
Científicos examinaron 1035 artículos periodísticos publicados entre 2004 y 2018, e identificaron 238 proyectos industriales, relacionados mayormente con minería y energía, que amenazan a los ecosistemas naturales y bienestar humano. El estudio, que reveló una disociación entre conservación biológica y políticas públicas, también generó un ranking con los 10 proyectos más conflictivos, siendo Pascua Lama el primero de la lista. Desde el Instituto de Ecología y Biodiversidad nos cuentan los detalles a continuación.

Un verdadero mapeo y análisis de conflictos socioambientales a lo largo de Chile, que abarca 15 años de exploración, es el que realizó un equipo de ecólogos y estudiantes de postgrado de la Región de Coquimbo.

El estudio, publicado en la revista científica Environmental Science and Policy, analizó 1035 artículos periodísticos, divulgados entre 2004 y 2018, que abordaron esta temática. Utilizando como frase clave “conflicto ambiental”, los investigadores identificaron 238 proyectos industriales que aparecieron en artículos de prensa y que documentaban los conflictos surgidos entre éstos y las comunidades circundantes. Estos relatos, generalmente, involucraban zonas y población afectada por la contaminación generada por los proyectos -mayormente del área minera y energética-, o bien, abordaban la alarma ocasionada por iniciativas en vías de aprobación o ejecución.

©Cortesía Fundación Terram

La investigación, realizada por científicas y científicos del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, CEAZA, Universidad Católica del Norte (Coquimbo), Universidad de La Serena, y Núcleo Milenio ESMOI, buscó entender si estos proyectos constituían no sólo una amenaza al bienestar humano, sino también a la biodiversidad de nuestro país.

“En este trabajo, realizado con nuestro equipo de biología de la conservación, también quisimos ver si esas percepciones tenían una relación con las Áreas de Alto Valor para la Conservación en Chile (AAVC), es decir, áreas protegidas o lugares reconocidos por su alta biodiversidad. Y ahí estuvo la sorpresa. Vimos que uno de cada tres proyectos estaba dentro de éstas. Por otro lado, nos percatamos que la mayoría de los conflictos medioambientales se referían a zonas de sacrificios, donde las personas son directamente afectadas”, explica Francisco Squeo, investigador del IEB.

Termoeléctricas en Ventanas ©Claudia Pool
En ese contexto, el documento señala que los impactos directos e indirectos de las actividades industriales sobre la biodiversidad, afectan los sistemas naturales, generando destrucción de hábitat, el arribo de especies invasoras, enfermedades, contaminación y mayor liberación de gases de efecto invernadero, contribuyendo así al cambio climático.

De acuerdo a ello, el trabajo también advierte la existencia de una disociación entre la actividad económica y los esfuerzos de conservación del país, lo que según los autores es un desafío fundamental a resolver.

Puntos críticos y top 10

Los proyectos pesquisados a través de la prensa -en curso, paralizados o considerados a futuro-, también fueron clasificados por sector productivo – 14 en total- y origen del financiamiento, nacional, internacional o mixto. Además, se estableció un ranking para definir las zonas de Chile con mayor presencia de proyectos en Áreas de Alto Valor para la Conservación. Asimismo, se determinó cuáles iniciativas productivas específicas eran las más mencionadas y divulgadas por los medios.

Salmonera (referencial) ©Gonzalo Zúñiga
Las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Los Lagos concentraron el mayor número de proyectos dentro de las Áreas de Alto Valor para la Conservación, seguido por las regiones del Bío Bío y la Araucanía. En tanto, se estableció que el polémico proyecto minero Pascua Lama -situado en Atacama y clausurado el año 2018 por la Superintendencia de Medioambiente-, era el número uno de lista, con un total de 68 artículos que lo mencionaban. Enseguida, se ubicó el proyecto minero-portuario Dominga, en la Región de Coquimbo, con un total de 65 apariciones.

Debajo de éste, se identificó a Hidroaysén, con 48 publicaciones, y luego los siguientes: Minera Los Pelambres (Coquimbo), Parque Industrial Quintero – Puchuncaví (Valparaíso), Mina Invierno (Magallanes), Planta de Cerdos Freirina (Atacama), Alto Maipo (RM), Planta Celulosa Valdivia (Los Ríos), y la Planta de tratamiento de residuos industriales de Til Til (RM).

Conflictos socioambientales por región – Gentileza IEB

“Tanto Pascua Lama como Hidroaysén son proyectos que se ubican en lugares más bien remotos. Sin embargo, éstos son percibidos por la comunidad como problemas ambientales serios. En el caso de Dominga, que es el único proyecto marino -terrestre, vemos que éste sí afecta directamente a la población que habita el territorio. Por otro lado, cuando cruzamos la información, también observamos que la presencia en medios de comunicación también es mayor cuando las iniciativas si se sitúan donde hay más cantidad de población, como es el caso de la Región Metropolitana y la de Valparaíso”, comenta el investigador del IEB.

