Ecuador

Comunidades indígenas continúan denunciando actividades mineras en Ecuador

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie), expresaron su preocupación y denuncia ante lo que consideraron la creciente actividad minera en Ecuador.
En un comunicado recalcaron que en el territorio de la comunidad de Sinangoe, en el noreste de la Amazonía ecuatoriana, se desarrolla una intensa actividad minera y ratificaron su «lucha en defensa de sus comunidades, los bosques y la vida». Según escrito, desde 2017 el Estado ecuatoriano otorgó 20 concesiones mineras inconsultas y más de 30 se encuentran en estado de tramitación. Denunciaron que estas actividades están provocando graves afectaciones a territorios ancestrales, lo que ha provocado «un cambio radical en sus formas de vida y amenazan con causar serios daños ambientales».
Las comunidades afectadas han censurado que las autoridades pertinentes no han dado respuesta a sus requerimientos: «Solamente ofrecimientos y promesas sin ninguna acción concreta de regulación ni remediación social, económica o ambiental», apunta el texto. Y ante la falta de respuesta, las comunidades indígenas han convocado la celebración de una Asamblea Comunitaria y un recorrido territorial para corroborar el daño provocado que, según estos colectivos, vulnera los derechos humanos y de la naturaleza.
De su lado, el Ministerio de Ambiente señaló en un comunicado que se ha mantenido un diálogo permanente con los dirigentes del pueblo Cofán Sinangoe, tanto en la capital del país, Quito, como en territorio. La institución indicó que se han mantenido varias reuniones, que han dado resultados «positivos para la gestión ambiental». Señaló que el Ministerio de Ambiente mantiene un Convenio de Uso y Manejo de Recursos para la Conservación y Manejo Ecológico del Territorio Cofán en el Parque Nacional Cayambe Coca.
El Ministerio agregó que su Dirección Provincial en Sucumbíos, ha realizado 13 inspecciones en territorio para identificar actividades ilegales, junto a otras instituciones, entre enero y junio del 2018. Añadió que la mencionada Dirección Provincial inspeccionó a la Concesión Minera Puerto Libre, determinándose incumplimientos a la normativa ambiental. Por ello, el pasado 16 de marzo suspendió las actividades mineras dentro de dicha concesión, además se les solicitó presentar un plan de acción para subsanar los incumplimientos determinados en las inspecciones.
Asimismo, enumeró que la Dirección Provincial inspeccionó a la Concesión Minera Properidad, determinándose incumplimientos a la normativa ambiental. El Ministerio recordó que en el marco de los acuerdos de participación entre con los dirigentes de la comunidad Sinangoe, se estableció la realización de patrullajes mensuales para identificar trabajos de minería ilegal en la zona, conjuntamente con miembros de la guardia comunitaria, y establecer redes de comunicación para alertar, en forma temprana las actividades mineras ilegales.

Fuente:https://www.elcomercio.com/actualidad/indigenas-denuncian-mineria-ilegal-comunidades.html

Brasil

Brasil permitirá la explotación minera en el Amazonas para reducir el déficit del país

Es el pulmón de la Tierra, donde se encuentra la mayor cantidad de especies animales y plantas del planeta. Una sola reserva del Amazonas tiene más especies de aves que todo Estados Unidos.

Pero este paraíso, en peligro desde hace tiempo, va a sufrir uno de los golpes más duros en años. El presidente de Brasil abrirá a la explotación privada de cobre y oro nueve reservas naturales que ocupan 47.000 kilómetros cuadrados, una superficie mayor a la de Dinamarca o Suiza.

Un ataque medioambiental sin precedentes con una única finalidad, reducir el déficit del país, pero a costa de lo que sea. «Esta decisión supone, sin duda, el mayor ataque a la amazonia en los últimos 50 años, porque hay que pensar que Brasil, hasta ahora, ha sido realmente el líder referente en la constitución de áreas protegidas», denuncia Luis Súarez, responsable del Programa de Especies de WWF.

La selva amazónica brasileña perdió 800.000 mil hectáreas entre 2015 y 2016, y los ecologistas denuncian que las leyes de Temer eliminarían hasta 30.000 kilómetros cuadrados más de áreas protegidas.

Algo catastrófico, como asegura el responsable de la campaña de bosques de Greenpeace, Miguel Ángel Soto: «Hablamos de una zona remota, muy rica en biodiversidad, donde en algunas zonas se habla de 300 especies arbóreas por hectárea«. Una desprotección del Amazonas que provocaría la desaparición de animales, plantas y también de etnias indígenas.

