Ecuador

Preocupación por las áreas mineras en Nulti

Mañana a las 20:00, en la casa comunal de San Juan Pamba, se expondrá el borrador del estudio de impacto ambiental del área minera Challiyacu, proyecto al que, desde ya, un grupo de moradores de la parroquia Nulti se opone rotundamente.

El proyecto, explica Fabián Carpio, uno de los moradores de la zona que se opone al proyecto, ha sido negado en ocasiones anteriores por la Municipalidad.
Gustavo Chacón, otro de los moradores de la zona, comenta que la minería ha ido “acabando poco a poco” con las zonas de Guangarcucho, Llactón, San Juan Pamba, El Molle y Challuabamba debido a la contaminación ocasionada por el traslado de material, y los impactos propios de la actividad minera.

El director de Minas de la Municipalidad, Pablo Crespo, indicó que en los sectores de Minas, San Juan Pamba, Llatcón, Chaguarpamba, Chocarsí y Guangarcucho se extrae material desde hace 30 años y es un área que se ha determinado como apta para la extracción de áridos y pétreos.

“Hay permisos que fueron entregados desde el 2004, y el Municipio no ha entregado permisos nuevos en el sector, lo que estamos haciendo es regular los trabajos que están allí por un derecho adquirido”, afirmó.
Aclaró que, por parte de su dirección, “no se permite extracción en la zona de delimitación del área patrimonial de El Plateado, ni en la zona de expansión urbana de Challuabamba”. La ordenanza que sanciona las normas urbanísticas y reguladoras del plan parcial de urbanismo de Challuabamba no contempla la extracción minera.

Reclamos
Pero esto no convence a los moradores de la zona que anuncian que asistirán en forma masiva a la socialización prevista la noche del jueves, y presentarán su voz de protesta por lo que consideran una afectación directa a su salud, y al patrimonio cultural y natural de Cuenca.
Fabián Carpio expone un documento en el que, ya en el 2004, el Municipio negó la autorización para la explotación de Challyllacu, basándose en un informe de la Comisión de Medio Ambiente de aquel entonces, que consideró que la explotación minera en el lugar no era recomendable.

Añade que, en un informe de abril del 2017, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, indica que, dentro del polígono de protección, amortiguamiento, o de segundo orden de El Plateado, existe extracción minera y de áridos, así como la obstrucción de la quebrada Challiyacu.
Con base en esto, pide a la Municipalidad regular la actividad minera en la zona, realizar controles ambientales y patrimoniales, preservar el contexto paisajístico y natural, y evitar el daño ambiental a la quebrada Challyllacu.

Importancia
Chacón indica que la afectación de la minería es “evidente”. “Tráfico, ruido, el ir y venir de volquetas, polvo, humo de los vehículos pesados, vibración, todo esto en un medio que ya es urbano, es algo que nos preocupa a todos”, explica.
El docente de la Universidad del Azuay manifiesta que El Plateado es uno de los pocos sitios de Sudamérica con residuos fósiles de animales extintos, pero también guarda vestigios cañaris, y es hogar de plantas, anfibios y aves endémicas. “Es un lugar para investigar, para educar, no podemos permitir que la minería acabe con él”, asegura.

“Si no hay control sobre la minería, si se da paso a nuevos trabajos de extracción, iremos en masa, todos los moradores, y haremos lo que sea necesario para proteger este sitio que es parte de la herencia que como sociedad dejaremos a nuestros hijos”, enfatizó.
El concesionario del área y propietario de los terrenos informó mediante redes sociales que actúa al amparo de la ley, y aseguró que tiene derecho a usar y gozar de sus predios. Este diario intentó comunicarse con él, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición. (RET) (I)

Fuente:http://www.eltiempo.com.ec/noticias/cuenca/2/427699/preocupacion-por-las-areas-mineras-en-nulti

Internacional

Ben Magec reclama que las instituciones canarias rechacen toda minería marina frente a las islas

La federación ecologista reacciona así a las prospecciones autorizadas por Marruecos. Critica que «la Comisión Europea y el Gobierno de España siguen ralentizando y recortando la declaración de área marina protegida»

La Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, que agrupa a lasprincipales asociaciones ambientales de Canarias, entre las que se encuentran El Guincho (Lanzarote) y Agonane (Fuerteventura), reclama posicionamientos de las instituciones canarias contra la minería marina en aguas próximas a las Islas tras las prospecciones petrolíferas anunciadas por Marruecos frente a Lanzarote y Fuerteventura.

«Las compañías mineras y los fondos especulativos multinacionales vienen repartiéndose como buitres las licencias mineras en la costa africana. Muchas veces de espaldas a las necesidades de las poblaciones locales. Repiten las políticas coloniales del siglo XIX, pero ahora en el mar. Extraen beneficios y condenan a las sociedades locales a la contaminación, la degradación laboral y la pobreza», señalan desde Ben Magec-Ecologistas en Acción, desde donde recuerdan que la sociedad y las instituciones canarias reaccionaron en su momento «contundentemente contra esta dinámica con la oposición a las prospecciones petrolíferas de Repsol», pero considera que «no es suficiente».

