Mexico

Habitantes de Solosuchiapa toman minera de Carlos Slim

Autor: Andrés Dominguez de Chiapas Paralelos.com

Habitantes de diferentes colonias del municipio de Solosuchiapa tomaron las instalaciones de la mina “Santa Fe”, propiedad de Carlos Slim, ante la inconformidad del nulo avance por parte del Gobierno del Estado por detener la operación de dicha empresa, debido a que representa una amenaza para la madre tierra.

Marcelo Pérez Pérez, padre de la Parroquia de Simojovel quien ha acompañado las movilizaciones de los habitantes, mencionó que la toma del inmueble se hace para recuperar las tierras de las que se había adueñado Slim, después de haber hecho una reflexión profunda sobre las consecuencias de la actividad minera, por el uso del cianuro, por tanto, decidieron no continuar dándole permiso a que se trabaja en su tierra.

El pasado 25 de febrero, Miles de indígenas feligreses católicos y miembros de organizaciones sociales campesinas marcharon para manifestar así su rechazo a la minería extractiva y exigieron la salida de las empresas que ya operan en el municipio.

Ante esto, Pérez Pérez detalló del poco avance que se ha tenido, por lo que, habitantes tomaron la decisión de posicionarse en esas tierras, sin embargo, le preocupó la reacción que tenga la empresa y el gobierno, por tanto, llamó a resolver este conflicto de forma pacífica.

“No vieron resultados, decidieron entrar de manera pacífica, han entrado sin el consentimiento de la empresa ni el gobierno (…) Los habitantes han despertado su consciencia sobre la actividad minera” dijo.

El padre añadió que las instalaciones siguen tomadas por los habitantes de Solosuchiapa, pero no sabe lo que sucederá en las próximas horas, por tanto, de parte de la Iglesia y la Pastoral Social estarán atentos a que no se lleve ningún desalojo, por lo que, invitó a los pobladores y al gobierno estatal buscar el diálogo.

Finalmente, invitó a otros pueblos que afronten las mismas problemáticas de minera a hacer consciencia del daño que provoca la actividad minera a la tierra, lo que ha agravado el calentamiento global.

Exigencia

Desde hace años, acompañados del  Comité “En Defensa de la Madre Tierra”, el pueblo zoque y tsotsil de Solosuchiapa han denunciado que “la extracción minera creará un ambiente insalubre que pone en riesgo la salud de los pueblos, ya que el lavado de los minerales extraídos provocan sustancias tóxicas que dañan el agua, aire, la flora y fauna, desencadenando enfermedades severas, degenerativas e irreversibles y de difícil curación, como cáncer, enfermedades de la piel, entre otras; dañando la calidad de vida de generaciones presentes y futuras”.

Respaldados por el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, del Movimiento Zoque en Defensa de la Tierra y del Territorio (Modevite), señalaron que los bosques de la región norte del estado de Chiapas son un pulmón no sólo para la entidad sino para el mundo, además de ser un generador de diversos productos agrícolas y animales comestibles para la nación.

Por tanto, denunciaron que la minería extractiva truncará la posibilidad de desarrollo social, cultural, espiritual y de otras formas alternativas de vida; pues esta minería sólo genera riquezas para sus propietarios.

“Nuestras tierras y el agua de nuestros ríos (La Sierra, Rio Negro y Moquimba) serán afectadas en gran dimensión, poco a poco se infertilizarán, la vegetación y los peces morirán, perderá su belleza visual, que es un atractivo local, y no tendremos la posibilidad de generar proyectos de desarrollo sustentables”, dijeron en un pronunciamiento.

“No queremos que se afecte ni a los pueblos ni a la naturaleza de estas tierras, que son el hogar en el que nos ha tocado habitar. Sabemos que la explotación de la mina traerá más perjuicios que beneficios, y no queremos ser ricos hoy, si es que en algo nos beneficiara, y dejar empobrecidos, enfermos y sin casa a nuestros hijos y generaciones futuras”, expusieron.

Ante esto, han exigido el cierre total de la Mina “Santa Fe”, que opera en la localidad de Beneficio, del municipio de Solosuchiapa y que las tierras sean regresadas a sus legítimos dueños y  el respeto a sus formas propias de vida, que están ligadas al trabajo en sus múltiples manifestaciones que no dañan a la Madre Tierra.

Fuente: https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2019/05/habitantes-de-solosuchiapa-toman-minera-de-carlos-slim/

Chile

Cáncer y contaminación, la otra cara de la minería en Chile

Autor: Chicago Tribune.com

ANTOFAGASTA – La contaminación por metales pesados persigue desde hace décadas a la ciudad de Antofagasta, que paga con creces los costos de ser la capital minera de Chile, el primer productor mundial de cobre.

«No es normal que todos se mueran de cáncer», se lamenta Jaqueline Jiménez, una activista que decidió denunciar la contaminación ambiental en Antofagasta, la región con mayor índice de cáncer del país tras convivir por décadas con la contaminación por metales.

En los años 60 la ciudad vivió una grave emergencia por los altos niveles de arsénico en sus aguas, y en 1998 otra por los elevados índices de plomo en niños que vivían cerca del ferrocarril hacia Bolivia.

Hoy lo que preocupa es el denso polvo negro que cubre gran parte del borde costero de una ciudad que en paralelo disfruta los beneficios de albergar a gigantes de la minería como BHP Billiton o la estatal Codelco.

Es un polvo espeso, que cuesta retirar de las superficies y que el viento costero expande por toda esta ciudad ubicada a unos 1,200 km al norte de Santiago.

Un estudio del Instituto de Salud Pública determinó que contenía al menos 16 metales distintos, mientras que la filial de Antofagasta del Colegio Médico encontró «contenidos totales de arsénico, cadmio, zinc, cromo, cobre, plomo y manganeso que sobrepasan largamente las normas chilenas».

Jaqueline Jiménez, de 38 años, vivió cinco años frente al puerto internacional de Antofagasta (ATI), una terminal de carga y descarga de concentrado de cobre en pleno centro, desde donde emerge gran parte del polvo negro que envuelve a la ciudad.

En la azotea de un pequeño edificio a pasos del puerto, sus dos hijos jugaron por años expuestos a este polvo y hoy ambos muestran presencia de metales pesados en su organismo, según exámenes realizados en el extranjero.

«Es una sentencia de muerte para mi familia», afirma su madre con angustia.

Una generación afectada

Si la minería llevó a Antofagasta a tener un ingreso per cápita que casi dobla al del país (36,000 dólares anuales versus 20,000), es también uno de los factores que ha llevado a su población a tener tres años menos de esperanza de vida que la media.

En la región, la mortalidad por cáncer de pulmón duplica a la media nacional (34.7 casos cada 100,000 habitantes versus el 16.1), con una alta incidencia también de cáncer de vejiga y piel.

«Los científicos consideran que en la zona de Antofagasta se está haciendo una experimentación biológica al tener a la población expuesta a estos niveles decontaminación», alerta Aliro Bolados, presidente del Colegio Médico en Antofagasta.

La grave exposición al arsénico entre 1958 y 1971 -cuando en el agua potable superó 86 veces la norma- es hasta ahora el único factor comprobado que explica el incremento del cáncer y otras enfermedades cardiovasculares en la región.

Especial preocupación hay sobre unas 16,000 personas que nacieron antes de 1970 y que tuvieron una alta exposición temprana al arsénico.

Hoy, con 40 ó 50 años, y en su mayoría siendo grandes fumadores, tienen un alto riesgo de padecer cáncer, según las investigaciones de Catterina Ferreccio, subdirectora del Centro de Estudios Avanzados de Enfermedades Crónicas, Epidemiología y Cáncer de Chile.

«Es toda una generación que tiene todas estas cosas y que hace que a pesar de que son los que tienen el mayor ingreso per cápita tienen la menor sobrevida en Chile», explica.