Fuente:https://www.lasexta.com/noticias/ciencia-tecnologia/brasil-permitira-la-explotacion-minera-en-el-amazonas_2017082559a03c7a0cf27ca1f8fd71fb.html

Colombia

Mercurio “vuela” hacia zonas rurales

Pasados 15 días desde que empezó a regir en el país la Ley 1658 de 2013, que prohibe el uso del mercurio en la minería, se detectó que las emisiones del metal han disminuido en las zonas urbanas del Nordeste y Bajo Cauca antioqueños y ahora se concentran en las zonas alejadas de los centros poblados.

Así lo reveló un estudio del programa Oro Legal de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -Usaid-, adelantado en 2016 y 2017 en los municipios de Segovia, Remedios, El Bagre, Caucasia y Zaragoza (Antioquia); y Quibdó, Condoto e Istmina (Chocó).

Según concluyó la investigación, hay una significativa reducción del uso de este elemento químico en las minas.

Miguel Molano, subdirector del programa Oro Legal, resalta que este estudio en las subregiones no tiene precedentes, toda vez que antes se habían hecho mediciones y análisis en los tejidos vegetales y de animales, pero por primera vez se midieron las concentraciones de la atmósfera.

“El estudio lo repetimos año tras año y concluimos que la concentración ha disminuido en las vías principales aledañas a los sitios donde antes se ubicaban los quemaderos y compras de oro”, señaló. Sin embargo, explicó que las emisiones no han cesado sino que se trasladaron a la zona rural.

Para el caso de Segovia, por ejemplo, en 2016 la cabecera municipal registraba concentraciones por encima de los 1.000 nanogramos (ng) en el parque y zonas con población vulnerable. En 2017 se dieron las mismas concentraciones, pero redistribuidas en zonas perimetrales.

“Se detectó una mayor dispersión hacia las áreas periféricas, una situación que dificulta el control”, advirtió Peter Doyle, director de Oro Legal.

Lo positivo de este desplazamiento es que ya se afecta menos a los humanos, aunque se impactan más la flora y la fauna rurales.

Mercurio evitado

Pero no todas las maneras de extraer y procesar el oro arrojan los mismos resultados a la hora de evaluar los impactos del mercurio.

Usaid hizo tomas de muestras en 63 pequeñas unidades mineras ubicadas en el Bajo Cauca y el Nordeste, 25 de ellas de socavón, 25 de minidragas y 13 aluviales.

“Las unidades mineras que han recibido y en la actualidad reciben acompañamiento del programa Oro Legal de Usaid para su proceso de formalización, en los dos últimos años registran una eliminación aproximada de 7.8 toneladas de mercurio en Antioquia”, detalla el estudio.

Lo anterior obedece a la asistencia técnica y a los contratos y subcontratos de formalización establecidos entre los titulares y los pequeños mineros, lo que obliga a estos últimos a procesar su material en plantas de beneficio exentas de mercurio. Si bien su uso no ha cesado, ha mermado.

Así, mientras en 2016, en los tres tipos de minería, por cada gramo de oro producido se utilizaban 14 gramos de mercurio, en 2017 se bajó a 6,1 gramos de mercurio por cada gramo de oro generado.

Los precios se elevan

En cuanto al comercio del metal en las subregiones, Usaid halló que la prohibición de su uso ha disparado los precios. En diciembre de 2016, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2133, que estableció el proceso y el cupo permitido para la importación.

Para el periodo entre el 16 de septiembre de 2017 y el 15 de septiembre de 2020, el cupo de importación es de dos toneladas anuales y se podrá usar en otras actividades, pero no en minería.

La dificultad para acceder al mercurio generó un “mercado negro” que elevó el precio del kilo de $220.000 a $750.000. En septiembre de 2016, una pipeta de 34,5 kg se vendía en $5’400.000 al por mayor y hoy la misma cantidad cuesta $24’375.000.

“Suponemos que el mercurio que se usa en las minas entró ilegalmente al país”, admitió Molano. Pese a esta situación, los avances en la eliminación del metal han sido significativos y los reconoce la agencia estadounidense.