Barrick Gold, con su proyecto minero Pascua Lama, ya tiene un historial en la destrucción de glaciares. ©www.elciudadano.com

¿Cuáles son las principales contribuciones que esperan lograr con esta investigación? Francisco Squeo señala que, pese a los esfuerzos y creación de estrategias y políticas medioambientales, como país aún no estamos cumpliendo con los estándares internacionales de conservación y que, en muchos casos, la compensación para ello es crear áreas de sacrificio, un tema altamente conflictivo. Es por ello que para el ecólogo, una de las alternativas es darle prioridad a las Áreas de Alto Valor para la Conservación que estén cercanas a zonas de conflictos socioambientales. “Pero para esto, es necesario que se puedan resolver esos conflictos”.

Los impactos en la biodiversidad

El estudio señala que la mayor cantidad de proyectos generadores de conflictos se ubicaron en la región de Antofagasta, con un total de 42, seguida por Valparaíso, con 36 proyectos. Ambas regiones estuvieron dominadas por conflictos de la industria energética y minera. Las regiones que siguieron con el mayor número, fueron Bío Bío y Los Lagos (9,5% cada una), la Metropolitana (9,2%) y Coquimbo (8,5%).

Del resto de los sectores productivos, se destacaron la pesca y la acuicultura, los puertos, las instalaciones de fabricación y las de saneamiento ambiental. También, se estableció que el 46% de los proyectos eran propiedad de empresas de capital chileno y que de éstos, el 77% era de origen privado.

En ese contexto, Squeo también destaca los conflictos medioambientales que afectan principalmente a población indígena del sur de Chile, asociados mayormente al sector forestal, y la instalación de plantas de celulosa.

Tala para plantación forestal ©Matías Barceló

Respecto al impacto de las actividades extractivas sobre la biodiversidad, el estudio explica que todas éstas generan algún tipo de residuo que no siempre recibe un tratamiento adecuado, siendo esta “basura”, una amenaza transversal tanto en ecosistemas terrestres como marinos. El sector energético, que incluye centrales térmicas e hidroeléctricas, afecta los ciclos migratorios de especies acuáticas y ocasiona la muerte de muchos organismos, debido a cambios de temperatura del agua u otros factores. Estas instalaciones también promueven la liberación de sustancias tóxicas al agua y la atmósfera, y facilitan el desarrollo de lluvias ácidas.

En tanto, la minería elimina especies de flora, degrada los suelos, y contamina aguas y glaciares con metales pesados y otras sustancias tóxicas, que también afectan la salud humana. El ruido de perforaciones y tronaduras también tiene efectos negativos, ya que puede ahuyentar a los animales y degradar hábitats.

Con todos estos antecedentes, los autores del estudio enfatizan en que la reducción de la deuda ambiental también requiere de la voluntad política para implementar soluciones adecuadas, a partir del análisis de los sistemas socioecológicos, y una eficaz gobernanza ambiental que incluya una mayor vigilancia, fiscalización y participación ciudadana. Todo esto, considerando la demanda ciudadana por el bienestar, el acceso equitativo a la naturaleza y sus servicios, y los valores intrínsecos de la biodiversidad.

Desarrollan mapeo de conflictos socioambientales en Chile y analizan su impacto en la biodiversidad

Mexico

México rescatará cuerpos de mineros en Pasta de Conchos

15/09/2020
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) será la dependencia encargada de hacer el rescate de los 65 mineros de Pasta de Conchos, Coahuila, en México. Tras recuperar los cuerpos, la empresa de electricidad podrá extraer el carbón de la mina para su autoabastecimiento, anunció la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El acuerdo con los familiares de los 65 trabajadores atrapados desde 2006 también establece que la STPS y el Servicio Geológico Nacional entregarán a la CFE toda la documentación y los estudios técnicos relacionados con la mina Pasta de Conchos, para que la Comisión inicie de inmediato con los trabajos de ingeniería de detalle correspondientes.

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“Tras la reunión encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las y los participantes determinaron iniciar de inmediato el rescate de los cuerpos, a través de la CFE”, señaló la STPS.

Asimismo, a partir de hoy inicia el proceso de reparación integral, tanto individual como colectiva, que incluye el pago de indemnizaciones, la ejecución de obras públicas, el homenaje a las víctimas mediante la construcción de un memorial, así como el diálogo para concretar un Acuerdo de Solución Amistosa en apego a lo establecido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“En homenaje a las víctimas se construirá un memorial en una parte del predio de la mina de Pasta de Conchos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, espacio que será inviolable”, señaló la STPS.

Como parte de los acuerdos, el presidente López Obrador asistirá a Nueva Rosita, Coahuila, el próximo 23 de octubre de 2020 para supervisar los avances del cumplimiento de las medidas adoptadas para el rescate de los 65 cuerpos de mineros en Pasta de Conchos.
Fuente: El Financiero

México rescatará cuerpos de mineros en Pasta de Conchos

Chile

Senadores impulsan comisión para avanzar en proyecto de protección de glaciares

16/09/2020
Legisladores de oposición buscan que la iniciativa se ponga en votación la primera semana de octubre.

