05 de febrero de 2018
José de Echave, Cooperacción
Imagen: Clarín
Muchas veces se escucha decir a las empresas que la minería moderna no contamina. Que los graves impactos ambientales que se ven sólo corresponden a operaciones antiguas, las del siglo pasado. Que la tecnología lo garantiza todo y todo lo soluciona. Que los mejores estándares ambientales son aplicados por las empresas, sobre todo las que actúan a nivel global. Lamentablemente, la realidad nos muestra que eso no es cierto.
La semana pasada, el 25 de enero, recibí un correo electrónico de nuestro colega Danilo Chammas, de Brasil: “Siento comunicarles que hoy se rompió otro dique de colas de Vale en Brumadinho, Minas Gerais, Brasil, justo en la misma municipalidad donde hicimos nuestro encuentro hace dos meses. Hemos recibido noticias no confirmadas de que hay víctimas fatales y también de que se ha afectado el rio Paraopeba, importante fuente de agua de la región metropolitana de Belo Horizonte, capital del Estado de Minas Gerais”.
Es cierto, un par de meses atrás un conjunto de instituciones nos reunimos precisamente en Brumadihno para analizar la problemática de la minería y sus impactos ambientales y sociales en la región. Se eligió esa zona, precisamente porque en noviembre de 2015 otra presa, operada por la empresa Vale y su socio BHP Billiton, colapsó en la localidad de Mariana en Minas Gerais, provocando lo que hasta ese momento era el peor desastre ambiental de la historia de Brasil.
En su mensaje, Danilo comentaba que todo indicaba que, como en el caso de Mariana, ocurrido tres años atrás, también “había víctimas fatales” en Brumadihno. Lamentablemente, con el transcurrir de las horas y los días, las cifras de desaparecidos y de personas fallecidas no dejaba de aumentar reporte tras reporte. Al momento de escribir este artículo se habla de 300 desaparecidos y 60 personas fallecidas ya confirmadas.
Haciendo historia: entre Mariana y Brumadinho
¿Qué pasó en Mariana en 2015? Una presa de residuos mineros, propiedad de la empresa Samarco Mineradora, de Vale y BHP Billiton, dos gigantes de la minería mundial, colapsó, rompiéndose el dique de contención, lo que provocó que todo el material tóxico convertido en lodo caiga sobre el distrito de Bento Rodrigues y lo termine literalmente enterrando.
En ese entonces fueron 19 personas fallecidas, un número de desaparecidos enterrados bajo el material tóxico que hasta ahora no ha sido del todo precisado y más de un millón de personas afectadas. Si bien en un inicio sólo el distrito de Bento Rodrigues fue afectado, con el transcurrir de los días se pudo constatar que el derrame de los residuos tóxicos también impactó a otros distritos cercanos en un radio de 60 kilómetros de la ubicación del dique.
Las investigaciones sobre el caso Mariana establecieron que la cantidad de residuos que se desbordaron era una clara evidencia que las operaciones en la zona habrían sobrepasado largamente la capacidad de la presa. Además, informes previos habían llamado la atención por la superposición de las áreas de influencia de vertederos y de la presa, que generaban una sinergia de impactos de las operaciones de la empresa Samarco. Sin embargo, ni la empresa, ni las autoridades encargadas de la supervisión tomaron medidas de prevención. Los más de 60 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos contaminaron 600 kilómetros de ríos, llegando incluso hasta el Océano Atlántico.
Luego de tres años, nuevamente vuelve a pasar una tragedia similar en la misma zona y con un mayor saldo de pérdidas de vidas humanas. ¿Qué es lo que ha provocado esta nueva tragedia como consecuencia del colapso de un dique? En la mina de Feijão en Brumadinho se explota hierro que se extrae con agua. Una vez extraído el hierro los residuos líquidos son almacenados en represas que se ubican en el entorno de la mina. Cabe señalar que en todo el Estado de Minas Gerais existen más de 400 represas similares.
Según el procurador Carlos Eduardo Ferreira Pinto, quien tuvo a su cargo la investigación del caso Mariana, lo ocurrido en Brunadihno “era lógico que iba a suceder” ya que este tipo de represas continúan funcionando sin ningún tipo de control riguroso: “una presa se rompe porque le entra agua a sus estructuras y eso ocurre por el descuido de la empresa, la falta de fiscalización de las autoridades y las consultoras independientes”. Alessandra Cardoso, asesora política del Instituto de Estudios Socioeconómicos, dijo en una entrevista para la BBC, que el hecho de que la represa llevara inactiva tres años, sin recibir residuos, habría desgastado la estructura. Para Cardoso, cuando una mina o represa paraliza sus actividades, “la tendencia es que la empresa dé menos atención” a los criterios de seguridad.