“El progreso en la reducción del mercurio ha sido impresionante (…); va a llegar el momento en el que los mineros no cuenten con la cultura, tecnología y las fuentes de financiamiento para su eliminación y van a necesitar más apoyo para lograrlo”, advirtió Peter Doyle, director de Oro Legal, teniendo en cuenta que el programa, en esta fase, termina en 2020 y no es seguro que se inicie un nuevo ciclo.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/antioquia/mercurio-vuela-hacia-zonas-rurales-MA9075842

Argentina

Catamarca dejó de percibir regalías y utilidades de minera Alumbrera

A lo largo de la explotación a cielo abierto del yacimiento que opera la firma minera Alumbrera, la provincia de Catamarca percibió recursos de utilidades y, junto a los municipios, fondos en concepto de regalías. Sin embargo, con el cierre de la etapa de operación a cielo abierto, se dejaron de recibir los fondos..

Es que la empresa concluye este julio  la explotación a cielo abierto. Si bien se extenderá la vida útil del proyecto por 10 años, con una nueva modalidad de producción de explotación subterránea, hay  una etapa de desarrollo de tunelerías e infraestructura que duraría 16 meses. Es decir, volvería a entrar en producción en el segundo semestre de 2019.

En este marco, el secretario de Minería de la provincia, Rodolfo Micone, expresó que la empresa Alumbrera dejó de aportar regalías y utilidades a Catamarca.

En diálogo con la prensa, el funcionario encargado de la cuestión minera indicó que “Alumbrera ya no aporta más regalías ni utilidades a la Provincia”. En este sentido explicó que “la empresa el día 30 finaliza sus actividades y empieza con su proceso de reconversión hasta la parte subterránea”.

Con ello, “tenemos que esperar alrededor de un año y medio hasta que se prepare la mina” para retomar el proceso productivo y “reconvierta al personal que ha quedado sin trabajo”. Así las cosas, reafirmó que de “utilidades, la Provincia no recibió más”.

Controles

Por otra parte, el secretario señaló que desde el lunes, en un trabajo conjunto con la dirección de Inspección Laboral (DIL), se verificará si las empresas mineras cuentan con mano de obra catamarqueña.

La medida surgió luego de que Micone visite Belén, donde recibieron “reclamos porque entraban tucumanos, salteños y de otras provincias” para trabajar en el sector. El funcionario explicó que “dentro de la Secretaría tenemos la Policía minera, desarrollo de proveedores y la parte ambiental”, con lo cual “este tipo de temas se nos complica por autoridad de aplicación”.

Es por ello que “tenemos la resolución donde pedimos que sea el 70 por ciento mano de obra catamarqueña, hablamos con la DIL para ver cómo podemos hacer inspecciones en conjunto”. “A partir del lunes se pone en marcha esto”, acotó.

Micone se refirió al potencial de la provincia dentro de la producción de litio. En este orden de ideas, expresó que Catamarca es “la primera productora de litio en el país”.

Es que, según explicó, en la actualidad “estamos -produciendo- 15 mil toneladas y pasaremos a las 25 mil toneladas de carbonato de litio, con todo lo que implica eso a nivel mundial”.

En esta última línea, el funcionario rescató que “hoy estamos pisando el cuarto lugar, pero con los otros proyectos que están factibilizados y pueden llegar a ponerse en marcha en estos dos años podemos estar tocando el segundo, sino el primero, en lo que es la producción de litio de salmuera”.

Oportunidades

En tanto, Micone contrastó la política minera que se hizo en la actual gestión de Gobierno con relación a precedentes. “Perdimos una gran oportunidad de generar algo importante para la provincia en los 20 años de producción que tiene Catamarca”, evaluó para rescatar que se deben “tener políticas que se desarrollen y ejecutarlas”.

Así, apuntó que “en estos años trabajamos fuertemente para dar vuelta esa hoja y tratar de que las empresas entiendan que tiene que contratar servicio y mano de obra local”.

“En 3, 4 años de gestión pusimos en valor los recursos”, expresó y sostuvo que “no nos puede pasar como pasó”.

Fuente:http://www.elindependiente.com.ar/pagina.php?id=181624

Mexico

ACTA PÚBLICA: Omisos Grupo México y el Estado

Ahora que la Unión Europea ha sancionado a España por sus deficientes o nulos procesos para deshacerse o transformar desechos; es conveniente recordar el impacto de la tragedia que en los poblados a lo largo del río Sonora y su ramal el Bacanuchi, provocó la mina Bellavista del Cobre, filial del Grupo México propiedad de Germán Larrea Mota, el 6 de agosto de 2014, al derramar millones de metros cúbicos de metales pesado y sulfato de cobre en las aguas de los ríos mencionados.