Pese a que lleva varios meses detenido el proyecto de ley con el que se busca definir la protección de los glaciares que hay en el país, sigue existiendo movimiento alrededor de la moción. La comisión de Minería del Senado dio inicio a las reuniones de los asesores de cada uno de los congresistas, con el objetivo de llegar a acuerdos que destraben la situación.

Dichos encuentros se dieron por una solicitud del senador Alejandro GarcíaHuidobro (UDI), buscando aunar criterios, luego del nulo avance que existió cuando se intentó tramitar el proyecto. En la instancia, si bien participan asesores de cada uno de los senadores de la comisión de Minería, también se sumó el exsubsecretario de Minería Ricardo Irarrázabal, quien trabaja con GarcíaHuidobro. También se suma el presidente de la comisión de glaciares del Instituto de Ingenieros de Chile, Jaime Illanes.

Los demás senadores son representados por el abogado Matías Ortiz en el caso de Guido Girardi (PPD); Leonardo Contreras, con el senador Rafael Prohens (RN); Alejandro Sánchez, por el senador Álvaro Elizalde (PS); y Rodrigo Vega, con la senadora Yasna Provoste (DC). Mientras que por el Ejecutivo, está el jefe del Departamento de Asuntos Legislativos de Minería, Felipe Curia. La idea del Gobierno es que se logre una normativa que proteja a estos depósitos, pero que sea compatible con la actividad económica, especialmente la minería, industria que se vería afectada de prosperar un proyecto como el original.

Por otra parte, senadores de oposición buscan medidas más restrictivas, estando en disputa la protección de la zona periglaciar, que incluye a las cercanías de los depósitos, pero que incluso puede extenderse por varios kilómetros. Según trascendió, el principal eje en discusión de las primeras sesiones ha estado sobre los objetos de protección, enfocados en el resguardo del ambiente periglaciar y el permafrost. Sin embargo, no ha habido consensos.

Según cuentan fuentes conocedoras, en un inicio hubo acercamientos respecto a que se iba a detallar tanto la protección de glaciares, permafrost y ambiente periglaciar como objeto de protección independiente, pero durante las últimas sesiones hubo un retroceso, luego de que se cuestionó si se pueden fijar esos tres objetos de manera genérica, sin tener estrategia de protección específica para cada uno.

“Esta es una prioridad absoluta, porque estamos entrando en una etapa de colapso hídrico desde Copiapó al sur, y el escenario que viene por el cambio climático es malísimo. Los glaciares hoy no están protegidos y el Gobierno busca mantener una lógica de intervención de glaciares”, sostiene el senador Girardi, uno de los impulsores de la iniciativa, quien confirmó que enviarán una carta al presidente de la comisión para que el proyecto sea votado durante la primera semana de octubre.
Fuente: El Mercurio

Senadores impulsan comisión para avanzar en proyecto de protección de glaciares

Perú

EMPRESAS MINERAS CHINAS EN PERÚ ENFRENTAN PROTESTAS POR RIESGOS DE COVID19

Existe la preocupación de que las minas de empresas chinas en Perú sean “vehículos de contagio” para el COVID-19.
Foto: Getty Images
Este artículo apareció en la edición impresa del South China Morning Post como: Empresa minera china en Perú “oculta cifras de infección”.
Autor: Eduardo Baptista
Traductora: Laura del Aguila
16 de setiembre de 2020
Sindicatos y organizaciones no gubernamentales acusan a empresas chinas de ocultar el “número real” de casos.
El Perú se encuentra entre los países más afectados, con más de 650 000 contagios confirmados.

En los últimos seis meses, Luís López ha intentado que Chinalco, el mayor productor de aluminio de China y propietario de la mina de cobre de Toromocho, en el centro de Perú, revele lo que sería el número “real” de mineros infectados con el COVID-19. El líder sindical afirma que luego lo despidieron.

Según López, de 39 años, Chinalco aún no ha revelado cuántos mineros dieron positivo al COVID-19 en julio y agosto, lo que según él pone en riesgo a miles de trabajadores en la mina situada a cuatro horas en carro de la capital, Lima.

Sus demandas son respaldadas por organizaciones no gubernamentales de Perú y otros países de Sudamérica quienes reclaman que las minas dirigidas por empresas chinas no revelan las cifras de infección y no siguen las directrices locales para combatir la enfermedad.

El Perú, con una población de 33 millones de habitantes, ha experimentado un repunte en el número de infecciones de COVID-19 y se encuentra ahora entre los países más afectados del mundo, con más de 650 000 casos y 29 000 muertes.

Los funcionarios contactados en la sede de Chinalco en Pekín se negaron a comentar las acusaciones y dos correos electrónicos enviados al equipo de comunicaciones de la filial de Perú no recibieron respuesta.