«Hace unos meses era un proyecto internacional el que buscaba minerales como el telurio o las tierras raras junto a Canarias, sin informar a la sociedad canaria. Recientemente los clubes de buceo nos advertían de explosiones submarinas. Ahora son las autorizaciones en la costa africana cercana», apunta desde la federación ecologista, desde donde afirman que, mientras tanto, «la Comisión Europea y el Gobierno de España siguen ralentizando y recortando la declaración de área marina protegida, a través del LIC o de cualquier otra figura de alcance internacional sobre esta zona».

 

Capacidad de decisión de la sociedad canaria


Por ello, desde Ben Magec-Ecologistas en Acción solicitan a todas las instituciones canarias y a las distintas formaciones políticas que se adopten acuerdos plenarios «de forma urgente» contra la minería marina en aguas próximas a Canarias, en torno a una serie de objetivos. El primero de ellos, apuntan desde la federación ecologista, es que «la sociedad canaria y sus instituciones necesitan tener información directa y capacidad de decisión sobre cualquier solicitud o gestión relacionada con actividades mineras o potencialmente contaminantes en las aguas de las Islas». «Es prioritario promover iniciativas en el Congreso de Diputados y en el Senado para que el Gobierno de España asuma formalmente este compromiso», añaden.

Asimismo, consideran que «el Gobierno de España y la Comisión Europea deben atender las reivindicaciones de la comunidad científica internacional para poner en valor las características ambientales singulares del canal entre Canarias y África, y promover acuerdos de cooperación internacional para asegurar la protección ambiental de la zona ante posibles amenazas mineras» y que «los partidos políticos deben llevar al Congreso y al Senado iniciativas en este sentido».

Por último, Ben Magec-Ecologistas en Acción cree «necesario que el Gobierno de España y la Comisión Europea alcancen acuerdos con los países vecinos para el desarrollo en la zona de proyectos energéticos sostenibles y renovables, en los que primen el interés social por encima de los balances de las multinacionales y los fondos especuladores».

 

Fuente:https://www.lavozdelanzarote.com/articulo/politica/ben-magec-reclama-instituciones-canarias-posicionen-prospecciones-marruecos/20180110121242123480.html

Colombia

Plan para combatir el uso del mercurio en la minería está en pañales: Contraloría

La Contraloría adelantó una auditoría con el fin de evaluar el Plan Único Nacional de Mercurio, una de las estrategias del gobierno y las autoridades seccionales para controlar el uso de este elemento en la minería artesanal, sobre todo en la extracción del oro.

Según esta investigación del organismo de control, conocida por RCN Radio, “la Contraloría General de la República constituyó 24 hallazgos administrativos de los cuales seis tienen presunta incidencia disciplinaria y dos de carácter penal”.

Entre las fallas del plan sobresale por ejemplo que, “se encontraron debilidades estructurales en materia de gestión integral de la política, dada la ausencia de una instancia de direccionamiento que lidere todo el ciclo de gestión del plan visto como un todo, desde la planificación, la identificación de necesidades, consecución y asignación de recursos, la ejecución de las actividades hasta la evaluación de avances y resultados para la toma de los correctivos necesarios”.

Para el organismo, aunque el Plan incluye una relación de lo que se debe hacer, no se despliega en una estrategia global o una hoja de ruta articuladora para el desarrollo de las actividades.

“Lo anterior trae como consecuencia un mayor riesgo de dispersión de los distintos esfuerzos, que se potencia aún más con la ausencia de un esquema para el seguimiento, monitoreo y control de los avances, productos y resultados del Plan”, señala la Contraloría.
También se evidenciaron deficiencias en el cumplimiento de las funciones, competencias y atribuciones de algunas autoridade s ambientales en varias etapas del ciclo del mercurio.

El informe también aborda el uso del asbesto. En este sentido, señala que “en relación con el control por parte de las autoridades ambientales para la utilización del asbesto en el territorio nacional, se encontraron algunas deficiencias en materia de la gestión ambiental de la única mina de asbesto que se encuentra en el territorio nacional así como en el control ambiental a las plantas de producción que utilizan este mineral”.

La principal conclusión del organismo de control es que estos planes para combatir el uso del mercurio en la minería, no está bien articulado.

Evaluación

Fueron 7 ministerios y dos entidades adscritas al Gobierno, los auscultados por el organismo, con el fin de evaluar si en efecto se está cumpliendo con este control, entre ellos los de Minas y Energía, Ambiente, Salud, Agricultura, Trabajo, Comercio y Transporte, así como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) yel Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

También fueron evaluadas ocho corporaciones autónomas regionales, entre ellas, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (CODECHOCO), Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (CORNARE), Corporación Autónoma Regional de Nariño (CORPONARIÑO), Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (CORPOURABA), Corporación Autonoma Regional del Atlántico (CRA),y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

Según la Contraloría, “la auditoría consultó y contó con el apoyo, en calidad de experto, del Programa Oro Legal de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), organismo que realiza medición de mercurio en aire en los municipios de Segovia, Remedios (Antioquia) y Condoto (Chocó), y trabaja en la formalización de 220 operaciones mineras artesanales, la rehabilitación de 11.500 hectáreas de tierras degradadas y la capacitación a 3.500 mineros en técnicas de minería responsable en los departamentos de Antioquia y Chocó”.

Esta auditoría de cumplimiento fue adelantada por parte de la Contraloría, en el 2017.