Sacrificar Antofagasta

Con niveles de arsénico dentro de la norma, el foco se concentra en lacontaminación que emana desde el puerto de Antofagasta, del grupo Luksic, que ocupa unas 10 hectáreas en el centro de la ciudad y que en los últimos 14 años ha transferido 35 millones de toneladas de carga.

Pese a que suscribió un Acuerdo de Producción Limpia, en octubre la justicia lo condenó por contaminación y lo multó con 1.3 millones de dólares, ordenándole, además, limpiar la zona aledaña al puerto. Pero no cesó sus funciones.

«Prefieren sacrificar Antofagasta y evitar que Chile deje de ganar dinero», dice Ricardo Díaz, del movimiento Este Polvo te Mata, que exige trasladar el puerto a una zona alejada de la ciudad.

Pese a la comprobada presencia de metales pesados en este polvo, las autoridades llamaron a la calma, afirmando que las poblaciones más expuestas tienen niveles de contaminación bajo la norma, ya que al tratarse de metales pesados no es respirable y debe ingerirse para una intoxicación.

A fines de 2015, a 243 niños de jardines infantiles y colegios cercanos al puerto se les midió el nivel de plomo en sangre. El 99.2% arrojó valores bajo los 5 ug/dl (microgramos en decilitro de sangre), en línea con recomendaciones internacionales.

Pero el Colegio Médico de Antofagasta cuestionó los resultados y exigió nuevas mediciones sobre metales acumulados. Desconfiada de los resultados oficiales, Jaqueline Jiménez le realizó exámenes de pelo en el extranjero a sus hijos, que arrojaron altas concentraciones de metales.

Karen Rojo, alcaldesa de Antofagasta, exige por su parte «hacer obligatorio el análisis a los niños a partir del año de vida hasta los 6 años para determinar anualmente el daño que pueda tener la población», según dijo.

Y si bien expertos avalan a las autoridades chilenas, alertan sobre la necesidad de reducir a un mínimo la exposición de niños ante la incertidumbre de sus interacciones en el futuro.

Fuente:https://www.chicagotribune.com/hoy/ct-hoy-8837221-cancer-y-contaminacion-la-otra-cara-de-la-mineria-en-chile-story.html

Brasil

Yo creía en la minería hasta que vi a la Vale matar gente, matar peces, matar río

Autor: Iglesias y Minerias.org

Mi nombre es Marina, yo soy de Brumadinho, vivo en Brumadinho. Soy trabajadora social, acompaño a las comunidades. Desde niña yo siempre dibujaba trenes, yo celebraba la sirena del tren: “¡mamita mira, el tren está llegando!”. Yo crecí mirando los huecos en las sierras y montañas. Miraba esos huecos, con mucha naturalidad, “mira es la minería”. Adonde yo iba, a otros lugares y otros países, siempre me presentaba con mucho orgullo: ‘Mi nombre es Marina, soy de Brumadinho, una ciudad de minería’. Yo nunca problematicé el hecho de que el tren siempre llegaba vacío a mi ciudad y salía siempre lleno, sin traer nada… sin traer nunca nada.

 

Así, con voz entrecortada, habló Marina Oliveira, pobladora de Brumadinho, y articuladora social de la Arquidiócesis de Belo Horizonte, que acompaña la vida y las luchas de las comunidades. Ella, que creía en la minería y soñaba algún día con trabajar para la empresa Vale, es ahora una de las más fervientes defensoras de las comunidades afectadas por la minería. Su mensaje remeció corazones y conciencias entre los participantes al seminario “Minería y cuidado de la Casa Común” en el que participaba Monseñor Andre-Marie Duffé, representante del Papa Francisco, desde su cargo como Secretario del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral en el Vaticano.

 

El día 24 de enero del 2019, me gradué en Relaciones Internacionales, en la Universidad Católica, y mi sueño era trabajar en la empresa Vale. ‘Quién sabe, yo podría ser de relaciones internacionales de la Vale’. Pero el día siguiente, el 25 de enero, yo vi a la Vale matar gente, matar peces, matar río… Y ahí, en ese momento, yo comencé a problematizar, los daños y los impactos de una minería irresponsable, que coloca el lucro por encima de la vida.

Marina Oliveira, saludó la presencia y el apoyo a las víctimas del crimen socio-ambiental en Brumadinho, de los obispos de Belo Horizonte, del Presidente de la Conferencia Nacional de Obispos (CNBB), de Frei Rodrigo Peret (Red Iglesias y Minería), del representante del Papa Francisco monseñor Bruno-Marie Duffé, de funcionarios públicos, y de todos los presentes. Pero, hizo un destaque:

Saludo a todas las personas afectadas por el crimen de la Vale en Brumadinho, que, a pesar de tanto dolor, colocaron ese dolor en el bolsillo y vinieron hasta aquí a gritar por Brumadinho, gritar por Mariana, Gritar por Barão de Cocais, Gritar por la Serra da Piedade, por todas las otras ciudades que corren el mismo riesgo que nosotros.

Junto a las familias afectadas de Brumadinho -habían llegado también al auditorio de la Universidad Católica de Minas, donde se realizó el mencionado seminario, el día 17 de mayo- representantes de los indios Pataxos, de las comunidades Quilombolas, de las pastorales sociales e inclusive autoridades públicas, religiosas y religiosos. A todas ellas llegaron las palabras y el dolor de Marina.

Son muchos dolores diferentes. Son dolores diversos, así como nuestras comunidades, los dolores que tenemos en Brumadinho. Al centro de Brumadinho, por ejemplo, el barro no llegó físicamente, a pesar de haber llegado por el río. Pero, el barro llegó a nuestros corazones, llegó a nuestras cabezas. Tenemos una ciudad llena de barro. Yo, algunas veces, no me siento bien cuando voy a la entrada, porque allí me encuentro con Arturo. Y Arturo perdió a su hermano. Cuando yo voy a la barbería me encuentro con Soninha y Soniha perdió a su hermano. La profesora Andressa perdió a Bruno, su único hijo y Jossie perdió a su hermana que estaba embarazada de cinco meses. Marina llora… A mi me gusta citar los nombres, porque son 270 víctimas.  Y, a veces parece estadística, pero no, son historias. ¿Quién nos va a devolver esas vidas?, ¿quién las regresará a la vida? ¿Cuál es el precio? A ellos les gusta poner precio a todo. Yo, quiero saber ¿cuál es el precio?

 

Nosotros tenemos el Corrego de Feijão, el lugar donde de hecho la represa de desechos tóxicos se rompió. EL local, donde el barro pasó, era un local donde teníamos vegetación, fauna, flora. Pero, además de eso que fue perdido, esta comunidad perdió también la tranquilidad. Ella, perdió lo cotidiano, su día a día. Ella perdió su modo de vida. Y ese modo de vida comenzó a ser habitado por policías, bomberos, voluntarios y, peor, por cuervos. cuervos que sobrevolaban todo el tiempo. Un día de esos, yo fui a Corrego de Feijão, y una señora me preguntó así: escucha, mi hija, yo sé que no puedo beber agua del pozo, porque el agua está contaminada. Por eso yo tomo y cocino con agua mineral.  Pero, yo no tengo agua mineral para darle a mi vaca y le doy agua del pozo. Sólo que yo estoy tomando la leche de mi vaca. ¿Estará bien, o habrá algún problema?

Yo quiero saber quién va a responder esa pregunta de esa señora. Porque yo no sé… Lo que yo sé es que, en Mariana, hasta ahora, hay personas que no saben si pueden beber agua, si pueden plantar, si pueden comer. Esa señora, no perdió a nadie de su familia, pero perdió la seguridad de las informaciones.  Ella no sabe si puede beber la leche de su vaca. El daño de la incertidumbre.

Yo quiero saber también, quien va a responder a las criaturas, a los niños que jugaban pelota con los pies descalzos en la calle. Si ellos puedes continuar jugando descalzos. Por que los camiones van por el barro contaminado y luego circulan por las calles todos los días. Y la gente sabe que es barro tóxico y entonces, ¿los niños pueden jugar bola con los pies descalzos?