La explotación minera de cobre, zinc, oro y otros minerales constituye más del 9% de la economía peruana de 227 000 millones de dólares, pero representa un 60% del valor de las exportaciones, según el Ministerio de Energía y Minas de Perú.

El Banco Mundial prevé que la economía peruana se contraerá en un 12% este año debido al COVID-19, el país con mayor caída en Sudamérica. El gobierno se encuentra luchando contra la pandemia al mismo tiempo que busca la reactivación de las actividades económicas.

El decreto presidencial publicado en marzo ordenó la paralización de actividades comerciales en el país por dos semanas, con el fin de contener la propagación del COVID-19. Sin embargo, a finales de junio, el Gobierno anunció que permitiría que empresas en riesgo de quebrar debido a la pandemia apliquen la suspensión perfecta de labores a sus trabajadores.

China donó suministros médicos a más de 20 países de América Latina para ayudar a combatir la COVID-19, según reporta un artículo publicado en julio en el periódico estatal People’s Daily. El mismo mes, el Ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, anunció que Pekín ofrecería un préstamo de mil millones de dólares a la región para acceder a las vacunas que se están desarrollando en China.

No obstante, ha aumentado el número de quejas sobre la falta de protección contra infecciones en las minas chinas en el Perú, principalmente de trabajadores y ONGs. La industria minera en el Perú generó más de 208 000 empleos directos en el 2019, pero generó 1.3 millones de puestos de trabajo en el sector de servicios para la industria, según cifras del Gobierno.

Julia Cuadros, directora ejecutiva de CooperAcción, una ONG que monitorea las empresas mineras chinas en el Perú, explica que la preocupación es que las minas se han convertido en “vehículos de contagio”.

Cuadros señaló que otras empresas mineras extranjeras en el Perú han enfrentado brotes de COVID-19, siendo el mayor en una mina de la multinacional británica Glencore. Sin embargo, indicó que las empresas chinas han sido menos transparentes.

“No sabemos cuántos trabajadores han sido infectados con COVID-19 en las minas chinas, es un misterio”, comentó. Agregó que estas empresas necesitan comprender la importancia de establecer relaciones con las partes interesadas locales.

Desde abril, los residentes de varios pueblos han bloqueado las carreteras que conducen a la mina de cobre de Las Bambas, en el sur del Perú. Esta mina es gestionada por la empresa australiana MMG y su principal accionista es la empresa estatal China Minmetals Corporation. La población local teme que los mineros que viajan a las instalaciones en los autobuses puedan infectar a las comunidades locales en el camino, explicó Cuadros.

Las quejas sobre las actividades de las mineras chinas no se limitan al Perú. En mayo, 73 ONGs de toda Sudamérica firmaron una carta de protesta dirigida a Pekín, alegando que seis empresas estatales chinas que operan en Perú, Ecuador y Argentina habían violado los derechos laborales y provocado daños al medio ambiente. Cuadros indicó que no recibieron respuesta.

“Siempre hemos tenido dificultades para contactar a los representantes oficiales de China, no suelen contestar los correos, mucho menos en épocas de pandemia”, afirmó.

Shougang Hierro Perú, una unidad de la siderúrgica china Shougang Group, fue nombrada en la carta, junto con Chinalco y MMG. Según la carta de la ONG, Shougang, que dirige la mina de hierro Marcona en la costa sur de Perú, no proporcionó equipo de protección a los trabajadores.

Dos correos electrónicos enviados a la sede de Shougang en Pekín no fueron contestados y se hicieron tres llamadas telefónicas a las oficinas de la empresa en Perú que tampoco fueron contestadas. Dos correos enviados a la sede de MMG en Melbourne y a las oficinas en Perú no recibieron respuesta. Un funcionario de la sucursal en Hong Kong se negó a hacer comentarios.

El exlíder sindical López declaró que, según Chinalco, 71 trabajadores de la mina Toromocho que dieron positivo al COVID-19 habían sido evacuados en junio, el último mes en que se comunicó el número de infecciones. “Pero esto no tiene en cuenta a los mineros que se contratan a corto plazo”, explicó en una entrevista.

López indicó que la mina tenía alrededor de 1.400 trabajadores a tiempo completo y 2.000 con contratos a corto plazo y que al incluir estos últimos, el número total de casos de COVID-19 en la mina estaría en los cientos.

Cuadros, de la ONG CooperAcción, que lleva más de dos décadas rastreando la inversión extranjera en el Perú, comentó que su equipo trata de negociar con los inversores extranjeros para resolver disputas con las comunidades locales y que ahora está en conversaciones con MMG y el Gobierno sobre el bloqueo de Las Bambas por parte de los locales debido al COVID-19.

Mencionó que en el pasado han presentado demandas contra mineras extranjeras por conflictos laborales y contaminación, pero siempre como último recurso, ya que el proceso era muy largo y costoso y a menudo requería presentar una demanda ante tribunales extranjeros. “Con China es más difícil, no nos escuchan,” indicó Cuadros.

