Crónica de la criminalización a los defensores ambientales en este país

Es 29 de mayo y en el mercado de Sorochuco- Celendín, Emperatriz Bolaños Ayala y su hija se disponen a vender en su pequeño puesto de comida como todos los días.  Emperatriz es una mujer sencilla, humilde, pero ya es conocida gracias a su participación activa en la resistencia contra el proyecto minero Conga en Cajamarca. Ella se auto reconoce con orgullo como “una defensora”.  Lideró un acto muy simbólico en Sorochuco, su pueblo, en el que cuestionó públicamente a dos gobernadores por su postura pro empresa, recordándoles que la obligación de una autoridad, es estar con su pueblo, defender su territorio, cuidar el agua. Ello le valió un proceso judicial que lleva ya más de 5 años.

Emperatriz nunca está libre de ataques arteros. Su postura a favor del ambiente la ha estigmatizado como a todos los que asumen este rol, la califican de “radical, antiminera y anti desarrollo” y cualquier situación sirve para perseguirla o violentarla.

Aquella mañana del 29 de mayo, unas vecinas dentro de las cuales se encuentran unas familiares suyas, iniciaron un pleito en el mercado donde se hallaban. El pleito llegó a las manos y el grupo agredió a Emperatriz y a su hija, pero ella también se defendió.  Igual nada importante.

Las mujeres que habían provocado el problema van a la comisaría y la denuncian.  La policía que conoce a Emperatriz por su rol y tiene una abierta animadversión contra ella como contra cualquier defensor, dispone su detención y de paso la de su hija que la acompañaba.

Ella no entiende nada, la han agredido y encima la detienen sin una orden judicial.  Se siente desesperada por sus hijos menores, no saben nada y están solos en su casa.  Con su celular logra hacer una llamada para informar a una persona de confianza y eso nos permite enterarnos de la situación.  Sorochuco es un pueblo lejano y de difícil acceso, no podremos llegar ese día para atender su situación, así que nos limitamos a llamar para pedir información y a avisar a algunas personas del lugar que puedan verla y ayudar con sus hijos.

Andrea Rodríguez, otra defensora ambiental del lugar, enterada de la noticia, deja sus quehaceres en el campo para ir a ver a su compañera; llega ya tarde a la comisaría y al preguntar por Emperatriz la policía la reconoce y le dice, “ah tú eres también del grupo de ella. Fuera de la comisaría o te detenemos igual que a la otra revoltosa”.

Sí, con estas palabras la policía confirmaba que la detención no obedece al pleito doméstico suscitado, sino más bien es una represalia por el rol que ella ejerce, por su postura y su liderazgo en los procesos de defensa del ambiente, el estigma de ser el “revoltoso”, el “violentista”, hace que siempre sean vistos como los culpables y enemigos a perseguir.

Lo que viene después es más surrealista aún, luego de tenerla en un calabozo de la comisaría de Sorochuco, encerrada toda la tarde y la noche, a la mañana siguiente las trasladarán como a peligrosas delincuentes hasta Celendín, el pueblo donde está la Fiscalía.  El Fiscal de turno toma conocimiento del caso por intermedio de la policía, que lo pone al tanto sobre “de quién se trata”, y sorprendentemente éste determina que se la procesaría bajo la Ley 30364, Ley de Violencia de género.  Sí, el Fiscal con el argumento absurdo de que las supuestas agraviadas son mujeres, además familiares, y considerando que Emperatriz y su hija son las agresoras, ordena procesarla con esta ley que le da la posibilidad de solicitar la inmediata apertura de un juicio.

Sin razones que le hagan entender que de ninguna manera se trata de violencia de género, sin querer otorgarles tampoco la libertad, el Fiscal señala que va a pasar el caso al Poder Judicial y que se le abrirá juicio en el día, mediante proceso inmediato, con lo cual Emperatriz y su hija podían ser condenadas incluso en las siguientes veinticuatro horas.

Toca hacer entonces una serie de acciones de incidencia con diversas organizaciones de derechos humanos del país, llamar a la Defensoría del Pueblo, amenazar con la interposición de un habeas corpus, entre otras cosas.  Solo después de activar todo tipo de mecanismos de presión, logramos que el Fiscal de marcha atrás en sus pretensiones abusivas y arbitrarias y le da libertad; sobre la una de la tarde del 30 de mayo ello se concreta.

Emperatriz es una mujer impresionantemente fuerte, pero esta detención y toda la violencia con que se ha actuado contra ella la quiebra, tiene muy claro que la criminalización obedece a su postura, a su liderazgo visible en las luchas por su territorio y el agua, sabe que este es el precio de defender la vida.

La criminalización es una política que se viene utilizando en nuestro país de forma casi imperceptible, y se aplica contra los defensores ambientales que cuestionan y se oponen legítimamente a proyectos extractivos.  No solo supone reprimirlos, usar las leyes penales para perseguirlos, incluye todo un entramado político, jurídico, social y un cerco mediático comunicacional que permite que quienes disienten con esta política del gobierno de promover extractivas, sean considerados y estigmatizados como delincuentes, violentistas, enemigos de este país.  Por ello, quienes en concreto solo son defensores de sus derechos y ejercen reclamos legítimos, son tratados de este modo, como criminales.

Emperatriz no es el primer ni el único caso, cientos de defensores están en la misma situación en este momento en el país, algunos afrontan procesos absurdos hace años, varios han ido a parar a las cárceles, la violencia está normalizada contra ellos.

Atentos, la presencia de las extractivas es un factor que provoca vulneraciones de derechos humanos, lo venimos denunciando hace rato, pero además está generando un serio impacto contra algo fundamental, el régimen democrático del que nos preciamos que rige en este país.

Fuente:http://noticiasser.pe/opinion/fuera-de-la-comisaria-o-te-detenemos-igual-que-la-otra-revoltosa