En el Parque da Cachoeira, otra comunidad donde el barro tóxico llego físicamente y enterró a más de veinte casas, también hay daños que no son materiales. Todas la fotos, memorias e historias de esas familias que hoy lloran a sus seres queridos, se perdieron. Una de esas familias me dijo: Marina, si pudiese tener al menos una foto de mi hija cuando ella era pequeña…

Parque da Cachoeira, era una comunidad con agricultura. Uno de estos días, doña Elsa me llamó por teléfono y me dijo: Marina, yo estoy tan avergonzada de pedirte esto. Pero necesito una canasta básica de alimentos. Tengo tanta vergüenza de pedir esto, porque antes yo conseguía pagar todos mis gastos, pero ahora mi huerta está bajo el barro. Doña Elsa, además de haber perdido toda su agricultura, era también la dignidad. Yo sentía tanto dolor, porque ella tenía vergüenza, de pedir algo que es un derecho de ella. ¿Cuál es el precio de la dignidad? Yo quisiera saber.

Los indígenas Pataxos, el primer día del rompimiento del depósito de desechos, en que el río les trajo los peces muertos, ellos comenzaron a enterrarlos uno por uno. Sí, los enterraban uno por uno. Algunos Pataxos, desesperados querían arrojarse al río. El cacique tenía que sentarse con ellos, para explicarles lo que estaba sucediendo. Y, después cada vez que llovía algunos preguntaban, ¿será que esa lluvia ya lavó el río? ¿Ya se curó el río? Cada vez que voy allá, los pequeños me preguntan, ¿Tía, ya nos podemos bañar en el río? ¿Cuándo es que vamos a poder nadar?

Varias comunidades quilombolas de la región, quedaron aisladas. Sus caminos y carreteras desaparecieron. Ahora tienen que improvisar otros trayectos y ya tuvieron accidentes. Perdieron la libertad de ir y venir ¿Cuánto cuesta la libertad?

Son muchos los daños, que las empresas y las autoridades no quieren ver. Y que muchas veces son irreparables, causados por empresas que sólo tienen como fine el lucro y donde la vida de la gente y de las comunidades, simplemente no vale nada. Son empresas entrenadas para producir este tipo de accidentes y de crímenes, ellas tienen hasta protocolos para este tipo de desgracias. Si perdió un familiar, entonces haga esto. Si se quedó sin casa siga este procedimiento, si su terreno agrícola fue destruido, entonces, los pasos son los siguientes. Esto entonces, no es un accidente, ni mucho menos una casualidad, es algo propio del sistema, de la forma de hacer minería en nuestros países.

Ante estos gritos de dolor, pero también de esperanza, Monseñor Bruno-Marie Duffé, Secretario del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, quien llegaba para visitar a las víctimas y afectados de Brumadinho, manifestó la solidaridad del Papa Francisco y toda la Iglesia: “Vamos a hacer un momento de silencio para encontrarnos de nuevo con las personas que murieron y para encontrar también a las personas que continúan combatiendo por la vida… Un silencio que nos permita reflexionar y nos de fuerza para seguir luchando por la vida. Cómo dice el Papa Francisco los gritos de la madre tierra y los gritos de los pobres son un mismo grito que clama por justicia”.

 

Fuente:https://iglesiasymineria.org/2019/05/18/yo-creia-en-la-mineria-hasta-que-vi-a-la-vale-matar-gente-matar-peces-matar-rio/

Chile

Alertan que mineras están poniendo en riesgo al mayor lago chileno de la Patagonia

Autor: CNNChile.com
Conflicto Relacionado: Los Domos- Chile Chico- Equu Mining- Southern Gold

«La cuenca del Lago General Carrera podría ser convertida en una zona de sacrificio, porque hay cuatro empresas mineras transnacionales que quieren convertir la zona en un gran complejo industrial de extracción y procesamiento de oro», sostuvieron desde la Corporación para el Desarrollo de Aysén (Codesa).

En la Patagonia, en la región de Aysén, se ubica el lago General Carrera, un escenario natural rodeado de cumbres nevadas y que se alimenta de los glaciares del Campo de Hielo norte, una de lasmayores reservas de agua dulce del planeta.

En este lugar se encuentra una zona conocida como Quebrada Honda, donde investigadores han descubierto huellas de los primeros pobladores humanos de la Patagonia, con pinturas rupestres que datan de 10 mil años.

 

“Hay niveles de roca que eran el fondo del Atlántico hace 20 millones de años, ahí estamos encontrando restos de arrecifes de corales, de tiburones y algunas ballenas. Otros niveles están llenos de marcas de hojas, de lo que eran bosques tropicales hace más o menos 45 millones de años”, asegura al medio español El País el paleontólogo de la Universidad de Valdivia, Enrique Bostelmann, quien lidera las excavaciones en la zona.

En paralelo, hay otras personas buscando riquezas bajo el suelo de esta zona. Se trata de la minera australiana Eqqus Mining, que está realizando perforaciones para encontrar oro y plata. Esta situación tiene en alerta a los activistas locales, quienes califican el hecho como una “fiebre del oro”.

 

El proyecto de la minera, llamado Los Domos, ha dividido al pueblo de Chile Chico y generado un clima social “insoportable”, según activistas quienes incluso cuentan que han recibido amenazas.

Una de las personas que se ha atrevido a sacar la voz es Corina Ainol, líder de la Agrupación Antukulef, colecitvo que se ha preocupado de informar sobre los impactos de la minera en la localidad.

 

El proyecto de la minera australiana llegó en medio de un momento de incertidumbre en Chile Chico, ante los niveles de desempleo. El plan contemplaba abrir una nueva mina dentro de los límites del Parque Nacional Patagonia, los que fueron aprobados en enero de 2018, en los últimos meses del Gobierno de Michelle Bachelet.

Se trata de un territorio salvaje que supera las 300 mil hectáreas, dentro de las que están los terrenos donados al Estado por la fundación Tompkins Conservation.

Ante las limitaciones, comenzó una dura campaña del alcalde de Chile Chico contra el Parque Nacional, argumentando que atacaba a los modos de vida tradicionales y impedía el desarrollo del pueblo. En ese entonces, se realizó una votación en la que participó solo el 20% del Censo, y que terminó con un 80% contra el Parque.

 

En paralelo, el gobierno de Sebastián Piñera redibujó los límites del área protegida, asegurando que hubo errores en el decreto firmado por Bachelet. De esta forma, se sacó un polígono de 2.309 hectáreas de tierras del Estado donde la minera pretende obtener el oro.

Esta decisión fue admitida por el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, en enero de este año, destacando que se sumaron dos mil hectáreas para compensar. Así el Parque Nacional quedó con un tamaño similar al original, pero quedando al lado de una eventual mega operación minera que se establecería entre los cerros y los afluentes del río, según detalla El País.

Gloria Becerra, agricultora y líder campesina, ha manifestado su preocupación por el futuro de Chile Chico con el proyecto minero, y fue hasta el Senado para denunciar el hecho.

 

“Me preocupa la contaminación de nuestras aguas y del lago”, dice la mujer que se dwdica a la venta de verduras y hortalizas en el pueblo. “Hay campesinos arriba que beben agua del río, los animales también, regamos con ella y no vamos a poder cultivar sano, natural. Y el río va a parar al lago, que es el principal reservorio de agua dulce de Chile“, agrega.

A la vez, este no es el único proyecto que complica al lago General Carrera. Equus Mining está también desarrollando proyectos de exploración en Puerto Ibáñez, en la costa norte del lago, al igual que la empresa australiana Laguna Gold.

“La cuenca del Lago General Carrera podría ser convertida en una zona de sacrificio, porque hay cuatro empresas mineras transnacionales que quieren convertir la zona en un gran complejo industrial de extracción y procesamiento de oro“, sostiene el periodista Patricio Segura, integrante de la red y director de la Corporación para el Desarrollo de Aysén (Codesa).