Guo Jie, profesora adjunta de relaciones internacionales de la Universidad de Pekín, dijo que las empresas chinas luchan por adaptarse a la cultura sindical en América Latina.

“En China, las empresas nombran al jefe del sindicato de trabajadores, y por lo general éstos sólo se encargan de organizar actividades lúdicas, así que cuando (estas empresas) salen del país, no han tenido experiencia tratando con sindicatos conflictivos”, explicó.

Guo ha realizado una investigación de campo en el Perú y ha entrevistado a empleados chinos en empresas como Shougang.

“Las empresas chinas en América Latina también se quejan de cómo los trabajadores son perezosos y parecen estar en constante oposición a los intereses de la empresa”, mencionó. “En la cultura china este tipo de mentalidad conflictiva es inadmisible”.

López indicó que entre marzo y julio todos los intentos de organizar reuniones entre el sindicato y el director general de la filial peruana de Chinalco, Luan Shuwei, habían fracasado. Comenta que nunca recibió respuesta.

Según Cuadros, las empresas mineras chinas han debido estudiar los países en los que invirtieron. “Saben menos sobre la cultura y tienen más dinero, pero no aprenden de sus errores.”

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Bolivia

COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES EXIGEN AL GOBIERNO DE BOLIVIA ACCIONES URGENTES PARA PROTEGER AL LAGO POOPÓ

Colectivo CASA <observatorioextractivas@lists.riseup.net>
16/09/2020

El segundo lago más grande de Bolivia, declarado Humedal de Importancia Internacional junto con el lago Uru Uru, está en grave riesgo por el inicio de obras de un proyecto en Perú que desviará más de 500 litros de agua por segundo del río Mauri, su principal tributario.

Durante el mes de agosto, organizaciones ambientales y comunidades afectadas por la grave degradación del lago Poopó lanzaron la campaña #LagoPoopóEsVida para visibilizar la situación crítica del ecosistema y para llamar la atención de autoridades, opinión pública y comunidad internacional hacia la adopción de medidas urgentes para su recuperación.

El Poopó es el segundo lago más grande de Bolivia y, junto con el lago Uru Uru, fue declarado Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la conservación de humedales.

La conservación de los lagos Poopó y Uru Uru se encuentra en riesgo grave debido a la aprobación e inicio de obras del proyecto Vilavilani fase II en Perú, el cual consiste en el trasvase de aguas de la cuenca alta del río Mauri hacia la cuenca del Pacífico. El proyecto desviará más de 500 litros de agua por segundo del río Mauri, el tributario principal del Poopó, amenazando la estabilidad y el balance hídrico de ambos lagos.

Las obras de trasvase de aguas provocarán sin lugar a dudas un desastre ecológico permanente al reducir significativamente los caudales que alimentan la cuenca y a los humedales, provocando a su vez la disminución del espejo de agua y los consiguientes impactos negativos en las comunidades indígenas y campesinas que dependen de estas fuentes de agua para su subsistencia.

En el marco de la campaña, organizaciones y comunidades exigieron al gobierno acceder a los mecanismos otorgados por la Convención Ramsar y abrir las puertas a una Misión Ramsar de Asesoramiento, la cual permitirá la visita de expertos y expertas para la elaboración de un diagnóstico sobre la salud de los lagos, deteriorada por actividades humanas, y contar con recomendaciones técnicas especializadas para la recuperación de los ecosistemas.

Las organizaciones que promovieron y participaron de la campaña son la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA), el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), la Delegación Departamental Defensorial de Oruro, la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), Agua Sustentable, Wasi Pacha y Juventud Ecologista en Acción.

Colombia

Denuncian que autoridades impiden protesta contra la minería en Jericó

La mesa Ambiental aseguró que la alcaldía desmontó unas banderas que estaban en la fachada de las casas contra la multinacional AngloGold Ashati.
Alcalde de Jericó impide la protesta contra la minería: Denuncian que autoridades impiden protesta contra la minería en Jericó
Mesa Ambietal Jericó

Caracol Radio Medellín 13/09/2020
Fernando Jaramillo, integrante de La Mesa Ambiental del municipio de Jericó contra la minería en ese territorio, denunció que la policía y la alcaldía les están impidiendo el derecho a la protesta pacífica.

El líder ambiental aseguró que con previa autorización de los propietarios de las viviendas de la localidad instalaron unas banderas pequeñas en las fachadas que representa la resistencia contra la multinacional minera AngloGold Ashanti que pretende adelantar extracción de oro en el territorio, pero que cerca de la medianoche de este sábado y aprovechando la soledad de las calles la policía por orden de la alcaldía las desmontó.

“Es un atrevimiento y un abuso al derecho de protesta que tenemos los ciudadanos a la libre expresión, esas banderas son la expresión de amor por Jericó por su historia, es un sentido de pertenencia, no es una actividad de publicidad comercial”, aseguró el ambientalista.