Aquello fue una catástrofe primero acotada como ecológica que dio la vuelta al mundo. Pero no pasaron muchos días cuando las autoridades de siete municipios por los que pasaban el Sonora y el Bacanuchi, advirtieron la emergencia sanitaria y más tarde económica.

Cientos de trabajadores de la mina eran por supuesto pobladores de la región y al mismo tiempo afectados ellos,  sus familias y sus amigos.  A la fecha se contabilizan 24 mil afectados directamente y 250 mil de manera indirecta.

El derramé de tóxicos por la mina, afectó la producción agrícola y ganadera, el comercio y los servicios, lo que en meses provocó un desastre también económico.

El control de daños fue cosmético.  Tocó por instrucción presidencial a Alberto Navarrete Prida, entonces titular de la Secretaría del Trabaja y Previsión Social (STPS), atender directamente con los directivos de la minera aquélla calamidad que caía sobre los pobladores.  Claro, había que contener una demanda laboral millonaria y atemperar la situación alarmante usando a los mismos trabajadores-pobladores.

A poco menos de un mes de la tragedia, Grupo México hizo el compromiso firmado ante autoridades legales y de funcionarios federales; de crear un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para reparar daños de forma individual y a nivel regional, así como instalar 28 plantas de tratamiento de agua con tecnología para filtrar metales pesados, además de la edificación de una clínica para tratar a quienes tuvieran secuelas de salud por el derrame de tóxicos.

En 2017 la Organización de la las Naciones Unidas (ONU), a tres años de la tragedia, realizó una inspección in situ, para percatarse que Grupo México ha incumplido y el Estado igual no ha movido ni una de sus piezas del tablero para hacerlo cumplir.

Los damnificados por el derrame de tóxicos de la mina Bellavista del Cobre se encuentran en perores condiciones que el mismo día del derrame y hasta ahora todas las puertas que tocan, incluso del gobierno local y federal, no se las abren.

Ese gran derrame de la mina les cambió para mal la vida a los pobladores de al menos seis municipios a lo largo del río Sonora y nadie les extiende un apoyo, los dos mil pesos que les dieron en un principio, es claro que sirvieron para callar los reclamos internacionales y nada más.

Aquí en México, en la práctica, las grandes empresas tienen más derechos y canonjías que los gobernados.  Ya ni hablar de los males a la salud que provocan las antenas repetidoras de telefonía celular o los mismos medidores de energía eléctrica en cada inmueble; repercusiones negativas investigadas y avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El empresario el primero de la fila.  El pueblo hasta el final. ¡Ya basta!

Acta Divina… Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, no ha realizado hasta ahora, ninguna declaración sobre el catalogado mayor desastre ambiental de los últimos tiempos provocado por la mina filial Bellavista del Cobre.

Para advertir… También el presidente Enrique Peña Nieto ha evadido hasta ahora, hablar de la tragedia en el río Sonora y sus márgenes, que por cierto, ya ha cobrado vidas.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/07/acta-publica-omisos-grupo-mexico-y-el-estado/

 

Mexico

Comunidades de Oaxaca se unen contra la minería

Defensores de la tierra y del territorio de 30 comunidades campesinas zapotecas de los valles de Tlacolula, Ocotlán, Ejutla, Zimatlán y Miahuatlán, así como 25 organizaciones sociales, constituyeron en el municipio de San Antonino Castillo Velasco la Asamblea de los Valles Centrales contra la minería en Oaxaca.

En la escuela Esteban Vásquez se reunieron integrantes de organizaciones no gubernamentales, entre ellas Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Tequio Jurídico AC y Servicios para una Educación Alternativa Educa, que repudiaron todo proyecto o política que atente contra la vida comunitaria, los sistemas productivos, el tejido social, el medio ambiente y ‘‘nuestros sistemas normativos y territorios’’.

Recordaron que hace una década territorios de Oaxaca fueron concesionados a mineras sin el consentimiento de los pueblos, pues no se hicieron consultas, como estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Señalaron que 90 mil hectáreas de los Valles Centrales de Oaxaca se encuentran en peligro, principalmente por las operaciones de las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp., que convirtieron a Oaxaca en el octavo productor nacional de oro y plata, lo que ‘‘para nuestras comunidades se ha traducido en violencia, asesinatos, agresiones, daños irreversibles al medio ambiente, rompimiento del tejido social, divisiones y enfrentamientos’’.