De acuerdo a los últimos informes entregados a sus accionistas, Equus Mining ya comenzó la fase tres de su proyecto de exploración en Los Domos.

Ante esto, Codesa presentó ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) que la firma debería presentar una evaluación de impacto ambiental. A la vez, el Servicio Nacional de Geología y Minería informó en febrero al SMA sobre una posible infracción, debido a que la empresa habría fragmentado el proyecto de exploración para eludir la evaluación de impacto.

 

Fuente:https://www.cnnchile.com/pais/mineras-riesgo-mayor-lago-chileno-patagonia_20190508/

Internacional

Aun hay necesidad de un Defensor del Pueblo en Canadá para investigar casos de minería, no un asesor del Ministro de Comercio Internacional u otro Consejero de RSE

Autor: Catherine Coumans

El 8 de abril de 2019, el Ministro de Diversificación del Comercio Internacional nombró a Sheri Meyerhoffer funcionaria pública, en virtud de la Ley de Empleo del Servicio Público [1], y «asesora especial del Ministro de Comercio Internacional». [2]

Posición de MiningWatch Canada

El Gobierno de Canadá ha incumplido, tanto su promesa electoral de 2015 como su compromiso de fecha 17 de enero de 2018, de crear un Defensor del Pueblo : independiente tanto del gobierno como de la industria; con poderes suficientes de investigación que le permitan requerir documentos y testigos, cuando sea necesario, en el curso de la investigación sobre denuncias presentadas contra empresas mineras canadienses por abusos de derechos humanos perpetrados en el extranjero; y la capacidad de determinar la responsabilidad de compañías canadienses en relación con la posible vulneración de los derechos humanos. [3] Quince meses después de que se adoptara, en 2018, el compromiso de crear un Defensor del Pueblo con poderes suficientes, el gobierno ha creado un puesto de asesoría para el Ministro con un mandato defectuoso e inadecuado.

Promesas incumplidas

Promesa incumplida – Sin poderes para requerir documentos y testigos

En enero de 2018, el Gobierno de Canadá se comprometió a otorgar al Defensor del Pueblo las facultades necesarias para investigar y requerir documentos y testigos.

Para tener el poder requerir testigos y documentos, en los casos en que las empresas no presenten la información necesaria, la figura del Defensor del Pueblo debería haber sido establecida mediante una Orden en el mandato del Consejo amparada por la Ley de Investigación (Inquiries Act).

El Gobierno de Canadá y el Ministro de Comercio Internacional fueron informados de este extremo. En su lugar, el asesor especial del Ministro fue creado bajo la Ley de Empleo de Servicio Público, norma que no otorga poderes suficientes para requerir documentos o testigos. El Ministro Carr afirma que ha encargado una revisión legal adicional para analizar la cuestión acerca de cuál es la mejor manera de otorgar al asesor del Ministro el poder suficiente para obligar a las empresas a que divulguen documentos y respondan a las preguntas que se les planteen. Esta revisión se realizará a principios de junio.

Dado que el Gobierno de Canadá, pasados 15 meses desde su anuncio de creación del Defensor del Pueblo, no ha logrado establecer una figura capaz de requerir documentos y testigos, MiningWatch es muy escéptico sobre el compromiso del gobierno de cumplir esta promesa.

El 29 de abril de 2019, la Presidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, Surya Deva, dijo: “No seamos ingenuos. Las empresas, no solo en Canadá, en todo el mundo, no comparten documentos fácilmente. Es un hecho bien establecido. De hecho, no entregan los documentos, incluso si hay un caso judicial en curso, y el demandante los está solicitando «, […]» Me sorprendería mucho si las compañías canadienses se desviaran de esta línea de actuación. Este es el motivo por el que se necesita este poder, de lo contrario, estaríamos ante un [Punto de contacto nacional], y ¿cuál es el sentido de tener otro PCN? ”[4]

El 30 de abril de 2019, el profesor Deva señaló que: “si el gobierno se conforma con algo que no disponga del poder suficiente para obligar a las empresas a presentar testigos y documentos en las investigaciones de Meyerhoffer, esto afectará a la reputación de Canadá como líder en derechos humanos. «Si van a dar marcha atrás a esa promesa, no se estará enviando una buena señal a la comunidad internacional». [5]

Promesa incumplida: no hay posibilidad de recomendar la imposición de sanciones a las empresas que han causado o contribuido a abusar contra los derechos humanos

En enero de 2018, el Gobierno de Canadá se comprometió a crear un Defensor del Pueblo con capacidad para recomendar que el gobierno niegue o retire el apoyo y promoción comercial, así como el posible apoyo financiero de Export Development Canada a una compañía que haya causado o contribuido a abusos en materia de derechos humanos.

El mandato de la Orden del Consejo sobre el asesor del Ministro solo permite a esta figura recomendar la denegación y la retirada del apoyo a la promoción y defensa comercial y el posible apoyo financiero de Export Development Canada a una compañía «si la compañía canadiense no ha actuado de buena manera fe durante el transcurso o el seguimiento del proceso de revisión «. [6]

El incumplimiento de esta promesa rota está estrechamente relacionado con el incumplimiento del compromiso de otorgar poderes suficientes para poder requerir los documentos y testigos que se consideren oportunos. Para poder determinar fehacientemente un hecho, y poder informar públicamente acerca de la responsabilidad de una compañía en materia de derechos humanos, el Defensor del Pueblo tiene que poder tener acceso a documentos o testimonios críticos con la compañía en cuestión respecto de un caso determinado. Únicamente si el Defensor del Pueblo dispone de los elementos necesarios para evaluar la posible responsabilidad de una compañía respecto de la vulneración de derechos humanos, el Defensor del Pueblo podrá recomendar que el Gobierno de Canadá niegue o retire la promoción y defensa comercial y el posible apoyo financiero de Export Development Canada a una compañía sobre la base de haber causado o contribuido a vulnerar los derechos humanos.

No se ha establecido un Defensor del Pueblo con poder suficiente. En este sentido, el Gobierno de Canadá ha creado un asesor para el Ministro que podría no disponer de las herramientas necesarias para determoinar sin lugar a dudas si una empresa ha causado o contribuido a un abuso en materia de derechos humanos.

Promesa incumplida – Falta de independencia

En enero de 2018, el Gobierno de Canadá se comprometió a crear un Defensor del Pueblo independiente. [7]

Al crearse un asesor para el Ministro en virtud de la Ley de Empleo del Servicio Público, y declararse en el mandato de la Orden del Consejo que todos los informes preparados por el asesor para el Ministro deben enviarse, antes de su publicación, al Ministro de Comercio Internacional, [8 ] el Gobierno de Canadá no ha establecido un Defensor del Pueblo independiente, sino un funcionario público cuya actuación dependerá en última instancia de la aprobación de su informe por el Ministro. Dado que los ministros pueden ser presionados por las mismas compañías bajo investigación, este requisito se constituye en un obstáculo para la independencia de esta figura. Cabe asimismo señalar que, el ex Consejero de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), tenía la misma obligación de presentar los informes a los Ministros con anterioridad a su publicación.

Además, cuando el informe del asesor del Ministro hace referencia a las empresas de los sectores de la minería, el petróleo o el gas, el informe debe ser presentado también al Ministro de Recursos Naturales antes de poder ser publicado. No se ha proporcionado ninguna explicación acerca de por qué dos ministros deben conocer con anterioridad los informes relativos a las empresas de minería, petróleo y gas, pero no a las empresas del sector de la confección. Esto muestra claramente la excesiva influencia que tiene el sector extractivo en la política canadiense y el éxito de su grupo de presión.

¿Por qué la figura del «asesor del Ministro» es tan similar al ineficaz ex Consejero de RSE y al desacreditado Punto de Contacto Nacional (PNC)?