Efectos

El informe de la Contraloría advierte que los principales efectos se relacionan con afectaciones en el desarrollo intrauterino, el cerebro y el sistema nervioso y el desarrollo neurológico.

“Además, cuando la exposición es prolongada y niveles elevados de mercurio, se presentarán lesiones cerebrales y en general afectaciones a los sistemas nerviosos central y periférico, el sistema inmunitario y los aparatos digestivo, respiratorio y urinario (riñones), pudiendo ocasionar la muerte”, advierte el organismo.

Entre tanto, detrás de China e Indonesia, según datos del Departamento Nacional de Planeación, Colombia sería el tercer país con mayores índices de contaminación por mercurio. Así lo explicó a RCN Radio Milton Montoya, director de investigaciones del departamento de Derecho Minero de la Universidad Externado.

Panorama

Según investigadores de la Universidad Externado de Colombia, al menos 80 ríos colombianos estarían contaminados con mercurio. En el día del agua RCN Radio investigó el tema y encontró que los departamentos de Chocó, Bolívar y Antioquia son los que más presentan esta riesgosa práctica.

Una investigación realizada por la Universidad Externado de Colombia en 2016 documentó que en Colombia el 60% de la minería es ilegal. Este ejercicio involucra una práctica que pone en riesgo la calidad del agua y del aire: el uso del mercurio.

Según información del Ministerio de Ambiente conocida por RCN Radio, entre los departamentos que más presentan este tipo de prácticas se encuentran Antioquia, Nariño, Cauca, Bolívar y Chocó.

“El mercurio ha sido utilizado particularmente en la minería ilegal y artesanal como un elemento para separar los metales y las arenas”, afirmó el investigador Montoya.
“La problemática de la utilización del mercurio en esos procesos mineros no es solamente el vertimiento en las fuentes hídricas, sino también la contaminación de los mineros que manipulan este elemento, básicamente por la evaporación e inhalación de estos vapores”, agregó Montoya.

Por su parte, Planeacion Nacional, junto con otros organismos del Estado, adelantó en 2016 un informe sobre los efectos negativos del uso del mercurio en la minería del oro.

Según el reporte, “entre 2013 y 2015, según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud (INS), se reportaron 1.126 casos de intoxicación por mercurio en Colombia, en 18 departamentos y 59 municipios del país“.

El informe da cuenta de que los departamentos más afectados son Antioquia (312 casos), Chocó (218), Córdoba (206), Bolívar (167) y Sucre (143).

“El municipio con más casos reportados en esos tres años fue Ayapel (Córdoba), con 139 registros (12,3% del país). Le siguen los antioqueños Caucasia, con 125 registros (11% del país) y El Bagre, con 78 (7% del país)“, se señala en el reporte.

No obstante, estos datos pueden presentar subregistros teniendo en cuenta que solamente abarcan las atenciones hospitalarias de los eventos agudos de intoxicación.

Es así que el 60% de los municipios con minería ilegal registran casos de intoxicación por mercurio.

 Fuente:http://www.rcnradio.com/economia/plan-combatir-uso-del-mercurio-la-mineria-esta-panales-contraloria/
Argentina

Intendentes de Chubut piden al gobernador que avale un proyecto minero

Un grupo de intendentes de Chubut pidió impulsar el Proyecto Navidad, que prevé una inversión de u$s 1000 millones pero se enfrenta con la prohibición que rige para las explotaciones mineras a cielo abierto en la provincia.

En una carta dirigida hoy al gobernador chubutense, Mariano Arcioni, sucesor del difunto Mario Das Neves, los jefes comunales reclamaron que se permita el desarrollo minero de la provincia y consideraron que ese proyecto abrirá «un abanico de posibilidades para el desarrollo local».

Negar el desarrollo minero es negar las posibilidades de desarrollo de la región y de superar una crisis de largo tiempo», subrayaron los intendentes de Gastre, Marcelo Aranda; de Telgen, Leonardo Bowman; de Los Altares, Mario Oviedo; de Lagunita Salada, Miguel Ancamil, y de Las Plumas, Miguel Colón. También suscribieron los intendentes de Paso de Indios, Mario Pichiñán; de Gan Gan, Ricardo Sapúlveda, y de Paso del Sapo, Víctor Candia.

En la carta a Arcioni, reflejaron sus conclusiones luego de un encuentro que mantuvieron con autoridades nacionales para analizar la posibilidad de tratamiento de la zonificación para permitir el desarrollo minero en Chubut y los alcances del Proyecto Navidad, de explotación de plata y plomo a cielo abierto.

En esa reunión, que se realizó en diciembre, estuvieron el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, junto con el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre; de Trelew, Adrián Maderna; de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares; de Dolavon, Dante Bowen; de Rawson, Rossana Artero, y de Sarmiento, Ricardo Britapaja.

En Chubut rige la Ley 5001, promulgada en abril de 2003, que prohibe la minería metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera, texto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó en su constitucionalidad.

A pesar de la vigencia de la norma y de la expresa oposición del fallecido gobernador Mario Das Neves y de su sucesor Arcioni, la posible inversión de u$s 1000 millones por parte de la corporación Pan American Silver para explotar el yacimiento Navidad, reabrió el debate en la provincia.