Expusieron que durante una década han denunciado ante instancias federales y estatales la violencia con que operan esas empresas en Oaxaca, pero no han recibido respuesta. Por ello, ‘‘las comunidades zapotecas de los Valles Centrales declaramos nuestros territorios prohibidos para cualquier actividad de prospección, exploración y explotación minera’’.

En Oaxaca se han otorgado 322 concesiones mineras que abarcan alrededor de 160 mil hectáreas, para extraer plata, oro, cobre y zinc, principalmente. De estas concesiones, 87 se encuentran en los Valles Centrales, y de ellas se derivan 18 proyectos mineros. En primera etapa de desarrollo se encuentra uno de ellos en la comunidad Trinidad Norte, y en segunda etapa de explotación comercial los de San José y El Águila. Asimismo, 15 están en fase de exploración en el estado.

Pedro Márquez, integrante de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar, explicó que la declaratoria se decidió ‘‘por la vida, la paz y el desarrollo comunitario, con respeto a la madre tierra’’.

Agregó que también acordaron buscar la cancelación del Corredor Industrial Minero en los Valles Centrales y exigir justicia para Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez, ‘‘asesinados en 2012 por su trabajo en defensa de los territorios en San José del Progreso’’.

Fuente:http://www.jornada.com.mx/2018/07/27/estados/030n1est

Argentina

La minería “sustentable” que se promete es solo una ilusión

Durante las denominadas Jornadas Informativas sobre el Proyecto de Zonificación Minera, se presentó el Programa HMS (Hacia una Minería Sustentable). Lejos de solucionar las problemáticas reales de la megaminería, este modelo es una mera estrategia de marketing, que utiliza palabras como “sustentabilidad”, “estándares internacionales”, “responsabilidad” y “participación”, para lograr la licencia social.

El programa HMS (Hacia una Minería Sustentable) fue creado por la Asociación Minera de Canadá en el año 2004 al cual adhirió la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) en al año 2016. Si bien se expone como garantía de desarrollo sustentable de la actividad minera, con estándares internacionales de calidad y control, aún no ha sido implementado en ningún proyecto del país.

La geógrafa Graciela Kekiskian, coordinadora del HMS, es quien presentó el Programa e insistió que ahora el compromiso de la industria es velar por el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. Enmarcados en las críticas debida a los desastres ambientales ocasionados en la Argentina y el Mundo, después de 14 años decidieron adherirse al programa para obtener la licencia social de los proyectos.

Sin embargo, es necesario aclarar que para realizar el control de un proceso, las etapas deben estar delimitados en tiempo y espacio, lo cual es imposible de realizar en esta “minería moderna” que incluye fases como pulverizar montañas enteras liberando partículas cargadas de metales pesados a merced del viento que serán esparcidas en el ambiente, como así también, la presencia de diques de cola con desechos tóxicos que permanecerán a perpetuidad en el lugar. Por ejemplo, no existe manera de diseñar un dique de colas, previendo los fenómenos que está ocasionando el cambio climático mundial, que impidan un  rebalse o su destrucción.

El  programa en nuestro país, sólo hizo el relevamiento de 6 proyectos para conocer el estado actual de los mismos. Por lo tanto, no se puede prometer que en los nuevos proyectos la sola adhesión garantice un desarrollo sin inconvenientes, particularmente en nuestra provincia en la cual el ex-ministro de Ambiente, Lic. Ignacio Agulleiro, afirmaba que era imposible realizar un control ambiental serio, tal como lo vemos en la pesca y el petróleo.

En éste contexto,  recordamos las afirmaciones de empresas como Medirian Gold o Minas Argentinas hacían años atrás, cuando hablaban de que con controles se podía hacer una minería sin riesgos. Evidentemente, los controles con los que ellos garantizaban la protección del medio ambiente no eran suficientes y los accidentes ocurridos en emprendimientos como La Alumbrera y Veladero entre otros, lo demuestran.