Tanto la Orden del Consejo sobre el mandato del asesor del Ministro, como la gran cantidad de preguntas y respuestas (Q&A) en la página web del Gobierno de Canadá [9], que se modificaron el día que se anunció la creación del asesor del Ministro, no habiendo sido modificadas desde que se anunció el Defensor del Pueblo en enero de 2018, han tenido como resultado que el mandato y los procedimientos del asesor del Ministro estén muy en línea con el desacreditado ex Consejero de RSE y el criticado Punto de Contacto Nacional para las Directrices de la OCDE. [10]

Ejemplo:

Mientras que las preguntas y respuestas relacionadas con el Defensor del Pueblo de 17 de enero de 2018 hablaban sistemáticamente de que el Defensor del Pueblo emprendía «investigaciones», la página de Preguntas y Respuestas revisada en fecha 8 de abril de 2019 habla de «revisiones» de casos. Este es el lenguaje utilizado por el NCP y por el ex Consejero de RSE, ambos organismos que no llevan a cabo, ni realizaron, investigaciones.

Mientras que las preguntas y respuestas relacionadas con el Defensor del Pueblo del 17 de enero de 2018 mencionaron las «sanciones» [11] que podrían incluir la retirada de ciertos servicios gubernamentales, como la promoción comercial y el posible apoyo de Export Development Canada, para las empresas con mala praxis. La palabra “sanción” ha sido eliminada de la página de Preguntas y Respuestas revisada el 8 de abril de 2019, y la retirada del apoyo político o financiero a una empresa por parte del Gobierno de Canadá solo se describe como una posible respuesta a la falta de cooperación de un Empresa en el proceso de investigación. Este es también el caso para el NCP.

Se ha eliminado una sección completa que se encontraba en las preguntas y respuestas relacionadas con el Defensor del Pueblo de fecha 17 de enero de 2018. Esta sección cubría: “¿Qué sanciones se aplicarán a las empresas si el Defensor del Pueblo descubre irregularidades en el extranjero? / ¿Qué remedio pueden esperar los reclamantes?  ”Ni el ex Consejero de RSC ni el PNC existente aplican sanciones o penalizaciones sobre la base de la determinación de abusos en materia de derechos humanos. Tampoco aumentan las expectativas de resarcimiento para aquellos que han sido perjudicados.

En las preguntas y respuestas eliminadas que se publicaron en la página web del Gobierno en el momento en que el Gobierno de Canadá anunció la Defensoría del Pueblo (17 de enero de 2018), la figura del Defensor del Pueblo se presenta como «independiente». Esa descripción ha sido eliminada de la versión revisada de las Preguntas y respuestas publicadas el 8 de abril de 2019. Todavía se menciona la posibilidad de que el asesor del Ministro realice una investigación independiente.

En la sesión de preguntas y respuestas de fecha 17 de enero de 2018, se dio a entender que el Defensor del Pueblo podría “hacer recomendaciones al Gobierno sobre el cumplimiento de las obligaciones de Canadá en materia de derechos humanos, y la implementación y el desarrollo efectivo de sus leyes, políticas y prácticas relacionadas con la conducta comercial responsable de las compañías canadienses que operan en el extranjero en todos los sectores. Este texto se ha eliminado. Además, todas las recomendaciones que el asesor del Ministro desee implementar están ahora limitadas a casos específicos bajo revisión. [12] Este es el caso para el NCP, así como también lo era en la OIC para el Consejero de RSE al estipularse que «[el] consejero de RSE no hará recomendaciones políticas o legislativas al Gobierno de Canadá». [13]

Preocupaciones adicionales

Hay otras inquietudes relacionadas con el asesor establecido por la Orden del Ministro en el mandato del Consejo.

1) Uno de los aspectos más llamativos de la asesoría establecida por la Orden del Ministro es el hecho de que puede «examinar una queja presentada por una compañía canadiense que considere que es objeto de una acusación infundada en materia de abusos de derechos humanos cuando el abuso supuestamente se hubiera producido el día siguiente en que se nombró al primer Defensor del Pueblo o, si supuestamente ocurrió antes de ese día, continúa en el momento de la denuncia». [14] Esta inclusión del derecho de las empresas a presentar quejas ante el asesor del Ministro contra quienes los acusan de abusos en materia de derechos humanos también era posible en la OCI del Consejero de RSE. Este hecho pone en evidencia una falta de comprensión alarmante de los Principios Rectores de la ONU, por los cuales el asesor del Ministro debe guiarse [15]. El reconocimiento de una “brecha de gobernabilidad”, que deja a las personas vulnerables cuyos derechos humanos han sido objeto de abuso por las actividades de las multinacionales con poco o ningún acceso a la justicia, es fundamental para las recomendaciones de los Principios Rectores de las Naciones Unidas. En estas se incluye la recomendación de crear mecanismos para mejorar el acceso a la justicia de las personas perjudicadas por las actuaciones de las multinacionales. Es por este motivo que las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y los académicos de Canadá trabajaron durante más de una década en la creación de un Defensor del Pueblo que pudiera ayudar a abordar la necesidad de acceso a la justicia para los perjudicados por las multinacionales canadienses que operan en el extranjero. Las corporaciones, por su parte, disponen de amplios medios para reclamar justicia por los errores producidos en su contra. Además, el asesor del Ministro puede desestimar cualquier caso que considere frívolo o vejatorio, en virtud del artículo 8 de la Orden del mandato del Consejo [16].

2) Resulta problemático que el asesor del Ministro pueda negarse a considerar los casos y recomendar que las cuestiones se remitan a las autoridades policiales u organismos reguladores [17] cuando, por diferentes razones, incluidos los factores que caracterizan la brecha de gobernabilidad reconocida por el Principios rectores de la ONU, esto puede conllevar que las víctimas de algunos delitos penales o de incumplimientos normativos, nunca tengan acceso a la Justicia. En muchos casos, las denuncias presentadas ante un Defensor del Pueblo es el único medio del que disponen los afectados de acceder a la justicia.

3) Es igualmente problemático que el asesor del Ministro pueda rechazar una denuncia en base a que «está siendo revisada, o ha sido revisada, en otro foro». La Guía de Procedimientos de las Directrices de la OCDE (párrafo 26) establece claramente que los PNC no deben rechazar un caso simplemente porque están en curso procedimientos paralelos. [18]

4) El asesor de la OIC del Ministro realiza una interpretación vaga sobre las compañías canadienses que se escinden de empresas que cotizan en las bolsas de valores canadienses y que se benefician del apoyo financiero a través de las corporaciones de la corona canadiense, departamentos gubernamentales u otras agencias. Esta definición no está alineada con los Principios Rectores de la ONU, que definen la obligación corporativa de respetar los derechos humanos como una extensión de las «relaciones comerciales» de una corporación, lo que incluye a sus empresas subsidiarias y contratistas sin excepción. Las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales también contienen una definición amplia de corporación con el fin de alentar las mejores prácticas de todos. [19]

Fuentes:

[1] Vease Order in Council mandate p. 4.

[2] Ibid., p. 1

[3] El Defensor del Pueblo tenia que haber recibido los poderes investigativos para investigar a casos contra los sectores mineros, petroleros, gaciferos y de maquilas y se espero de que podrían ser expandidos a otros sectores en el primer año de operación.

[4] Hill Times, https://www.hilltimes.com/2019/04/29/canada-must-walk-the-talk-give-corporate-ombudsperson-more-powers-and-budget-un-expert/198285

[5] Canadian Broadcasting Company, https://www.cbc.ca/news/politics/un-watchdog-carr-corporate-ethics-1.5116399

[6] Véase Order in Council mandate p. 7.

[7] En la version original de Preguntas y Respuestas del sitio web sobre el Defensor del Pueblo del gobierno de Canada on fecha 17 de enero, 2018, se hace referencia repetitiva a que la oficina sera una entidad «independente». Esta descripción fue cambiada el 8 de Abril, 2019. Ahoa no hay ninguna referencia a que el Defensor pueda indagar una investigación de forma independiente.

[8] Véase Order in Council mandate pp. 8-9.

[9] Véase Responsible business conduct abroad – Questions and answers.