Fuente:https://www.cronista.com/economiapolitica/Intendentes-de-Chubut-piden-al-gobernador-que-avale-un-proyecto-minero-20180109-0037.html

Argentina

El Gobierno impulsa una ley minera que destrabe actividad en las provincias díscolas

Busca unificar la regulación con una ley federal que estimule la extracción en distritos donde está prohibida. También podrían facilitar la compra de tierras para extranjeros.

El paquete de reformas que el Gobierno tiene en carpeta trasciende lo dado a conocer hasta el momento. La administración macrista tiene al menos dos proyectos que necesitan aval legislativo en carpeta, poco comentados en los últimos meses: una reforma de la regulación minera, con un nuevo acuerdo federal con las provincias, y cambios en la ley de tierras.

Un informe de diciembre de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) sobre los dos años de la gestión de Cambiemos, elaborado en inglés y destinado a inversores extranjeros, recoge el guante en ambos aspectos, y advierte que «el Gobierno quiere unificar las regulaciones mineras bajo una ley federal que permitiría a las compañías operar en todo el país», y para ello «planea enviar un proyecto (al Congreso) a principios de 2018, después de llegar a un consenso con las administraciones provinciales».

El informe no abunda en detalles, pero alude al nuevo Acuerdo Federal Minero que el presidente Mauricio Macri presentó en junio para reemplazar el pacto labrado en 1993, para generar un marco más amigable a las inversiones en un sector con tanta potencialidad como riesgo de generar pasivos ambientales, y que ha llevado a varias legislaturas provinciales a restringir o prohibir la extracción.

El acuerdo suscripto en junio por 14 provincias, pero sin el acompañamiento de San Luis, Chubut, La Rioja o La Pampa, todos distritos con alta capacidad, pretende eliminar el 1% que las empresas deben hasta hoy pagar para desarrollar las comunidades locales donde están sus emprendimientos, y fija un techo del 3% en regalías, que se calculará «sobre el importe total de ingresos brutos devengados», y ya no sobre el valor «boca mina» del mineral extraído. Dichas provincias también podrán recaudar el 1,5% de la facturación a través de Fondos Provinciales de Infraestructura.

Desde la cartera de Energía y Minería, que conduce Juan José Aranguren, comentaron en aquella ocasión que el Acuerdo Federal Minero busca «homogeneizar y racionalizar los instrumentos de política minera», creando «una nueva plataforma de despegue para la actividad», que ofrezca «garantías de confianza y previsibilidad tanto a inversores como a las comunidades».

El proyecto que se prevé debatir en el Congreso fija claramente que cada provincia firmante «promoverá la actividad minera y la producción de minerales según la modalidad que considere adecuada», y que la Nación «mantendrá un compendio de la normativa aplicable en el ámbito nacional y de cada provincia en materia minera», lo que obligará a las jurisdicciones a proveer al ámbito federal «la totalidad de la normativa relevante» y las modificaciones que pudieran surgir.

Entre las provincias signatarias del acuerdo se hallan Mendoza y Córdoba, que años atrás, bajo otras administraciones, prohibieron la actividad minera metalífera, pero ahora aprovecharían el impulso nacional para justificar futuros cambios en legislaciones.

Semanas atrás, desde Nación agitaron la posibilidad de retocar la Ley de Glaciares, que en términos generales veda la actividad minera en zonas glaciares y periglaciares. Pero la diputada Elisa Carrió, titular de la Coalición Cívica y socia de Cambiemos, le aplicó el veto con una carta abierta al secretario de energía, Daniel Meilán, que enterró de momento toda posibilidad de avance.

 

Fuente:https://www.cronista.com/economiapolitica/El-Gobierno-impulsa-una-ley-minera-que-destrabe-actividad-en-las-provincias-discolas-20180109-0040.html

Internacional

Carrera por litio y zinc reactiva proyectos mineros en Australia

El valor de estos proyectos aumentó a por lo menos 52,500 millones de dólares australianos (US$ 41,000 millones) en los 12 meses transcurridos hasta octubre.

Un repunte de los nuevos anuncios de proyectos de minería y energía en Australia se ve impulsado por avances en los precios de los metales desde el zinc hasta el litio, lo cual indica que un período de varios años de caída de las inversiones está tocando fondo, según el gobierno.

El valor de estos proyectos aumentó a por lo menos 52,500 millones de dólares australianos (US$ 41,000 millones) en los 12 meses transcurridos hasta octubre, su primer avance desde 2013, dijo el Departamento de Industria, Innovación y Ciencia el lunes en un informe trimestral. Los desarrolladores se sintieron estimulados por un mini auge de los precios de los metales básicos, a su vez impulsado por el fuerte crecimiento de la producción industrial mundial, de acuerdo con el informe.

Mientras que «2018 marca el final del notable boom de la inversión en recursos y energía de la última década”, hay señales positivas de nuevos gastos en el largo plazo, dijo en un comunicado Mark Cully, economista jefe del departamento.

«Un ligero aumento en proyectos que habían sido anunciados públicamente o estaban en estudio de viabilidad apunta a que se ha tocado fondo en el ciclo de inversión», agregó. El alza de los gastos de exploración también puede traducirse en una mayor inversión en el largo plazo, según el informe.