En el sitio oficial de CAEM se menciona que por la implementación del HMS, los socios se comprometen a trabajar en pos de: la inclusión de comunidades, el impulso de prácticas ambientales líderes a nivel mundial y el compromiso con la seguridad y salud de empleados y comunidades aledañas. Sin embargo, todo lo descripto dista mucho de ser cierto debido a que: a) se sigue promocionando la minería sin que se haya cumplido con la  consulta previa  a los pueblos preexistentes de la Meseta patagónica como lo establece el Convenio  169 de la OIT, b) no se han presentado en los encuentros con las comunidades los anteproyectos de Navidad o Cerro Solo, detallando los probables impactos positivos y negativos de los mismos, c) es ridículo mencionar que las comunidades puedan intervenir en un control externo de los emprendimientos sin tener las herramientas necesarias para poder hacerlo, d) se desconoce la soberanía de la provincia promoviendo actividades que están prohibidas por ley, e) poco se puede garantizar la seguridad y salud de empleados y pobladores si, según el Consejo de Minería Ambiental de Canadá, se afirma que ningún método científico (estático o dinámico) puede dar conclusiones definitivas de la magnitud de producción del drenaje ácido de mina, y f) la implementación de cualquier programa de calidad lleva muchos años para desarrollarse y requiere de mayores inversiones que podrían hacer no rentable el proyecto.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/41642-la-mineria-sustentable-que-se-promete-es-solo-una-ilusion

Mexico

LA RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA NOS SOLIDARIZAMOS CON LAS ORGANIZACIONES Y FAMILIARES DE LOS COMPAÑEROS ASESINADOS ESTA SEMANA EN EL ESTADO DE OAXACA

El pasado 22 de julio, en la Cd. de Juchitán Zaragoza, fue asesinado Crispín López, integrante de la Asamblea Comunitaria de la comunidad de Álvaro Obregón, pueblo que desde el 2012, se mantiene en resistencia contra el proyecto eólico Mareña Renovables. Este mismo mes también fue asesinado Abraham Hernández Gonzáles, del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), organización emprendedora de procesos de autogestión en alrededor de 50 comunidades, quienes han denunciado el daño causado por los talamontes. Los integrantes de CODEDI Alejandro Antonio Díaz Cruz de 42 años, Ignacio Basilio Ventura Martínez de 17 años y Luis Ángel Martínez de 18 años también fueron asesinados el 12 de febrero de este año.

De acuerdo a la visión de la clase gobernante y de la iniciativa privada nacional y extranjera, el estado de Oaxaca forma parte de una región estratégica para la implantación de proyectos relacionados al modelo extractivo, por lo tanto, no es casual que la región del Istmo de Tehuantepec, por su posición geopolítica y la gran diversidad de sus bienes naturales, sea una zona con elementos fundamentales para aquellos que pretenden imponer “formas” para la inversión bajo el establecimiento de Zonas Económicas Especiales (ZEE), siendo éstas una especie de territorios desincorporados del estado mexicano, que serán administradas tanto por el sector empresarial, como por los poderosos capitales internacionales y nacionales, con el propósito de imponer diferentes proyectos extractivos de carácter privado, apoyados por gobernantes que utilizan un discurso basado en el interés y la utilidad pública.

Son varias las compañeras y compañeros del Istmo que han sido víctimas de la imposición de proyectos extractivos, muchos de ellos proyectos de poderosas trasnacionales entre los que destacan; la industria petrolera, los parques eólicos, hay también proyectos hidroeléctricos, además de la entrega de poco más de 300 concesiones mineras de empresas privadas nacionales y extranjeras, que buscan principalmente el hierro y los metales preciosos.

El pueblo oaxaqueño es un detonador nacional de procesos de resistencia contra megaproyectos, al mismo tiempo que es generador de propuestas autogestivas basadas en sus procesos identitarios y culturales, que por supuesto los grandes inversionistas desdeñan y es por ello que, las comunidades, se ven obligadas a luchar por la defensa de su tierra y territorio, en donde los efectos no se hacen esperar con amenazas, intimidación, coacción, división comunitaria, represión, criminalización de la protesta social, daños a la salud y al ambiente, incluyendo los cobardes y lamentables asesinatos de las y los compañeros que no se han dejado deslumbrar por las falsas promesas de los capitales privados, que actúan en contubernio con los tres niveles de gobierno.

Las y los integrantes de la REMA expresamos nuestra profunda preocupación por las políticas extractivistas que han sido impuestas en nuestro país, porque no importando si son de capitales privados nacionales o extranjeros, atentan contra la vida misma, por lo tanto, creemos que mientras este tipo de proyectos prevalezcan, continuará agudizándose la contaminación, los daños a la salud, el despojo y el desplazamiento forzado, entre otras consecuencias que son, sin duda alguna, la peor expresión del modelo extractivo.