[10] Para ver su crítica de MiningWatch Canada’s  del anterior oficia del Consejero de RSE véase: MiningWatch Canada: https://international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/publications/2011-arp-rap.aspx?lang=eng; y para el anterior proceso del RSE véase: https://www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/review_process_inbrief-processus_examen_enbref.aspx?lang=eng

[11] Cabe notar que ambos terminos, «Sanccionar» y «Reparación» son conceptos claves para los «Principios Rectores Sobre las Empresas y los Derechos Humanos» de la ONU que se suponia iba a formar la base del mandato del Defensor del Pueblo. Véase Order in Council mandate p. 5. En los principios rectores reparación puede incluir: «disculpas, restitución, rehabilitación, compensaciones económicas o no económicas y sanciones punitivas (ya sean penales o administrativas, por ejemplo multas), así como medidas de prevención de nuevos daños como, por ejemplo, los requerimientos o las garantías de no repetición.» (p.34)

[12] Order in Council mandate p. 6-7.

[13] Véase la critica que tuvo MiningWatch Canada’s critique del anterior Consejor de RSE.

[14] Ibid., p. 5.

[14] Ibid., p. 5.

[16] Ibid., p. 6.

[17]  Ibid., p. 6.

[18] Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. 2011.

[19] Ibid., pp.17-18.

Fuente: https://miningwatch.ca/es/blog/2019/5/13/aun-hay-necesidad-para-un-defensor-del-pueblo-en-canad-para-investigar-casos-de-miner

Ecuador

LA CONAIE SE PRONUNCIA POR LA DEFENSA DE LOS PUEBLOS AISLADOS DEL YASUNI Y RECHAZA EL DECRETO

Autor: Conaie.org

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, rechaza el Decreto Ejecutivo 751, del  21 mayo del 2019, por el cual se modifica la delimitación de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) del Yasuní y permite la explotación hidrocarburífera en los bloques 31 y 43 en la Zona de Amortiguamiento.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables nuevamente se burlan de la voluntad ciudadana expresada en la Consulta Popular del 4 de febrero de 2018, misma que con un 67,6% dijo SÍ para salvar el Yasuní, los pueblos indígenas y sus ecosistemas, aprobando reducir la extensión de explotación petrolera en 300 hectáreas y extender la zona de protección para salvaguardar la vida y derechos humanos de los pueblos en aislamiento Tagaeri Taromenane. Sin embargo, en total contradicción y para conveniencia de empresas petroleras con el Decreto 751 arbitrariamente autoriza la explotación hidrocarburífera en la zona de amortiguamiento que es un área fundamental para la vida de los pueblos indígenas y la preservación de la enorme biodiversidad del Yasuní ITT.

De esta manera el Gobierno Nacional demuestra su indiferencia y pone en riesgo el Parque Nacional Yasuní, la vida y derechos de los pueblos en aislamiento voluntario y comunidades ancestrales Waorani que son dueñas de este territorio. Junto a los acuerdos y el entreguismo al FMI, la implantación de la Nueva Política Minera y las reformas laborales, entre otras, ya no sorprende que se privilegie la devastación de los territorios con las políticas extractivas por sobre la vida y derechos de la naturaleza.

El Gobierna está mancillando el mandato popular del 70% de ecuatorianos que nos expresamos a favor de proteger a los pueblos en aislamiento Tagaeri y Taromenane y para no disminuir la protección del Yasuní. Permitir el desarrollo petrolero en la Zona Intangible es contradecir el mandato popular y poner nuevamente en grave riesgo a los pueblos aislados y la biodiversidad del Yasuní.  La construcción de carreteras, plataformas de perforación, presencia de extraños en la Zona Intangible es duplicar lo que ya sucede en otras áreas del Yasuní donde se han dado graves enfrentamientos entre la población local y los pueblos aislados, causando además profundos conflictos sociales.

Ante este panorama y frente a la arremetida neoliberal la CONAIE con pueblos y nacionalidades están preparando una movilización nacional en articulación con los sectores populares y sociales del país en contra de las políticas económicas neoliberales aplicadas por el Gobierno Nacional con el objetivo de mantener resistencia sin tregua para la defensa de la vida, los recursos naturales, los derechos humanos y colectivos, los territorios, los derechos laborales; pues solo la lucha activa permitirá frenar estas políticas de daño, exterminio, privatización, contaminación y empobrecimiento.

¡La lucha va porque va!

 

Por el Consejo de Gobierno

Jaime Vargas

Presidente de la CONAIE

 

Fuente:https://conaie.org/2019/05/22/la-conaie-se-pronuncia-por-la-defensa-de-los-pueblos-aislados-del-yasuni-y-rechaza-el-decreto-751/?fbclid=IwAR2bpU7FwEgR02I2-vscCfaHcw3hSCHDwhKtKcYUwkytUfzHEBs-EZnwYhg

Perú

El día de la dignidad del pueblo Kana, Espinar

Autor: Cooperacción.org.pe
Conflicto Relacionado: Tintaya - Antapaccay - Espinar

Como todos los 21 de mayo, hoy se celebra el día de la dignidad Kana, en toda la provincia de Espinar, en la región Cusco. De esta manera se conmemora la primera toma de la mina ocurrida -precisamente- un 21 de mayo de 1990, cuando por primera vez una gran revuelta terminó con la toma de la mina de Tintaya, en ese entonces operada por una empresa pública. Luego de unos días de movilizaciones y toma de rehenes, se logró un acuerdo con el Estado peruano.

Las demandas de entonces giraban en torno a los procesos de expropiación de tierras comunales, los impactos de la minería en los recursos naturales de la zona y a la demanda de que la actividad minera se vincule y aporte al desarrollo de la provincia. Las expropiaciones iniciales de tierras tuvieron un impacto importante en los pobladores, agrupados hasta entonces en una sola comunidad. Posteriormente, ya bajo gestión privada, la empresa siguió adquiriendo tierras comunales y, como es usual, la minería se convirtió en un competidor directo por el control de los escasos recursos hídricos de la zona, provocando además impacto en ellos. Es así que el 21 de mayo se convirtió en una fecha de referencia para futuras movilizaciones.

Los posteriores estallidos sociales del año 2005 y el del 2012, se iniciaron precisamente en esa fecha. Son varios los temas que aparecen en la compleja agenda de Espinar: uno primero tiene que ver con los graves impactos en la salud de la población de Espinar. Varios estudios realizados en los últimos años han mostrado que la población de esta provincia, sobre todo la que vive en la zona de influencia de las operaciones mineras, se encuentra expuesta a metales pesados y muchos tienen presencia de estos metales en sus cuerpos.

Pese a que el Estado, en sus diversos niveles de gobierno y luego de varios acuerdos establecidos con la población, se comprometió a implementar planes de salud integral para brindar atención especializada a las personas en riesgo, hasta el momento no se ha logrado mayores avances. Los planes elaborados no han contado ni con el presupuesto ni con el soporte institucional necesario, y hasta la fecha, no se ha logrado una respuesta adecuada del sistema de salud a las personas que sufren exposición crónica a metales pesados. La población de Espinar sigue esperando que el tema de salud sea adecuadamente atendido.

El otro problema complicado tiene que ver con el agua que se consume en Espinar y las denuncias de presencia de metales tóxicos. Un informe de la Dirección Regional de Salud del Cusco reveló que la población de Espinar consumía agua contaminada con metales tóxicos. Los análisis dieron cuenta sobre la presencia de aluminio, arsénico, hierro y manganeso, entre otros parámetros, por encima de los parámetros permitidos.

Lo cierto es que cada 21 de mayo la población de esa provincia cusqueña recuerda que todavía existe una serie de compromisos incumplidos de parte de la minería y el Estado peruano.

Fuente: http://cooperaccion.org.pe/el-dia-de-la-dignidad-del-pueblo-kana-espinar/

Mexico

Profepa confirma derrame de jales mineros en arroyo de Zacatecas

Autor: Alfredo Valadez Rodríguez

Zacatecas, Zac. Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudieron a la mina San Martín, operada por Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco, en el municipio zacatecano de Sombrerete, y confirmaron el derrame de al menos 20 mil litros “de agua con sedimentos de una tubería que condujo jales mineros”, ocurrido el pasado miércoles 8 de mayo.