La subida de los precios del zinc y el litio ha acelerado proyectos y una mayor exploración en los últimos 12 meses, mientras que productores como BHP Billiton Ltd. anunciaron planes para posibles minas de níquel, según el informe.

Se cree que la actividad manufacturera más fuerte desde las secuelas de la crisis financiera mundial seguirá sosteniendo los metales básicos, mientras que la creciente demanda de baterías para su uso en vehículos eléctricos apoya proyectos destinados a aumentar la oferta de materias primas, incluyendo el litio.

El zinc para entrega en tres meses se disparó un 29% en la Bolsa de Metales de Londres en 2017 conforme la oferta se ajustaba, registrando su segundo avance anual consecutivo. El litio aumentó cerca de 28% al crecer la demanda, según el consultor de la industria Benchmark Mineral Intelligence.

En Australia, el valor de los proyectos de recursos ya comprometidos –para los cuales las compañías han dado su autorización final del gasto– disminuirá este año y en 2019 antes de cualquier resurgimiento de más largo plazo, conforme se complete una serie de grandes inversiones, según el informe.

En 2018 se finalizarán proyectos de gas natural licuado por cerca de US$ 100,000 millones de dólares australianos, entre ellos Ichthys LNG de Inpex Corp. y Prelude, un proyecto flotante de GNL de Royal Dutch Shell Plc. La entrega de las nuevas plantas en gran medida cerrará el ciclo actual de inversión en proyectos, dijo el departamento en su informe.

Fuente:https://gestion.pe/economia/carrera-litio-zinc-reactiva-proyectos-mineros-australia-224475

Chile

Codelco se anticipa a Ley de Glaciares e ingresa hoy modificaciones a División Andina

La estatal ingresará a tramitación ambiental un proyecto por US$250 millones que si bien mantiene en 358 hectáreas el rajo autorizado de la minera, redirecciona su explotación hacia zonas sin presencia de glaciares.

Codelco decidió adelantarse a la Ley de Glaciares. Es que para hoy a las 12 horas está previsto que la estatal presente los estudios pertinentes ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para alejar las operaciones de División Andina de las zonas con presencia de glaciares, según información a la que accedió PULSO.

El proyecto denominado “Adecuación de Obras Mineras DAND para Continuidad Operacional Actual” se ingresará a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y trata de adecuaciones a la mina rajo y a su depósito de lastre, manteniendo sin variación el resto de las operaciones y procesos productivos de División Andina.

En concreto, la iniciativa mantiene en 358 hectáreas el rajo autorizado de Andina, pero redireccionando la explotación minera hacia zonas sin presencia de glaciares. Por otro lado, habilita la capacidad aprobada del depósito de lastre, adecuando su forma para no afectar glaciares de roca y reforzando sus sistemas de captación, conducción y acondicionamiento de las aguas que entran en contacto con zonas mineralizadas. Para ello se contará con una nueva planta de pasada de 600 litros por segundo a 2.350l/s.

La iniciativa no implica aumentos de producción ni de consumo de agua, ni tampoco modifica la vida útil actual de la división.

“El diseño de este estudio de Evaluación Ambiental ha considerado las variables ambientales a través de medidas efectivas para resguardar la calidad del río y los glaciares adyacentes al rajo y depósito. La aprobación de este EIA permitirá asegurar la continuidad operacional de División Andina, la mantención del empleo y su aporte actual al valle del Aconcagua y al Estado, para que los chilenos y chilenas puedan beneficiarse con los recursos naturales del país”, explican desde Codelco.

La inversión que requerirán estas obras es de unos US$250 millones y su construcción tomará 36 meses. Durante ese período se crearán 450 puestos de trabajo en promedio, se indica.

¿Por qué hacer esto?. Según señalan en la estatal, esta iniciativa busca anticiparse a una eventual regulación sobre la actividad minera en glaciares, al tiempo de hacerse cargo de las inquietudes de los ambientalistas. Esto considerando que hoy hay varias iniciativas en el Congreso que abordan este tema.

El primer paso en esta dirección fue tomado por el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, a poco andar al interior de la organización, cuando en 2015 anunció la reformulación del proyecto de más de US$6.000 millones Andina 244, que incluía la afectación sobre seis glaciares.

“Diría que hay dos o tres hechos que han restringido la forma de hacer minería, un montón de políticas públicas que emergen con mucha fuerza, sobre todo la ley de glaciares, el cambio climático, la sequía del Norte, el tema de las comunidades, el tema ambiental, son situaciones relativamente nuevas, que le ponen un marco bastante más estrecho para desarrollar minería, y eso se superpone al natural envejecimiento o deterioro de los minerales”, comentó Pizarro en una entrevista con PULSO en noviembre pasado.

Si bien este proyecto que se ingresará hoy no está relacionado con la expansión que se deberá llevar adelante en Andina para asegurar su sustentabilidad a futuro, denominado Desarrollo Futuro Andina -hoy en prefactibidad- desde la estatal anuncian en su página web que para llevar adelante dicha iniciativa están apostando por “una nueva alternativa de desarrollo que equilibre la necesidad de aprovechar el mayor recurso mineral que poseemos, con un caso de negocio de menor inversión, menor tiempo de construcción y que se ajuste a la realidad del escenario medioambiental actual y de la industria”.

La división Andina, ubicada en la V región, tiene el 38% de los recursos mineros de Codelco.