De otro lado el alcalde de esta población, David Toro Cadavid, explicó a Caracol Radio que se debe a solo un problema de comunicación y que no se gestionó con la administración la ubicación de estos letreros ya que este tipo de actividad está regulada y debe tener permiso.

“Nosotros no impedimos la protesta como tal, solo pedimos que se haga por el conducto regular la solicitud y el permiso. Nosotros tenemos un estatuto ambiental del medio ambiente y en el estatuto claramente está que se debe pedir permiso y esas banderas estaban siendo instaladas a media noche y sin autorización, por lo menos de la administración”, recalcó el mandatario.

Integrantes del colectivo ambiental convocaron a la comunidad a instalar la bandera del municipio a partir de este domingo en rechazo a la orden dada por el alcalde y contra la multinacional minera, también están convocando a un plantón en la alcaldía el próximo martes 15 de septiembre.

Es de recordar que precisamente la próxima semana se espera la llegada de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), entidad que analizará la situación y es la encargada de entregar o negar la licencia a la multinacional minera.
https://caracol.com.co/emisora/2020/09/13/medellin/1600011681_361539.html

Honduras

Informe sobre Guapinol basta para que Honduras actúe contra empresa de Lenir Pérez

14/09/2020
Por: Redacción CRITERIO.HN
redacción@criterio.hn
El Progreso, Yoro.- El informe internacional «Guapinol Resiste» en el que participaron expertos de universidades de EE. UU, Canadá e Inglaterra revela que el origen del conflicto es el otorgamiento de licencias de manera ilegal a la empresa Inversiones Los Pinares (ILP), y, dicho documento, es suficiente para que el Ministerio Público atienda las denuncias que hace muchos años ha presentado la comunidad de Guapinol y que no han dado ningún resultado, dijo este lunes a Criterio.hn el doctor en derecho internacional y derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera.

Joaquín Mejía, experto en derechos humanos

En la página 25, el informe Guapinol Resiste cita que “Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del ya fallecido oligarca hondureño y empresario Miguel Facussé, son los propietarios de ILP. Lenir Pérez es un empresario vinculado anteriormente a la ejecución de contratos de construcción ilegalmente otorgados por el gobierno del presidente Hernández (Global Witness 2017)”.

A Lenir Pérez lo conocen muy bien las comunidades afectadas por la minería, pero recientemente también su nombre sonó en el mundo empresarial y político por el caso Palmerola. La filtración de una carta lo puso en apuros, ya que en ella se señalaba que el “representante legal de Palmerola International Airport (PIA), S.A. de C.V., Lenir Pérez”, le hacía un reclamo al Gobierno de Honduras de $ 51.300,000.00 adicionales a lo establecido en el contrato de la Alianza Público Privado (APP) argumentando afectaciones por la Covid-19.

La alianza Centroamericana Frente a la Minería presentó el pasado sábado el reporte denominado Guapinol Resiste en el que se analiza minuciosamente el origen del conflicto minero en el Bajo Aguán, zona norte de Honduras, en donde se verifican las violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen al proyecto minero en el municipio de Tocoa, Colón, propiedad del empresario Lenir Pérez y vinculado a la familia Facussé.

“Este es un informe sumamente importante, ya que es realizado por una delegación internacional experta en el tema, que visitaron el país, que nadie les contó el cuento, estuvieron in situ y desde sus capacidades académicas elaboraron este informe con una serie de conclusiones y recomendaciones dirigidas a varios sectores, principalmente al Gobierno de Honduras y a otras instituciones”, explica el Dr. Mejía Rivera.

El informe Guapinol Resiste destaca que en los permisos otorgados a la empresa Inversiones los Pinares hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras, además, se resaltó que hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que violó, tanto las regulaciones municipales como las normas internacionales.

Nota relacionada Informe internacional «Guapinol Resiste» verifica violaciones a derechos humanos
Para el Dr. Mejía Rivera, el Ministerio Público en lugar proteger a la población de estas comunidades, está atendiendo prontamente todas las denuncias de la empresa Inversiones los Pinares que están basadas en mentiras lo que ha provocado que ocho personas se encuentren en prisión y que otras cinco estén siendo perseguidas.

“Este informe también es bastante claro para que la comunidad internacional, y particularmente algunos organismos financieros internacionales dejen de financiar al Estado de Honduras en temas como este. Porque lo hacen de manera ilegal”, dice el Dr Mejía Rivera.

Agrega que la gente se ha dado cuenta, no solamente la gente en Honduras sino a nivel internacional, de que el caso de Guapinol es el reflejo de la justicia selectiva que criminaliza y utiliza de manera selectiva el derecho penal, la parte operativa del Ministerio Público y del Poder Judicial, pero por otro lado una justicia que actúa de manera tardía con empresas vinculadas a este poder político.

“Por eso es la reacción de solidaridad de diferentes sectores. Incluso de representantes en el Congreso y Senado de EE. UU. Porque en ese caso específico es la justicia selectiva y estamos viendo en bandeja de plata la criminalización. Recordemos que a través de ataques pudieron provocar la muerte de Berta Cáceres, Blanca Kawas, Margarita Murillo, entre otros”, concluyó el defensor de derechos humanos.