María del Rocío Salinas Godoy, delegada de la dependencia federal desde el año 2017, no quiso ofrecer una entrevista directa a este diario en sus oficinas sobre el tema, y se limitó a proporcionar información por escrito, a través de su secretaria, quien advirtió en tono de regaño a éste reportero que “no fue un derrame de jales, como se ha publicado”.

La versión de la Profepa delegación Zacatecas contradice lo que denunció José Núñez Vázquez, Secretario General de la sección 201 del Sindicato Minero, quien aseguró que en la mina propiedad de Germán Larrea (que opera ilegalmente desde agosto de 2018 con un grupo de 700 esquiroles que rompieron una huelga formal), ocurrió un derrame de jales que contienen metales pesados y químicos tóxicos.

Incluso señaló José Núñez Vázquez, durante dos días Grupo México tuvo a una cuadrilla de trabajadores realizando labores de “limpieza” en el cauce del arroyo contaminado, levantando con palas y vehículos los lodos de los jales, en un intento por minimizar los daños provocados al ecosistema con el derrame.

Pero este lunes la delegada Salinas Godoy –quien en junio de 2018, unos días antes de la elección presidencial, fue acusada por un grupo de burócratas en periódicos de Zacatecas, junto con otros delegados federales, de coaccionar el voto a favor del PRI-, elaboró un comunicado donde minimizó el derrame de la mina operada por Grupo México.

Según lo informado por Salinas Godoy, a la mina San Martín, el pasado sábado (tres días después del derrame), asistieron inspectores de Profepa, “quienes recorrieron el sitio y asentaron en el acta que el derrame (agua con sedimentos de la tubería que condujo jales mineros) recorrió 750 metros aproximadamente por el cauce del arroyo El Salado”.

De los cuales, 550 metros del derrame fueron “dentro de la propiedad de la unidad minera”, y 200 metros “fuera de los límites de la propiedad sobre el mismo cauce. El arroyo se encontraba seco”.

Por lo anterior informó, se inició un procedimiento administrativo el 11 de mayo “donde se dictarán medidas de urgente aplicación con base en la NOM-147-SEMARNATISSA1-2004”.

Asimismo se informó que la propia empresa, Industrial Minera México, S.A. de C.V., Unidad San Martin, “dedicada al beneficio de minerales metálicos de plomo y zinc” (también se extrae plata y oro), fue la que notificó el miércoles 8 de mayo a las autoridades sobre el derrame, el cual se produjo cuando se realizaban “actividades de mantenimiento y rehabilitación de sus bombas”.

“Durante las pruebas de funcionamiento de éstas, se presentó una falla en la válvula de uno de los equipos de arranque para el relleno hidráulico, lo que generó un vertimiento de 20 mil litros de agua con sedimentos sobre suelo natural”.

Una vez ocurrido esto, “la empresa notificó del derrame al Centro de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales (Coatea), quien a su vez informó a la delegación federal de Profepa, por lo que se realizó la visita a la zona para atender la emergencia ambiental el 11 de mayo junto”.

Se confirmó además, como lo había denunciado a este diario José Núñez Velázquez, secretario general de la sección 201 del Sindicato Minero, que “los rastros del derrame se observaron hasta la intersección donde la comunidad de San Martín descarga aguas negras”, es decir en los límites del caserío del lugar.

“La empresa realizó limpieza, pero en el recorrido los inspectores observaron rastros de los sedimentos en algunas partes del cauce. No se observaron áreas afectadas de cultivo”.

Sin embargo, admite la delegada de la Profepa, el mismo sábado pasado se inició el procedimiento administrativo consistente en un reporte técnico de la visita, “para el emplazamiento donde se dictarán medidas de aplicación urgente como la limpieza total del derrame y la caracterización del suelo con base en la NOM-147-SEMARN/SSA1-2004, para determinar las concentraciones de remediación de suelos por metales pesados”.

Finalmente, María del Rocío Salinas Godoy proporcionó como delegada de Profepa, información relativa a los permisos de operación que tiene Germán Larrea Mota Velasco para operar la mina San Martín, desde 1985, mediante la “licencia de Funcionamiento LF-32-53”.

Y sobre los trabajos que se realizan desde el año pasado al interior de la mina San Martín –ilegales según lo ha denunciado el Sindicato Minero, pues se rompió con esquiroles una huelga formal-, la delegada de Profepa justificó las operaciones de Grupo México:

“Actualmente se realizan trabajos de mantenimiento y rehabilitación contempladas en el oficio de exención de la Manifestación de impacto Ambiental contenido en el oficio No. DFZ152-200/18/1913 de fecha 9 de noviembre de 2018”.

Es decir que antes de la transición presidencial, el gobierno de Enrique Peña Nieto autorizó a Germán Larrea Mota Velasco realizar actividades en la mina donde el 21 de agosto de 2018, con el apoyo de policías antimotines y militares, el magnate rompió la huelga del Sindicato Minero e introdujo a 700 esquiroles para explotar ese yacimiento polimetálico.

Bolivia, Sin categoría

Defendiendo los derechos de la Madre Tierra en Bolivia

Autor: Gaggaalliance.org

En Bolivia la madre tierra es considerada por las comunidades indígenas como un ser vivo quien también posee derechos, esta visión ancestral es la que ha permitido que generación a generación las familias indígenas hereden a sus descendientes tierras fértiles, un hogar y un futuro. Pero esta forma de vivir ha sido cambiada a la fuerza por la industria extractivista, y las concesiones mineras que el gobierno actual de Bolivia está otorgando a empresas extranjeras están destruyendo tierras que una vez habían sido sagradas para estas comunidades.

Margarita Aquino es la Coordinadora de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT) en Bolivia, esta red es una articulación de mujeres indígenas y campesinas de comunidades afectadas por actividades mineras y cuyos territorios han sido destruidos a causa de la contaminación.

“Nosotras nos comparamos con ella, porque la madre tierra nos da frutos y nosotras damos vida, en ella vivimos. Las leyes que emite nuestro gobierno están violando los derechos de la madre tierra y ella no tiene voz, por eso las mujeres nos hemos puesto al frente de defender a la madre tierra, especialmente al agua”, dice Margarita.

La RENAMAT fue creada en el año 2013 por algunas mujeres que estaban participando en una escuela piloto de conflictos ambientales con justicia de género organizada por el Colectivo Casa. “Al finalizar el 2013 las mujeres empoderadas decidieron articularse en Red y formaron la RENAMAT, porque se sentían apoyadas entre ellas y unidas en una misma lucha” relata Angela Cuenca, quien a su vez es Coordinadora del Colectivo Casa.

Violencia medioambiental contra las mujeres

“Hemos identificado a esta clase de violencia que existe contra las mujeres indígenas como violencia medioambiental porque hemos visto que está siendo violado el primer derecho que está en nuestra constitución política: el derecho a la vida” menciona Margarita.

La Violencia Medioambiental Contra las Mujeres es un término que ha sido creado por las mujeres de la RENAMAT y cuyo significado es: “Toda acción u omisión, que al dañar el medio ambiente impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres, perjudicando su calidad de vida, su integridad, su salud, su economía, su trabajo, su patrimonio, su identidad cultural y es ocasionada por las personas”.

A través de la creación de una Cartilla de Difusión la RENAMAT trabaja con las mujeres indígenas de diferentes comunidades capacitándolas sobre el tema de la violencia medioambiental y sobre sus derechos.

En la Cartilla explican de qué se trata este tipo de violencia y cómo se puede identificar. Asimismo, enumera cuáles son los derechos que tienen las mujeres en general según la Constitución Política de Bolivia, y cuáles son los derechos específicos de las mujeres indígenas.