Enviamos un abrazo solidario y fraterno a familiares y amigos de Crispín y Abraham, a la vez que nos unimos a la exigencia de justicia y castigo a los culpables materiales e intelectuales, quienes perpetraron el cobarde asesinato de ambos compañeros.

¡FUERA PROYECTOS EXTRACTIVOS DE NUESTROS TERRITORIOS!
 ¡ALTO A LOS ASESINATOS DE LAS Y LOS DEFENSORES DEL AGUA, LAS MONTAÑAS Y LOS RÍOS!
 
 RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA
REMA

Fuente:http://www.remamx.org/2018/07/comunicado-la-red-mexicana-de-afectados-por-la-mineria-nos-solidarizamos-con-las-organizaciones-y-familiares-de-los-companeros-asesinados-esta-semana-en-el-estado-de-oaxaca/

Chile

Pueblo sin agua, pueblo muerto: la advertencia del Acta de Tarapacá sobre la sobreexplotación del Desierto de Atacama

El desierto de Atacama es uno de los más antiguos y áridos del mundo, pero hace miles de años este paisaje, que asombra por su parecido con el planeta Marte, albergaba numerosos oasis y ecosistemas con plantas y animales que desaparecieron tras una serie de cambios climáticos.

Sin embargo, la sobreexplotación de sus recursos hídricos, junto a fenómenos actuales como el cambio climático global, amenazan nuevamente la estabilidad de esta zona, lo que ha motivado la publicación del Acta de Tarapacá, el llamado de un grupo interdisciplinario de investigadores sobre la urgencia de resguardar el agua en este emblemático lugar del norte de Chile.

“El nivel de extracción supera, en orden y magnitud, la capacidad de recuperación de las fuentes hídricas. Por ello, en el Acta de Tarapacá abogamos a que el agua del desierto debe tratarse como un recurso no renovable”, afirma Claudio Latorre, científico del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), académico de la Universidad Católica y uno de los autores de la declaración que fue publicada este miércoles en el editorial de Chungara Revista de Antropología Chilena.

Los especialistas coinciden en que las tasas actuales de extracción de agua para fines industriales, rurales, urbanos y domésticos son insostenibles, en especial si consideramos que las fuentes hídricas en el desierto de Atacama se restringen a napas subterráneas con aguas fósiles, acumuladas durante milenios en las zonas altas del desierto, y a escorrentías superficiales provenientes de lluvias estacionales e intermitentes de la cordillera de los Andes.

Para hacerse una idea, la última sobrecarga hídrica significativa ocurrió entre 17.000 y 10.000 años atrás, cuando las condiciones climáticas eran más húmedas en la región y las precipitaciones en las zonas altas eran dos a tres veces superiores a las actuales.

Un caso preocupante es el de las napas subterráneas en la Pampa del Tamarugal, las cuales han disminuido varios centenares de metros en los últimos decenios debido a la sobreexplotación. A esto se suma un efecto colateral del cambio global, como es la falta de precipitaciones en la zona andina. Latorre explica que “los acuíferos más grandes del norte grande, como el de la Pampa del Tamarugal, se recargaron con agua entre periodos glaciales e interglaciales, es decir, a escala de cientos de milenios. Podríamos esperar una próxima recarga para comienzos del próximo interglacial, en 120 mil años más.”

A esto se suma la desecación o contaminación de humedales, bofedales, salares, oasis, acuíferos, entre otros, lo que traería consigo un aumento en la toxicidad de las aguas de escorrentías, así como el empobrecimiento y potencial destrucción de los ecosistemas. Además, las especies nativas y endémicas enfrentan una amenaza constante por la devastación de sus hábitats, como es el caso de los flamencos o el tamarugo, árbol único de Chile que estuvo a punto de desaparecer por la deforestación en la época de las salitreras, y que, pese a haberse recuperado luego de que se implementaran programas de reforestación, hoy vuelve a estar en jaque por la utilización irracional de agua.

“En el corto plazo vamos a ver la pérdida de ecosistemas completos. El tamarugo es como el canario del minero, sus raíces alcanzan las napas pero, a medida que los humanos sacamos agua, esas napas bajan y los tamarugos se secan. En algunos lugares ya hay una mortalidad masiva de estos árboles. Obviamente el impacto no se limita a los acuíferos, también se extiende a toda la precordillera y cordillera de los Andes. Las grandes operaciones mineras han secado bofedales completos en lugares como el salar del Huasco”, agrega el investigador.