El informe Guapinol Resiste fue realizado por el equipo de investigación, compuesto por los doctores Bernie Hammond y Amanda Grzyb de Western University de Canadá, así como el doctor Michael Berghoef de Ferris State University de EE. UU, y la doctora Ainhoa Montoya de la Universidad de Londres, Inglaterra. También participó en el informe el periodista y abogado de Derechos Humanos, Dimitri Lascaris. Estos expertos realizaron una visita de siete días de duración a Honduras, en junio de 2019. En el estudio participó también Giada Ferrucci, candidata a doctorado en Información y estudios de medios, Western University, Ontario, Canadá.

Se denunció en el documento que el estado de Honduras ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares, y además, se indicó que los derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica y derecho de organización, han sido negados a los defensores del río Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.

En el texto se hacen 20 recomendaciones que instan principalmente al Estado hondureño y a la comunidad internacional a tomar medidas para fortalecer la institucionalidad democrática y la protección de derechos humanos en Honduras.

Los autores del informe sitúan la investigación en el contexto de eventos históricos y políticos a partir del golpe de estado del 2009, las raíces del conflicto por la tierra en el Bajo Aguán y la oligarquía local que ha controlado a los gobiernos posteriores al golpe.

Según el informe, estas industrias han establecido sus operaciones sin consultar adecuadamente con las poblaciones locales y sus proyectos han generado conflictos y graves violaciones de derechos humanos en un entorno de impunidad.

Se establece también que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, con la aprobación tácita de la comunidad internacional, han apoyado activamente a los gobiernos posteriores al golpe como medio para asegurar y proteger sus propios intereses.

Guapinol Resiste

Detalla el informe que, en la ciudad de Tocoa, el estado hondureño ha confrontado a las comunidades organizadas contra la empresa Inversiones los Pinares con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física contra los habitantes que buscan defender el territorio donde habitan y sus fuentes hídricas.

Las víctimas y los testigos entrevistados por los investigadores reconocieron a los cuerpos militares, policías y grupos armados locales, empleados como guardias de seguridad por la empresa, como los principales responsables de estas acciones.

Hay que recordar que el sistema de justicia de Honduras revocó el sobreseimiento definitivo a favor de cinco defensores ambientales y ordenó el procesamiento formal de los imputados junto a otros ocho defensores que se encuentran en prisión preventiva desde hace un año, por los supuestos delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa minera Los Pinares y privación injusta de libertad contra Santos Corea, el jefe de una empresa de seguridad contratada por la minera.
https://criterio.hn/informe-sobre-guapinol-basta-para-que-honduras-actue-contra-empresa-de-lenir-perez/

Mexico

AMPARO PONE EN PAUSA PROYECTO MINERO EN PUEBLA

05/09/2020
Un amparo de una comunidad del estado de Puebla ha puesto «en pausa» un proyecto de la minera Almaden Minerals, luego de que acusaran que se extraerían cinco millones de litros diarios de una población marcada por la sequía.

En México, las comunidades continúan en controversia con las mineras canadienses y piden la cancelación de proyectos de explotación minera. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en junio que su Gobierno no cancelaría las concesiones existentes, el proyecto Ixtaca oro-plata de la Almaden Minerals fue suspendido desde octubre de 2019 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

De acuerdo con una investigación de Animal Político, Almaden Minerals generará ganancias de alrededor de 6.200 millones de pesos (284 millones de dólares, aproximadamente) por la extracción de oro y plata de una mina a cielo abierto en Ixtacamaxtitlán, Puebla, uno de los municipios con más altos índices de pobreza y sequía del estado.

Asimismo, señala que la empresa realizó un informe sobre la factibilidad del proyecto, en el que notificó a sus accionistas que en un tiempo récord, de un año y medio, se recuperará la inversión inicial de 174 millones de dólares (3.480 millones de pesos).

Para convencer sobre las bondades del proyecto, Almaden Minerals promete generar 600 empleos para la comunidad de Ixtacamaxtitlán, donde según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), ocho de cada 10 personas son pobres. Esto, además de una aportación de 2.600 millones de pesos (119 millones de dólares) en pago de impuestos.

La controversia en la comunidad

En las comunidades donde se realizará el depósito minero los habitantes están divididos, entre quienes rechazan el proyecto por considerarlo una amenaza ambiental y aquellos que lo apoyan por las oportunidades de desarrollo que ofrece.

Los opositores a la mina acusan que detrás de la promesa de 600 empleos se esconde el gasto de cinco millones de litros de agua al día en una comunidad marcada por las sequías.

El fallo de la Semarnat dejó «en pausa» el análisis de la Manifestación de Impacto Ambiental y la aprobación del proyecto de Almaden Minerals, luego de recibir un amparo por parte de las organizaciones civiles.