Según la Cartilla “negar los derechos de las mujeres también es violencia, porque cada uno de las derechos están interconectados para garantizar el principal derecho que es el derecho a la vida”. Al negarles por ejemplo el derecho al agua, también se vulneran los derechos a la salud, al trabajo, el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria.

Los textos de la Cartilla vienen acompañados de dibujos que ilustran las diferentes situaciones que viven las mujeres indígenas cuando los proyectos mineros llegan a sus territorios. “Hemos creado las cartillas a consecuencia de que muchas hermanas no saben leer ni escribir, los dibujos les atraen, los dibujos les quedan en la memoria a nuestras hermanas, es por esa razón que nosotras llevamos estas cartillas a todas las comunidades para poder visibilizar cómo estamos trabajando, cómo se están violando nuestros derechos” cuenta Margarita.

“Cuando hacemos los seminarios nosotras les decimos que dibujen cómo era su terreno, dónde tenían sus fuentes de agua, y las hermanas que ni tan siquiera sabían leer ni escribir hacen un esfuerzo grande y lo plasman, cómo era su terreno anteriormente y cómo es ahora nuestro terreno” dice Margarita.

El trabajo de la RENAMAT consiste en visitar diferentes comunidades indígenas que aún no han sido afectadas por las mineras. A través de talleres, charlas, presentaciones de videos y otras actividades, comparten las vivencias de las mujeres que ya perdieron su territorio y fuentes de agua a causa de la contaminación, el objetivo es empoderar a las mujeres para que se conviertan en defensoras de la madre tierra.

Una lucha que nos pertenece a todas

El camino no ha sido fácil, su trabajo ha sido cuestionado por diferentes autoridades, las han difamado y han dicho que ellas “son pagadas”. A esto se suma una nueva ley minera que está siendo promovida por el gobierno actual, en la cual se elimina el proceso de consultar e informar a las comunidades sobre los proyectos mineros.

Margarita dice sentirse decepcionada pues habían confiado en que un presidente indígena se iba a preocupar por sus hermanos y hermanas, “nuestros líderes políticos son muy capitalistas y extractivistas, piensan en el presente, no piensan en el futuro como nosotras. Nosotras pensamos qué vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, tierras devastadas, tierras áridas”.

A pesar de los obstáculos, la RENAMAT continúa con su trabajo en defensa de la madre tierra e invitan a las mujeres de todo el mundo a que se unan a esta lucha que es de todas, “ahora nosotras estamos tejiendo redes de solidaridad y acción para defender a la madre tierra, tienen que ser muy fuertes las mujeres de latinoamérica a las que también les están siendo violados sus derechos por el extractivismo, que no se sientan solas que aquí la RENAMAT está para apoyarlas para seguir adelante defendiendo los derechos de la madre tierra y del agua”, dice Margarita.

Fuente: https://gaggaalliance.org/es/news/giving-mother-earth-a-voice-in-bolivia/?fbclid=IwAR02lhRNysPKuME9FqYGqoiHOcAvHIrN-8KyE3QBzYWe1OapwtRuEXIT0fo

Chile

En Penco planta piloto de minera se instaló a menos de 3 kilómetros de la población

Autor: El Resumen.cl

En las cercanías de Penco, una de las ciudades más antiguas de Chile con una población de 47.367 habitantes según el Instituto Chileno de Estadisticas (INE) se encuentra instalada una Planta Piloto de la Empresa Biolantanidos para realizar faenas de extracción de tierras raras.

La Planta que recibió un aporte del Estado de Chile mediante la CORFO de 4,8 millones de dólares por medio del Programa “Fenix”, busca extraer unos minerales jamas explotados en Chile; las llamadas Tierras Raras. Estos elementos indispensables para la cuarta revolución industrial marcada por el desarrollo de microprocesadores y dispositivos como drones y teléfonos inteligentes, son altamente codiciados por las potencias globales en la creación de tecnología de punta.

A nivel mundial la explotación minera de tierras raras está asociada a altos niveles de contaminación química y radiactiva. A pesar de que la empresa ha manifestado haber creado un nuevo sistema “respetuoso con el medio ambiente” llamado Proceso de Desorción Continuo y Cerrado (CCLP), existe gran incertidumbre en la población de Penco y el Gran Concepción por los impactos que podrían ser altamente nocivos para la comunidad y los ecosistemas del territorio.

En la imagen se aprecia la cercanía entre la planta piloto en primer plano y la ciudad de Penco en segundo plano, al fondo la bahía de Concepción.

Desde hace aproximadamente 4 años que está operativa la planta piloto del proyecto minero Biolantanidos en los cerros aledaños a la ciudad de Penco. La planta piloto inaugurada en 2015 constituye la fase de experimentación y preparación de una faena minera a tajo abierto que utilizaría, según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la empresa, 35.000 litros de agua por hora del Estero Penco y tendría una capacidad para procesar hasta 240 toneladas por hora de mineral. El proyecto Biolantanidos ingresó su EIA al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a fines de 2018, por lo que en estos momentos la institución del Estado se encuentra evaluando la aprobación del proyecto, lo que está causando gran alarma en parte de la población de la ciudad de Penco y el Gran Concepción.

Mediante fotos satelitales e imágenes aéreas se puede apreciar la cercanía con los y las habitantes de Penco. Según las herramientas de medición de Google Earth, la planta estaría a solo 2,8 kilómetros de la comunidad de Penco. Por otro lado, imágenes aéreas demuestran gráficamente lo cercano de la planta con la ciudad. Es decir que la faena minera busca instalarse a menos de 3 kilómetros de la población.

En la imagen satelital suministrada por Google Earth se puede ver claramente que la planta piloto y el proyecto de extracción minera se encuentran a 2,8 kilómetros del plaza de Penco, en pleno centro de la comuna.

Por otra parte, es cuestionable que el Estado de Chile haya otorgado financiamiento a un proyecto experimental de estas características a pocos kilómetros de una ciudad con decenas de miles de habitantes, no considerando las consecuencias e impactos socioambientales del proyecto minero.

Cabe recordar que este tipo de minería a nivel mundial se ha desarrollado con consecuencias altamente contaminantes, como en los casos de Mountain Pass en Estados Unidos, o la ciudad de Baotou en China, actualmente principal potencia extractora de tierras raras del mundo.

Una de las más importantes es que este tipo de minería genera no solo desechos químicos, sino radioactivos. Además el proyecto busca intervenir la cuenca del Estero Penco y extraer agua de este. Cabe señalar que contaminar esta cuenca constituye una grave amenaza para la población de la ciudad de Penco, ya que las aguas del estero pasan por pleno centro de la ciudad, a un costado de su plaza principal.

Estero Penco junto a arboles de Queule en peligro de extinción y amenazados por el proyecto minero Biolantanidos. En este lugar se busca instalar la captación de aguas para la minera.

La fundación Keule que ha buscado proteger al Queule, árbol en peligro de extinción ha manifestado públicamente su preocupación por la afectación del proyecto a relictos de Queule emplazados en la zona de afectación de la minera. Algunos de los pocos individuos de este árbol en peligro de extinción se encuentran en la comuna de Penco y Tomé, donde también se cree que la minera podría expandirse.

La de Penco sería entonces la primera faena de extracción de tierras raras en la historia de un país como Chile, que a pesar de tener un pasado marcado por la explotación de minerales, nunca ha explotado este tipo de elementos.

Es así como a menos de 3 kilómetros de la población de Penco ya se instaló una planta piloto de tierras raras, la cual busca a través de un estudio de impacto ambiental aprobarse y generar una faena que explotará cientos de hectáreas con consecuencias poco estudiadas y potencialmente peligrosas para los ecosistemas y comunidades instaladas en sus alrededores.

Fuente: https://resumen.cl/articulos/en-penco-planta-piloto-de-minera-se-instalo-a-menos-de-3-kilometros-de-la-poblacion?fbclid=IwAR1bJVbnDY4Dz8bV1VhwEkC8ezVb7m4G0PZiz8adUL0ys4Tbqhd-Sb4c7IY