Como se puede apreciar, los especialistas aluden a posibles negligencias, ausencia de controles, fiscalización y normas que se han venido relajando en los últimos años. El procurador Ferreira Pinto que finalmente fue apartado de las investigaciones de Mariana, señala: “las autoridades continúan dando autorizaciones para la construcción de represas, al mismo tiempo que se flexibilizan los controles y las regulaciones”.
Esta situación se ha agravado con la llegada al poder del presidente Bolsonaro el pasado 1 de enero, y su apuesta por mayores flexibilizaciones de las regulaciones ambientales y licencias automáticas para los proyectos de inversión. Al estilo Trump, en la campaña, Bolsonaro amenazó varias veces con retirarse del acuerdo de París y apostó por la reducción de multas por violar las leyes ambientales. Incluso ya en el gobierno, el presidente brasileño, como en su momento lo hizo Alan García en el Perú, se refirió a los pueblos indígenas en la Amazonía como “obstáculos al desarrollo y la economía de su país”, señalando al mismo tiempo que se flexibilizarían los trámites para agilizar las inversiones en la Amazonía.
Lo cierto es que este dramático caso ha puesto en debate en Brasil la manera cómo se viene desarrollando la minería y cómo se construyen las represas que se multiplican e implican enormes riesgos. Lo que es más preocupante para organizaciones de las poblaciones afectadas e instituciones que trabajan temas ambientales, es que en el propio Estado de Minas Gerais se siguen debilitando las regulaciones ambientales.
¿Cómo estamos por casa?
Lamentablemente, para los peruanos todo lo que viene pasando en Brasil es historia conocida. Leyes que flexibilizan los controles ambientales, debilitamiento de la institucionalidad ambiental, autorizaciones de proyectos mineros en zonas de alto riesgo y también hemos tenido casos de presas que colapsan. Aún está en la memoria el colapso del dique de la presa que contenía desechos tóxicos de la empresa minera Caudalosa Chica que contaminó en junio del 2010 la cuenca que comprende los ríos Huachocolpa y Opamayo, hasta la localidad de Lircay, en Huancavelica. También están los miles de pasivos ambientales que afectan a poblaciones enteras y que siguen sin ser remediados, como ocurre, por ejemplo, en Hualgayoc, Cajamarca.
En el caso peruano, los riesgos no sólo se acrecientan por la fuerte presencia de instalaciones mineras a lo largo y ancho del territorio, inclusive en zonas de alto riesgo y próximas a centros poblados, las débiles políticas, etc., sino también por ser un país sísmico que genera un altísimo riesgo.
Hace unas semanas en esta revista denunciamos que un nuevo proyecto minero -Ariana de la empresa Southern Peaks Mining- iniciaría la fase de construcción precisamente en todo el ecosistema hídrico donde se produce el trasvase de aguas hacia la cuenca del río Rímac, lo que permite el abastecimiento de agua para los 10 millones de personas que vivimos en la ciudad de Lima. Varios de los componentes del proyecto Ariana -como la planta de beneficio y el depósito de relaves- se encuentran a menos de 50 metros de los bofedales, canales de conducción, pozos de captación de aguas subterráneas, lagunas, manantiales o puquiales, donde se produce el trasvase de aguas.
De hecho se ha alertado de la posible rotura de la presa de relaves de Ariana:
el oficio de la empresa Enel del 18 de mayo de 2018 señala claramente que en la zona donde se acumularían los relaves “la geología es de caliza pizarrosa muy fracturada (material permeable y cárstico)” y que “hay una falla geológica muy fracturada por la que se filtra un gran chorro de agua”. Por ello, Enel asegura que debido al proyecto “la geotecnia del túnel podría verse comprometida”. Otro caso preocupante es el depósito de relaves de Tamboraque que se ubica a escasos metros del río Rímac.
Se deberían sacar lecciones de este terrible hecho en Brasil. La minería del siglo XXI sigue generando desastres ambientales de envergadura que sólo se pueden prevenir con controles rigurosos, fiscalización y exigentes políticas ambientales. Lamentablemente, hasta ahora seguimos caminando en sentido contrario y haciéndole caso a las empresas que exigen mayores desregulaciones. Estamos avisados.
Fuente: José de Echave, COOPERACCION
31 Ene, 2019
Redacción 8 febrero 2019
EXIGIMOS APROBACIÓN DEL MARCO METODOLOGICO DE LA LEY 30640
En el 2018, la pérdida de bosques por esta causa superó las 9000 hectáreas, según un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina.
El reporte de la firma alemana TÜV SÜD, encargado por la minera brasileña Vale el año pasado, realizó 17 recomendaciones para mejorar la estabilidad de la estructura y estaba fechado en septiembre de 2018, según publica Folha de S. Paulo.
Comunidad pide explicaciones a la autoridad ambiental
A través de una declaración pública la Minera afirmó que ‘”no existe ningún proyecto de depósito de relaves que se encuentre presentado o que se vaya a presentar al menos en veinte años más”
GISSEL GRANDEZ DDHH 05 FEBRERO 2019