La comunidad tilda a la dependencia de «muy tibia», pues los opositores dicen que hay elementos para cancelar de forma definitiva la mina. Académicos, ambientalistas y organizaciones denuncian que «es imposible» que el proyecto se nutra solo de lluvia, como promete la empresa.

Ante ello, acusan que la minera extraerá el agua de los mantos subterráneos de los ríos cercanos a la mina, lo cual pondría en riesgo el abasto de miles de ciudadanos. En cambio, quienes están a favor, expresan que a consecuencia del fallo de la Semarnat cerca de 70 personas se quedaron sin empleo y 540 trabajos fueron «congelados».

En este sentido, Carmen Martínez, Eli Herrera, Norma Herrera, y Roberto Martínez, habitantes de Santa María Zotoltepec y exempleados de Minera Gorrión, la subsidiara mexicana de la empresa canadiense Almaden Minerals, dicen que «la minera es la única que nos dio una oportunidad».

Durante una entrevista con el portal de noticias, los cuatro aseguraron que pueden aportar su perspectiva dado que que trabajaron en la minera y conocen muy bien cada detalle del proyecto minero de Ixtacamaxtitlán.

Carmen Martínez resaltó que la «transparencia» de la minera con las comunidades ha sido «total». En este punto, destacó que desde 2012 la empresa ha realizado nueve grandes reuniones comunitarias a las que han asistido más de 4.000 personas.

La minera y las organizaciones civiles

Minera Gorrión destacó que se han celebrado 45 sesiones de «diálogos transversales», en donde miembros de las comunidades fueron invitados a pláticas con especialistas en minería.

De forma adicional, la empresa acompañó a 500 personas de las comunidades a 25 viajes por diferentes minas de la república, «para que pudieran comprobar por sí mismo cómo funciona una operación minera».

Como parte de su compromiso social, Minera Gorrión presume haber entregado 130 becas para estudiantes, rehabilitado la clínica de Santa María y donado material para construir el piso de la iglesia de Zacatepec.

A pesar de ello, la oposición al proyecto se intensificó desde febrero de 2019, cuando la minera presentó la Manifestación de Impacto Ambiental para obtener el permiso del Gobierno y arrancar el proyecto. Pero para los cuatro exempleados de la minera, la división en la comunidad la trajeron dos organizaciones civiles: Fundar y Poder.

Por su parte, Minera Gorrión, subsidiaria de Almaden Minerals, también ha usado el mismo argumento de Carmen Martínez, que «los activistas con financiación extranjera» son quienes torpedean su proyecto con amparos que lo tienen «congelado».

Julieta Lamberti es la directora de Poder, una de las organizaciones civiles que junto a otras como el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER), el Consejo Tiyat Tali, y la propia Fundar, además de académicos y ambientalistas de la UNAM y de la UAM, se han posicionado en contra de la mina en Ixtacamaxtitlán.

De acuerdo con el medio mexicano, Lamberti declaró que la oposición al proyecto se fundamenta en los análisis sobre impacto ambiental que ha realizado la propia organización, tales como el estudio Industria Extractiva en Puebla: Panorama del Sector Minero.

Al respecto, también refiere investigaciones de otros académicos e investigadores, como el trabajo de Alonso Gutiérrez de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien analizó la Manifestación de Impacto Ambiental de la minera y denunció que en ésta existen «múltiples errores y contradicciones» que hacen «imposible» garantizar que una mina que requiere de 5 millones de litros de agua diarios pueda abastecerse solo con la lluvia.

Sobre los pobladores que están a favor del proyecto minero, Lamberti dice que ese es el «modus operandi» de ese tipo de empresas.

«Es su estrategia: llegan con un grupo de la población a los que les ofrecen empleos mal pagados en tareas de vigilancia, mantenimiento, limpieza, y en cosas así, y se los llevan a su terreno para dividir a comunidades enteras, confrontarlas, y generar un conflicto social», explica.

La controversia «en pausa»

El conflicto continúa su paso en Ixtacamaxtitlán, pero el punto más álgido tuvo lugar en junio de 2019, cuando se realizó una reunión pública en el auditorio de Santa María Zotoltepec a la que asistieron Semarnat, la minera y más de 1.400 ciudadanos.

La reunión también contó con la presencia una Misión Civil de Observación, integrada por diversas organizaciones civiles, la cual documentó una serie de anomalías por parte de la minera, tales como la asistencia de personas ajenas a la comunidad.

Otro de los factores que hacen inviable el proyecto es que no se ha consultado a las comunidades indígenas que habitan en el cuadrante de Ixtacamaxtitlán. Pero la minera respondió que no es necesario realizar una consulta.

A pesar de todos estos factores, hasta el momento la Semarnat no ha emitido un fallo concluyente respecto a la cancelación o aprobación del proyecto de la minera Almaden Minerals. No obstante, López Obrador aclaró en junio que no se darían nuevas concesiones en vista de que el 40% del territorio mexicano está concesionado.
Fuente: Sputnik

Amparo pone en pausa proyecto minero en Puebla