Fuente:http://www.pulso.cl/empresas-mercados/codelco-se-anticipa-ley-glaciares-e-ingresa-hoy-modificaciones-division-andina/

Venezuela

Arco Minero- Impuesto a la explotación minera será establecido por el Presidente –

La Ley del Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero deja en manos del presidente de la República la fijación del impuesto que cobrará el país por las actividades de explotación minera, según señala el instrumento legal aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y publicado en la Gaceta Oficial N° 41.310 con fecha 29 de diciembre de 2017.

El artículo 2 de la Ley propuesta por el presidente Nicolás Maduro en septiembre, señala que “los enriquecimientos netos anuales de fuente territorial (…) se gravarán con base a lo dispuesto por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela”.

Detalla algunos criterios para establecer la alícuota de Impuesto sobre la Renta, entre ellos la capacidad de producción y procesamiento. Adicionalmente, señala que las empresas tendrán que destinar el monto correspondiente al pago del ISLR a la inversión de bienes de capital, adquisición de nuevas tecnologías, ampliación o mejoras y equipamiento del parque industrial, a la diversificación productiva e incremento de empleo, a la ampliación y desarrollo de la infraestructura empresarial, a la constitución de sociedades mercantiles o adquisición de acciones, así como a programas en materia de adecuación tecnológica de la pequeña minería».

Por otra parte, se determina que el Impuesto sobre la Renta “que se genere con ocasión de la venta del oro en el exterior autorizada por el Banco Central de Venezuela, se determinará y pagará en moneda extranjera o su equivalente en oro”.

El gobierno de Nicolás Maduro impulsa desde 2010 el llamado Arco Minero, una zona económica especial de unos 111.846 kilómetros cuadrados, en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, rico en oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.

Fuente:http://globovision.com/article/impuesto-a-la-explotacion-minera-sera-establecido-por-el-presidente

Chile

Tronaduras en Isla Riesco: la mayor contradicción medioambiental de Chile

El llamado “legado ambiental” de la Presidenta Michelle Bachelet, no puede sostener esta enorme contradicción al terminar su mandato. Aprobar las tronaduras de la Mina Invierno, de propiedad del grupo Angelini y Von Appen, en Isla Riesco, significaría un subsidio a la extracción de carbón, perpetuando el uso de combustibles fósiles para la generación eléctrica, lo que se contradice con todos los acuerdos que ha firmado el país para reducir el cambio climático.

Este miércoles 10 de enero del 2018, la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes votará si aprueba o no el uso de tronaduras en la mayor mina de carbón de la historia de Chile, Mina Invierno, en Isla Riesco. Ante ello, declaramos que es imperativo rechazar el uso de explosivos para la explotación del carbón.

El llamado “legado ambiental” de la Presidenta Michelle Bachelet, no puede sostener esta enorme contradicción al terminar su mandato; aprobar las tronaduras, significaría un subsidio a la extracción de carbón, perpetuando el uso de combustibles fósiles para la generación eléctrica, lo que se contradice con todos los acuerdos que ha firmado el país para reducir el cambio climático.

Durante el mandato de la Presidenta Bachelet, el Gobierno ha firmado acuerdos internacionales como el Acuerdo de París y la Alianza contra el Carbón en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático-COP23, que buscan la eliminación de los combustibles fósiles de nuestras sociedades y economías, y que destaca el impacto que este ha generado en la pérdida de la biodiversidad y en la salud de la población.

En este sentido, el Gobierno ha impulsado la Agenda de Energía, con su hoja de Ruta 2050, que pretende asegurar una matriz energética que contenga un 60% de energías renovables para el año 2035, eliminando así gradualmente el carbón de la matriz eléctrica. Según cifras oficiales del 2016, el parque termoeléctrico a carbón en Chile está compuesto por 29 centrales, produciendo el 44% de la generación bruta total del país, las cuales están concentradas en cinco comunas, llamadas zonas de sacrificio, generando graves daños en la salud de la población, ecosistemas y en las economías locales.

Asimismo, con el objetivo de valorar y conservar nuestro patrimonio ambiental, este año se materializará el protocolo de acuerdo para la creación de la Red de Parques de la Patagonia, que abarcará 4,5 millones de hectáreas de áreas protegidas, en donde el futuro Parque Nacional Kawésqar aportará con 2.800 millones de hectáreas, parte de la cuales están en Isla Riesco.

Asimismo, con el objetivo de valorar y conservar nuestro patrimonio ambiental, este año se materializará el protocolo de acuerdo para la creación de la Red de Parques de la Patagonia, que abarcará 4,5 millones de hectáreas de áreas protegidas, en donde el futuro Parque Nacional Kawésqar aportará con 2.800 millones de hectáreas, parte de la cuales están en Isla Riesco.

Sin embargo, en la misma Isla Riesco se vive una enorme contradicción: mientras se protege gran parte de su territorio, otro es destinado como polo extractivo de carbón. Mina Invierno es la primera mina a cielo abierto de cuatro minas más proyectadas en Isla Riesco, por los grupos económicos Angelini y Von Appen.