Si consideramos el contexto del cambio climático, los modelos predictivos muestran una intensificación del flujo de vientos desde el oeste en altura, lo que impediría el ingreso de lluvias al altiplano con la consecuente reducción de las precipitaciones anuales de hasta un 30% para el año 2100. Si bien los modelos muestran probabilidades, la información que entregan es valiosa para vislumbrar los distintos escenarios que podrían ocurrir.

Una visión antropocéntrica

El desierto de Atacama no solo posee ecosistemas únicos: también es fundamental para las comunidades locales y sus modos de vida tradicionales, así como para la industria minera o de energías renovables no convencionales (ERNC). No obstante, hace más de 3.000 años las innovaciones tecnológicas introducidas en la zona se han enfocado casi exclusivamente en aumentar las capacidades extractivas de los recursos hídricos, lo que se ha exacerbado en el último tiempo. Esta visión antropocéntrica también reviste un riesgo al provocar conflictos socioambientales.

Si todo permanece igual, se desencadenaría el abandono de territorios rurales, la sobrepoblación de las áreas urbanas y la marginalización de las comunidades del norte del país, afectando de forma directa a más de un millón y medio de personas, alrededor del 9% de la población chilena.

Los autores del acta proponen que el Estado declare al agua como un derecho inalienable y un problema de prioridad nacional. También solicitan que se establezcan políticas públicas para un manejo eficiente y que incluya la extracción de fuentes de agua alternativas, como la condensación de camanchacas. Asimismo, llaman a promover la investigación, el desarrollo de tecnologías de alta sustentabilidad y una cultura hídrica para valorar y preservar este elemento.

“Es fundamental contar con políticas de manejo hídrico. Es inconcebible que en el norte grande no exista un sistema que aproveche, por ejemplo, las aguas grises con las que podrían regar jardines, en vez de usar aguas fósiles que tienen 20 mil años. El Acta de Tarapacá es una reflexión que apunta a evitar problemas graves para las futuras generaciones”, concluye Latorre.

El pasado 4 de junio se lanzó en una ceremonia el “Acta de Tarapacá”, un manifiesto al que se adscribieron 18 premios nacionales y que fue preparado por investigadores de la Universidad de Tarapacá, Universidad de Chile, Universidad Alberto Hurtado, The Pennsylvania State University, Pontificia Universidad Católica de Chile, LINCGlobal, Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Center for Climate and Resilience Research (CR)2, Universidad de Concepción, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), entre otros.

Fuente:http://www.eldesconcierto.cl/2018/07/26/pueblo-sin-agua-pueblo-muerto-la-advertencia-del-acta-de-tarapaca-sobre-la-sobreexplotacion-del-desierto-de-atacama/

Perú

Concesiones mineras cerca de frontera de Perú y Ecuador

Nuevas concesiones mineras se están dando en Ayabaca, Piura. El viernes se publicó el Decreto Supremo N° 016-2018-EM que declara de necesidad pública la inversión privada e actividad minera y autoriza a la empresa minera: Sociedad Minera San Miguelito S.A.C., a adquirir derechos mineros dentro de los 50 km. de zona de frontera en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca en Piura.

Eso se da a pesar de que la Constitución peruana señala en el artículo 71 que no se pueden realizar actividades económicas en zonas froterizas, pero se ha dado un Decreto para hacer una «excepción». No se trata del único caso donde se aplica , hay otros permisos dados en esa zona como el que se otorgó al proyecto minero Río Blanco.

 

El principal accionista de Sociedad Minera San Miguelito SAC. es la empresa canadiense Plexmar Resources INC. que tiene el 99.9% del capital social, siendo que el 0.01% del capital restante está a nombre de Danilo Guevara Cotrina. Guevara es abogado y es apoderado además de San Miguelito, de Sociedad Minera Corona S.A.C., Minera Ate SAC. y de Dia Bras Perú SAC.

La empresa minera canadiense Plexmar Resources INC informó que cuenta actualmente con 24 concesiones que cubren un total de 22.500 hectáreas en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca en Piura. Este es un segundo decreto a su favor que esta vez autoriza en total 2000 hectáreas, que sumadas a las 1800 hectáreas ya autorizadas en enero del 2018 con otro decreto similar, ya suman 3800 hectáreas con autorización de ser operadas para minería en zona de frontera.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/775-concesiones-mineras-cerca-de-frontera-de-peru-y-ecuador