Durante sus ocho años de operación ha incumplido sistemáticamente diversos compromisos adquiridos con el Estado de Chile y ha sido multada y sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente en dos oportunidades, por contaminar Isla Riesco desde el comienzo de sus operaciones. Hoy, a pesar de que Mina Invierno fue aprobada bajo una explotación eminentemente mecánica, ya que el titular negó en reiteradas ocasiones que usaría tronaduras, la empresa pretende incorporarlas por 15 años más, con el único objetivo de abaratar sus costos de operación, a costa de incrementar los impactos socioambientales.

Fuente:http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/01/09/tronaduras-en-isla-riesco-la-mayor-contradiccion-medioambiental-de-chile/

 

Argentina

El saqueo del litio en el noroeste argentino

No muchos argentinos parecen advertir que hace ya 20 años que una gran corporación química norteamericana llamada FMC Lithium explota el Salar del Hombre Muerto, ubicado en la provincia de Catamarca, posicionándose entre las cuatro mayores productoras mundiales de litio (SQM, Albermale, Tianqui y FMC controlan el 80 por ciento de las exportaciones mundiales). Y muchos menos son los que conocen la manera en que dicha empresa logró adjudicarse en 1991 el contrato de explotación, protagonizando una de las privatizaciones más escandalosas y a la vez más ocultas de nuestra historia reciente.

Casi todo el mundo sabe hoy que el litio es un metal muy liviano, que sirve para fabricar las baterías recargables que llevan los dispositivos electrónicos portátiles y que también empiezan a ser utilizadas para impulsar los nuevos vehículos eléctricos y almacenar energía renovable. Incluso bastante gente sabe además que los salares de la puna sudamericana contienen enormes reservas de litio, una materia prima “estratégica” que en los últimos años no hizo más que aumentar su precio internacional, “atrayendo” inversiones extractivas directas de todo el globo (si bien el litio no cotiza en bolsa, se estima que entre 2014 y 2016 su valor promedio pasó de 5.000 a 7.500 dólares la tonelada, alcanzando en el último año picos cercanos a los 18.000 dólares). Sin embargo, no muchos argentinos parecen advertir que hace ya 20 años que una gran corporación química norteamericana llamada FMC Lithium explota el Salar del Hombre Muerto, ubicado en la provincia de Catamarca, posicionándose entre las cuatro mayores productoras mundiales de litio (SQM, Albermale, Tianqui y FMC controlan el 80 por ciento de las exportaciones mundiales). Y muchos menos son los que conocen la manera en que dicha empresa logró adjudicarse en 1991 el contrato de explotación, protagonizando una de las privatizaciones más escandalosas y a la vez más ocultas de nuestra historia reciente.

Incluso pareciera desconocerlo la propia gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, que, a pesar de la existencia de severos problemas ambientales y del nulo desarrollo socioeconómico local producido por la empresa tras 20 años de explotación ininterrumpida, envió al senado provincial un proyecto de ley para reducirle las ya minúsculas regalías mineras (del 3 al 2 por ciento) y liberarla de la única regulación que hasta hoy le impide poder especular con las acciones y los derechos mineros de su subsidiaria local, Minera del Altiplano SA. Un breve repaso por esa historia quizás sirva para despejar las dudas que puedan tener los legisladores catamarqueños a la hora de custodiar el interés general.

En realidad, el proyecto que hoy explota la FMC sobre el Salar del Hombre Muerto pertenecía originalmente a la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), que entre los años 1960 y 1970 exploró los salares de la puna interesada por los usos del litio en la fusión nuclear. Sin embargo, la última dictadura militar –como corresponde– decidió incorporar al litio entre las sustancias concesibles del Código de Minería y en 1982 intentó transferir el proyecto de la estatal DGFM a la norteamericana FMC, que por entonces se llamaba Lithco y afrontaba juicios por contaminación ambiental en Bessemer City. Pero la derrota en la guerra de Malvinas interrumpió el proceso licitatorio y la empresa norteamericana debió esperar hasta la llegada de Menem. En efecto, después de varios intentos fallidos, en febrero de 1991 logró repentinamente obtener el ansiado contrato de explotación, debiendo reconocer una pequeña participación de la DGFM y de la provincia de Catamarca en la flamante Minera del Altiplano SA que se haría cargo del proyecto (2,5 por ciento para cada una), con la correspondiente designación de un miembro en el directorio. Según Vicente Méndez, por entonces jefe del Departamento de Geología y Minería de la DGFM, la “expeditiva resolución” se debió al famoso crimen de María Soledad ocurrido en septiembre de 1990, que habría llevado alas autoridades provinciales a confirmar velozmente la transferencia de los dos proyectos más relevantes de la minería argentina –Salar del Hombre Muerto y Bajo La Alumbrera–, suponiendo que ambos contratos “descargarían las tensiones y llevarían el olvido a las multitudes que diariamente pugnaban con sus marchas contra la estabilidad del gobierno de (Ramón) Saadi pidiendo justicia” (Méndez, 2004: 17). Al mes siguiente, el gobernador fue destituido y la provincia intervenida por el gobierno central.

En los años siguientes, las reformas legales e institucionales impulsadas por el Banco Mundial para el sector minero argentino (Pasma), no harían más que consagrar un régimen sectorial diseñado a la medida de las corporaciones mineras que ya se habían radicado en el país. De esa forma, a la Ley de Inversiones Mineras de 1993 (que garantiza enormes beneficios impositivos, 30 años de estabilidad fiscal y regalías limitadas al 3 por ciento),se suma la incorporación del artículo 124 a la Constitución Nacional que transfirió los recursos naturales a las provincias y –como si eso no fuera suficiente– un régimen de reintegro adicional para las exportaciones mineras de la Puna (originalmente del 5 por ciento, reducido a la mitad en enero de 2002). En el caso particular de la FMC, la Reforma del Estado de Menem liquidó la DGFM, cediendo a la provincia de Catamarca su participación en Minera del Altiplano SA, que así debía subir al 5 por ciento. Pero en 1994, el entonces gobernador Arnoldo Castillo (que había gobernado la provincia durante la dictadura militar), consideró que esa mínima regulación era excesiva y firmó un nuevo contrato con la empresa, eximiéndola de pagar el canon de agua y reduciendo la participación provincial al 3 por ciento.

Cabe recordar que, por aquel entonces, la FMC también tenía los ojos puestos sobre el Salar de Uyuni ubicado en Bolivia (la mayor reserva de litio del mundo). Pero en 1993 decidió renunciar al contrato de explotación adjudicado, debido a las condiciones de participación y fiscalización pública que las universidades y el parlamento boliviano pretendían exigirle, en medio de extensas e intensas protestas sociales en todo el país (allí mismo el actual gobierno de Bolivia impulsa hoy un proyecto de industrialización 100 por ciento estatal). Si bien el Salar del Hombre Muerto era de menor relevancia, la FMC decidió privilegiar una política minera que, en los hechos, se reducía al 3 por ciento de regalías, sin ningún límite ni control en la extracción de salmueras y en el consumo de agua dulce y una participación del estado provincial que apenas le exigía no vender las acciones del proyecto ni los derechos mineros que le habían sido transferidos por la empresa estatal.

Así fue como, a fines de 1997, Minera del Altiplano SA logró inaugurar el proyecto de litio sobre el Salar del Hombre Muerto, donde posee una planta de carbonato de litio, más una planta de cloruro de litio ubicada en General Güemes, Salta, sumando una producción anual promedio de 16.500 toneladas que exporta en su totalidad vía puerto chileno, principalmente a sus propias plantas industriales de EE.UU. y a China. Mientras tanto, el departamento de Antofagasta de las Sierras donde se encuentra el Salar del Hombre Muerto, aún permanece aislado (los operarios son trasladados en avión al proyecto que posee su propia pista de aterrizajes), su escasa población de 1500 habitantes carece de los servicios básicos y la Dirección de Gestión Ambiental Minera recibió serias denuncias por la contaminación del delta del río Trapiche (que drena al sur del salar donde se emplazan las instalaciones de la empresa).

De esta forma, a diferencia de lo que ocurre en Chile y en Bolivia (que también poseen enormes reservas de litio bajo sus salares andinos), la legislación argentina no reconoce el carácter “estratégico” del litio, permitiendo al sector privado acceder a los yacimientos públicos a través de una concesión minera ordinaria y disponer de ellos libremente para venderlos, arrendarlos, hipotecarlos o explotarlos hasta agotarlos, con el ritmo, la escala y las consecuencias ambientales que quieran. Es por ello que hoy, frente a la creciente demanda internacional, las inversiones extractivas directas se apuran por adquirir derechos sobre nuestros salares, incluidas las grandes corporaciones globales del litio, como la chilena SQM, controlada por el ex yerno de Pinochet, que no puede ampliar su explotación en el salar de Atacama por protagonizar los mayores escándalos de corrupción de la historia de Chile (pero es recibida con total pleitesía por el gobierno de Jujuy e incluso por el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri).

Para no ser menos, la gobernadora de Catamarca y presidente del PJ provincial, Lucía Benigna Corpacci, decidió ponerse a tono con la política minera de Cambiemos y, luego de celebrar el fin de las retenciones, prometió públicamente a los gerentes de la FMC modificar los contratos de explotación vigentes para reducir las regalías en un 2 por ciento sobre el valor de las venta y liberarla del impedimento de vender las acciones y los derechos mineros sobre el Salar del Hombre Muerto. En otras palabras, si en los ´90 renunciamos a la propiedad estatal de uno de los mayores proyectos de litio del mundo, ahora pretenden que renunciemos también a regular siquiera el alquiler. Sin embargo, según los propios contratos de privatización, cualquier nueva modificación deberá ser refrendada por el parlamento provincial. Aunque parezca mentira, una vez más, funcionarios y gerentes buscan convencer a los legisladores y a la sociedad civil de la urgente necesidad de eliminar cualquier vestigio de regulación soberana sobre los bienes naturales de nuestro subsuelo, repitiendo las míseras promesas del pasado: generar 200 empleos e infraestructura básica para la comunidad local. ¿Podrán justificar nuevamente semejante desproporción? Esta vez, sin embargo, ya no hay lugar para crédulos, ingenuos o distraídos.

Fuente: http://noalamina.org/argentina/catamarca/item/38434-el-saqueo-del-litio-en-el-noroeste-argentino

* Sociólogo (UBA), becario Conicet en Temas Estratégicos, integrante del Programa de Intervención Socio Ambiental (Piidisa) de la Universidad Nacional de Quilmes.